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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00227-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2022-00227-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Ceneyda Salazar en contra de la sentencia proferida el 6 de agosto de 2020 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ARCHIVAR el expediente de la referencia, una vez realizadas las anotaciones pertinentes en el sistema de Gestión Judicial Samai. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2022-00227-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00227-00 (0432-2022)
Recurrente: Ceneyda Salazar
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2022-00227-00 (0432-2022)
Recurrente: Ceneyda Salazar
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: Recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5.° del artículo 250 del
CPACA. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso – Reiteración de
jurisprudencia.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Ceneyda Salazar
en contra de la sentencia del 6 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que confirmó la decisión del 30 de junio de 2017
en la cual el Juzgado Tercero Administrativo de Cali negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la señora Salazar,
en la que solicitó la sustitución de la asignación de retiro causada por el señor Luis
Orlando Gutiérrez Murillo.

I. ANTECEDENTES

1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por la recurrente, las cuales se valorarán de
acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en
adelante CGP1, la Sala sintetiza, a continuación, los siguientes hechos relevantes y
actuaciones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número de radicación 76-001-33-33-003-2014-00338-00/01:

1.1.1. La demanda2

2. Ceneyda Salazar radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, CASUR, a través de la

1
Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por
disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia».
2
Samai, índice 2, ED_DEMANDACENEYDA(.PDF) NroActua 2.

1

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Recurrente: Ceneyda Salazar
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

cual solicitó la nulidad de las resoluciones 8407 del 4 de septiembre de 2012 y 966 del
25 de febrero de 2013, que le negaron la sustitución de la asignación de retiro
reclamada, con ocasión del fallecimiento del señor Luis Orlando Gutiérrez Murillo,
quien en vida percibía una asignación de retiro.

3. A título de restablecimiento del derecho, pidió el reconocimiento de la sustitución
de la asignación de retiro como compañera permanente del fallecido desde el 27 de
junio de 2012, momento en que surgió su derecho.

4. La señora Ceneyda Salazar adujo que, pese a la separación con el señor Luis
Orlando Gutiérrez Murillo, continuaron en una unión marital de hecho que la hacía
merecedora de la asignación de retiro que este percibía. Por tanto, invocó como
disposiciones violadas en su demanda, entre otros, los artículos 13, 29 y 48 de la
Constitución Política.

1.1.2. Contestación de la demanda3

5. CASUR se abstuvo de contestar la demanda.

1.1.3 Sentencia de primera instancia4

6. El Juzgado Tercero Administrativo de Cali dictó sentencia el 30 de junio de 2017
en la que negó las pretensiones de la demanda, porque argumentó que, aunque la
valoración de CASUR no fue detallada ni se refirió a la totalidad de las pruebas, su
conclusión fue acertada en la medida en que no quedó demostrado que la señora
Salazar hubiera convivido de forma ininterrumpida con el causante durante los 5 años
anteriores a su deceso.

7. En este orden, tuvo en cuenta la sentencia del 23 de marzo del 2000 proferida
por el Juzgado Segundo de Familia de Cartago que decretó la disolución y la
liquidación de la sociedad conyugal existente entre el señor Gutiérrez Murillo y
Ceneyda Salazar; las declaraciones rendidas en la Notaría Primera de Cartago por los
señores José Édgar Rentería y Orlando Hincapié; la diligencia de conciliación
celebrada el 22 de junio de 2012 entre Luis Orlando Gutiérrez Murillo y Ceneyda
Salazar, donde se reconoció la existencia de una unión marital de hecho por la
convivencia desde el 1.° de noviembre de 2008 y durante un lapso ininterrumpido de
2 años; y los testimonios rendidos por los hijos de los señores Salazar y Gutiérrez
Murillo.

8. Estas pruebas le permitieron concluir que el señor Gutiérrez Murillo sostuvo una
unión libre durante 16 años con Amanda Torres Bueno, y que si bien retomó su
convivencia con la señora Ceneyda Salazar, hasta el 10 de noviembre de 2008, lo

3
Samai, índice 2, ED_SENTENCIATRIBUNALV(.PDF) NroActua 2, página 4 del archivo digital.
4
Samai, índice 2, ED_SENTENCIATRIBUNALV(.PDF) NroActua 2, páginas 4 a 6 del archivo digital.

2

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Recurrente: Ceneyda Salazar
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

cierto es que al momento de su fallecimiento —27 de junio de 2012 — no estaban
acreditados los 5 años de convivencia exigidos respecto de esta última para la
sustitución de la prestación.

9. De esta manera, pese a que el Juzgado valoró los testimonios rendidos por los
hijos de la pareja, los cuales fueron coincidentes en sus relatos, desacreditó su dicho
ya que las pruebas documentales, valoradas conjuntamente, sugerían una situación
contraria a la expuesta por los declarantes.

10. Explicó que, si bien en las declaraciones se destacó que Ceneyda Salazar
reanudó su convivencia con el señor Gutiérrez hasta 2008, esta situación no era
suficiente para acceder a las pretensiones de la demanda, ya que, aunque después
de la disolución del vínculo marital sostuvieron una unión marital de hecho, no estaban
acreditados los 5 años que exigía la normativa para demostrar la convivencia efectiva
antes de la muerte del causante de la prestación.

1.1.4. Recurso de apelación de la parte demandante5

11. Ceneyda Salazar apeló el fallo con el argumento de que acudió al estrado
judicial pero no fue interrogada por el juez de primera instancia, quien debió haber
hecho uso de sus poderes oficiosos para decretar las pruebas que dejó de solicitar
CASUR. A su vez, indicó que como esta entidad se abstuvo de contestar la demanda,
las pruebas quedaron sin contradicción, constituyéndose en un indicio grave en contra
de la demandada.

12. Defendió que existieron declaraciones rendidas ante notario relacionadas con
la unión marital que sostuvo Luis Orlando Gutiérrez Murillo con Amanda Torres, a las
cuales no se les debía dar credibilidad porque las solicitó el señor Gutiérrez Murillo a
sus amigos, y porque en su contenido se contradecían con otras que indicaban lo
contrario. De este modo, consideró que no era creíble la fecha en que supuestamente
inició su relación con el señor Gutiérrez Murillo, consignada en el acta de constitución
de la unión marital de hecho, en el acta de conciliación y otras declaraciones rendidas
bajo la gravedad de juramento, las cuales fueron refutadas por los relatos de sus hijos
al interior del proceso.

13. Por estas razones, la señora Ceneyda Salazar afirmó que debía aplicarse el
Decreto 1213 de 1990 que no exigía la acreditación de un tiempo mínimo para acceder
a la sustitución de la asignación de retiro. Asimismo, agregó que, en todo caso, si se
acogía lo dispuesto en el Decreto 4433 de 2004, estaba demostrada su convivencia
con el señor Luis Orlando Gutiérrez Murillo, en aplicación del principio de la primacía
de la realidad sobre las formas.

5
Samai, índice 2, ED_APELACIONCENEYDA(.PDF) NroActua 2.

3

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Recurrente: Ceneyda Salazar
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

14. En estos términos, le pidió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
acceder a las pretensiones de la demanda y ordenarle a CASUR que reconociera la
sustitución de la asignación de retiro.

1.1.5. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión6

15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 6 de agosto
de 2020 en la que confirmó el fallo del 30 de junio de 2017.

16. Expresó, respecto de los alegatos de conclusión en primera instancia, que una
vez surtido el traslado «[…] la parte demandante guardó silencio (constancia
secretarial folio 177)»7.

17. De otra parte, al hacer alusión a los alegatos en segunda instancia, el Tribunal
expuso que: «[…] La parte actora reiteró los argumentos de la demanda y de la
apelación, pidiendo revocar la sentencia de primera instancia y acceder a la sustitución
de la asignación de retiro, teniendo como beneficiaria a la señora Ceneyda Salazar en
calidad de compañera permanente del señor Luis Orlando Gutiérrez (folios 218-224).
[…]»8.

18. Para sustentar su decisión, explicó que la señora Ceneyda Salazar no demostró
haber convivido de forma continua con el causante durante los 5 años anteriores a su
fallecimiento, como lo exigía el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, norma vigente
para el 27 de junio de 2012 cuando ocurrió el deceso del señor Luis Orlando Gutiérrez
Murillo.

19. Así las cosas, consideró que la señora Salazar pretendía un alcance distinto
frente a la valoración de la prueba testimonial, lo cual no era posible dado que dichas
declaraciones no gozaban de la credibilidad e imparcialidad suficiente para demostrar
que la pareja convivió ininterrumpidamente, pese a la disolución y la liquidación de la
sociedad conyugal.

1.2. Recurso extraordinario de revisión9

20. Ceneyda Salazar radicó el recurso extraordinario de revisión el 10 de diciembre
de 202110, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca el 6 de agosto de 2020.

6
Samai, índice 2, ED_SENTENCIATRIBUNALV(.PDF) NroActua 2.
7
Samai, índice 2, ED_SENTENCIATRIBUNALV(.PDF) NroActua 2, página 4 del archivo digital.
8
Samai, índice 2, ED_SENTENCIATRIBUNALV(.PDF) NroActua 2, página 7 del archivo digital. Folio 237 del
expediente físico. Transcrito textualmente con errores.
9
Samai, índice 2, ED_RECURSODEREVISION(.PDF) NroActua 2.
10
Samai, índice 2, ED_RVRECURSOEXTRAORDI(.MSG) NroActua 2. La recurrente allegó el recurso
extraordinario de revisión a la dirección de la Secretaría General del Consejo de Estado, por correo electrónico del
10 de diciembre de 2021. Por tanto, la Sala tomará esta fecha como la de interposición del recurso.

4

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Recurrente: Ceneyda Salazar
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

21. Como pretensiones, le pidió a esta corporación: (i) revisar el fallo proferido por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 6 de agosto de 2020; (ii) infirmar esta
providencia judicial; (iii) declarar la prosperidad del recurso extraordinario de revisión; y
(iv) proferir sentencia que reemplace el fallo del 6 de agosto de 2020 y acceda a las
pretensiones de la demanda.

22. La señora Salazar indicó que la sentencia enjuiciada incurrió en la causal de
revisión del numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, relativa a que exista nulidad en la
sentencia que puso fin al proceso, porque se configuraron dos nulidades en el fallo
judicial11: por un lado, el supuesto descrito por el numeral 6.° del artículo 133 del CGP,
de haberse omitido la oportunidad para alegar de conclusión dentro del proceso; y, por
otro lado, un error en la valoración de las pruebas.

23. Respecto de lo primero, Ceneyda Salazar adujo que en la sentencia del 6 de
agosto de 2020 el Tribunal omitió estudiar los argumentos que propuso en sus alegatos
de conclusión en «segunda instancia»12, porque afirmó textualmente que la
demandante guardó silencio, pese a que está demostrado que allegó memorial en esta
etapa13, el cual fue recibido. De ahí que, a su juicio, no tiene sentido que se conceda la
oportunidad para presentar los alegatos, pero que al momento de dictar el fallo estos
no se tengan en cuenta, porque con ello se cercenan los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

24. Consideró que no se valoraron los argumentos que propuso en sus alegatos de
forma tal que no obtuvo un pronunciamiento que le esclareciera si sus razones fueron
o no acogidas.

25. Adicionalmente, expresó que el Tribunal no analizó los testimonios practicados
en el proceso, con lo cual desechó una prueba que permitía aclarar la relación que
sostuvo con el señor Gutiérrez Murillo. Asimismo, tampoco valoró las declaraciones
juramentadas y la carta a través de la cual el señor Gutiérrez Murillo solicitó su afiliación
a la Dirección de Sanidad y Bienestar Social de la Policía Nacional, a pesar de que

11
La parte recurrente tituló varios supuestos constitutivos de nulidades, como el error en el análisis de las pruebas,
no haber sopesado las pruebas, el desconocimiento de los principios de primacía de la realidad sobre las formas y
pro homine, la falta de revisión de las alternativas para resolver el caso y el desconocimiento del mandato
constitucional, pero la Sala considera que se subsumen en dos grupos: el tema de los alegatos de conclusión y lo
relativo a la valoración probatoria, porque en últimas el desconocimiento de los principios y de las normas
constitucionales, y la revisión de las alternativas, parten de un estudio integral de los hechos proveniente de las
pruebas.
12
A pesar de que la recurrente se refirió a los alegatos de forma genérica en los argumentos del recurso, en el
hecho vigésimo octavo indicó que «[…] En el fallo de Segunda instancia se pretermitió entre muchos otros
aspectos, analizar los alegatos de segunda instancia presentados por el apoderado en representación de la señora
CENEYDA SALAZAR […]». Adicionalmente, adujo que esto lo probaría con la constancia de radicación de los
alegatos según obra en la página de la Rama Judicial; la cual, de acuerdo con la consulta hecha por la Sala, registra
la interposición de los alegatos en el trámite de la segunda instancia. Por tanto, la Sala interpreta que sus reparos
están dirigidos a que se pretermitió el estudio de los alegatos en segunda instancia.
13
Para este fin, la recurrente allegó: i) correo electrónico de radicación de los alegatos de conclusión ante el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 22 de febrero de 2018; y ii) captura de pantalla de las actuaciones del proceso
registradas en la página web de la Rama Judicial, que registran la interposición de los alegatos de conclusión por
el apoderado de la parte demandante, el 22 y 23 de febrero de 2018. Samai, índice 2,
ED_CORREOELECTRONICOA(.PDF) NroActua 2 y ED_PAGCONSULTAPROCES(.PDF) NroActua 2.

5

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Recurrente: Ceneyda Salazar
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

fueron incluidas en el recurso de apelación; con las cuales se demostró la dependencia
económica, la ayuda, el auxilio mutuo, el tiempo de convivencia y, en general, que pese
a la relación del señor Gutiérrez Murillo con Amanda Torres, no dejó de convivir con
ella14.

26. Consideró que el Tribunal no valoró las afirmaciones hechas en la audiencia de
conciliación celebrada con el señor Gutiérrez Murillo, de la que pudo haber extraído
información importante en relación con la existencia de la unión marital de hecho y el
deseo del causante de afiliarla al sistema de salud de CASUR.

27. Así, el Tribunal desconoció los principios de primacía de la realidad sobre las
formas y pro homine, por no sumar en su caso particular los tiempos convividos durante
el matrimonio y la unión marital de hecho que sostuvo con el señor Gutiérrez Murillo, tal
y como lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia en esta clase de procesos, al
tratarse de personas de la tercera edad, que carecen de bienes y que requieren de una
protección en seguridad social integral.

28. Por último, la señora Salazar precisó que, aunque formalmente se cumplieron
las etapas del trámite ordinario, materialmente no se garantizó el debido proceso y el
acceso a la administración de justicia que exigían un estudio de la viabilidad del caso
desde la admisión de la demanda, así como un análisis de todas las pruebas
incorporadas al proceso.

1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

29. Esta corporación admitió el recurso en auto del 9 de junio de 202215, ordenó la
notificación personal a CASUR, al Ministerio Público y le reconoció personería al
abogado de la demandante.

30. Luego de que esta decisión fuera notificada en debida forma16, CASUR17 se
opuso a la prosperidad de este recurso comoquiera que, según expresó, los actos
administrativos se ajustaron a la legalidad y a las partes les asiste la carga probatoria
de acreditar los hechos que sustentan sus afirmaciones. Por tanto, consideró que la
decisión judicial estaba acorde con las normas que regulaban el asunto.

31. A través de auto del 28 de septiembre de 202318, se incorporaron como pruebas
los documentos allegados con el recurso extraordinario de revisión. A su vez, se

14
La recurrente expresó que el Tribunal debió haber valorado debidamente, entre otras pruebas, la fotocopia del
oficio del 25 de junio de 2012 y la fotocopia de la declaración rendida por los señores Aurelio Valbuena Ojeda y
Eiber Álzate López, que permitían demostrar que el señor Gutiérrez Murillo tuvo una convivencia limitada con la
señora Amanda Torres, porque retomó la que tenía con su esposa Ceneyda Salazar.
15
Samai, índice 4, AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.doc) NroActua 4.
16
Samai, índices 7, Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf) NroActua 7. Samai, índice 9, Soporte
notificación Auto que admite recu(.pdf) NroActua 9.
17
Samai, índice 10, RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 10.
18
Samai, índice 12, AUTOQUEPRESCINDEDEAUDIENCIADEPRUEBAS(.docx) NroActua 12.

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prescindió del máximo período probatorio y se le reconoció personería a la apoderada
judicial de CASUR.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

32. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Ceneyda Salazar contra la sentencia del 6 de agosto de 2020 proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de acuerdo con lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 249 del CPACA19.

2.2. Oportunidad

33. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 6 de agosto de 2020, se notificó
el 11 de diciembre siguiente20, y quedó ejecutoriada el 18 de diciembre de esa misma
anualidad, en aplicación de lo previsto en el artículo 302 del CGP y 8 del Decreto 806
de 202021. Así las cosas, como la señora Ceneyda Salazar interpuso el recurso
extraordinario de revisión el 10 de diciembre de 2021, según el correo electrónico
enviado a la Secretaría General del Consejo de Estado, el cual obra en el índice 2 de
Samai, su radicación fue oportuna dentro del término dispuesto por el artículo 251 del
CPACA22.

2.3. Legitimación en la causa

34. La señora Ceneyda Salazar y CASUR están legitimados en la causa para ser
partes en este trámite, toda vez que fueron, respectivamente, demandante y
demandado en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.4. Problemas jurídicos

35. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala definir si es procedente infirmar la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 6 de agosto de 2020.

19
«De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
20
Samai, índice 2, ED_NOTIFICAFALLOSEGUNDA(.PDF) NroActua 2.
21
Si bien no obra en el expediente la constancia de la ejecutoria de la decisión, la Sala cuenta con el soporte de
notificación y a partir de esta fecha calcula la ejecutoria en aplicación de la normativa pertinente, máxime cuando
de la captura de las actuaciones del proceso en la página de la Rama Judicial, que aportó la recurrente, la sentencia
se notificó el 11 de diciembre de 2020 y se devolvió al juzgado de origen el 3 de agosto de 2021, sin registro de
alguna solicitud de aclaración o de adición. Incluso, si se tomara solo la fecha de notificación para efectos de la
oportunidad, el recurso extraordinario de revisión se habría radicado a tiempo, porque el fallo de segunda instancia
se notificó el 11 de diciembre de 2020 y se acudió en sede de este mecanismo extraordinario el 10 de diciembre de
2021.
22
«El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».

7

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36. Para tal efecto, debe establecer si, como lo afirma la recurrente, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no tuvo en cuenta los alegatos de conclusión que
presentó como parte demandante en el trámite de la «segunda instancia», y si dicha
circunstancia, en caso de encontrarse probada, configura la causal de revisión
dispuesta en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, relativa a que exista nulidad
en la sentencia que puso fin al proceso, al acreditarse la causal de nulidad prevista en
el numeral 6.° del artículo 133 del CGP.

37. Asimismo, deberá definir si ¿la supuesta indebida valoración probatoria, en que
incurrió el Tribunal, da lugar a infirmar la sentencia del 6 de agosto de 2020, en virtud
de que se configura la causal de revisión prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del
CPACA?

38. Para resolver estos problemas jurídicos, la Sala se referirá, en primer lugar, a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión; en segundo lugar, abordará el alcance
de la causal prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA atinente a que exista
nulidad originada en la sentencia; en tercer lugar, resolverá el caso en concreto; y, por
último, decidirá sobre la condena en costas.

2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

39. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia y
la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a una
controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA23.

40. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales, regulado
en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA24, para casos en que la decisión judicial
está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error, la aparición de
documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión […]», entre
otros25.

41. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de abril
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.

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Recurrente: Ceneyda Salazar
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez,
que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»26.

42. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.

43. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa
[…], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada […]»27.
Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el amparo de
una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…] explicar
cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de
fundamento para su configuración»28.

2.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso

44. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5.°, establece como causal:

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación.

45. El alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que exige «[…] que
concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la sentencia que puso
fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no proceda recurso de
apelación»29.

46. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado de
dotar de contenido el numeral 5.° del artículo 250 ibidem.

47. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insanables establecidas en el artículo 133 del CGP30. De tal
manera que, no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como vicios
de nulidad, siempre que estos concurran en la sentencia que definió la controversia, y
no en etapas procesales anteriores a la decisión.

26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
28
Ibidem.
29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
30
Antes el artículo 140 del CPC.

9

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Recurrente: Ceneyda Salazar
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

48. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a la
sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen
las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores procesales que
debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP (antes el artículo
142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los términos del
artículo 136 ib. (antes 144 CPC)»31.

49. Por lo anterior, a través de la causal 5.ª del recurso extraordinario de revisión, no
puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo el
caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «[…] no
pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin embargo, el
afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la nulidad, para
evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta en una tercera
instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»32.

50. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de
Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sustentado en
la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados eventos supralegales
que comportan una lesión grave del derecho fundamental al debido proceso.

51. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto genéricamente
en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la configuración de la causal de
nulidad originada en la sentencia, lo cual puede ocurrir, entre otras, por las siguientes
circunstancias excepcionales33:

-Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba recaudada con
violación al debido proceso34.

-Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de magistrados
o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.

-Cuando la providencia carezca por completo de motivación35.

31
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
33
Consejo de Estado, Sala Plena delo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
34
Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-15-
000-2015-02493-00 (REV).
35
Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-03-
15-000-2009-00494-00 (REV).

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-Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus36.

-Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia37.

-Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una persona que no
fue vinculada al proceso38; y

-Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado39.

52. En conclusión, esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier
irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo 29
constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la decisión por
afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso […]. Esto implica,
que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si el vicio que se alega
impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia material de manera que
tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad de la cosa juzgada»40.

53. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»41, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5.ª del artículo 250 del
CPACA procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.

2.7. Caso concreto

2.7.1. Solución al primer problema jurídico: eventual configuración de la causal
de nulidad dispuesta en el numeral 6.° del artículo 133 del CGP

54. Ceneyda Salazar indicó que el Tribunal omitió estudiar los argumentos que
propuso en sus alegatos de conclusión en «segunda instancia», al afirmar que en la
sentencia se dijo textualmente que la parte demandante guardó silencio, pese a que a
su juicio está demostrado que sí intervino en esta etapa.

55. La Sala en este punto considera importante precisar que, si bien la señora
Salazar consideró que el Tribunal dejó de analizar el contenido de sus alegatos de
conclusión en segunda instancia, lo cierto es que revisado el expediente y en
particular el texto de la sentencia de segunda instancia, el Tribunal manifestó que la

36
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación:
11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV).
37
Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-
03-15-000-2015-02342-00 (REV).
38
Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación: 11001-
03-15-000-2014-04059-00 (REV).
39
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp. 11001-
03-15-000-1998-00153-01.
40
Consejo de Estado, Sala Plena delo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
41
Ibidem.

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parte demandante guardó silencio en la etapa prevista para alegar de conclusión en
primera instancia, como se puede ver a continuación42:

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

2.1. CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

Según constancia secretarial la entidad no contestó la demanda (folio 87).

III. AUDIENCIAS

De conformidad con el articulo 180 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA en lo sucesivo), el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Cali, celebró audiencia inicial el 6 de abril de 2015
(folios 94-95), en donde resolvió las excepciones previas fijó el litigio y decretó
pruebas. El 22 de abril de 2015 (folio 105-6), celebró audiencia de pruebas,
reanudada el 5 de noviembre de 2015 (folios 159-161) y el 2 de agosto de 2016
(folio 168-169), y corrió traslado a las partes para presentar alegatos de
conclusión.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

4.1. PARTES DEMANDADA Y DEMANDANTE

El apoderado de CASUR dijo acogerse a la decisión que se adopte en el caso,
pero citó decisiones del Consejo de Estado y de la Sala Laboral de la Corte
Suprema de Justicia (folios 171-172). La parte demandante guardó silencio
(constancia secretarial folio 177). (destacado fuera del texto)

56. De esta forma, puede decirse que la recurrente incurre en una confusión porque,
como quedó visto, el Tribunal en su sentencia precisó que la parte demandante guardó
silencio respecto de lo ocurrido en la primera instancia y no frente al trámite en
segunda instancia donde sí presentó las alegaciones de conclusión.

57. En efecto, se tiene acreditado que se corrió traslado para alegar de conclusión
en segunda instancia43 y los argumentos propuestos en esta etapa por la señora
Ceneyda Salazar fueron considerados en la decisión del 6 de agosto de 2020, dado
que el Tribunal afirmó, sobre este particular, que la hoy recurrente reiteró los cargos
que propuso en el proceso ordinario y solicitó que fuera revocado el fallo de primera
instancia, a través del cual el Juzgado Tercero Administrativo de Cali le negó la
sustitución de la asignación de retiro. Así se observa en el acápite pertinente de la
sentencia de segunda instancia44:

42
Samai, índice 2, ED_SENTENCIATRIBUNALV(.PDF) NroActua 2, página 4 del archivo digital.
43
El Tribunal, en la sentencia del 6 de agosto de 2020 refirió, con relación a los alegatos de segunda instancia, que
«[…] corrió traslado a las partes para alegar de conclusión por 10 días; luego al Ministerio Público para emitir
concepto». Samai, índice 2, ED_SENTENCIATRIBUNALV(.PDF) NroActua 2, página 7 del archivo digital. Folio 237
del expediente físico.
44
Samai, índice 2, ED_SENTENCIATRIBUNALV(.PDF) NroActua 2, página 7 del archivo digital. Folio 237 del
expediente físico.

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VII. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Al recurso de apelación el ponente dio el trámite del artículo 247 del CPACA
así: por auto No. 74 de febrero 5 de 2018 (folio 215) lo admitió y corrió traslado
a las partes para alegar de conclusión por 10 días; luego al Ministerio Público
para emitir concepto.

7.1. ALEGATOS Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ESTA
INSTANCIA

La parte actora reiteró los argumentos de la demanda y de la apelación,
pidiendo revocar la sentencia de primera instancia y acceder a la
sustitución de la asignación de retiro, teniendo como beneficiaria a la
señora Cenayda Salazar en calidad de compañera permanente del señor
Luis Orlando Gutiérrez (folios 218-224). CASUR y el Ministerio Público
guardaron silencio en esta instancia (folio 233). (destacado fuera del texto)

58. Aclarado lo anterior, y en línea con la causal de nulidad invocada por la parte
recurrente, se tiene que el artículo 133 del CGP45 dispone que el proceso es nulo total
o parcialmente en los siguientes casos:

[…] 6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para
sustentar un recurso o descorrer su traslado. […]

59. Para dotar de contenido esta disposición, la Corte Constitucional ha considerado
que el numeral 6.° del artículo 133 del CGP resulta aplicable «en asuntos donde se
discute la pretermisión de una oportunidad procesal»46. A su turno, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión número 1, en un caso
con similitudes fácticas al que hoy ocupa la atención de esta Subsección del Consejo
de Estado, precisó que:

Revisada la actuación, se observa que […] esa etapa procesal no fue
pretermitida por la Corte, por cuanto ese trámite le correspondía al fallador de
alzada, quien, […] corrió traslado a las partes para «alegar» […]

Es que las objeciones que se plantean, en últimas, corresponden a juicios de
valor sobre la forma en que los operadores judiciales debieron abordar el estudio
de la temática sometida a su consideración y no a la pretermisión de una etapa
procesal por parte del fallador de segundo grado que conduzca a la
transgresión de algún derecho fundamental, toda vez que, se itera, las
partes sí tuvieron la oportunidad de presentar en este asunto sus alegatos.

45
Con independencia del régimen procesal de las nulidades que regía para el momento de interposición de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró Ceneyda Salazar, esta Sala hará referencia a las
causales dispuestas en el CGP toda vez que en el presente recurso extraordinario se cuestiona la validez de una
providencia proferida el 6 de agosto de 2020, esto es, en vigencia del CGP para los procesos contenciosos-
administrativos como norma supletiva en aquello no regulado en el CPACA.
46
Corte Constitucional, Auto 505 de 2021.

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En consecuencia, como no se advierte alguna transgresión a la luz de lo
establecido por el numeral 6 del artículo 133 del CGP, la solicitud impetrada se
rechaza por improcedente. […]47. (Negritas fuera del texto original)

60. De lo visto, se tiene que los argumentos de la parte recurrente para sustentar
la causal de nulidad invocada encuentran su origen en una confusión dado que,
cuando la sentencia del Tribunal en sus antecedentes afirmó que la demandante
guardó silencio en la oportunidad para alegar de conclusión, se refería al trámite de la
primera instancia y no al de la segunda, toda vez que en este último escenario
procesal, no solo contó con la oportunidad en cuestión, sino que sus manifestaciones
de cierre fueron consideradas en la sentencia que hoy cuestiona por vía de este
recurso extraordinario.

61. En este sentido, los argumentos expuestos por la señora Salazar en sede de
revisión no corresponden al supuesto del numeral 6.° del artículo 133 del CGP porque,
al margen de la lectura inexacta de lo ocurrido con las alegaciones en segunda
instancia, estos no están dirigidos a demostrar que se pretermitió la etapa de los
alegatos de conclusión, sino a debatir que el Tribunal supuestamente omitió estudiar
el contenido de estos últimos.

62. Por lo expuesto, es importante recordar que el recurso extraordinario de
revisión solo puede ser utilizado para invocar una transgresión «[…] por motivos
trascendentes o externos al proceso»48, y no para cuestionar «la estructura interna del
fallo […]»49, de ahí que la omisión que la señora Salazar le atribuyó al Tribunal está
fundada en una circunstancia inexistente y cuestiona un aspecto propio de la decisión
que no compromete la cosa juzgada.

63. Por ello, si la parte recurrente pretendía enfocar la nulidad de la decisión ya no
en la pretermisión de una etapa procesal, sino en la falta de estudio de los reparos
concretos sobre los cuales el Tribunal tenía definida su competencia en segunda
instancia, así debió mencionarlo, por ejemplo, como una violación al principio de
congruencia, en tanto las causales de nulidad tienen un alcance restrictivo.

64. En conclusión, los fundamentos de la recurrente no permiten estructurar la
causal de nulidad invocada, dado que las pruebas aportadas a este trámite
demuestran que sí se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia,
y que los argumentos de cierre fueron considerados en la sentencia que hoy se
cuestiona.

47
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sala de Descongestión número 1, providencia del 1 de
agosto de 2023, AL1893-2023, exp. 90372.
48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28
de febrero de 2018, exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00(1763-13).
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28
de febrero de 2018, exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00(1763-13).

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Asunto: Recurso extraordinario de revisión

65. En estos términos se ha pronunciado esta corporación, al considerar que:

En cualquier caso, la configuración de la causal de nulidad debe ser
determinante en la decisión, al punto de que, de no haberse
presentado aquella, esta hubiera sido distinta […]. En efecto, “no se
trata de controvertir la corrección o incorrección del juzgamiento, […]
sino de verificar que se atiendan las reglas procesales propias de la
sentencia que de incumplirse viciarían su validez” […] 50.

66. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la
sentencia del 6 de agosto de 2020, no incurrió en el supuesto de nulidad descrito en
el numeral 6.° del artículo 133 del CGP, por lo cual no se configura la causal de revisión
dispuesta en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA.

2.7.2. Solución al segundo problema jurídico: indebida valoración probatoria

67. Ceneyda Salazar invocó la causal de revisión dispuesta en el numeral 5.° del
artículo 250 del CPACA, sustentada en que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca dejó de valorar los testimonios que a su juicio permitían demostrar la
convivencia con el señor Luis Orlando Gutiérrez Murillo, así como otras pruebas de
naturaleza documental, en contravía de los principios de primacía de la realidad sobre
las formas y pro homine, de tal forma que restringió su decisión a determinadas
pruebas y dejó de lado otras que eran esenciales para la resolución del asunto.

68. Visto lo anterior, la Sala considera que los reparos de la señora Salazar no están
comprendidos en una de las causales de revisión previstas expresamente en las
disposiciones normativas o en la jurisprudencia vigente; por el contrario, aluden a la
valoración probatoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ligada a la
aplicación normativa, aspecto que escapa de la finalidad por la que se instituyó el
recurso extraordinario de revisión como un medio de impugnación excepcional de las
decisiones judiciales.

69. En este orden, la señora Salazar no acudió al recurso extraordinario de revisión
amparada en una de las causales que habilitan su procedencia, sino para cuestionar:
(i) la forma en la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca valoró el acta de
conciliación que suscribió con el señor Luis Orlando Gutiérrez Murillo; y (ii) el supuesto
hecho de haber omitido valorar los testimonios, las declaraciones juramentadas, la
carta escrita por el fallecido, en la que solicitó su afiliación a la Dirección de Sanidad y
Bienestar Social de la Policía Nacional, y, en general, las pruebas que permitían
demostrar su condición de compañera del causante de la asignación de retiro.

50
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 1, sentencia del 25
de octubre de 2021, exp. 11001-03-15-000-2019-03181-00(REV). Esta decisión citó el contenido de la siguiente
providencia: «Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 2 de septiembre de 2013, exp.
2006-00568-01(33059), M.P. Mauricio Fajardo Gómez.».

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Recurrente: Ceneyda Salazar
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

70. De este modo, puede advertirse que la intención de la recurrente es utilizar este
recurso como una tercera instancia judicial51 para discutir el valor y el alcance
demostrativo de las pruebas practicadas en las instancias del proceso, y a partir de
ello tener por acreditada su dependencia económica, el auxilio, la ayuda mutua y
demás hechos que caracterizaron la relación sentimental que sostuvo con el señor
Gutiérrez Murillo. De tal forma que, el Tribunal anule los actos administrativos y acceda
a la sustitución de la asignación de retiro que reclamó.

71. Así las cosas, la existencia de una decisión judicial adversa a los intereses de
la parte demandante, no puede ser pretexto para acudir en sede del recurso
extraordinario de revisión con el fin de que se infirme la decisión y se profiera una
sentencia que acoja las pretensiones, porque la recurrente está en una situación de
vulnerabilidad y carece de los recursos para garantizar su mínimo vital.

72. Sobre este particular, la jurisprudencia de la Sección ha sido enfática en indicar
que el recurso de revisión deviene de la transgresión de elementos externos al
proceso, razón por la cual «[…] los errores en que haya podido incurrir el juez al decidir
son aspectos ajenos al recurso […]»52.

73. En conclusión, los reparos de la señora Ceneyda Salazar dirigidos a demostrar
que el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria y dejó de analizar
aspectos y hechos que eran esenciales para adoptar la decisión, son inconformidades
con el fallo que no tienen cabida en el recurso extraordinario de revisión, por no ser
este el escenario para discutir la aplicación de la normativa, de las posturas
jurisprudenciales y el estudio del caso, en función de los hechos probados en el
expediente.

74. Por consiguiente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no incurrió en la
causal de revisión del numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, referida a la nulidad
originada en la sentencia, toda vez que esta no procede para invocar una indebida
valoración de las pruebas.

2.8. Conclusión

75. Por las razones expuestas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión.

51
«[…] El recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el criterio con el que el juez
interpretó o aplicó la ley en la sentencia, o sobre la valoración probatoria que efectuó, de manera que su estudio se
restringe a las causales taxativamente establecidas por el legislador. […]». Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 1, sentencia del 25 de octubre de 2021, exp. 11001-03-15-
000-2019-03181-00(REV).
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28
de febrero de 2018, exp. 11001-03-25-000-2013-00838-00(1763-13).

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Recurrente: Ceneyda Salazar
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

2.9. Costas

76. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente providencia
acogerá el criterio de interpretación mayoritario53 de la Subsección sobre el artículo
255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, consistente en
que para decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de
ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe54.
Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer dicha condena en atención
a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se advierte que la parte recurrente
haya incurrido en las anteriores conductas, durante el trámite del presente asunto.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Ceneyda Salazar en contra de la sentencia proferida el 6 de agosto de 2020 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: ARCHIVAR el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

53
La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del
CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i)
se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto
de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente con los artículos
365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas procesales; y (iii) la
temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el
propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas».
54
Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00813-
00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017). MP Jorge Edison
Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

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Radicación: 11001-03-25-000-2022-00227-00 (0432-2022)
Recurrente: Ceneyda Salazar
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

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