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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02606-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-02606-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 29 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02606-01 Actor: RODRIGO SEPÚLVEDA DÍAZ SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia impugnada que denegó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia y, en su lugar, se dispone: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-02606-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

28 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02606-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: RODRIGO SEPÚLVEDA DÍAZ

TESIS: SE MODIFICA LA DECISIÓN IMPUGNADA QUE DENEGÓ LAS
PRETENSIONES Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD
DE AMPARO POR NO CUMPLIR CON EL REQUISITO GENERAL DE LA
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE ACTORA PRETENDE QUE EL JUEZ
DE TUTELA CORRIJA EL ANÁLISIS QUE HIZO LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA Y SE ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE ELLA PROPONE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por el actor

contra la sentencia de 1o. de julio de 2025, mediante la cual la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE

ESTADO1 declaró improcedente la solicitud de amparo por no

cumplir con el requisito de la subsidiariedad.

1
En adelante Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-02606-01
Actor: RODRIGO SEPÚLVEDA DÍAZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor RODRIGO SEPÚLVEDA DÍAZ, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso

a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a los

principios de seguridad jurídica y favorabilidad, los cuales estima

vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2, al haber

proferido la providencia de 29 de noviembre de 2024 dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2021-00221-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que se desempeñó como docente oficial entre el 9 de abril

de 1987 y el 20 de agosto de 1991, reincorporándose nuevamente al

servicio educativo a partir del 2011 hasta la fecha, y que, además,

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En adelante Tribunal.

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Actor: RODRIGO SEPÚLVEDA DÍAZ

ha cotizado al sistema general de pensiones un total de 760.86

semanas.

Sostuvo que el 8 de julio de 2021, solicitó el reconocimiento de la

pensión de jubilación ante la NACION - MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG), la cual

fue resuelta de manera desfavorable mediante Resolución núm. 5122

de 26 de julio de 2021, bajo el argumento que no le asistía tal

derecho en atención a lo establecido en la Ley 33 de 29 de enero de

19853.

Advirtió que, como consecuencia de lo anterior, promovió demanda

en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL -

FOMAG, con el fin de que se declarará la nulidad de la mencionada

resolución y, en consecuencia, se le reconociera tal prestación

económica.

Aseveró que a la demanda le fue asignado el número único de

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“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones
sociales para el Sector Público”.

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radicación 2021-00221-00 y le correspondió por reparto al

JUZGADO DIECINUEVE ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE BOGOTA4 que, en sentencia de 27 de junio de 2024,

accedió a las pretensiones de la demanda.

Adujo que, inconforme con la anterior decisión, el MINISTERIO DE

EDUCACIÓN NACIONAL, interpuso recurso de apelación, el cual

fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 29 de

noviembre de 2024, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó

las pretensiones de la demanda.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Manifestó que el TRIBUNAL incurrió en el desconocimiento del

precedente vertical al abandonar el criterio mayoritario establecido

en las sentencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de

Estado sobre la aplicación del régimen pensional para el personal

docente conforme a lo establecido en la Ley 71 de 19 de diciembre

de 19885, la cual está condicionada únicamente a la acreditación de

su vinculación anterior, es decir, que la decisión de la autoridad

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En adelante Juzgado.
5
“Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones”.

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judicial no es la trazada por esta corporación, la cual ha optado por

una interpretación y alcance de la normativa reglamentaria del

régimen pensional al personal docente.

Para el efecto, indicó que se desconocieron las sentencias proferidas

dentro de los procesos identificados con los números únicos de

radicación “[…] 63001-23-33-000-2018-00183-01 […] 63001-23-33-

000-2018-00184-01 […] 25000-23-42-000-2019-00143-01 […]

15001-23-33-000-2020-00011-01 […] 25000-23-42-000-2020-

00549-01 […] 63001-23-33-000-2021-00107-01 […] 66001-23-33-

000-2020-00492-01 […]”.

Indicó que la autoridad judicial no abordó el caso desde una

interpretación armónica del principio pro homine, puesto que no

garantizo la aplicación de la normativa y del precedente judicial que

condujera a la resolución del conflicto con prevalencia del derecho

sustancial y a la protección efectiva de los derechos subjetivos del

docente.

I.4.- Pretensiones

El actor pretende que se amparen sus derechos fundamentales

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Actor: RODRIGO SEPÚLVEDA DÍAZ

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…]1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA en la sentencia proferida el día 29 de
noviembre de 2024, en el expediente radicado bajo número
110013335019-2021-00221-01, transgredió los derechos
fundamentales DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA, SEGURIDAD JURÍDICA, DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE VERTICAL y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
del señor RODRIGO SEPÚLVEDA DÍAZ, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a la jurisprudencia emitida
por la jurisdicción contenciosa administrativa.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA dejar sin
efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera
una nueva con fundamento en la normatividad aplicable al caso
de la parte actora, esto es, Ley 71 de 1988 y, atendiendo al
precedente jurisprudencial del Máximo Órgano de lo Contencioso
Administrativo […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL pese a ser notificado en debida forma del

presente trámite constitucional, guardó silencio.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL solicitó

declarar improcedente el amparo deprecado, así como su

desvinculación del presente trámite constitucional, dado que no está

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legitimado en la causa por pasiva para actuar dentro del presente

trámite.

Resaltó que la acción constitucional de la referencia debe declararse

improcedente, toda vez que no se acreditó que exista vulneración

alguna de los derechos fundamentales invocados por el actor, por el

contrario, lo que se plantea es una controversia que excede la

competencia del juez de tutela por carecer de absoluta relevancia

constitucional.

I.6.2.- El JUZGADO y FOMAG, pese a ser notificados en debida

forma del presente amparo constitucional, guardaron silencio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 1o. de julio de 2025, la SECCIÓN TERCERA

declaró improcedente la acción de tutela de la referencia al

considerar que no se encontró satisfecho el requisito general de la

subsidiariedad.

Afirmó que el actor tenía que agotar todos los medios ordinarios y

extraordinarios de defensa judicial, previo a acudir a la presente

solicitud de amparo.

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Aseguró que el actor tenía a su disposición el recurso extraordinario

de unificación previsto en el artículo 261 de la ley 1437 de 18 de

enero de 2011, procedimiento que se rige por unas reglas especificas

de procedencia y de oportunidad, el cual ordena que se interponga

en sede judicial ante la autoridad que profirió la decisión cuestionada.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Sostuvo que, contrario a lo afirmado por el a quo, la acción de tutela

es el mecanismo idóneo para garantizar la protección de los derechos

fundamentales invocados, aun cuando el a quo indique que existe

otro mecanismo de defensa judicial, el cual, debido a sus ritualidades

procesales, supedita necesariamente que la protección de estos

derechos se postergue y no sea inmediata.

Reiteró que se desconoció el precedente jurisprudencial citado en la

demanda.

Finalmente, adujo que el agotamiento de los instrumentos judiciales

ordinarios como el trámite de un proceso a través del recurso

extraordinario de unificación no es un medio idóneo ni eficaz para la

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protección de sus derechos, dado que la complejidad del trámite y su

duración, lo cual constituye una barrera al acceso a la administración

de justicia.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

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sentencia.

La Sala advierte que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

solicitó su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

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La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL, fungió como parte demandada dentro del medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado, le

asiste interés directo en las resultas del proceso constitucional de la

referencia, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

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Consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

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a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas

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exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un

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derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 29 de noviembre de 2024,

proferida por el TRIBUNAL, dentro del proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2021-00221-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la

administración de justicia a la tutela judicial efectiva y a los principios

de seguridad jurídica y favorabilidad, habida cuenta que, a juicio del

actor, la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del

precedente judicial, esto es, el establecido en las sentencias.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

Sección Tercera que, mediante sentencia de 1o. de julio de 2025,

declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del

requisito de la subsidiariedad.

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Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión bajo

el argumento de que, contrario a lo advertido por el a quo, la acción

de tutela es el mecanismo idóneo para garantizar la protección de

sus derechos fundamentales invocados, pues el recurso del cual se

hace referencia, esto es, el de unificación de jurisprudencia, no es el

eficaz para analizar el caso concreto. Además, reiteró que se

desconoció el precedente jurisprudencial mencionado en la demanda.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen con los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de

ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los

derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.

En este punto, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional

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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Actor: RODRIGO SEPÚLVEDA DÍAZ

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,

[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido

[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

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En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de

tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

que propone la parte actora implica la reapertura de un asunto que

ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir

una instancia adicional, comoquiera que los argumentos expuestos

en el escrito de tutela están dirigidos a demostrar que, a juicio del

actor, el TRIBUNAL incurrió en desconocimiento del precedente

vertical al abandonar el criterio mayoritario establecido en las

sentencias del Consejo de Estado sobre la aplicación del régimen

pensional para el personal docente conforme lo establece la Ley 71

de 1988.

Ahora bien, la Sala advierte que los argumentos que invoca la parte

actora como fundamento de la presunta vulneración de los derechos

deprecados, fueron objeto de pronunciamiento por el TRIBUNAL

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mediante sentencia de 29 de noviembre de 2024, en la que dijo lo

siguiente:

“[…]Con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un
Estado comunitario”, publicada en el Diario Oficial No. 45.231, de
27 de junio de 2003, se introdujo una modificación importante en
cuanto al régimen prestacional de los docentes oficiales, en la
medida que su artículo 81 dispuso:

“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS
DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se
encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es
el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes
con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
tendrán los derechos pensionales del régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en
él, con excepción de la edad de pensión de vejez que
será de 57 años para hombres y mujeres. (…)”-Se
resalta y subraya por fuera del texto original-

Esta previsión normativa fue reiterada en el parágrafo transitorio
1º del Acto Legislativo 01 de 2005, norma constitucional que
preceptúa lo siguiente:

“PARÁGRAFO TRANSITORIO 1º. El régimen pensional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales,
vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los
docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de
la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima
media establecidos en las leyes del Sistema General de
Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de
2003".

Partiendo entonces del texto del artículo 81 de la Ley 812 de 2003
se logran diferenciar claramente dos situaciones: i) La de los
docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 (27 de junio de 2003) a quienes les será aplicable para
efectos pensionales, el régimen de prima media establecido en las

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Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos allí
estatuidos, salvo el de la edad de pensión de vejez, que será de
57 años para hombres y mujeres; y ii) La de los educadores que
para el momento en que entró en vigencia de la Ley 812 de 2003,
ya se encontraban vinculados al servicio público oficial, a quienes
los gobierna el régimen pensional previsto en las disposiciones
anteriores a dicha ley, esto es, el régimen prestacional que
consagra la Ley 91 de 1989. En uno y otro caso, el reconocimiento
pensional se encuentra a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio.

Es pertinente resaltar que en el artículo 81 precitado, el
legislador adoptó un criterio diferenciador referido a la
vinculación al servicio público educativo oficial, sin restringir o
condicionar el vínculo existente entre el docente y la
administración, a una modalidad particular de ingreso del
servidor.

Por lo anterior, se tiene que lo determinante para identificar la
disposición llamada a regular la situación pensional de los
docentes oficiales es el momento en que tuvo lugar su
vinculación con el servicio público educativo oficial, pues sólo así
se podrá establecer conforme lo normado en el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003, el marco normativo aplicable a cada situación
particular.

Así las cosas, observa la Sala que, si bien el señor RODRIGO
SEPÚLVEDA DÍAZ estuvo vinculado como docente con
anterioridad a la expedición de la ley 812 de 2003, lo cierto es
que, para la fecha en que esta norma entro en vigencia, esto es
el 27 de junio de 2003, el actor no estaba vinculado al servicio
oficial, si se tiene en cuenta que ingresó al servicio de la
Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá del 9 de
abril de 1987 hasta el 20 de agosto de 1991, y posteriormente
a la Secretaría de Educación de Bogotá, desde el 15 de
noviembre de 2011 hasta al menos el 23 de agosto de 2020, por
lo cual no le son aplicables las disposiciones previstas en las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, conforme lo indicó la entidad
demandada en el acto administrativo objeto de control judicial.

Lo anterior si se tiene en cuenta que, conforme las normas y
jurisprudencia aplicable, el beneficio pensional que solicita el
actor le sea reconocido, se aplica en el evento en que el docente
se encuentre efectivamente prestando sus servicios para el 27
de junio de 2003, requisito este que conforme las pruebas que
reposan en el expediente, no cumple el señor SEPÚLVEDA DÍAZ
en tanto se retiró del servicio el 20 de agosto de 1991 y se volvió
a vincular el 15 de noviembre de 2011. Sin que esto implique

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que el tiempo que sirvió para los años 1987 a 1991, no deba
tenerse en cuenta a efectos de establecer el cumplimiento de las
semanas requeridas para el reconocimiento pensional.

Así las cosas, para efectos del reconocimiento de la pensión de
jubilación del señor RODRIGO SEPÚLVEDA DÍAZ se deben aplicar
las disposiciones previstas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos establecidos en dicho régimen, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres, siendo el ingreso base de liquidación en señalado en la
norma en mención, con los factores salariales previstos por el
Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones. Por lo cual este es el régimen que el
FOMAG debe aplicar ante la solicitud que el demandante realice
tendiente al reconocimiento de la pensión de jubilación […]”.

De los apartes transcritos, la Sala observa que el TRIBUNAL arribó

a la conclusión que al actor no le asistía el derecho prestacional

reclamado, pues si bien estuvo vinculado como docente con

anterioridad a la expedición de la ley 812 de 2003, esto es, antes del

27 de junio de ese año, fecha en que entró en vigencia dicha

normativa, no estaba vinculado al servicio oficial, dado que ingresó

a la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá el 9 de abril

de 1987 hasta el 20 de agosto de 1991 y, posteriormente, a la

Secretaría de Educación del distrito capital de Bogotá, desde el 15 de

noviembre de 2011 hasta al menos el 23 de agosto de 2020, por lo

que no le eran aplicables las disposiciones previstas en las Leyes 91

de 1989 y 33 de 1985.

Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo

planteado en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto

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de relevancia constitucional, -en los términos señalados en la

jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la

intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible

vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte

actora.

En efecto, se evidencia que lo pretendido es crear una instancia

adicional trayendo argumentos que ya fueron suficientemente

debatidos por el juez natural del litigio.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino una divergencia que obedece a la interpretación dada por el juez

natural del asunto a las normas, en el cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de

un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de

paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

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decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Por último, se resalta que en el mismo sentido se pronunció la Sala

en sentencia de 24 de julio de 202516, en un asunto de iguales

supuestos fácticos, en el que se declaró la improcedencia de la acción

de tutela por no cumplir con el requisito general de la relevancia

constitucional, en dicha oportunidad se dijo:

“[…]Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el
caso objeto de estudio la parte accionante alega que el Tribunal
Administrativo del Magdalena vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad en conexidad con los principios de seguridad jurídica,
favorabilidad laboral y “[…] DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE
VERTICAL […]” por haber incurrido, presuntamente, en los defectos
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y fáctico.

[…]

Al respecto, citó las sentencias proferidas en los siguientes
procesos con número de radicación: “[…] 63001-23-33-000-2018-
00183-01 […] 63001-23-33-000-2018-00184-01 […] 25000-23-
42-000-2019-00143-01 […] 15001-23-33-000-2020-00011-01
[…] 25000-23-42-000-2020-00549-01 […] 63001-23-33-000-
2021-00107-01 […] 66001-23-33-000-2020-00492-01.
[…]

En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia
carece de relevancia constitucional porque: i) el debate no se
realizó desde una óptica constitucional y ii) la parte accionante
pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia con

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. proceso identificado con
el número único de radicación: 2025-04011-00. M.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el Tribunal
Administrativo del Magdalena.

[…]

La transcripción anterior permite evidenciar que el debate
planteado en esta sede constitucional fue analizado por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y no se observa que
la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante
en el trámite del proceso contencioso administrativo […]

Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la
improcedencia de la solicitud de amparo al no cumplir el requisito
general de relevancia constitucional […]”.

En consecuencia, la Sala modificará la decisión de primer grado que

denegó el amparo constitucional de la referencia y, en su lugar,

declarará improcedente la presente acción de tutela por carencia del

requisito general de la relevancia constitucional, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por el MINISTERIO

DE EDUCACIÓN NACIONAL por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia impugnada que denegó las

pretensiones de la acción de tutela de la referencia y, en su lugar, se

dispone: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de agosto de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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