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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-08049-00

Fecha
2 de febrero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
4 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-08049-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

2 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-08049-00 (12752)
Accionante: Milton Jairo Ríos Vera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: ajuste salarial docente. Subtema 3:
defectos sustantivo y fáctico.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Milton Jairo Ríos Vera contra el Tribunal
Administrativo del Cesar.

1. Síntesis del caso

El señor Milton Jairo Ríos Vera, a través de apoderado, presentó acción de tutela
con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y al acceso a la administración de justicia, así como el principio de
favorabilidad, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 26 de junio
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm.
20001-33-33-002-2024-00230-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-06486-00, índice 2, certificado E574901B5C03F2A5 1464F2EC5CF0BFE6
70C31A75729AC77B 1E6458AE75E73AAD.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08049-00 (12752)
Accionante: Milton Jairo Ríos Vera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

2.
El señor Milton Jairo Ríos Vera es educador oficial ubicado en la categoría 3BM-
3CM del escalafón docente, conforme al régimen establecido en el Decreto Ley
1278 de 2002.

3. El accionante solicitó al Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de
Educación del departamento del Cesar, el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales derivadas de lo que consideró «incrementos desiguales e injustificados
decretados para los años 2008 y 2009, en los cuales se favoreció a docentes de la
categoría 3DM» en detrimento de quienes, como él, se encontraban en el escalafón
3BM.

4.
La entidad territorial y el Ministerio de Educación Nacional, a través de los oficios
CES2024er010799-CES2024EE005590 del 16 de marzo de 2024 y 2024-EE-
067896 del 4 de marzo de 2024, respectivamente, negaron el requerimiento del
tutelante.

5. El señor Milton Jairo Ríos Vera presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del departamento del
Cesar y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con el fin de que: i) se
inaplicara por ilegal el Decreto 284 de 2024, que definió la escala salarial del
personal docente; ii) se dejaran sin efecto los referidos actos administrativos y, iii)
se ordenara pagar a su favor la diferencia salarial de los incrementos porcentuales
establecidos por el Gobierno nacional durante los últimos tres años anteriores a la
presentación de la reclamación administrativa, en virtud del fenómeno de la
prescripción.

6. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, mediante
sentencia del 19 de diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que el porcentaje reconocido por el Gobierno nacional a los docentes
ubicados en el escalafón 3DM se justificó en circunstancias cualitativas que
marcaban la diferencia de salarios. Contra dicha decisión, la parte actora presentó
recurso de apelación.

7. El Tribunal Administrativo del Cesar, a través de providencia del 26 de junio de
2025, confirmó en todas sus partes el fallo de primera instancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR en la sentencia
proferida el día 26 DE JUNIO 2025, en el expediente radicado bajo número
20001333300220240023001, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) MILTON
JAIRO RIOS VERA, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08049-00 (12752)
Accionante: Milton Jairo Ríos Vera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el
material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CESAR dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma
aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular
del (la) docente MILTON JAIRO RIOS VERA a la luz de los argumentos planteados
en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico 2.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante consideró que la
providencia del Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en defecto sustantivo
porque no efectuó una interpretación adecuada de los postulados normativos que
regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se apartó de los lineamientos
constitucionales y legales que rigen la materia.

10. Explicó que la autoridad accionada desconoció de manera arbitraria el alcance
del artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002,
en tanto justificó un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes de
las categorías 3B-3CM y 3DM, que se realizaron en los años 2008 y 2009, cuando
la diferencia carecía de sustento objetivo y produjo una afectación permanente en
la base salarial de los docentes de la categoría 3BM.

11. Resaltó que para el Tribunal las diferencias en los incrementos salariales de los
años 2008 y 2009 entre las categorías 3DM (52,56%) y 3BM (29,37%) respondían
a criterios razonables previstos en la normativa, tales como la formación académica,
la experiencia y la ubicación en el escalafón docente; sin embargo, no tuvo en
cuenta los principios de igualdad y progresividad que regulan los aspectos
salariales.

12. Asimismo, indicó que la sentencia de segunda instancia incurrió en una omisión
sustancial al no incorporar ni analizar el precedente constitucional contenido en la
sentencia C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional, en el cual se establece que
los tratos diferenciados en materia salarial se deben soportar en una justificación
objetiva y suficiente, por lo que la igualdad en el trabajo no se reduce a la igualdad
matemática ni permite incrementos que generen brechas irrazonables sin
fundamento técnico o normativo.

13. Por otra parte, indicó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran de decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 3B-3CM
y 3DM.

2
Se transcribe incluso con errores.
3

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Accionante: Milton Jairo Ríos Vera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

2.3. Trámite procesal

14. El despacho ponente, mediante auto del 19 de diciembre de 20253, admitió la
demanda, ordenó la notificación autoridad accionada, es decir, al Tribunal
Administrativo del Cesar, y vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado
Segundo Administrativo de Valledupar, a la Nación, Ministerio de Educación
nacional y al departamento del Cesar.

2.4. Intervenciones

15.
El Tribunal Administrativo del Cesar4 manifestó que reiteraba y acogía los
fundamentos de orden constitucional, legal y jurisprudencial expuestos en la
providencia del 26 de junio de 2025, así como los criterios impartidos por el juez
constitucional en el presente trámite. Además, informó que los 11 despachos
administrativos del circuito administrativo de Valledupar y los 6 despachos de ese
tribunal han mantenido una línea uniforme en la decisión de los procesos
relacionados con el incremento salarial por concepto de escalafón docente,
desestimando las pretensiones de las demandas.

16. El Ministerio de Educación Nacional5 indicó que carece de legitimación en la
causa por pasiva para responder por las pretensiones de la tutelante, toda vez que
la inconformidad de la accionante se dirige en contra de una providencia judicial, en
cuyo trámite de expedición no tuvo injerencia alguna.

17. Adicionalmente, refirió que el asunto carece de relevancia constitucional, en la
medida que no se acreditó la existencia de una vulneración de derechos
fundamentales y, por el contrario, la controversia era de naturaleza estrictamente
económica. En consecuencia, pidió que se declare improcedente la tutela.

18.El Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar se limitó a remitir el
expediente digital, sin pronunciarse frente a los hechos y pretensiones que
motivaron la interposición de la solicitud de amparo.

19. Los demás vinculados guardaron silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

20. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Milton Jairo Ríos Vera en contra del
Tribunal Administrativo del Cesar.

3
Samai, índice 5, certificado 99A5CE19DF9891DA D37A7DDE24791849 D89E0B4EDA18019A 0B64654EA973311B.
4
Samai, Incide 16, certificado 34CB03CF7F09B113 38401C856E63A13D 7CBB8D1485E3BF7B E9E1BFA65A6643B1.
5
Samai, índice 14, certificado BC2770EF04410596 E6455531F1A8B19C 0223929C41239810 9DA66B4D7616ED31.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08049-00 (12752)
Accionante: Milton Jairo Ríos Vera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

3.2. Legitimación en la causa

21. La legitimación en la causa por activa del señor Milton Jairo Ríos Vera está
acreditada porque fue la parte demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

22. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Cesar, debido a que fue la autoridad que profirió la sentencia,
objeto de tutela.

23. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Educación Nacional solicitó su
desvinculación, al considerar que no estaba llamada a responder por la vulneración
de los derechos fundamentales de la parte accionante.

24. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad actuó como parte demandada dentro del proceso ordinario en el
que fue expedida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión
que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
negará su solicitud.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

25. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado6 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional7.

26.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-08049-00 (12752)
Accionante: Milton Jairo Ríos Vera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

27.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales8 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

28. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución9.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

29. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional10 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

30. Así pues, la Corte Constitucional11 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»12 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»13;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

8
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
9
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
10
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
6

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31. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
32. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

33. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 26 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar,
fue notificada el 2 de julio siguiente14, y la demanda de tutela se presentó el 16 de
diciembre de 202515, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional16 y del Consejo de Estado17 como razonable.

34. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

35. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

36. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con el defecto fáctico y el desconocimiento
del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos
que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

37. ¿ El Tribunal Administrativo del Cesar vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia del señor
Milton Jairo Ríos Vera al proferir la sentencia del 26 de junio de 2025, mediante la
cual confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda promovida
contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Cesar,
relacionadas con el ajuste de la diferencia salarial derivada de los incrementos
aplicados a los niveles 3BM, 3CM y 3DM del escalafón docente?

14
Samai, exp. 20001-33-33-002-2024-00230-01, índice 13.
15
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-08049-00 índice 1.
16
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7

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38.
Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto sustantivo

39. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado18.

40. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

41. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]19.

42. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

43.
Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los

18
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
19
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
8

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derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).20

3.4.2. El defecto fáctico

44. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»21. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión22» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

45. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»23. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»24.

46. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso25.

47. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial26, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez

20
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
22
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
25
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
26
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
9

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que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»27.

48. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]28.

3.5. Caso concreto

49. En el asunto bajo estudio, Milton Jairo Ríos Vera presentó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
y el departamento del Cesar con el fin de que se dejaran sin efectos los oficios
CES2024ER010799-CES2024EE005590 del 16 de marzo de 2024 y 2024-EE-
067896 del 4 de marzo de 2024 y, en consecuencia, se ordenara pagar la diferencia
salarial derivada de los incrementos aplicados de manera desigual a los docentes
regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002, específicamente entre los niveles 3BM,
3CM y 3DM.

50. En primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar,
mediante sentencia del 19 de diciembre de 2024, negó las pretensiones de la
demanda. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Cesar emitió
fallo el 26 de junio de 2025, en el que confirmó la providencia de primera instancia.

51. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 26 de junio de 2025, incurrió
en defecto sustantivo, por cuanto no realizó una interpretación adecuada de los
postulados normativos que regulan el régimen salarial de los docentes, en tanto se
apartó de los lineamientos constitucionales y legales que rigen la materia,
especialmente los principios de igualdad y progresividad.

27
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
28
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08049-00 (12752)
Accionante: Milton Jairo Ríos Vera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

52. De este modo, precisó que la autoridad accionada desconoció el alcance del
artículo 13 de la Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002, en
tanto justificó un trato desigual en los incrementos salariales de los docentes de las
categorías 3B, 3CM y 3DM, que se realizaron para los años 2008 y 2009, pese a
que, en su criterio, tales diferencias carecían de justificación objetiva.

53. Asimismo, indicó que la sentencia de segunda instancia incurrió en una omisión
sustancial al no incorporar ni analizar la sentencia C-1064 de 2001 de la Corte
Constitucional, en el cual se establece que los tratos diferenciados en materia
salarial se deben soportar en una justificación objetiva y suficiente, por lo que la
igualdad en el trabajo no se reduce a un aspecto matemático ni permite incrementos
que generen brechas desproporcionadas sin fundamento técnico o normativo.

54. De otro lado, refirió que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico
porque pasó por alto que al interior del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho no se aportó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran la decisión de la administración de otorgar distintos
porcentajes de incremento salarial a los docentes ubicados en el escalafón 3BM,
3CM y 3DM.

55. Al respecto, se observa que, el Tribunal Administrativo del Cesar, en atención a
la pretensión del demandante, efectuó un análisis a partir del marco constitucional
y legal que regula la fijación del régimen salarial de los docentes oficiales,
particularmente la distribución de competencias entre el Congreso de la República
y el Gobierno nacional, y el contenido de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto 1278 de
2002.

56. En ese sentido, señaló que corresponde al Congreso expedir la ley marco que
establezca los objetivos y criterios para la fijación del régimen salarial y prestacional
de servidores públicos, mientras que al Gobierno nacional le compete desarrollar
tales lineamientos mediante decretos, con sujeción a los límites.

57. Afirmó que, en desarrollo de dichas competencias, la ley 4ª de 1992 fijó los
criterios que debía observar el Gobierno nacional para fijar la remuneración a los
servidores públicos, de manera que los actos administrativos que se emitiera para
darle cumplimiento podrían «moverse libremente dentro de ese marco, con claro
respeto de la norma superior».

58. De igual forma, indicó que el Decreto Ley 1278 de 2002 reguló el Estatuto de
profesionalización docente y estableció un sistema de clasificación de los
educadores basado en su formación académica, experiencia, desempeño y
competencias, el cual se materializa en una estructura escalafonaria que permite
asignar el salario correspondiente.

59. Explicó que el escalafón docente está conformado por tres grados, cada uno
integrado por cuatro niveles salariales (A, B, C y D), y que la ubicación en dichos
niveles depende del título académico acreditado y del cumplimiento de los requisitos
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Accionante: Milton Jairo Ríos Vera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

previstos para el ascenso o al reubicación, atendiendo a las evaluaciones de
competencias y la disponibilidad presupuestal.

60. Conforme al anterior marco normativo, el Tribunal señaló que la remuneración
de los docentes no se define a partir de incrementos porcentuales automáticos
sobre el salario del año anterior, sino mediante la fijación anual de un valor líquido
de asignación básica mensual, determinado en los decretos salariales expedidos
por el Gobierno nacional.

61.En relación con el accionante, dejó consignado que el señor Milton Jairo Ríos
Vera se vinculó como docente en carrera en el grado 3, nivel salarial C, con
maestría, de conformidad con la Resolución 7274 del 26 de junio de 2023 y los
comprobantes de nómina.

62. A continuación, el Tribunal examinó los valores fijados como asignación básica
mensual para los niveles 3BM, 3C, y 3DM en los años 2008 y 2009, y presentó la
siguiente tabla comparativa:

Ahora bien, para mejor análisis del incremento salarial recibido en los años 2008, 2009
y 2011 a los docentes oficiales de los 3BM, 3CM y 3DM se adjunta la siguiente tabla
comparativa de las asignaciones básicas mensuales del año anterior frente al valor
pagado en los años de estudio, para mejor ilustración se calculó matemáticamente el
porcentaje de incremento salarial; sin embargo, es de aclarar que los valores fueron
establecidos como montos líquidos en cada año para cada grado y nivel salarial:

AÑO GRADO DECRETO ASIGNACIÓN ASIGNACIÓN PORCENTAJE
ESCALAFÓN QUE FIJÓ LA BÁSICA BÁSICA DEL
ASIGNACIÓN MENSUAL MENSUAL INCREMENTO
BÁSICA ANTERIOR VIGENTE SALARIAL
MENSUAL DEL AÑO
2008 3-B (CON Decreto 624 1.676.706 1.910.065 13,91%
MAESTRÍA) de 2008,
modificado
por el Decreto
714 de 2008
2008 3-C (CON Decreto 624 1.908.531 2.532.897 32,71%
MAESTRÍA) de 2008,
modificado
por el Decreto
714 de 2008
2008 3-D (CON Decreto 624 2.025.531 2.934.879 44,89%
MAESTRÍA) de 2008,
modificado
por el Decreto
714 de 2008
2009 3-B (CON Decreto 702 1.910.065 2.205.102 15,44%
MAESTRÍA) de 2009*,
modificado
por el Decreto
1238 de 2009
2009 3-C (CON Decreto 702 2.532.897 2.727.171 7,67%
MAESTRÍA) de 2009*,
modificado
por el Decreto
1238 de 2009
2009 3-D (CON Decreto 702 2.934.879 3.159.985 7,67%
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Accionante: Milton Jairo Ríos Vera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

MAESTRÍA) de 2009*,
modificado
por el Decreto
1238 de 2009
2011 3-B (CON Decreto 1027 2.249.205 2.502.504 11,26%
MAESTRÍA) de 2011
2011 3-C (CON Decreto 1027 2.781.715 3.094.984 11,26%
MAESTRÍA) de 2011
2011 3-D (CON Decreto 1027 3.223.185 3.586.171 11,26%
MAESTRÍA) de 2011

63. A partir de lo anterior, concluyó que los porcentajes de incremento observados
no corresponden a aumentos porcentuales aplicados de manera directa sobre la
base salarial del año anterior, sino que resultan de la comparación matemática entre
valores líquidos fijados en cada decreto para cada grado y nivel de escalafón.

64. En ese contexto, indicó que no era posible equiparar el acto de fijar la asignación
salarial anual con un incremento porcentual automático, dado que el Gobierno
nacional determina directamente el valor de la asignación mensual para cada nivel,
sin que ello implicara que el aumento se calcule sobre el salario previamente
devengado.

65. Refirió que los docentes ubicados en los niveles 3BM, 3CM y 3DM no
constituyen grupos jurídicamente comparables a efectos del principio de igualdad,
en la medida en que se encuentran en niveles salariales distintos conforme al
Decreto Ley 1278 de 2002. En ese punto recordó que el análisis del principio de
igualdad debe realizarse entre sujetos que se encuentren en idéntica situación
fáctica y jurídica, lo cual no ocurría con los docentes que clasificados conforme a
criterios objetivos de formación y mérito.

66. Además, al abordar la naturaleza del aumento salarial de los servidores
públicos, el Tribunal citó la sentencia C-1064 de 2001 de la Corte Constitucional
para señalar que si bien era necesario aumentar los salarios de los servidores
públicos cada año con el fin de contrarrestar el efecto de la inflación, el incremento
entre unos y otros podía ser diferente teniendo en cuenta las políticas
macroeconómicas y fiscales del país.

67. En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 26 de junio de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, realizó un análisis razonable y
adecuado de la normativa aplicable y de los documentos obrantes en el expediente,
lo que le permitió concluir que la diferencia salarial existente entre los docentes
ubicados en los niveles 3BM, 3CM y 3DM del escalafón nacional docente se
justificaba en criterios objetivos definidos por el legislador en el Decreto Ley 1278
de 2002.

68.
Dicho esto, para la Sala no es posible inferir la configuración de un defecto
sustantivo y fáctico como lo plantea la parte tutelante, pues las razones y motivos
que dieron origen a la fijación discriminada del salario entre los grados 3BM, 3CM y
3DM encuentran fundamento en lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278
de 2002, el cual faculta al ejecutivo para definir los salarios y prestaciones de los
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Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

educadores en los siguientes términos:

«El Gobierno Nacional, en desarrollo de la Ley 4ª de 1992, establecerá la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional para los docentes escalafonados, de
acuerdo con el grado y nivel que acrediten en el Escalafón Docente de conformidad
con el presente decreto; y según el título que acrediten, para los docentes nombrados
en provisionalidad o en período de prueba; lo mismo que las remuneraciones
adicionales para los directivos docentes, de acuerdo con los niveles educativos y el
tamaño de la institución educativa que dirijan». [subrayado fuera de texto].

69. De acuerdo con lo anterior, se observa que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Cesar de ninguna manera realizó una interpretación sesgada a la
normativa aplicable y de los criterios jurisprudenciales que rigen el caso sometido a
estudio; por el contrario, lo que se advierte es que los argumentos desarrollados en
la providencia objeto de tutela atienden las pautas establecidas por el legislador
sobre la forma de definir los incrementos salariales de los docentes.

70. Adicionalmente, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que el Tribunal no le
haya otorgado el valor probatorio que el tutelante pretendía que se les atribuyera a
los medios de prueba allegados al proceso.

71.
Al respecto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»29.

72. Por lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad accionada, en ejercicio de los
principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho. Por estas razones, si bien la providencia
objeto de tutela no resultó favorable al tutelante, esto no significa que se hayan
desconocido sus garantías constitucionales.

73. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, con el único propósito de obtener un
pronunciamiento que se acomode a sus intereses y pretensiones.

29
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
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Accionante: Milton Jairo Ríos Vera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

4. Conclusión

74. La providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no se evidencia
en su contenido un análisis arbitrario, o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de
orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por los defectos
sustantivo y fáctico, que exija la intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se
negará la solicitud de amparo invocada por el accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por el Ministerio de
Educación Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por el señor Milton Jairo Ríos Vera
en contra del Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-08049-00 (12752)
Accionante: Milton Jairo Ríos Vera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.

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