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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00438-01

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00438-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Risaralda que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Samuel Antonio Pineda Pineda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En su lugar, Segundo: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción formulada por la parte demandada, ello respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 8 de julio de 2013. Tercero: Declarar la nulidad de las Resoluciones 388 del 20 de agosto de 2013 y 513 del 18 de septiembre de 2013, por medio de las cuales la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, en nombre y representación del Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, denegó la petición formulada por el libelista el 16 de febrero de 2012, con la que solicitó el otorgamiento y pago de una pensión de jubilación. Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer y pagar a favor del señor Samuel Antonio Pineda Pineda la pensión de jubilación a que tiene derecho de conformidad con los preceptos de la Ley 33 de 1985, esto es, en un monto equivalente al 75% del quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]». 23 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].» Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Radicado: 66001-23-33-000-2016-00438-01 (1410-2018) Demandante: Samuel Antonio Pineda Pineda promedio de la asignación básica percibida durante el año anterior a la adquisición de su estatus jurídico, correspondiente al período comprendido […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2016-00438-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

7 de abril de 2022

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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00438-01 (1410-2018)
Demandante: Samuel Antonio Pineda Pineda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2016-00438-01 (1410-2018)
Demandante: SAMUEL ANTONIO PINEDA PINEDA
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO1

Temas: Reconocimiento pensión de jubilación de docente
oficial. Aplicación integral de la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019. Fecha efectiva
de vinculación en caso de una relación legal y
reglamentaria como educador con solución de
continuidad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-065-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

El señor Samuel Antonio Pineda Pineda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 5 a 7, C1)

• Principales:

1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i)
Resolución 388 del 20 de agosto de 2013, por medio de la cual la
Secretaría de Educación del Municipio de Pereira en representación del
1 En adelante FNPSM.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00438-01 (1410-2018)
Demandante: Samuel Antonio Pineda Pineda

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó al libelista el
reconocimiento de una pensión de jubilación; así como la ii) Resolución 513
del 18 de septiembre de 2013 con la que la mentada autoridad resolvió el
recurso de reposición interpuesto por el señor Pineda Pineda en contra del
acto primigenio, ello en el sentido de confirmarlo.

2. Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad
demandada reconocer y pagar a favor del libelista una pensión de
jubilación calculada sobre el 75% del promedio de todos los factores
salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del estatus
jurídico respectivo, es decir, desde el 2 de diciembre de 2010 al 1.° de
diciembre de 2011, y con efectividad a partir del día siguiente a esta última
fecha, es decir, sin condicionarla a la demostración del retiro definitivo del
servicio.

3. Que se condene al FNPSM a reliquidar la prestación reconocida en la forma
prevista anteriormente, con el fin de incluir todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio, esto es, del 2 de julio de 2014 al
1.° de julio de 2015 cuando terminó su vínculo legal y reglamentario con el
Municipio de Pereira, y que dicha prestación sea efectiva desde esta última
data.

• Subsidiarias:

1. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: i)
Resolución 388 del 20 de agosto de 2013, por medio de la cual la
Secretaría de Educación del Municipio de Pereira en representación del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó al libelista
el reconocimiento de una pensión de jubilación; así como la ii) Resolución
513 del 18 de septiembre de 2013 con la que la mentada autoridad resolvió
el recurso de reposición interpuesto por el señor Pineda Pineda en contra
del acto primigenio, ello en el sentido de confirmarlo.

2. Que como consecuencia de dicha declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada
reconocer y pagar a favor del libelista una pensión de jubilación calculada
sobre el 75% del promedio de todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicio comprendido entre el 2 de julio de 2014
y el 1.° de julio de 2015, y con efectividad a partir del día siguiente a esta
última fecha.

• Comunes:

1. Que se condene al FNPSM al pago de los intereses moratorios de que
trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 16 de agosto de 2012,
y a realizar la respectiva actualización conforme al IPC de las sumas
adeudadas de acuerdo con el artículo 187 del CPACA. Adicionalmente,
que se dé el cumplimiento de la sentencia con base en los artículos 187 y
192 ibídem, junto con la condena en costas prevista en el canon 188 de la
norma procesal en cita.

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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00438-01 (1410-2018)
Demandante: Samuel Antonio Pineda Pineda

Supuestos fácticos relevantes de la demanda (Folios 7 a 9, C1)

1. El señor Samuel Antonio Pineda Pineda nació el 14 de octubre de 1950.
Inicialmente, aquel prestó su servicio como docente oficial adscrito a la
Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, autoridad que lo nombró
en el mentado empleo de conformidad con el Decreto 2532 del 14 de junio
de 1974 y para el cual se posesionó el 19 de junio del mismo año. Dicha
vinculación tuvo lugar desde la precitada fecha hasta el 6 de septiembre de
1991. En total, ejerció labores continuas por un tiempo equivalente a 17
años, 2 meses y 18 días.

2. El demandante se vinculó nuevamente a la docencia oficial al servicio del
Municipio de Pereira desde el 19 de febrero de 2009, por lo que al 1.° de
diciembre de 2011 había acumulado 20 años de servicio público.

3. El libelista solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación con base
en la Ley 33 de 1985, el 16 de febrero de 2012 ante la Secretaría de
Educación del Municipio de Pereira en representación del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.

4. La Fiduprevisora S.A. le indicó a la Secretaría de Educación del Municipio
de Pereira a través de la Hoja de Revisión 1145323 del 8 de julio de 2013,
que debería negar la prestación solicitada por el demandante, al indicar
que como este había vuelto a ingresar al FNPSM el 23 de febrero de 2009,
la normativa aplicable sería la Ley 100 de 1993.

5. Con base en lo anterior, la entidad territorial en nombre y representación
de la entidad demandada, expidió la Resolución 388 del 20 de agosto de
2013, por medio de la cual denegó la aludida petición de reconocimiento
pensional.

6. El señor Pineda Pineda interpuso recurso de reposición en contra del
prementado acto administrativo el 3 de septiembre de 2013. Ante dicha
impugnación, el Municipio de Pereira profirió la Resolución 513 del 18 de
septiembre del mismo año con la cual confirmó la decisión inicial. Por esta
razón, el libelista presentó solicitud de revocatoria directa en contra del acto
primigenio, sin embargo aquella resolvió negativamente tal petición por
medio del Oficio 24270 del 12 de agosto de 2014.

7. El demandante devengó como factores salariales desde 2010 a 2011 los
siguientes conceptos: asignación básica mensual, prima de navidad, prima
de vacaciones y subsidio de alimentación.

8. El libelista se desempeñó como rector encargado en el Colegio Mundo
Nuevo de Pereira (institución oficial), desde el 19 de mayo de 2013 hasta
el 1.° de julio de 2015 cuando se hizo efectivo su retiro del servicio en virtud
del Decreto 345 del 12 de mayo del mismo año que aceptó su renuncia.
Durante este último año percibió como factores de salario: la asignación
básica, la asignación adicional rector 30%, la prima de navidad, la prima de
vacaciones y la prima de servicios.

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Demandante: Samuel Antonio Pineda Pineda

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes
se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 31 de agosto de 2017.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«[…] 2.1. En cuanto a las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva y vinculación de litisconsorte necesario, se hacen consistir en que las
entidades territoriales certificadas son las que ejercen actualmente la potestad
nominadora y administran las instituciones educativas, el personal docente y
administrativo de los planteles educativos y son quienes expiden el acto administrativo
de reconocimiento de las prestaciones económicas. […] En relación con las referidas
oposiciones, estima este Despacho que las actuaciones administrativas adelantadas
por las Secretarías de Educación corresponden a facultades de delegación que les
han sido otorgadas y que se ejercen en nombre de la entidad aquí demandada, en
atención a la facultad conferida por el artículo 3° numeral 4° del Decreto 2831 de
2005, según el cual corresponde a las secretarías de educación de las entidades
territoriales, proyectar y posteriormente con la aprobación de la Fiduciaria encargada
de la administración de los recursos del Fondo, suscribir los actos administrativos de
reconocimiento de las prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, de tal manera que es en nombre de ese Fondo
que se hace la suscripción de dichos actos administrativos, circunstancia que se
traduce en que es precisamente esa cuenta especial de la Nación la llamada a
responder por los actos administrativos que expiden en ejercicio de esa función
administrativa. Por tales razones, se declaran no probadas las excepciones de falta
de legitimación en la causa por pasiva y vinculación de litisconsorte necesario.

2.2. Frente a la excepción de prescripción que la entidad demandada alega respecto
de cualquier derecho laboral reclamado, que supere el lapso de 3 años desde cuando
se hizo exigible la obligación hasta la radicación de la demanda, debe indicarse que
si bien este Tribunal en reiteradas oportunidades ha considerado que atendiendo el
mandato imperativo señalado en el numeral 6° del artículo 180 de la Ley 1437 de
2011, la oportunidad para resolver la excepción de prescripción extintiva, es la
audiencia inicial en el punto anterior a la fijación del litigio, lo cierto es que en torno a
dicha oportunidad el Consejo de Estado ha establecido recientemente la
improcedencia de resolver en la audiencia inicial excepciones que tiene por finalidad
atacar el derecho sustancial y que pueden entrañar derechos de carácter

3 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

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Demandante: Samuel Antonio Pineda Pineda

imprescriptible, ante lo cual, y aun cuando en reciente providencia proferida en sede
de tutela el Consejo de Estado consideró que el criterio que venía sosteniendo el
Tribunal no desconoce el precedente jurisprudencial en cuanto a la postura de la alta
corporación no corresponde a una providencia de unificación, este Despacho, en
aplicación de los principios de celeridad, economía procesal, eficacia en la
administración de justicia en los que se funda el ordenamiento jurídico vigente, así
como del derecho a la igualdad del usuario de justicia, difiere para el fallo el
pronunciamiento sobre la excepción de prescripción, conforme lo dispone el artículo
187 de la Ley 1437 de 2011. […]». (Negrilla del texto original. Folios 91 a 93 y CD
obrante a folio 96, C1).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] De acuerdo con el estudio del presente asunto, considera la suscrita Magistrada
que el objeto de la decisión se circunscribe a determinar, conforme a los fundamentos
expuestos en la demanda y en la contestación de la misma, la juridicidad de los actos
administrativos contenidos en las Resoluciones No. 388 del 20 de agosto de 2013,
mediante la cual fue negada la pensión de jubilación solicitada por el demandante, y
No. 513 del 18 de septiembre de 2013, confirmatoria de la anterior por vía de
reposición; con miras al reconocimiento y pago de dicha prestación, en cuantía del
75% de todo lo devengado en el año inmediatamente anterior al retiro del servicio
docente, a lo cual se opone la entidad demandada aduciendo que la parte actora “no
ha probado la existencia de un vínculo contractual que justifique el pago de los
derechos prestacionales pretendidos”. […]» (Cursiva conforme a la transcripción.
Folio 93 y CD que reposa a folio 96, C1).

SENTENCIA APELADA
(Folios 336 a 346, C2)

El a quo profirió sentencia escrita el 7 de diciembre de 2017, por medio de la
cual denegó las pretensiones del demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:

En primer lugar, el Tribunal expuso que la Ley 812 de 2003 previó que el
régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales
que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el
contemplado para el magisterio en la normativa vigente con anterioridad al 27
de junio de 2003 cuando cobró vigor la ley precitada, esto es, de conformidad
con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, mientras que aquellos educadores
que fueran nombrados a partir de la aludida fecha, tendrán los derechos del
régimen pensional de prima media consagrado en las Leyes 100 de 1993 y
797 de 2003.

En lo que respecta al caso del demandante, sostuvo que efectivamente le son
aplicables las normas del régimen general y no las invocadas en su demanda
relativas a la regulación de la Ley 33 de 1985, dado que si bien aquel había
sido vinculado desde el 19 de junio de 1974 al servicio como docente estatal,
es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo
cierto es que su retiro y posterior nombramiento como maestro oficial el día 19
de febrero de 2009 produjo efectos de solución de continuidad en dicha
relación legal y reglamentaria, lo cual impone la observancia directa de la

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normativa del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pues en ese
evento se tiene en cuenta esta última data para determinar la regulación de su
caso con base en la entrada en vigor de la ley precitada, ello con la salvedad
de que el requisito etario para acceder a la pensión, está previsto de manera
común para hombres y mujeres en 57 años de edad.

De conformidad con las pruebas practicadas en la actuación, determinó que el
libelista cumplió la edad exigida el 14 de octubre de 2007, sin embargo, frente
al tiempo de cotización encontró que al momento de la solicitud de
reconocimiento pensional, el docente debía acreditar 1.250 semanas
laboradas equivalentes a 8.750 días, no obstante, aquel acumuló 8.486 días,
por lo que no cumplía con el período normativo para consolidar la prestación
reclamada, al punto de convalidar la legalidad de los actos administrativos
demandados.

Frente a la pretensión subsidiaria relacionada con la aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 para obtener el reconocimiento de la pensión
conforme a la Ley 33 de 1985, aseguró que tal supuesto no le es aplicable al
señor Pineda Pineda, en la medida en que la primera norma en comento
buscaba la unificación de todos los marcos regulatorios pensionales en orden
de fijar reglas comunes para los trabajadores, empero, el artículo 279 ejusdem
consagró a los docentes oficiales como exceptuados de sus mandatos, de
manera que no resultan ser destinatarios del artículo 36 referente a la
transición deprecada.

Finalmente, decidió acoger la postura jurisprudencial del Consejo de Estado
en sentencia del 7 de abril de 2016 sobre la condena en costas bajo un criterio
objetivo valorativo, por lo que impuso tal carga al demandante por dicho
concepto.

Acorde con los anteriores razonamientos, el tribunal de primera instancia
profirió sentencia que se resume así: i) denegó las pretensiones de la
demanda; ii) condenó en costas al libelista.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 348 a 356, C2)

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de acceder a
sus pedimentos. Argumentó que en el caso de los docentes oficiales, en
materia de pensión de jubilación no se consagró un régimen especial en las
Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, por lo que el reconocimiento de
tal prestación debe someterse a la normativa legal anterior que no es otra que
la Ley 33 de 1985.

Puntualmente en lo relativo al régimen aplicable al caso del libelista, aseveró
que si bien debe tenerse en cuenta la fecha de vinculación del docente y su
verificación frente a la data de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo
cierto es que dicha norma no contempla la hipótesis de los casos en los cuales
el maestro oficial hubiese estado vinculado como tal antes del 27 de junio de
2003 y se retirara del servicio, pero que posteriormente fuera reintegrado luego
de aquella oportunidad.

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Sobre el particular, manifestó que tal vacío debe interpretarse a la luz de los
principios constitucionales del indubio pro operario, la favorabilidad,
progresividad y no regresividad de los derechos sociales y prestacionales.

Expuso que, bajo aquel entendido, el tribunal de primera instancia aplicó
erróneamente la interpretación menos favorable a los intereses del
demandante, ello en contradicción de los referidos principios, pues desconoció
el régimen de transición docente, aun cuando este cumplió las condiciones
para ser beneficiario de tal precepto, en tanto a la fecha en que entró en vigor
la Ley 812 de 2003, aquel había estado vinculado como docente nacionalizado
desde el 14 de junio de 1974.

Por último, indicó que al margen de lo anterior, debía accederse a la pretensión
subsidiaria tendiente a la aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, toda vez que el señor Pineda Pineda tenía más de 40 años de edad y
más de 15 años de servicio al 1.° de abril de 1994, de suerte que su pensión
podía reconocerse con base en la Ley 33 de 1985, más aun cuando cumplió
los requisitos de acumular más de 20 años de servicio y 55 años de edad al
1.° de julio de 2015, fecha en la que renunció al desempeño de su cargo como
docente oficial.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandante (Folios 372 a 376, C2): solicitó nuevamente que se
revoque la decisión impugnada. Al respecto, reiteró en su totalidad los
argumentos de impugnación planteados en el recurso de alzada.

Parte demandada (Folios 387 a 391, C2): instó que se confirme la sentencia
de primera instancia por medio de la cual se absolvió al FNPSM respecto de
las pretensiones de la parte activa. Sobre el punto, aseguró que se presenta
una falta de competencia por parte de esta autoridad para responder por la
condena impuesta, habida cuenta de que no interviene en el trámite de
reconocimiento y pago de la prestación, no analiza ni revisa la viabilidad de su
pago ni es quien expide el acto administrativo que concede tal derecho, puesto
que tampoco administra ni es empleador del personal de docentes afiliados al
fondo.

Por último, reiteró que los docentes nunca fueron beneficiarios del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como se expuso
en la sentencia del Consejo de Estado proferida el 28 de agosto de 2018, de
manera que en los actos administrativos demandados no se observa
vulneración alguna de las normas invocadas en el libelo.

Ministerio Público (Folios 392 al 400, C2): emitió concepto frente al caso
particular en el sentido de solicitar que se revoque la providencia recurrida, a
fin de que se reconozca una pensión de jubilación a favor del demandante en
cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados por
este durante el último año de servicio comprendido entre el 2 de julio de 2014
y el 1.° de julio de 2015.

Manifestó que se encuentra acreditado que el demandante cumplió 55 años
de edad el 14 de octubre de 2005 y que prestó sus servicios desde el 14 de
junio de 1974 hasta el 18 de septiembre de 1991 y a partir del 19 de febrero
de 2009 al 26 de abril de 2011, razón por la cual su situación se rige por el
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Demandante: Samuel Antonio Pineda Pineda

artículo 15, numeral 1.° de la Ley 91 de 1989, en cuanto señala que los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de
prestaciones económicas y sociales mantendrán el régimen del que gozaban
en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes en su
oportunidad, por lo que al señor Pineda Pineda le era aplicable la Ley 33 de
1985.

Respecto a la no prestación continua de la labor como educador estatal,
precisó que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado señalaron
que el régimen pensional de los docentes se determina de acuerdo con la
fecha de ingreso al servicio, bien sea antes o después del 27 de junio de 2003
cuando entró en vigencia la Ley 812 del mismo año. Para el caso del libelista,
aseguró que como este fue nombrado en un primer momento con anterioridad
a la referida fecha, la pensión de jubilación debía reconocerse de acuerdo con
la Ley 33 de 1985 y en atención a la sentencia sobre el IBL proferida por el
Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada. En el presente caso solo la presentó la parte demandante.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
la siguiente pregunta:

¿Al señor Samuel Antonio Pineda Pineda en su calidad de docente oficial, le
asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación
conforme a la Ley 33 de 1985, ello en cuantía del 75% del promedio de todos
los factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del
estatus respectivo, y con efectividad a partir de tal fecha sin condicionarla al
retiro definitivo del servicio?

En caso negativo y de manera subsidiaria,

¿El demandante es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de
1993 a fin de que le sea concedida una pensión de vejez bajo el pretendido
marco normativo de la Ley 33 de 1985, pero calculada con el promedio de
todo lo percibido a lo largo de su último año de labor?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: debido a la condición especial
de docente oficial que detenta el demandante, resulta aplicable a su caso de
reconocimiento pensional la sentencia de unificación dictada por la Sección
Segunda de esta Corporación el 25 de abril de 2019. Con base en dicha
providencia, al margen de que el libelista no podía considerarse beneficiario
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, en efecto su situación jurídica
debió definirse con base en la Ley 33 de 1985, sin embargo, solo con inclusión

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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00438-01 (1410-2018)
Demandante: Samuel Antonio Pineda Pineda

de los factores salariales sobre los cuales este efectuó aportes, tal como se
explica a continuación:

 La calidad de docente oficial del demandante

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que con base en el litigio como fue
fijado y el sustento argumentativo de la demanda, se infiere que el señor
Pineda Pineda instó el reconocimiento de la pensión de jubilación con
fundamento en la Ley 33 de 1985, al asegurar que es beneficiario de dicha
normativa por haber sido nombrado como docente oficial con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y de manera subsidiaria, por estar
cobijado bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Sobre el punto, se recalca que la acreditación de un solicitante pensional como
docente oficial, necesariamente conlleva el análisis de su derecho
prestacional bajo la égida de la normativa especial y la jurisprudencia
específica para el magisterio, tal como sería la Ley 91 de 1989 y la Ley 812
de 2003, así como la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019, proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 20194.

No obstante, para ello es indispensable verificar que en efecto el demandante
en el presente caso, funge o se ha desempeñado como educador al servicio
del Estado. Del material probatorio practicado en el sub examine se destaca
el siguiente a efectos de determinar lo anunciado:

i) Formato único para la expedición de certificado de historia laboral del
señor Samuel Antonio Pineda Pineda emanado de la Secretaría de
Educación del Departamento de Risaralda (folio 117, C1), en el cual se
precisa que aquel se desempeñó como docente nacionalizado en
propiedad al servicio del Municipio de Pereira, nombrado en virtud del
Decreto 2532 del 14 de junio de 1974 y posesionado desde el 19 de
junio del mismo año. Igualmente se advierte que en razón de dicha
vinculación, el referido educador laboró hasta el 6 de septiembre de
1991.

ii) A partir de este mismo documento, se aprecia que el libelista efectuó
aportes a pensión a la extinta Cajanal desde el 19 de junio de 1974
hasta el 31 de enero de 1977, al Fondo Territorial de Pensiones
Departamental (CASERIS) del 1.° de febrero de 1977 al 31 de
diciembre de 1989, y finalmente al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio del 1.° de enero de 1990 al 6 de septiembre de
1991.

iii) Formato único para la expedición de certificado de historia laboral del
demandante expedido por la Fiduprevisora S.A. (Folio 108 vuelto, C1),
en el que se precisó que el señor Samuel Antonio Pineda Pineda fue
nombrado como docente oficial del Municipio de Pereira mediante
Decreto 111 del 19 de febrero de 2009 (Folios 24 a 25, ídem), plaza
para la cual tomó posesión desde el 23 de febrero del mismo año (Folio
26, ídem) hasta el 1.° de julio de 2015 cuando se hizo efectiva su

4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de unificación

SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-2017).

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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00438-01 (1410-2018)
Demandante: Samuel Antonio Pineda Pineda

renuncia aceptada conforme al Decreto 345 del 12 de mayo de dicha
anualidad (Folio 22, ídem).

A partir de lo expuesto, se observa en el sub lite que el demandante ejerció
labores como docente oficial nacionalizado, bajo sendas relaciones legales y
reglamentarias sostenidas con el Municipio de Pereira. Para ello, fue
nombrado y posesionado como tal desde el 19 de junio de 1974 hasta el 6 de
septiembre de 1991, y nuevamente a partir del 23 de febrero de 2009 hasta el
1.° de julio de 2015.

Con base en este contexto, se encuentra que el lapso durante el cual el
libelista ejerció el cargo de educador estatal, sí resulta pertinente e incluso
necesario en orden de validar el derecho económico reclamado conforme a la
regulación e interpretación prevista para los maestros vinculados al
magisterio, más aún cuando se evidencia que ha acumulado un tiempo de
labor oficial correspondiente al prestado en el sector educativo.

En atención a este entendido, se estima que, para la solución jurídica del
presente problema, deben aplicarse los postulados a título de reglas previstos
en la citada sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de
2019, emanada de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual pese
a relacionarse concretamente con el ingreso base de liquidación en el régimen
pensional de los docentes oficiales vinculados al FNPSM, resulta útil en
cuanto a las previsiones normativas sobre requisitos y condiciones jurídicas
para acceder y consolidar el derecho prestacional propiamente dicho.

 Sobre la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019

Al respecto se recuerda que la providencia en comento fue dictada por la
Sección Segunda de esta Corporación, con el fin de sentar jurisprudencia
respecto del ingreso base de liquidación para determinar la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al FNPSM,
específicamente en cuanto a la aplicación de la subregla fijada en la sentencia
igualmente de unificación del 28 de agosto de 2018 acerca de los factores
salariales a incluir y en lo atinente a los regímenes existentes para tales
educadores en virtud de las Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003.

Empero, al verificar las reglas jurisprudenciales planteadas en aquella
providencia, es dable considerar que esta también desarrolló postulados
claros y de obligatoria observancia sobre los regímenes pensionales
aplicables a los docentes en atención a la fecha de vinculación al magisterio
oficial, debido a la expedición de la aludida Ley 812 de 2003.

Pues bien, la determinación de tal punto es esencial en el sub iudice, habida
cuenta de que al hallar el marco normativo que rige la situación particular del
demandante, es posible verificar el cumplimiento de requisitos y condiciones
para estimar la procedencia o no del derecho pensional reclamado y sus
elementos constitutivos.

Acerca de los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según su ordinal segundo

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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00438-01 (1410-2018)
Demandante: Samuel Antonio Pineda Pineda

de la parte resolutiva5, ello a fin de que se extendieran a todas las situaciones
pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de consolidación
del fenómeno de cosa juzgada, por lo que claramente es pertinente y
necesario su estudio y sometimiento para resolver el asunto sub lite.

Ahora, en efecto, la sentencia unificadora aludida desarrolló la determinación
de los regímenes para los casos de docentes oficiales cuyo tiempo de servicio
hubiese sido prestado únicamente en el sector público y que estuviesen
afiliados al FNPSM. No obstante, dicho pronunciamiento se abstuvo de
formular lo propio cuando, por ejemplo, al igual que sucede en el sub lite, el
docente tiene tiempos cotizados del sector público tanto al mentado fondo
como a otra administradora de pensiones, que en este asunto eran la extinta
Cajanal (hoy UGPP) y el Fondo Territorial de Pensiones Departamental
(CASERIS), tal como se advirtió en el formato único para la expedición de
certificado de historia laboral del señor Samuel Antonio Pineda Pineda
emanado de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda (folio
117, C1).

Empero, al margen de lo anterior, la Sala advierte que la falta de
pronunciamiento expreso en la sentencia de unificación bajo estudio frente a
los asuntos de los docentes oficiales afiliados en algún momento a otra
entidad de previsión diferente al FNPSM, no implica que aquella no pueda
aplicarse o que deba resolverse el caso sin su observancia. Dicha situación
fáctica-jurídica ya fue analizada y precisada por esta Subsección en sentencia
del 12 de noviembre de 20206, de manera que se destaca el hecho de que
aún se encuentra vigente dicha línea jurisprudencial.

Esta situación lo que conlleva es el planteamiento de un ejercicio
hermenéutico sistemático y teleológico que concite tanto el marco normativo
que rige lo propio, como los lineamientos jurisprudenciales existentes sobre la
materia, a fin de articular de manera coherente posturas que permitan resolver
el problema jurídico planteado.

La conclusión referida tiene sustento en la medida en que el fallo del 25 de
abril de 2019, si bien se profirió en ejercicio de la función unificadora del
órgano de cierre de esta jurisdicción, ello ocurrió con base en un caso
particular y específico, cuyos supuestos fácticos y jurídicos eran los de una
docente afiliada exclusivamente al FNPSM. Dichas circunstancias
demuestran que las formulaciones de aquel proveído a título de reglas,
tuvieron un sustento de hecho específico, por lo que esta, con motivo
justificado, no pudo abarcar en su momento todas las posibilidades y variantes
que podían presentarse para el mismo eje temático objeto de unificación que
era lo referente a la liquidación de las pensiones de los docentes oficiales.

En tal sentido, los vacíos interpretativos que se llegaran a presentar frente a
los postulados aplicables para la regla general de un caso como el de los

5 El cual reza lo siguiente: « Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en

esta providencia en relación con los temas objeto de unificación, constituyen precedente obligatorio en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como
judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son retrospectivos, en atención a lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

De igual manera, debe precisarse que los casos respecto de los cuales ya ha operado la cosa juzgada, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.». (Negrilla del texto original).
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia

del 12 de noviembre de 2020. Radicado: 15001-23-33-000-2015-00620-01 (0496-2017).

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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00438-01 (1410-2018)
Demandante: Samuel Antonio Pineda Pineda

educadores del Estado, corresponden a excepciones que por su propia
esencia deben ser estudiados en concreto pero definitivamente de forma
cohesionada con el lineamiento jurisprudencial descrito. El omitir este juicio
integrador, resultaría en una acción nugatoria del fin ulterior de las posturas
como la desarrollada en la sentencia en comento.

Aquello por cuanto es sabido que a partir de una temática general o macro,
se desprenden en ocasiones subtemas especiales y particulares, los cuales
tienen ciertas diferencias que ameritan un análisis adicional pero no apartado
de la intelección base del caso. Lo anterior habida cuenta de que cada asunto
con singularidades como el presente, tiene un origen común y transversal, el
cual, en efecto para el sub iudice, es la determinación de los requisitos,
condiciones y formas de calcular las pensiones de los docentes oficiales que
en sí mismos ya hacen parte de un régimen exceptuado.

Por lo planteado, la Subsección debe aclarar que, si bien tal como se anuncia
de manera general en la providencia aludida, aquella rige la situación de
docentes pertenecientes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, lo propio no quiere decir que sus efectos y lineamientos no puedan
ser tenidos en cuenta para los eventos de docentes oficiales con afiliaciones
anteriores a otras entidades de previsión como la otrora Cajanal y el Fondo
Territorial de Pensiones Departamental, esto por las razones expuestas con
antelación.

Aclarado lo anterior, se destaca que en lo relativo a las precisiones efectuadas
en el proveído unificador en comento respecto del régimen pensional aplicable
a los docentes oficiales, se señaló lo siguiente:

«35. Antes de abordar el estudio de los factores que integran el ingreso base
de liquidación de las pensiones de jubilación y de vejez de los servidores
públicos vinculados al servicio docente, la Sala considera necesario precisar
los siguientes aspectos:

 Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, están exceptuados del Sistema
Integral de Seguridad Social, por expresa disposición del artículo 279 de la
Ley 100 de 1993.
 Al estar exceptuados del Sistema, no son beneficiarios del régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como tampoco
les aplica el artículo 21 de la citada ley, en materia de ingreso base de
liquidación del monto de la mesada pensional.
 El régimen pensional para estos docentes está previsto en la Ley 91 de
1989, normativa que no establece condiciones ni requisitos especiales para
adquirir la pensión de jubilación, ya que como lo dispuso en el literal B del
numeral 2 del artículo 15, gozan del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional, es decir, el previsto en la Ley 33 de 1985.
 De acuerdo con la tesis reiterada de la Sección Segunda del Consejo de
Estado sobre el régimen de pensiones para los docentes nacionales y
nacionalizados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio exceptuados del Sistema General de Pensiones, esta clase de
servidores públicos no gozan de un régimen especial de jubilación, pues ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 así lo establecieron, y tampoco lo hizo la
Ley 115 de 1994 que ratificó el régimen de jubilación previsto en la Ley 33 de
1985, como norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo
de la Ley 6 de 1945 o el Decreto 3135 1968, antecesoras de la Ley 33 de 1985,

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Radicado: 66001-23-33-000-2016-00438-01 (1410-2018)
Demandante: Samuel Antonio Pineda Pineda

lo fueron bajo disposiciones “generales” de pensiones del sector administrativo,
que no tuvieron el carácter de “especiales”.
Solo los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres.» (Negrilla conforme a la transcripción).

Ahora, en concreto, se resalta que a lo largo de la sentencia en comento, el
Consejo de Estado acotó que de acuerdo con el parágrafo transitorio 1.° del
Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación para los educadores estatales
tanto nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está
condicionada a la fecha de ingreso al servicio público educativo, así:

i) Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
quienes, en virtud de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto
en la Ley 33 de 1985 y los factores que se deben tener en cuenta en el ingreso
base de liquidación, son únicamente aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1.° de la Ley 62 de 1985.

Al respecto, la mencionada providencia fijó la siguiente regla:

«[…] En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo. […]» (Negrilla del texto original).

Así, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1.º de enero de 1981 tanto nacionales como nacionalizados, y de los
nombrados a partir del 1.º de enero de 1990 pero en todo caso antes del 27
de junio de 2003 cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, de acuerdo con las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:

 Edad: 55 años para hombres y mujeres
 Tiempo de servicios: 20 años
 Tasa de remplazo: 75%.
 Ingreso Base de Liquidación: Que comprende i) el período del último año
anterior a la adquisición del estatus y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, aplica el régimen pensional de prima media regulado en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, esto con los requisitos previstos en dicha
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reglamentación, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres
y mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto 1158
de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

Sobre este grupo de docentes la sentencia de unificación fijó la siguiente regla:

«[…] Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones. […]» (Negrilla conforme a la
transcripción).

En ese orden, los parámetros que se deben atender para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados
con posterioridad a la Ley 812 de 2003, son los siguientes:

 Edad: 57 años para hombres y mujeres
 Semanas de cotización: Artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por
artículo 9 de la Ley 797 de 2003
 Tasa de remplazo: 65%-85%7
 Ingreso Base de Liquidación: Comprende i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores
al reconocimiento de la pensión y ii) los factores salariales contemplados en
el Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual, gastos de
representación, prima técnica, cuando sea factor de salario, primas de
antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario,
remuneración por trabajo dominical o festivo, bonificación por servicios
prestados, remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna.

 Determinación del régimen aplicable al sub iudice en atención a
las reglas de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019

De conformidad con lo esbozado hasta este punto, se colige que la aplicación
de uno u otro régimen para el caso de los docentes, está condicionada a la
fecha de vinculación al servicio educativo oficial que el educador acredite. Para
el asunto de marras, tal como se expuso en el primer acápite referente a la
condición de maestro estatal del demandante, se advierte que este en realidad
demostró la existencia de dos fechas específicas de nombramiento y posesión
bajo dicha calidad, toda vez que se presentó una interrupción en el período
total de labor acumulada para la Secretaría de Educación del Municipio de
Pereira.

Al respecto se reitera que, en un primer momento, el señor Pineda Pineda se
vinculó con el Estado como maestro oficial desde el 19 de junio de 1974,
relación legal y reglamentaria que duró hasta el 6 de septiembre de 1991.
Posteriormente, aquel fue nombrado una vez más en el referido cargo del 23

7 Los porcentajes varían de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.

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de febrero de 2009 al 1.° de julio de 2015, cuando fue retirado del servicio por
aceptación de su renuncia conforme al Decreto 345 del 12 de mayo de 2015.

Ahora, si bien el lapso comprendido entre el 7 de septiembre de 1991 y el 22
de febrero de 2009, corresponde a un período de solución de continuidad
durante el cual el libelista no reporta ninguna suspensión o reintegro en virtud
de la primera relación legal y reglamentaria que sostuvo como docente del
Estado, lo cierto es que para todos los efectos prácticos y de análisis de
aplicabilidad de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, debe
tenerse en cuenta la primera data de vinculación como maestro oficial, al
margen de que hubiese cumplido o no los requisitos para consolidar el estatus
pensional antes o después del 27 de junio de 2003 cuando entró en vigencia
la Ley 812 del mismo año.

Bajo este contexto se observa que, al tener el 19 de junio de 1974 como data
relevante e inicial de nombramiento del demandante en calidad de educador
estatal (la cual claramente es anterior a la fecha en que cobró vigor la norma
en comento), según el contexto jurídico antedicho, para definir la situación
jurídica pensional del libelista, en efecto se debe acudir a la regla
jurisprudencial i) esbozada anteriormente, relativa a la aplicación de la Ley 33
de 1985 que exige como requisitos para la adquisición del estatus jurídico de
jubilado, 55 años de edad y 20 años de servicio público oficial.

Lo anterior se concluye a pesar de que esta primera relación legal y
reglamentaria con el magisterio del municipio de Pereira hubiese tenido lugar
hasta el 6 de septiembre de 1991, pues aun en el entendido de que el señor
Pineda Pineda no acreditaba en ese momento las condiciones normativas
necesarias para acceder al derecho debatido conforme a la Ley 33 de 1985,
el hecho de una interrupción en aquel vínculo oficial no implicaba que con
posterioridad no pudiese colmar tales exigencias en virtud de un nuevo
nombramiento en el sector público, o que el tiempo aportado en ese interregno
fuera a ser inobservado para futuros efectos pensionales.

De hecho, si contrario a lo anterior se adoptara como fecha de vinculación del
libelista al servicio educativo oficial el 23 de febrero de 2009 en razón de la
segunda relación legal y reglamentaria de este como maestro estatal, se
encuentra que por ser una data posterior al 27 de junio de 2003 cuando entró
en vigencia la Ley 812 del mismo año, la regulación que aplicaría para su
situación jurídica prestacional correspondería a las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, esto con los requisitos previstos en dicha reglamentación referente a
las 1.300 semanas de cotización y una edad de 57 años (aplicable
exclusivamente al magisterio).

Como se desprende de lo discurrido, aceptar esta segunda tesis conllevaría la
imposición al demandante de una carga superior en materia de requisitos para
adquirir un estatus pensional, solo con motivo de la solución de continuidad en
el vínculo como educador del Estado que había surgido desde el 19 de junio
de 1974. Asentir en este planteamiento sería restarle validez y efectividad a
ese período anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, sin
ninguna justificación suficiente para lo propio y en desconocimiento del
principio de favorabilidad que se predica en materia laboral para situaciones
como la que es objeto de estudio. Dicha tesis ya se ha adoptado en otros

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Demandante: Samuel Antonio Pineda Pineda

pronunciamientos de esta misma Subsección8 como en las sentencias del 29
de abril de 2021 y del 10 de marzo de 2022.

En razón de aquel postulado superior, ante escenarios de tensión en punto a
la aplicación de uno u otro marco normativo para definir una situación jurídica
como la presente, debe preferirse aquel que beneficie o contenga mayores y
mejores garantías en favor del trabajador, a fin de materializar las
prerrogativas constitucionales fundamentales que le son propias como el
derecho al trabajo y a la seguridad social.

De este modo, se debe arribar necesariamente a la conclusión que en el sub
iudice, por aplicación directa del principio de favorabilidad, no puede
desconocerse el tiempo de servicio del libelista como docente del municipio de
Pereira antes del 27 de junio de 2003, esto es, el comprendido entre el 19 de
junio de 1974 y el 6 de septiembre de 1991, toda vez que para efectos
pensionales de los maestros estatales, la acumulación del tiempo de servicio
cotizado se verifica sin distinción a la continuidad o no de este, sino con
fundamento en la fecha del primer nombramiento o vinculación del educador.
Por tal motivo, en lo que respecta al señor Samuel Antonio Pineda Pineda, su
derecho prestacional en litigio debe verificarse con base en los preceptos de
la Ley 33 de 1985.

De otra parte y sin perjuicio de lo desarrollado con esta línea argumentativa,
es imperioso aclarar que tal como se contempló en la sentencia de unificación
del 25 de abril de 2019, los docentes a quienes les aplica este régimen anterior
al 27 de junio de 2003, se encuentran exceptuados del Sistema Integral de
Seguridad Social por mandato del artículo 279 de la Ley 100 de 1993. Por esa
misma razón, aquellos no son beneficiarios del régimen de transición
estipulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y tampoco están sometidos
a las condiciones que en materia de ingreso base de liquidación pensional
desarrolló el artículo 21 ibídem.

En este sentido, al no resultar regentes para el caso de los aludidos
educadores oficiales las previsiones que sobre el ingreso base de liquidación
formuló la Ley 100 de 1993, evidentemente el período para la determinación
de tal concepto no podría ser el correspondiente al del artículo 21 de la norma
ejusdem, sino el formulado en el artículo 1.° de la propia Ley 33 de 1985, que
indicó lo siguiente:

«ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%)
del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año
de servicio.» (Líneas fuera de texto).

De este modo, con base en dicha intelección y tal como se resaltó en la norma
precitada, el período que debería tenerse en cuenta inicialmente para calcular
el IBL de la pensión de jubilación del demandante, es en principio el del último
año de servicios. Sin embargo, al verificar que el presente caso se trata de
una pensión de un docente oficial, claramente se presenta una divergencia

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencias del 29 de abril de 2021 (66001-23-33-000-2017-00514-01 (0939-2019) y del 10 de marzo de
2022 (25000-23-42-000-2019-00029-01 (3058-2021).

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Demandante: Samuel Antonio Pineda Pineda

que atañe a que el período aludido, corresponde en definitiva al del año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus jurídico pensional y no el
de la última anualidad de labores.

A este punto se arriba en la medida en que precisamente, la condición
especial de los educadores estatales, implica que estos pueden percibir dos
asignaciones del tesoro público como son específicamente el salario y la
pensión ordinaria de jubilación, tal como lo contemplaba el artículo 19, literal
g) de la Ley 4.ª de 1992, así como el artículo 5.° del Decreto 224 de 1992, el
artículo 70 del Decreto 2277 de 1979 y el artículo 19 de la Ley 334 de 1996.
Aquel planteamiento supone entonces que en este caso no puede
condicionarse el disfrute de la prestación al retiro definitivo del servicio, pues
a pesar de tratarse de una pensión prevista en la Ley 33 de 1985, la calidad
de docente oficial es preponderante y genera la aplicación de previsiones
especiales como la anunciada.

Por último, en cuanto a los factores salariales a incluir en el cálculo del ingreso
base de liquidación de la pensión de jubilación a que tienen derecho los
maestros oficiales, debe señalarse que estos efectivamente corresponden
únicamente a aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los descuentos
respectivos, particularmente los que se encuentren enlistados en el artículo
1.º de la Ley 62 de 1985.

Por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a estos, puesto que tal
presupuesto fue objeto de definición de regla jurisprudencial de manera
general en la sentencia de unificación objeto de estudio para esta clase de
servidores, sin que por el hecho de consolidarse este caso en una pensión
derivada de la condición de educadores, ello pueda variar para contabilizar
todos los emolumentos de tipo remunerativo que se hubiesen percibido, tal
como lo depreca la parte activa.

 Aplicación de la sentencia de unificación al asunto bajo examen

Con base en lo expuesto hasta este punto, se procede a verificar las reglas
jurisprudenciales esbozadas al presente caso bajo las aclaraciones advertidas
previamente, así:

REQUISITOS PENSIÓN DE JUBILACIÓN LEY 33 DE 1985
«ARTÍCULO 1.° El empleado oficial que sirva o haya servido Empleado público: Todos los El libelista acreditó los
veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad años de servicio laborados por requisitos para obtener la
de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la el libelista en el departamento pensión de jubilación
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión de Risaralda y en el municipio prevista en la Ley 33 de
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco de Pereira fueron como 1985, esto es, más de 20
por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base empleado público, años laborados y
para los aportes durante el último año de servicio.» particularmente como docente cotizados como
(Subraya fuera del texto) oficial9. empleado público
Tiempo de servicios: Se (concretamente como
acreditó que el demandante docente oficial), al igual
laboró en el sector público que 55 años de edad.
como educador estatal
durante 23 años, 6 meses y 26

9 Según formatos únicos para la expedición de certificado de historia laboral del señor Samuel Antonio

Pineda Pineda emanados de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda (folio 117, C1)
y de la Fiduprevisora S.A. (Folio 108 vuelto, C1); así como del Decreto 345 del 12 de mayo de 2015 por
medio del cual fue aceptada su renuncia (folio 22, ídem).

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Demandante: Samuel Antonio Pineda Pineda

días, comprendidos entre el 19
de junio de 1974 y el 6 de
septiembre de 1991, así como
del 23 de febrero de 2009 al 1.°
de julio de 201510.

Igualmente se resalta que el
señor Pineda Pineda cotizó a
pensión por esos mismos
lapsos a la extinta Cajanal, al
Fondo Territorial de Pensiones
Departamental (CASERIS) y al
Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del
Magisterio.
Edad: Cumplió 55 años el 14
de octubre de 2005. Se
destaca que el demandante
nació el 14 de octubre de
195011.
PERÍODO PARA LIQUIDAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
«ARTÍCULO 1.° El empleado oficial que sirva o haya Consolidación del estatus La pensión de jubilación
servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a pensional: el 5 de diciembre del libelista se debe
la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por de 2011 cuando cumplió los 20 liquidar con el salario
la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión años de servicio público oficial promedio que sirvió de
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco cotizado como docente base para los aportes
por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base estatal13 (previstos como durante el año anterior a la
para los aportes durante el último año de servicio.12» requisito legal), dado que los fecha de adquisición del
(Subraya fuera del texto) 55 años de edad ya los había estatus jurídico pensional,
acreditado desde el 14 de esto es, del 5 de diciembre
octubre de 2005. de 2010 al 5 de diciembre
de 2011.

FACTORES SALARIALES A INCLUIR EN LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y MONTO
«[…] En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación Factores devengados14 y El único factor salarial a
de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley cotizados15 asignación básica incluir en el IBL es la
812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión (sueldo), prima de navidad, asignación básica

10 Idem.
11 De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 4, C1.
12 Tal como se expuso anteriormente, para el caso de los docentes oficiales, el período de liquidación de

la pensión de jubilación corresponde al año anterior a la fecha de adquisición del estatus jurídico
respectivo, no a la data del retiro definitivo del servicio, dado que es compatible en este caso el pago
simultáneo de salario y pensión de conformidad con el artículo 19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992.
13 Esta fecha se calcula en la medida en que entre el 19 de junio de 1974 y el 6 de septiembre de 1991,

el demandante tenía acumulados 17 años, 2 meses y 18 días, de manera que le hacían falta 2 años, 9
meses y 12 días para completar 20 años de labor oficial, los cuales contados desde su segunda
vinculación que comenzó el 23 de febrero de 2009, correspondería a la data límite del 5 de diciembre de
2011, tal como se evidencia en la siguiente tabla:

DESDE HASTA A M D
19/06/1974 06/09/1991 17 2 18
23/02/2009 05/12/2011 2 9 12
TOTAL 20 AÑOS

14 Según formato único para la expedición de certificado de salarios, emitido por el FNPSM el 22 de

febrero de 2012, en el que se relacionan como factores salariales devengados por el señor Samuel
Antonio Pineda Pineda entre el 1.° de enero de 2010 y el 21 de diciembre de 2011, los siguientes:
asignación básica (sueldo), subsidio de alimentación, prima de vacaciones y prima de navidad. (Folio
110, C1).
15 Conforme al formato de liquidación de pensión generado por la Secretaría de Educación del Municipio

de Pereira, en el que se indica que el demandante realizó aportes a pensión a Cajanal desde el 19 de
junio de 1974 al 9 de septiembre de 1976, a CASERIS del 10 de septiembre de 1976 al 31 de diciembre
de 1989 y al FNPSM del 1.° de enero de 1990 al 7 de septiembre de 1991 y del 23 de febrero de 2009
al 1.° de julio de 2015. (Folio 251, C2).

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ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden prima de vacaciones y (salario). El monto de la
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se subsidio de alimentación. pensión será el 75% de
deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se Tasa de reemplazo tal concepto devengado
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el aplicable: 75% del salario durante el año anterior a
artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede base de liquidación. la fecha de adquisición
incluir ningún factor diferente a los enlistados en el del estatus pensional.
mencionado artículo.»

Factores del artículo 1.° de la Ley 62 de 1985: a)
asignación básica, b) gastos de representación; c) primas
de antigüedad, d) técnica, ascensional y de capacitación; e)
dominicales y feriados; f) horas extras; g) bonificación por
servicios prestados; y h) trabajo suplementario o realizado
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

«ARTÍCULO 1.° El empleado oficial que sirva o haya servido
veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad
de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión
mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco
por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio. »
(Subraya fuera del texto)

En resumen, el señor Samuel Antonio Pineda Pineda en su calidad de docente
oficial con una vinculación anterior al 27 de junio de 2003, consolidó el derecho
a que le sea reconocida y pagada una pensión de jubilación conforme a los
preceptos de la Ley 33 de 1985, pero no con inclusión de todos los factores
salariales devengados como lo deprecó en su demanda, sino con base en el
75% del promedio, únicamente de los haberes sobre los cuales este realizó
aportes durante el año anterior a la adquisición de su estatus jurídico
respectivo, siempre y cuando hayan sido de aquellos enlistados en el artículo
1.° de la Ley 62 de 1985. En el caso particular, este emolumento computable
solo corresponde a la «asignación básica (sueldo)».

Pues bien, en el presente asunto se verifica que el libelista formuló petición de
reconocimiento prestacional el 16 de febrero de 2012 (ver folio 28, C1), ante
la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, entidad que en nombre y
representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
dio respuesta negativa a dicha solicitud a través de la Resolución 388 del 20
de agosto de 2013 (idem), en la que planteó la siguiente motivación:

«[…] Que de acuerdo al concepto emitido por la Fiduprevisora S.A., esta solicitud no
procede, pues al docente se le debe aplicar lo contenido en la Ley 100 de 1933. Que
la entidad fiduciaria mediante HOJA DE REVISIÓN con fecha de estudio 08-07-2013,
identificador No. 1145323, señaló: “El docente al haber vuelto a ingresar al Fondo el
23 de febrero de 2009, se le debe aplicar lo contenido en la Ley 100 de 1993 en
cuanto al derecho a pensionarse. Para el año 2013, el docente debe acreditar 1.250
semanas cotizadas (8.750 días) y a la fecha cuenta con 7.775 días (1.110 semanas).
[…]». (Mayúscula del texto original).

De acuerdo con lo expuesto, es evidente que la parte pasiva consideró que la
situación jurídica del libelista se regía por las condiciones del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 (modificada por la Ley 797 de
2003), tanto en los requisitos para consolidar el derecho como en lo relativo
al cálculo del IBL, período y tasa de reemplazo para la fijación de la cuantía
de la prestación. A esta conclusión arribó en la medida en que solo tuvo en
cuenta la solución de continuidad presentada en la primera relación legal y

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reglamentaria del demandante, para estimar como relevante únicamente el
segundo vínculo oficial en el sector educativo ocurrido con posterioridad al 27
de junio de 2003.

Pues bien, tal postura jurídica resulta ser inadecuada debido a que, como se
mencionó líneas atrás, era necesario tener en cuenta la primera vinculación
como docente oficial que acreditó el señor Pineda Pineda para determinar el
régimen que regula su caso. En virtud de esta circunstancia, la entidad
demandada a pesar de reconocer la calidad de educador estatal del libelista,
solo verificó el segundo nombramiento como tal, ocurrido después de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, a pesar de que al margen de la
solución de continuidad presentada en la relación legal y reglamentaria en
comento, aquel sí había ejercido como maestro antes del 27 de junio de 2003,
lo cual impedía que su situación jurídica fuera sometida al régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y a las previsiones generales de tal
normativa, pues por tal circunstancia, su derecho pensional debía
consolidarse plenamente sobre la base de la Ley 33 de 1985 en cuanto a la
determinación del IBL y la Ley 62 del mismo año sobre los factores a incluir.

Aunado a esto, tenía que asumirse que, con motivo del tratamiento diferencial
en comento, el período de liquidación no podrá determinarse conforme al
último año de servicio, sino con base en la anualidad anterior a la adquisición
del estatus respectivo, toda vez que el apelante podía percibir
simultáneamente tanto la pensión ordinaria de jubilación como el salario como
docente oficial en virtud de la excepcionalidad legal que así lo permite y que
se encuentra consagrada en el artículo 19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992 y el
artículo 19 de la Ley 334 de 1996.16

En todo caso, lo cierto es que la falta de reconocimiento pensional a favor del
demandante se encuentra injustificada, pues se demostró con base en la
argumentación precedente que, aquel reunió y acreditó con suficiencia los
requisitos consagrados en la Ley 33 de 1985 a fin de obtener el derecho a
percibir una pensión de jubilación, pues acumuló más de 20 años de
cotizaciones derivadas de servicios prestados en el sector público como
maestro oficial, y además cumplió 55 años de edad, así como se evidenció en
el cuadro precedente.

Al respecto, es válido aclarar que dicha pensión debe sujetarse a las reglas
de unificación jurisprudencial fijadas en la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del
25 de abril de 2019 proferida por la Sección Segunda de esta Corporación.
De este modo, la prerrogativa en mención tendrá que ser calculada en un 75%
del ingreso base de liquidación que corresponde al promedio de la asignación
básica devengada por el libelista durante el año anterior a la adquisición del
estatus pensional, esto es, desde el 5 de diciembre de 2010 hasta el 5 de
diciembre de 2011, ello con efectividad a partir de esta última fecha.

Es decir, no es procedente la inclusión de todos los emolumentos percibidos
por aquel en ese mismo período como lo depreca en la demanda, pues
conforme a la línea interpretativa de cierre referida, solo pueden computarse

16 Dicha posición frente a casos como el particular, fue objeto de pronunciamiento en sentencia del 12

de noviembre de 2020, dictada por la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación en el proceso
con radicado 15001-23-33-000-2015-00620-01 (0496-2017), el cual si bien versa sobre un litigio de
reliquidación de pensión de un docente, conlleva el mismo análisis en lo relativo a la normativa aplicable
a esta clase de servidores públicos.

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los factores sobre los cuales el docente hubiese realizado aportes y que
estuviesen enlistados en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. En este caso
como se analizó, solo corresponde incluir la asignación básica, no así el
subsidio de alimentación ni las primas de navidad y de vacaciones.

Con base en esta falta de correspondencia jurídica que se presenta entre el
sustento normativo de la entidad demandada y el marco regulatorio y
jurisprudencial realmente aplicable al caso de la parte activa, la Subsección
encuentra que se configura un desconocimiento de las normas en que debían
fundarse los actos administrativos cuestionados. Lo propio implicaría
entonces la necesaria declaratoria de nulidad de aquellas decisiones con el
fin de mantener indemne el ordenamiento jurídico.

De otro lado, en cuanto a la procedencia de la condena aludida a cargo de la
Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, debe destacarse que esta es la entidad responsable del
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación en comento a favor del
libelista, habida cuenta de que aquel se encontraba afiliado a dicha entidad,
al punto de haber sido la última a la cual realizó las cotizaciones respectivas.

Aunado a lo anterior se destaca que el Consejo de Estado17 ha señalado en
reiteradas oportunidades que la entidad encargada del reconocimiento y pago
de las prestaciones de los docentes, únicamente es la Nación, Ministerio de
Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En
efecto, los artículos 4 y 5 de la Ley 91 del 29 de diciembre de 1989 indican:

«[…] Artículo 4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, atenderá las prestaciones sociales de los docentes
nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a la fecha de
la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del artículo
2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella. Serán
automáticamente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, los docentes nacionales y nacionalizados que se
encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley,
quienes quedan eximidos de requisito económico de afiliación. Los
requisitos formales que se exijan a éstos, para mejor administración del
Fondo, no podrán imponer renuncias a riesgos ya asumidos por las
entidades antecesoras, las cuales reconocerán su respectivo valor en los
convenios interadministrativos. El personal que se vincule en adelante,
deberá cumplir todos los requisitos de afiliación de naturaleza formal o
normativa y económica.

«[…] Artículo 5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, tendrá los siguientes objetivos:

1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado […]»

La citada norma señaló que quedarían automáticamente afiliados al fondo los
docentes nacionales o nacionalizados vinculados a la fecha de su
promulgación, esto es, el 29 de diciembre de 1989, así como el personal
vinculado con posterioridad, siempre que cumplieran los requisitos de afiliación

17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

del 18 de febrero de 2021, radicado: 81001-23-33-000-2013-00012-02 (4163-2014). Subsección B,
sentencia del 14 de febrero de 2013, número interno 1048-2012.

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de naturaleza formal y económica. Esto debido al proceso de nacionalización
de la educación oficial llevado a cabo mediante la Ley 43 de 1975.

Por su parte, respecto del manejo de los recursos que integran el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el artículo 3 de la Ley 91 de
1989, reguló que para tal efecto el Gobierno Nacional suscribiría un contrato
de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria de naturaleza estatal o de
economía mixta la cual se encargaría de ello. Textualmente, señaló:

«[…] Artículo 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos
serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en
la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno
Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que
contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la
presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá
cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable
determinada con en los costos administrativos que se generen. La celebración
del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional […]»

Con posterioridad, el presidente de la República mediante Decreto 1775 del 3
de agosto de 1990, en sus artículos 5 a 8, reglamentó el funcionamiento del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de la siguiente
manera:

«[…] Artículo 5º Recepción de solicitudes. Las solicitudes relacionadas con
el reconocimiento y pago de prestaciones económicas del Magisterio, serán
radicadas en la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo
Regional.

La documentación sólo será radicada si llena los requisitos establecidos en
las normas reglamentarias.

Artículo 6º Estudio de solicitudes. Una vez radicada la solicitud, la oficina de
prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional, procederá a
realizar el estudio de la documentación.

Artículo 7º Liquidación. Realizado el estudio de la documentación, se
procederá a efectuar la liquidación respectiva con el visto bueno de la entidad
fiduciaria.

Artículo 8º Reconocimiento. Efectuada la liquidación, el delegado permanente
del Ministerio ante el Fondo Educativo Regional, expedirá la resolución de
reconocimiento. […]». (Subrayas fuera del texto original).

Por lo tanto, puede afirmarse que en los actos administrativos en los que se
reconocen prestaciones económicas a favor de los afiliados del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, es a la fiduciaria que lo
administra la que le corresponde aprobar o improbar el proyecto de resolución.
Lo expuesto en virtud de los artículos 5 a 8 del Decreto 1775 de 1990 y 5 del
Decreto 2831 de 2005.

Como se observa, el Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio es la entidad que debe asumir el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de la que es titular el

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libelista, ello al margen de las cotizaciones que según el formato para la
expedición de certificado de historia laboral (folio 117), aquel realizó en su
calidad de docente estatal a la extinta Cajanal (hoy UGPP) desde el 19 de
junio de 1974 hasta el 31 de enero de 1977, y al Fondo Territorial de
Pensiones del Departamento de Risaralda (CASERIS) del 1.° de febrero de
1977 al 31 de diciembre de 1989.

Lo anterior por cuanto la condena a impartir contra la autoridad demandada
se hará sin perjuicio de la posibilidad que esta tiene de tramitar y reclamar el
traslado de los aportes realizados en su momento a las dos entidades
referidas, para así poder financiar completamente la prestación, esto si aún
no lo ha hecho. En todo caso, eventualmente el FNPSM a través del Ministerio
de Educación podría tramitar la fijación de cuotas partes a cargo de aquellas
autoridades (o a quienes hayan asumido las obligaciones en caso de
liquidación), a prorrata del tiempo cotizado a cada una, siempre con el ánimo
y fin de garantizar el pago efectivo de la pensión a favor del demandante, tal
como lo prevé el artículo 2.° de la Ley 33 de 1985.

Asimismo, la orden de reconocimiento y pago del derecho en litigio en cabeza
de la parte demandada, se fundamenta en que al apelante no le ha sido
concedida por parte de alguna autoridad diferente, otra pensión de jubilación
que sea incompatible con la que fue analizada en esta oportunidad.

Al respecto se destaca que, de conformidad con los antecedentes
administrativos aportados por el Ministerio de Educación, FNPSM, según la
Resolución RDP 012503 del 21 de abril de 2014 (folios 247 a 248, C2), la
UGPP reconoció a favor del señor Samuel Antonio Pineda Pineda una
«pensión mensual vitalicia de jubilación gracia» con base en los preceptos de
las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, ello por los tiempos laborados
exclusivamente como docente. Dicha prestación se concedió con efectividad
a partir del 15 de diciembre de 2011 en cuantía de $1.756.744, lo cual permite
inferir que al día de hoy, el libelista percibe tal asignación constitutiva de una
dádiva especial del Estado otorgada para ciertos educadores, que
precisamente por esa naturaleza especial, podía percibirse conjuntamente
con el salario e incluso con la pensión ordinaria de jubilación, tal como lo
consagra el artículo 15, numeral 2.° de la Ley 91 de 1989.

Ahora bien, al evidenciar lo anterior, la Sala procedió a verificar la situación
pensional vigente del señor Pineda Pineda en el Registro Único de Afiliados –
SISPRO del Ministerio de Salud18, el cual corresponde a una base de datos
consolidada en la que se relacionan, entre otros aspectos, las prestaciones
del Sistema Integral de Seguridad Social que percibe el afiliado objeto de
consulta. Pues bien, al indicar la situación del demandante con la información
de la copia de su cédula de ciudadanía (folio 4, C1), el sistema arrojó el
siguiente resultado:

18 https://ruaf.sispro.gov.co/Filtro.aspx

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Como se aprecia de lo anterior, en efecto el libelista se encuentra pensionado
por parte de la UGPP conforme a los supuestos reseñados previamente, pero
al mismo tiempo, también goza de una pensión de vejez concedida por la
Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Al respecto, resalta la Subsección que como la parte activa no había
manifestado la ocurrencia de esta última situación jurídica ni había aportado el
referido acto administrativo, tampoco era viable determinar con base en qué
tiempos de cotización le fue otorgada dicha prestación, a fin de eventualmente
haber contrastado lo propio con el derecho pensional objeto de litigio y así
poder verificar su posible compatibilidad o no.

En virtud de lo anterior, se dictó auto interlocutorio por la Sala de Subsección
el 3 de junio de 2021 (ver índice 20 del registro en SAMAI), por medio del cual
se decretaron sendas pruebas de oficio tendientes a verificar cómo se
configuró la situación pensional del señor Pineda Pineda ante Colpensiones.

Frente a este requerimiento, el demandante indicó en memorial obrante en los
índices 25 y 26 del registro en SAMAI que, a través de la Resolución SUB
50790 del 27 de febrero de 2019, modificada por la Resolución 84435 del 8 de
abril de 2019 (las cuales anexó), aquella entidad le concedió y reliquidó
respectivamente una pensión de vejez en virtud del tiempo laborado y
aportado por vínculos de trabajo en el sector privado exclusivamente, tal como
se aprecia de la siguiente imagen tomada de aquellos actos administrativos:

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Demandante: Samuel Antonio Pineda Pineda

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Demandante: Samuel Antonio Pineda Pineda

Efectivamente, al revisar ambos actos administrativos, se observa con claridad
que todos los períodos de cotización tenidos en cuenta por la Administradora
Colombiana de Pensiones, se derivaron de relaciones laborales con
compañías privadas como: Productora de Hilos y Tejidos Única S.A., ART
Médica S.A.S., Panamericana Gestión S.A.S., y especialmente, la mayoría del
tiempo laborado en la Corporación Universidad Libre. De lo propio dio cuenta
Colpensiones con el memorial obrante en el índice 28 del registro en SAMAI
en el que se aporta todo el expediente administrativo del libelista con base en
el cual se adoptó la decisión de reconocimiento pensional.

En tal sentido, debido a que la prestación que habrá de otorgarse en este
escenario judicial es eminentemente financiada con los aportes del
demandante causados por su labor oficial como docente del Estado por más
de 20 años (tiempo que además se observa que no fue computado para
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Demandante: Samuel Antonio Pineda Pineda

consolidar la pensión de vejez otorgada por Colpensiones), se torna viable que
el Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio reconozca y pague el derecho en litigio conforme a las precisiones
esbozadas anteriormente.

 De la prescripción de mesadas pensionales

Habida cuenta de que se declarará la nulidad de los actos administrativos
demandados y se accederá al reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación deprecada por la parte activa con efectividad desde el 5 de
diciembre de 2011, resulta indispensable verificar la ocurrencia o no del
fenómeno prescriptivo sobre las mesadas adeudadas.

Al respecto, el Consejo de Estado19 ha señalado que la configuración de la
mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual
no se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los
derechos que considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde
que la obligación se haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción
del término por un lapso igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto
1848 de 1969 aplicable al sub examine, que reza lo siguiente:

«ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»

En consecuencia, para determinar la fecha de exigibilidad del derecho a
restablecer a partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el lapso referido
en el presente caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta data se
concreta desde el 5 de diciembre de 2011 cuando el demandante adquirió el
estatus jurídico pensional y por consiguiente consolidó la prerrogativa a
percibir la prestación en litigio.

Ahora bien, tal como se verifica a partir de la parte motiva de la Resolución
388 del 20 de agosto de 2013 (folio 28, C1), el señor Pineda Pineda reclamó
el derecho prestacional en mención el 16 de febrero de 2012, esto es, antes
del vencimiento de los 3 años siguientes a la fecha de efectividad de la
pensión, por lo que según el numeral 2.° de la norma en cita, el demandante
interrumpió el término en cuestión solo por ese mismo lapso contado desde el
16 de febrero de 2012 hasta el 16 de febrero de 2015.

Bajo este entendido, lo cierto es que el libelista radicó la demanda el 8 de julio
de 201620, es decir, por fuera del referido período de interrupción, de manera
que evidentemente se configuró el fenómeno prescriptivo respecto de las
mesadas causadas antes del 8 de julio de 2013.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

de 15 de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
20 Ver folio 21, C1.

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En conclusión: el señor Samuel Antonio Pineda Pineda en su calidad de
docente oficial, y por lo tanto en aplicación de los postulados a título de reglas
jurisprudenciales de la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019,
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de
2019, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación
conforme a las previsiones de la Ley 33 de 1985 por haber sido nombrado
como tal con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, y por cuanto acreditó los requisitos para acceder a tal prerrogativa al
margen de la interrupción en dicha relación legal y reglamentaria, sin que sea
necesario acudir de manera subsidiaria a las previsiones del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 para tal efecto, ello además por no ser
aplicable dicha regulación a su situación jurídica de acuerdo con los
postulados de la providencia en cita.

En todo caso, se resalta que la referida prestación debe calcularse en cuantía
del 75% del promedio, únicamente de los factores salariales que estuviesen
consagrados en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985, o sobre los cuales el
demandante hubiese efectivamente cotizado durante el año anterior a la
adquisición de su estatus jurídico respectivo (5 de diciembre de 2010 a 5 de
diciembre de 2011), no con inclusión de todos los emolumentos devengados
en ese mismo período. Por esta razón, para efectos liquidatorios respecto de
la prerrogativa del libelista, solo debe computarse la asignación básica
conforme a lo demostrado en la actuación.

Adicionalmente, la efectividad de la pensión en comento debe darse a partir
de la fecha de consolidación del derecho propiamente dicho, esto es, desde
el 5 de diciembre de 2011, ello por encontrarse el señor Pineda Pineda
exceptuado de la prohibición de doble erogación del Estado prevista en el
artículo 128 Constitucional, debido a su condición especial de maestro oficial
según el artículo 19, literal g) de la Ley 4.ª de 1992, y por cuanto la pensión
de jubilación reconocida por Colpensiones solo computó los servicios
prestados en el sector privado. No obstante, debido a la configuración del
fenómeno prescriptivo, los efectos fiscales para el reconocimiento
prestacional serán desde el 8 de julio de 2013.

Decisión de segunda instancia

Según lo expuesto, se impone revocar la sentencia apelada proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda el 7 de diciembre de 2017, la cual denegó
las pretensiones de la demanda, esto a fin de acceder parcialmente a tales
pedimentos, lo anterior habida cuenta de que prosperan los argumentos del
recurso de apelación formulado por el libelista.

Bajo este entendido, se declarará la nulidad de los actos administrativos
reprochados y a título de restablecimiento del derecho se ordenará a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, reconocer y pagar a favor del señor Samuel Antonio Pineda
Pineda la pensión de jubilación a que tiene derecho de conformidad con los
preceptos de la Ley 33 de 1985, esto es, en un monto equivalente al 75% del
promedio de la asignación básica percibida durante el año anterior a la
adquisición de su estatus jurídico, correspondiente al período comprendido
entre el 5 de diciembre de 2010 y el 5 de diciembre de 2011, con efectividad
desde esta última data, pero con efectos fiscales a partir del 8 de julio de 2013
por haberse configurado la prescripción trienal sobre las mesadas causadas
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con anterioridad a esta fecha.

Por lo expuesto, se condenará a la parte demandada a pagar las mesadas
adeudadas desde el 8 de julio de 2013 hasta la inclusión del demandante en
la respectiva nómina de pensionados, ello de manera actualizada de
conformidad con el inciso 4.° del artículo 187 del CPACA. Dicha entidad dará
cumplimiento a la sentencia con base en los términos y previsiones de los
artículos 189 y 192 ibidem.

Igualmente se conminará a la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a que repita contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) y al Fondo Territorial de Pensiones Departamental
(CASERIS) (o a quien haya asumido sus obligaciones en caso de haber sido
liquidado), ello con el fin de que le sean traslados los aportes a pensión
efectuados por el demandante en su calidad de docente estatal ante aquellas
entidades, si lo propio aún no ha ocurrido, o con el fin de fijar las cuotas partes
que a aquellas les correspondan a prorrata del tiempo de cotización en cada
caso. Lo anterior con el fin de que la entidad demandada pueda financiar en
su totalidad la prestación objeto de condena.

De la condena en costas

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201621, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP22, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

21 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
22 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente

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g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes, contrario a lo manifestado por el Ministerio Público en
su concepto, en tanto solicitó que se tuviera en cuenta la conducta asumida
por el libelista. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que, tratándose
de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia
el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción
de los asuntos en los que se ventile un interés público23.

No obstante, aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se
condenará en costas a la parte demandada a pesar de haber resultado vencida
en el sub lite, ello al no observarse la causación de dicha carga, de acuerdo
con el numeral 8.° del artículo 365 del CGP, en razón al cambio jurisprudencial
ocurrido en el transcurso del proceso con ocasión de la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda que denegó las pretensiones de la
demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió el señor Samuel Antonio Pineda
Pineda contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

En su lugar,

Segundo: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción
formulada por la parte demandada, ello respecto de las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al 8 de julio de 2013.

Tercero: Declarar la nulidad de las Resoluciones 388 del 20 de agosto de
2013 y 513 del 18 de septiembre de 2013, por medio de las cuales la
Secretaría de Educación del Municipio de Pereira, en nombre y representación
del Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, denegó la petición formulada por el libelista el 16 de febrero de
2012, con la que solicitó el otorgamiento y pago de una pensión de jubilación.

Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, reconocer y pagar a favor del señor Samuel Antonio Pineda
Pineda la pensión de jubilación a que tiene derecho de conformidad con los
preceptos de la Ley 33 de 1985, esto es, en un monto equivalente al 75% del

quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
23 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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promedio de la asignación básica percibida durante el año anterior a la
adquisición de su estatus jurídico, correspondiente al período comprendido
entre el 5 de diciembre de 2010 y el 5 de diciembre de 2011, con efectividad
desde esta última data, pero con efectos fiscales a partir del 8 de julio de 2013
por haberse configurado la prescripción trienal sobre las mesadas causadas
con anterioridad a esta fecha.

En razón de lo expuesto, se condena a la parte demandada a pagar las
mesadas adeudadas a favor del señor Pineda Pineda desde el 8 de julio de
2013 hasta la inclusión de aquel en la respectiva nómina de pensionados, esto
de manera actualizada de conformidad con el inciso 4.° del artículo 187 del
CPACA, es decir, con base en la siguiente fórmula:

R= Rh x índice final
Índice inicial

Quinto: Se conmina a la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a que repita contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) y al Fondo Territorial de Pensiones Departamental (CASERIS)
(o a quien haya asumido sus obligaciones en caso de haber sido liquidado),
ello con el fin de que le sean traslados los aportes a pensión efectuados por el
demandante en su calidad de docente estatal ante aquellas entidades, si lo
propio aún no ha ocurrido, o con el fin de fijar las cuotas partes que a aquellas
les correspondan a prorrata del tiempo de cotización en cada caso. Lo anterior
con el fin de que la entidad demandada pueda financiar en su totalidad la
prestación objeto de condena.

Sexto: Sin condena en costas de segunda instancia.

Séptimo: La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia con base
en los términos y previsiones de los artículos 189 y 192 del CPACA.

Octavo: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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