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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00654-00

Fecha
24 de abril de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00654-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TRCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00654-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

24 de abril de 2025

Demandantes: Edufay Caleño García y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00654-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00654-00
Demandantes: EDUFAY CALEÑO GARCÍA Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por los
señores Edufay Caleño García y otros contra la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Tolima.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. Los señores Edufay Caleño García, Luis Alejandro Riaño, Nohemí Vega
Torres, Virginia García Caleño, Hermides Rodríguez Morales, Hernando Miranda
Martínez y Luis Alejandro Riaño Herrera, actuando por medio de apoderada
judicial, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima
y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Con la solicitud de
amparo pretenden la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la vida digna, a la integridad física, psicológica y moral, a la salud y a
la educación.

2. La anterior trasgresión constitucional se la adjudican a la sentencia del 14
de junio de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado. Mediante esta decisión, se confirmó la providencia del 26 de febrero
de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las
pretensiones de la acción de grupo promovida por la actora contra la Nación,
Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Victimas (en adelante, UARIV)1.

1 Proceso identificado con el radicado: 73001-23-33-004-2017-00111-00/01.

1
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Demandantes: Edufay Caleño García y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00654-00

1.2. Pretensión constitucional

3. Si bien la parte actora no formuló ninguna pretensión en específico, se
infiere que el objeto de esta acción de tutela es dejar sin efectos la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, el 14 de
junio de 2023.

1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:

4. Entre los años 1997 y 2015, los señores Edufay Caleño García y otros2
fueron víctimas de desplazamiento forzado en diferentes municipios del país. Por
tanto, promovieron una acción de grupo contra la Nación, Ministerio de Defensa,
el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la UARIV, debido a la presunta omisión
del deber de seguridad y protección. A su vez, solicitaron la indemnización
colectiva por tales hechos victimizantes.

5. Mediante fallo del 26 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo del
Tolima negó las pretensiones de la demanda. Consideró que los demandantes
tenían los mecanismos de reparación establecidos por el procedimiento
administrativo regulado en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011.

6. Inconforme con lo anterior, la parte actora interpuso recurso de apelación
con fundamento en los siguientes argumentos. El desplazamiento forzado se
acreditó con la inscripción de los afectados en los registros de la UARIV y tal
hecho era la causa común que unía al grupo. El caso debía ser estudiado bajo
un enfoque diferencial al tratarse de sujetos de especial protección constitucional.

7. En sentencia del 14 de junio de 2023, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia con
sustento en las siguientes consideraciones. No se demostraron las circunstancias
objetivas de tiempo, modo y lugar del desplazamiento, pues de los documentos
aportados con la demanda no era posible probar ello. Esto no se podía probar
simplemente de las afirmaciones de las partes

8. El fallo de segunda instancia fue notificado electrónicamente el 16 de
agosto de 2023.

2 Además de los actores, la parte demandante de la acción de grupo objeto de la presente acción

constitucional estuvo conformada por los señores Adolfo Guapacho Vega, María Luz Hélida
Cerquera Otálvaro, Daniela Stephanie Morales Martínez, Armando Cutiva, Yeine Serley Guerrero
Murcia, José Israel Cerquera Palomino, Gloria Cutiva Lasso, Aquilino Quiñonez Rada, Hernando
Miranda Martínez, Jazmín Rincón Medina, Fernando Morales Gordillo, Manuel Fermín Torres,
Elkin Anderson Torres Castiblanco, Jaime Borja Vera, Nydia Viviana Torres Castiblanco, Blanca
Flor Delgado Ordoñez, Rocío Jaqueline Leonas, María Isabel Gómez Cassaleth, Marlen Ardila
Gutiérrez, Azucena Vinasco Silva, Isabelina Herrera De Botache, Neffi Miranda Vega, Jael Rocío
Peralta García, Alba Luz Ramírez De García y Álvaro José Vergara Álvarez.

2
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Demandantes: Edufay Caleño García y otros
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9. En contra de dicha decisión, la parte actora promovió «recurso
extraordinario de súplica y/o revisión» y formuló las siguientes dos razones.
Primero, no se dio aplicación a los principios de iura novit curia y del derecho
sustancial para suplir la omisión del Estado de otorgar socorro a las víctimas de
desplazamiento forzado. Segundo, se desconoció el precedente de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que obliga al juez a definir la norma aplicable al
caso, así como el contenido en la sentencia C-287 de 2007 de la Corte
Constitucional.

10. Mediante auto del 28 de octubre de 2024, la Sección Tercera, Subsección
C del Consejo de Estado rechazó por improcedente el recurso de súplica, dado
que este mecanismo no fue previsto por el régimen aplicable a la acción de grupo,
este es, la Ley 472 de 1998 y, subsidiariamente, las normas del Código de
Procedimiento Civil y del Código General del Proceso.

11. El auto fue notificado mediante correo electrónico el 7 de noviembre de
2024.

1.4. Sustento de la vulneración

12. La parte tutelante no formuló ningún cargo en específico en relación con
los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Fundamentó sus pretensiones en los argumentos que a
continuación se exponen:

12.1. Los demandantes manifestaron su interés de acceder a los auxilios
económicos y de vivienda, sin que sus solicitudes fueran atendidas debidamente,
pues la entidad competente únicamente informó que carecía de presupuesto
suficiente para atender los respectivos requerimientos. De tal forma, los
componentes de ayuda no han sido entregados.

12.2. Las autoridades judiciales demandadas se han limitado a considerar que
no existe una «unidad del daño», consideración que no se comparte, puesto que
el simple hecho de estar registrados como víctimas de desplazamiento forzado
conlleva que los actores cuenten con el derecho a recibir las ayudas humanitarias
respectivas.

12.3. Autoridades como la Policía Nacional y el Ejército Nacional no han
brindado las garantías requeridas para asistir la situación de los actores. Con ello,
han desconocido los artículos 2 y 90 de la Constitución.

13. En relación con lo anterior, los accionantes citaron extractos textuales de
la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 20203 proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, del fallo proferido el 31 de agosto de 20174 por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y de la sentencia

3 Radicado 76001-33-31-001-2008-00134-01.
4 Radicado 13001-23-31-000-2001-01492-01.

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T-347 de 2018 de la Corte Constitucional. A su vez, se referenciaron otras
providencias de la Sala Plena y la Sección Tercera del Consejo de Estado.

14. Concluyeron que sus derechos deben ser salvaguardados en la medida
en que son sujetos de especial protección constitucional.

1.5. Trámite de la acción de tutela

15. Por auto del 20 de febrero de 2025, el magistrado ponente de esta decisión
admitió la acción constitucional. En consecuencia, ordenó notificar como
accionados al Tribunal Administrativo del Tolima y al Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C. A su vez, vinculó como terceros con interés a la Nación,
Ministerio de Defensa, al Ejército Nacional, a la Policía Nacional y a los señores
Adolfo Guapacho Vega, María Luz Hélida Cerquera Otálvaro, Daniela Stephanie
Morales Martínez, Armando Cutiva, Yeine Serley Guerrero Murcia, José Israel
Cerquera Palomino, Gloria Cutiva Lasso, Aquilino Quiñonez Rada, Hernando
Miranda Martínez, Jazmín Rincón Medina, Fernando Morales Gordillo, Manuel
Fermín Torres, Elkin Anderson Torres Castiblanco, Jaime Borja Vera, Nydia
Viviana Torres Castiblanco, Blanca Flor Delgado Ordoñez, Rocío Jaqueline
Leonas, María Isabel Gómez Cassaleth, Marlen Ardila Gutiérrez, Azucena
Vinasco Silva, Isabelina Herrera De Botache, Neffi Miranda Vega, Jael Rocío
Peralta García, Alba Luz Ramírez De García y Álvaro José Vergara Álvarez .

16. Finalmente, comunicó el auto admisorio a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código
General del Proceso.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Ejército Nacional

17. Solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, con
fundamento en los siguientes argumentos.

18. El mecanismo de amparo no tiene vocación de prosperidad, toda vez que
no se configuraron irregularidades procesales ni sustanciales en la sentencia
cuestionada. Se omitió el deber de señalar con claridad los defectos en los que
habría incurrido la autoridad judicial accionada y, por tanto, es posible concluir
que la parte actora busca usar esta acción como una nueva instancia del proceso
ordinario.

19. No se cumplió con la carga argumentativa requerida en relación con el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. En tal sentido, no se acreditó vulneración alguna
de los derechos fundamentales cuya protección se reclama.

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1.6.2. Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

20. Solicitó que se declarara la improcedencia de la acción y expuso las
siguientes razones.

21. Los fallos cuestionados fueron proferidos con el agotamiento de cada una
de las etapas procesales dispuestas para el procedimiento en cuestión y la parte
actora no acreditó que se configurara alguna nulidad en el trámite.

22. La UARIV debe ceñirse al procedimiento administrativo establecido en la
Ley 1448 de 2011 en relación con el reconocimiento de la indemnización
administrativa de las víctimas del conflicto armado y que se encuentran inscritas
en el Registro Único de Víctimas.

1.6.3. Policía Nacional

23. Solicitó negar las pretensiones formuladas, debido a la improcedencia del
mecanismo constitucional en el caso en concreto. Puso de presente las
siguientes consideraciones.

24. La providencia cuestionada fue proferida con fundamento en el marco
constitucional, legal y reglamentario aplicable al asunto en cuestión. Ello posibilitó
un estudio del material probatorio obrante en el expediente, con fundamento en
la sana crítica y la autonomía judicial. Por tanto, se concluyó que no lograron
acreditarse las circunstancias objetivas de tiempo, modo y lugar del
desplazamiento forzado padecido por los accionantes.

25. La parte actora pretende, por medio del mecanismo de amparo, reabrir el
debate legal y probatorio ya zanjado por el juez natural de la causa. Por tanto,
cualquier estudio por parte dl juez constitucional implicaría abrir una tercera
instancia en la que se adopte una decisión favorable a los intereses de los
tutelantes. Por su parte, tampoco se probó la existencia de un perjuicio
irremediable o una amenaza grave e inminente que permita que el juez de tutela
adopte una decisión de salvaguarda de los derechos fundamentales invocados.

26. A pesar de ser debidamente vinculados, los demás sujetos guardaron
silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

27. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora en contra del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, y el Tribunal Administrativo del Tolima. Lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con

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el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Legitimación en la causa

28. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

29. La Sala advierte que los señores Edufay Caleño García, Luis Alejandro
Riaño, Nohemí Vega Torres, Virginia García Caleño, Hermides Rodríguez
Morales, Hernando Miranda Martínez y Luis Alejandro Riaño Herrera están
legitimados en la causa por activa, porque conformaron la parte demandante en
la acción de grupo en la que se dictó la providencia que se cuestiona mediante
la presente acción constitucional.

30. Por su parte, la sala evidencia que el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, y el Tribunal Administrativo del Tolima se encuentran legitimados
en la causa por pasiva al ser las autoridades que profirieron las decisiones
reprochadas en esta oportunidad. Sin embargo, se advierte que el estudio que
se llevará a cabo se limitará al análisis de la sentencia del 14 de junio de 2023,
pues fue la providencia que puso fin al proceso en cuestión.

2.3. Problema jurídico

31. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

32. De resultar afirmativa la respuesta de la pregunta anterior, se procederá a
dar respuesta al siguiente interrogante:

• ¿La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró
los derechos fundamentales invocados por la parte actora, con ocasión de
la sentencia del 14 de junio de 20235?

33. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) el estudio de los requisitos de
procedibilidad; y, de superarse, (iii) el análisis del caso concreto.

5 En dicha providencia, la autoridad judicial accionada confirmó el fallo de primera instancia que

negó las pretensiones formuladas en la acción de grupo.

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2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20126. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema7. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales8.

35. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20149. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial.

36. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

37. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
8 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto

de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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38. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

39. Bajo las anteriores directrices, se entrará a estudiar si en el caso concreto
se satisfacen los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos
superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos
aludidos.

2.4.1. Estudio del requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional

40. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022
modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de
relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace
evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin
que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una
posible vulneración de una garantía constitucional10.

41. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la
relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, los cuales fueron
acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

42. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado, la Corte explicó
que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando
se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión
judicial «el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29

de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

43. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una
alta corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo. Esto, teniendo en
cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de
menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».

44. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la
acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los
hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
en asuntos que no son de su competencia y se garantiza que la cuestión sea
analizada a la luz de la Constitución».

2.4.2. Relevancia constitucional en el caso concreto

45. La sala entrará a decidir si el presente caso reviste o no relevancia
constitucional, de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a
los fines acogidos por la Corte Constitucional y esta corporación.

46. Como quedó expuesto en el acápite de antecedentes, la parte actora
cuestiona la sentencia del 14 de junio de 2023 proferida por la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado. En este se confirmó la providencia del
Tribunal Administrativo del Tolima, en la que se negaron las pretensiones de la
demanda.

47. La parte actora no formuló ningún cargo en específico en relación con los
requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Sin embargo, sus argumentos pueden resumirse así:

I. Los demandantes manifestaron su interés en acceder a los auxilios
económicos y de vivienda y sus solicitudes no fueron atendidas
debidamente, por lo que los componentes de ayuda no han sido
entregados.

II. A pesar de que los actores registran como víctimas de desplazamiento
forzado, las autoridades judiciales accionadas se limitaron a considerar
que no existe una «unidad del daño».

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III. La Policía Nacional y el Ejército Nacional no han brindado las garantías
requeridas para asistir la situación de los tutelantes, lo que implicó un
desconocimiento de los artículos 2 y 90 de la Constitución Política.

IV. Los derechos de los actores deben ser salvaguardados en la medida
en que son sujetos de especial protección constitucional.

V. Citaron extractos textuales de la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 202011 proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, del fallo proferido el 31 de agosto de 2017 12 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y de la
sentencia T-347 de 2018 de la Corte Constitucional. A su vez, se
referenciaron otras providencias de la Sala Plena y la Sección Tercera
del Consejo de Estado.

48. Es importante destacar que la autoridad judicial accionada, en la
providencia cuestionada, sostuvo que no se demostraron las circunstancias
objetivas de tiempo, modo y lugar del desplazamiento, pues de los documentos
aportados con la demanda no era posible probar ello. Esto no se podía probar
simplemente de las afirmaciones de las partes.

49. De conformidad con lo expuesto, la sala advierte que la parte actora
presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del proceso,
con lo que se pretende reabrir las etapas procesales de la controversia ya
zanjada por el juez natural de la causa. Esto, ante la evidente falta de carga
argumentativa en el escrito de tutela, en la medida en que los demandantes no
encuadraron ninguna de las razones expuestas en los requisitos especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

50. En el escrito de tutela se presentaron argumentos relacionados con
presuntos incumplimientos de los deberes a cargo de la Policía Nacional, el
Ejército Nacional y la UARIV, sin desarrollarse mínimamente situaciones de
hecho en las que se hayan configurado vulneraciones a sus derechos
fundamentales y que posibiliten la intervención del juez de tutela en el asunto
expuesto. A su vez, tampoco se aportó prueba alguna que permita establecer
alguna vulneración o amenaza de sus garantías fundamentales por parte de tales
autoridades.

51. Aunado a lo anterior, no se expuso el sentido en el que dicho contexto
fáctico estuviera relacionado con la configuración de algún defecto o arbitrariedad
llevado a cabo por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
al proferir la sentencia cuestionada en sede de tutela.

52. Como se dijo, bien la parte tutelante no adecuó ninguno de los argumentos
a algún requisito especial de procedibilidad de la tutela contra providencias

11 Radicado 76001-33-31-001-2008-00134-01.
12 Radicado 13001-23-31-000-2001-01492-01.

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Demandantes: Edufay Caleño García y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00654-00

judiciales, del escrito es posible inferir que se alegó un desconocimiento del
precedente de las sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional
traídas a colación. No obstante, la parte actora únicamente las referenció y citó
textualmente, sin exponer mínimamente alguna regla o subregla de derecho
aplicable a su caso y que hubiera sido desconocida por la sala de decisión
demandada, en consideración a las particularidades del caso concreto. En efecto,
en el escrito inicial no se abordó de forma alguna los asuntos que fueron tratados
en tales providencias, con lo que no cumplió con la carga mínima requerida para
que exista un pronunciamiento de fondo por parte de la sala.

53. Sobre el cargo por desconocimiento del precedente es preciso resaltar que
esta Sección ha considerado que la parte que invoca este defecto debe cumplir
con la carga mínima de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii)
la ratio aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción
dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia de esta en la decisión
final que adopte el fallador de instancia.

54. Los anteriores criterios no fueron desarrollados por la parte demandante,
por lo que no se satisface el deber de una carga mínima que permita superar la
relevancia constitucional.

55. En virtud de lo anterior, la ausencia de la carga mínima argumentativa en
clave de derechos fundamentales requerida para activar la competencia del juez
constitucional en controversias de esta naturaleza permite concluir que el objetivo
de la presente demanda es reabrir una controversia ya zanjada por el juez natural
de la causa. Se trata, entonces, de simples inconformidades con la providencia
dictada por el órgano de cierre en la materia, lo que evidencia la intención de usar
el mecanismo de amparo como una tercera instancia del trámite ordinario.

56. Por último, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con
una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de
tutela revista necesariamente relevancia constitucional. En estos asuntos, se
requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita
entrever que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un
derecho fundamental. Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter
económico, legal o patrimonial o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.

57. En consecuencia, la sala declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo al no encontrar acreditado el presupuesto de la relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

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Demandantes: Edufay Caleño García y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00654-00

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TRCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Con aclaración de voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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