Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00950-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2018-00950-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2018-00950-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
21 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN ESPECIAL DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00950-00 (3196-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–
Demandado: Carmen Rosa Ardila Herrera
Temas: Causales previstas en los literales a) y b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003. Reliquidación de pensión de jubilación
__________________________________________________________________
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
–UGPP– contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta de 9 de abril de
2013, a través de la cual confirmó la providencia emitida por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Villavicencio, el 3 de septiembre de 2010, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La acción de revisión
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción especial de revisión prevista en el artículo 20 de la Ley 797
de 2003, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por conducto de apoderado judicial,
solicitó infirmar la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta de 9 de abril de
2013, a través de la cual confirmó la providencia emitida por el Juzgado Quinto
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00950-00 (3196-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
Administrativo del Circuito de Villavicencio, el 3 de septiembre de 2010, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda formuladas por la señora Carmen
Rosa Ardila Herrera, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
de radicado N.º 50-001-33-31-005-2008-00311-01.
Con fundamento en lo anterior, solicitó i) revocar la sentencia emitida por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio el 3 de septiembre de 2010,
confirmada por el Tribunal Administrativo del Meta de 9 de abril de 2013; ii) declarar
que la señora Carmen Rosa Ardila Herrera en cuanto a su mesada pensional, no es
acreedora de un derecho adquirido amparable por la legislación colombiana; iii)
ordenar a la UGPP reliquidar la mesada pensional de la demandada, teniendo en
cuenta el ingreso base de liquidación previsto en los artículos 36, inciso 3.° o en su
defecto 21 de la Ley 100 de 1993, los factores señalados en el Decreto 1158 de
1994, y fijando una tasa de reemplazo del 75% prevista en el Decreto 546 de 1971,
de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional en las Sentencias C-168
de 1995, C-258 de 2013; Auto 326 de 2014; SU-230 de 2015; SU-427 de 2016, SU-
210 de 2017, Auto 229 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017 y T-039 de
2018.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la entidad recurrente señaló los
siguientes:
i) El 10 de septiembre de 1957, nació la señora Carmen Rosa Ardila Herrera.
ii) Desde el 4 de febrero de 1975 hasta el 15 de marzo de 2000, la señora Carmen
Rosa Ardila Herrera prestó sus servicios en la Contraloría General de la República.
iii) El 14 de octubre de 2008, la Caja Nacional de Previsión Social expidió la
Resolución N.º 51182, por medio de la cual reconoció una pensión de jubilación a
la señora Ardila Herrera, efectiva a partir del 9 de octubre de 2007, condicionada al
retiro del servicio.
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00950-00 (3196-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
iv) El 3 de septiembre de 2010, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Villavicencio profirió sentencia de primera instancia, en el sentido de acceder
parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Ardila
Herrera contra la UGPP. La autoridad judicial, resolvió, entre otras cosas, condenar
a la entidad demandada en aquella oportunidad a reliquidar la pensión de jubilación
previamente reconocida, con la inclusión de la totalidad de los factores devengados
en el último semestre de servicio en la Contraloría General de la República, esto es,
el sueldo, la prima técnica, prima de vacaciones, prima de servicios y prima de
navidad.
v) El 9 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo del Meta emitió sentencia de
segunda instancia, a través de la cual confirmó la providencia expedida por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio.
vi) El 8 de julio de 2013, la autoridad pensional expidió la Resolución RDP 030538
mediante la cual dio cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo del Meta. De esta manera, resolvió reliquidar la pensión de jubilación
de la señora Ardila Herrera, en cuantía de $3.873.503.356 efectiva a partir del 9 de
octubre de 2007, condicionada al retiro definitivo del servicio.
1.1.3. La sentencia objeto de revisión
El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 9 de abril de 20131
confirmó la providencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Villavicencio el 3 de septiembre de 2010, que había accedido parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada por la señora Carmen Rosa Ardila Herrera
contra la UGPP, con sustento en las siguientes consideraciones:
1
Folios 133 al 138 del cuaderno principal.
3
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00950-00 (3196-2018)
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i) El régimen pensional que cobija a la demandante es el especial contenido en el
Decreto 929 de 1976, aplicable a los empleados de la Contraloría General de la
República, y el cual en su artículo 17 permite acudir al Decreto 3135 de 1968, y
normas que lo modifican y adicionan.
ii) Se acreditó que la señora Ardila Herrera laboró durante más de 20 años en la
referida entidad, esto es, desde el 4 de febrero de 1975 hasta el 15 de marzo de
2000. En cuanto a la edad, se tiene que nació el 9 de octubre de 1957.
iii) De acuerdo con la línea jurisprudencial vigente, esto es, la contenida en la
sentencia del Consejo de Estado de 11 de marzo de 2010, C.P. Luis Rafael Vergara
Quintero, el régimen pensional aplicable a los empleados de la Contraloría General
de la República es el contemplado en los Decretos leyes 929 de 1976 y 720 de
1978, aunado a lo dispuesto en los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978, y las
normas que los modifican o adicionan, en cuanto no se opongan a su contenido.
iv) Como lo expresó el Consejo de Estado en sentencia de 10 de junio de 2010,
radicado N.º 25000-23-25-000-2005-07046-01 (2595-08), los rubros certificados por
la entidad deben ser considerados como factor para el cómputo de la pensión de la
entonces demandante, con excepción de las vacaciones compensadas en dinero,
por cuanto éste no se encuentra enunciado en los artículos 40 y 45 de los Decretos
720 de 1978 y 1045 de 1978, respectivamente. Lo anterior, en el entendido de que
constituyen un ingreso extraordinario causado y pagado por la imposibilidad de
disfrutar el descanso remunerado que son las vacaciones.
v) La autoridad pensional si bien aplicó el artículo 7 del Decreto 929 de 1976,
también atendió lo consagrado en los Decretos 1158 de 1994 y 01 de 1984,
liquidando la pensión de jubilación de la señora Ardila Herrera con una tasa de
reemplazo del 75% del salario promedio de los últimos 10 años de servicio, teniendo
en cuenta la asignación básica y la bonificación por servicios prestados. Sin
embargo, en el sub lite no era procedente la aplicación del régimen normativo
regulado por la Ley 100 de 1993, pues debió tomar todo el conjunto normativo
anterior a dicha ley por ser beneficiaria del régimen de transición, aún cuando se
haya solicitado el reconocimiento en vigencia de ésta.
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00950-00 (3196-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
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vi) El a quo ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Ardila
Herrera en un equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante
el último semestre de servicio, es decir, el sueldo, prima técnica, prima de
vacaciones, prima de servicios y prima de navidad, excluyendo las vacaciones
canceladas en dinero.
vii) De acuerdo con lo anterior, la demandante tenía pleno derecho a que se le
reconociera su pensión de jubilación en los términos del Decreto 929 de 1976, por
cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicios. En consecuencia, debía
incluirse la totalidad de los factores devengados en el último semestre de servicios
en la Contraloría General de la República, a saber, el sueldo, prima técnica, prima
de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad; aclarando que los rubros que
se causaran por año de servicios, se liquidarían solamente en una sexta parte.
1.2. Las causales de revisión invocadas
El apoderado de la entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales
a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y, en desarrollo de estas, expuso los
siguientes argumentos:
i) La sentencia del Tribunal Administrativo del Meta transgrede los artículos 1, 2, 4,
6, 29, 121, 123 inciso 2º y 124 de la Constitución; la Ley 100 de 1993, el Decreto
546 de 1971 (sic), el Decreto 1158 de 1994, el Acto Legislativo 01 de 2005, y demás
normas concordantes, puesto que se aparta del tenor literal de la normativa
aplicable a la demandada en relación con el ingreso base de liquidación que se debe
tomar para el cálculo de la prestación, esto es, en los artículos 21 y 36 de la Ley
100 de 1993, y de acuerdo con la interpretación que al respecto ha dado la Corte
Constitucional.
ii) En el presente caso se desconocieron las formas propias de cada juicio, con lo
cual se vulneró el artículo 29 de la Constitución Política.
5
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00950-00 (3196-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
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iii) Es válido afirmar que la señora Ardila Herrera es beneficiaria del régimen de
transición contemplado en la Ley 100 de 1993, el cual permite que se «aplique la
normatividad anterior a la cual se encontraba afiliado (sic) que en el presente caso
es el Decreto 546 de 1971 (sic) respetando las condiciones de EDAD, TIEMPO y
MONTO (sic), pero en cuanto a la liquidación o porcentaje del INGRESO BASE DE
LIQUIDACIÓN (sic) sería aplicable el 75% del promedio de lo devengado sobre el
salario promedio de 10 años, o el tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho,
razón por la cual la extinta Cajanal anteriormente había reconocido la pensión de
vejez con dichas condiciones.». 2
En otras palabras, si bien no se discute que el régimen especial aplicable a la señora
Ardila Herrera es el contemplado en el Decreto 546 de 1971 (sic), en la sentencia
recurrida se acogió, respecto del ingreso base de liquidación de la demandada, un
criterio desarrollado a partir de una norma inexistente, habida cuenta de que aquella
no adquirió su derecho pensional antes del 1.º de abril de 1994, fecha de entrada
en vigencia del sistema general de pensiones, sino con posterioridad y, por ende,
«los accionados echaron de menos que las reglas del ingreso base de liquidación
NO HACEN PARTE DEL RÉGIMEN ANTERIOR (sic), sino de las disposiciones que
expresamente señala el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consignadas
por el Legislador».3
iv) El Decreto 1158 de 1994 recoge los factores salariales sobre los cuales debe
calcularse la mesada pensional percibida por la demandada, porque adquirió el
estatus jurídico de pensionada en vigencia de dicha norma.
v) «[…] el máximo Tribunal Constitucional ha trazado una pacífica y clara línea
jurisprudencial acerca de la forma en la que se debe liquidar las pensiones
sometidas al régimen de transición, indicando que dichas prestaciones se liquidan
conforme las reglas previstas en el artículo (sic) 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, pero
conservando los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto (entendido como
tasa de reemplazo) del régimen anterior, es así que mediante sentencias C-168 de
2
Folio 156 del cuaderno principal.
3
Folio 156 del cuaderno principal.
6
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00950-00 (3196-2018)
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1995, C-258 de 2013, Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, Auto
229 de 2017, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 y SU-631 de 2017, T-039 (sic),
todas proferidas por la sala plena y en las que se ha establecido un precedente
constitucional inequívoco sobre la materia».4
vi) Por todo ello, la sentencia enjuiciada desconoció los precedentes
jurisprudenciales del alto tribunal constitucional y erró al ordenar la reliquidación de
la pensión de la demandada con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en su último año de servicios, en aplicación del Decreto 546 de 1971
(sic), toda vez que lo ajustado a dicha jurisprudencia habría sido calcular el IBL con
el promedio de los factores salariales percibidos en sus últimos 10 años de servicio
o el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho, conforme lo establece el
inciso 3.º del artículo 36 concordante con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, e
incluyendo los factores enlistados en el Decreto 1158 de 1994.
vii) En razón a la sentencia cuya revisión se solicita, la mesada pensional reconocida
a la señora Ardila Herrera se incrementó sin que exista justificación legal ni
jurisprudencial para ello, con lo cual se afecta gravemente la sostenibilidad
financiera del sistema pensional. En consecuencia, aquella providencia incurre en
la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
La señora Carmen Rosa Ardila Herrera por intermedio de apoderado, se opuso a
las pretensiones formuladas en la acción de revisión, para lo cual expuso los
siguientes argumentos:5
i) La señora Ardila Herrera cumple con todos los requisitos para ser beneficiaria del
régimen de transición creado por la Ley 100 de 1993. Por lo tanto, para el
reconocimiento y la reliquidación de su pensión debía haberse aplicado el régimen
4
Folio 157 ibidem
5
Folios 233 al 240 del cuaderno principal.
7
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especial de la Contraloría General de la República, que contempla el Decreto 929
de 1976 y no el dispuesto en el Decreto 546 de 1971, como lo considera la parte
actora. En efecto, se acreditó que aquella laboró en la referida entidad desde el 4
de febrero de 1975, lo cual la UGPP no pudo desvirtuar.
ii) Debe darse aplicación a la sentencia de unificación jurisprudencial emitida por el
Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018, en lo relacionado a los casos en los
que ha operado la cosa juzgada, pues estos resultan inmodificables. Así mismo, las
pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición con
fundamento en la tesis que sostenía la Sección Segunda de la referida Corporación,
no pueden considerarse que lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley.
iii) El recurso extraordinario de revisión se presentó de manera extemporánea,
puesto que atendiendo a la Ley 1437 de 2011, el plazo para su radicación es de 5
años después de la ejecutoria de la sentencia, que en este caso data del 26 de abril
de 2018. Como la demanda se presentó el 30 de junio de 2018, el tiempo
transcurrido es mayor a dicho término.
iv) La providencia recurrida fundamentó su decisión en el precedente jurisprudencial
emitido por el Consejo de Estado, el cual era la postura vigente al momento de emitir
el fallo, puesto que mantuvo la posición de reliquidar la pensión de jubilación de
acuerdo al Decreto 929 de 1976, incluyendo todos los factores salariales
devengados durante el último semestre de servicios.
v) En virtud de los principios de buena fe y confianza legítima, no es procedente la
devolución de los dineros recibidos por la señora Ardila Herrera, aunado a lo
consagrado en el artículo 164, numeral 4.º del CPACA.
vi) Los argumentos de la entidad recurrente, adicionalmente, carencen de veracidad
porque está acreditada la excepción de cobro de lo no debido y ausencia de vicios
en el acto administrativo.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
8
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00950-00 (3196-2018)
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Esta Corporación es competente para conocer del recurso extraordinario de
revisión en virtud del numeral 2.º del artículo 249 ejusdem.6 Así mismo, atendiendo
al criterio de especialización, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la
Sección Segunda, en la Subsección a la que corresponda el reparto del proceso,
es competente para conocer del recurso extraordinario, según lo previsto en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019. 7
De igual manera, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
Consejo de Estado es competente para conocer de la revisión de las providencias
judiciales «que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas
de dinero o pensiones de cualquier naturaleza [...] a solicitud del Gobierno por
conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General
de la Nación».8
2.2. Oportunidad
En el sub lite, puesto que la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta quedó
ejecutoriada el 26 de abril de 20139, y la acción extraordinaria se interpuso el 8 de
junio de 2018,10 a priori, la demanda estaría fuera del término de los cinco años
establecido por el artículo 251 del CPACA para estos eventos. Sin embargo, teniendo
en cuenta que la Corte Constitucional, en Sentencia SU-427 de 2016, determinó
6
«Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.».
7
«Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
8
Cabe agregar, que la Corte Constitucional, a través de la Sentencia SU-427 de 2016, también
reconoció a la UGPP como sujeto activo para presentar la acción de revisión de que trata el citado
artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
9
Folio 123 del cuaderno principal.
10
Conforme consta en el sello de radicado ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, obrante a folio 161 reverso del cuaderno principal.
9
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que el plazo para acudir a la revisión de las decisiones judiciales, por las causales
previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, debe contabilizarse a partir del
momento en el que la UGPP asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a
cargo CAJANAL, esto es, el 12 de junio de 2013, fecha en la cual inició la sucesión
procesal entre estas dos entidades, la presente acción de revisión se encuentra
dentro del término previsto por la señalada providencia, comoquiera que este se
extendía hasta el 12 de junio de 2018.
2.3. El problema jurídico
Consiste en establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta de 9 de
abril de 2013, se encuentra inmersa en las causales de revisión contempladas en
los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que permiten acudir a la
acción especial de revisión «Cuando el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso» y «Cuando la cuantía del derecho reconocido
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran
legalmente aplicables».
2.4. Marco normativo
2.4.1. La acción de revisión de la Ley 797 de 2003
El artículo 20 de la Ley 797 de 2003 estableció la posibilidad de revisión de las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL
TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados
INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado
o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza
pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier
naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de
Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
10
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00950-00 (3196-2018)
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La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de
una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la
ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.
Como puede observarse, si bien la norma transcrita indica que la acción de revisión
debe tramitarse a través del procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión, que actualmente se encuentra regulado por los artículos 248 y
siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan y
que han sido advertidos tanto por la jurisprudencia del Consejo de Estado como de
la Corte Constitucional, entre los cuales se tienen los siguientes:
i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también otro
tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación,
ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el Gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, del contralor General de la República o del procurador General de la Nación
y las entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio
entre la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos
limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de
Seguridad Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
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Radicación: 11001-03-25-000-2018-00950-00 (3196-2018)
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iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a
revisar los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y
a la liquidación de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del
debido proceso o de la ley, o en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia.
Con todo, conviene recordar que el ejercicio de esta clase de recursos entra en
colisión con la institución de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, pero,
precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una excepción que debe
admitirse frente un fin legítimo, el cual es determinar si el reconocimiento pensional
se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía reconocida excede lo
ordenado por la ley.
Así lo precisó la Corte Constitucional al decidir la exequibilidad del artículo 249 del
CPACA en la Sentencia C-450 de 2015, donde reiteró11 que el recurso extraordinario
de revisión, previsto en la mayoría de las áreas del derecho,12 procede contra
11
Corte Constitucional, sentencia C-871 de 2003: «Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene
carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos excepcionales
dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o circunstancias
posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio res iudicata pro veritate habertur para evitar que prevalezca una
injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un
proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material,
como fines esenciales del Estado».
12
Corte Constitucional, sentencia C-520-09: «la procedencia y causales del recurso extraordinario
de revisión se encuentran regulados: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los
artículos 379 y 380. En materia laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito
penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia contencioso-administrativa, en el Código
Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998)».
Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-
administrativa están previstas, en forma taxativa, en el artículo 250 del CPACA.
12
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00950-00 (3196-2018)
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sentencias ejecutoriadas «buscando esencialmente el restablecimiento de la justicia
material y constituyendo una excepción al principio general de la cosa juzgada».
En conclusión, el principio de cosa juzgada admite tanto las excepciones dispuestas
por el legislador como las previstas en las normas que gobiernan el recurso
extraordinario y, por ende, la acción especial que en este caso se impetra.
2.4.2. Alcance de las causales de revisión invocadas
Además de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA, el legislador
estableció otros eventos de revisión en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Conforme consta en la exposición de motivos de esta norma, los artículos 20 y 21
de la Ley 797 de 2003 «contemplan la posibilidad de revisar las decisiones
judiciales, las conciliaciones o las transacciones que han reconocido pensiones
irregularmente o por montos que no corresponden a la ley. Así mismo, se contempla
la posibilidad de revocar las pensiones irregularmente otorgadas y de esta manera
se permite afrontar los graves casos de corrupción en esta materia y evitar los
grandes perjuicios que pueda sufrir la Nación».13
Teniendo en cuenta lo anterior, esta Corporación ha señalado que la finalidad de la
norma trascrita consiste en dotar «a las entidades públicas pagadoras de pensiones
y a los entes de control, de una herramienta judicial para solicitar la corrección de
los reconocimientos pensionales que se encuadren en dichas causales […]».14
Adicionalmente, la jurisprudencia de esta Sección ha precisado que el objeto
de la citada norma «consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con
el propósito primordial de realizar un estudio de las pensiones reconocidas
en forma contraria a la ley, de modo que, en últimas, se eviten perjuicios de
carácter patrimonial al erario».15 (Resaltado fuera del texto).
13
Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión, sentencia de 5 de diciembre de 2017,
radicado 2017-01529 (REV).
14
Ibidem.
15
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia del 21 de junio de 2018, radicado
2014-00845-00 (2743-13).
13
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Retomando las causales específicas de revisión, el artículo 20 de la Ley 797 de
2003 prevé la posibilidad de revisar las sentencias que reconocen sumas periódicas
en dos eventos: el primero, cuando el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso; y, el segundo, cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
En primera medida, la Sala advierte que en relación con la causal de revisión
establecida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando
«el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», es necesario
que se exponga la vulneración a este derecho en relación con los núcleos
esenciales que lo componen.
Al respecto, en sentencia proferida el 5 de febrero de 2019, la Sala 22 Especial de
Decisión16 precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la
Constitución Política, el derecho fundamental alegado comprende los siguientes
tres elementos: «i) El derecho al juez natural o funcionario competente; ii) El
derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto es,
conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación judicial o
administrativa; y iii) Las garantías de audiencia y defensa, que, desde luego,
incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción de
inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y sin
dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem.».
Sin embargo, se observa que lo planteado por la entidad recurrente es que la
sentencia objeto de revisión excede lo debido de acuerdo con la ley, toda vez que
sus argumentos se dirigen a cuestionar el periodo y los factores tenidos en cuenta
16
Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
14
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00950-00 (3196-2018)
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al momento de liquidar la prestación, sin hacer manifestación alguna en relación
con la vulneración de las garantías anteriormente mencionadas.
Por su parte, en relación con la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, es preciso realizar las siguientes consideraciones:
La inconformidad de la entidad recurrente consiste en que la sentencia del Tribunal
Administrativo del Meta, de 9 de abril de 2013, habría incurrido en la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en tanto
confirmó la providencia emitida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Villavicencio de fecha 3 de septiembre de 2010. Esta última, ordenó la reliquidación
de la pensión de jubilación que percibe la hoy demandada, teniendo en cuenta todos
los factores salariales devengados en el último semestre de servicios, de
conformidad con el Decreto 929 de 1976, esto es, el sueldo, prima técnica, prima
de vacaciones, prima de servicios y prima de navidad, excluyendo las vacaciones
canceladas en dinero.
Con ello, afirma, se desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional
plasmada en las Sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, y SU-
395 de 2017, según la cual para los beneficiarios del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el ingreso base de liquidación aplicable es
el contenido en el inciso 3.° de dicha norma y en el artículo 21 ibidem.
Ahora bien, luego de examinar los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub lite,
la Sala encuentra mérito suficiente para declarar infundada la acción de revisión,
con base en las siguientes razones:
Es preciso señalar que para el análisis del recurso extraordinario de revisión y de
las causales antes mencionadas, corresponde al juez determinar que los supuestos
fácticos y jurídicos expuestos por el recurrente encuadren en las causales
taxativamente previstas por el legislador, sin que sea posible, en ningún caso, que
por este medio se puedan plantear discusiones propias de las instancias ordinarias
o subsanar falencias en la defensa dentro del proceso, sino que, efectivamente, se
15
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00950-00 (3196-2018)
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verifique que la pensión reconocida haya sido irregularmente otorgada o no
corresponda a lo previsto y ordenado en la ley.
Sobre el asunto, esta Corporacíon ha enfatizado lo siguiente: 17
Para su formulación deben atenderse los requisitos de las demandas ordinarias
indicados en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el recurrente deberá señalar
con precisión y justificar la causal o las causales en que se funda el recurso y aportar
las pruebas necesarias.
La técnica del recurso exige real correspondencia entre los argumentos en que se
fundamenta y la causal invocada, de forma tal que el recurrente prescinda de
elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que
soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida, así como de la intención
de corregir errores u omisiones de la propia parte, como si se tratara de una nueva
instancia.
En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia. Antes bien, es riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a
las causales enlistadas en el mencionado artículo 250 del CPACA y a las previstas
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación
impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que
deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo.
(Resaltado fuera del texto).
En esta instancia, la UGPP, con el fin de acreditar la procedencia de la acción de
revisión objeto de estudio, afirma que la pensión de jubilación de la demandada si
bien se rige por el régimen contenido en el «Decreto 546 de 1971»18 (sic), el Tribunal
Administrativo del Meta de 9 de abril de 2013 acogió, respecto del ingreso base de
liquidación de la demandada, un criterio desarrollado a partir de una norma
inexistente.
En ese sentido, aduce que teniendo en cuenta que la demandada no adquirió su
derecho pensional antes del 1.º de abril de 1994, 19 sino con posterioridad, «los
accionados echaron de menos que las reglas del ingreso base de liquidación NO
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,
sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado N.º 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).
18
Folio 156 del cuaderno principal.
19
Fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
16
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00950-00 (3196-2018)
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HACEN PARTE DEL RÉGIMEN ANTERIOR (sic), sino de las disposiciones que
expresamente señala el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consignadas
por el Legislador».20.
Pues bien, es preciso anotar que el Decreto 546 de 1971 resulta aplicable a los
funcionarios o empleados de la Rama Jurisdiccional o del Ministerio Público que
acrediten los requisitos contemplados en esa normativa para adquirir la prestación.
No obstante, la señora Ardila Herrera por haber prestado sus servicios en la
Contraloría General de la República desde el 4 de febrero de 1975 hasta el 15 de
marzo de 2000, es destinataria del régimen especial contenido en el Decreto 929
de 1976.
En efecto, tanto en sede administrativa como en sede judicial se realizó la
subsunción de la situación fáctica de la hoy demandada en lo dispuesto en el
Decreto 929 de 1976, pues el objeto del litigio, en aquella oportunidad, se
circunscribió al período frente al cual debía liquidarse la prestación y a los factores
salariales devengados en ese lapso.
Se recuerda, la autoridad pensional desde un principio reconoció, a través de la
Resolución N.º AMB 51182 de 14 de octubre de 2008, una pensión de jubilación a
favor de la señora Ardila Herrera, en aplicación del régimen contemplado en el
Decreto 929 de 1976. 21
En aquel acto administrativo se señaló que eran disposiciones aplicables el «Dcto
929/76 art 7, Ley 100/93 (sic) dcto 1158/94 y el Decreto 01 de 1984.». 22
Así las cosas, como se dijo líneas atrás, el objeto del recurso extraordinario consiste
en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de realizar
un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que,
en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario. Se trata de un medio
de impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
20
Folio 156 del cuaderno principal.
21
Folios 66 al 69 del cuaderno principal.
22
Folio 68 reverso del cuaderno 1.
17
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Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ante la comprobación inequívoca de
ser decisiones injustas por incurrir en alguna de las causales que taxativamente
consagra la ley.
En esta línea argumentativa, la Sala advierte que debe existir correspondencia entre
los argumentos en que se fundamenta el recurso y la causal invocada, que en el
sub lite se concretaron en acudir al literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
para lograr la aplicación de los artículos 21 o 36 de la Ley 100 de 1993, en
concordancia con el Decreto 546 de 1971.
No obstante, es claro que la entidad recurrente se equivoca en la invocación
normativa realizada con el fin de sustentar el recurso impetrado, como se indicó. De
manera que en atención a los precedentes citados previamente y a la naturaleza
excepcional del recurso extraordinario de revisión, no corresponde a la Sala exceder
la demarcación impuesta por la entidad recurrente al explicar y fundamentar la
causal de revisión de la sentencia, pues se reitera aquella debe ser «[…] examinada
dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo.». 23
Por lo expuesto, no es posible realizar el estudio de los argumentos expuestos por
la UGPP, en relación a la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003.
En suma, la Sala encuentra infundada la acción de revisión interpuesta por la UGPP,
al no haberse configurado las causales contempladas en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003.
3. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA, prevé que la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas «salvo en los procesos que se ventile un interés público».
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Decisión,
sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado N.º 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).
18
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00950-00 (3196-2018)
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En ese sentido, esta corporación24 ha considerado que el ejercicio de la acción
especial de revisión, de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, es un
mecanismo para contrarrestar los graves casos de corrupción que en materia de
pensiones se han presentado y, por lo mismo, para garantizar los principios de
eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación de la
Seguridad Social, así como el de sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Por lo tanto, la Sala considera improcedente la condena en costas en el presente
caso.
4. Conclusión
Con los anteriores argumentos, en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en
los derroteros jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de
contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en
el acervo probatorio, la Sala concluye que la presente acción de revisión debe ser
declarada infundada, puesto que no se acreditó la configuración de las causales
invocadas, esto es, las señaladas en los literales a) y b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. – Declarar infundada la acción de revisión promovida por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP–, por las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contra la sentencia del Tribunal Administrativo
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Salas Especiales de Decisión,
sentencias de 1 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02022-00(REV), de 16 de
octubre de 2008, expediente 11001-03-15-000- 2014-01658-00(REV) y de 5 de febrero de 2019,
expediente 11001-03-15-000-2018-01884-00(REV).
19
Radicación: 11001-03-25-000-2018-00950-00 (3196-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
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del Meta, de 9 de abril de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo. – Sin condena en costas.
Tercero. – Una vez en firme esta providencia, devolver el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 50-001-33-31-005-2008-00311-01 al
tribunal de origen y archivar la acción de revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente en comisión Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
SBZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
20
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