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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00447-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2023-00447-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Nelly Mireya Albornoz Asprilla en contra de la sentencia proferida el 21 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: RECONOCER al abogado Jonhatan Zabaleta Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía número 1.117.785.381 de Albania y portador de la tarjeta profesional número 403.100 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado sustituto de la UGPP, en los términos del artículo 75 del CGP. CUARTO: ARCHIVAR el expediente de la referencia, una vez realizadas las anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2023-00447-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de febrero de 2025

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00447-00 (6119-2023)
Recurrente: Nelly Mireya Albornoz Asprilla
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-25-000-2023-00447-00 (6119-2023)
Recurrente: Nelly Mireya Albornoz Asprilla
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

Tema: recurso extraordinario de revisión. Causal del numeral 5.° del artículo 250 del
CPACA. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso – Reiteración de
jurisprudencia.

SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora Nelly
Mireya Albornoz Asprilla en contra de la sentencia del 21 de octubre de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de la cual revocó la decisión
del 15 de octubre de 2020 del Juzgado Tercero Administrativo de Buenaventura, que
había accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, interpuesta en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en la que
solicitó el reconocimiento y el pago de la pensión gracia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

1. A partir de las pruebas aportadas por la recurrente, las cuales se valorarán de
acuerdo con las reglas probatorias establecidas en el Código General del Proceso, en
adelante CGP1, la Sala sintetiza, a continuación, los siguientes hechos y actuaciones
relevantes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número de radicación 76109-33-33-003-2017-00074-00/01:

1
Según el artículo 246 del CGP: «Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por
disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia».

1

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00447-00 (6119-2023)
Recurrente: Nelly Mireya Albornoz Asprilla
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

1.1.1. La demanda2

2. Nelly Mireya Albornoz Asprilla radicó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la UGPP, en la que solicitó la declaratoria de nulidad de las
resoluciones RDP-043421 del 24 de noviembre de 2016 y RDFP-007022 del 24 de
febrero de 2017, que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia.

3. Como consecuencia de esta declaración, pidió condenar a la UGPP, a título de
restablecimiento del derecho, a reconocerle y pagarle la pensión gracia desde el
momento en que adquirió el derecho, el 15 de enero de 2013, con la inclusión de todos
los factores percibidos en el último año de servicio, las mesadas retroactivas y los
ajustes que dispone el artículo 192 del CPACA.

1.1.2. Contestación de la demanda3

4. La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con el argumento de
que la señora Albornoz Asprilla no cuenta con 20 años de servicio como docente en
los niveles municipal, distrital, departamental o nacionalizado y que no se podían
sumar los tiempos que esta hubiere laborado en el orden nacional.

1.1.3 Sentencia de primera instancia4

5. El Juzgado Tercero Administrativo de Buenaventura profirió sentencia, el 15 de
octubre de 2020, en la que resolvió lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones denominadas:
“AUSENCIA DE VICIOS EN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS”
e “INEXISTENCIA DEL DERECHO A LA PENSIÓN GRACIA” formuladas por la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Número RDP 043421
del 24 de noviembre de 2016 y RDP 007022 del 24 de febrero de 2017, emitidas
por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.
TERCERO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP,
reconocer y pagar a la señora NELLY MIREYA ALBORNOZ ASPRILLA la
pensión gracia a partir del 19 de enero de 2013, fecha en que adquirió el estatus
de pensionada, en cuantía equivalente al 75% del promedio de la asignación
básica y de todos los factores salariales devengados legalmente por la actora
durante el año anterior a la causación del derecho. […]
QUINTO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN

2
Samai, índice 2, ED_CORREO_DEMANDADEREVISION(.pdf) NroActua 2, página 12 y 15 del archvio digital.
3
Samai, índice 2, ED_CORREO_DEMANDADEREVISION(.pdf) NroActua 2, página 40 del archvio digital.
4
Samai, índice 2, ED_CORREO_DEMANDADEREVISION(.pdf) NroActua 2, páginas 15 a 38 del archvio digital.

2

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00447-00 (6119-2023)
Recurrente: Nelly Mireya Albornoz Asprilla
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

SOCIAL – UGPP la aplicación de los ajustes al valor contemplado en el artículo
195 de la Ley 1437 de 2011, tal como se dijo en la parte resolutiva de esta
providencia y aplicando la fórmula a la que también se hizo alusión.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. […]5.

6. Para sustentar lo anterior, indicó que Nelly Mireya Albornoz Asprilla prestó sus
servicios como docente desde el 17 de abril de 1973 hasta el 14 de julio de 1976, por
un período de 3 años, 3 meses y 27 días, y después de esta fecha fue nombrada
docente nacionalizada.

7. Seguidamente consideró, con relación al cumplimiento de los 50 años de edad,
que la señora Albornoz Asprilla nació el 3 de octubre de 1951, de manera que cumplió
los 50 años de edad el 3 de octubre de 2001.

8. Ahora bien, en cuanto a la acreditación de tener 20 años de servicios, continuos
o discontinuos, el juzgado afirmó que existía una certificación de los tiempos de
servicios prestados por la demandante, de ahí que a partir de las pruebas que fueron
aportadas al expediente, se acreditó que esta acumuló más de 23 años laborados, así
pues, cumplía con el requisito.

9. En lo atinente a la acreditación de que el servicio se prestó en centros
educativos del nivel departamental, municipal o distrital, el Juzgado Tercero
Administrativo de Buenaventura consideró que, de acuerdo con las certificaciones del
expediente, la señora Albornoz Asprilla tuvo vinculaciones con el departamento del
Chocó, y otras de carácter municipal, como dan cuenta las certificaciones expedidas
por el distrito de Buenaventura.

10. Aunque destacó que la controversia se orientaba a determinar si la señora
Albornoz Asprilla estaba vinculada nacionalmente desde el 12 de noviembre de 1998,
como lo referían varias certificaciones, lo cierto es que dos de estas, expedidas por el
secretario de educación distrital de Buenaventura y por el profesional universitario del
grupo de apoyo de servicios de nómina y prestaciones sociales, permitían establecer
que la actora estuvo vinculada municipalmente y que no había archivo que acreditara
la vinculación nacional.

11. En línea con lo anterior, tuvo por demostrado que el servicio se prestó con
honradez y consagración, en la medida en que, según las pruebas del expediente, no
se registraba sanción impuesta en contra de Nelly Mireya Albornoz Asprilla.

12. Finalmente, el Juzgado demostró que no estaba probado que la señora Nelly
Mireya hubiera recibido, o reciba, otra pensión o recompensa nacional por los servicios
prestados y consideró que era irrelevante el tipo de relación laboral que esta hubiera

5
Transcrito textualmente con errores. Samai, índice 2, ED_CORREO_DEMANDADEREVISION(.pdf) NroActua 2,
páginas 37 y 38 del archivo digital.

3

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00447-00 (6119-2023)
Recurrente: Nelly Mireya Albornoz Asprilla
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

tenido con la entidad territorial, esto es, si la misma emanaba de órdenes para la
prestación de servicios.

13. Por estas razones, el juzgado declaró no probadas las excepciones propuestas
por la UGPP, anuló los actos demandados que le negaron a la señora Albornoz Asprilla
el reconocimiento de la pensión gracia y le ordenó a la UGPP reconocerle y pagarle, a
esta última, la pensión gracia desde la fecha en que adquirió el estatus de pensionada.

1.1.4. Recurso de apelación de la parte demandada6

14. La UGPP interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia, en el que insistió que la señora Albornoz Asprilla no contaba con 20 años de
servicio en calidad de docente y que no se podían sumar los tiempos laborados al
servicio nacional con los territoriales.

15. Expresó que Nelly Mireya Albornoz Asprilla era docente nacionalizada desde
enero de 1995 y hasta febrero de 2010 y, adicionalmente, que según la certificación
expedida por la Secretaría de Educación de Buenaventura la señora Albornoz Asprilla
trabajó como docente con vinculación nacional en el período comprendido entre el 12
de noviembre de 1998 y el 15 de enero de 2013.

1.1.5. Trámite relevante en segunda instancia

16. El 7 de octubre de 20217, la parte demandante solicitó impulso procesal ante el
Tribunal, con el fin de que resolviera el recurso de apelación interpuesto en el asunto
ordinario.

17. Con posterioridad, el 3 de febrero de 20228, solicitó la aplicación del artículo 121
del CGP, recordando que el plazo para proferir sentencia de segunda instancia no
podía exceder los 6 meses desde la recepción del expediente por el superior funcional.
En estos términos, a su juicio, se había superado 1 año sin la resolución del asunto en
segunda instancia, teniendo en cuenta que el Tribunal conoció el proceso el 18 de
enero de 2021.

1.1.6. Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión9

18. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia el 21 de octubre
de 2022 en la cual resolvió:

6
Samai, índice 2, ED_CORREO_DEMANDADEREVISION(.pdf) NroActua 2, páginas 41 y 42 del archvio digital.
7
Samai, índice 2, ED_CORREO_DEMANDADEREVISION(.pdf) NroActua 2, página 9 del archvio digital.
8
Samai, índice 2, ED_CORREO_DEMANDADEREVISION(.pdf) NroActua 2, páginas 8 y 11 del archvio digital.
9
Samai, índice 2, ED_CORREO_DEMANDADEREVISION(.pdf) NroActua 2, páginas 39 a 53 del archivo digital.

4

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00447-00 (6119-2023)
Recurrente: Nelly Mireya Albornoz Asprilla
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

[…] SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 15 de octubre de 2020 dictada por
el Juzgado Tercero Administrativo de Buenaventura, que accedió a las
pretensiones de la demanda y, en consecuencia, NEGAR las pretensiones de la
demanda. […]10.

19. Explicó que, la señora Nelly Mireya Albornoz Asprilla laboró en calidad de
docente del orden nacional previo al 31 de diciembre de 1980 y, adicionalmente, no
demostró 20 años al servicio docente territorial o nacionalizado, porque a través del
Decreto 1905 de 1998, el gobernador del Valle del Cauca la nombró en el cargo de
directora del centro docente, sin que de este acto administrativo se pudiera establecer
la naturaleza de la plaza ocupada.

20. Igualmente, precisó que el FOMAG certificó la vinculación en propiedad de la
señora Albornoz Asprilla desde el 13 de noviembre de 1998 hasta el 22 de agosto de
2005, al igual que el hecho de que fue rectora de una institución educativa afiliada a
un régimen pensional nacional y uno de cesantías anualizado, del 1 de enero de 2012
al 31 de diciembre de 2013.

21. En línea con esto, la certificación expedida por la Secretaría Distrital de
Buenaventura dio cuenta de que se desempeñó como rectora de La Anunciación,
institución educativa, del 12 de noviembre de 1998 al 9 de marzo de 2017, sin que allí
se especificara cuál fue su vinculación. No obstante, la UGPP, en la Resolución del 24
de febrero de 2017, mencionó que existía un certificado de la Secretaría Distrital de
Buenaventura según el cual era posible constatar que se vinculó como docente
nacional de acuerdo con el Decreto 1905 de 1998, lo que impedía que estos tiempos
fueran tenidos en cuenta para reconocer la pensión gracia.

22. En estos términos, el Tribunal concluyó que el nombramiento de Nelly Mireya
Albornoz Asprilla fue nacional, ya que, aunque esta afirmó que el Ministerio de
Educación Nacional no registró vinculación alguna y el Juzgado computó los tiempos
de servicio con las certificaciones emitidas por el distrito de Buenaventura, estos
documentos no demostraban el nombramiento nacionalizado o territorial, en la medida
en que el certificado del 22 de marzo de 2017 dispuso un nombramiento que no
correspondía al del Decreto 1905; y, adicionalmente, porque la certificación expedida
el 15 de marzo de 2019, no indicaba expresamente el tipo de vinculación de la señora
Albornoz Asprilla.

23. En este punto, destacó que a partir de los certificados emitidos por el FOMAG
existieron tiempos dobles, del 19 de diciembre de 1997 al 12 de septiembre de 1999,
y del 12 de noviembre de 1998, en adelante, registrados como del orden nacionalizado.
De ahí que, estos no se pudieran tener en cuenta para acreditar los 20 años de servicio
que exige la norma para acceder al reconocimiento de la pensión gracia.

10
Samai, índice 2, ED_CORREO_DEMANDADEREVISION(.pdf) NroActua 2, páginas 52 y 53 del archivo digital.

5

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00447-00 (6119-2023)
Recurrente: Nelly Mireya Albornoz Asprilla
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

24. Por estas razones, concluyó que como la señora Albornoz Asprilla incumplió el
requisito de haber laborado 20 años en el servicio en calidad de docente nacionalizada
o territorial debía revocar la sentencia proferida en primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda, para, en su orden, negarlas.

1.1.7. Incidente de nulidad, trámite y resolución

25. El 26 de octubre de 2022, la parte demandante formuló incidente de nulidad de
todo lo actuado, desde el 3 de febrero de 2022, en el que solicitó se declarara que la
sentencia de segunda instancia fue proferida por la autoridad judicial sin competencia
para ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 121 del CGP11.

26. Frente al particular, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se pronunció,
en auto del 18 de abril de 202312, en el que rechazó de plano la solicitud de aplicación
del artículo 121 del CGP, así como la nulidad por la falta de aplicación de esta
disposición, porque esta era inaplicable a la jurisdicción contencioso-administrativa,
comoquiera que los términos para proferir sentencia estaban regulados en el artículo
181 del CPACA.

1.2. Recurso extraordinario de revisión13

27. La señora Nelly Mireya Albornoz Asprilla radicó recurso extraordinario de revisión
el 26 de septiembre de 202314, en contra de la sentencia proferida el 21 de octubre de
2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el que invocó la causal del
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, sustentada en la nulidad dispuesta en el numeral
1 del artículo 133 del CGP, según el cual «el proceso es nulo, en todo o en parte,
solamente en los siguientes casos: 1. Cuando el juez actúe en el proceso después de
declarar la falta de jurisdicción o competencia».

28. Explicó que el 3 de febrero de 2022 le solicitó al Tribunal aplicar el artículo 121
del CGP por remisión al proceso contencioso-administrativo, según el artículo 1 de este
código, porque había transcurrido un término superior a 6 meses sin proferirse la
sentencia de segunda instancia. Por tanto, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, desde esta solicitud, perdió competencia para tramitar el proceso.

29. Indicó que, con posterioridad a esta sentencia, presentó incidente de nulidad el
26 de octubre de 2022 en el que argumentó la pérdida de competencia funcional del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de conformidad con el artículo 121 del CGP,
el cual fue rechazado de plano por el Tribunal el 18 de abril de 2023, por no ser aplicable
el artículo 121 del CGP al asunto.

11
Samai, índice 2, ED_CORREO_DEMANDADEREVISION(.pdf) NroActua 2, página 12 a 14 del archivo digital.
12
Samai, índice 2, ED_CORREO_DEMANDADEREVISION(.pdf) NroActua 2, páginas del archivo digital.
13
Samai, índice 2, ED_CORREO_DEMANDADEREVISION(.pdf) NroActua 2, páginas 1 a 6 del archivo digital.
14
Samai, índice 2, ED_CORREO_CORREO(.pdf) NroActua 2.

6

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00447-00 (6119-2023)
Recurrente: Nelly Mireya Albornoz Asprilla
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

30. Explicó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca violaba los artículos 121 y 133 del CGP, de ahí que si esta no se infirmaba se le
causaba un perjuicio que la imposibilitaba para acceder a la pensión gracia a la que
tiene derecho, toda vez que prestó sus servicios como docente desde el 13 de agosto
de 1973 hasta el 12 de diciembre de 2016, a través de una vinculación territorial y no
nacional, como equivocadamente lo consideró el Tribunal en el fallo recurrido.

31. Por estas razones, le pidió a esta corporación: i) invalidar la sentencia proferida
el 21 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; y ii)
confirmar la sentencia del 15 de octubre de 2020 del Juzgado Tercero Administrativo
de Buenaventura.

1.3. Trámite del recurso extraordinario de revisión

32. Esta corporación admitió el recurso en auto del 23 de enero de 202415, ordenó
la notificación personal a la UGPP, al Ministerio Público; le reconoció personería al
abogado de la recurrente y ofició al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al
Juzgado Tercero Administrativo de Buenaventura para que remitieran el expediente
digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

33. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado rindió el concepto
número 034 del 16 de febrero de 202416 en el que expresó que los efectos de la nulidad
del artículo 121 del CGP requieren de declaración judicial y son susceptibles de
saneamiento, aunado a que la recurrente alegó esta situación después de que fue
proferida la sentencia por el Tribunal.

34. Adicionalmente, expresó que el Consejo de Estado se pronunció en una acción
de tutela interpuesta por la recurrente, en la cual puso de presente que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca no incurrió en una mora judicial injustificada, de
manera que no se estructuraron los supuestos de pérdida de competencia al existir un
motivo razonable para la demora en el pronunciamiento.

35. En este sentido, indicó que el recurso extraordinario de revisión no podía ser una
tercera instancia para discutir aspectos sustanciales del proceso, por lo que concluyó
que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no incurrió
en la causal de nulidad alegada y por tanto debía declararse infundado este recurso.

36. El Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura allegó el enlace de acceso
al expediente ordinario17.

15
Samai, índice 4.
16
Samai, índice 9.
17
Samai, índice 13, 14_MemorialWeb_Respuesta(.pdf) NroActua 13.

7

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Recurrente: Nelly Mireya Albornoz Asprilla
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

37. Luego de que el auto admisorio fuera notificado en debida forma18, la UGPP19
solicitó el reconocimiento de personería y que se le enviara el enlace de acceso al
expediente de la referencia.

38. Posteriormente, se opuso al recurso20 argumentando que la forma de interpretar
los artículos 121 y 90 del CGP había sido definida por la Corte Constitucional en la
sentencia T-341 de 2018 que exigía para su aplicación examinar ciertos requisitos, por
lo cual la tesis de la recurrente carecía de sustento, aunado a que el artículo 121 del
CGP es inaplicable para la jurisdicción contencioso-administrativa de acuerdo con el
pronunciamiento del Consejo de Estado del 23 de marzo de 201721. Por tanto, la
recurrente no satisfizo los requisitos de procedencia del recurso, sumado a que
pretende convertirlo en una tercera instancia judicial.

39. Adicionalmente, se opuso en su totalidad a los argumentos al considerar que el
planteamiento del recurso fue confuso lo que impidió un ejercicio de defensa y
contradicción y que las pretensiones fueron imprecisas. Pidió declarar infundado este
recurso y condenar en costas a la recurrente de acuerdo con la ley.

40. A través de auto del 6 de junio de 202422, se incorporaron como pruebas los
documentos allegados con el recurso extraordinario de revisión. A su vez, se le
reconoció personería al abogado de la UGPP; se le ordenó a la Secretaría que, una vez
ejecutoriada esta providencia, devolviera el expediente para lo pertinente y se
prescindió del máximo período probatorio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

41. La Sala tiene competencia para conocer del recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Nelly Mireya Albornoz Asprilla en contra la sentencia del 21 de octubre
de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de acuerdo con lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 249 del CPACA23.

2.2. Oportunidad

42. La sentencia objeto del recurso fue proferida el 21 de octubre de 2022, se notificó
el 25 de octubre siguiente24, y quedó ejecutoriada el 1 de noviembre de esa misma

18
Samai, índice 12, Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf) NroActua 12.
19
Samai, índice 15.
20
Samai, índice 16.
21
Consejo de Estado, auto del 23 de marzo de 2017, exp. 76001-23-31-000-2010-01477-01 (49849).
22
Samai, índice 19.
23
«De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos
conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia».
24
Según lo indicó el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el auto del 18 de abril de 2023. Samai, índice 2,
ED_CORREO_DEMANDADEREVISION(.pdf) NroActua 2, página 12 del archivo digital.

8

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Radicación: 11001-03-25-000-2023-00447-00 (6119-2023)
Recurrente: Nelly Mireya Albornoz Asprilla
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

anualidad, en aplicación de lo previsto en el artículo 302 del CGP y 205 del CPACA,
modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021. Así las cosas, como la señora
Nelly Mireya Albornoz Asprilla interpuso el recurso extraordinario de revisión el 26 de
septiembre de 202325, según obra en el índice 2 de Samai26, su radicación fue oportuna
dentro del término dispuesto por el artículo 251 del CPACA27.

2.3. Legitimación en la causa

43. La señora Nelly Mireya Albornoz Asprilla y la UGPP están legitimados en la
causa para ser partes en este trámite, toda vez que fueron, respectivamente,
demandante y demandado en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho28.

2.4. Problema jurídico

44. De acuerdo con los argumentos del recurso extraordinario de revisión,
corresponde a la Sala determinar si: ¿El hecho de que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca haya proferido la sentencia del 21 de octubre de 2022, con
posterioridad a los seis (6) meses previstos en el inciso primero del artículo 121 del
CGP, da lugar al supuesto previsto en el numeral 1 del artículo 133 del CGP y, en
consecuencia, a la configuración de la causal de revisión dispuesta en el numeral 5 del
artículo 250 del CPACA, relativa a que exista nulidad en la sentencia que puso fin al
proceso?

45. Para resolver este problema jurídico, la Sala se referirá, en primer lugar, a la
naturaleza del recurso extraordinario de revisión; en segundo lugar, abordará el alcance
de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA atinente a que exista
nulidad originada en la sentencia; en tercer lugar, resolverá el caso en concreto; y, por
último, decidirá sobre la condena en costas.

2.5. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión

46. El recurso extraordinario de revisión ha sido considerado por la jurisprudencia y
la doctrina nacional como un mecanismo de impugnación y, al mismo tiempo, una
excepción al principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales que ponen fin a una

25
Si se contara desde la fecha de notificación de la sentencia, esto es, desde 25 de octubre de 2022, que refiere
el Tribunal en las pruebas aportadas, la parte pudo haber acudido en sede del recurso extraordinario de revisión
hasta el 25 de octubre de 2023. De tal forma que, como lo radicó el 26 de septiembre de 2023, lo hizo de manera
oportuna.
26
Samai, índice 2, ED_CORREO_CORREO(.pdf) NroActua 2.
27
«El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia».
28
Estas calidades fueron extraídas de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 21
de octubre de 2022. Samai, índice 2, ED_CORREO_DEMANDADEREVISION(.pdf) NroActua 2, páginas 39 a 53
del archivo digital.

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Recurrente: Nelly Mireya Albornoz Asprilla
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

controversia, siempre que estén incursas en alguna de las causales previstas
taxativamente en el artículo 250 del CPACA29.

47. Es un medio excepcional de impugnación de las decisiones judiciales, regulado
en los artículos 248 y subsiguientes del CPACA30, para casos en que la decisión judicial
está inmersa en supuestos como «[…] la falsedad, el fraude, el error, la aparición de
documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión […]», entre
otros31.

48. Por tal motivo, el carácter excepcional del recurso extraordinario de revisión
supone que no puede utilizarse «[…] para cuestionar la actividad interpretativa, ni la
valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia proponga
cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un instrumento
para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional del juez,
que pueden llegar a afectar el principio de justicia material»32.

49. De ahí deviene la importancia de que los hechos del caso se subsuman en la
causal invocada sin necesidad de recurrir a interpretaciones amplias que reabran la
discusión como si se tratara de una nueva instancia judicial.

50. Para lograr lo anterior, se exige del recurrente «una carga argumentativa precisa
[…], toda vez que debe hacerse de manera técnica, rigurosa y fundamentada […]»33.
Así pues, la parte que acuda al recurso extraordinario de revisión bajo el amparo de
una de las causales previstas para su procedencia tiene el deber de «[…] explicar
cuáles son los motivos que la soportan y, especialmente, los hechos que sirven de
fundamento para su configuración»34.

2.6. Causal de revisión contenida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA:
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso

51. El artículo 250 del CPACA regula las causales del recurso extraordinario de
revisión. En particular, en su numeral 5, establece como causal:

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación.

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de abril
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2023-04705-00.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 22, sentencia del 5 de julio
de 2024, exp. 11001-03-15-000-2022-03940-00.
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
33
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).
34
Ibidem.

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52. El alcance de esta causal es restrictivo en la medida en que exige «[…] que
concurran dos supuestos: el primero, que la nulidad se origine en la sentencia que puso
fin al proceso y, el segundo, que contra el fallo cuestionado no proceda recurso de
apelación»35.

53. No obstante, como el CPACA no regula expresamente en qué escenarios se
configura una nulidad originada en la sentencia, la jurisprudencia se ha encargado de
dotar de contenido el numeral 5 del artículo 250 ibidem.

54. En estos términos, ha considerado que esta situación se configura por las
causales de nulidad insanables establecidas en el artículo 133 del CGP36. De tal
manera que, no cualquier circunstancia habilita la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, sino solo las causales expresamente dispuestas como vicios
de nulidad, siempre que estos concurran en la sentencia que definió la controversia, y
no en etapas procesales anteriores a la decisión.

55. Así se pronunció la Sala Especial de Decisión 3 del Consejo de Estado en
decisión del 29 de junio de 2022, en la que advirtió que habilitar la procedencia del
recurso extraordinario de revisión frente a situaciones ocurridas con anterioridad a la
sentencia «[…] se convertiría en una anormal oportunidad para que las partes subsanen
las omisiones del proceso ordinario y aleguen nulidades o errores procesales que
debieron proponer en la oportunidad prevista en el artículo 134 CGP (antes el artículo
142 CPC) o para proponer nulidades que quedaron saneadas en los términos del
artículo 136 ib. (antes 144 CPC)»37.

56. Por lo anterior, a través de la causal 5.ª del recurso extraordinario de revisión, no
puede invocarse una nulidad que haya ocurrido con antelación a la sentencia, salvo el
caso de aquellas que, aunque acontecieron de forma previa a la decisión, «[…] no
pudieron ser advertidas por el recurrente durante el curso del proceso. Sin embargo, el
afectado deberá demostrar que no tuvo la oportunidad de manifestar la nulidad, para
evitar que este medio de impugnación extraordinario se convierta en una tercera
instancia, en la que las partes pueden subsanar sus omisiones»38.

57. Adicionalmente, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de
Estado ha avalado la procedencia del recurso extraordinario de revisión, sustentado en
la causal de nulidad originada en la sentencia, en determinados eventos supralegales
que comportan una lesión grave del derecho fundamental al debido proceso.

35
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
36
Antes el artículo 140 del CPC.
37
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 3, sentencia del 3
de agosto de 2022, exp. 11001031500020211146300.
38
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 13
de octubre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2019-00119-00(REV).

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58. Sin embargo, no cualquier violación del debido proceso previsto genéricamente
en el artículo 29 de la Constitución Política da lugar a la configuración de la causal de
nulidad originada en la sentencia, lo cual puede ocurrir, entre otras, por las siguientes
circunstancias excepcionales39:

-Cuando la decisión se haya fundado exclusivamente en una prueba recaudada con
violación al debido proceso40.

-Cuando la decisión haya sido firmada por un número mayor o menor de magistrados
o se adoptó con un número de votos distinto a que prevé la ley.

-Cuando la providencia carezca por completo de motivación41.

-Cuando la decisión transgreda el principio de la non reformatio in pejus42.

-Cuando la providencia pase por alto el principio de congruencia43.

-Cuando se profiera un fallo de carácter condenatorio en contra de una persona que no
fue vinculada al proceso44; y

-Cuando la decisión haya consistido en un fallo inhibitorio injustificado45.

59. En conclusión, esta corporación ha reconocido que «[…] no cualquier
irregularidad resulta subsumible en la causal quinta de revisión derivada del artículo 29
constitucional, sino solo aquel vicio de carácter sustancial que incida en la decisión por
afectar el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso […]. Esto implica,
que le corresponde al juez analizar, en cada caso en particular, si el vicio que se alega
impacta el debido proceso y la correcta aplicación de la justicia material de manera que
tenga la entidad suficiente para permear la inmutabilidad de la cosa juzgada»46.

60. De tal manera que, como «[…] no puede haber nulidad sin texto legal que la
consagre»47, el recurso extraordinario de revisión por la causal 5 del artículo 250 del

39
Consejo de Estado, Sala Plena delo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
40
Consejo de Estado, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia de 7 de junio de 2016, radicación: 11001-03-15-
000-2015-02493-00 (REV).
41
Consejo de Estado, Sala Cinco Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-03-
15-000-2009-00494-00 (REV).
42
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación:
11001-03-15-000-2001-00091-01 (REV).
43
Consejo de Estado, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia de 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-
03-15-000-2015-02342-00 (REV).
44
Consejo de Estado, Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia de 17 de junio de 2022, radicación: 11001-
03-15-000-2014-04059-00 (REV).
45
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 8 de mayo de 2018, exp. 11001-
03-15-000-1998-00153-01.
46
Consejo de Estado, Sala Plena delo Contencioso-Administrativo, sentencia del 19 de septiembre de 2023, exp.
11001-03-15-000-2020-03585-00.
47
Ibidem.

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CPACA procede por los supuestos previstos en las disposiciones adjetivas y la
jurisprudencia vigente.

2.7. Caso concreto

61. La señora Nelly Mireya Albornoz Asprilla invocó la causal de revisión dispuesta
en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, sustentada en que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca perdió competencia desde el 3 de febrero de 2022,
para proferir sentencia de segunda instancia, toda vez que transcurrió un término
superior a los 6 meses que prevé el artículo 121 del CGP desde que esa corporación
judicial recibió el expediente, razón por la cual incurrió en la causal de nulidad del
numeral 1 del artículo 133 del CGP.

62. Visto lo anterior, se tiene que el recurso extraordinario de revisión se sustenta en
una de las causales legales de nulidad dispuesta en el ordenamiento jurídico, la cual, a
juicio de la parte recurrente, se habría originado en la sentencia que le puso fin al
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la cual no procede apelación.

63. No obstante, esta corporación ha considerado que el artículo 121 ibidem es
inaplicable a los procesos tramitados ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo. Para explicar lo anterior, ha dicho que:

En efecto, el precepto citado [artículo 121 del CGP] no resulta aplicable en la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, toda vez que tanto el C.C.A. como el
CPACA contienen normas especiales sobre la duración de los procesos
ordinarios y especiales que se adelantan ante esta jurisdicción; por consiguiente,
el artículo 121 del C.G.P. se trata de una reproducción de la disposición contenida
en el artículo 9 de la ley 1395 de 2010 que era única y exclusivamente aplicable
a la Jurisdicción Ordinaria Civil. A contrario sensu, se itera, los artículos 179 y
siguientes del CPACA establecen las etapas, los términos, y las competencias
para surtir el proceso ordinario contencioso administrativo, circunstancia por la
que no puede ser transpolado ese término de un año y seis meses de prórroga
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que, se insiste, tiene sus
propias normas sobre duración y competencia dentro del proceso48.

64. En esta misma línea, también ha precisado que «[…] la aplicación del artículo
121 del código General del Proceso en la jurisdicción de lo contencioso administrativo
puede resultar, en la práctica, impertinente, habida cuenta de su congestión, pues si el
juez de conocimiento pierde competencia a los 6 meses (en segunda instancia), sin
duda, los [procesos] que le siguen en turno tendrán igual suerte […]»49.

65. En términos similares se ha pronunciado la Corte Constitucional, estimando que:

48
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del 6 de agosto
de 2014, exp. 88001-23-33-000-2014-00003-01(50408). Transcrito textualmente con errores.
49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, auto del 23 de marzo de 2017, exp.
76001-23-31-000-2010-01477-01(49849).

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[…] las disposiciones que regulan la sustanciación y ritualidad del juicio,
prevalecen sobre las anteriores, desde el momento en el cual deben empezar a
regir. En esta medida, entiende la Corte Constitucional que en la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, el CPACA al estar hoy en pleno vigor, regula la
materia de la expedición del fallo. Dicho sea de paso, el asunto no está huérfano,
pues si se revisan los procedimientos contemplados en el CPACA, se observa
como regla general en el artículo 181 un término para llevar a cabo la audiencia
de alegaciones y juzgamientos y, en el artículo 182 se establecen los términos y
condiciones para la expedición del fallo […]50.

66. Bajo estos supuestos, en la medida en que el CPACA regula expresamente las
etapas del proceso contencioso-administrativo, al contener disposiciones que lo rigen
desde la primera instancia hasta el trámite del recurso de apelación contra las
sentencias, incluido el término otorgado al superior funcional para proferir la decisión de
segunda instancia51, no es posible efectuar una remisión al CGP para esta materia, bajo
el entendido de que el artículo 306 del CPACA solo permite acudir al CGP de forma
supletiva, esto es, ante la ausencia de norma especial que regule el aspecto.

67. Al descender al caso concreto, la Sala considera que, en la medida en que la
señora Nelly Mireya Albornoz Asprilla fundó su recurso extraordinario de revisión en la
pérdida de competencia prevista en el artículo 121 del CGP, y una vez verificado que
esta norma es inaplicable a los procesos contencioso-administrativos, no es posible
configurar la causal de nulidad dispuesta en el numeral 1 del artículo 133 del CGP y,
mucho menos, la causal de revisión prevista en el numeral 5.° del artículo 250 del
CPACA.

68. Al respecto, vale la pena recordar que de la literalidad y taxatividad de la causal
del numeral 1.° del artículo 133 del CGP, se sigue que para que se configure la causal
de nulidad en cuestión, el juez debe actuar en el proceso después de haber declarado la
falta de jurisdicción o competencia, por lo que para su configuración se requiere la
existencia previa de una declaración o manifestación de su falta de competencia52. Así
se pronunció la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la providencia
del 22 de abril de 2022, al considerar que:

[…] el numeral 1º del artículo 133 del CGP establece que la invalidez ocurre
«cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción
o de competencia», de lo que se deduce que, en general, no basta carecer de
atribución para resolver el asunto para concluir que se vivifica un motivo de
nulidad, sino que es necesario que la misma se haya declarado por el funcionario
judicial y, de todas maneras, actuó con posterioridad. […]53.

50
Corte Constitucional, sentencia C-229 de 2015.
51
Artículo 247 del CPACA.
52
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, providencia del 7 de abril de 2016,
exp. 85001-33-33-001-2015-00187-01(3172-15).
53
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, providencia del 22 de abril de 2022, exp. 11001-02-03-000-
2021-03106-00.

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69. A partir de lo anterior, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
cuya sentencia es objeto de revisión, no se declaró judicialmente la falta de jurisdicción
o de competencia, por oposición, la señora Albornoz Asprilla, el 3 de febrero de 2022, le
solicitó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que aplicara el artículo 121 del CGP
antes de proferir la sentencia de segunda instancia, y luego de que esto ocurriera, el 26
de octubre de 2022, propuso incidente de nulidad que el Tribunal resolvió en providencia
del 18 de abril de 2023, en la que rechazó de plano la aplicación del artículo 121 del
CGP, al no ser procedente para los trámites adelantados ante esta jurisdicción.

70. En consecuencia, la parte recurrente incurre en un yerro al considerar que el
Tribunal perdió competencia para tramitar la segunda instancia desde el momento en
que interpuso la solicitud de aplicación del artículo 121 del CGP, el 3 de febrero de 2022,
dado que está demostrado que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, contrario
a declarar su incompetencia, precisó que el artículo 121 del CGP era inaplicable, luego
de que profirió la sentencia de segunda instancia.

71. De lo visto, resulta evidente que el Tribunal se pronunció frente a los reparos que
motivan la interposición de este recurso extraordinario de revisión, brindándole a Nelly
Mireya Albornoz Asprilla una explicación justificada de las razones por las cuales no
procedía aplicar el artículo 121 del CGP y, mucho menos, la nulidad propuesta por la
recurrente.

72. Finalmente, es importante recordar que el recurso extraordinario de revisión no es
una oportunidad para que la parte recurrente, con el pretexto de que la sentencia de
segunda instancia incurrió en una nulidad propuesta y resuelta desfavorablemente en
sede ordinaria, pretenda que se infirme la providencia que resultó adversa a sus
intereses, al considerar que, si esto no ocurriese, se le causaría un perjuicio que la
imposibilitaría para acceder a la pensión gracia.

73. En atención a lo expuesto, se concluye que en el caso bajo estudio no se configuró
la causal de revisión dispuesta en el numeral 5.° del artículo 250 del CPACA, ya que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no incurrió en la nulidad prevista en el numeral
1.° del artículo 133 del CGP. De ahí que, el recurso extraordinario de revisión se declarará
infundado.

2.8. Costas

74. En este punto, para decidir sobre las costas procesales, la presente providencia
acogerá el criterio de interpretación mayoritario54 de la Subsección sobre el artículo

54
La magistrada ponente considera que la modificación que la Ley 2080 de 2021 introdujo al artículo 255 del
CPACA, en materia de costas, implica la adopción de un criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i)
se adopta la regla de procedencia en materia de costas para el recurso extraordinario de revisión bajo el supuesto
de que se declare infundado el recurso; (ii) el artículo 255 del CPACA debe leerse conjuntamente con los artículos
365 y 366 del CGP para efectos de verificar la causación y la comprobación de las cosas procesales; y (iii) la

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Asunto: Recurso extraordinario de revisión

255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, consistente en
que para decretar la condena en costas debe verificarse, a través de un juicio de
ponderación subjetiva, si la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe55.
Por lo tanto, en el caso concreto, no habrá lugar a imponer dicha condena en atención
a que, si bien el recurso se declarará infundado, no se advierte que la parte recurrente
haya incurrido en las anteriores conductas, durante el trámite del presente asunto.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Nelly Mireya Albornoz Asprilla en contra de la sentencia proferida el 21 de octubre
de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: RECONOCER al abogado Jonhatan Zabaleta Ramírez, identificado con
cédula de ciudadanía número 1.117.785.381 de Albania y portador de la tarjeta
profesional número 403.100 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado
sustituto de la UGPP, en los términos del artículo 75 del CGP.

CUARTO: ARCHIVAR el expediente de la referencia, una vez realizadas las
anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el
propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas».
55
Sobre el particular, pueden verse las sentencias de: (i) 22 de agosto de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2016-00813-
00 (3722-2016). MP Juan Enrique Bedoya Escobar, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B; (ii) 18 de julio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2017-00079-00 (0354-2017). MP Jorge Edison
Portocarrero Banguera, Sala Plena de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.

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Recurrente: Nelly Mireya Albornoz Asprilla
Asunto: Recurso extraordinario de revisión

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

17

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