Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01874-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-01874-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01874-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01874-01
Accionante: Nidia Enit Toro Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: Acción de tutela contra providencia. Nulidad y restablecimiento del derecho.
Sanción moratoria docente. Costas procesales. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante en contra de la
sentencia del 5 de mayo de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, a través de la cual declaró improcedente la acción.
ANTECEDENTES
La señora Nidia Enit Toro Rodríguez, por intermedio de apoderado, pretende que
se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, así como el principio de gratuidad, los cuales considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con la sentencia del
4 de diciembre de 2024, proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 76111-33-33-002-2024-00038-01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio y del departamento del Valle del Cauca, con el fin de que se declarara la
nulidad del acto ficto configurado el 14 de noviembre de 2023 por la falta de
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respuesta a la petición del reconocimiento de la sanción moratoria y el pago del
auxilio económico, conforme a la Ley 1071 de 2006.
Que el 6 de septiembre de 2024 el Juzgado Tercero Administrativo de Guadalajara
de Buga negó las pretensiones y la condenó en costas, por lo cual interpuso recurso
de apelación y el 4 de diciembre de ese año el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca confirmó la sentencia recurrida y no condenó en costas en esa instancia.
Que la autoridad judicial de segunda instancia incurrió en desconocimiento del
precedente judicial en la sentencia que puso fin al litigio, pues desconoció el
precedente pacífico y vinculante del Consejo de Estado, según el cual la condena
en costas no opera automáticamente o como sanción por haber sido vencido en el
proceso, sino que debe verificarse su causación y determinarse el pago de los
gastos ordinarios del proceso y la actividad efectivamente realizada por el
profesional del derecho, conforme al enfoque objetivo-valorativo, excluyendo la
mala fe o temeridad de las partes, de acuerdo con los numerales 1 y 8 del artículo
365 de la Ley 1564 de 2012 y el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021.
Puntualmente, aludió a las siguientes sentencias proferidas por las distintas
subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado: del 7 de abril de 2016
de la Subsección A (rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01), del 11 de febrero de
2021 de la Subsección B (rad. 63001-23-33-000-2017-00308-01), del 2 de febrero
de 2023 de la Subsección A (rad. 27001-23-33-000-2016-00025-01 (1131-2019),
del 4 de abril de 2024 de la Subsección A (rad. 20001-23-33-000-2013-00352-01) y
del 23 de mayo de 2024 de la Subsección A (rad. 25000-23-42-000-2015-00335-
01); así como la sentencia del 30 de agosto de 2024 de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado (rad. 05001-23-33-000-2018-00626-01).
Que el Tribunal también incurrió en defecto sustantivo, pues inobservó que el
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 fue modificado por el artículo 47 de la Ley 2080
de 2021, acorde con el cual se dispondrá sobre la condena en costas cuando la
demanda haya sido presentada con manifiesta carencia de fundamento legal, pues
en la demanda expuso los hechos y argumentos jurídicos que sustentaban la
pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria, con base en la
interpretación que se efectuó el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.
Que la autoridad judicial efectuó una interpretación incompatible del artículo 365 del
Código General del Proceso, norma que resulta aplicable por remisión expresa del
artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, al confirmar la sanción impuesta por el juez de
primera instancia, sin verificar si las expensas procesales fueron realmente
causadas y probadas en el expediente.
PRETENSIONES
Que se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dejar sin efectos la
sentencia del 4 de diciembre de 2024 y efectuar el examen de procedencia de la
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condena en costas impuesta en el proceso ordinario, conforme a la normativa
vigente y el precedente jurisprudencial vertical.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 2 de abril de 2025 el magistrado sustanciador de la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado admitió la acción y vinculó a la Nación-Ministerio de
Educación Nacional, al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara
de Buga, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la
Fiduprevisora S.A. y a la Secretaría de Educación Departamental del Valle del
Cauca, como terceros con interés.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por intermedio del magistrado
ponente de la sentencia cuestionada, manifestó que no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la parte accionante, pues la Sala analizó las pruebas para concluir
que la condena en costas no dependía de que se probara una actuación temeraria
o abusiva, sino que únicamente debía acreditarse la realización de actuaciones
procesales.
Que procedía la condena en costas y agencias en derecho contra la parte actora en
aplicación del criterio objetivo-valorativo en vigencia de la Ley 1437 de 2011, en
concordancia con el Código General del Proceso, lo que desvirtúa los argumentos
expuestos en el escrito de tutela.
Que la accionante pretende reabrir un debate procesal que ya fue resuelto en ambas
instancias, pese a que la sentencia fue proferida con estricto apego a criterios
jurisprudenciales.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El departamento del Valle del Cauca, a través de apoderada, indicó que se oponía
a las pretensiones porque no estaba llamada a responder los hechos expuestos en
la tutela, la cual se dirigió contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
lo que carece de legitimación en la causa por pasiva y solicitó su desvinculación.
Que ratificaba lo expuesto en la contestación de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho respecto al reconocimiento de la sanción moratoria, y
que acataba la sentencia controvertida en esta sede.
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga, por
medio de su titular, señaló las actuaciones adelantadas en el proceso y remitió el
link del expediente digital del medio de control.
El Ministerio de Educación Nacional, por conducto del jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva para emitir un
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pronunciamiento de fondo, pues el debate gira en torno a la sentencia proferida por
el Tribunal accionado, por lo cual la acción es improcedente en lo que a esa cartera
ministerial respecta.
Que en el caso no se demostró que las vulneraciones a las garantías procesales y
fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o supervivencia
del accionante ni su acceso a la administración de justicia, sino que se trata de un
debate procesal y económico que involucra intereses privados, lo que evidencia la
ausencia de relevancia constitucional.
Los demás vinculados guardaron silencio.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 5 de mayo de 2025 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró improcedente la acción por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, pues la controversia versaba sobre un asunto meramente legal y
económico, como lo es la condena en costas, por lo cual la tutela no es el escenario
adecuado para examinar ese aspecto, máxime si se tiene en cuenta que la parte
actora acudió a la acción para que se estudiara nuevamente lo expuesto en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia del
proceso ordinario, lo cual fue analizado y resuelto razonadamente en la decisión
ahora censurada.
Que el Tribunal accionado determinó que debía acoger el criterio objetivo-valorativo
basado en la acreditación de las gestiones desplegadas por los apoderados de las
entidades accionadas, como lo fue la contestación de la demanda, la presentación
de alegatos y otras actuaciones procesales, que evidenciaron la incursión en gastos.
IMPUGNACIÓN
La accionante impugnó la sentencia, para lo cual manifestó que en la demanda se
expusieron las razones fácticas y jurídicas que justificaban la intervención del juez
de tutela por configurarse una vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, debido a la existencia de un
defecto sustantivo, por lo que no se trata de un asunto meramente económico y
legal.
Que se le impuso la condena en costas sin considerar que para la fecha de la
decisión ya estaba vigente la Ley 2080 de 2021, mediante la cual se modificó el
artículo 188 del CPACA y se estableció como presupuesto necesario para su
procedencia la existencia de una demanda presentada con manifiesta carencia de
fundamento legal, lo cual no fue analizado por el Tribunal accionado, pese a que se
trata de una norma de orden público y su omisión no podía justificarse en la
autonomía e independencia judicial.
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Que en atención a los principios de inescindibilidad y favorabilidad, la autoridad
judicial no podía interpretar selectivamente el artículo 188 del CPACA,
especialmente tratándose de la condena en costas que exige examinar todos los
requisitos normativos para su imposición, por lo que no se trata de una simple
discrepancia interpretativa, sino de lograr la corrección de una actuación que
prescindió de un examen normativo.
Que el Tribunal aludió a una sentencia del Consejo de Estado del 2018 para resolver
el litigio, pese a que resultaba inaplicable para analizar la procedencia de la condena
en costas, por ser anterior a la Ley 2080 de 2021, lo que demuestra que no hizo una
evaluación debida del caso.
Que las sentencias de tutela proferidas recientemente confirman que lo expuesto,
esto es, que una aplicación del régimen de condena en costas que desconozca el
artículo 188 del CPACA, conforme a la reforma de la Ley 2080 de 2021, vulnera las
garantías mínimas de la actuación judicial, concretamente, el debido proceso, como
las decisiones del 18 de abril de 2024 (rad. 11001-03-15-000-2024-01360-00), 24
de julio de 2024 (rad. 11001-03-15-000-2024-03346-00) y 25 de julio de 2024
(11001-03-15-000-2024-03343-00) proferidas por las subsecciones de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
En consecuencia, solicitó revocar la sentencia recurrida y acceder a las
pretensiones.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
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fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Caso concreto
En síntesis, la accionante impugnó la sentencia, para lo cual afirmó que la tutela
cumple el requisito de relevancia constitucional e insistió en el defecto sustantivo,
3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.
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por inobservancia del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, y en el desconocimiento
del precedente judicial de la Sección Segunda del Consejo de Estado, según la cual
la condena en costas no opera automáticamente o como sanción por haber sido
vencido en el proceso, sino que debe verificarse la causación de las costas y
determinarse el pago de los gastos ordinarios del proceso y la actividad
efectivamente realizada por el profesional del derecho, conforme al enfoque
objetivo-valorativo.
A esta Subsección corresponde, en primer lugar, definir si se satisface el requisito
de relevancia constitucional, el cual no se encontró cumplido en primera instancia,
pues solo de superarse, junto con las demás exigencias generales de procedencia,
habría lugar a estudiar los reparos expuestos.
La Sala observa que los reparos planteados por la accionante están orientados
exclusivamente a discutir la imposición de una condena en costas en primera
instancia, confirmada en segunda, lo cual se traduce en una afectación meramente
económica como resultado de una interpretación legal efectuada por el juez
competente para ello, en la cual no está de por medio una verdadera afectación de
derechos fundamentales o una discusión frente a su alcance, goce o contenido,
máxime cuando lo que debate la actora no es propiamente la controversia que dio
lugar al proceso ordinario, sino únicamente la consecuencia económica por los
gastos procesales.
Debe entonces recordarse que la tutela fue instituida para lograr la protección de
los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por las autoridades o los
particulares en los casos previstos en la ley, mas no como una instancia adicional
en la que pueda reabrirse un debate netamente legal y económico con el fin de
imponer una solución que resulta más favorable al peticionario y desconocer la
autonomía e independencia del juez de la causa, quien, en este caso, además, se
pronunció sobre los argumentos de apelación que versaron sobre el debate aquí
planteado.
En efecto, no puede olvidarse que dentro de las finalidades que el máximo tribunal
de la jurisdicción constitucional ha establecido para entender superada la exigencia
de la relevancia constitucional se encuentra la de preservar la competencia y la
independencia de las autoridades judiciales y evitar que la tutela se convierta en un
recurso adicional, con mayor razón cuando no está involucrado el alcance de algún
derecho de raigambre constitucional, como ocurre en el caso bajo análisis.
En consecuencia, se confirmará la sentencia del 5 de mayo de 2025 proferida por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia del 5 de mayo de 2025 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
declaró improcedente la acción, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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