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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04011-00

Improcedente: no cumple con el requisito general de procedencia

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04011-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de Educación Nacional, la sociedad Fiduprevisora S.A. y el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 18 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022. 19 Ibid. 20 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de febrero de 2021. 14 Radicación: 11001-03-15-000-2025-04011-00 Accionante: Divina Luz Tete Igirio Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-04011-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

24 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-04011-00
Accionante: DIVINA LUZ TETE IGIRIO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE – No cumple con el requisito general de procedencia
de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La señora Divina Luz Tete Igirio solicitó, a través de apoderado judicial, el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad en conexidad con los principios de seguridad jurídica,
favorabilidad laboral y “[…] DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE VERTICAL
[…]”, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 26 de marzo de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el número de radicación 47001-33-33-010-
2023-00208-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
el número de radicación 47001-33-33-010-2023-00208-00/01 contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio - FOMAG, para que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto
configurado el 30 de junio de 2023, por medio del cual se negó el reconocimiento y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: Divina Luz Tete Igirio

pago de una pensión de jubilación por aportes, contemplada en la Ley 71 de 1988, a
partir del 2 de septiembre de 2019 cuando la demandante cumplió los requisitos de
edad (55 años) y las mil (1.000) semanas de cotización.

2.2. Indicó
que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Santa Marta, autoridad judicial que, mediante
providencia de 18 de noviembre de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.

2.3. Refirió
que la demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión y el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la sentencia de 26 de
marzo de 2025, revocó lo resuelto en primera instancia y, en su lugar, resolvió negar
las pretensiones de la demanda.

2.4. Afirmó que la providencia antes referida vulneró sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad en
conexidad con los principios de seguridad jurídica, favorabilidad laboral y “[…]
DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE VERTICAL […]”, al incurrir en los
defectos sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y fáctico.

2.5. Sostuvo que “[…] la Sección Segunda del Consejo de Estado ha emitido múltiples
pronunciamientos en los que ha consolidado una tesis diametralmente opuesta a la
adoptada por la autoridad judicial accionada, en el sentido de que el reconocimiento
pensional de los docentes no está supeditado a la verificación de los requisitos del
régimen de transición previsto en el Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, dado que este grupo de servidores públicos se encuentra exceptuado de
su aplicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 […]”.

2.6. Al
respecto, citó las sentencias proferidas en los siguientes procesos con
número de radicación: “[…] 63001-23-33-000-2018-00183-01 […] 63001-23-33-
000-2018-00184-01 […] 25000-23-42-000-2019-00143-01 […] 15001-23-33-000-
2020-00011-01 […] 25000-23-42-000-2020-00549-01 […] 63001-23-33-000-2021-
00107-01 […] 66001-23-33-000-2020-00492-01 […]”.

2.7. Señaló que “[…] La conclusión a la que arribó el Tribunal Administrativo del
Magdalena no resulta acertada, toda vez que las pruebas relacionadas en la propia
sentencia demostraban, sin lugar a duda, que la vinculación de la demandante al
sector educativo oficial se produjo con anterioridad al 26 de junio de 2003, por lo
que sí resultaba aplicable el régimen pensional anterior -Ley 71 de 1988-, conforme
lo sostenía el precedente judicial allegado junto con el escrito de demanda, en el
cual el Consejo de Estado precisó que lo determinante para establecer el régimen
pensional aplicable es la prestación efectiva del servicio docente en el sector
público, de modo que la interpretación que hizo el ad quem del acervo probatorio
fue errónea al no otorgarle el sentido jurídico adecuado conforme al precedente

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Accionante: Divina Luz Tete Igirio

vigente, configurándose así un defecto fáctico por indebida valoración de la prueba
[…]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
en la sentencia proferida el día 26 de marzo de 2025, en el expediente
radicado bajo número 47-001-33-33-010-2023-00208-01, transgredió los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,
SEGURIDAD JURÍDICA, PRINCIPIO DE FAVORABILDAD (sic) y
DESCONOCIMIENTO DE (sic) PRECEDENTE VERTICAL de la señora
DIVINA LUZ TETE IGIRIO, por considerar que las razones de la decisión no
se ajustan a la jurisprudencia emitida por la jurisdicción contenciosa
administrativa.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA dejar sin efectos la providencia
referida en el numeral anterior y proferir una nueva decisión con fundamento
en la normatividad aplicable al caso de la parte actora -esto es, la Ley 71 de
1988-, así como en una adecuada valoración del acervo probatorio, en
concordancia con el precedente jurisprudencial establecido por el Máximo
Órgano de la Jurisdicción Contencioso Administrativa […]”. [Mayúscula y
negrilla original del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 2 de julio de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad
de terceros con interés directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, a la Administradora
Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, a la sociedad Fiduprevisora S.A. y
al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Santa Marta.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó declarar la improcedencia
de la solicitud de tutela, al considerar que “[…] la parte demandante pretende utilizar
la acción de tutela como una instancia adicional para variar el sentido de decisiones
debidamente fundadas utilizando la herramienta de amparo constitucional como
una tercera instancia, cuestionando tópicos que ya fueron dilucidados en las
decisiones controvertidas […]”.

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Accionante: Divina Luz Tete Igirio

5.2. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Santa Marta señaló que
“[…] Las decisiones adoptadas están sustentadas en la normatividad vigente
aplicable […]”.

5.3. El Ministerio de Educación Nacional solicitó su desvinculación al considerar
que carece de legitimación en la causa por pasiva y declarar la improcedencia de
la acción de tutela por no cumplir con el requisito de procedibilidad de la relevancia
constitucional.

5.4. LaAdministradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela, porque no cumple con los
requisitos de procedibilidad y no se vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la accionante.

5.5. El
Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta solicitó su
desvinculación al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva.

5.6. La
sociedad Fiduprevisora S.A. solicitó, como vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
su desvinculación por considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva
y declarar la improcedencia de la acción de tutela por no existir vulneración a los
derechos fundamentales de la accionante.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Ministerio de Educación Nacional, el

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

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Accionante: Divina Luz Tete Igirio

Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta y la sociedad Fiduprevisora
S.A.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20065, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en
la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad
procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o
de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro,
el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de
legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

9. Teniendo en cuenta que (i) el Ministerio de Educación Nacional integró la parte
demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
cuestionado por la accionante; (ii) la sociedad Fiduprevisora S.A. es la vocera y
administradora del Patrimonio Autónomo – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, demandado en el proceso objeto de debate; y (iii) el Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta fue vinculado a dicho proceso como
tercero con interés directo, la Sala considera que les asiste el interés jurídico para
ser vinculados a esta acción constitucional.

10. Por lo anterior, se negará las solicitudes de desvinculación elevadas, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

5
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Accionante: Divina Luz Tete Igirio

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en los
defectos sustantivo por desconocimiento del precedente y fáctico.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
8
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.

7

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Accionante: Divina Luz Tete Igirio

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en dichos
parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

20. La señora Divina Luz Tete Igirio solicitó, a través de apoderado judicial, el amparo
de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad en conexidad con los principios de seguridad jurídica,
favorabilidad laboral y “[…] DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE VERTICAL
[…]”, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 26 de marzo de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el número de radicación 47001-33-33-010-
2023-00208-00/01.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
9
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

8

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VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental10 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones11.

23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales12, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13.

24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación14, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202215 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

10
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
11
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
12
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
13
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
14
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
15
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-04011-00
Accionante: Divina Luz Tete Igirio

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

10

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Accionante: Divina Luz Tete Igirio

26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202316.

27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales17.

28. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que el Tribunal Administrativo del Magdalena
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad en conexidad con los principios de
seguridad jurídica, favorabilidad laboral y “[…] DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE VERTICAL […]” por haber incurrido, presuntamente, en los defectos
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y fáctico.

29. Sostuvo que “[…] la Sección Segunda del Consejo de Estado ha emitido múltiples
pronunciamientos en los que ha consolidado una tesis diametralmente opuesta a la
adoptada por la autoridad judicial accionada, en el sentido de que el reconocimiento
pensional de los docentes no está supeditado a la verificación de los requisitos del
régimen de transición previsto en el Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, dado que este grupo de servidores públicos se encuentra exceptuado de
su aplicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 […]”.

30. Al respecto, citó las sentencias proferidas en los siguientes procesos con número
de radicación: “[…] 63001-23-33-000-2018-00183-01 […] 63001-23-33-000-2018-
00184-01 […] 25000-23-42-000-2019-00143-01 […] 15001-23-33-000-2020-
00011-01 […] 25000-23-42-000-2020-00549-01 […] 63001-23-33-000-2021-
00107-01 […] 66001-23-33-000-2020-00492-01 […]”.

31. Señaló que “[…] La conclusión a la que arribó el Tribunal Administrativo del
Magdalena no resulta acertada, toda vez que las pruebas relacionadas en la propia
sentencia demostraban, sin lugar a duda, que la vinculación de la demandante al
sector educativo oficial se produjo con anterioridad al 26 de junio de 2003, por lo
que sí resultaba aplicable el régimen pensional anterior -Ley 71 de 1988-, conforme

16
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
17
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Accionante: Divina Luz Tete Igirio

lo sostenía el precedente judicial allegado junto con el escrito de demanda, en el
cual el Consejo de Estado precisó que lo determinante para establecer el régimen
pensional aplicable es la prestación efectiva del servicio docente en el sector
público, de modo que la interpretación que hizo el ad quem del acervo probatorio
fue errónea al no otorgarle el sentido jurídico adecuado conforme al precedente
vigente, configurándose así un defecto fáctico por indebida valoración de la prueba
[…]”.

32. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por el
Tribunal Administrativo del Magdalena.

33. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que la accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

34. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce
que le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, lo cierto es que la
accionante no está poniendo de presente que la providencia controvertida haya
incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el motivo que fundamenta su
inconformidad es que le negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho.

35. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por el Tribunal Administrativo del Magdalena en la providencia
cuestionada:

“[…] Ahora bien, descendiendo al fondo de la cuestión litigiosa, advierte la Sala
que, la parte accionante, considera que el régimen a ella aplicable es el
contenido en el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, por considerar que era el
régimen anterior a la Ley 100 de 1993 que le era más favorable, y en tal virtud,
a su juicio, la señora DIVINA LUZ TETE IGIRIO tiene derecho al reconocimiento
y pago de una pensión por aportes a partir del 14 de septiembre de 2018, por
haber completado las 1.000 semanas de aportes y los 55 años de edad, sin
exigir el retiro definitivo del cargo, equivalente al 75% del promedio de los
salarios, sobresueldos, primas y demás factores salariales devengados durante
los 12 meses anteriores al momento de adquirir su status de pensionada […]”.

[…]

“[…] Pues bien, de conformidad con los elementos de orden fáctico y probatorio
obrantes en la contención advierte la Sala que la docente DIVINA LUZ TETE

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Accionante: Divina Luz Tete Igirio

IGIRIO nació en la calenda del 02 de septiembre de 1964, en virtud de lo cual
se colige que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es,
el 1° de abril de 1994, tenía veintinueve (29) años y siete (07) meses de edad,
razón por la cual, contrario a lo señalado por el A-quo en la sentencia objeto de
reparo, la demandante no es beneficiaria del régimen de transición consagrado
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues, se itera, el régimen de transición
estableció como requisito tener 35 años de edad o más para el caso de las
mujeres.

Ahora bien, respecto al requisito de tiempo de servicio, avizora esta Colegiatura
que, al 1 de abril de 1994 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993),
la demandante únicamente había cotizado a la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA , por diecisiete (17) semanas, sin haber
efectuado cotizaciones al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO, al haberse vinculado a dicha entidad sólo hasta
la data del 1 de marzo de 2003, esto es, con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993.

Amén de lo anterior, considera esta Agencia Judicial que, le asiste razón al
extremo accionado, ahora apelante, en tanto afirma que la señora DIVINA LUZ
TETE IGIRIO no hace parte del régimen de transición consagrado en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, pues se reitera, a la entrada de su vigencia no
cumplía con el requisito de edad (35 años), como tampoco con el requisito de
tiempo cotizado (15 años), y en tal virtud, mal podría aplicársele las
disposiciones que en materia pensional establecía la Ley 71 de 1989, como así
lo pretende la parte accionante.

Fíjese que, en los precedentes jurisprudenciales traídos a colación por el
extremo demandate (sic), se abordó el estudio de situaciones fácticas
claramente distintas al caso sub examine, pues, en los casos citados en el
presente recurso de apelación, se trató de casos en los cuales los
demandantes si habían prestado sus servicios como docentes con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, pero a través de contratos de
prestación de servicios y en tal virtud, el Alto Tribunal de lo Contencioso
Administrativo indicó que se debía tomar dicho lapso a efectos únicamente para
temas pensionales, sin embargo, este no es el caso de la señora DIVINA LUZ
TETE IGIRIO quien si bien cotizó al sistema de seguridad social en pensión
con anterioridad a dicha calenda, ello se debió a su vinculación al sector privado
y no por su labor como docente vinculado a través de contratos de prestación
de servicios […]”.

36. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

37. Lo que se aprecia es que el juez de lo contencioso administrativo al revisar el
caso, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, decidió revocar lo
resuelto en primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda,
al advertir que la accionante no hace parte del régimen de transición consagrado
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en la medida en que, a la entrada de su

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Accionante: Divina Luz Tete Igirio

vigencia no cumplía con el requisito de edad (35 años), como tampoco con el
requisito de tiempo cotizado (15 años), razón por la cual no le resultan aplicables
las disposiciones establecidas en la Ley 71 de 1988.

38. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”18. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”19.

39. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”20.

40. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio
de Educación Nacional, la sociedad Fiduprevisora S.A. y el Distrito Turístico,
Cultural e Histórico de Santa Marta, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

18
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
19
Ibid.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Accionante: Divina Luz Tete Igirio

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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