Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-03918-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-03918-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-03918-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
1 de febrero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03918-01
Demandante: María Patricia Tobón Yagarí
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., primero (1) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03918-01
Demandante: MARÍA PATRICIA TOBÓN YAGARÍ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO Y JUZGADO
SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Sanción por desacato en el
cumplimiento de un fallo de tutela. Defectos sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, fáctico y violación directa
de la Constitución. Incumplimiento del requisito de la subsidiariedad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Armenia contra la sentencia de 12 de octubre de
2023, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que resolvió:
“PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al buen nombre de la señora Patricia Tobón
Yagarí, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO el auto proferido el 23 de mayo de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Quindío, y, en consecuencia, en el término de diez (10) días contados a partir
de la notificación de esta providencia, deberá PROFERIR una nueva decisión teniendo en cuenta
las consideraciones aquí expuestas.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de
los diez (10) días siguientes a la ejecutoriade esta providencia, si no fuere impugnada
oportunamente en los términos señalados por la ley”.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
1.1. De las actuaciones adelantadas en la acción de tutela que originaron la
sanción de multa impuesta
Relató que la señora Rubiela Caro Naranjo presentó acción de tutela contra la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (en adelante UARIV), con el fin de que se ampararan los derechos
fundamentales al debido proceso, petición y reparación integral, presuntamente
vulnerados por la falta de pago de la indemnización administrativa por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado, la cual fue reconocida mediante
Resolución No. 04102019-548722 de 18 de abril de 2020.
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Demandante: María Patricia Tobón Yagarí
Sostuvo que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia en
sentencia de 3 de marzo de 2023, accedió al amparo constitucional solicitado y
ordenó a la UARIV, “que dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de la presente providencia, aplique a la
accionante el Método Técnico de Priorización, y en consecuencia, le informe a la
señora Rubiela Caro Naranjo i) sí le asiste el derecho a la priorización para la
entrega de la indemnización administrativa y ii) de ser favorable la priorización, un
turno con la indicación de un plazo razonable para entregar de manera material la
indemnización administrativa reconocida mediante la Resolución No. 04102019-
5488722 del 18 de abril de 2020, por el hecho victimizante de desplazamiento
forzado”.
Por último, adujo que la señora Caro Naranjo impugnó la anterior decisión y el
Tribunal Administrativo del Quindío en sentencia de 30 de marzo de 2023, la
adicionó en el sentido de indicar que si resulta “desfavorable la priorización le
indique un plazo aproximado y orden de turno en que procederá a realizar la
entrega de la indemnización administrativa”.
1.2. Del trámite del cumplimiento y el incidente de desacato
La accionante señaló que el 10 de abril de 2023 radicó escrito con el fin de
informar sobre el cumplimiento de la orden de tutela, para lo cual manifestó que la
UARIV informó “el resultado del método técnico de priorización aplicado a la
señora RUBIELA CARO NARANJO mediante oficio de no favorabilidad toda vez,
que no se acreditó algún criterio de priorización que permitiera el ingreso a la lista
de pago para la vigencia fiscal correspondiente”.
Resaltó que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia en proveído
de 16 de mayo de 2023, resolvió imponer una sanción por desacato consistente
en el pago de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a la directora
técnica de reparaciones en ese momento, la señora Clelia Andrea Anaya
Benavides, así como a la ahora demandante en calidad de directora de la UARIV.
Sostuvo que en el curso del grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal
Administrativo del Quindío en decisión de 23 de mayo de 2023, revocó la sanción
impuesta a la señor Clelia Andrea Anaya Benavides y confirmó la impuesta a la
señora María Patricia Tobón Yagarí.
Relató que solicitó la inaplicación de la sanción por medio de escritos radicados el
24 de mayo y 28 de junio de 2023, sin embargo, fue negada por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Armenia en auto de 1 de junio de 2023.
Finalmente, manifestó que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Armenia en proveído de 26 de junio de 2023 impuso una nueva sanción a la
señora Andrea Nathalia Romero Figueroa, en calidad de directora técnica de
reparaciones de la UARIV, en encargo.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, tutela judicial efectiva, buen nombre y
al patrimonio, supuestamente vulnerados con los autos de 16 y 23 de mayo de
2023, en su orden, proferidos por el Tribunal Administrativo del Quindío y el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, mediante los cuales se le
impuso sanción de multa de tres salarios mínimos mensuales vigentes por el
incumplimiento a un fallo de tutela.
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Se refirió a algunos de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, específicamente, respecto a la subsidiariedad
resaltó que “están agotados todos los mecanismos judiciales a mi alcance, en
tanto he solicitado el levantamiento de la sanción, no existiendo un recurso
adicional que pueda interponer ante un superior jerárquico, toda vez que la
sanción ya fue confirmada en sede de consulta”.
Relató que la UARIV otorgó respuesta de fondo a la solicitud de la señora Rubiela
Caro Naranjo, pues se le reconoció a su favor una medida de indemnización
administrativa por el hecho victimizante de desplazamiento forzado. Sin embargo,
para la vigencia correspondiente al año 2022 se aplicó el método técnico de
priorización con el propósito de determinar de manera proporcional los recursos
presupuestales asignados a la entidad y el orden de entrega de la indemnización,
pero no resultó procedente priorizar su entrega, toda vez que “el hecho
víctimizante de desplazamiento forzado, puesto que el puntaje mínimo definido
para acceder a la indemnización administrativa fue de 44,6053 para el año 2022 y
el puntaje obtenido por la señora RUBIELA CARO NARANJO fue de 37,35843”.
Señaló que en cumplimiento de la orden séptima del Auto 206 de 2017 de la Corte
Constitucional, se estableció un procedimiento que deben agotar las personas
víctimas del conflicto armado para la obtención de la indemnización administrativa
y, a su vez, se dispuso unas rutas de ingreso al procedimiento, una prioritaria (las
que acreditan situaciones extremas), y otra general, la que no puede omitirse, toda
vez que buscan la garantía y protección de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y a la reparación integral de las víctimas del conflicto.
Afirmó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto
sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia
SU-034 de 20181 de la Corte Constitucional, que señala expresamente las reglas
para que los jueces de tutela de primera instancia modulen el cumplimiento del
fallo, en especial lo que se relacionan con el pago de la indemnización
administrativa.
Sostuvo que en el presente asunto se configuró el defecto fáctico, toda vez que
las autoridades judiciales accionadas no valoraron los escritos de la UARIV como
la resolución que le reconoció la indemnización a la señora Rubiela Caro Naranjo.
Adicionalmente, manifestó que “valora la prueba de manera arbitraria, irracional y
caprichosa, sin razón valedera da por no probado el hecho del incumplimiento de
la sentencia, sin tener en cuenta las explicaciones manifestadas en distintas
oportunidades en relación al debido proceso administrativo gestado en la
Resolución 01049 de 2019, respecto a cómo es el procedimiento para la entrega
de la indemnización administrativa a las víctimas del conflicto armado dentro de un
marco de igualdad entre las demás víctimas”.
Indicó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento
del precedente judicial, en razón a que se desconocieron la sentencia T-025 de
20042 y el Auto 206 de 20173 de la Corte Constitucional.
Aseveró que en las providencias objetadas se configuró la violación directa de la
Constitución, toda vez que se afectaron los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, así como los principios de seguridad jurídica, confianza
legítima y buena fe, por desconocer el Auto 206 de 2017 de la Corte
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M.P.: Alberto Rojas Ríos.
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M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
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M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Constitucional y el procedimiento de reconocimiento de la indemnización
administrativa previsto en la Resolución No. 1049 de 2019.
Mencionó que existe imposibilidad material para el cumplimiento del fallo, toda vez
que el método técnico de priorización es la herramienta que determina el orden de
pago de las personas que no se enmarcan en las situaciones del artículo 4 de la
Resolución No. 1049 de 2019, pero que según la evaluación de otros factores si
es necesario apremiar el pago de la indemnización administrativa, es decir, la
UARIV depende de un presupuesto anual que se distribuye en las personas que
sean priorizadas por el artículo 4 del mencionado acto administrativo y las que
salgan favorables luego de la aplicación de dicho método. Por consiguiente, no
hay manera de saber la cantidad de víctimas que serán priorizadas para pago, por
ende, no se puede asignar una fecha cuando no es seguro si financieramente la
entidad pueda asumir dicho pago.
Adujo que no se evidencia una adecuada valoración respecto a la responsabilidad
subjetiva en la providencia sancionatoria, toda vez que no acentúan todas las
actuaciones positivas que se han desarrollado para dar cumplimiento, en la
medida de lo posible, y bajo el marco legal.
Mencionó que en fallo de tutela de 11 de febrero de 2021 4, la Sección Primera del
Consejo de Estado también se refirió al análisis frente a la responsabilidad
subjetiva de los funcionarios llamados a cumplir la orden judicial, lo cual se debe
verificar por parte del juez del incidente de desacato para determinar el
cumplimiento.
Sostuvo que en sentencia de tutela de 31 de marzo de 2023 5, la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado dejó sin efecto la sanción impuesta a la
señora Clelia Andrea Anaya Benavides, toda vez que evidenció que el Método de
Priorización se realizó en debida forma y que no obedeció al capricho de la
UARIV.
Resaltó que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en fallo de
tutela de 9 de febrero de 20226 y de 31 de mayo de 20237, así como la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 12 de mayo de
20228, advirtieron que la UARIV informó de manera reiterada la imposibilidad de
realizar el pago al interesado, porque no resultó beneficiario del mismo después
de agotar el método de priorización. Agregó que no se tuvieron en cuenta las
reglas establecidas en la sentencia SU-034 de 2018, para que los jueces de tutela
de primera instancia modulen el cumplimento de los fallos, en especial los que se
relacionan con el pago de la indemnización administrativa.
Para terminar, expresó que “el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE ARMENIA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO,
vulneraron mis derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial
efectiva, buen nombre y patrimonio, pues a pesar de que la Unidad para las
Víctimas ha presentado reiterados informes sobre el cumplimiento del fallo de
tutela no ha sido posible obtener el levantamiento de las sanciones”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
4
Radicado No. 11001-03-15-000-2020-04776-00, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón.
5
Radicado No. 11001-03-15-000-2023-00973-00, C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicado No.: 11001-02-03-000-2022-00256-00, M.P.: Octavio Augusto Tejeiro Duque.
7
Radicado No. 11001-02-05-000-2023-00737-00, M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz.
8
Radicado No. 11001-02-04-000-2022-00841-00, M.P.: Gerson Chaverra Castro.
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Demandante: María Patricia Tobón Yagarí
“PRIMERO: AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva,
buen nombre y patrimonio, vulnerados por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE ARMENIA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO – SALA CUARTA DE
DECISIÓN Y SALA UNITARIA, teniendo en cuenta lo ya expuesto y la Sentencia SU-034 de 2018
de la Corte Constitucional.
SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA
y/o TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO – SALA CUARTA DE DECISIÓN, modular los
efectos del fallo de tutela adicionado del 30 de marzo de 2023, en cumplimiento de la Sentencia
SU-034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumplió
con la orden al expedir la Resolución 04102019-548722 del 18 de abril de 2020, con fundamento
en la Resolución No. 01049 de 2019, que reconoció el derecho a la entrega de la indemnización a
la señora RUBIELA CARO NARANJO y dispuso la aplicación del método técnico de priorización en
las fechas establecidas, en atención a que no acreditó un criterio de priorización.
En consecuencia, INAPLICAR Y/O DEJAR SIN EFECTOS las sanciones impuestas en el auto de
fecha del 16 de mayo de 2023, impuesta en mi contra, consistente en multa equivalente a tres (03)
Salarios Mínimos Legales Mensuales, decisión CONFIRMADA por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO – SALA UNITARIA, en sede consulta, mediante providencia del
23 de mayo de 2023.
TERCERO: ORDENAR al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA y
al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO – SALA CUARTA DE DECISIÓN Y SALA
UNITARIA, que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa, que
las mismas se han levantado con ocasión a la acreditación de la imposibilidad del cumplimiento de
la orden judicial de tutela.
CUARTO: CONMINAR al JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA y
al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO, a que acate y aplique los precedentes
jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del
cumplimiento de la orden y/o acreditando las razones que imposibilitan su cumplimiento, con base
en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato”.
4. Pruebas relevantes
Mediante correo electrónico de 27 de julio de 2023, el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Armenia remitió el vínculo para ingresar al
expediente digital No. 630001-33-33-006-2023-00036-00 correspondiente a la
acción de tutela que presentó la señora Rubiela Caro Naranjo contra la UARIV.
5. Trámite procesal
Por auto de 25 de julio de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a las
autoridades judiciales accionadas, así como a la señora Rubiela Caro Naranjo.
Posteriormente, en proveído de 7 de septiembre de 2023 se requirió a la
accionante, en su calidad de directora general de la UARIV, para que dentro de
los tres días siguientes a la notificación, informara (i) cuáles son las variables que
se tienen en cuenta para hacer el estudio del método técnico de priorización para
el pago de la indemnización administrativa de la señora Rubiela Cano Naranjo y
(ii) las razones por las que no era posible hacer el estudio del método técnico de
priorización a la señora Rubiela Caro Naranjo antes del mes de septiembre de
2023.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Quindío
En escrito de 1 de agosto de 2023, el magistrado ponente de la providencia
objetada solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no
cumplir los requisitos generales de procedencia o, en su defecto, se nieguen las
pretensiones de la demanda, en razón a que no se demostró la existencia de
algún defecto que vulnere los derechos fundamentales de la accionante.
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Afirmó que el asunto no reviste relevancia constitucional, sino que se trata de un
tema que se circunscribe a la apreciación que realiza la parte actora frente a lo
que debió ser la decisión ahora censurada, como quiera que alega la vulneración
de sus derechos fundamentales con base en un presunto desconocimiento del
precedente judicial fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-034 de
2018, argumento que también fue analizado y descartado en el auto proferido el
23 de mayo de 2023, por medio del cual se confirmó la sanción por desacato
impuesta a la actora, sin que se hallara la obligatoriedad de ceñirse al mismo, al
dilucidar que el objeto del debate era sustancialmente distinto.
Sostuvo que las reglas desarrolladas en la sentencia SU-034 de 2018, no resultan
aplicables al caso concreto al punto de convalidar la revocatoria de la sanción que
fue impuesta en primera instancia por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Armenia, pues si bien aborda temas que se relacionan con el asunto aquí
examinado, lo cierto es que el fondo de esa decisión se remite a los pagos de las
indemnizaciones administrativas reclamadas por las víctimas del conflicto armado
que no fueron entregadas en los términos señalados en los fallos de tutela que así
lo ordenaron y no a la aplicación del método técnico de priorización.
Resaltó que en la sentencia SU-034 de 2018 se llevó a cabo un análisis de las
facultades de las que está revestido el juez para modular las órdenes complejas
que en los casos estudiados aludían al pago de indemnizaciones administrativas
con el fin de evitar que se predique un incumplimiento automático por el no pago
inmediato de estos recursos y se analizó igualmente a la ausencia de
responsabilidad subjetiva, en tanto las faltas en las que incurrieron las autoridades
obedecieron a situaciones coyunturales ocasionadas por la violación masiva de
derechos así como a la problemática estructural de la entidad asociada al estado
de cosas inconstitucional en materia de víctimas de desplazamiento forzado y no a
un comportamiento deliberado que fuera en contravía de las órdenes de tutela
como ocurre en este caso, con la responsable de la entidad obligada, quien
debiendo aplicar el método de priorización dentro de las 48 horas siguientes según
lo ordenó el Juez Constitucional, decidió postergarlo a su arbitrio meses después.
Indicó que a lo largo del trámite del incidente de desacato y en la argumentación
propuesta en esta acción, este tema se desarrolló a partir de los pagos de la
indemnización administrativa, pero nada se refirió concretamente frente a una
imposibilidad fáctica o jurídica para aplicar el método técnico de priorización, más
allá de simplemente manifestar que se alterarían las condiciones de igualdad de
otras víctimas.
Agregó que los informes, respuestas o imposibilidades de cumplimiento que se
presentaran debían dirigirse a justificar este aspecto puntual, y no desviarse a
elementos que si bien tienen relación con el procedimiento, no responden de
manera precisa a la obligación impuesta, máxime teniendo en cuenta que se adujo
un impedimento para dar turnos de pago, sin ni siquiera haber procedido a la
aplicación del método ni conocer sus resultados.
Señaló que las explicaciones rendidas por la accionante fueron genéricas y no
ofrecieron respuestas satisfactorias para el caso concreto, que dieran cuenta de
las razones por las que se presenta la imposibilidad de aplicar el método a la
solicitante dentro de los términos indicados en el fallo o que justificaran las
razones por las cuales el tiempo prudencial o que se requería para ejecutar el
mismo, debía extenderse hasta el mes de septiembre de 2023, especialmente
porque dicho actuar no contradice lo dispuesto por la Corte Constitucional en auto
206 de 2017, ni se encuentra al margen del procedimiento administrativo
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establecido para dichos efectos, sino por el contrario busca propender por la
materialización de los derechos reconocidos en la Resolución No. 1049 de 2019.
Finalmente, manifestó que con el hecho de haber informado que la aplicación del
método se practicaría en septiembre de 2023, no hubo un allanamiento real a la
orden de tutela y tampoco una conducta positiva del obligado, por cuanto no se
rindieron explicaciones por las cuales no era posible realizarlo antes, que fueran
más allá del derecho a la igualdad de otras víctimas y que demostraran una
ausencia de responsabilidad subjetiva o que las órdenes sobre las cuales se
buscaba el cumplimiento escaparan de su control.
6.2. Respuesta del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia
En oficio de 31 de julio de 2023, la titular del despacho pidió que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de la relevancia
constitucional y por tratarse de tutela contra tutela.
Afirmó que al momento de declarar la responsabilidad constitucional por violación
de derechos fundamentales, al imponer la sanción por desacato y al decidir las
solicitudes de inaplicación de la sanción a la accionante, analizó los argumentos
expuestos por ésta y fundamentado en el precedente constitucional consideró que
los mismos no tenían vocación de prosperar y, en consecuencia, debía
mantenerse la sanción impuesta. Agregó que la demandante utiliza la acción de
tutela con el fin de revivir debates que ya se decidieron conforme a derecho y que
cobraron firmeza.
De otro lado, señaló que la orden impartida en las sentencias de tutela consiste en
verificar i) si le asiste o no el derecho a la priorización para la entrega de la
indemnización administrativa, ii) de ser favorable la priorización, asignar un turno
con la indicación de un plazo razonable para entregar de manera material la
indemnización administrativa reconocida mediante la Resolución No. 04102019-
5488722 de 18 de abril de 2020, por el hecho victimizante de desplazamiento
forzado y iii) de ser desfavorable la priorización le indique un plazo aproximado y
orden de turno en que procederá a realizar la entrega de la indemnización
administrativa.
Resaltó que de manera previa a la apertura al incidente de desacato se allegó un
informe por parte de la UARIV, en el que se limitó a señalar los resultados del
método técnico aplicado en el año 2022 y que el nuevo método técnico de
priorización sería aplicado en la vigencia 2023, además que no se acreditó el
haber informado un plazo aproximado y orden de turno, por lo que se procedió a
dar apertura al incidente de desacato mediante auto de 5 de mayo de 2023.
Sostuvo que en el trámite incidental se evidenció que los resultados del método de
priorización notificados a la señora Rubiela Caro Naranjo correspondían al año
2022, resultados que, desde el trámite de tutela ya eran conocidos, y aunque en
varias ocasiones la UARIV manifestó que procedería a aplicar nuevamente el
método técnico de priorización para la vigencia 2023, para aquel momento no
señaló una fecha para ello, ni indicó si el proceso ya había iniciado y en qué etapa
se encontraba.
Indicó que no existía una verdadera imposibilidad jurídica de cumplimiento por
parte de las incidentadas respecto a dar un plazo aproximado o turno para realizar
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la entrega de la indemnización de ser desfavorable la priorización, pues le asiste
un deber a la entidad demandada de informar un turno aproximado aun cuando no
hay priorización como garantía del debido proceso.
Afirmó que si bien se manifestó la complejidad de aplicar el método de priorización
debido al alto número de víctimas, la entidad no indicó concretamente y para el
caso particular de la señora Rubiela Caro Naranjo, en qué fase se encontraba
dicho proceso o el tiempo exacto que la complejidad de la orden ameritaba para
su cumplimiento dando argumentos generales y superficiales sobre el trámite
establecido en la Resolución No. 1049 de 2019, por lo que la justificación
presentada no fue razonable para desatender la orden de tutela.
Aseguró que no se acreditaron acciones positivas orientadas al cumplimiento de la
decisión judicial, pues las respuestas dadas a la señora Rubiela Caro Naranjo se
limitaban a los resultados obtenidos por la aplicación de métodos de priorización
previos, guardando silencio en relación con un plazo aproximado y orden de turno.
Resaltó que durante el trámite incidental la señora María Patricia Tobón Yagarí no
acreditó alguna gestión dirigida a tomar los correctivos necesarios para que su
colaboradora cumpliera la decisión de tutela, desconociendo el precedente
constitucional sobre la materia, por lo que se decidió imponer sanción de tres
salarios mínimos legales mensuales vigentes, multa que fue confirmada en el
grado jurisdiccional de consulta.
Señaló que finalizado el trámite incidental en contra de la señora María Patricia
Tobón Yagarí, en calidad de directora general de la UARIV, y durante el trámite de
verificación del cumplimiento de tutela adelantado en contra de la nueva directora
técnica de reparación encargada de la entidad, Andrea Nathalia Romero Figueroa,
la UARIV informó que en el mes de septiembre de 2023 aplicaría el método
técnico de priorización a la señora Rubiela Caro Naranjo y reiteró su imposibilidad
para informar la fecha en la que se realizaría el pago de la indemnización
administrativa, por lo que solicitó la inaplicación de la sanción impuesta.
Relató que la accionante informó al juzgado que el método de priorización iniciaría
en septiembre de 2023, sin embargo, no fue clara en señalar una fecha específica
en que emitiría una decisión de fondo, en informar un plazo aproximado y orden
de turno a la señora Rubiela Caro Naranjo, lo que dio lugar a continuar con el
trámite incidental en contra de la señora Andrea Nathalia Romero Figueroa, el cual
culminó con sanción de multa equivalente a 3 salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
Sostuvo que la decisión de 31 de marzo de 2023 invocada por la accionante, no
es un precedente judicial vinculante, pues ese juzgado reconociendo el
procedimiento previsto en la Resolución No. 1049 de 2019, no impuso órdenes de
imposible cumplimiento jurídico ni fáctico.
Por último, manifestó que no resultan aplicables las otras decisiones judiciales de
la Corte Suprema de Justicia, pues no son vinculantes ya que no constituyen
precedentes judiciales y tampoco guardan identidad fáctica con el presente caso.
6.3. La señora Rubiela Caro Naranjo, guardó silencio aun cuando se le notificó
en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.
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7. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Primera del Consejo de Estado por sentencia de 12 de octubre de
2023, amparó el derecho fundamental al buen nombre de la accionante, dejó sin
efectos el auto de 23 de mayo de 2023 del Tribunal Administrativo del Quindío y
ordenó que en un término de diez días profiera una decisión de reemplazo.
Consideró que el auto del 23 de mayo de 2023 proferido por el Tribunal
Administrativo del Quindío incurrió en violación directa de la Constitución, puesto
que de las consideraciones expuestas en dicho proveído, se desprende que la
aquí accionante no había garantizado la protección de los derechos
fundamentales de la señora Rubiera Caro Naranjo debido a que, la orden de tutela
consistió en que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación,
se procediera a aplicar el método técnico de priorización.
Indicó que para determinar si la orden de amparo era de posible cumplimiento en
el término ordenado, por auto de 7 de septiembre de 2023 se requirió a la
accionante, en su condición de directora general de la UARIV, para que informara
las razones por las que no era posible hacer el estudio del método técnico de
priorización a la señora Caro Naranjo antes del mes de septiembre de 2023.
Sostuvo que frente a dicho requerimiento, la respuesta fue que de acuerdo con el
artículo 17 de la Resolución No. 1049 de 2019, dicho método se aplica
anualmente de manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva
vigencia fiscal, de conformidad con el marco de gasto de mediano plazo del sector
y, bajo ese contexto, explicó que no puede aplicarse a una solicitud administrativa,
sino que debe ejecutarse en un solo momento y respecto de todas las solicitudes
que cuentan con acto administrativo de reconocimiento de la indemnización -con
corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior-, junto con aquellas
solicitudes que no obtuvieron un resultado favorable en la aplicación del método
en las vigencias anteriores. Por ello, aseguró que la entidad no cuenta con una
fecha cierta respecto de la aplicación del método técnico, pero que procura
efectuarlo en el segundo semestre de cada vigencia.
Afirmó que no era posible el cumplimiento de la orden de amparo en los términos
en que se profirió, de donde se desprende que la aquí accionante no ha sido
negligente en garantizar los derechos fundamentales de la señora Rubiela Caro
Naranjo y, por consiguiente, no era procedente imponerle la sanción por desacato,
máxime cuando está acreditado que para la vigencia de 2022 se le aplicó el
método técnico y el resultado fue que no había lugar a priorizarla.
Por último, manifestó que el auto proferido el 23 de mayo de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Quindío incurrió en violación directa de la Constitución, debido a
que infringió el artículo 15 de la Constitución Política, que consagra el derecho
fundamental al buen nombre, toda vez que la referida providencia sancionó por
desacato a la aquí accionante con fundamento en que no había cumplido las
órdenes del fallo de tutela para garantizar los derechos fundamentales amparados,
sin tener en cuenta que la orden por la que la sancionó era de imposible
cumplimiento.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el Tribunal
Administrativo del Quindío y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Armenia, mediante escrito conjunto, impugnaron la sentencia de primera instancia
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y solicitó que se revoque, al considerar que se cumple el requisito de la
subsidiariedad.
Afirmaron que en la sentencia impugnada no se analizó en debida forma el
requisito de la subsidiariedad, pues desconoció que “la UARIV: (i) no esgrimió la
imposibilidad de cumplimiento de lo ordenado en el escenario regulado por el
procedimiento constitucional para ello cual es la impugnación del fallo de tutela
que le impuso tal obligación jurídica, al no recurrir la decisión de amparo; (ii)
tampoco lo hizo en el trámite de la verificación del cumplimiento de dicha orden
por el A-quo, previo al inicio del trámite del incidente de desacato y (iii) menos aún
agotó esa posibilidad al adelantarse éste último. Es más, (iv) una vez en firme la
sanción por desacato pudo elevarse solicitud de inaplicación de la sanción
alegando la imposibilidad de cumplimiento de lo ordenado y/o la aplicación del
método de priorización en el mes de septiembre de 2023 como se afirmó por la
UARIV en el trámite del incidente de desacato, esto es, antes del 12 de octubre de
2023 fecha del fallo de tutela de primera instancia ahora impugnado”.
Indicaron que la Corte Constitucional en los autos 206 de 2017 y 331 de 2019, así
como en la sentencia T-377 de 2022 reiteró que los titulares de la indemnización
administrativa que no resulten priorizados tienen derecho a que se les informe de
un plazo aproximado y orden de turno en que procederá a realizarse la entrega de
la indemnización administrativa.
Sostuvieron que no puede considerarse que la orden de tutela no era de posible
cumplimiento en los términos en que se profirió y que no es procedente imponer la
sanción de desacato, toda vez que se acreditó que para la vigencia de 2022 se le
aplicó el método técnico y el resultado fue que no había lugar a priorizarla, y aun
así, la entidad no indicó a la accionante un plazo aproximado y orden en el que
accedería a la medida, pues no basta con informar a las víctimas que su
indemnización se realizará dentro del término de la vigencia de la ley.
Resaltaron que las circunstancias planteadas por la demanda no pueden tenerse
como una justificación válida para amparar los derechos invocados, pues las
mismas no fueron puestas en conocimiento de las autoridades judiciales
accionadas en ninguna de las etapas previas a que se impusiera la sanción, ni en
el curso de la verificación del cumplimiento.
Señalaron que si bien la señora Tobón Yagarí puso de presente en el trámite de
verificación la imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo, esto en esa etapa
se justificó en el gran número de personas que se encontraban en la misma
situación de la señora Rubiela Caro Naranjo y en que de acuerdo con el
procedimiento interno de la entidad no era posible informar turnos a quienes no
resultaran priorizados, pero nunca se explicó de forma clara y detallada el motivo
por el cual no podía allanarse dentro del término predeterminado en el fallo a las
órdenes allí dispuestas, sino que simplemente se limitó a ofrecer explicaciones
genéricas, que no podían validarse como eximentes de responsabilidad o como
argumentos suficientes para modular las órdenes de la sentencia, pues ello se
equipararía a dejar sin fundamento las órdenes emanadas por el juez natural de
tutela, sin motivos objetivos, lógicos y razonables, pese a la pretermisión del plazo
otorgado con sentencia en firme para su cumplimiento.
Afirmaron que si bien la aplicación del método de priorización no era posible
dentro de las 48 horas siguientes a la firmeza del fallo de tutela en donde fue
ordenado, también lo es que no era imposible para la directora general de la
UARIV, aducir oportunamente al proceso constitucional (impugnación del fallo de
tutela, en la verificación del cumplimiento de la orden, en el incidente de desacato
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y luego de la firmeza de la sanción), los medios de convicción que mostraran la
imposibilidad de ejecutar la orden en ese lapso, pero en cambio se limitó a
efectuar afirmaciones generales y abstractas, poniendo en evidencia su renuencia
a cumplir lo ordenado, máxime teniendo en cuenta que no existe una disposición
de orden constitucional o legal de la que se desprenda que la aplicación del
método técnico de priorización solo es posible en una misma fecha para todo el
universo de víctimas y que la aplicación de este método es propio de las funciones
naturales y de existencia de la entidad que debe seguir de manera célere.
Finalmente, manifestaron que en el caso bajo estudio el incumplimiento
sistemático de las órdenes judiciales sin que se configurara una verdadera
imposibilidad de acatamiento, devino en las sanciones razonadas y proporcionales
impuestas a la accionante y, por tanto, el impacto negativo que se genera a su
buen nombre es fundado, por lo que no es posible predicar la configuración del
defecto sustantivo ni de la violación directa de la Constitución.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 12 de octubre de 2023, dictada por la Sección
Primera del Consejo de Estado que amparó el derecho fundamental al buen
nombre y que dejó sin efectos el auto de 23 de mayo de 2023 del Tribunal
Administrativo del Quindío y, en su lugar, declarar su improcedencia, en razón a
que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto
los argumentos planteados por la demandante y que demostraban una
imposibilidad para dar cumplimiento a la orden de tutela no se propusieron en la
impugnación del fallo de tutela, en el curso del incidente de desacato ni en la
solicitud de inaplicación de la sanción, además que la multa impuesta no genera
una vulneración al buen nombre de la señora María Patricia Tobón Yagarí.
En caso de que se cumpla con el requisito de la subsidiariedad y demás requisitos
generales de procedencia, se deberá establecer si las autoridades accionadas
actuaron acordes con el precedente judicial desarrollado por la Corte
Constitucional en los autos 206 de 20179 y 331 de 201910, así como la sentencia T-
377 de 202211, relacionadas con el trámite del método técnico de priorización y el
derecho de conocer la fecha aproximada de pago de la indemnización
administrativa.
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M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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M.P.: Diana Fajardo Rivera
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3. Improcedencia general de la acción de tutela contra providencias de la
misma naturaleza
La Sala, en principio, había sostenido que la acción de tutela contra fallos de la
misma naturaleza era improcedente, en virtud de las diferentes sentencias de la
Corte Constitucional que tuvieron como sustento la sentencia SU-1219 de 2001.
Sobre el particular, esa Corporación judicial en la sentencia T-272 de 201412,
indicó:
“3.1. La Corte Constitucional ha consolidado una extensa línea de precedentes, en donde
ha fundamentado la posibilidad de interponer una acción de tutela contra providencias
judiciales cuando éstas vulneran derechos fundamentales, especialmente el debido proceso
o el acceso a la administración de justicia.
(…)
3.2. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha precisado que la posibilidad
de interponer una acción de tutela contra providencias judiciales no incluye aquellos casos
en los cuales la providencia judicial es otra tutela. Es decir, los precedentes han establecido
que la acción de tutela dirigida contra otra tutela no es procedente. El criterio unificado de
la Corte frente a la improcedencia general de la acción de tutela contra fallos de tutela fue
precisado en la sentencia SU-1219 de 2001. En dicha providencia se reiteraron las razones
constitucionales por las cuales no procede la acción de tutela contra fallo de tutela.
En síntesis, en esa decisión la Corte indicó que no es procedente la tutela contra tutela
porque de lo contrario (i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir en la revisión
de tutelas que con anterioridad no fueron seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena
interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el principio de seguridad jurídica,
(iii) se afectaría el mecanismo de cierre hermenéutico de la Constitución, confiado a la
Corte Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad, pues “quedaría indefinidamente
postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar
otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su posición coincida con la
opinión de algún juez. En este evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la
misma cadena de intentos hasta volver a vencer”.
3.3. Así mismo, la sentencia de unificación de la Corte antes citada, precisó que cuando un
juez de tutela falla en la interpretación de la Constitución, incurre en una arbitrariedad o
afecta el debido proceso por configurar una vía de hecho, éstos pueden resolverse en el
proceso de eventual revisión ante la Corte Constitucional, consagrado en el artículo 241
Superior. En otras palabras, una interpretación errada o incompleta de la Constitución
puede ser ajustada en sede de revisión”.
(…)
Con posterioridad, en la sentencia SU-627 de 201513 la Corte Constitucional,
rectificó su jurisprudencia e indicó que, excepcionalmente, la acción de tutela
procede contra sentencias de tutela cuando se adviertan casos de fraude,
supuesto que se agrega a los dos que habían sido contemplados por la
jurisprudencia: irregularidad grave en el curso de una acción de tutela e incidente
de desacato, con la precisión de que la improcedencia absoluta, sin ninguna
excepción, recae en las sentencias de tutela que dicte la Sala Plena o las Salas de
Revisión de esa Corporación. En esa ocasión, la Corte expresó:
“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de
tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él
o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no
procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la
Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este
evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la
Corte Constitucional.
12
M. P. María Victoria Calle Correa.
13
Sentencia de 1º de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se
esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con
los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción
de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii)
se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario
o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la
sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la
sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez
de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la
demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el
asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero
si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el
trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.”
Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T-313 de
201814, consideró que la acción de tutela es procedente, entre otros, contra la
providencia que rechaza la impugnación en un trámite de la misma naturaleza. Al
respecto, sostuvo:
“En el asunto que se examina, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela, sino
contra ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo. La Corte Constitucional unificó
su jurisprudencia en la sentencia SU-627 de 2015, en la que consideró que la tutela sí era
procedente frente a actuaciones arbitrarias de los jueces de tutela, que se hubieran realizado
antes o después de proferir el fallo, por lo que este requisito de procedencia se encuentra
superado”.
El citado criterio jurisprudencial ha sido acogido por esta Sala, teniendo en cuenta
que la unificación realizada por la Corte Constitucional trasciende del caso
concreto y fija reglas de derecho que deben ser acatadas por todas las
autoridades públicas.
De este modo, se concluye que la jurisprudencia constitucional ha establecido las
subreglas que determinan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias que se dicten dentro de un trámite tutelar, a saber: (i) cuando la
providencia acusada haya sido proferida por otro juez o tribunal diferente a la
Corte Constitucional y que ésta configure el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta; (ii) cuando con anterioridad a la sentencia de tutela el juez omite su
deber de informar, notificar o vincular a los terceros que resulten afectados por la
demanda de tutela y, por último, (iii) cuando se trata de obtener la protección de
un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite incidental de
desacato.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La parte actora considera que el Tribunal Administrativo del Quindío y el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al buen nombre y al
patrimonio, al supuestamente incurrir en los defectos i) sustantivo, por
desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia SU-034 de
14
M.P. Carlos Bernal Pulido.
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201815 de la Corte Constitucional, que señala expresamente las reglas para que los
jueces de tutela de primera instancia modulen el cumplimiento del fallo, en
especial lo que se relaciona con el pago de la indemnización administrativa, ii)
fáctico, toda vez que las autoridades judiciales accionadas no valoraron los
escritos de la UARIV como la resolución que le reconoció la indemnización a la
señora Rubiela Caro Naranjo, iii) desconocimiento del precedente judicial, en
razón a que se desconocieron la sentencia T-025 de 200416 y el Auto 206 de 201717
de la Corte Constitucional y iv) violación directa a la Constitución, por la
vulneración de sus derechos fundamentales, por desconocer el Auto 206 de 2017
de la Corte Constitucional y el procedimiento de reconocimiento de la
indemnización administrativa previsto en la Resolución No. 1049 de 2019.
Por sentencia de 12 de octubre de 2023, la Sección Primera del Consejo de
Estado amparó el derecho fundamental al buen nombre de la accionante, dejó sin
efectos el proveído de 23 de mayo de 2023 del Tribunal Administrativo del Quindío
en el grado jurisdiccional de consulta y ordenó a dictar una nueva decisión.
Lo anterior, en razón a que el tribunal accionado incurrió en el defecto de violación
directa de la Constitución, toda vez que infringió el artículo 15 de la Constitución
Política que establece el derecho fundamental al buen nombre, pues la referida
providencia sancionó por desacato a la aquí accionante con fundamento en que
no había cumplido las órdenes del fallo de tutela para garantizar los derechos
fundamentales amparados, sin tener en cuenta que la orden por la que la sancionó
era de imposible cumplimiento.
En el escrito de impugnación, el Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Armenia manifestó que la solicitud de amparo
no cumple con el requisito de la subsidiariedad, en razón a que las razones
expuestas por la demandante para explicar la imposibilidad de dar cumplimiento a
la orden de tutela, tan solo fueron expuestos en el curso de la solicitud de amparo
como respuesta a un requerimiento que realizó la Sección Primera del Consejo de
Estado, mas no lo hizo en el curso del incidente de desacato ni en la solicitud de
inaplicación de la sanción. Adicionalmente, mencionaron que actuaron acorde con
el precedente judicial desarrollado por la Corte Constitucional en los autos 206 de
2017 y 331 de 2019, así como la sentencia T-377 de 2022.
4.2. La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple con el requisito de la
subsidiaridad, por lo que se revocará el fallo objeto de impugnación y se declarará
su improcedencia, con sustento en las siguientes razones:
Con ocasión de la solicitud de amparo constitucional presentada por la señora
Rubiela Caro Naranjo contra la UARIV, el Tribunal Administrativo del Quindío en
sentencia de 30 de marzo de 2023, confirmó el amparo del derecho fundamental
de petición y adicionó el fallo de tutela del 3 del mismo mes y año del Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, en el siguiente sentido:
“PRIMERO: Adicionar el numeral segundo de la sentencia de tutela, el cual quedará así:
SEGUNDO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas – UARIV, que dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de la presente providencia, aplique a la accionante el Método Técnico de
Priorización, y en consecuencia, le informe a la señora Rubiela Caro Naranjo: i) si le asiste o no
el derecho a la priorización para la entrega de la indemnización administrativa, ii) de ser favorable
la priorización, un turno con la indicación de un plazo razonable para entregar de manera
material la indemnización administrativa reconocida mediante la Resolución No. 04102019-
15
M.P.: Alberto Rojas Ríos.
16
M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
17
M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Demandante: María Patricia Tobón Yagarí
5488722 del 18 de abril de 2020, por el hecho victimizante de desplazamiento forzado y iii) de ser
desfavorable la priorización le indique un plazo aproximado y orden de turno en que procederá a
realizar la entrega de la indemnización administrativa.
SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás la sentencia de tutela impugnada”.
La Corte Constitucional en auto de 30 de mayo de 2023 decidió no seleccionar el
asunto para una eventual revisión.
La señora Rubiela Caro Naranjo, el 17 de abril de 2023 solicitó que se diera
apertura al incidente de desacato, toda vez que la UARIV no dio respuesta en los
términos precisados en el fallo de tutela.
El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Medellín por medio de auto de 16
de mayo de 2023, sancionó con multa de tres salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la señora Cleila Andrea Anaya Benavides, en calidad de directora
técnica de reparación de la UARIV y a la señora María Patricia Tobón Yagarí, en
calidad de representante legal de la UARIV, al considerar que no se había dado
cumplimiento a la orden de aplicar el método técnico de priorización para la
vigencia 2023.
El Tribunal Administrativo de Antioquia en proveído de 23 de mayo de 2023,
revocó la sanción impuesta a la señora Clelia Anaya Benavides, sin embargo,
confirmó la de la ahora demandante, con sustento en lo siguiente:
“Ahora bien, atendiendo las pruebas obrantes en el proceso, especialmente las respuestas
allegadas por la Jefe de la Oficina Jurídica de la UARIV, existe certeza de que la funcionaria
competente para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el fallo referido, es la
Directora Técnica de Reparación de la UARIV, cargo que fue desempeñado hasta el 14 de mayo
del presente año por Clelia Andrea Anaya Benavides, con ocasión a que su renuncia fue aceptada
mediante Resolución 02191 del 12 de mayo de 2023 con efectos fiscales a partir del 15 de mayo
de 2023.
De acuerdo con lo anterior, si bien en principio podía predicarse la responsabilidad de aquella por
el incumplimiento del fallo de tutela aludido, lo cierto es que la información proporcionada por la
incidentada, relativa a la renuncia al cargo de la funcionaria, resulta ser de gran relevancia por
tener relación directa con el fondo del asunto. Bajo este contexto, se colige que como la esencia de
la sanción es de tipo subjetivo o personal, por cuanto la misma busca propender por el
cumplimiento de los derechos amparados en los fallos de tutela, aunado a que se constituye en un
mecanismo coercitivo para que las entidades no dilaten o evadan el cumplimiento de sus deberes,
se advierte que dentro del sub examine no resulta procedente confirmar la decisión adoptada por
el Despacho de instancia, respecto a la sanción impuesta a Clelia Andrea Anaya Benavides en
tanto ella, en la actualidad se encuentra en imposibilidad fáctica y jurídica de acatar las órdenes
judiciales dadas sobre el particular, por carecer de total competencia con ocasión a su
desvinculación del cargo como Directora Técnica de Reparación de la UARIV.
Siendo así, como dicha circunstancia enerva de manera sustancial las razones que dieron origen a
la imposición de la sanción, haciendo innecesarios planteamientos adicionales sobre la materia, se
concluye que a Clelia Andrea Anaya Benavides no le resulta exigible el fallo de tutela proferido
dentro del presente asunto, motivo por el cual, se revocará solo en este aspecto la sanción
impuesta a su cargo mediante auto del 16 de mayo de 2023 por el Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito de Armenia, por cuanto no le es fáctica ni jurídicamente imputable el deber subjetivo de
dar cumplimiento a la orden judicial referida.
Por otro lado, en lo atinente a la sanción impuesta a Patricia Tobón Yagarí como Directora General
de la UARIV y superior jerárquico de la Directora Técnica, el Despacho realizará las siguientes
precisiones:
i.) El artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, preceptúa que cuando la autoridad
responsable de cumplir los fallos de tutela no lo hiciera, el juez tendrá la potestad de
dirigirse a su superior jerárquico con el fin de que “lo haga cumplir y abra el
correspondiente proceso disciplinario contra aquel”; si precluido este término, se verifica
que el superior tampoco procedió conforme a lo ordenado, “el juez podrá sancionar por
desacato tanto al responsable como al superior, hasta que cumplan su sentencia”. Dicha
circunstancia, es consonante con lo expuesto en la sentencia de la Corte Constitucional
SU-034 de 2018, respecto a la posibilidad de sancionar al superior y al funcionario
15
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Demandante: María Patricia Tobón Yagarí
directamente encargado de dar cumplimiento a la orden de tutela, en tanto allí se
analizaron sanciones por desacato impuestas de manera simultánea a la entonces
Directora General de la UARIV y a la Directora Técnica de la Unidad.
A partir de lo descrito, se concluye que las sanciones por desacato también pueden
recaer sobre el superior jerárquico, cuando incumpla con las órdenes dadas por el juez y
siempre que las mismas se encuentren dentro del marco de su competencia.
ii.) Tal como lo sostuvo la A-quo, desde el primer requerimiento – previo a la apertura
formal del incidente de desacato-, se le solicitó a Patricia Tobón Yagarí su intervención
como superior jerárquico de la Directora Técnica, para que hiciera cumplir el fallo e
iniciaría el procedimiento disciplinario en contra de la funcionaria renuente, sin que
aquella procediera de conformidad, atendiendo a que de las respuestas allegadas por la
entidad, se observa que solo se limitan a solicitar su desvinculación por considerar que la
responsable directa del cumplimiento de las órdenes de la tutela es la Directora Técnica
de la Unidad, sin acreditar ninguna de las actuaciones requeridas por la juez de instancia
respecto a la verificación o seguimiento del cumplimiento de la orden o incluso, dar
cuenta del inicio de una investigación disciplinaria contra aquella.
Conforme a estas consideraciones, es diáfano que aunque la Directora General de la
UARIV fue vinculada y requerida en debida forma dentro de este trámite incidental, en
ninguna de las etapas demostró haber procedido de acuerdo a lo solicitado por la
autoridad judicial, ni actuar dentro del margen de sus competencias para conseguir la
satisfacción del fallo de tutela.
(…)
Teniendo claridad frente a lo anterior, ha de analizarse que según se informó en memorial allegado
el 18 de mayo de los corrientes, la entidad ya fijó una fecha para aplicar dicho método a la actora,
siendo este otro de los motivos por los cuales la incidentada solicita la revocatoria de la sanción;
sobre este aspecto, y sin lugar a mayores elucubraciones, el Despacho advierte que dicho plazo
no es razonable ni acorde con lo dispuesto en el plurimencionado fallo, en tanto allí se dispuso su
realización dentro de las 48 horas hábiles siguientes, aspecto que no fue controvertido por la
entidad – en razón a que no impugnó la decisión-, por lo que en caso de considerar la
imposibilidad del cumplimiento en este aspecto, debió hacer lo propio en las etapas pertinentes,
por cuanto la consulta del incidente no es el escenario para abrir un debate previamente
clausurado, dando lugar de esta manera a que se avizore un incumplimiento claro frente al fallo de
tutela, pues extendió a 6 meses lo que se le conminó a realizar en 48 horas.
Entonces, bajo el entendido de que es dable imponer sanción a los superiores jerárquicos cuando
se comprueba renuencia dentro del marco de sus funciones para cumplir o hacer cumplir los fallos
de tutela, e igualmente que en el sub examine no se acreditó por parte de Patricia Tobón Yagarí
como Directora General de la UARIV haber acatado lo dispuesto por el Tribunal Administrativo del
Quindío en fallo del 30 de marzo de 2023, pues desconoció los términos otorgados para proceder
a aplicar el Método Técnico de Priorización a la actora, se confirmará la sanción que le fue
impuesta mediante auto del 16 de mayo de 2023”.
La UARIV, en escritos de 24 y 25 de mayo de 2023 solicitó la inaplicación de la
sanción a la accionante, bajo el argumento de que se iba dar aplicación al método
técnico de priorización a la señora Rubiela Caro Naranjo en septiembre de 2023.
Adicionalmente, expuso argumentos generales sobre la priorización y diferentes
pronunciamientos de la Corte Constitucional.
El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia en auto de 1 de junio de
2023, negó las solicitudes, pues la UARIV no demostró el cumplimiento de la
orden de tutela, bajo el argumento de que hay una imposibilidad de dar
cumplimiento a la dispuesto por el juez de tutela.
Posteriormente, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia en
proveído de 13 de junio de 2023, dio apertura a otro incidente de desacato y se
requirió a la señora Andrea Nathalia Romero Figueroa en calidad de directora
técnica de reparación en encargo de la UARIV para que allegara informe sobre el
cumplimiento de la orden de tutela, sin embargo, dicha entidad, en oficios de 20 y
21 de junio de 2023, solicitó, nuevamente, la inaplicación de la sanción a la
señora María Patricia Tobón Yagarí y que se niegue el mencionado incidente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03918-01
Demandante: María Patricia Tobón Yagarí
Finalmente, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia en decisión
de 26 de junio de 2023, declaró que la señora Andrea Nathalia Romero Figueroa
en calidad de directora técnica de reparación en encargo de la UARIV incurrió en
desacato y reiteró la providencia de 1 de junio de 2023, por medio de la cual se
negó la solicitud de inaplicación de la sanción por desacato impuesta a la
accionante.
4.3. De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que, contrario a lo resuelto
en la sentencia impugnada, el asunto no cumple con el requisito de la
subsidiariedad, pues las pretensiones del escrito de tutela, consiste en que se
“modulen los efectos del fallo de tutela adicionado del 30 de marzo de 2023” y a su
vez, inaplicar la sanción impuesto en el proveído de 16 de mayo de 2023.
En efecto, la Sala evidencia que los argumentos expuestos por la demandante en
la solicitud de amparo se refieren a la imposibilidad de dar cumplimiento a la orden
de tutela, en razón a que de acuerdo con el método técnico de priorización y la
Resolución No. 1049 de 2019, no es posible informarle a la señora Rubiela Caro
Naranjo la fecha exacta del pago de la indemnización administrativa.
Al respecto, se advierte que para plantear dichos reproches cuenta con la
posibilidad de solicitar la modulación de la sentencia de tutela al juez de tutela de
primera instancia, con el fin de que este determine si i) la orden es de naturaleza
compleja y ii) la necesidad de modular las órdenes impartidas para garantizar su
cumplimiento.
En efecto, la Corte Constitucional18 ha considerado que las órdenes pueden ser
simples o complejas, para lo cual estableció una metodología para que el juez de
tutela pueda establecer el grado de cumplimiento de la sentencia:
Regla Descripción
Primera regla El juez debe verificar que se reúnen las condiciones de hecho que impiden la
efectiva protección del derecho amparado. Esto sucede: “(a) cuando la orden
por los términos en que fue proferida nunca garantizó el goce efectivo del
derecho fundamental tutelado o lo hizo en un comienzo, pero luego devino
inane; (b) en aquellos casos en que su cumpli-miento no es exigible porque
se trata de una obligación imposible o porque implica sacrificar de forma
grave, directa, cierta manifiesta e inminente el interés público; y (c) cuando es
evidente que siempre será imposible cumplir la orden”.
Segunda El juez debe tomar medidas “encaminadas a lograr el cumplimiento de la
regla decisión y el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo”. En
otras palabras, el juez está limitado por la finalidad de las medidas.
Tercera regla La modificación no puede generar un cambio absoluto en la orden original.
Cuarta regla La modificación debe evitar una afectación “grave, directa, manifiesta, cierta e
inminente” del interés público, por lo que debe buscar la menor reducción de la
protección concedida y, a la vez, compensar dicha reducción de “manera
inmediata y eficaz”. En consecuencia, siempre que la modificación implique una
reducción en la protección otorgada en la orden inicial, el juez debe conceder
una “medida compensatoria”.
Quinta regla El juez solo puede modificar órdenes de naturaleza compleja.
Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en la SU-034 de 2018, señaló que
“teniendo en cuenta que se trata de un cuadro paradigmático del contexto en el
cual se sitúan las que esta Corte ha denominado órdenes complejas, la Sala
estima que el hecho de que los jueces admitieran la asignación de turnos como
una acción positiva orientada al cumplimiento, no hubiese desbordado el margen
dado por las sentencias, en tanto no se habría comprometido el derecho
fundamental reconocido, ni ello hubiese significado reabrir el debate clausurado,
pues la concesión del amparo se habría mantenido incólume, al igual que el
reconocimiento de la indemnización administrativa; sólo se habría modulado la
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Auto 185 de 2004, Auto 226 de 2011, Auto 727 de 2018, Auto 001 de 2021 y sentencia T-086 de 2003.
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orden de pago en uno de sus aspectos accidentales (tiempo, modo y lugar), en
aras de hacer plausible el cumplimiento, dado el allanamiento a los fallos por parte
de la obligada contrastado con la especial coyuntura estructural asociada al
estado de cosas inconstitucional en materia de atención a la población
desplazada”. (Subraya de la Sala)
Al verificar las pruebas aportadas con el escrito de tutela, se evidencia que la
demandante no ha solicitado la modulación de los efectos de la sentencia, en lo
relacionado con desarrollar el método técnico de priorización en el término de las
48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela e informarle a la señora
Rubiela Caro Naranjo sobre la fecha aproximada del pago de la indemnización
administrativa, pues si bien en los escritos allegados en el curso del incidente de
desacato y con posterioridad a este, menciona la imposibilidad de dar
cumplimiento a la orden impartida, lo cierto es que esto lo hace para justificar el
levantamiento o inaplicación de la sanción impuesta, mas no con el fin de que el
juez de tutela module la orden y mucho menos en los términos en que lo plateó la
accionante en respuesta al requerimiento de 7 de septiembre de 2023 de la
Sección Primera del Consejo de Estado en el trámite del presente asunto.
De hecho, esta Sala considera que en el presente caso la solicitud de modulación,
figura desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, resulta ser
idónea y eficaz para resolver lo relacionado con la supuesta imposibilidad de dar
cumplimiento a la orden plasmada en el fallo de tutela, para lo cual, se recuerda
que existe una decisión judicial en firme, que amparó los derechos fundamentales
de la señora Rubiela Caro Naranjo y que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, se debe procurar su cumplimiento. Sin embargo, el juez de tutela de
primera instancia cuenta con la posibilidad de, a partir de las pruebas y
argumentos que presente la UARIV, establecer la complejidad de desarrollar el
método técnico de priorización en un término de 48 horas y así modular los
efectos del fallo de tutela y, en cierto modo, inaplicar la sanción en virtud de dicha
modulación.
Ahora bien, en la sentencia impugnada se señaló que el tribunal accionado, al
resolver el grado jurisdiccional de consulta, manifestó de manera oficiosa que “en
el caso bajo estudio no se debe modular la orden”. Sin embargo, se debe precisar
que el mencionado tribunal no contaba con la información detallada brindada por
la accionante al resolver el requerimiento de la Sección Primera del Consejo de
Estado, en donde explicó que existe unos componentes (demográfico,
estabilización socio-económica, del hecho victimizante y del avance de reparación)
y que dentro de estos hay unas variables, para lo cual se debe recopilar
información de diferentes bases de datos que solo se cuentan los 31 de diciembre
de cada año junto con todas las solicitudes que se presentan. Por consiguiente, la
información y las pruebas allegadas al presente trámite constitucional deben
presentarse ante el juez de tutela de primera instancia, con el fin de que sea este
quien se pronuncie sobre la modulación de los efectos del fallo.
Por lo anterior, se evidencia que la demandante al presentar la acción de tutela no
cumplió con el requisito de subsidiariedad, en razón a que cuenta con la solicitud
de modulación de la sentencia, la cual no demostró que se hubiese agotado antes
de la radicación de la solicitud de amparo. Igualmente, se resalta que al quedar
evidenciado que no se cumplió con el requisito en mención, se abstendrá de
abordar el cargo relacionado con el precedente judicial de la Corte Constitucional
planteado en el escrito de impugnación.
Así las cosas, la Sala revocará la sentencia impugnada que amparó el derecho
fundamental al buen nombre de la demandante y, en su lugar, se declarará la
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improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir el requisito de la
subsidiariedad.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE la sentencia de 12 de octubre de 2023, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado. En su lugar,
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora María Patricia Tobón Yagarí, quien actúa en nombre propio, contra el
Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Armenia, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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