Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01156-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-01156-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-01156-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01156-01
Accionante: Ana Milena Giraldo Zapata
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda
Jurisdiccional de Decisión.
Tema: Acción de tutela contra providencia. Nulidad y restablecimiento del derecho.
Reliquidación pensión jubilación docente. Régimen aplicable. REVOCA Y
AMPARA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante en contra de la
sentencia del 27 de marzo de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, a través de la cual negó el amparo solicitado, en relación con el
desconocimiento del precedente judicial respecto a las sentencias 3514-2019 y
3083-2022, y declaró improcedente la acción en lo demás.
ANTECEDENTES
La señora Ana Milena Giraldo Zapata, por intermedio de apoderado, pretende que
se protejan sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia, así como el principio pro homine,
los cuales considera vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala Segunda Jurisdiccional de Decisión, con ocasión de la sentencia del 2 de
diciembre de 2024 proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 76001-33-33-021-2023-00061-01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
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Que nació el 30 de enero de 1957 y trabajó como docente en las secretarías de
Educación del departamento del Quindío y del municipio de Santiago de Cali un total
de 9.363.6 días, por lo cual el 5 de octubre de 2021 solicitó el reconocimiento de su
pensión de jubilación ante la Secretaría de Educación de dicho municipio, quien la
negó, mediante Resolución 4143.010.21.0.04878 del 22 de agosto de 2022.
Que interpuso recurso de reposición en contra de ese acto administrativo y el 12 de
enero de 2023, a través de la Resolución 414.010.21.0.00209, la Secretaría de
Educación Municipal de Cali le concedió la prestación reclamada con fundamento
en la Ley 100 de 1993.
Que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y del Distrito de Santiago de Cali, en la que solicitó la nulidad
de los actos administrativos mencionados y, a título de restablecimiento del derecho,
el reconocimiento de su pensión de jubilación desde el 30 de marzo de 2016, con la
inclusión de los factores salariales devengados en el último año del estatus
pensional.
Que el 28 de mayo de 2024, el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali
negó las pretensiones porque consideró que su régimen pensional se regía por la
Ley 100 de 1993, por lo cual interpuso recurso de apelación.
Que el 2 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda Jurisdiccional de Decisión, confirmó la sentencia recurrida, pues concluyó
que para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 no estaba vinculada
al sector oficial en calidad de docente, por lo cual le era aplicable la Ley 100 de
1993; además, determinó que como su vinculación fue posterior a la Ley 812 de
2003 le era aplicable la prohibición constitucional de devengar doble asignación
estatal, por lo que la pensión de jubilación que le fue reconocida era incompatible
con el salario, por lo cual el pago de aquella solo sería efectiva hasta su retiro.
Que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento del
precedente judicial contenido en las sentencias i) del 18 de septiembre de 2020
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
radicado 66001-23-33-000-2017-00470-01 (3514-2019), en la cual se analizó un
asunto en el que un docente laboró antes de la expedición de la Ley 812 de 2003 y
se vinculó nuevamente en esa calidad después de que se dictó esa norma, como
ocurre en su caso; ii) SUJ-014-CE-S2- 19 del 25 de abril de 2019, rad. 68001-23-
33-000-2015-00569-01 (0935-17) proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado y iii) del 19 de enero de 2023 expedida por la Subsección A de dicha
Sección, rad. 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022).
Que la jurisprudencia del máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo ha sido pacífica en relación con el derecho que les asiste a los
docentes que hayan laborado o hubieren estado vinculados al servicio del Estado,
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independientemente de si estaban activos o no al momento de la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003.
Que el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 evidencia que la norma aplicable a su caso
no es el régimen contenido en la Ley 100 de 1993, sino la vigente para los docentes
antes de la expedición de la primera de las mencionadas, esto es, las leyes 91 de
1989, 33 de 1985 y 71 de 1988, pues antes del 26 de junio de 2003 ya había estado
vinculada a la docencia.
Que en las sentencias proferidas en el proceso ordinario también se incurrió en
violación directa de la Constitución, pues la interpretación consistente en que debía
estar vinculada como docente en servicio activo para el momento de entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003 es contraria al Acto Legislativo 01 de 2005, según el
cual existen dos regímenes pensionales para el magisterio, los cuales dependen de
la fecha de vinculación a la docencia.
Que desconocer que laboró como docente en el sector público antes de la entrada
en vigencia de la Ley 812 de 2003 resulta contrario a los principios de equidad,
justicia social y pro homine, así como a varios tratados internacionales.
PRETENSIONES
Que se deje sin efectos la sentencia del 2 de diciembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda Jurisdiccional de
Decisión, y se ordene a esa autoridad judicial que, en un plazo prudencial y
perentorio, dicte una decisión de reemplazo, en la que reconozca su derecho
pensional, conforme a la Ley 812 de 2003, y la compatibilidad entre salario y pensión
al momento del retiro del servicio docente.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 11 de marzo de 2025, el magistrado sustanciador de la Sección Quinta del
Consejo de Estado admitió la acción y vinculó al Juzgado Veintiuno Administrativo
Oral del Circuito de Cali, al Ministerio de Educación, al FOMAG y al Distrito de
Santiago de Cali como terceros con interés.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda Jurisdiccional
de Decisión, guardó silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Juzgado Veintiuno Contencioso Administrativo del Circuito Judicial de Cali,
por conducto de su titular, afirmó que se remitía a los argumentos expuestos en la
sentencia de primera instancia, en la que quedaron consignadas las razones de
hecho y de derecho que lo llevaron a adoptar la decisión.
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La Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del
FOMAG y a través de su directora de gestión judicial, indicó que carece de
legitimación en la causa por pasiva, ya que no tiene la condición de ente nominador
ni está facultado para modificar o revocar decisiones judiciales.
Que las autoridades judiciales que conocieron el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho actuaron conforme al ordenamiento jurídico y no
desconocieron los precedentes judiciales sobre la materia debatida ni vulneraron
los derechos fundamentales de la accionante.
Solicitó declarar improcedente la acción y desvincularla de esta, así como al
Ministerio de Educación.
El Distrito de Santiago de Cali, por medio de la secretaria de Despacho, señaló
que no está facultada para intervenir, modificar o desconocer las decisiones de los
jueces, pues ello implicaría una violación de la independencia judicial y una
transgresión de los principios constitucionales de separación de poderes y
autonomía, por lo cual pidió su desvinculación.
El Ministerio de Educación Nacional, mediante el jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, manifestó que la acción carece de relevancia constitucional, debido a que
no se demostró la vulneración de garantías fundamentales y se expuso una
controversia de naturaleza estrictamente económica, lo que excede la competencia
del juez de tutela, máxime si se tiene en cuenta la autonomía e independencia que
deben tener las autoridades judiciales, por lo que solicitó declarar la improcedencia
de la acción.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 27 de marzo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado i) no accedió a la
solicitud de desvinculación presentada por la Fiduprevisora S.A. y el Distrito
Especial de Santiago de Cali, Secretaría de Educación; ii) negó el amparo solicitado,
en relación con el desconocimiento del precedente judicial respecto a las sentencias
3514-2019 y 3083-2022, y iii) declaró improcedente la acción en cuanto al
desconocimiento de la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-19, por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, al cargo por violación directa de la
Constitución y a la pretensión tendiente a que se declarara la compatibilidad entre
el salario y la pensión de jubilación que le fue reconocida, estos por inobservancia
de la exigencia de la relevancia constitucional.
Que la pretensión de la accionante relativa a la compatibilidad mencionada fue un
aspecto resuelto por el juez de la causa, quien precisó, de acuerdo con su
autonomía e independencia, que, debido a que la vinculación de la señora Ana
Milena Giraldo Zapata al servicio de la docencia ocurrió con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, le era aplicable la prohibición
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constitucional de devengar doble asignación estatal, por lo cual la tutela no podía
convertirse en una tercera instancia.
Que el cargo atinente a la violación directa de la Constitución consistió en un debate
de interpretación legal sobre la aplicación de un régimen pensional, pese a que al
juez constitucional no le corresponde señalar cuál de las posibles hermenéuticas a
las que se enfrenta el juez natural es la correcta, pues ello desconocería la
independencia y autonomía judicial.
Que respecto al desconocimiento de la Sentencia SUJ-014-CE-S2-19, radicado
68001-23-33-000-2015-00569-01, la parte actora contaba con el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, de conformidad con los artículos 256
y 257 de la Ley 1437 de 2011.
Que el caso analizado en la sentencia del 19 de enero de 2023, rad. 3083-2022, se
circunscribió al reconocimiento de una pensión por aportes, lo cual difería de la
situación jurídica de la accionante, máxime si se tiene en cuenta que la aplicación
normativa era distinta, y en el examinado en la sentencia del 18 de septiembre de
2020, rad. 3514-2019, también se presentaba una diferencia, dado que en esa
ocasión el actor había acumulado más de 18 años de labor entre el 19 de agosto de
1978 y el 28 de enero de 1997, por lo que se concluyó que, a pesar de que se
vinculó nuevamente al servicio oficial docente el 16 de febrero de 2009, le eran
aplicables las disposiciones previstas en el régimen anterior.
Que la accionante adquirió su estatus pensional el 15 de septiembre de 2021, esto
es, cuando estaba vigente la Ley 812 de 2003, por lo que su situación particular
debía ser resuelta con fundamento en lo previsto en la Ley 100 de 1993, como lo
sostuvo la autoridad judicial en la sentencia cuestionada, por lo que no se configuró
el desconocimiento del precedente judicial ni se vulneró el derecho a la igualdad.
IMPUGNACIÓN
La accionante impugnó la sentencia, para lo cual manifestó que el derecho a la
seguridad social se encuentra protegido tanto en el ámbito interno como
internacional, lo que denota la relevancia constitucional del asunto, pues en su caso
se ignoró que su vinculación al servicio estatal se realizó en el período entre el 9 de
febrero de 1977 y el 10 de abril de 1978, lo que desconoce el derecho a disfrutar de
una mesada pensional de mayor valor económico, acorde con la Ley 812 de 2003,
dado que se vinculó antes de la vigencia de esa norma.
Que se le vulnera el derecho a la igualdad de que gozan todos los maestros a los
que se les ha reconocido su pensión liquidada con una tasa de reemplazo del 75 %
de lo devengado en el último año de servicios, por haberse vinculado o laborado
antes del 26 de junio de 2023, como es su caso, discriminación que no resulta
justificada.
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Que no era procedente el recurso extraordinario de unificación respecto a la
sentencia SUJ-014-CE-S2-19 porque lo que allí se unificó fue el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación de los docentes del servicio público oficial
afiliados al FOMAG, lo cual no está en discusión, sino la fecha en la cual se vinculó.
Que, en esa decisión judicial, si bien se mencionaron los diferentes regímenes
pensionales del magisterio según la fecha de vinculación, ello se hizo para indicar
como se establece el ingreso base de liquidación para cada uno de ellos, por lo cual
no es cierto que se haya incumplido el requisito de subsidiariedad.
En consecuencia, solicitó revocar la sentencia recurrida y acceder a las
pretensiones.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).
1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
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i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Caso concreto
Se entiende que la accionante considera que se superaron las exigencias generales
de procedencia e insiste en la configuración de los defectos de violación directa de
la Constitución, por transgresión del Acto Legislativo 01 de 2005; sustantivo, por la
indebida aplicación de la Ley 812 de 2003; y desconocimiento del precedente
judicial respecto a la línea jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de
Estado sobre el régimen pensional de los docentes afiliados al FOMAG.
Esta Subsección advierte, en primer lugar, que la acción sí cumple el requisito de
relevancia constitucional, puesto que lo pretendido por la parte actora es lograr la
protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, debido
proceso y acceso a la administración de justicia, que, a su juicio, fueron vulnerados
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda Jurisdiccional de
Decisión, en la sentencia del 2 de diciembre de 2024.
3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.
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Adicionalmente, no se observa que la actora plantee un asunto de mera legalidad,
busque desconocer la autonomía e independencia judicial del juez natural de la
causa ni pretenda convertir esta acción en una instancia adicional al proceso
ordinario, sino que procura demostrar la incursión en varias de las causales
específicas establecidas por la Corte Constitucional que habilitan la procedencia de
la tutela cuando se discuten providencias judiciales, por lo cual se procederá al
estudio de fondo de la violación directa de la Constitución y del defecto sustantivo,
frente a las cuales se observa el cumplimiento de los demás requisitos generales
de procedencia.
La Sala aquí accionada consideró que la vinculación a la docencia oficial de la
señora Ana Milena Giraldo Zapata se interrumpió por un lapso comprendido entre
el año 1978 y diciembre de 2003, por lo cual no era beneficiaria de la pensión de
jubilación con fundamento en las leyes anteriores a la Ley 812 de 2003, en la medida
que no estaba vinculada al sector oficial en calidad de docente para el 26 de junio
de 2003, esto es, a la entrada en vigencia de esa Ley, por lo cual su derecho
pensional se regía por la Ley 100 de 1993.
Igualmente, determinó que debido a que la vinculación de la demandante fue
posterior a la Ley 812 de 2003 le era aplicable la prohibición constitucional de
devengar doble asignación estatal, por lo que la pensión de jubilación que le fue
reconocida sólo sería efectiva al retiro del servicio.
Al respecto, esta Subsección advierte que la conclusión de la autoridad judicial aquí
accionada desconoce que en el parágrafo transitorio 1 del artículo 1 del Acto
Legislativo 01 de 2005 y en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 no se estableció el
requisito por ella exigido, esto es, que la docente estuviera vinculada al servicio
educativo oficial para el 26 de junio de 2003, sino únicamente que la primera
vinculación como docente estatal fuera anterior a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, esto es, sin que fuera relevante si existió solución de
continuidad.
En efecto, en el parágrafo transitorio referido, en concordancia con el artículo 81 de
la Ley 812 de 20037, se establecieron dos regímenes, según la fecha de ingreso al
servicio educativo oficial, el establecido en la Ley 33 de 1985 para quienes se
vincularon antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y el régimen de
prima media previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 para los vinculados
con posterioridad a aquella.
7 «El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentran
vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes
con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de
prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con
excepción de la edad de pensión que será de 57 años para hombres y mujeres».
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En ese entendido, el aspecto relevante para definir el régimen prestacional aplicable
a la actora era la fecha en que se vinculó inicialmente al servicio educativo oficial
docente, lo cual ocurrió el 9 de febrero de 1977, esto es, antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo cual le eran aplicables las normas anteriores
establecidas para el magisterio. Posición que, se resalta, se encuentra soportada
en la jurisprudencia reiterada y pacífica del máximo tribunal de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo8.
En ese orden de ideas, la autoridad judicial realizó una interpretación equivocada
tanto del Acto Legislativo 01 de 2005 como de la Ley 812 de 2003, cuando determinó
que a la demandante le era aplicable el régimen de prima media, con lo cual incurrió
en violación directa de la Constitución y en defecto sustantivo.
La parte actora también discutió la conclusión contenida en la sentencia discutida
consistente en la incompatibilidad entre la pensión de jubilación y su salario.
Al respecto, se observa que el Tribunal aquí accionado analizó las normas que han
regulado la materia y estableció que la «compatibilidad entre salario y pensión de la
que son beneficiarios los docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad
a la expedición de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al régimen pensional de prima
media (…) por cuanto, de acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció
en favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales, esto en razón a
la actividad docente y no con ocasión de un régimen prestacional determinado (…)».
Lo anterior permite concluir que el estudio normativo realizado por la autoridad
judicial la llevó a concluir que la prohibición de percibir más de una asignación
proveniente del tesoro no era aplicable a los docentes, con independencia de su
régimen.
Sin embargo, al estudiar el caso concreto, aquella determinó que a la accionante sí
le era aplicable dicha prohibición porque se vinculó con posterioridad a la Ley 812
de 2003, lo cual no solo resulta incoherente respecto a la conclusión a la que llegó
inicialmente en la providencia, sino que, además, desconoce, como se vio, el hecho
de que la accionante se vinculó como docente al servicio público educativo oficial
antes de la Ley 812 de 2003 y que estaba exceptuada de la prohibición
constitucional referida, de conformidad con el literal g) del artículo 19 de la Ley 4 de
1992, lo que también da cuenta de la estructuración del defecto sustantivo.
El defecto analizado es suficiente para revocar los ordinales segundo, tercero y
cuarto de la sentencia del 27 de marzo de 2025, en los que se negó el amparo
solicitado respecto al desconocimiento del precedente judicial en relación con dos
8 Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A., sentencia
del 20 de junio de 2024. Exp. 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez;
ii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A., sentencia del 2 de junio de 2022. Exp. 25000-23-42-
000-2019-00413-01. C.P. Gabriel Valbuena Hernández; iii) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A,. sentencia del 7 de abril de 2022. Exp. 66001-23-33-000-2016-00438-01 (1410-2018). C.P. William
Hernández Gómez; y iv) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,. sentencia del 23 de mayo de
2024. Exp. 25000-23-42-000-2019-01673-01 (1950-2023). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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de las sentencias invocadas como inobservadas y se declaró improcedente la
acción en lo demás.
Se aclara que no se encuentra insatisfecho el requisito de subsidiariedad exigido
por la primera instancia, en relación con la sentencia SUJ-014-CE-S2-19, por cuanto
el mismo actor indicó que no existe una regla que solicite aplicar en su caso, por lo
que también se revoca en ese aspecto la decisión.
En su lugar, se accederá al amparo del derecho fundamental al debido proceso de
la accionante y, en consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 2 de
diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala
Segunda Jurisdiccional de Decisión, y se le ordenará que profiera una decisión de
reemplazo, conforme a lo aquí expuesto.
Por sustracción de materia no se estudiarán los demás cargos expuestos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia del 27
de marzo de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su
lugar,
Segundo. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la accionante,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Tercero. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 2 de diciembre de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda Jurisdiccional de
Decisión, y ORDENARLE que, en el término de 20 días contados a partir de la
notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo, de acuerdo
con la parte motiva de este proveído.
Cuarto. CONFIRMAR el ordinal primero de la sentencia del 27 de marzo de 2025,
mediante la cual se negó la solicitud de desvinculación realizada por la
Fiduprevisora S.A. y la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago
de Cali.
Quinto. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
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Sexto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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