Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01208-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01208-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01208-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
13 de febrero de 2025
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01208-01 (6406-2022)
Demandante: Élver Jairo Rodríguez Garavito
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01208-01 (6406-2022)
Demandante: Élver Jairo Rodríguez Garavito
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente antes de la Ley
812 de 2003.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 11 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Élver Jairo Rodríguez Garavito solicitó la nulidad de los actos administrativos
a través de los cuales la Secretaría de Educación de Bogotá le negó el reconocimiento
y pago de una pensión de jubilación, al no acreditar los 57 años de edad que exige la
Ley 100 de 1993 para el efecto. Manifestó que en calidad de docente oficial tenía
derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes según el
régimen previsto en la Ley 71 de 1988.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1
1. Por medio de escrito presentado el 15 de agosto de 2019, el señor Élver Jairo
Rodríguez Garavito por conducto de apoderada, presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación -
Ministerio de Educación Nacional Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho
que a continuación se sintetizan.
1 Samai, índice 02, ED_4425000234200020190(.zip) NroActua 2, documento 2.DEMANDA.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01208-01 (6406-2022)
Demandante: Élver Jairo Rodríguez Garavito
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
2.1.1. Pretensiones2
2. La parte actora solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 4402 del 20
de mayo de 2019, por medio de la cual la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.
negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a favor del señor Élver
Jairo Rodríguez Garavito con fundamento en la Ley 100 de 1993; y de la Resolución
7048 del 17 de julio de 2019, que la confirmó al resolver el recurso de reposición
interpuesto en su contra.
3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada
reconocer y pagar una pensión de jubilación por aportes a favor del accionante,
prevista en la Ley 71 de 1988, incluyendo en el ingreso base de liquidación todos los
factores salariales devengados durante el último año anterior a la adquisición del
estatus pensional.
4. Solicitó que la mesada pensional se reajuste desde la fecha de consolidación
del estatus y hasta que se haga efectivo el pago; se cancele la indemnización moratoria
establecida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; no se realicen descuentos por
concepto de salud; se ordene realizar los trámites tendientes a obtener el traslado de
aportes del Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS) y OLD Mutual, al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag); y se indexen
las sumas reconocidas según los artículos 187 y 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).
2.1.2. Hechos3
5. La Sala sintetiza los hechos de la demanda así:
6. El señor Élver Jairo Rodríguez Garavito nació el 9 de junio de 1954 y laboró
como docente al servicio del Estado habiendo cotizado para pensión con aportes al
«Fomag», OLD Mutual y el ISS (hoy Colpensiones), así:
(i) «Aportes al Fomag» (Secretaría de Educación de Bogotá D.C.): del 7 marzo
de 1972 al 16 de agosto de 1979, y del 15 de julio de 2005 al 28 de febrero
de 2018.
(ii) Cotizaciones a Colpensiones: del 17 de agosto de 1979 al 4 de junio de
1980, del 23 de febrero de 1981 al 31 de diciembre de 1984, del 1 al 24 de
enero de 1985, del 1 de febrero al 31 de agosto de 1985, del 26 de febrero
de 1991 al 31 de diciembre de 1994, del 1 al 30 de junio de 1995, y del 26
al 30 de septiembre de 1995.
(iii) Aportes a OLD MUTUAL: del 1 de octubre de 1995 al 28 de febrero de 1997,
del 1 de abril de 1997 al 18 de noviembre de 1998, y del 1 de noviembre de
1998 al 31 de enero de 2000.
7. El demandante le solicitó a la entidad accionada el reconocimiento y pago de
una pensión de jubilación por aportes, prevista en la Ley 71 de 1988, la cual le fue
negada a través de la Resolución 4402 del 20 de mayo de 2019. Ello, al considerar
que como el actor se vinculó al servicio docente luego de la entrada en vigor de la Ley
2 Samai, índice 02, ED_4425000234200020190(.zip) NroActua 2, documento 2.DEMANDA, págs. 1 a 2.
3 Samai, índice 02, ED_4425000234200020190(.zip) NroActua 2, documento 2.DEMANDA, págs. 2 a 3.
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812 de 2003, le era aplicable el régimen de prima media de la Ley 100 de 1993; no
obstante, no cumplía con el requisito de 57 años de edad para ser beneficiario de la
pensión. Dicho acto administrativo fue confirmado por la Resolución 7048 del 17 de
julio de 2019, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en su
contra.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación4
• Constitución Política, artículos 2, 13, 16, 29, 48 y 58.
• Ley 71 de 1988, artículo 7.
• Ley 91 de 1989, artículo 15.
• Ley 4 de 1992.
• Ley 100 de 1993, artículo 279.
• Ley 812 de 2003, artículo 81.
• Acto Legislativo 01 de 2005.
8. La parte accionante sostuvo que los actos administrativos acusados
quebrantaron las normas anteriores, pues la entidad accionada negó el reconocimiento
de la pensión de jubilación a la que tiene derecho el demandante, con fundamento en
la Ley 100 de 1993, norma que no le era aplicable, teniendo en cuenta que se vinculó
al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 y
efectuó aportes en el sector privado y público por más de 20 años.
9. Manifestó que el régimen pensional aplicable al accionante es el dispuesto en
la Ley 71 de 1988, de modo que los requisitos para adquirir la pensión pretendida son:
tener 60 años de edad y 20 de cotización, los cuales se encuentran debidamente
acreditados.
10. Indicó que la pensión de jubilación a la que tiene derecho el actor debe
liquidarse con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante
el último año anterior a la adquisición del estatus pensional. Si bien el Acto Legislativo
01 de 2005 y la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, prevén que en la liquidación de las pensiones solo se tendrán
en cuenta los factores sobre los cuales se hubiese efectuado las cotizaciones al
sistema pensional, lo cierto es que la omisión de los descuentos para cotización por
parte del empleador no puede afectar su derecho pensional.
2.2. Contestación de la demanda5
11. La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales guardó silencio.
2.3. Sentencia de primera instancia6
12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
profirió sentencia el 11 de noviembre de 2021, a través de la cual accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, declaró la nulidad de los actos
4 Samai, índice 02, ED_4425000234200020190(.zip) NroActua 2, documento 2.DEMANDA, págs. 4 a 11.
5 Samai, índice 02, ED_4425000234200020190(.zip) NroActua 2, documento 15.ACTA No.43 2019-01208.
6 Samai, índice 02, ED_4425000234200020190(.zip) NroActua 2, documento 52.Sentencia.
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administrativos acusados y condenó a la entidad accionada a reconocer y pagar a
favor del actor una pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985. La
providencia se fundó en las siguientes consideraciones:
13. El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó de su aplicación al personal
docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quienes
les aplica el régimen pensional previsto en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989; por lo
tanto, no son beneficiarios del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993.
14. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que, a partir de su entrada en
vigor, a los docentes oficiales les era aplicable el régimen pensional de prima media
dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a excepción del requisito de edad
para la pensión de vejez, que sería de 57 años para hombres y mujeres. Sin embargo,
para el caso de los docentes oficiales vinculados con anterioridad, se aplicaría el
régimen prestacional de la Ley 91 de 1989.
15. Según las pruebas del expediente, el señor Élver Jairo Rodríguez Garavito
nació el 9 de junio de 1954. Prestó sus servicios como docente estatal en dos períodos:
del 7 de marzo de 1972 al «15 de agosto de 1979», y posteriormente desde el 15 de
julio de 2005 hasta el 26 de marzo de 2019. El 5 de febrero de 2018 completó 20 años
de servicio público.
16. Si bien los actos administrativos acusados negaron al accionante el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes al señalar que no
acreditó la vinculación en calidad de docente con anterioridad a la entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, lo cierto es que según la documental que obra en el proceso el
actor se desempeñó en la docencia oficial a partir del 7 de marzo de 1972 y, por ende,
tiene derecho al régimen pensional establecido para el magisterio en las disposiciones
legales vigentes antes de la referida ley.
17. Al haberse demostrado que el demandante para el 15 de junio de 2018, cuando
solicitó ante la administración el reconocimiento pensional, tenía más de 55 años y
más de 20 de servicio público, es acreedor de la pensión de jubilación en los términos
de la Ley 33 de 1985, a partir del 6 de febrero de 2018, fecha en la que adquirió el
estatus. Así, concluyó que contrario a lo pretendido por la parte actora, no resulta
procedente aplicar el régimen pensional previsto en la Ley 71 de 1988, dado el tiempo
de prestación de servicios al sector público acreditado.
18. En consecuencia, ordenó a la entidad demandada reconocer la pensión de
jubilación a favor del accionante en un monto equivalente al 75% del salario promedio
que sirvió de base para los aportes del año anterior al estatus, comprendido del 6 de
febrero de 2017 al 6 de febrero de 2018.
2.4. Recurso de apelación7
19. La parte demandada apeló la sentencia de primera instancia y solicitó que se
revoque. Argumentó que como el señor Élver Jairo Rodríguez Garavito se vinculó al
7 Samai, índice 02, ED_4425000234200020190(.zip) NroActua 2, documento 58.RECURSO PENSION DE
JUBILACION.
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servicio docente en propiedad con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003, le es aplicable el régimen pensional de prima media de que tratan las leyes 100
de 1993 y 793 de 2003.
20. Adujo que según se probó en el expediente, el demandante estuvo desvinculado
varios periodos durante más de 15 días, de modo que de acuerdo con el artículo 10
del Decreto 1045 de 1978 hubo solución de continuidad; situación que cambia el
régimen jurídico aplicable al momento de realizar el estudio de procedencia del
reconocimiento pensional.
2.5. Trámite procesal8
21. Mediante auto del 9 de marzo de 2023, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia.
2.6. Ministerio Público9
22. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
23. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
24. De acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación y teniendo en cuenta
que el artículo 328 del Código General del Proceso limita el pronunciamiento del juez
de segunda instancia a los argumentos del recurso de alzada, la Sala debe definir:
25. ¿El señor Élver Jairo Rodríguez Garavito tiene derecho a que, en su condición
de docente oficial, se le reconozca y pague la pensión de jubilación con fundamento
en las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, teniendo en cuenta que se vinculó por primera
vez al servicio antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, pero no mantuvo el
vínculo, o, por el contrario, le resulta aplicable la Ley 100 de 1993, toda vez que se
reintegró al servicio público con posterioridad a la Ley 812 de 2003?
26. Para resolver el anterior problema jurídico, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; y (ii) el régimen pensional aplicable
a los docentes oficiales - sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril
de 2019.
8 Samai, índice 04.
9 Samai, índice 11.
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27. A partir de las anteriores consideraciones: (iii) se destacarán los hechos
probados más relevantes y (iv) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverá
el interrogante planteado.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. El régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
28. El régimen pensional de los docentes oficiales se encuentra exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que establece: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
29. Esta excepción se debe a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 198910, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.
30. La Ley 91 de 1989 establece un esquema especial de financiamiento que difiere
del régimen general. En su artículo 8° dispone un sistema de aportes donde los
docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la nación
aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por
servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituye una de
las principales razones que justifican la excepción del régimen general.
31. La naturaleza exceptuada del régimen se refuerza con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que establece reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1° de enero de 1990.
32. Es importante señalar que la normativa especial para los docentes se mantiene
incluso después de la expedición de la Ley 812 de 200311. Aunque esta norma (en su
artículo 81) estableció que los docentes vinculados a partir de su vigencia (27 de junio
de 2003) se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, mantuvo una particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años
para ambos géneros. Esto confirma que, incluso bajo el nuevo esquema, los docentes
mantienen características especiales que justifican su tratamiento diferenciado.
33. El Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del régimen, al
establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo
oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
10 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
11 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.
45.231, de 27 de junio de 2003.
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anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta».
34. La excepción del régimen general se justifica, entonces, no solo por la existencia
de un sistema especial de administración y financiamiento, sino también por la
necesidad de mantener la unidad en el manejo de las prestaciones sociales del
magisterio, garantizando así la sostenibilidad financiera del sistema y la adecuada
prestación del servicio público de educación.
3.3.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales - sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201912
35. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
36. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1° del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812
de 2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a
la pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:
37. (i) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional, establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
38. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1° de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1° de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:
✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
12 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-
S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Sociales del Magisterio
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75%.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (i) el periodo del último año de
servicio docente y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
39. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de
liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza
salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica
(Decreto 2354 de 2018)13.
40. (ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con tales docentes, en la sentencia de unificación
se fijó la siguiente regla:
Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad
que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir
en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994
sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
41. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:
✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
✓ Tasa de remplazo: 65%-85%14, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
13 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.
15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
14 Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
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Demandante: Élver Jairo Rodríguez Garavito
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reconocimiento de la pensión y (ii) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.
42. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.
43. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección15, tales como:
(i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su
vigencia.
(ii) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(iii) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).
44. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.
3.4. Hechos probados
45. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:
46. El señor Élver Jairo Rodríguez Garavito nació el 9 de junio de 1954, según
registro civil de nacimiento y copia de la cédula de ciudadanía16, por lo tanto, para el
15
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01
(0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01
(2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
16 Samai, índice 02, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, documento 4.ANEXOS, págs. 41 a 42.
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Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
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26 de diciembre de 2018, fecha de la reclamación pensional ante la Secretaría de
Educación de Bogotá D.C., contaba con 64 años.
47. El demandante cotizó 513 semanas al ISS, hoy Colpensiones, correspondientes
a aportes en el sector privado, conforme al reporte de semanas cotizadas en pensiones
de dicha entidad, actualizado a 21 de junio de 2018 que reposa en el expediente, así17:
Entidad Desde Hasta
SERV AEROFOTOGRAMET 16/08/1979 04/06/1980
INGETEC S.A. 23/02/1981 31/08/1982
INGETEC 01/09/1982 31/08/1985
PEDRAZA RODRÍGUEZ OR 26/02/1991 31/08/1995
PEDRAZA R ORLANDO 01/09/1995 30/09/1995
48. El accionante prestó servicios como docente a la Secretaría de Educación de
Bogotá D.C., nombrado en propiedad a partir del 7 de marzo de 1972 y hasta el 16 de
agosto de 1979, cuando le fue aceptada su renuncia al cargo, de acuerdo con la
certificación expedida por la misma entidad el 2 de noviembre de 201618. Tal periodo
corresponde a 7 años, 5 meses y 10 días.
49. Con posterioridad, el actor prestó de nuevo sus servicios a la Secretaría de
Educación de Bogotá D.C., como docente en propiedad, afiliado al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, del 15 de julio de 2005 al 2 de marzo de 2018,
según el formato único para la expedición de certificado de historia laboral expedido
por la entidad el mismo 2 de marzo de 201819. Ello significa que laboró durante 12
años, 7 meses y 18 días.
50. Por medio de la Resolución 4402 del 20 de mayo de 2019, la Secretaría de
Educación de Bogotá D.C., en representación del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, negó la solicitud de pensión de jubilación por aportes (Ley 71
de 1988), pretendida por el demandante, al considerar que como no se vinculó al
servicio docente antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, le era aplicable
el régimen pensional de la Ley 100 de 1993; no obstante, no probó el requisito de 57
años para ser acreedor de una mesada pensional20.
51. A través de la Resolución 7048 del 17 de julio de 2019, la misma secretaría de
educación confirmó el acto administrativo anterior, al decidir el recurso de reposición
interpuesto en contra de la Resolución 4402 de 201921.
3.5. Caso concreto. Análisis de la sala
52. En síntesis, la entidad accionada en el recurso de apelación alegó que el
demandante no se encontraba vinculado al servicio docente antes de la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), razón por la cual el régimen
17 Samai, índice 02, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, documento 4.ANEXOS, pág. 35.
18 Samai, índice 02, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, carpeta 46.RESPUESTA_S-2021-319879_-_E-2021-
219922, documento E-2021-219922_3compressed, pág. 13.
19 Samai, índice 02, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, documento 30.S_2021_234028_2, pág. 176.
20 Samai, índice 02, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, carpeta 46.RESPUESTA_S-2021-319879_-_E-2021-
219922, documento E-2021-219922_3compressed, págs. 21 a 22.
21 Samai, índice 02, ED_EXPEDIENTE(.zip) NroActua 2, carpeta 46.RESPUESTA_S-2021-319879_-_E-2021-
219922, documento E-2021-219922_3compressed, págs. 1 a 2.
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pensional que le resulta aplicable es el contenido en las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003. Adujo que, según se probó, el actor se desvinculó del servicio docente y se
reincorporó, con solución de continuidad, con posterioridad a la referida ley.
53. Ahora bien, con el fin de definir el régimen pensional aplicable al accionante, se
recuerda que los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985. En cambio, a aquellos
docentes vinculados con posterioridad, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el régimen de prima media de las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para
hombres y mujeres.
54. Sobre el particular, es necesario resaltar que la interrupción o suspensión del
servicio oficial docente no puede ser impedimento para determinar el régimen
pensional que cobija la situación jurídica, pues como quedó visto en el marco
normativo y jurisprudencial de la presente providencia, esta corporación 22 ha avalado
el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal docente, considerando la
totalidad de los periodos laborados, aun cuando hubiese discontinuidad entre estos.
55. En este orden de ideas, descendiendo al asunto en concreto, como bien lo
consideró el tribunal de primera instancia, se acreditó que el demandante se vinculó
por primera vez al servicio docente, en propiedad, antes de la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), esto es, el 7 de marzo de 1972; sin que en el
proceso hubiese existido controversia alguna con respecto a dicha vinculación. Por
ende, al señor Élver Jairo Rodríguez Garavito le es aplicable la Ley 91 de 1989 y
comoquiera que según se probó en el plenario, tiene más de 55 años y acumuló más
de 20 años de servicio público, se estima que es beneficiario del régimen pensional
previsto en la Ley 33 de 1985.
56. Al respecto, se observa, sin que hubiese sido objeto de discusión, que el actor
nació el 9 de junio de 1954 y cumplió 55 años de edad el 9 de septiembre de 2009. A
su vez, se probó, conforme se describió en el acápite de hechos probados de la
presente sentencia, que laboró durante 20 años y 28 días en calidad de docente, en
propiedad, al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C.
57. Así las cosas, al evidenciarse que el actor se vinculó como docente antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, se desestiman los argumentos del recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, la que habrá de
confirmarse.
58. Lo anterior, dejando claro que en el asunto objeto de análisis la entidad
recurrente no discutió en concreto los tiempos laborados por el accionante, ni tampoco
la liquidación que de la pensión reconocida efectuó el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18
de septiembre de 2020. Radicado número 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
Criterio reiterado por la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 2 de junio de 2022. Radicado número
25000-23-42-000-2019-00143-01 (3061-2021).
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3.6. Conclusión de la decisión
59. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, se
concluye que como el señor Élver Jairo Rodríguez Garavito se vinculó con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional que le es aplicable
es el previsto en la Ley 33 de 1985. Por consiguiente, se debe confirmar la sentencia
de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
3.7. Costas
60. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 23 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
61. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 11 de noviembre 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, según lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.
TERCERO: RECONOCER personería al abogado Miguel Arcángel Sánchez
Cristancho identificado con cédula de ciudadanía 52.218.999 y tarjeta profesional
175.338 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la
parte actora, para los efectos del poder que le fue sustituido y que obra a índice 12 de
Samai.
23 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Élver Jairo Rodríguez Garavito
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
TAP/JCBB
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