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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05457-00

Fecha
4 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-05457-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Luis Libardo Benavides Solarte, por las razones expuestas en la presente providencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia proferida el 24 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Putumayo, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 86001-33-33-002-2022-00271-01. En consecuencia, ORDENAR a dicho tribunal que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión de remplazo en la cual atienda lo expresado en esta decisión. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier 10 de 11 Radicación: 11001-03-15-000-2025-05457-00 Demandante: Luis Libardo Benavides Solarte Demandados: Tribunal Administrativo de Putumayo Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Concede amparo ______________________________________________________________________________________________________________ recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 21. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-05457-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

4 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05457-00
Demandante: Luis Libardo Benavides Solarte
Demandados: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente - ampara

Síntesis del caso: El accionante enjuició la sentencia que revocó la decisión de primera
instancia que había reconocido y ordenado el pago de la sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías, en el marco de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Luis Libardo Benavides
Solarte contra el Tribunal Administrativo de Putumayo.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 2 de septiembre de 2025, Luis Libardo Benavides Solarte, mediante
apoderado judicial, presentó una acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Putumayo, por la presunta vulneración de su derecho al
debido proceso y “respeto al precedente judicial”, con ocasión de la
Sentencia de 24 de julio de 20252, proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 86001-33-33-002-2022-
00271-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“PRIMERA.- Que se tutele el derecho constitucional fundamental al debido
proceso y al respeto del precedente judicial, entre otros, vulnerados por el
Tribunal Administrativo del Putumayo con ocasión de la expedición del
Sentencia de Segunda instancia del 24 de julio de 2025, dentro del Proceso No.

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021 y el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2
Se precisa que, aunque la parte actora refirió como fecha el 25 de julio de 2025, se constató que fue el 24.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-05457-00
Demandante: Luis Libardo Benavides Solarte
Demandados: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
______________________________________________________________________________________________________________

86001333300220220027101, por el cual revoca la sentencia proferida el 15 de
noviembre de 2023, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Mocoa que concedía las pretensiones de la demanda.

SEGUNDA.- Como consecuencia de lo anterior, solicito que se decrete la
inaplicación de la Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del
Putumayo, correspondiente al Proceso No.86001333300220220027101 del 24 de
julio de 2025, notificado en la misma fecha, por el cual revoca la sentencia del
15 de noviembre de 2023, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Mocoa y que se ordene la plena validez y que quede en firme
Sentencia de primera instancia.

TERCERA.- Los demás pronunciamientos que el Despacho haga sobre derechos
vulnerados que considere pertinentes.”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) El 2 de enero de 1996, Luis Libardo Benavides Solarte fue vinculado
en el cargo de celador, grado 2, código 477 en la institución educativa Fray
Bartolomé de Igualada en el municipio de Sibundoy -Putumayo.

5. 2) El 18 de marzo de 20163, el señor Benavides Solarte solicitó el
reconocimiento y pago de sus cesantías parciales ante la Secretaría de
Educación de Putumayo.

6. 3) Mediante la Resolución No. 720 de 19 de febrero de 20194, la
Secretaría de Educación de Putumayo reconoció y ordenó el pago de las
cesantías parciales, en favor del señor Benavides Solarte, por valor de
$9.107.660 5.

7. 4) Las cesantías parciales reconocidas fueron puestas a disposición
del accionante el 24 de mayo de 2019, por consignación bancaria,
registrada en el certificado de egreso No. 4270 que data de la misma fecha6.

8. 5) El 3 de febrero de 20227, la parte actora solicitó, ante la Secretaría
de Educación de Putumayo, el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria, prevista en las Leyes 1071 de 2006 y 1955 de 2019, por la no
consignación oportuna de las cesantías. Dicha petición fue negada
mediante Oficio No. PUT2022EE009778 de 13 de abril de 2022, en el cual se

3 Radicada bajo el No. 2016PQR5597.
4 Notificada personalmente el 28 de febrero de 2019.
5 “ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al Tesorero General del Departamento de Putumayo girar a favor de LUIS LIBARDO

BENAVIDES SOLARTE identificado con cédula de ciudadanía No. 97.470.593 la suma de $9.107-660 por concepto
de anticipo de Cesantías Parciales, con destino a compra de vivienda conforme a los considerados de la presente
resolución (…)”.
6 Como consta en el certificado de la Tesorería General del Departamento de Putumayo de 14 de diciembre de

2021.
7 Radicada bajo el No. PUT2022EROO2499, junto con un memorial de adición radicado el 4 de febrero de 2022

radicado con el No. PUT2022ER002407.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05457-00
Demandante: Luis Libardo Benavides Solarte
Demandados: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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expuso que el derecho de presentar dicha reclamación se encontraba
prescrito desde el 26 de mayo de 20198.

9. 6) El 21 de abril de 20229, Luis Libardo Benavides Solarte presentó
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra del Oficio No.
PUT2022EE009778 de 13 de abril de 2022.

10. 7) El recurso fue resuelto por la Secretaría de Educación de Putumayo
mediante la Resolución No. 2919 de 17 de junio de 2022, en la cual confirmó
todos los argumentos expuestos en el oficio recurrido y, además, negó por
improcedente el recurso de apelación de acuerdo con lo previsto en el
artículo 12 de la Ley 489 de 199810.

11. 8) El 5 de octubre de 2022, el señor Benavides Solarte presentó
demanda contra la Secretaría de Educación de Putumayo, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, orientada a
obtener la nulidad del Oficio No. PUT2022EE009778 de 13 de abril de 2022 y
la Resolución No. 2919 de 17 de junio de 2022, y el reconocimiento de la
sanción moratoria reclamada.

12. 9) Mediante Sentencia de 15 de noviembre de 2023, el Juzgado 2
Administrativo de Mocoa declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y, en consecuencia, ordenó el pago de la sanción moratoria
a favor del señor Benavides Solarte, por la consignación tardía de las
cesantías parciales reconocidas, equivalente a un día de salario por cada
día de retardo.

13. Aclaró que, desde el 14 de abril de 2016, inició el término de 10 días
para la ejecutoria del acto, en caso de que se hubiera expedido de manera
oportuna, es decir, hasta el 27 de abril de 2016, término que, una vez
fenecido, daba lugar a contabilizar los 45 días en los que el FOMAG debía
pagar la prestación reclamada. A juicio del juzgado, los 45 días se
cumplieron el 5 de julio de 2016, razón por la cual, a partir del día siguiente,
es decir el 6 de julio de 2016, se empezó a causar la sanción moratoria.

8 “De acuerdo con las disposiciones expuestas y atendiendo el caso concreto evidenciamos que, la moratoria

comenzó a contarse a partir del día 26/05/2016 (Día 71 hábil siguiente a la presentación de la solicitud de pago
de cesantías), día en que se hizo exigible el pago de la sanción moratoria, por lo cual el señor Luis Libardo
Benavides Solarte contaba con 3 años a partir del 27/05/2016 para reclamarla, es decir hasta el 26/05/2019, sin
embargo lo hizo apenas el 03/02/2022, deviniendo a toda luces prescrita la reclamación de este derecho, por lo
tanto resulta desestimable su petición.
Así las cosas, se considera que no es procedente acceder a su petición de reconocer la sanción moratoria
solicitada a favor del señor Luis Libardo Benavides Solarte, atendiendo las consideraciones antes expuestas.
De esta forma se resuelve de fondo su petición aclarando que también fueron resueltas a su tiempo las solicitudes
accesorias derivadas de su petición inicial.”
9 Radicado bajo No. SAC PUT2022ER009025 de 21 de abril de 2022.
10 “ARTICULO PRIMERO. - CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes el oficio PUT2022EE009778 de fecha 13 de

abril de 2022, por medio del cual se niega el reconocimiento de sanción moratoria, de conformidad con la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Negar por improcedente el recurso de apelación, de conformidad con la parte motiva del
presente acto administrativo.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05457-00
Demandante: Luis Libardo Benavides Solarte
Demandados: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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14. Aunado a lo anterior, destacó que el pago de las cesantías se realizó
el 24 de mayo de 2019, en esa medida, la autoridad judicial concluyó que
la entidad demandada incurrió en mora desde el 6 de julio de 2016 hasta el
24 de mayo de 2019, y que, como el pago de la obligación reclamada se
radicó el 3 de febrero de 2022, no se configuraba el fenómeno de la
prescripción.

15. 10) La anterior decisión fue apelada por el departamento de
Putumayo, el cual alegó que la solicitud de sanción moratoria se
encontraba prescrita, toda vez que el término de 3 años para solicitar el
pago de dicha sanción feneció el 26 de mayo de 2019, en esa medida,
indicó que al haberse radicado el 2 de febrero de 2022 y, de acuerdo con
el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, dicho reclamo no tenía
vocación de prosperar. Aunado a lo anterior, resaltó que el pago de las
cesantías en mayo de 2019 no revivió el término para exigir la sanción
debatida.

16. 11) Mediante Sentencia de 24 de julio de 2025, el Tribunal
Administrativo de Putumayo revocó la decisión de primera instancia y, en su
lugar, negó las demás pretensiones de la demanda, tras concluir que el
demandante era beneficiario del régimen de liquidación retroactivo de
cesantías y no del anualizado por haberse vinculado a su cargo el 2 de
enero de 1996, es decir, antes de la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996.
En consecuencia, las normas que reglaban la situación jurídica del
accionante eran la Ley 10 de 1934, 6 de 1945 y 65 de 1946.

17. El fundamento de la vulneración radicó en que, en su entender, el
fallo cuestionado incurrió en un defecto sustantivo porque revocó la
decisión de primera instancia con argumentos diferentes con ocasión de
una indebida interpretación de la aplicación de las Leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006, al afirmar que estaba sometido al régimen retroactivo de cesantías,
el cual, a su juicio, no le era aplicable la sanción moratoria prevista en dichas
leyes.

18. Además, indicó que se desconoció el precedente del Consejo de
Estado, precisamente la Sentencia de Unificación de 18 de julio de 2018,
radicado No. 2014-00580-01 (4961-15), relacionada con (se trascribe) “la
implementación de la carrera docente para la inserción, permanencia,
ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran dentro del
concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y
desarrollado a través de la ley. Por lo anterior, la Sala unifica su jurisprudencia
en el sentido que a los docentes les son aplicables las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y
pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos;

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05457-00
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Demandados: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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siendo consonante esta posición, con la adoptada por la Corte
Constitucional.”.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados11

19. El Tribunal Administrativo de Putumayo12 adujo que su decisión estaba
suficientemente justificada. Reiteró que, en la medida en que el accionante
era beneficiario del régimen de liquidación retroactivo de cesantías, era
improcedente ordenar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria,
pues aquella, de conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Sección
Segunda del Consejo de Estado13, operaba dentro del régimen anualizado,
(se trascribe) “Acreditado que no pertenece al régimen anualizado, resulta
improcedente el reconocimiento de la sanción por mora, reservada
exclusivamente para quienes se rigen por el sistema de liquidación anual de
cesantías. Por tanto, esta Sala revocó la sentencia de primera instancia y,
en su lugar, negó las súplicas de la demanda”

20. Por lo anterior, consideró que no existía vulneración alguna en contra
de las garantías fundamentales del señor Benavides Solarte y, en
consecuencia, solicitó que se negara el amparo solicitado.

21. El Juzgado 2 Administrativo de Mocoa y el departamento de
Putumayo – Secretaría de Educación Departamental, a pesar de haber sido
notificados en debida forma, guardaron silencio14.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos
fundamentales. 2.4. Conclusiones.

2.1. Fijación de la controversia

22. Le corresponde a la Sala verificar, en primer lugar, si la presente
acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia contra
providencia judicial. En caso de superarse dicho examen, deberá
determinar si el Tribunal Administrativo de Putumayo, en su calidad de juez
de segunda instancia dentro del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho, incurrió en un defecto sustantivo y/o
desconocimiento del precedente al revocar la decisión que había

11 Mediante Auto de 4 de septiembre de 2025, el despacho ponente resolvió (1) admitir la solicitud de amparo, (2)

tener como accionado al Tribunal Administrativo de Putumayo y, (3) vincular al Juzgado 2 Administrativo de Mocoa
y al Departamento de Putumayo – Secretaría de Educación Departamental, como terceros con interés en el
asunto.
12 Índices 10 y 12.

13 SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 2023, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado
14 Como consta en el índice 8 y 11 del aplicativo SAMAI.

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Demandados: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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reconocido la sanción moratoria reclamada por pago tardío de las
cesantías parciales.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

23. La Sala advierte que la acción de tutela es procedente
porque: (1) No existe recurso judicial idóneo y eficaz que permitiera a la
parte demandante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la
defensa del derecho presuntamente vulnerado. (2) Hubo un plazo
razonable entre la fecha de notificación de la providencia enjuiciada
(29/7/2515) y la de interposición de la presente acción de tutela
(2/9/25). (3) No se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se
relaciona con la Sentencia de segunda instancia, dictada dentro de un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. (4) Se identificaron de
manera clara, detallada y comprensible los hechos y la presunta
vulneración derivada de ellos. (5) La controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de la garantía
fundamental al debido proceso de la parte actora, con ocasión de una
providencia judicial respecto de la cual se alegó un defecto sustantivo y un
desconocimiento del precedente. Asimismo, no se advierte que lo
pretendido hubiera sido someter la controversia a una nueva instancia o
reiterar argumentos respecto de aquellos alegados en el proceso ordinario,
máxime cuando la parte demandante no presentó el recurso de apelación
porque la decisión de primera instancia accedió a sus pretensiones.

2.3. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos fundamentales

24. La Sala accederá a la solicitud de amparo interpuesta por Luis Libardo
Benavides Solarte, al advertirse que se configuró el defecto sustantivo y un
desconocimiento del precedente, por las razones que pasan a exponerse:

25. De cara al defecto sustantivo, es preciso poner de presente que el
Tribunal Administrativo de Putumayo, en la Sentencia de 24 de julio de 2025,
revocó la decisión de primera instancia que había accedido a las
pretensiones, tras determinar que el demandante estaba vinculado al
régimen retroactivo de cesantías y, por ello, no era procedente reconocer
ni pagar la sanción moratoria y tampoco resultaba necesario revisar si el juez
de primera instancia había valorado correctamente la prescripción
alegada. Sostuvo que la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995
y 1071 de 2006 era inaplicable al señor Benavides Solarte, ya que (se
trascribe):

15 Índice 15 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 86001-33-33-002-2022-

00271-01, a través de mensaje de datos enviado el 25 de julio de 2025.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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“38. El demandante se vinculó laboralmente al Departamento del Putumayo el
2 de enero de 1996, es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de
1996 (27 de diciembre de 1996), lo que la ubica dentro del régimen retroactivo
de cesantías. Además, en el expediente no consta prueba de que se haya
acogido expresa y voluntariamente al régimen de liquidación anual previsto en
la Ley 50 de 1990. En consecuencia, no le asiste el derecho al reconocimiento
de la sanción por mora en el pago de las cesantías -consistente en un día de
salario por cada día de retraso-, toda vez que dicha penalidad fue prevista
exclusivamente para quienes se encuentran bajo el régimen de liquidación
anualizado, conforme lo ha precisado el Consejo de Estado, as 16í:

«En el presente caso se debe determinar si al accionante le asiste o no el
derecho a la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías
anualizadas al fondo entre los años de 1995 al 2009.

Es de advertir que del material probatorio relacionado previamente se tiene
que el accionante pertenecía al régimen de retroactividad de cesantías,
pues su vinculación se surtió el 5 de junio de 1995, esto es, antes de la entrada
en vigencia de la Ley 344 de 1996, que prevé un sistema anualizado para los
servidores públicos del orden territorial vinculados con posterioridad al 30 de
diciembre de 1996, (…).

(…) no se demostró dentro del plenario que el actor hubiese manifestado a
su empleador la intención de trasladarse de régimen de cesantías
anualizado, ello en atención a lo preceptuado en el artículo 3º El Decreto
1582 de 5 de agosto de 1998 (…)

Lo anterior, permite concluir que en el presente asunto no procede el
reconocimiento de la sanción por mora en la consignación del auxilio de
cesantías deprecada por el actor, por cuanto este no se encuentra en el
régimen de liquidación anual, sino en el retroactivo.

(…)».

39. En conclusión, aunque el juez de primera instancia reconoció que el
demandante estaba amparado por el régimen retroactivo de cesantías, no
fundamentó su análisis en las normas que lo regulan -Ley 10 de 1934, Ley 6 de
1945 y Ley 65 de 1946-, aplicables a servidores públicos y trabajadores
particulares en general, como es su caso. Al haberse acreditado que no
pertenece al régimen anualizado, sino al retroactivo, resulta improcedente el
reconocimiento de la sanción moratoria, reservada exclusivamente para
quienes se rigen por el sistema de liquidación anual de cesantías. En
consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia.

26. De lo trascrito, se evidenció que el tribunal demandado fundó su
decisión en la afirmación de que la sanción moratoria dispuesta en las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006 favorecía, únicamente, a quienes se
encontraban bajo el régimen anualizado de cesantías, pues, las Leyes 10 de
1934, 6 de 1945 y 65 de 1946 no la contemplaban para quienes estuvieran
en el régimen retroactivo de cesantías17. Sin embargo, la Sala no comparte
la afirmación anterior, comoquiera que la sanción reclamada por Luis
Libardo Benavides Solarte es precisamente la prevista en la Ley 244 de 1995,
adicionada por la Ley 1071 de 2006, la cual establece (se trascribe):

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A, sentencia del 17

de febrero de 2022, radicado No. 08001-23-33-000-2015-00812-01 (5860-2019).
17 Al respecto, citó la Sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023 proferida por la Sala Plena de la

Sección Segunda del Consejo de Estado.

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Decisión: Concede amparo
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“Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los
miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado
y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los
mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares
que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los
funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores
particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.

Artículo 3°. Retiro parcial de cesantías. Todos los funcionarios a los que hace
referencia el artículo 2° de la presente norma podrán solicitar el retiro de sus
cesantías parciales (…).
(…)
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme
el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio
de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales
de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus
propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar
la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la
entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora
en el pago se produjo por culpa imputable a este”.

27. En esa medida, el hecho de que las Leyes 10 de 1934, 6 de 1945 y 65
de 1946, no hayan previsto la sanción moratoria, no implica que no se pueda
ahora aplicar las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que sí la contemplan,
pues, estas últimas normas no hicieron ninguna distinción frente al régimen
de cesantías de sus destinatarios, es decir, no contemplaron que su
aplicación se circunscribía al régimen anualizado y, por ende, era
inaplicable para el régimen retroactivo, simplemente reglaron los términos
para el reconocimiento y pago de cesantías definitivas o parciales y los
escenarios para que se causaba la sanción moratoria.

28. Ahora bien, en atención al desconocimiento del precedente, la Sala
encuentra que la autoridad judicial accionada incurrió en dicho defecto,
toda vez que, respecto del ámbito de aplicación de la sanción moratoria,
la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la Sentencia de
Unificación CE-SUJ2 -012-2018 de 18 de julio de 2018, Rad. 2014-00580-01
(4961-2015), unificó jurisprudencia y estableció que (se trascribe) “el docente
oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244 de 1995 y
sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por mora en el
pago de las cesantías”.

29. Pronunciamiento que, destaca la Sala, tampoco realizó distinción
alguna para la procedencia de la sanción moratoria, dependiendo de los
regímenes de liquidación de cesantías de los funcionarios públicos, por lo
que concluir que se excluye a los beneficiarios del régimen retroactivo de
cesantías el derecho de reclamar la sanción moratoria por consignación

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05457-00
Demandante: Luis Libardo Benavides Solarte
Demandados: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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tardía de las cesantías, carece de sustento legal y desconoce el precedente
del Consejo de Estado previamente citado.

30. Ahora bien, en atención al sustento jurisprudencial puesto de presente
por el tribunal demandado en su decisión, es importante precisar que, de
cara a los efectos retrospectivos de la sentencia de unificación aludida
anteriormente18, se analizarán las sentencias que datan después de 18 de
julio de 2018, fecha en la que se profirió la sentencia de unificación, esto es,
las Sentencias de 17 de febrero de 2022, Rad. 08001-23-33-000-2015-00812-01
(5860-2019) y SUJ-032-CE-S2-202319 de 11 de octubre de 2023, proferidas por
la Sección Segunda del Consejo de Estado.

31. Respecto de dichas providencias, la Sala destaca que en todas se
analizaron casos en los que se solicitó la sanción moratoria contemplada en
el numeral 3 de artículo 99 de la Ley 50 de 1999, por la no consignación
oportuna de cesantías anuales en el fondo respectivo. En dichos casos no
se accedió a lo pretendido porque los reclamantes, quienes se vincularon a
entidades territoriales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 344
de 1996, pertenecían al régimen retroactivo de cesantías y no obraba
prueba alguna de su traslado al régimen anualizado, bajo el cual,
concluyeron los falladores, sí se tenía derecho a lo reclamado.

32. De lo anterior se evidenció que el análisis que efectuó de la
jurisprudencia a la cual recurrió el tribunal demandado para proferir la
Sentencia de 24 de julio de 2025, que revocó la decisión de primera instancia
que había accedido a las pretensiones de la demanda presentada por el
señor Benavides Solarte, analizó casos de la sanción moratoria prevista en la
Ley 50 de 1990, es decir, casos en los que existió tardanza en la consignación
anual de las cesantías por parte del empleador en el fondo cesantías
respectivo, más no casos de reconocimiento y pago de cesantías parciales
o definitivas solicitadas por el servidor público, lo cual conlleva a concluir
que los supuestos fácticos y jurídicos con el caso objeto de discusión no son
análogos, pues, incluso, en una de las sentencias analizadas se puso de
presente su distinción20.

18 En dicha providencia, la Sección Segunda del Consejo de Estado dispuso expresamente (se trascribe) “QUINTO:

Señalar que el efecto de la presente sentencia de unificación será retrospectivo, y por ende, aplicable de manera
obligatoria los trámites pendientes de resolver en sede gubernativa y judicial. Por lo anterior, esta providencia no
podrá aplicarse de manera retroactiva, respetando así la cosa juzgada de los conflictos decididos con
antelación”.
19 Proferida entro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho No. 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-

2022).
20 “La Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia proferida el 21 de mayo de 2009 [Radicación No. 2070-

2007] (…) expuso la diferencia entre la sanción moratoria consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la
sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, en los siguientes términos: “…existe diferencia entre la
indemnización derivada de la falta de consignación antes del 15 de febrero en un fondo, por la cesantía que le
corresponde al trabajador por el año anterior o la fracción correspondiente a dicha anualidad liquidada a 31 de
diciembre; con la que surge frente a la falta de pago de dicha prestación a la terminación de la relación legal o
reglamentaria, ya que una vez que se presenta este hecho, esto es, cuando el trabajador se retira del servicio por
cualquier causa y la administración no consigna oportunamente la cesantía que adeuda, deberá cancelar a título
de indemnización la sanción prevista en la Ley 244 de 1995”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05457-00
Demandante: Luis Libardo Benavides Solarte
Demandados: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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33. En consecuencia, la Sala concluye que lo decidido por el tribunal no
fue acorde con la normatividad aplicable al caso ni a lo establecido en la
Sentencia de Unificación CE-SUJ2 -012-2018 de 18 de julio de 2018, Rad. 2014-
00580-01 (4961-2015) de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el
sentido que los servidores públicos tienen derecho al pago de la sanción
moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y, por ende, no
hay lugar a excluirlos de dicha indemnización por el hecho de que no
pertenezcan al régimen de cesantías anualizado.

2.4. Conclusiones

34. En virtud de lo expuesto, la Sala amparará el derecho al debido
proceso, por la configuración del defecto sustantivo y el desconocimiento
del precedente invocados, debido a que la decisión cuestionada no tuvo
en cuenta la normatividad aplicable al caso (Leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006) ni lo dispuesto en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 de 18
de julio de 2018 del Consejo de Estado. En esa medida, se le ordenará que
dicte una nueva sentencia en la que atienda tanto el marco legal y
jurisprudencial analizado, así como las consideraciones que sobre el
particular se efectuaron anteriormente.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Luis
Libardo Benavides Solarte, por las razones expuestas en la presente
providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia proferida el 24 de julio de 2025
por el Tribunal Administrativo de Putumayo, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 86001-33-33-002-2022-00271-01. En
consecuencia, ORDENAR a dicho tribunal que, dentro de los 10 días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión
de remplazo en la cual atienda lo expresado en esta decisión.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-05457-00
Demandante: Luis Libardo Benavides Solarte
Demandados: Tribunal Administrativo de Putumayo
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Concede amparo
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recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin 21.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

21 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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