Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02605-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02605-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-02605-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
31 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-02605-01
Demandante: Nancy Yaneth Espitia Espinosa
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B.
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho. Reconocimiento
pensional a docente con la Ley 812 de 2003. Interrupción de
vinculación. Desconocimiento del precedente judicial.
Decisión: Confirma decisión de primera instancia.
La Sala decide la impugnación formulada por la autoridad accionada en contra de
la Sentencia proferida el 5 de junio de 2025 por la Sección Quinta de esta
corporación, mediante la cual accedió al amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 5 de mayo de 2025, Nancy Yaneth Espitia Espinosa, por intermedio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de
los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia; así como los principios de favorabilidad y seguridad
jurídica.
2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la Sentencia
proferida el 3 de abril de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado No. 11001-33-35-019-2023-00376-01, para, en su lugar, se dictara una
nueva decisión, con fundamento en la Ley 33 de 1985 y en el precedente
jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la accionante
afirmó que tiene más de 55 años. Señaló que prestó sus servicios a la Secretaría
de Educación del departamento de Boyacá, bajo la modalidad de contratos de
prestación de servicios, entre el 2 de septiembre de 1996 y el 26 de noviembre de
1999 y, posteriormente, vinculada a través de una relación legal y reglamentaria con
la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, desde el16 de febrero de 2005.
4. Instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y de las Secretarías de Educación Distrital de
Bogotá y Departamental de Boyacá, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución
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Accionante: Nancy Yaneth Espitia Espinosa
No. 3587 del 15 de septiembre de 2023, mediante la cual se negó el reconocimiento
de su pensión de jubilación; así como la nulidad del Oficio No. BOY2023EE33419
del 28 de julio del mismo año, a través de la cual no se le reconocieron los tiempos
laborados a través de órdenes de prestación de servicios.
5. El 29 de noviembre de 2024, el Juzgado 19 Administrativo de Bogotá
declaró la nulidad de los actos demandados y, en consecuencia, ordenó el
reconocimiento de una pensión de vejez en favor de la señora Espitia Espinosa, en
cuantía del 75% del promedio de los factores salariales percibidos durante el año
anterior a la adquisición de su estatus pensional, comprendido entre el 6 de febrero
de 2022 y el 5 de febrero de 2023.
6. Como fundamento de la anterior decisión, la autoridad judicial precitada
explicó que la vinculación en calidad de docente se dio a través de órdenes de
prestación de servicios del i) 2 de septiembre de 1996 al 1 de diciembre de 1996; ii)
del 3 de febrero de 1997 al 30 de junio de 1997, iii) del 14 de julio de 1997 al 30 de
noviembre de 1997, iv) del 2 de febrero de 1998 al 15 de junio de 1998, v) del 14 de
julio de 1998 al 30 de noviembre de 1998, vi) del 1 de febrero de 1999 al 11 de junio
de 1999 y vii) del 12 de julio de 1999 al 26 de noviembre de 1999.
7. Así, frente a los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985
para ser acreedora de la pensión pretendida sostuvo que: i) según Registro Civil de
Nacimiento la demandante nació el 5 de febrero de 1968 y, por tanto, cumplió 55
años de edad el 5 de febrero de 2023; y ii) conforme a las pruebas allegas al
plenario, frente a los 20 años de tiempo de servicios acumulados por vinculaciones
en entidades públicas se encuentra demostrado que a la fecha cuenta con 20 años,
9 meses y 19 días de servicio.
8. Por lo anterior, determinó que la demandante cumplía con el requisito de
tiempo de servicio, al haber prestado servicios como docente oficial 7.607 días (20
años, 10 meses y 2 días), precisando que para el momento en que cumplió 55 años,
ya contaba con el total de tiempo de servicio, de tal suerte que el estatus pensional,
bajo los preceptos de la Ley 33 de 1985, lo adquirió el 5 de febrero de 2023.
9. El Ministerio de Educación Nacional interpuso recurso de apelación, para lo
cual afirmó que en el fallo de primera instancia se tiene en cuenta para la sumatoria
de tiempos de servicios para efectos pensionales los correspondientes a periodos
donde la docente estuvo vinculada por medio de órdenes de prestación de servicios
entre 1996 y 1999, sin que nada se dijera sobre los aportes que a la entidad
nominadora en este caso el departamento de Boyacá, corresponde asumir por dicho
periodo.
10. Por su parte, la Fiduprevisora SA solicitó revocar el fallo de primera
instancia, toda vez que la Ley 812 de 2003, en su artículo 81, dispuso que el régimen
prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se
encontraran vinculados al servicio público educativo oficial correspondería al
establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la
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entrada en vigor de dicha ley y que quienes se vincularan a partir de su entrada en
vigencia, serían afiliados al FOMAG con los derechos pensionales del régimen de
prima media señalado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en ellas, con excepción de la edad de pensión que sería de 57 años para
hombres y mujeres, es decir la incorporación de este sector de servidores al sistema
general de pensiones, surgió a partir de la expedición de la Ley 812 de 2003.
11. Señaló que los docentes vinculados con anterioridad a esta ley se les
aplican las disposiciones anteriores. Este mandato fue ratificado por el parágrafo
transitorio 1 del Acto Legislativo No. 1 de 2005. Con fundamento en la jurisprudencia
y normatividad aplicable y teniendo en cuenta la historia laboral de la demandante,
y que la misma se vinculó como docente en propiedad el 1 de junio de 2005, es
decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la ya señalada Ley 812 de 2003,
sus derechos pensionales son los del régimen de prima media señalados en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y por tanto no le es aplicable lo dispuesto por la
Ley 71 de 1988. En otras palabras, a la actora no le asistía el derecho que reclama
y su pensión no puede ser reconocida bajo los parámetros del artículo 7 de la Ley
71 de 1988.
12. El 3 de abril de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo de primer grado al considerar que,
a pesar de que la accionante laboró como docente oficial antes de la Ley 812 de
2003, no ejercía como tal para el 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigor de
la citada norma, por lo que no podía ser beneficiaria del régimen de transición allí
previsto. Además, no estudió la posibilidad de reconocer la mesada con base en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, debido a que ello no fue solicitado en sede
administrativa.
13. Como fundamentos de derecho, la accionante afirmó que la Subsección
B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al expedir
la Sentencia del 3 de abril de 2025, desconoció el precedente judicial, al no tener
en cuenta la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 proferida por el
Consejo de Estado, en la cual a la luz de los principios de prevalencia del derecho
sustancial, tutela judicial efectiva y pro homine, se estableció que la aplicación del
régimen de transición de la Ley 812 de 2003 estaba supeditado únicamente a la
acreditación de la calidad de docente estatal con anterioridad a la fecha en que
comenzó a surtir efectos jurídicos la citada ley, sin que su contenido normativo exija
la existencia de un vínculo laboral para la fecha exacta de la vigencia de dicha
norma.
14. Adicionalmente, indicó que la corporación accionada pasó por alto las
Sentencias de 20 de septiembre de 2020 y 8 de noviembre de 2024 proferidas por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante las cuales
se indicó que para determinar el régimen pensional aplicable a los educadores,
debía considerarse la totalidad de los períodos laborados en el servicio docente,
tanto antes como después de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
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Accionante: Nancy Yaneth Espitia Espinosa
15. Asimismo, sostuvo que se desatendió la Sentencia de 2 de junio de 2022,
Rad. 25000-23-42-000-2019-00143-01, mediante la cual la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado sostuvo que para ser beneficiario del
régimen de transición contenido en la Ley 812 de 2003, no es necesario que el
maestro se encontrara en servicio para el 27 de junio de ese año.
16. Bajo ese lineamiento jurisprudencial, consideró que le era aplicable el
régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 para el reconocimiento y pago de
la pensión, toda vez que su vinculación al servicio educativo oficial se produjo con
anterioridad a la fecha mencionada y cumplió con los requisitos legales exigidos,
razón por la cual no podía imponerse ningún otro condicionamiento para negar la
prestación económica.
Intervenciones1
17. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca afirmó que, contrario a lo manifestado por la accionante, en la
decisión cuestionada sí se aplicó el precedente jurisprudencial, evento distinto era
que no se compartiera la determinación e interpretación efectuada en cuanto a qué
debe entenderse por «vinculación», pues en criterio de esa Subsección, así como
de otras, la aplicación de uno u otro régimen se determina por el hecho de que el
docente, para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio
de ese año), hubiese estado prestando sus servicios como docente oficial, cuyo
aspecto no se unificó en la sentencia de 2019 invocada como desconocida por la
parte actora.
18. Así las cosas, indicó que lo pretendido por la accionante era acomodar las
reglas jurisprudenciales a su beneficio, desconociendo la interpretación que el
operador judicial efectuó en su momento. En consecuencia, solicitó negar las
pretensiones formuladas en la acción de la referencia.
19. El Ministerio de Educación manifestó que el presente asunto no cumplió
con el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que planteó una
controversia de naturaleza estrictamente económica, que involucra intereses
privados, situación que excede la competencia del juez de tutela.
20. Además, expuso que dicha autoridad realizaba acciones que se orientan al
desarrollo equitativo de las capacidades y oportunidades educativas a nivel Nación,
sin perder de vista lo reglado en cuanto a la autonomía universitaria que manejan
las Instituciones de Educación Superior, competencias u objetivos que bajo ningún
aspecto vulneran los derechos fundamentales de la actora. En ese orden de ideas,
solicitó (i) declarar improcedente la tutela y (ii) su desvinculación del presente
trámite.
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El 8 de mayo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela en contra de la Subsección B de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y vinculó al Juzgado 19 Administrativo de Bogotá, a la
Nación ―Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio―, a la Secretaría
Distrital de Educación de Bogotá DC y a la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá, en calidad de terceros
interesados.
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21. La Fiduprevisora sostuvo que las autoridades judiciales que conocieron el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho actuaron con sujeción al
ordenamiento jurídico, sin que pueda aducirse un desconocimiento de los
pronunciamientos relacionados con el tema objeto de la demanda. Además, señaló
que no era dable inferir que se presentó transgresión alguna en contra de las
garantías fundamentales, pues las actuaciones judiciales fueron adelantadas con
plena observancia del debido proceso. En consecuencia, solicitó declarar
improcedente el presente mecanismo de amparo.
22. La Secretaría de Educación Departamental de Boyacá manifestó que la
acción de amparo es improcedente porque no se cumplen los requisitos generales
ni específicos de la tutela contra providencia judicial, pues consideró que la
accionante acudió ante el juez constitucional como si se tratara de una instancia
adicional. Además, aseveró que el debate legal y probatorio ya se surtió ante el juez
de lo contencioso-administrativo y afirmó que lo pretendido por la accionante fue
reabrir una discusión que ya se surtió. Con base en lo anterior, estimó que no había
lugar a acceder a lo pretendido en la presente solicitud de amparo.
23. La Secretaría de Educación Distrital de Bogotá adujo que en el escrito
de la tutela no se alegó que la vulneración de los derechos fundamentales por parte
de esa entidad, sino que los hechos y pretensiones estás dirigidos a cuestionar el
actuar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
24. Asimismo, arguyó que la presente solicitud de amparo no cumplió los
requisitos de procedencia, pues, a su juicio, lo que pretendía la señora Espitia
Espinosa era reabrir el debate que ya se surtió en el proceso ordinario, propósito
para el que no se ha previsto la acción de tutela contra providencia judicial.
Sentencia impugnada
25. El 5 de junio de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado (i) declaró
improcedente la acción de amparo, con respecto al desconocimiento de las
sentencias de unificación del Consejo de Estado; (ii) amparó los derechos
fundamentales a la seguridad social, igualdad, debido proceso y principio de
favorabilidad en materia pensional de Nancy Yaneth Espitia Espinosa y, en
consecuencia, (iii) dejó sin efectos la Sentencia del 3 de abril de 2025 dictada por la
Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
11001-33-35-019-2023-00376-01.
26. Como fundamento de su decisión, frente a la declaratoria de improcedencia,
adujo que la accionante dispone de otro mecanismo de defensa judicial como lo era
el recurso extraordinario de unificación para discutir el desconocimiento de los
pronunciamientos de unificación del 25 de agosto de 2016, Rad. 23001-23-33-000-
2013-00260-01 (0088-2015) y 25 de abril de 2019, Rad. 68001-23-33-000-2015-
00569-01 (0935-17).
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27. Ahora, en relación con el fondo del asunto, afirmó que dentro de la Sección
Segunda del Consejo de Estado existe una postura pacífica sobre el régimen
pensional que debe aplicarse a los docentes contratados bajo la modalidad de
prestación de servicios antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
28. Sin embargo, señaló que la posición adoptada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca accionado va en contra de dicha jurisprudencia consolidada, pues
aquella autoridad indicó que el beneficio pensional solo aplica si el docente se
encontraba prestando sus servicios el 27 de junio de 2003, pero esta interpretación
no concuerda con los antecedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado.
29. Al respecto, si bien la autoridad judicial accionada citó algunas decisiones
anteriores, estas estaban relacionadas con el reconocimiento de relaciones
laborales encubiertas y la primacía de la realidad sobre las formas, pero no
abordaban directamente el tema del régimen pensional aplicable ni el régimen de
transición de la Ley 812 de 2003, que era lo realmente debatido.
30. Además, sostuvo que dicha corporación tampoco presentó argumentos
jurisprudenciales sólidos ni explicó por qué se apartaba de la línea fijada por el
Consejo de Estado. Aunque reconoció que la jurisprudencia no tiene aplicación
automática, omitió cumplir con la carga argumentativa exigida cuando un juez
decide apartarse de los precedentes de los órganos de cierre. Por tanto, concluyó
que la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales deprecados por la
parte accionante.
Impugnación
31. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual indicó que tanto la
Ley 812 de 2003 como la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 eran
claras en señalar de manera textual que la aplicación del régimen anterior a la
entrada en vigor de la ley mencionada estaba sujeto a que el docente oficial se
encontrara vinculado al servicio docente oficial para el 27 de junio de 2003.
32. En esa medida, señaló que la Subsección B de la Sección Segunda de esa
corporación, así como otras Subsecciones del Tribunal, han previsto que la
aplicación de uno u otro régimen se determina por el hecho de que el docente para
la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de ese año) esté
efectivamente prestando sus servicios como docente oficial, sin que esto implique
que se esté exigiendo un requisito adicional o se cree por parte del operador judicial
ordinario, una exigencia que no esté contemplada en el artículo 81 de la Ley 812 de
2003.
33. Con base en lo anterior, consideró que en el caso de la señora Espitia
Espinosa no se acreditó el requisito de vinculación vigente al 27 de junio de 2003,
ya que, a pesar de que el juez constitucional tiene como acreditado el cumplimiento
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de la vinculación laboral, con los contratos de prestación de servicios que la actora
suscribió durante los años 1996 a 1999, no tuvo en cuenta que el artículo precitado
dispuso que el «régimen de los docentes que se encuentren vinculados al servicio
público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley», lo que implica
que, el docente sí debe estar vinculado para la fecha en que la norma entró en
vigencia.
34. Adicionalmente, resaltó que la accionante después de que prestó sus
servicios bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios al sector docente,
permaneció 5 años y 2 meses desvinculada, para luego el 16 de febrero de 2005,
vincularse en calidad de provisional, aspecto que, en su criterio, debe tenerse en
cuenta, pues para la fecha del 27 de junio de 2003, fecha que determina la
aplicación de uno y otro régimen, teniendo en cuenta la vinculación (efectiva y
vigente de acuerdo con la norma) del docente, la actora hacía varios años se había
desvinculado.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
35. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Cuestión previa
36. Antes de definir el problema jurídico que aquí se abordará, la Sala aclara
que no accederá a la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación,
comoquiera que aquella entidad fue vinculada al presente trámite debido a que hizo
parte, en calidad de demandada, del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, en el cual se profirió la providencia judicial que hoy se discute en esta
sede.
37. Por otra parte, debe precisarse que la Subsección no emitirá ningún
pronunciamiento con respecto a la declaratoria de improcedencia de la acción de
amparo por parte del juez de primera instancia, ante el incumplimiento del requisito
general de subsidiariedad, comoquiera que dicho aspecto no fue objeto de
impugnación.
Problema jurídico
38. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, si la Subsección B
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al expedir la
Sentencia del 3 de abril de 2025, desconoció la posición de la Sección Segunda del
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Consejo de Estado, consistente en no exigir como requisito que el maestro se
encontrara vinculado para el 27 de junio de 2003, sino que bastaba que acreditara
haber servido como educador público antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
incluso a través de la modalidad de OPS.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
39. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, comoquiera que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
toda vez que el debate gira en torno a la presunta transgresión de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia,
así como los principios de favorabilidad y seguridad jurídica, se argumentaron con
suficiencia los reparos alegados y no se trata de un asunto de mera legalidad o
carácter eminentemente económico; (2) se tiene acreditada la legitimación, tanto
activa como pasiva, puesto que Nancy Yaneth Espitia Espinosa es la titular de las
garantías constitucionales que se invocan como vulneradas, y la Subsección B de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue la autoridad
que profirió la decisión que se cuestiona en el escrito de amparo; (3) no existe otro
mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus
derechos constitucionales; (4) la acción de tutela se presentó el 5 de mayo de 2025,
es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia del 3
de abril de 20252; (5) no se cuestionó una irregularidad procesal; (6) se identificaron
razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega
la vulneración de derechos fundamentales; y (7) la tutela no se interpone contra una
providencia de igual naturaleza.
Análisis de vulneración alegada: estudio de los defectos
40. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, mediante la cual la
Sección Quinta de esta corporación accedió al amparo invocado, por las razones
que a continuación se exponen:
41. La Subsección B de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca impugnó la decisión de primera instancia porque consideró que tanto
la Ley 812 de 2003 como la Sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019
establecen que, para aplicar el régimen anterior a dicha ley, el docente debía estar
vinculado al servicio oficial el 27 de junio de 2003. Sin embargo, en el caso de la
señora Espitia Espinosa no se cumplía con ese requisito, ya que sus contratos de
prestación de servicios fueron entre 1996 y 1999, y para el 27 de junio de 2003
llevaba más de 5 años desvinculada, pues solo hasta febrero de 2005 fue nombrada
como provisional, por lo que no puede aplicársele el régimen anterior, ya que no
estaba vinculada para el momento en que la norma precitada entró en vigor.
42. Pues bien, en la Sentencia del 3 de abril de 2025 la corporación judicial
referida revocó la decisión proferida por el Juzgado 19 Administrativo de Bogotá el
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La providencia fue notificada por estado electrónico el 11 de abril de 2025.
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29 de noviembre de 2024, en la que, entre otros, ordenó el reconocimiento de una
pensión ordinaria de jubilación para Nancy Yaneth Espitia Espinosa, como
beneficiaria del régimen docente previsto en la Ley 91 de 1989.
43. Como consecuencia de esa revocatoria, negó las pretensiones de la
demanda al considerar que la accionante no era beneficiaria del régimen de
transición de la Ley 812 de 2003 porque no estaba vinculada al sector oficial docente
para la fecha de vigencia de esa norma, razón por la que no está sujeta a los
beneficios de las Leyes 91 de 1989 y 33 y 62 de 1985. Textualmente, expuso lo
siguiente:
«[...] Así las cosas, y de la relación efectuada, debe manifestar la Corporación respecto
al régimen que le es aplicable a la demandante, que si bien la señora NANCY YANETH
ESPITIA ESPINOSA estuvo vinculada como docente con anterioridad a la expedición
de la ley 812 de 2003 bajo la modalidad de prestación de servicios, lo cierto es que,
para la fecha en que esta norma entró en vigencia, esto es el 27 de junio de 2003, la
actora no estaba vinculada al servicio oficial, por lo cual no le son aplicables las
disposiciones previstas en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, conforme lo indicó la
entidad demandada en el acto administrativo objeto de control judicial.
Lo anterior si se tiene en cuenta que, conforme las normas y jurisprudencia aplicable,
el beneficio pensional que solicita la actora le sea reconocido, se aplica en el evento en
que el docente se encuentre efectivamente prestando sus servicios para el 27 de junio
de 2003, requisito este que conforme las pruebas que reposan en el expediente, no
cumplen la señora ESPITIA ESPINOSA, en tanto se retiró del servicio el 26 de
noviembre de 1999 y se volvió a vincular el 16 de febrero de 2005. Sin que esto implique
que el tiempo que sirvió para los años 1996 a 1999, no deba tenerse en cuenta a
efectos de establecer el cumplimiento de las semanas requeridas para el
reconocimiento pensional [...]».
44. En esos términos, se colige que la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, consistente en que Nancy Yaneth Espitia Espinosa no es
beneficiaria del régimen previsto en la Ley 91 de 1989 por no encontrarse vinculada
al servicio oficial docente al 27 de junio de 2003 (fecha de entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003) desconoció abiertamente la interpretación reiterada y uniforme
que sobre el particular ha desarrollado la Sección Segunda del Consejo de Estado.
45. En efecto, aunque el Tribunal fundamentó su decisión en la supuesta
exigencia de una vinculación activa para esa fecha, el máximo tribunal de lo
contencioso administrativo ha sostenido de forma reiterada que la fecha relevante
para definir el régimen pensional aplicable a los docentes es la de su primera
vinculación al servicio oficial, sin que se requiera continuidad ni que el vínculo se
mantenga activo para el 27 de junio de 2003.
46. Así se desprende de las múltiples sentencias en las cuales la Sección
Segunda (Subsección A o B) ha reconocido expresamente que la interrupción del
servicio docente no constituye un obstáculo para la aplicación del régimen anterior,
siempre que la primera vinculación se haya producido con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 812 de 2003, incluso si esta ocurrió mediante contratos de
prestación de servicios.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02605-01
Accionante: Nancy Yaneth Espitia Espinosa
47. Entre otras, se destaca la Sentencia del 13 de febrero de 2025, Rad. 25000-
23-42-000-2019-01208-01 (6406-2022), en la que la Subsección B de la Sección
Segunda señaló con claridad que:
«[...] (i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a
la Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su vigencia.
(ii) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, (…) (iii) La aplicación del
régimen está determinada por la fecha de la primera vinculación, independientemente
de la modalidad de vinculación (carrera docente, provisional o por contrato de
prestación de servicios) [...]».
48. De igual manera, decisiones como la Sentencia del 18 de septiembre de
2020 (Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01)3 y la del 7 de abril de 2022 (Rad.
66001-23-33-000-2016-00438-01)4 refuerzan este entendimiento, en tanto
reconocen el derecho a la pensión bajo el régimen anterior a docentes que, al igual
que la señora Espitia Espinosa, prestaron sus servicios antes de la Ley 812 de 2003
y se reincorporaron al servicio años después, sin que la discontinuidad laboral haya
afectado la aplicabilidad del régimen pensional favorable.
49. En consecuencia, sostener que la actora debía encontrarse vinculada en
forma continua y activa al 27 de junio de 2003 implica imponer un requisito adicional
no previsto legalmente, en abierta contravía de los principios de favorabilidad,
igualdad y seguridad jurídica. Además, el Tribunal accionado, tal y como lo indicó el
juez de primera instancia, omitió toda justificación razonada y suficiente para
apartarse de la línea jurisprudencial ya consolidada en la materia, infringiendo su
deber de motivación reforzada cuando decide separarse del precedente judicial del
órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa.
50. Aunque a la fecha no existe una sentencia de unificación sobre este punto
específico, lo cierto es que sí existe una posición pacífica, consolidada y reiterada
al interior de la Sección Segunda del Consejo de Estado (Subsecciones A y B), lo
cual otorga plena fuerza vinculante al criterio jurisprudencial descrito, conforme a
los principios constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima, por lo que,
a la luz del principio de autonomía judicial, cuando el administrador de justicia decida
apartarse de las reglas fijadas por los órganos de cierre de cada jurisdicción, debe
cumplir con la carga argumentativa que permita dilucidar, de manera clara y
3
En esta providencia, la Subsección B de esta Sección expuso lo siguiente: « En el sub lite, se tiene que, si bien es cierto
que el demandante tuvo una vinculación laboral con posterioridad a la Ley 812 de 2003, también lo es que no es dable
desconocer los tiempos de servicios prestados, como docente nacionalizado, antes de que empezara a regir tal normativa,
máxime cuando para el 27 de junio de 2003 había acumulado 18 años, 5 meses y 16 días de labor (entre el 19 de agosto de
1978 y el 28 de enero de 1997).
Por lo tanto, al vincularse nuevamente al servicio oficial docente el 16 de febrero de 2009, haber acumulado más de 20 años
de servicios en condición de maestro estatal y adquirido la edad pensional prevista en la Ley 33 de 1985, resulta contrario a
los principios de equidad, justicia social y pro homine, así como a los tratados internacionales atañederos a estos12,
desconocer que el accionante había laborado como profesor en el sector público antes de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003, máxime cuando de tal norma se infiere que su aplicación es para los nuevos docentes vinculados durante su
vigencia, mas no para los que con anterioridad fueron nombrados en dicha condición».
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En la referida decisión, esta Subsección sostuvo lo siguiente: «se debe arribar necesariamente a la conclusión que en el sub
iudice, por aplicación directa del principio de favorabilidad, no puede desconocerse el tiempo de servicio del libelista como
docente del municipio de Pereira antes del 27 de junio de 2003, esto es, el comprendido entre el 19 de junio de 1974 y el 6
de septiembre de 1991, toda vez que para efectos pensionales de los maestros estatales, la acumulación del tiempo de
servicio cotizado se verifica sin distinción a la continuidad o no de este, sino con fundamento en la fecha del primer
nombramiento o vinculación del educador. Por tal motivo, en lo que respecta al señor Samuel Antonio Pineda Pineda, su
derecho prestacional en litigio debe verificarse con base en los preceptos de la Ley 33 de 1985».
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Accionante: Nancy Yaneth Espitia Espinosa
suficiente, las razones por las cuales adoptará una postura distinta, requisito que se
echa de menos en el presente asunto.
51. Por tanto, se concluye que la decisión de la Subsección B de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se apartó de la
jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado sin una argumentación suficiente
que lo justifique. En consecuencia, se confirmará el fallo proferido por la Sección
Quinta de esta corporación, mediante el cual se concedió el amparo solicitado por
Nancy Yaneth Espitia Espinosa.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Ministerio de
Educación Nacional.
SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de mayo de 2025 por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se ampararon los derechos
fundamentales a la seguridad social, igualdad, debido proceso y principio de
favorabilidad en materia pensional de Nancy Yaneth Espitia Espinosa, de
conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la presente
providencia.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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