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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02170-00

Fecha
30 de mayo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-02170-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora Yamile Azucena Medina Villabona, por las consideraciones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-02170-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

30 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02170-00
Demandante: Yamile Azucena Medina Villabona

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02170-00
Demandante: YAMILE AZUCENA MEDINA VILLABONA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede
estudio de fondo por incumplimiento de los requisitos generales / SUBSIDIARIEDAD – La
accionante ejerció el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia contra la
sentencia censurada, el cual se encuentra en trámite / PERJUICIO IRREMEDIABLE – No
se acreditó estar en presencia de alguna situación que amerite la intervención urgente del
juez de tutela.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Yamile Azucena Medina
Villabona contra el Tribunal Administrativo de Boyacá.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 10 de abril de 20251, la señora Yamile Azucena Medina Villabona, mediante
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia2, con motivo de la sentencia
proferida el 8 de octubre de 2024, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 15238-33-33-002-2021-00110-01.
Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben):

2.1.- Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la
sentencia proferida el día 8 de octubre de 2024, en el expediente con radicado
No. 15238-33-33-002-2021-00110-01, transgredió los derechos fundamentales
al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, SEGURIDAD JURÍDICA,
DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE VERTICAL, PRINCIPIO DE
FAVORABILIDAD de la señora YAMILE AZUCENA MEDINA VILLABONA, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la
ley y a la abundante jurisprudencia emitida por la jurisdicción contenciosa
administrativa.

2.2.- Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y, profiera una nueva decisión judicial en el que se analice la

1
Se advierte que el 6 de mayo de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 También consideró desconocidos los principios de seguridad jurídica y de favorabilidad.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02170-00
Demandante: Yamile Azucena Medina Villabona

situación particular de la demandante a la luz de la jurisprudencia pacífica y
uniforme del Honorable Consejo de Estado en materia del régimen pensional
del personal docente.

2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. La señora Yamile Azucena Medina Villabona prestó su servicio como docente
oficial, en virtud de la suscripción de contratos de prestación de servicios, desde el
1º de febrero de 1993 hasta el 12 de diciembre de 2003. Posteriormente, se vinculó
en provisionalidad a partir del 11 de mayo de 2007, y luego en propiedad, en el año
2008.

4. Tras cumplir 55 años, radicó reclamación ante el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, en adelante Fomag, para el reconocimiento de
la pensión de jubilación, bajo el amparo de la Ley 33 de 1985. La solicitud fue
denegada.

5. Inconforme con la decisión, la accionante ejerció el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, que correspondió en primera instancia al
Juzgado Segundo Administrativo de Duitama con el radicado 2021-00110-00. La
autoridad judicial accedió a las pretensiones con sentencia del 22 de mayo de 2024.

6. Las entidades demandadas apelaron la providencia, y en segunda instancia
el Tribunal Administrativo de Boyacá, con sentencia del 8 de octubre de 2024, la
revocó y en su lugar, denegó las pretensiones.

7. La parte actora considera que la sentencia proferida por el Tribunal accionado
vulnera los derechos fundamentales invocados, porque incurre en defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial, dado que, a su juicio, es nutrida la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado que avala la
contabilización del tiempo laborado por los docentes oficiales mediante órdenes de
prestación de servicios para efectos pensionales, en especial, para determinar la
fecha de vinculación de los educadores, a fin de establecer el régimen aplicable
(definir si la vinculación tuvo lugar antes o después de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003).

8. Citó los siguientes pronunciamientos judiciales que estima desconocidos:

➢ Sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A del 11 de febrero de 20213, 18 de marzo de 20214, y 7 de abril
de 20225.
➢ Sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B del 12 de septiembre de 20246, 31 de octubre de 20247, y 20
de noviembre de 20248.

3
Radicado 81001-23-33-000-2013-00079-01(4021-14), M.P. William Hernández Gómez.
4
Radicado 63001-23-33-000-2014-00249 01, M.P. William Hernández Gómez.
5
Radicado 63001-23-33-000-2018-00184-01(4983-2019), M.P. William Hernández Gómez.
6
Radicado 15001-23-33-000-2021-00407-01(6687-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
7
Radicado 05001-23-33-000-2021-00667-01 (2877-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
8
Radicados 27001-23-33-000-2021-00048-01 (7049-2023) y 17001-23-33 000-2021-00037-
01(3979-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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2

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9. Las providencias citadas también coinciden en señalar que, para efectos
pensionales, es factible tener en cuenta el tiempo de servicio ejecutado a través de
órdenes de prestación de servicios, sin necesidad de que previamente se agote un
proceso para la declaración de la existencia de una relación laboral subyacente.

B. Trámite impartido e intervenciones

10. Mediante auto de 24 de abril de 2025 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada, a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y, como terceros con interés, al ministro de
Educación Nacional, al representante legal —o quien haga sus veces— de la
Fiduprevisora S.A., en calidad de administradora del Fomag, y al alcalde del
Municipio de Duitama, toda vez que las entidades que representan intervinieron en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15238-33-33-002-
2021-00110 00/01. También se tuvieron como prueba los documentos aportados con
la demanda.

11. El magistrado ponente de la providencia censurada señaló que no vulneró
derecho fundamental alguno, pues esta se fundamentó en que no era procedente
analizar la pretensión relacionada con el reconocimiento de una relación laboral
subyacente, dado que dicha petición no se agotó en sede administrativa y, además,
el estudio se contrajo a determinar el régimen pensional aplicable a la docente, el
cual se determina según la fecha de su vinculación al servicio de la docencia oficial
y su afiliación al Fomag.

12. La Nación – Ministerio de Educación Nacional afirmó que la tutela es
improcedente, dado que no satisface los requisitos generales de procedencia,
sumado a que busca convertir este mecanismo constitucional en una tercera
instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, desvirtuando así los
principios de autonomía funcional de la jurisdicción y de cosa juzgada.

13. Alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es
responsable de la acción y omisión a la que se atribuye ya violación de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.

14. La Fiduciaria La Previsora S.A., en calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del Fomag, adujo que la tutela es improcedente por
incumplimiento de los requisitos generales y específicos que exige la jurisprudencia
de la Corte Constitucional para censurar providencias judiciales por esta vía.

15. Asimismo, sostuvo que no tiene legitimación en la causa para atender las
pretensiones de la demanda.

16. En todo caso, señaló que la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá no vulneró derecho alguno en cabeza de la accionante,
pues se profirió con respeto al debido proceso, de conformidad con lo estipulado en
el artículo 29 Superior.

17. El Municipio de Duitama no presentó informe alguno, pese a haber sido
debidamente notificado.

18. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervino en esta
oportunidad.

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II. CONSIDERACIONES

C. Competencia

19. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080
de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

D. Problema Jurídico

20. La Sala deberá verificar si se superan los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela. Sólo en el evento de que se reúnan estas
exigencias, se analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
endilgados y, por ende, vulneró los derechos fundamentales en cabeza de la señora
Yamile Azucena Medina Villabona.

E. Análisis de la Sala

Requisitos generales de procedibilidad: La subsidiariedad y el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia en el caso concreto

21. Como es sabido, la tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

22. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

23. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe,
por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

24. En todo caso, en palabras de la Corte Constitucional9, cuando el juez de
tutela analiza el cumplimiento de este requisito general de procedencia, puede
encontrarse frente a dos escenarios: (i) que el proceso ordinario se encuentre
finalizado; o (ii) que el mismo se encuentre en trámite.

25. En el segundo de los casos, la «(…) intervención del juez constitucional está
en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo
alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio
irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales»10.

9 Sentencia SU659/15
10
Sentencia T-113 de 2013

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26. El mecanismo judicial denominado recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia se rige por el título VI, capítulo II de la Ley 1437 de 2011, modificado
en algunos apartes por la Ley 2080 de 2021. Este procedimiento de carácter
extraordinario, como se advierte de la mencionada normativa, se rige por unas
específicas y especiales reglas de procedencia y de oportunidad, que ordenan que
este recurso se interponga en sede judicial ante la autoridad judicial que profirió la
decisión cuestionada.

27. El propósito de este recurso es asegurar la unidad de la interpretación del
derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los
terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida.

28. Cuando en la tutela contra providencia judicial se alega el desconocimiento
de una sentencia de unificación, se impone como requisito de procedencia de la
solicitud de amparo, el agotamiento del citado recurso extraordinario, siempre que
se cumplan las exigencias señaladas en la ley.

29. En el sub lite, si bien se alega como requisito específico el desconocimiento
del precedente, las sentencias invocadas como supuestamente inaplicadas no son
de unificación, por lo que, en principio, la interposición del recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia no sería exigible para efectos de satisfacer el requisito
de subsidiariedad.

30. No obstante, revisada la plataforma SAMAI11, la Sala advirtió que el 1º de
noviembre de 2024, la parte actora interpuso ese mecanismo procesal contra la
sentencia del 8 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá en segunda instancia, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 15238333300220210011001, el cual se concedió mediante
auto de 21 de febrero de 2025. Actualmente, el recurso se encuentra al despacho
desde el 4 de marzo de 202512.

31. Significa lo anterior, que dicho mecanismo extraordinario aún se encuentra
en trámite y está pendiente una decisión que podría incidir en la providencia
censurada, de conformidad con los efectos de la sentencia que prevé el artículo
267 del CPACA, modificado por el artículo 75 de la Ley 2080 de 202113.

32. Ahora bien, como se dijo líneas atrás, es cierto que en la tutela la parte actora
no invocó como desconocida la sentencia SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de
201914, cuyo argumento cimenta el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia interpuesto el pasado 1º de noviembre de 2024, pero también lo es

11
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1523833330022021
00110011500123
12
Repartido al magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez
13
ARTÍCULO 267. EFECTOS DE LA SENTENCIA. <Artículo modificado por el artículo 75 de la Ley
2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Si prospera el recurso, total o parcialmente, la sala
anulará, en lo pertinente, la providencia recurrida y dictará la que deba reemplazarla o adoptará las
decisiones que correspondan. Si el recurso es desestimado, se condenará en costas al recurrente.
Cuando el Consejo de Estado anule una providencia que se cumplió en forma total o parcial,
declarará sin efecto los actos procesales realizados con tal fin, y dispondrá que el juez de primera o
única instancia proceda a las restituciones y adopte las medidas a que hubiere lugar. Además, el
Consejo de Estado ordenará que en el auto de obedecimiento a lo resuelto en el recurso
extraordinario se cancele la caución de que trata el artículo 264.
Si el recurso de unificación de jurisprudencia no prospera, la caución seguirá amparando los
perjuicios causados, los cuales se liquidarán y aprobarán mediante incidente, ante el despacho de
primera o única instancia, según el caso. Este deberá proponerse dentro de los sesenta (60) días
siguientes a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior.
14
Rad. 680012333000201500569-01.

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que los fallos del Consejo de Estado que, a juicio de la señora Medina Villabona,
fueron ignorados por el Tribunal, justamente se refieren a la aplicación de las reglas
fijadas en la referida sentencia de unificación.

33. Es así, como indefectiblemente el análisis de la inaplicación de las reglas
unificadoras señaladas en la SUJ-014-CE-S2-2019, implicará que la autoridad
judicial competente se pronuncie sobre la tesis acogida por las Subsecciones A y
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en las sentencias invocadas para
fundamentar el vicio de desconocimiento del precedente, concerniente a la
viabilidad de computar los tiempos de servicios prestados por los educadores en la
docencia oficial, en virtud de la suscripción de órdenes o contratos de prestación
de servicios.

34. Lo anterior, teniendo en cuenta que la regla de unificación que la recurrente
reclama, indica:

a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan efectuado
los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y
por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo (negrilla de la Sala).

35. Y que los supuestos fácticos que alude la accionante, sostienen que la
presunta vinculación de la señora Yamile Azucena Medina Villabona al servicio de
la docencia oficial, tuvo lugar con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003, dado que prestó sus servicios en el municipio de Duitama mediante la
suscripción de órdenes de prestación de servicios (OPS) desde el 1º de febrero de
1993, durante los periodos que se detallan en la demanda ordinaria y en el mismo
recurso extraordinario.

36. Así lo ilustra la accionante en el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia que interpuso contra la misma sentencia que aquí se cuestiona:

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37. Dicho de otra forma, con el recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, la señora Medina Villabona pretende que se deje sin efectos la
sentencia del 8 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá (aquí censurada), porque, a su juicio, desconoció la regla de la sentencia
de unificación invocada, según la cual, si el educador se vinculó a la docencia oficial
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, tiene derecho a que su pensión
se rija por lo establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985; toda vez que sostiene que
ingresó al servicio de educación oficial desde el 1º de febrero de 1993, con la
suscripción de OPS para efectos de desempeñarse como docente a favor del
municipio de Duitama.

38. Obsérvese, que la aplicación de la regla jurisprudencial que reclama la
señora Medina Villabona, implica que el operador judicial examine si, en efecto, la
educadora ostentó o no la vinculación al servicio educativo oficial antes del 27 de
junio de 2003, para lo cual tendrá que pronunciarse sobre los efectos de las OPS,
puntualmente señalar si con esos tiempos acreditados puede acceder al beneficio
de la transición previsto en la Ley 812 de 2003.

39. En ese orden de ideas, para la Sala la acción de tutela no satisface el
requisito de subsidiariedad, habida consideración de que se encuentra en trámite
el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y, por ende, la intervención
del juez constitucional está vedada.

40. Ahora bien, es cierto que puede flexibilizarse la regla de la subsidiariedad
cuando se advierte la existencia de un perjuicio irremediable o la situación amerite
la intervención urgente del juez de tutela, caso en el cual procede la acción como
mecanismo transitorio, sin embargo, en el caso particular no se advierte tal
afectación.

41. El perjuicio irremediable es un riesgo cierto y real de daños provenientes de
la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de producirse no
tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera
indemnización del perjuicio.

42. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
pero siempre que ese perjuicio se note sin justificación, es decir, que provenga de
acciones manifiestamente contrarias a la Constitución o a la ley, al punto de ser
atentados a los derechos fundamentales, situación que, a simple vista, no se
presenta en este caso.

43. Obsérvese que la reclamación de la señora Medina Villabona se encamina
finalmente a obtener el reconocimiento de la pensión de jubilación docente, sin
embargo, de los documentos allegados al expediente, se colige que tiene 59 años,
por lo que no es sujeto de especial protección debido a la edad; y aún se encuentra
vinculada al magisterio, con lo que se garantiza su congrua subsistencia y su
acceso al sistema de salud.

44. Conforme a todo lo razonado, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo presentada por la señora Yamile Azucena Medina Villabona, por
incumplimiento del requisito general de subsidiariedad.

45. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Demandante: Yamile Azucena Medina Villabona

FALLA

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por la señora
Yamile Azucena Medina Villabona, por las consideraciones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO. Notifíquese esta decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna esta sentencia, por Secretaría General, envíese el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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