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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00480-00

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00480-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora Andrea Natalia Laguna Sánchez, quien actúa por intermedio de apoderado judicial. En consecuencia, Segundo.- Dejar sin efecto el ordinal segundo de la sentencia de 11 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-016-2022-00337-01. Tercero.- Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C” que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta decisión, profiera una decisión complementaria, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia. Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo del Consejo. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2025-00480-00 Demandante: Andrea Natalia Laguna Sánchez Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00480-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

6 de marzo de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00480-00
Demandante: Andrea Natalia Laguna Sánchez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00480-00
Demandante: ANDREA NATALIA LAGUNA SÁNCHEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “C”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de que se declare la nulidad del
acto que negó la existencia de una relación laboral. Defecto fáctico por
indebida valoración probatoria

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Andrea Natalia Laguna Sánchez, quien actúa a través de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 30 de enero de 2025, la parte actora solicitó al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, seguridad social,
y los principios de favorabilidad y primacía de la realidad sobre las formalidades,
supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Solicito que se le tutelen a mi poderdante la Señora Andrea Natalia Laguna Sánchez
sus derechos fundamentales conculcados como son: Igualdad, Debido Proceso, derecho
al trabajo, primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones laborales, buena fe,
por haber incurrido la parte accionada en sus decisiones en vía de hecho por Defecto
Factico, Defecto Material o Sustantivo, Defecto Procedimental absoluto, Desconocimiento
del precedente judicial del Consejo de Estado y violación de la Constitución, y todos
aquellos que se encuentren en conexidad con los anteriores.

2. Ordenar al HONORABLE TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA Sección Segunda Sub Sección “C” Honorable Corporación, en el
sentido de que acceda a la declaratoria y existencia de la relación laboral (contrato
realidad - Art. 53 de la C.N.) existente entre las partes durante el periodo comprendido
del 27 de enero de 2006 y el 30 de junio de 2019 sin solución de continuidad salvo las
interrupciones habidas entre cada contrato de acuerdo a las pretensiones del medio de
control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

3. En el evento de que no sea posible disponer que se dicte una nueva providencia, que
se deje sin efecto las Sentencias proferida por el Juzgado dieciséis (16) Contencioso
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y el Tribunal De Lo Contencioso Administrativo
de Cundinamarca de fechas 18 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2019

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Demandante: Andrea Natalia Laguna Sánchez

respectivamente, para que en su reemplazo se dicte la providencia que profiera esta
Honorable Corporación.”.

2. Hechos

La accionante afirmó que se vinculó al SENA como contratista en el cargo de
instructora, impartiendo formación profesional desde el 27 de enero de 2006 hasta
el 30 de junio de 2019, sin interrupciones, a través de sucesivos contratos de
prestación de servicios. Sostuvo que el 12 de mayo de 2022, a través de su
apoderado, solicitó el reconocimiento y pago de las prestaciones adeudadas,
argumentando la existencia de una relación laboral encubierta bajo la figura de
contratos de prestación de servicios, la cual fue negada por la entidad.

Indicó que, dado lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del
acto mediante el cual se negó la existencia de una relación laboral, por lo que solicitó
la copia de todos los contratos de prestación de servicios dentro del acápite
probatorio.

Refirió que en la contestación el SENA aportó copia íntegra de todos los contratos
de prestación de servicios que suscribieron, documentos que fueron incluidos en el
expediente digital en el archivo denominado “017 Anexos Contestación Demanda”.
Agregó que durante la audiencia inicial el juez decretó la incorporación de diversas
pruebas, entre ellas, documentos como contratos, certificaciones de pagos y
retenciones, declaraciones de parte y testimonios, no obstante, negó la solicitud de
oficiar nuevamente al SENA para que aportara copias auténticas de los contratos,
dado que estos ya se encontraban en el expediente digital.

Adujo que el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Bogotá, por sentencia
de 18 de enero de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
en tanto declaró probada la relación laboral entre la actora y el SENA durante el
periodo comprendido entre el 27 de enero de 2006 y el 30 de junio de 2019 y, como
consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo que negó dicha relación y
ordenó a la entidad el pago de las prestaciones salariales y sociales adeudadas,
con prescripción parcial para las acreencias anteriores al 1° de julio de 2016.

Narró que, inconforme con esa decisión, interpuso recurso de apelación en el que
solicitó que se reconociera el restablecimiento del derecho en la totalidad del
periodo reclamado, sin la limitación temporal impuesta por la prescripción, y que el
SENA apeló para que se negara la existencia del contrato realidad en todo el periodo
comprendido entre los años 2006 y 2019.

Por último, sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C”, en sentencia de 11 de septiembre de 2024, confirmó
parcialmente la decisión de primera instancia, en tanto redujo el periodo de las
prestaciones sociales adeudadas reconocido en primera instancia, al considerar
que no se encontraban en el expediente digital algunos contratos, decisión que “se
adoptó a pesar de que el SENA sí había aportado las certificaciones que
acreditaban la existencia de dichos contratos”.

3. Fundamentos de la acción

Luego de hacer referencia al cumplimiento del requisito de general de relevancia
constitucional, la accionante sostuvo que el fallo objetado incurre en i) defecto
fáctico, en tanto “no dio por demostrado, estándolo, que la prestación del servicio
por parte de la accionante con el SENA fue continua sin solución de continuidad
durante los 13 años de vinculación desde el 27 de enero de 2006 hasta el 30 de
junio de 2019”, ya que consideró que en el caso se presentó la solución de
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Demandante: Andrea Natalia Laguna Sánchez

continuidad y por ende la prescripción entre las distintas vinculaciones contractuales
celebradas entre las partes.

Sobre el particular, expresó que el Tribunal llegó a esa conclusión, en tanto apreció
erradamente i) la certificación de los contratos de prestación de servicios obrante
en los folios 41 a 48 del archivo 003 del expediente digital y del 1 al 8 del archivo
denominado “ANEXO 2 CERTIF CONTRACTUAL”, de la carpeta “017 Anexos
Contestación Demanda” del expediente digital, allegada por la Subdirectora del
Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera del SENA, en donde se
indican de manera individualizada, detallada y clara la totalidad de contratos de
prestación de servicios que entre la demandante y la demandada se celebraron, y
ii) las resoluciones de calendarios académicos obrantes en el archivo denominado
“RESPUESTA ANDREA LAGUNA” del archivo 017 del expediente digital donde
obran las resoluciones que justifican las interrupciones contractuales mayores a 30
días hábiles, por el periodo de vacaciones de diciembre y enero.

Sobre el particular, indicó que dada la certificación de los contratos de prestación
de servicios obrante, el Tribunal accionado cometió un error manifiesto al considerar
que la misma no demostraba la prestación continua de sus servicios como
instructora del SENA, a pesar de que en esta aparecen certificados los 22 contratos
de prestación de servicios junto con sus adiciones y prórrogas, en los que constan
las fechas de inicio de la ejecución y la fecha de terminación de todos y cada uno
de los contratos.

Afirmó que si el Tribunal hubiera apreciado en debida forma las anteriores pruebas,
hubiese arribado a la conclusión de que se celebraron con la accionante 22
contratos de prestación de servicios, junto con sus adiciones y prórrogas, en las
cuales se presentaron solo dos interrupciones de más de 30 días hábiles, esto es,
en la adición del contrato 22 del 2010 que terminó el 29 de noviembre de 2010 y el
contrato 203 de 2011 que inició el 27 de enero de 2011, de 40 días hábiles, y en la
adición del contrato 761 del 2012, que terminó el 9 de diciembre de 2012 y el
contrato 1928 de 2013, que inició el 25 de enero de 2013, de 31 días hábiles, “con
lo cual, por lo menos la accionante en gracia de discusión tendría derecho al
reconocimiento y pago de sus prestaciones desde el 25 de enero de 2013, sino es
porque las interrupciones de más de 30 días, están plenamente justificadas por los
periodos de vacaciones de diciembre de los aprendices entre los años 2010 a 2011
y de 2012 a 2013, presentándose el segundo error de hecho en la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca por falta de apreciación de las
resoluciones de calendarios académicos del SENA”.

Añadió que en la sentencia objetada se desconocieron también las certificaciones
de los pagos y retenciones hechos a la accionante que obran en el archivo “ANEXO
3. PAGOS Y RETENCIONES” de la carpeta “017 Anexos Contestación Demanda”
del expediente digital, que son auténticos por ser aportados por la demandada junto
con la contestación de la demanda y reconocidos implícitamente de conformidad
con el artículo 244 del Código General del Proceso y que nunca fueron tachados de
falsos, mismos que demostraban la prestación del servicio, ya que al cotejarlo con
las certificaciones de los contratos de prestación de servicios, se puede determinar
que en el periodo entre de marzo de 2012 hasta junio 2019, la demandante recibió
los pagos mensuales de sus honorarios, “deviniéndose que de igual manera prestó
sus servicios en dichos periodos ya que no puede existir pago de honorarios sin
prestación de los servicios”.

Por otra parte, la accionante sostuvo que el fallo objeto de tutela incurre en ii)
desconocimiento del precedente judicial, emanado de la sentencia del Consejo

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00480-00
Demandante: Andrea Natalia Laguna Sánchez

de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, de 11 de abril de 20241, conforme
con la cual no se necesitan los contratos de prestación de servicios cuando existen
otras pruebas para determinar los periodos de vinculación en los casos de contrato
realidad, pues desconoció algunos de los periodos de vinculación del accionante
por no obrar todos los contratos de prestación de servicios, a pesar de existir las
certificaciones de los mismos expedidas por el SENA y las demás pruebas del
expediente.

Señaló la configuración de un iii) defecto sustantivo, toda vez que, adujo, el
Tribunal ignoro el principio de libertad probatoria consagrado en el artículo 165 del
Código General del Proceso, pues “desconoció el nutrido acervo probatorio en
especial los contratos de prestación de servicios, que demostraba la vinculación
permanente de la accionante, simplemente porque no se contaba con todos los
contratos de prestación de servicios, desconociendo la Constitución Nacional donde
se consagran principios como el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo, el
debido proceso, la primacía de la realidad sobre las formas, principio de
favorabilidad entre otros, con el agravante que en la legislación colombiana no
existe una norma que establezca que la única forma de demostrar la vinculación en
un litigio sobre primacía de la realidad sobre las formas o contrato realidad es con
los contratos de prestación de servicios”.

Finalmente, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en iv) violación
directa de la Constitución, por violación del derecho a la igualdad, pues,
considera, en el caso quedó plenamente demostrado que en el SENA existían
funcionarios de planta que ejercían sus mismas labores, “pero ellos si tenían
derecho y pago a todas las prestaciones de ley al estar vinculados directamente con
la entidad”, y al debido proceso, “ya que no se hizo una debida valoración del
material probatorio desconociendo lo que demostraba la prueba testimonial y
documental”.

4. Trámite procesal

Por auto de 3 de febrero de 2025, el despacho sustanciador admitió la solicitud de
tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la accionante, a la autoridad
judicial accionada, así como al SENA, como tercero interesado en el resultado del
proceso. De igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
10003 a 10006 de 4 de febrero de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la referida
decisión2.

5. Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C”

El titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se denieguen las
pretensiones, en tanto, indicó, en la providencia objeto de tutela se puede verificar
que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante con
la decisión tomada bajo el análisis fáctico y jurídico que se hizo en esa oportunidad.

1
Radicación: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021).
2
Indice 8 de Samai.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00480-00
Demandante: Andrea Natalia Laguna Sánchez

5.2. Respuesta del Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Bogotá

El titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se denegaran las
pretensiones de la acción de tutela, por cuanto, declaró, no ha violado derecho
alguno, por cuanto solo se ciñó a lo establecido en la ley.

5.3 Los demás vinculados al trámite constitucional guardaron silencio, aun cuando
se les notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo No. 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial accionada, en el fallo de 11 de
septiembre de 2024, incurrió en defecto fáctico, desconocimiento del precedente
judicial y violación directa de la Constitución.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20125, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 6, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

3
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
4
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
5
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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Demandante: Andrea Natalia Laguna Sánchez

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto
fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin
motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la
15
Constitución .

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo16 y de la Corte Constitucional17.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

8
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
9
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
10
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
11
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
12
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
13
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
14
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
15
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
16
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
17
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

En el presente caso, (i) la acción de tutela es de evidente relevancia constitucional
porque debe definirse si se vulneraron a la accionante los derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso, seguridad social, y los principios de favorabilidad
y primacía de la realidad sobre las formas, con la sentencia de 11 de septiembre de
2024, proferida por la autoridad judicial accionada.

En el caso se observa que con los reparos expuestos no se propone una discusión
legal, ni se reabre el debate litigioso, pues los argumentos que sustentan la solicitud
se encaminan a demostrar una supuesta falta de valoración de las pruebas obrantes
en el trámite de la segunda instancia, lo que, de hallarse probado, afectaría el
contenido, alcance y goce de las garantías individuales invocadas, aunado al hecho
de que la solicitud contiene una carga argumentativa mínima para su estudio de
fondo.

Por otra parte, (ii) se cumple el requisito de subsidiariedad, porque la actora no
cuentan con otro medio de defensa judicial, teniendo en cuenta que se agotó el
recurso de apelación contra la sentencia de 18 de enero de 2024, proferida por el
Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Bogotá, (iii) se cumple el requisito
de la inmediatez, toda vez que la providencia objetada fue notificada mediante
correo electrónico enviado el 12 de septiembre de 2024 y la acción de tutela se
presentó el 30 de enero de 2025, esto es, cuatro (4) meses y quince (15) días
después, dentro del término prudencial precisado por esta corporación; (iv) se
identificaron de manera razonable los hechos que generaron la supuesta
vulneración de derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un fallo
de tutela.

4.2. La sentencia objetada incurrió en defecto fáctico por cuanto no valoró la
totalidad de las pruebas obrantes en el expediente

4.2.1. La señora Andrea Natalia Laguna Sánchez, quien actúa a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, con el fin de que el juez
constitucional ampare los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
seguridad social, y los principios de favorabilidad y primacía de la realidad sobre las
formas, vulnerados, supuestamente, con la sentencia de 11 de septiembre de 2024,
mediante la cual confirmó parcialmente la decisión que accedió parcialmente a las
pretensiones, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
que inició contra el SENA, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo que negó la existencia de una relación laboral.

Del expediente ordinario allegado como prueba a este trámite constitucional, se
observa que, en primera instancia, el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito
de Bogotá, por sentencia de 18 de enero de 2024, luego de encontrar probados los
elementos de la relación laboral reclamada, accedió parcialmente a las pretensiones
y ordenó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas de
devengar por la demandante, únicamente por el periodo comprendido entre el 1º de
julio de 2016 al 30 de junio de 2019, fecha en la que terminó el último contrato, en
consideración a que, señaló, frente a este periodo no operó la prescripción trienal,
como sí lo había hecho frente a los periodos anteriores, dado que existieron
interrupciones entre la suscripción de contratos que superaban los 30 días.

En el recurso de apelación, la demandante solicitó que se revocara esa decisión y
se accediera a las pretensiones “en el sentido de acceder a reconocer la existencia
7
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Demandante: Andrea Natalia Laguna Sánchez

de una única relación laboral desde el 27 de enero de 2006 hasta el 30 de junio de
2019 sin la solución de continuidad”, en tanto, señaló, las interrupciones entre “la
mayoría” de los contratos allegados no eran superiores a 30 días hábiles, no
obstante lo cual el juez de primera instancia contabilizó las mismas en días
calendario y no en días hábiles, como lo establece la sentencia de unificación de la
Sección Segunda del Consejo de Estado de 9 de septiembre de 2021.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”,
confirmó parcialmente la decisión apelada, en tanto redujo el periodo del
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales reclamadas al comprendido
entre el 4 de febrero de 2019 y el 30 de junio de 2019, es decir, el periodo de
ejecución del último contrato suscrito entre las partes, por cuanto, señaló, era el único
que no se veía afectado por la solución de continuidad y la consecuente prescripción
trienal del derecho a reclamar, dado que entre la suscripción de los contratos
anteriores al último, para ser ejecutado entre el 1º de febrero y el 30 de junio de 2019,
habían transcurrido más de 30 días hábiles.

Como sustento de su determinación, el Tribunal indicó que “no obra en el plenario
copia de los siguientes contratos, adiciones y prórrogas: 348 de 2006, 036 de 2007,
582 de 2007, 748 de 2007, 513 de 2008, 821 de 2008, 867 de 2009, 022 de 2010,
203 de 2011, 719 de 2011, 303 de 2012, 761 de 2012 y 1615 de 2015, adición y
prórroga del contrato 1853 de 2017 y del contrato 2984 de 2018. Pese a que fue
certificado por la subdirectora del centro de tecnologías para la construcción y la
madera de la entidad demanda”, por lo que no los tendría en cuenta para el cálculo
de la prescripción en el caso, de conformidad con la sentencia de la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado de 22 de noviembre de 2018, en la
que, sostuvo, se indicó que el medio de prueba idóneo para demostrar los tiempos
de vinculación, es, por regla general, el contrato o la orden de prestación de servicios.

4.2.2. Lo primero que debe precisar la Sala, es que efectuará el estudio conjunto de
los defectos alegados bajo la caracterización del defecto fáctico, por tratarse de
aquel que mejor engloba la totalidad de los reparos presentados por la accionante,
relativos a la vulneración de sus derechos por la falta de valoración de pruebas
legalmente aportadas al proceso del que deriva la vulneración de sus derechos.

Ahora bien, a juicio de la accionante, el fallo objeto de tutela incurre en defecto
fáctico, en tanto apreció erradamente las pruebas obrantes que demostraban la
prestación continua de sus servicios como instructora del SENA, lo que determinó
que “no dio por demostrado, estándolo, que la prestación del servicio por parte del
accionante con el SENA fue continua sin solución de continuidad durante los 13
años de vinculación desde el 27 de enero de 2006 hasta el 30 de junio de 2019”.

En específico, alegó como desconocidos i) la certificación de los contratos de
prestación de servicios obrante en los folios 1 al 8 del archivo denominado “ANEXO
2 CERTIF CONTRACTUAL”, de la carpeta “017 Anexos Contestación Demanda”
del expediente digital, allegada por la Subdirectora del Centro de Tecnologías para
la Construcción y la Madera del SENA, en la que constan las fechas de inicio y
terminación de la totalidad de contratos, ii) las resoluciones de calendarios
académicos obrantes en el archivo denominado “RESPUESTA ANDREA LAGUNA”
de la carpeta archivo 017 del expediente digital, y iii) las certificaciones de los pagos
y retenciones hechos a la accionante que obran en el archivo “ANEXO 3. PAGOS
Y RETENCIONES” de la mencionada carpeta, mismos que darían cuenta de a) la
existencia de más contratos que los relacionados en la sentencia censurada, b) que
las fechas de terminación de los contratos son diferentes a las determinadas por la
autoridad judicial accionada y c) que en el caso existían pruebas diferentes a la
copia de los contratos que mostraban el pago recibido con ocasión de dichos
contratos, lo que determinaría que estuviese probado que las interrupciones entre
8
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contratos posteriores al año 2013 no fueran superiores a 30 días hábiles, por lo que
no habría lugar a declarar la prescripción de los derechos laborales desde la fecha
indicada en el fallo tutelado, en tanto no se habría presentado solución de
continuidad en el contrato laboral.

4.2.3. En torno al defecto fáctico, la Corte Constitucional ha considerado que se
configura cuando “(…) se hayan dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al
proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya
desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos,
que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que
sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible
la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas
exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que
se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción”.

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse un
defecto fáctico: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin
razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez; 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente
cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en
la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo,
fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la
Constitución18, o cuando da por establecidas circunstancias sin que exista material
probatorio que respalde su decisión19.

Es decir, que dado el carácter restringido y excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, no corresponde al juez constitucional reabrir el debate
probatorio o de la interpretación de las normas legales utilizadas para resolver el
caso. Por lo tanto, su labor se limita a evidenciar aquellos errores manifiestos del
fallo, que lo hacen incompatible con los derechos fundamentales.

Con todo, el defecto fáctico por no valoración del acervo probatorio se presenta
cuando el juez, a pesar de contar con elementos de prueba acreditados en el
expediente, no los tiene en cuenta al momento de fundamentar la decisión.

4.2.4. Del análisis de los argumentos que soportan el defecto fáctico alegado, la
Sala evidencia que, en efecto, en la sentencia objeto de tutela la autoridad judicial
accionada omitió valorar pruebas legalmente allegadas que eran idóneas para
determinar las diferentes adiciones y prórrogas efectuadas a los contratos suscritos
entre la señora Laguna Sánchez y el SENA, por lo que en el caso se omitió la
valoración de unas pruebas con la potencialidad de influir en el sentido de la decisión
que se adoptó.

En efecto, como fue expuesto por la accionante en los fundamentos de la solicitud,
en el expediente digital se encuentra la carpeta “017 Anexos Contestación
Demanda”, en la que obran los documentos allegados en la contestación de la
demanda por el SENA. Entre estos, se encuentra la certificación 0590 de 27 de
octubre de 2022, suscrita por la subdirectora del Centro de Tecnologías para la
Construcción y la Madera del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, en la que

18
Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
19
Sentencia SU-453 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Demandante: Andrea Natalia Laguna Sánchez

hace constar un total de 22 contratos celebrados por la señora Andrea Natalia
Laguna Sánchez con la entidad, con sus respectivas prórrogas y adiciones.

En la información de los contratos certificados como suscritos con la accionante por
la entidad demandada, se observa, entre otros, la siguiente información sobre el
contrato No. 002984 de 25 de enero de 2018, cuyo objeto era la prestación de
servicios de carácter temporal para impartir formación en el Centro de Tecnologías
para la Construcción y la Madera: “Fecha de Inicio de Ejecución: 25 enero 2018, Fecha
de Terminación inicial de Contrato: 5 diciembre 2018, Adición y prorroga: No. 002984 del
25 de enero de 2018, Plazo: con una duración hasta el 19 de diciembre de 2018,
adicionándole el valor de $1.786.295”.

De la sentencia objeto de tutela se observa que, no obstante la información
consignada en la certificación aportada por el SENA, en la que constaba que por
efecto de la prórroga y la adición efectuadas al contrato No. 002984 de 25 de enero
de 2018, la fecha de finalización de este fue el 19 de diciembre de 2018, en la
sentencia objetada, la autoridad accionada indicó que el mismo había finalizado el
“05/12/2018”, lo que tuvo incidencia directa en el sentido de la decisión que se
adoptó.

Conforme con lo anterior, en el caso se evidencia que en la sentencia objeto de
tutela se dejaron de valorar las pruebas que demostraban los días efectivamente
transcurridos entre las distintas interrupciones acontecidas entre la finalización y la
suscripción de los contratos firmados por las partes, lo que tuvo una incidencia
determinante en la decisión que se adoptó. Es decir, la autoridad judicial accionada,
a pesar de contar con elementos de prueba allegados legalmente al expediente,
que no fueron objeto de tacha y que se presumen auténticos, no los tuvo en cuenta
al momento de sustentar la decisión.

En la sentencia censurada, el Tribunal indicó que en el expediente no obraba copia
de los siguientes contratos, adiciones y prórrogas “348 de 2006, 036 de 2007, 582
de 2007, 748 de 2007, 513 de 2008, 821 de 2008, 867 de 2009, 022 de 2010, 203
de 2011, 719 de 2011, 303 de 2012, 761 de 2012 y 1615 de 2015, adición y prórroga
del contrato 1853 de 2017 y del contrato 2984 de 2018”, por lo que, sostuvo, pese
a que su existencia y fechas de ejecución “fue certificada por la subdirectora del
centro de tecnologías para la construcción y la madera de la entidad demanda”, no
los tendría en cuenta para establecer la vinculación de la demandante en los
periodos allí señalados, “toda vez que el contrato es la prueba idónea para
demostrar la existencia del vínculo que se dice se ha desnaturalizado en la práctica.
Así lo ha la orientado la Sección Segunda - Subsección A del Consejo de Estado,
en sentencia proferida el 22 de noviembre de 2018”.

Para la Sala, dicha consideración no puede constituirse en una justificación válida
para la falta de valoración de los elementos de prueba conducentes y allegados
legalmente al expediente, pues no se trata de un precedente judicial vinculante
sobre la materia o de una sentencia de unificación sobre la misma, aunado al hecho
de que, recientemente, la Sección Segunda de esta Corporación determinó que
para la prueba de la prestación del servicio en los casos de contrato realidad no
puede imponerse una tarifa legal que limite la posibilidad del juez de encontrar
acreditado un hecho a partir de otros elementos de prueba distintos al contrato 20.

En efecto, conforme con el principio de libertad probatoria, las partes pueden
presentar el conocimiento de los hechos al juez a través de cualquier medio de
acreditación. En tal sentido, la Corte Constitucional ha resaltado que la inadmisión
de una prueba debe tener una finalidad constitucionalmente relevante, por lo que
“las limitaciones legales relativas a la conducencia o admisibilidad de un medio
20
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, radicación: 05001-23-33-000-2016-00993-01 (0332-2021).
10
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específico de prueba solo resultan admisibles si persiguen un fin constitucional y las
restricciones que entrañan son razonables y proporcionadas en relación con el
mismo y las consecuencias que de éste se derivan21”, elementos que no se observan
en el caso bajo análisis.

De igual forma, el artículo 165 del Código General del Proceso determina que son
medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio
de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios,
los informes y cualquier otro medio que sea útil para la formación del
convencimiento del juez.

Para la Sala, en el caso el Tribunal accionado con la decisión de no tener en cuenta
el certificado aportado por el SENA en el que constaban las fechas de la totalidad
de contratos suscritos entra las partes, documento público y auténtico a la luz de los
artículos 243 y 244 del Código General del Proceso, pues se tiene certeza no solo
de su autoría sino también del contenido, que dan fe de su otorgamiento conforme
al artículo 257 del mismo estatuto procesal, dejó de valorar una prueba determinante
para establecer la realidad de la relación encubierta por la que se reclamaba el pago
de prestaciones sociales en el caso, lo que conllevó que no se tuvieran en cuenta
las múltiples adiciones contractuales efectuadas en los contratos celebrados por la
actora, y que se viera afectada la decisión adoptada de cara al problema jurídico
planteado.

4.2.5. Ahora bien, respecto del segundo alegato que soporta el defecto fáctico,
conforme con el cual en el fallo objetado también se desconocieron los reportes de
relación de pagos aportados por el SENA en la contestación, obrantes en la carpeta
“ANEXO 3 PAGOS Y RETENCIONES” de la mencionada carpeta “017 Anexos
Contestación Demanda”, la Sala observa que, en efecto, en el expediente también
constan los mencionados documentos, los cuales, no obstante, fueron
desconocidos por el Tribunal accionado a pesar que son conducentes para
establecer la existencia y duración de los contratos que soportan la reclamación de
la demanda ordinaria, lo que aúna argumentos para considerar configurado el
defecto fáctico alegado.

En efecto, en la sentencia objetada la autoridad judicial accionada, bajo la premisa
de que únicamente la copia auténtica de los referidos contratos era prueba de su
existencia, determinó que la señora Andrea Natalia Laguna Sánchez prestó sus
servicios a favor de la entidad demandada exclusivamente en los siguientes
periodos:

“1) Del 27 de enero de 2006 al 27 de julio de 2006.
2) Del 25 de enero de 2008 al 21 de agosto de 2008.
3) Del 29 de enero de 2009 al 05 de diciembre de 2009.
4) Del 25 de enero de 2013 al 12 de diciembre de 2014.
5) Del 01 de febrero de 2016 al 30 de septiembre de 2017.
6) 25 de enero de 2018 al 05 de diciembre de 2018.
7) 04 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2019”.

No obstante lo anterior, en el expediente22 obra el reporte de relación de pagos de
la plataforma “SIIF Nación” para el contrato de prestación de servicios No. 1615 de
201523, con la relación de pagos efectuada a favor de la señora Andrea Natalia

21
Sentencia T-395 de 2003. Corte Constitucional.
22
Carpeta “017 Anexos Contestación Demanda”, ANEXO 3 PAGOS Y RETENCIONES”, archivo: REP_
23
Contrato que fue certificado por la entidad con fecha de inicio de ejecución el 23 enero de 2015 y de
terminación el 19 diciembre 2015.
11
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Laguna Sánchez entre los meses de enero y diciembre de 2015 por la ejecución del
mencionado contrato, documento con un valor determinante en el conteo de la
solución de continuidad y la prescripción efectuado en el caso, que no fue tenido en
cuenta por la autoridad judicial accionada.

Por lo demás, en lo relativo al argumento conforme con el cual en el caso el defecto
fáctico también se configura en tanto se dejaron de valorar las resoluciones de los
calendarios académicos del SENA, las cuales justificarían las interrupciones
superiores a 30 días hábiles ocurridas entre la suscripción de los contratos Nos.
0022 de 2010 y 00203 2011, y 00761 de 2012 y 001928 de 2013, por cuanto se
trataba del periodo de vacaciones de los aprendices, la Sala observa que el mismo
hace referencia a una valoración sobre esas pruebas que es de resorte exclusivo
del juez de conocimiento, por lo que será este en virtud del principio de autonomía
judicial quien determine si las mismas tienen la entidad para probar lo solicitado por
la accionante.

Por las razones expuestas, la Sala amparará el derecho fundamental al debido
proceso de la señora Andrea Natalia Laguna Sánchez, dejará sin efecto el ordinal
segundo de la sentencia de 11 de septiembre de 2024 y ordenará que, dentro de
los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta decisión, profiera una
decisión complementaria, de conformidad con las consideraciones expuestas en
esta providencia.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

Primero.- Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora Andrea
Natalia Laguna Sánchez, quien actúa por intermedio de apoderado judicial. En
consecuencia,

Segundo.- Dejar sin efecto el ordinal segundo de la sentencia de 11 de septiembre
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “C”, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-35-016-2022-00337-01.

Tercero.- Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “C” que, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de
esta decisión, profiera una decisión complementaria, de conformidad con las
consideraciones expuestas en esta providencia.

Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.

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Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

13
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