Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00427-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00427-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00427-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de octubre de 2024
Radicado: 110010325000202000427 00 (1027-2020)
Demandante: Yina Genis Noriega Andrade
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00427-00 (1027-2020)
Demandante: Yina Genis Noriega Andrade
Demandada Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag
Providencia Sentencia del 29 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal
recurrida: Administrativo del Magdalena
Temas: Causal 5 de revisión del artículo 250 del CPACA / Nulidad
originada en la sentencia / Desconocimiento del precedente
judicial contenido en la sentencia de unificación (SUJ-014-CE-
S2 -2019) del 25 de abril de 2019 del Consejo de Estado
Sentencia de revisión
Asunto
Decide la Sala el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Yina Genis
Noriega Andrade contra la sentencia del 29 de mayo de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fomag.
1. Antecedentes
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1
1. Yina Genis Noriega Andrade presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad parcial de la Resolución 0857 del 19 de
diciembre de 2014, mediante la cual la Secretaría de Educación del Distrito de
Santa Marta ordenó reconocerle una pensión ordinaria de jubilación. A título de
restablecimiento del derecho solicitó la reliquidación de su pensión con la
inclusión del promedio de todos los factores devengados en el año anterior al
estatus pensional.
1
Folios 2 a 13 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
47001333300720150028101, visible a índice 16 de Samai.
2
Contenido en la Ley 1437 de 2011, en adelante CPACA.
2
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00427-00 (1027-2020)
Demandante: Yina Genis Noriega Andrade
1.1.1. Fundamentos fácticos
2. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
2.1. Lademandante prestó sus servicios como docente de vinculación
nacionalizada por 35 años, 1 mes y 15 días.
2.2. Desde el 23 de abril de 2014 adquirió el status de jubilada por tener más de
20 años de servicio y 55 años de edad cumplidos.
2.3. Mediante Resolución 0857 del 19 de diciembre de 2014 la Secretaría de
Educación del Distrito de Santa Marta le reconoció y ordenó el pago de su
pensión vitalicia de jubilación, en la que se incluyeron los siguientes factores
salariales como base para su liquidación: salario básico, sobresueldo del 30% y
doceava prima de navidad. Pero no le tuvieron en cuenta la asignación adicional
de preescolar del 15%, la prima de vacaciones y la parte de la prima de navidad.
1.1.2. Concepto de violación de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho
3. En esencia, la demandante alegó que tiene derecho a que su pensión sea
reliquidada con la inclusión de todos los factores salariales percibidos durante el
año anterior a la adquisición de su estatus pensional, de acuerdo con lo
establecido en las leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 4 de 1966, pues ingresó al
servicio público antes de la expedición de la Ley 812 de 2003.
1.2. Sentencia de primera instancia3
4. Mediante sentencia proferida el 23 de marzo de 2018, el Juzgado 7
Administrativo de Santa Marta, accedió a las pretensiones de la demanda, por lo
que declaró la nulidad parcial de la Resolución 0857 de 2014 y ordenó reliquidar
su pensión incluyendo todos los factores salariales percibidos durante el año
anterior a la adquisición del status de jubilada, esto es: asignación básica,
asignación adicional preescolar 15%, prima de vacaciones y prima de navidad.
5. El juzgado indicó que para efectos de liquidar la pensión de jubilación de la
demandante, se deben tener en cuenta aquellos factores devengados dentro del
último año de servicio siempre y cuando constituyan salario, acogiendo la tesis
expuesta en la sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010.
3
Ff. 153 a 162 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado:
47001333300720150028101, visible a índice 16 SAMAI
3
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00427-00 (1027-2020)
Demandante: Yina Genis Noriega Andrade
1.3. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia4
6. Contra la anterior decisión, Fomag interpuso recurso de apelación, con
sustento en los siguientes argumentos:
6.1. Los emolumentos diferentes a los señalados en la Ley 6 de 1945 y el Decreto
1045 de 1978, no son una prestación social sino elementos constitutivos de
salario. Para el caso de los servidores públicos, en el evento de tener derecho a
los enunciados emolumentos, éstos formarían parte de los factores salariales
para liquidación de las prestaciones sociales que por ley le correspondan.
6.2. Las normas en la materia, en especial, el parágrafo 2 del artículo 15 de la ley
91 de 1989 estipulan que el Fomag no pagará primas de navidad, de servicios y
de alimentación, subsidio familiar, auxilio de transporte o movilización y
vacaciones, las cuales continuarán a cargo de la Nación como entidad
nominadora, en favor del personal nacional o nacionalizado, vinculado antes o
con posterioridad al 31 de diciembre de 1989.
1.4. Sentencia de segunda instancia objeto de revisión5
7. El Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia del 29 de mayo de 2019
revocó la decisión de primera instancia y en su lugar, negó las pretensiones, con
fundamento en las siguientes consideraciones:
7.1. La demandante es docente nacionalizada cuya vinculación empezó el 05 de
marzo de 1979, por lo que tiene derecho a una pensión ordinaria de jubilación
conforme con el régimen previsto en la Ley 33 de 1985.
7.2. Como consecuencia de lo anterior, para el ingreso base de liquidación de su
pensión debían tenerse en cuenta, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 62
de 1985, solo aquellos factores sobre los cuales se hubiera efectuado aportes,
esto es, asignación básica mensual, gastos de representación, prima técnica
cuando sea factor salarial, prima de antigüedad y ascensional cuando sea factor
salarial, dominicales, bonificación por servicios prestados, horas extras y
recargos nocturnos.
7.3. Por lo tanto, no se podían tomar en cuenta los factores devengados en el
último año de servicios, como sobresueldos, prima de alimentación, prima de
población, prima de vacaciones y prima de navidad, pues esos factores no
constituyen base de liquidación para los aportes.
7.4. Yina Genis Noriega Andrade no tiene derecho a la reliquidación de su
pensión ordinaria de jubilación tomando como ingreso base de liquidación la
totalidad de los factores devengados en el último año de servicios, ya que algunos
de ellos no están previstos en la Ley 62 de 1985, como ocurre con la prima de
4
Ff. 165 a 176 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado:
47001333300720150028101, visible a índice 16 SAMAI
5
Ff. 241 a 260 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado:
47001333300720150028101, visible a índice 16 SAMAI
4
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Demandante: Yina Genis Noriega Andrade
navidad, prima de vacaciones y asignación adicional preescolar del 15%.
7.5. En el acto de reconocimiento pensional la entidad incluyó como factores
salariales en la base de liquidación, el sobresueldo y la prima de doceava de
navidad, factores que no están incluidos en la Ley 62 de 1985 para calcular la
base de liquidación. Pero el acto administrativo conserva su validez en la medida
que no se puede afectar el derecho reconocido a la demandante cuya pretensión
iba dirigida a que se incluyeran factores adicionales a los reconocidos por la
entidad. Es decir, que el acto acusado no podía ser modificado en aquello que
no fue objeto de demanda a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
1.5. Recurso extraordinario de revisión6
8. Yinas Genis Noriega Andrade interpuso el recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia del 29 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena. Lo anterior con fundamento en la causal
establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA que alude a «[e]xistir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación». Así lo sustentó:
8.1. El artículo 3 de la Ley 33 de 1985 estableció a favor de todos los pensionados,
cualquiera que fuera su tipo de pensión, que al momento de adquirir el status
pensional se incluyeran todos los factores salariales devengados durante el
último año, pero el Fomag y la Secretaría de Educación de Santa Marta
solamente incluyeron la asignación básica y dejaron por fuera los demás factores
que debieron liquidarse.
8.2. La pensión de jubilación es un derecho imprescriptible y su reliquidación es
accesoria de la misma, por lo que la reliquidación puede solicitarse en cualquier
tiempo.
8.3. El no reconocimiento de la totalidad de los factores salariales devengados con
anterioridad al reconocimiento pensional, es violatorio de la Ley 33 de 1985,
artículo 3 numeral 3, y de la Ley 62 de 1985, artículo 1 numeral 3.
8.4. La SUJ-014-CE-S2 -2019 del 25 de abril del 2019 de la Sección Segunda del
Consejo de Estado estableció:
«Primero: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar lo siguiente:
De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 son dos
los regímenes prestacionales regulan el derecho a la que pensión de jubilación
y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados
al servicio público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos
regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio
6
Visible a SAMAI, índice 8.
5
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00427-00 (1027-2020)
Demandante: Yina Genis Noriega Andrade
educativo oficial de cada docente, así:
a. En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores
que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1° de la Ley
62 de 1985, y por, lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a
los enlistados en el mencionado artículo.
b. Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.
Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas
en esta providencia en relación con os temas objeto de unificación, constituyen
precedente obligatorio en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437
de 2011, para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa omo
judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son
retrospectivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.»
8.5. El caso de la accionante es el establecido en el literal a del numeral primero
de la SUJ-014-CE-S2 -2019 del 25 de abril del 2019, ya que la docente YINA
NORIEGA devengaba factores de salario de los enlistados en la Ley 33 de 1985
que no fueron tenidos en cuenta para calcular su pensión.
1.6. Contestación del recurso extraordinario de revisión7
9. Vencido el término del traslado, las partes guardaron silencio, tal como lo
señala el informe secretarial de fecha 22 de febrero de 20218.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
10. Esta Sala es competente para decidir el presente recurso extraordinario de
revisión de conformidad con lo regulado en los artículos 249 del CPACA, y 13
numeral 3 del Reglamento Interno del Consejo de Estado9 que estableció que le
corresponde resolver «[l]os recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas
proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones
del Consejo de Estado según la materia».
7
Ff. 36 a 39 del expediente físico del recurso extraordinario de revisión.
8
Visible a SAMAI índice 10
9
Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019.
6
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00427-00 (1027-2020)
Demandante: Yina Genis Noriega Andrade
2.2. Oportunidad
11. El recurso extraordinario de revisión fue presentado dentro del año siguiente
a la ejecutoria de la sentencia recurrida, tal y como lo prevé el artículo 251 del
CPACA. En efecto, la sentencia del 29 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena se notificó por correo electrónico el 04 de julio de
201910 y el recurso fue radicado el 18 de febrero de 202011.
2.3. Legitimación en la causa
12. En el asunto objeto de estudio, Yina Genis Noriega Andrade está legitimada
para actuar como demandante, comoquiera que actuó también en tal calidad
dentro del proceso ordinario cuya decisión de segunda instancia pretende
controvertir en esta oportunidad.
2.4. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
13. El recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA es
un medio de impugnación que afecta el principio de la inmutabilidad de las
sentencias ejecutoriadas y, por ende, constituye una excepción al principio de la
cosa juzgada12. Su finalidad es la de invalidar los efectos jurídicos de una
sentencia que se encuentra ejecutoriada13 y persigue el restablecimiento del
criterio de justicia material y la supremacía de las garantías procesales cuando
estas han sido lesionadas en aquella, al ocurrir alguna de las causales por las
cuales procede, establecidas en la ley. Tiene dos características principales:
14. La primera se refiere a que su naturaleza es excepcional y, por lo tanto, solo
opera por razón de las causales taxativas señaladas en el artículo 250 del
CPACA, en concordancia con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Estas señalan
vicios o errores de naturaleza procedimental que permiten la revisión de la
sentencia proferida dentro del proceso. En ese orden, para que el juez pueda
examinar la controversia materia del recurso, a quien lo ejerce le corresponde
indicar con precisión cuál es la causal que invoca para invalidar la sentencia
recurrida y las razones de hecho y de derecho que la sustentan.
15. La segunda indica que se trata de un nuevo proceso que tiene por objeto
cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario y no una nueva
oportunidad para reabrir el debate jurídico, probatorio y/o fáctico propio de las
instancias procesales que ya se han surtido en aquel. Tampoco es una vía para
cuestionar la actividad interpretativa del juez o insistir en la discusión de los
problemas debatidos en el proceso original ni para subsanar las falencias de las
actuaciones procesales de las partes, puesto que no constituye una tercera
instancia.
10
Ff. 261 expediente de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado:
47001333300720150028101, visible a índice 16 SAMAI
11
Visible a SAMAI
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión.
Sentencia 13 de octubre de 2020. Rad. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia 15 de marzo de 2018. Rad. 1001-03-25-000-2014-00862-00.
7
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00427-00 (1027-2020)
Demandante: Yina Genis Noriega Andrade
2.5. Problema jurídico
16. Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿en la sentencia del 29 de
mayo de 2019 del Tribunal Administrativo del Magdalena, se configuró la causal
prevista en el artículo 250.5 del CPACA, por haberse desconocido el precedente
judicial de la sentencia de unificación del Consejo de Estado de fecha 25 de abril
de 2019?
2.6. La nulidad originada en la sentencia como causal del recurso
extraordinario de revisión
17. El numeral 5 del artículo 250 del CPACA dispuso que la «nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación
[…]» es causal de revisión de las sentencias ejecutoriadas. Sobre los eventos en
los que se estructura la nulidad de la sentencia, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha señalado los siguientes:
i) cuando se configura alguna de las situaciones previstas de manera taxativa en
el artículo 133 del Código General del Proceso14 que solo pudieron ser advertidas
en la sentencia. Este criterio adoptó la tesis basada en el respeto a la taxatividad
y legalidad de las nulidades15:
«Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte,
solamente en los siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción
o de competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un
proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales
de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la
oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien
actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar
pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley
sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un
recurso o descorrer su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los
alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la
demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas
aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas
que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra
persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una
providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de
pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la
actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya
saneado en la forma establecida en este código.
14
En adelante CGP.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
8
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00427-00 (1027-2020)
Demandante: Yina Genis Noriega Andrade
Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si
no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece».
ii) cuando se vulnera el debido proceso a partir del artículo 29 de la Constitución
Política. La transgresión debe ser de naturaleza procesal, por lo que no es posible
que el recurrente cuestione la motivación de la providencia, la valoración
probatoria o la aplicación de las normas16. Dentro de este tipo de nulidades la
jurisprudencia ha precisado, a modo enunciativo, que pueden ser las siguientes:
«[…] 66.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se profiere una nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia en firme.
66.2. Cuando sin más actuación se profiere sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.
66.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
66.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en esta.
66.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.
66.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.
66.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
66.8. Cuando la sentencia carece de motivación.
66.9. Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número
de votos diferente del previsto en la ley […]».17
18. Asimismo, el Consejo de Estado ha considerado otros eventos en los que se
vulnera el debido proceso y, por lo tanto, generan la nulidad de la sentencia, que
se presentan cuando:
• Se dicta con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación del
debido proceso18.
• Se condena a una persona que no fue vinculada al proceso19.
• Se profiere sin motivación20.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Dieciséis Especial de
Decisión, sentencia del 5 de mayo de 2020, Radicado: 11001-03-15-000-2017-02519-00.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia del 3 de febrero de 2015. Rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01.
18
Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de abril de 2018,
radicación: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893).
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022,
radicación: 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1 de junio de
2005, radicación: REV-062.
9
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00427-00 (1027-2020)
Demandante: Yina Genis Noriega Andrade
• Se emite una sentencia inhibitoria injustificadamente21.
• Se desconoce el principio de congruencia22.
• Se dicta con vulneración del principio de la «non reformatio in pejus»23.
19. De igual manera, se ha establecido como una regla general, que no es
procedente invocar como sustento del recurso de revisión la ocurrencia de una
nulidad ocurrida en una etapa anterior a la sentencia ejecutoriada que puso fin
al proceso. En este caso, su alegación debió darse dentro de la oportunidad
procesal prevista en el artículo 134 del CGP24. Sin embargo, la jurisprudencia ha
aceptado la formulación de una nulidad sucedida antes del fallo referido siempre
que el recurrente no hubiese tenido la oportunidad de advertirlo dentro del
proceso, circunstancia que le corresponde probar25.
20. Así las cosas, para que proceda la causal de que trata el numeral 5 del artículo
250 del CPACA, deberá acreditarse:
i) la existencia de una sentencia ejecutoriada que ponga fin al proceso contra la
cual no proceda el recurso de apelación, pues de ser así este sería el medio
idóneo para debatir cualquier vicio en que hubiera incurrido la providencia;
ii) que la nulidad se estructuró en el momento en que se profirió la decisión
judicial, salvo que de haberse producido antes el afectado no pudo advertirla,
lo que deberá probar; y
iii) que tal nulidad sea una de las taxativamente regladas en el CGP o por la
vulneración del debido proceso previsto en el artículo 29 superior.
2.7. La configuración de la causal 5 de revisión en el caso concreto
21. El recurrente considera que se configuró la causal de revisión que prevé el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA puesto que en la sentencia de segunda
instancia del 29 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, se desconoció el precedente judicial contenido en la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2 -2019 de fecha 25 de abril de 2019 proferida por el
Consejo de Estado, la cual era aplicable al caso concreto.
22. Enese orden de ideas, la circunstancia alegada por la demandante -el
desconocimiento de una sentencia de unificación- no es una de las taxativamente
regladas en el artículo 133 del CGP, y tampoco materializa uno de los eventos
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de
2018, radicación: 11001-03-15-000-1998-00153-01.
22
Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, sentencia del 28 de junio de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2020-03697-00; sentencia del 20 de agosto de 2021, radicación:
11001-03-15-000-2020-02925-00; sentencia del 31 de enero de 2022, radicación: 11001-03-15-
000-2020-03065-00.
23
Consejo de Estado, Sala Octava Especial de Decisión, sentencia del 14 de diciembre de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2017-00512-00; Sala Diecinueve Especial de Decisión, sentencia
del 16 de marzo de 2022, radicación: 11001-03-15-000-2021-00921-00.
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala segunda Especial de
Decisión. Sentencia del 14 de agosto de 2023. Radicado: 110010315000 2015 00545 00.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de
Decisión. Sentencia del 12 de julio de 2023. Radicado: 110010315000 2023 0075900.
10
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00427-00 (1027-2020)
Demandante: Yina Genis Noriega Andrade
que la jurisprudencia contenciosa ha señalado como constitutivos de vulneración
del debido proceso previsto en el artículo 29 superior, por lo que no procede la
revisión en virtud de la causal de que trata el numeral 5 del artículo 250 del
CPACA.
23. Adicionalmente, no está demás precisar, que la circunstancia alegada por la
demandante como causal de revisión extraordinaria, atinente al desconocimiento
de una sentencia de unificación, es propia del recurso de unificación de
jurisprudencia establecido en el artículo 256 y siguientes del CPACA. Sobre el
particular el artículo 258 ibídem señala que «[h]abrá lugar al recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga
a una sentencia de unificación del Consejo de Estado».
24. En tales condiciones la Subsección declarará infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por Yina Genis Noriega Andrade.
2.8. Costas
25. La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, de
conformidad con el artículo 255 del CPACA, por cuanto no se evidenció que
actuase con temeridad o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular
en el transcurso del trámite procesal.
2.9. Conclusión
26. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que en la providencia del 29 de
mayo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena no se
configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, puesto
que la nulidad invocada no se originó en la sentencia, en tanto el desconocimiento
del precedente judicial contenido en una sentencia de unificación jurisprudencial
no configura ninguno de los supuestos de nulidad taxativos contenidos en el
artículo 133 del CGP, ni tampoco se configura por la vulneración del debido
proceso previsto en el artículo 29 superior. En virtud de lo anterior, se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
Primero: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
Yina Genis Noriega Andrade contra la sentencia proferida el 29 de mayo de 2019
por el Tribunal Administrativo del Magdalena en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 47001333300720150028101.
Segundo: No condenar en costas.
11
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00427-00 (1027-2020)
Demandante: Yina Genis Noriega Andrade
Tercero: Archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión, previas
las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos
Samai y devolver el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho al
despacho de origen.
Cuarto: Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmada electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmada electrónicamente
La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
EdelaOssa
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