Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00155-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2024-00155-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2024-00155-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción especial de revisión
Radicación: 11001-03-25-000-2024-00155-00 (2614-2020)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1
Demandada: Julie Andrea Barbosa Jiménez
Tema: Causal de revisión literales a) y b) del artículo 20 de la Ley 797
de 2003
Sentencia de única instancia
_________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala la acción de revisión interpuesta por la Ugpp contra la sentencia
proferida el 1º de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A2, por medio de la cual se confirmó
la decisión del 30 de septiembre de 2021 emitida por el Juzgado 49 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Julie Andrea Barbosa Jiménez contra esa entidad de previsión
social.
1. Antecedentes
1.1. La acción especial de revisión
1.1.1. Las pretensiones
1. En ejercicio de la acción prevista en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la Ugpp
solicitó que se infirmara la sentencia proferida el 1º de septiembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A a
través de la cual se confirmó la decisión del 30 de septiembre de 2021 emitida por
el Juzgado 49 Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-42-049-2021-
1 En lo que sigue Ugpp.
2 Expediente de nulidad y restablecimiento derecho radicado: 11001-33-42-049-2021-00100-00;
demandante: Julie Andrea Barbosa Jiménez demandado: Ugpp.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-25-000-2024-00155-00 (2614-2024)
Demandante: Ugpp
00100-00(01), que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Julie
Andrea Barbosa Jiménez contra la Ugpp, encaminadas al reconocimiento de una
sustitución pensional.
2. Como consecuencia de lo anterior solicitó i) la revocatoria de la aludida sentencia
y, en su lugar, la declaratoria de que a aquella no le asistía el derecho al
reconocimiento de la sustitución pensional; ii) la declaratoria de que la sustitución
pensional «que se ordenó reconocer y pagar en el 100%, con ocasión al fallecimiento de
la señora MARIA LINA JIMENEZ DE PINEDA, a favor de la señora JULIE ANDREA
BARBOSA JIMENEZ, no está acorde con el ordenamiento jurídico colombiano, pues la
pérdida de capacidad laboral se estructuró el 8 de octubre de 2012, con posterioridad a la
fecha de fallecimiento del causante ocurrido el 11 de diciembre de 2011» iii) la
devolución de las sumas pagadas en virtud del acto que le otorgó la prestación,
debidamente indexadas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. María Lina Jiménez de Pineda nació el 7 de marzo de 1947 y prestó sus
servicios como docente entre el 26 de febrero de 1968 y el 30 de diciembre de
2002 [fecha de aceptación de la renuncia fue el 18 de diciembre de 2002]. El último
cargo desempeñado fue como profesora del municipio de Silvania [Cundinamarca]
3.2. Mediante la Resolución 006272 del 30 de marzo de 1998, la entonces Caja
Nacional de Previsión Social3 le reconoció una pensión gracia, en cuantía de
$280.076 a partir del 7 de marzo de 1997. A través de la Resolución 004885 del 6
de marzo de 2001 esa entidad le negó la reliquidación de la prestación con la
inclusión de nuevos factores salariales, decisión que fue confirmada mediante la
Resolución 004318 del 3 de septiembre de 2001.
3.3. A través de la Resolución PAP 03656 del 28 de enero de 2011, la entidad
previsora, en cumplimiento del fallo proferido el 22 de noviembre de 2007, por el
Consejo de Estado, reliquidó la prestación con la inclusión de nuevos factores
salariales, en cuantía de $317.542 a partir del 7 de marzo de 1997, con efectos
fiscales desde el 21 de septiembre de 1997, por prescripción trienal.
3.4. El 11 de diciembre de 2011, María Lina Jiménez de Pineda falleció. Por medio
de la Resolución RDP 019639 del 29 de abril de 2013, la Ugpp negó el
reconocimiento de la sustitución pensional a favor de Luis Eduardo Pineda Triana,
3
En adelante Cajanal EICE.
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Demandante: Ugpp
en calidad de compañero permanente, toda vez que no fue acreditado el requisito
de convivencia con la causante.
3.5. Mediante la Resolución RDP 028707 del 24 de junio de 2013, la Ugpp le negó
el reconocimiento de la sustitución pensional a favor de Julie Andrea Barbosa
Jiménez, en calidad de hija inválida, con fundamento en la ausencia del dictamen
de invalidez. A través de la Resolución RDO 042251 del 1 de septiembre de 2013,
la entidad previsional confirmó la negativa, porque la fecha de estructuración de la
incapacidad laboral fue el 8 de octubre de 2012, es decir posterior al momento del
fallecimiento de la causante.
3.6. Inconforme con lo anterior, Julie Andrea Barbosa Jiménez presentó demanda
contra la Ugpp en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso-Administrativo4, con el fin de que le fuera reconocida la
prestación. Este asunto correspondió al Juzgado 49 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, que en sentencia del 30 de septiembre de 2021 declaró la
existencia y la nulidad del acto ficto presunto derivado de la solicitud presentada el
22 de julio de 2020 y condenó a la Ugpp a reconocer la sustitución pensional a
favor de la demandante, en calidad de hija inválida, al considerar la pérdida de la
capacidad mental, psíquica y sensorial.
3.7. Contra la anterior providencia la Ugpp interpuso recurso de apelación, el cual
fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A mediante sentencia del 1º de septiembre de 2022, con la cual se
confirmó la decisión de primera instancia, con fundamento en que Julie Andrea
Barbosa Jiménez tenía la condición de invalidez desde que iniciaron sus
enfermedades, de manera que se le determinó una pérdida de la capacidad laboral
del 53% y dependía económicamente de la causante.
3.8. En cumplimiento de lo resuelto en la segunda instancia, la Ugpp profirió la
Resolución RDP 010662 del 4 de mayo de 2023 con la que sustituyó la pensión a
partir del 12 de diciembre de 2011, día siguiente del fallecimiento de María Lina
Jiménez de Pineda, con efectos fiscales desde el 22 de julio de 2017, por
prescripción trienal.
3.9. En vista de lo anterior, la Ugpp presentó acción de tutela la cual fue declarada
improcedente por el Consejo de Estado, Sección Primera, porque no fue
acreditado el requisito general de subsidiariedad establecido en la Sentencia S-
4 En lo que sigue CPACA.
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Demandante: Ugpp
590 de 2005, decisión confirmada por la Sección Cuarta de esa Corporación,
mediante la Sentencia del 19 de julio de 2023.
1.1.3. Sentencia objeto de revisión
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A en
sentencia del 1º de septiembre de 2022, al resolver el recurso de apelación,
confirmó la decisión del 30 de septiembre de 2021 emitida por el Juzgado 49
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda, al considerar que «la demandante desde el año 2004,
cuando iniciaron sus enfermedades tiene la condición de inválida, por cuanto se le ha
determinado un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 53.07% y, viene probado
que desde esa fecha dependía económicamente de su madre. Por lo que no es posible
admitir el razonamiento de la entidad para negar el derecho, al afirmar que la
estructuración de la invalidez se dio de manera posterior al fallecimiento de su progenitora,
lo cual, si bien no se desconoce, resultaría injusto negarlo por esa circunstancia, cuando
conforme a la historia clínica los padecimientos ya los sufría en años anteriores. Y es que
es necesario tomar en consideración que el lupus eritematoso es una enfermedad
inflamatoria sistémica y crónica, producida porque el sistema inmunológico ataca sus
propios tejidos y por ende afecta todo el organismo, principalmente las articulaciones, lso
riñones, el cerebro y el corazón. Así mismo no tiene cura»5 [sic].
1.2. Las causales de revisión invocadas
5. La entidad recurrente invocó las causales previstas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, para lo cual expuso los siguientes argumentos6:
5.1. La orden judicial se obtuvo con vulneración del debido proceso, en tanto Julie
Andrea Barbosa Jiménez no tenía derecho al reconocimiento de la sustitución
pensional en los términos ordenados, puesto que según lo dispuesto en el artículo
47 de la Ley 100 de 1993, la fecha de estructuración de la invalidez [8 de octubre
de 2012] ocurrió después del fallecimiento de la causante [11 de diciembre de
2011], además el tribunal adujo que los padecimientos de la enfermedad tuvieron
ocasión desde el 2004, sin tener respaldo probatorio alguno.
5.2. Se configura la causal contenida en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003 porque la prestación reconocida adolece de fundamento normativo, por lo
5 Samai, índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«7_DemandaWeb_Anexos(.pdf) NroActua 3».
6 Samai, índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«3_DemandaWeb_Demanda(.pdf) NroActua 3».
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Demandante: Ugpp
tanto, constituye el pago de lo no debido, en los términos del artículo 2313 del
Código Civil y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
5.3. Lo anterior, porque a Julie Andrea Barbosa Jiménez «se le tendría que pagar una
mesada pensional en virtud de la orden judicial objeto de revisión a la cual no tiene derecho
pues como se ha indicado no cumple los requisitos establecidos en la ley para la pensión».
1.3. Contestación a la acción especial de revisión
6. Julie Andrea Barbosa Jiménez se opuso a las pretensiones de la demanda7, con
fundamento en que «[e]n el caso de enfermedades o accidentes tanto de origen común
como laboral, que conducen a una pérdida de capacidad permanente y definitiva, general
la fecha de estructuración de invalidez coincide con la fecha de ocurrencia del hecho
establecido en los dictámenes de calificación médica. ‘Sin embardo, existen casos en los
que la fecha de la pérdida de capacidad puede ser diferente a la fecha de estructuración
indicada en el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral como sucede
cuando se trata de enfermedades catalogadas como crónicas, degenerativas o
congénitas» [sic], en este sentido la beneficiaria padece de Lupus Eritematoso
Sistémico [LES] enfermedad catalogada como crónica, catastrófica o degenerativa.
1.4. Concepto del Ministerio Público
7. En esta oportunidad no se pronunció.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
8. Esta corporación es competente para conocer de la acción especial de revisión
en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, inciso 1, de la Ley 797 de 2003 y 249,
inciso 2, del CPACA8.
7 Índice 15 de Samai «20_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-GmailMemorialcon(.pdf)
NroActua 15».
8 «Artículo 249. Competencia. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces
administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.
Las reglas de competencia previstas en los incisos anteriores también se aplicarán para conocer
de la solicitud de revisión de las decisiones judiciales proferidas en esta jurisdicción, regulada en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003» (se resalta).
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9. Además, según lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
20199, por tratarse de un asunto de carácter laboral, la Sección Segunda es
competente para conocer de la acción especial de revisión.
2.2. Oportunidad
10. Al tenor de lo previsto en el artículo 251 del CPACA, la acción de revisión del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 debe instaurarse dentro de los 5 años contados a
partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial o a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.
11. En el sub judice la sentencia objeto de revisión quedó ejecutoriada el 28 de
octubre de 202210 y la presente acción fue radicada el 3 de mayo de 2024, lo que
permite concluir que se presentó dentro del término de oportunidad previsto por la
ley.
2.3. El problema jurídico
12. Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que accedió a
las súplicas de la demanda presentada por Julie Andrea Barbosa Jiménez, permitió
el reconocimiento de una prestación con vulneración del debido proceso y en una
cuantía que excede los parámetros establecidos en la ley y por lo tanto se
configuraron los supuestos de las causales enlistadas en los literales a) y b) del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003?
2.4. Marco normativo
2.4.1. Sobre la acción especial de revisión
9 «Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado».
10 Samai, índice 3, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«7_DemandaWeb_Anexos(.pdf) NroActua 3».
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13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2011 de la Ley 797 de 200312 las
providencias judiciales que hubiesen decretado el reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del erario o de fondos de naturaleza pública pueden ser
revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo
con sus competencias.
14. En tal sentido, el legislador dispuso la posibilidad de revisar las sentencias que
reconocen sumas periódicas cuando i) el reconocimiento se haya obtenido con
violación del debido proceso, o ii) la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención.
15. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación, en torno a la causal de
revisión del literal a) de la norma analizada, ha señalado que esta se configura
cuando «el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso», así las
cosas, la Sala precisa que es necesario que se exponga la vulneración del derecho
al debido proceso en relación con los núcleos esenciales que lo componen13.
16. Sobre el particular, la causal del literal b) «[c]uando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que
le eran legalmente aplicables […]» se configura cuando la sentencia objeto de
controversia reúne los siguientes supuestos:
i) decretó el derecho a devengar sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza con determinado monto.
11 «Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para
este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables».
12 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
13 Consejo de Estado, Sala 22 Especial de Decisión; sentencia de 5 de febrero de 2019, radicado
11001 03 15 000 2018 01884 00.
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ii) que los recursos para el pago del derecho conferido están a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública; y
iii) que el monto de la prestación periódica no corresponda a lo legalmente
establecido porque excede la cuantía determinada por las normas aplicables
19. La finalidad de esta causal es permitir que las entidades públicas legitimadas
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 puedan accionar contra una sentencia
judicial ya ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa juzgada, para corregirla
porque reconoció prestaciones periódicas cuyo monto o cuantía excede lo
legalmente previsto. En ese orden, en lo que respecta al sistema pensional
pretende restablecer el propósito y la sostenibilidad del sistema pensional bajo los
principios de solidaridad y equilibrio financiero.
20. Además de lo anterior, la jurisprudencia, incluida la de esta Sala de
Decisión25, ha establecido que cuando se alega la materialización de la causal b)
aludida no basta acreditar el hecho objetivo de que el valor pensional reconocido
excedió el que legalmente debió otorgarse, sino que es necesario que se pruebe
que el incremento fue consecuencia de una evidente vulneración del ordenamiento
jurídico, con una interpretación de la ley caprichosa o con abuso del derecho o
fraude a la ley o que no guarde relación con la trayectoria laboral del pensionado.
Esto descarta los casos en que se produjo como resultado de una interpretación
jurisprudencial válida sobre determinada norma26.
21. Así mismo, la causal se creó con el objetivo específico de discutir la cuantía o
el monto de la prestación social y no para que las entidades de previsión social
reabran el debate sobre el cumplimiento de los requisitos del derecho pensional.
Al respecto, esta corporación ha indicado con precisión que el examen de la causal
aludida debe «[…] partir del supuesto de que el beneficiario de la prestación (o de la
pensión otorgada) reúne los requisitos exigidos para ser acreedor del derecho; empero,
se debe verificar si existe o no un exceso en la cuantía reconocida mediante sentencia
judicial. En otras palabras, bajo esta causal no es posible controvertir la aptitud legal del
accionado para adquirir la pensión […]»27. Igual criterio lo ha mantenido las Salas
Especiales de Decisión como la siguiente:
«[…] En ese orden, “la revisión se encamina a verificar si existe o no un exceso en la
cuantía decretada mediante sentencia judicial”. Esto, teniendo en cuenta que se parte
del presupuesto de que el beneficiario acredita los requisitos previstos en la ley para
ser acreedor de la pensión.
De ahí que el examen de la referencia no es una instancia para examinar la procedencia
de la prestación económica; los derechos que le asisten a la beneficiaria o las
discusiones propias de la instancia ordinaria. A contrario sensu, la causal fue prevista
como una herramienta para que las autoridades soliciten la corrección de una
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Demandante: Ugpp
sentencia judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada, cuando ha reconocido una
cuantía que supera los márgenes dispuestos por el ordenamiento jurídico […]»28.
22. Ahora bien, esta corporación ha precisado que, si bien la Ley 797 de 2003 indica
que la acción especial de revisión debe tramitarse a través del procedimiento
señalado para el recurso extraordinario de revisión regulado por la Ley 1437 de
2011, «lo cierto es que presenta aspectos que lo particularizan». En tal sentido, se han
definido los siguientes29:
«[…] i) Son susceptibles del recurso no solo sentencias ejecutoriadas, sino también
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una prestación,
ellas pueden ser autos que terminan anormalmente el proceso y aquellos actos que
sean consecuencia de acuerdos, tales como transacción y conciliación.
ii) Están legitimadas para su interposición el gobierno Nacional, por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
del contralor general de la República o del procurador general de la Nación y las
entidades que realizan el reconocimiento de pensiones.
iii) Respecto de su alcance la jurisprudencia advirtió que no se extiende a reabrir el
debate probatorio, sino que se trata de revisar el valor de las pensiones reconocidas
en contra de lo ordenado por la ley, con el propósito de salvaguardar el equilibrio entre
la prestación y su legalidad, además de velar por la protección de los recursos limitados
del tesoro público, la liquidez, solvencia y sostenibilidad del Sistema de Seguridad
Social, así como el principio de universalidad que lo inspira.
iv) De esta manera, no se trata de una tercera instancia que admita reabrir el debate
sobre el derecho a una prestación, pues su marco se encuentra circunscrito a revisar
los aspectos concernientes al reconocimiento del derecho (literal a) y a la liquidación
de aquel (literal b), cuando se concedió con vulneración del debido proceso o de la ley,
o en un valor mayor al que corresponde.
v) Igualmente, se entienden excluidos de su alcance los asuntos relativos al
reconocimiento de prestaciones periódicas inferiores a las que se deben de acuerdo
con las normas que rigen la materia. Con todo, conviene recordar que el ejercicio de
esta clase de recursos entra en colisión con la institución de la cosa juzgada y la
seguridad jurídica, pero, precisamente, estos mecanismos se instituyeron como una
excepción que debe admitirse frente a un fin legítimo, el cual es determinar si el
reconocimiento pensional se hizo con violación al debido proceso o si la cuantía
reconocida excede lo ordenado por la ley […]».
23. Lo anterior guarda armonía con la finalidad de la norma, esto es, que « las
entidades públicas pagadoras de pensiones y a los entes de control, [tengan] una
herramienta judicial para solicitar la corrección de los reconocimientos pensionales que se
encuadren en dichas causales»30. Ciertamente, el objeto de la norma analizada
«consistió en incluir causales cualificadas de revisión, con el propósito primordial de
realizar un estudio de las pensiones reconocidas en forma contraria a la ley, de modo que,
en últimas, se eviten perjuicios de carácter patrimonial al erario»31.
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2.5. Caso concreto
24. En consideración a los supuestos en que se funda la acción especial de revisión,
la Sala advierte lo siguiente:
25. En relación con la causal de revisión establecida en el literal a) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando «el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso», la Sala reitera que es necesario que se exponga la
vulneración a este derecho en relación con los núcleos esenciales que lo
componen.
26. Así se indicó en la sentencia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sala 22
Especial de Decisión según la cual de conformidad con lo previsto en el artículo
29 de la Constitución Política, el derecho fundamental aludido comprende los
siguientes tres elementos: «i) [e]l derecho al juez natural o funcionario competente;
ii) [e]l derecho a ser juzgado según las formas de cada juicio o procedimiento, esto
es, conforme con las normas procesales dictadas para impulsar la actuación
judicial o administrativa; y iii) [l]as garantías de audiencia y defensa, que, desde
luego, incluyen el derecho a ofrecer y producir la prueba de descargo, la presunción
de inocencia, el derecho a la defensa técnica, el derecho a un proceso público y
sin dilaciones, el derecho a que se produzca una decisión motivada, el derecho a
impugnar la decisión y la garantía de non bis in ídem».
27. En tal sentido, se advierte que los argumentos del recurrente se dirigen a
cuestionar los fundamentos que tuvo el tribunal para ordenar el reconocimiento de
la sustitución de la pensión causada por María Lina Jiménez de Pineda, es decir,
un aspecto sustancial de la controversia suscitada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin hacer manifestación alguna en relación con la
vulneración de los elementos que componen el derecho fundamental al debido
proceso; por lo tanto, esta causal no se encontró probada.
28. Respecto a la causal establecida en el literal b) de la norma en que se funda la
acción, la Sala encuentra necesario precisar que, los argumentos expuestos por la
entidad recurrente van dirigidos a cuestionar la decisión mediante la cual el tribunal
confirmó la declaración de nulidad del acto ficto o presunto derivado de la solicitud
presentada el 22 de julio de 2020, a través de las cuales la Ugpp le negó a Julie
Andrea Barbosa Jiménez el reconocimiento de la sustitución pensional en
consideración a que la fecha de estructuración del 8 de octubre de 2012 fue
posterior al momento del fallecimiento de la causante, el 11 de diciembre de 2011.
29. Al respecto, la Sala se anticipa en advertir que los aspectos objeto de análisis
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de la causal prevista en el literal b) parten del reconocimiento de un derecho, pues
su propósito es cuestionar una excesiva liquidación en la cuantía proveniente de
una prestación ya otorgada y respecto del cual [en torno al derecho subjetivo y
particular] no hay discrepancias; contrario a lo ocurrido en el presente asunto, pues
en la aludida providencia se definió que Julie Andrea Barbosa Jiménez había
cumplido con los requisitos para beneficiarse de la sustitución pensional con
ocasión del fallecimiento de María Lina Jiménez de Pineda [madre], de manera que
la esencia de las pretensiones del medio de control revisado no guardan relación
con la forma en que debió realizarse la liquidación de la pensión sino con la aptitud
legal para beneficiarse de la prestación.
30. En efecto, lo que se desprende de la demanda [en la acción especial de revisión]
es el cuestionamiento dirigido a provocar el estudio del cumplimiento de los
requisitos por parte de Julie Andrea Barbosa Jiménez para ser acreedora de la
sustitución pensional con ocasión del fallecimiento de su progenitora, pretensión
que pudo ser invocada en la causal 7 del artículo 250 del CPACA que dispone:
«Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión:
(…)
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la
sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida».
31. Enese sentido, la causal invocada no resulta idónea respecto de los
argumentos expuestos en el escrito de la acción de revisión y el derecho subjetivo
reconocido en la sentencia revisada.
32. Sobre el particular, la Sala encuentra pertinente precisar que el principio de la
cosa juzgada no tiene carácter absoluto, pues en su camino se encuentra el debido
proceso sustantivo o la justicia material, en el cual pueden converger hechos y
conductas que una vez consolidados desvirtúan la oponibilidad de una decisión
que ya cobró firmeza, situación para la cual se ha dispuesto la posibilidad de
invalidarla y así revivir un proceso ya fenecido, con el único fin de evitar la
prevalencia de una injusticia, todo esto mediante la acción de revisión.
33. Asimismo, ese mecanismo excepcional permite que la sentencia ejecutoriada u
otro tipo de providencias que tengan como efecto el reconocimiento de una
prestación, sean objeto de enmienda con ocasión de alguna ilicitud, con el fin de
restituir el derecho al afectado y, de paso, evitar un grave perjuicio patrimonial al
erario, a través de una nueva providencia que resulte acorde con el ordenamiento
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00155-00 (2614-2024)
Demandante: Ugpp
jurídico.
34. Sin embargo, lo anterior no debe entenderse como un recurso o una tercera
instancia que implique la oportunidad de reabrir debates ya concluidos en las
etapas procesales instituidas para ello, en ese orden, el legislador fijó derroteros
de procedencia de ese mecanismo excepcional de manera taxativa denominados
causales, con el fin de evitar escenarios de interpretación que den lugar a la
discrecionalidad del juzgador para encuadrar o aproximarse al marco de alguna de
ellas previstas en el ordenamiento, lo cual resulta razonable debido al alcance de
la acción, esto es, infirmar providencias amparadas por el principio de cosa
juzgada14.
35. En ese orden de ideas, de los argumentos y las pretensiones expuestas en el
proceso no se evidencia que el mecanismo excepcional incoado esté dirigido a
cuestionar el cómputo de la cuantía proveniente del reconocimiento de algún
derecho, de suerte que no se encuadra en la causal de revisión invocada por la
Ugpp, y ante la imposibilidad de esta Sala para realizar una adecuación respecto
de la causal idónea o de reabrir un debate concluido en una etapa procesal ya
fenecida se declarará improcedente la acción de revisión interpuesta.
2.6. Costas
36. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA no se dispondrá
sobre la condena en costas por la naturaleza del asunto, lo cual releva de hacer el
estudio de los demás presupuestos establecidos en tal artículo.
3. Conclusión
37. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la causal invocada no
es la idónea para cuestionar el reconocimiento de la sustitución de la pensión
gracia a favor de Julie Andrea Barbosa Jiménez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
14 Sobre el particular la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación se ha expresado en
ese sentido en varias oportunidades, entre las cuales se citan las sentencias del 6 de mayo de 2021
en el proceso con radicación 11001032500020180074800 (2720-2018), expediente 70001-23-33-
000-2013-00065-01 (1908-2014) y sentencia de 17 de mayo de 2018 con radicación 11001-03-25-
000-2014-00665-00(2074-14). Por su parte la Corte Constitucional se ha pronunciado en igual
sentido en las sentencias C-520 de 2009 y C-871 de 2003.
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Radicado: 11001-03-25-000-2024-00155-00 (2614-2024)
Demandante: Ugpp
F A L L A:
Primero. Declarar improcedente la acción especial de revisión que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) presentó contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A el 1° de
septiembre de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de la
providencia.
Segundo. No condenar en costas.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
VMT
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