Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00107-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00107-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-28-000-2022-00107-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
29 de febrero de 2024
Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
representante a la cámara por la circunscripción especial de
paz núm 5 (CITREP 5)
Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2022-00107-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00107-00 Acum1
Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos, representante a la Cámara por la
circunscripción especial de paz 5 (CITREP)
Tema: Requisitos para ser candidato a las CITREP. Inhabilidad del
parágrafo 2° del artículo 5° transitorio del Acto Legislativo 02
del 2021; vulneración inciso 3° artículo 6° y artículo 9°
transitorio del Acto Legislativo 02 del 2021; inhabilidad artículo
179.3 de la Constitución Política.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a dictar sentencia en el presente proceso, en el que se cuestiona
la legalidad del acto E-26-CTP del 19 de marzo del 2022 de la Comisión
Escrutadora General, CITREP 5 Caquetá, que contiene la elección de Jhon Fredy
Núñez Ramos, como representante de la Cámara por la Circunscripción Transitoria
Especial para la Paz 5 (en adelante CITREP 5), periodo 2022-2026.
I. ANTECEDENTES
1. Las demandas
1. Sandra Milena García Penna2, Wilson Javier Aguirre Quintana3, Luz Mery
Pache, Carlos Armín Hurtado Mora, Luz Mary Cundumi Copete, Elda Martínez,
Betty Monsalve y Luis Carlos Montenegro Alemida4, de manera separada, acusaron
la legalidad, vía medio de control de nulidad electoral, del acto de elección de Jhon
Fredy Núñez Ramos, como representante a la Cámara por la CITREP 5, periodo
2022-2026.
1
Junto con los expedientes 11001-03-28-000-2022-00066-00 y 11001-03-28-000-2022-00071-00.
2
Por medio de apoderado, en el proceso 2022-00071-00.
3
En nombre propio, en el proceso 2022-00107-00.
4
Junto con Luz Mery Pache, Carlos Armín Hurtado Mora, Luz Mary Cundumi Copete, Elda Martínez
y Betty Monsalve, en el proceso 2022-00066-00.
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1
Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
representante a la cámara por la circunscripción especial de
paz núm 5 (CITREP 5)
Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2022-00107-00
2. Supuestos fácticos
2. Sostuvieron que la Fundación Igualdad Social, inscribió como candidatos por
la CITREP núm. 5 a los señores Jhon Fredy Núñez Ramos y a Blanca Nubia
Conucue Noreña.
3. Mencionaron que el Acto Legislativo 02 de 2021, en el parágrafo 2 del artículo
5 transitorio, establece la prohibición especial para ser inscrito, elegido y ocupar una
de las Curules en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que se
configura por haber participado como candidato en contiendas electorales en
representación de partidos o movimientos políticos con personería jurídica o que la
hayan perdido (la personería) dentro de los cinco (5) años anteriores a la elección.
4. Esta norma fue replicada por el Decreto 1207 de 2021 y por el artículo 7 de
la Resolución 10592 de 2021 de la Registraduría Nacional del Estado Civil (en
adelante RNEC), donde se estableció como inhabilidad para los aspirantes a las
CITREP, que hubieran sido candidatos elegidos, o no, a cargos públicos con el aval
de partidos o movimientos políticos cuya personería jurídica se haya perdido dentro
de los cinco (5) años anteriores a la inscripción a la candidatura por la curul de paz.
5. En este orden, manifestaron que, el demandado ha participado como
candidato en los siguientes procesos políticos:
INSCRITO POR: CANDIDATO AL: AÑO RESULTADO
Partido de Integración Nacional, PIN Senado de la República 2010 No electo
Partido de Integración Nacional, PIN Alcaldía de Florencia, Caquetá 2011 No electo
Opción Ciudadana Asamblea de Caquetá 2015 No electo
Fundación Igualdad Social CITREP 5 2022 Elegido
6. Indicaron que Opción Ciudadana, perdió su personería jurídica en el año
2018, porque no obtuvo representación en el Congreso de la República y tampoco
logró el porcentaje mínimo de votos reseñado en el artículo 108 de la Constitución
Política.
3. Normas vulneradas y concepto de la violación
7. Consideraron que la elección acusada vulneró las siguientes normas:
• Parágrafo 2° del artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 02 del 2021.
• Inciso 3° del artículo 6° transitorio del Acto Legislativo 02 del 2021.
• Artículo 9° del Acto Legislativo 02 del 2021.
• Decreto 1207 de 2021.
• Artículo 7 de la Resolución No. 10592 de 2021 de la RNEC.
• Artículo 179.3 de la Constitución Política
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8. Alegaron como causal de nulidad, la contenida en el artículo 275.5 del
CPACA, porque consideran que el demandado se encuentra inhabilitado y no
cumplió con los requisitos para ser candidato. Adicionalmente, invocaron la
infracción a las normas en que debería fundarse.
9. Expusieron las siguientes razones para fundamentar su petición anulatoria:
1. El demandado no reúne las calidades y requisitos constitucionales y
legales de elegibilidad, pues fue candidato por una colectividad que
perdió la personería jurídica dentro de los cinco años anteriores a la
inscripción de su candidatura (parágrafo 2° del artículo transitorio 5° del
Acto Legislativo 02 del 2021).
10. Los demandantes afirmaron que las circunscripciones especiales de paz
fueron creadas con el fin de dotar de representación a las víctimas en el certamen
político.
11. El Acto Legislativo 02 del 2021 impuso unas limitantes para que, personas
que han sido parte de los clanes políticos tradicionales, no pudieran presentarse
como candidatos para estas curules.
12. Manifestaron que, en el parágrafo 2° del artículo transitorio 5° del referido
acto legislativo, se indicó que no puede resultar electo quien hubiera sido candidato
de un partido político cuya personería jurídica se haya perdido dentro de los cinco
(5) años anteriores a la fecha de la inscripción de la candidatura.
13. En ese sentido, precisaron que el demandado perteneció al partido político
Opción Ciudadana, el cual contó con personería jurídica hasta el 2018, cuando el
Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó dicho atributo.
14. Así las cosas, en su criterio, es claro que se configuró la causal del parágrafo
2° del artículo transitorio 5° del Acto Legislativo 02 del 2021, pues dicha colectividad
perdió su personería dentro de los cinco (5) años anteriores a la inscripción del
demandado como candidato de la CITREP 5.
15. Manifestaron que el 6 de diciembre de 2021, la Sección Quinta del Consejo
de Estado5, en el curso del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad,
decretó la suspensión provisional de la expresión «en cualquier tiempo» contenida
en el numeral 1º del artículo 7° de la Resolución 10592 de 2021 de la RNEC.
5
En el expediente 11001-03-28-000-2021-00072-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
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16. No obstante, afirmaron que esa decisión cautelar no afecta la condición de
inelegibilidad del demandado porque dicha providencia dejó incólume lo referente
al aparte normativo que rige este caso.
17. Así, sostuvieron que permitir la participación del demandado desconoce la
teleología de las CITREP, que fueron creadas en procura de la reivindicación de las
víctimas y, en ese orden, el Acto Legislativo 01 del 2022 determinó, expresamente,
quiénes podían ser candidatos y reguló las asociaciones a las que se les permitió
postularlos, dejando por fuera los partidos, movimientos y candidatos tradicionales.
18. Lo anterior, con la finalidad de evitar que, a través de las circunscripciones
transitorias especiales de paz, pudieran acceder al Congreso de la República, en
desmedro de los sujetos de protección, colectividades políticas de amplia
trayectoria.
19. Mencionaron que la norma debe ser interpretada de esa forma, pues fue
regulada de manera independiente en el Decreto 1207 del 2021 y en la Resolución
10592 del 2021 de la RNEC, normativas en las cuales se hizo claridad en que no
podrán aspirar a las CITREP, quienes «hayan sido candidatos por un partido político
cuya personería jurídica se haya perdido dentro de los cinco (5) años anteriores a
la fecha de la inscripción».
2. El demandado no reúne las calidades y requisitos constitucionales o
legales de elegibilidad, pues fue parte de la dirección del partido Opción
Ciudadana durante el último año.
20. En el expediente 2022-00107, el demandante consideró que el señor Jhon
Fredy Núñez Ramos es directivo del partido Opción Ciudadana, lo cual se puede
comprobar en las Resoluciones 1138 del 2009, 1825 del 2013, 6090 del 2015 y 3200
del 2016 del CNE, que dan cuenta que el demandado tiene esa calidad.
21. Así, es evidente que se violó el parágrafo 2° del artículo 5° transitorio del Acto
Legislativo 02 del 2021, según el cual, no pueden ser candidatos de las CITREP,
quienes «hayan hecho parte de las direcciones de estos, durante el último año».
22. Expusieron que, aunque el entonces partido Opción Ciudadana perdió su
personería jurídica en el 2018, no es menos cierto que ello no implicó su
desaparición en el mundo político, pues esa situación no le impide participar en los
certámenes electorales.
23. Bajo ese entendido, ante la evidente calidad de directivo del demandado del
partido Opción Ciudadana, en el año anterior a la inscripción, lo cierto es que se
vulneró la disposición normativa indicada.
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Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
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3. El demandado incurre en la inhabilidad del artículo 179.3 de la
Constitución Política, pues avaló, mediante su firma, una propuesta
dentro de la licitación abierta en el municipio de Valparaíso, Caquetá,
contrato que fue adjudicado y hoy se encuentra en ejecución.
24. La parte actora6 manifestó que el 6 de diciembre del 2019, el demandado
suscribió propuesta en la licitación LVP 003 del 2019 que adelantó el municipio de
Valparaíso, Caquetá, que hace parte de la CITREP 5, para la Unión Temporal «Vías
para la Paz».
25. Precisaron que, al haber suscrito la presentación de la propuesta, incurrió en
la causal de inhabilidad del artículo 179.3 de la Constitución Política, pues el
contrato fue adjudicado a la persona jurídica que presentó la oferta firmada por el
señor Jhon Fredy Núñez Ramos y, actualmente, se encuentra en ejecución.
26. Así, es evidente que el demandado avaló propuesta de contrato con entidad
pública que se encuentra en ejecución, lo cual rompe el principio de igualdad que
protege la inhabilidad, ya que los contratistas beneficiarios del negocio jurídico
adjudicado irían a favor en la candidatura del demandado.
27. En este punto, manifestó que el artículo 20 de la Ley 842 del 20037 indica
que el interés de la persona que suscribe una oferta ante entidad pública, en calidad
de ingeniero, como el demandado, se extiende a la etapa de su ejecución, lo cual
está soportado, además, en concepto de Colombia Compra Eficiente8.
6
En el proceso 2022-00107-00.
7
Artículo 20. Propuestas y contratos. Las propuestas que se formulen en las licitaciones y
concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación
de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la
ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con
tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE>
En los contratos que se celebren como resultado de la licitación o del concurso, los contratistas
tendrán la obligación de encomendar los estudios, la dirección técnica, la ejecución de los trabajos
o la interventoría, a profesionales inscritos en el registro profesional de ingeniería, acreditados con
la tarjeta de matrícula profesional o, excepcionalmente, con la constancia o certificado
de su vigencia.
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo se aplicará en todas sus partes, tanto a las propuestas
que se presenten, como a los contratos de igual naturaleza y que, con el mismo objetivo, se celebren
con las sociedades de economía mixta y con los establecimientos públicos y empresas industriales
o comerciales del orden nacional, departamental, distrital o municipal y aquellas descentralizadas
por servicios.
8
“… dado que las personas jurídicas no pueden y, por tanto, no les es exigible contar con una
profesión, la ley previo dicha situación y las habilito para contar con el apoyo de un profesional que
avalara la propuestas relacionadas con ingeniería, pues si ello no hubiese ocurrido, a pesar que
pueden desarrollar y desempeñar actividades catalogadas como el ejercicio de la ingeniería por
encontrarse en el marco de su objeto social, ante la ausencia de una matrícula o tarjeta profesional
no lo podrían hacer. También es importante agregar que el aval implica que el profesional que
firma, independientemente de si se trata de un miembro, empleado o contratista de la respectiva
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Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
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28. Así, como fue el demandado el que suscribió la oferta en la licitación, lo hace
responsable de la actividad de la unión temporal a la que le fue adjudicado el
contrato, dado que se ve involucrado el ejercicio de su profesión como ingeniero.
29. Adicional a ello, los demandantes9 afirmaron que el señor Jhon Fredy Núñez
Ramos ha sido contratista de varias gobernaciones, para lo cual aportaron el link10
de un artículo de El Espectador que, según ellos, así lo comprueba.
4. El demandado violó el inciso 3° del artículo 6° transitorio del Acto
Legislativo 02 del 202111 porque hizo campaña junto al Gobernador del
Caquetá y recibió apoyo de otros políticos del departamento.
30. Los demandantes12 indicaron que se violó dicha norma mencionada, porque
Jhon Fredy Núñez Ramos hizo parte de una caravana «cívico institucional» en el
municipio de Solano, Caquetá, donde se inauguraron obras y participó el
Gobernador del departamento, Arnulfo Gasca Trujillo, así como el representante a
la Cámara Héctor Mauricio Cuéllar Pinzón, ambos del Partido Conservador.
31. De esa manera, consideraron evidente que el demandado realizó alianzas y
acuerdos con esos políticos, lo cual vulnera el inciso 3° del artículo 6° transitorio del
Acto Legislativo 02 del 202113, pues ello fue «realizado con recursos públicos».
32. Los actores indicaron que lo anterior se encuentra soportado en informe
rendido por el personero del municipio de Solano, Caquetá, que consignó lo ocurrido
en esa caravana, junto a lo expresado por otras personas que solicitaron mantener
su identidad en secreto por temor a su integridad.
persona jurídica, se hace responsable, en virtud de su idoneidad, por el adecuado ejercicio de
la profesión por parte de la persona jurídica que desarrolla funciones profesionales
relacionadas directamente con la ingeniería”. Concepto CCE. Documentos tipo. Aval de profesional
en ingeniería. Carta de presentación de la oferta.
9
En el expediente 2022-00066.
10
https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/jhon-fredy-n unez-candidato-cercano-
a-parapoliticos-que-aspira-a-curul-de-paz-en-caqueta/
11
(…) Los candidatos y las listas de circunscripciones transitorias especiales de Paz, no podrán
realizar alianzas, coaliciones o acuerdos con candidatos o listas inscritas para las circunscripciones
ordinarias para la Cámara de Representantes. La violación de esta norma generará la pérdida de la
curul en caso de resultar electos a la circunscripción transitoria especial de Paz.
12
En el proceso 2022-00066-00
13
ARTÍCULO TRANSITORIO 6°. Forma de elección.
(…)
Los candidatos y las listas de circunscripciones transitorias especiales de Paz, no podrán realizar
alianzas, coaliciones o acuerdos con candidatos o listas inscritas para las circunscripciones
ordinarias para la Cámara de Representantes. La violación de esta norma generará la pérdida de la
curul en caso de resultar electos a la circunscripción transitoria especial de Paz.
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33. Además, manifestaron que el demandado hizo alianzas con Federico Alvis
Trujillo, alcalde de Montañita, Caquetá, del Polo Democrático, y aportaron una
fotografía, en la que, según afirmaron, aparecen varios concejales de ese municipio
«brindándole su apoyo».
5. El demandado violó el artículo 9° del Acto Legislativo 02 del 202114
porque utilizó una emisora de radio privada para difundir su campaña
política.
34. Al respecto, la parte demandante15 afirmó que Jhon Fredy Núñez Ramos
acudió a la emisora Linda Estéreo 95.1 F.M, medio de comunicación que hace uso
del espectro electromagnético, para hacer pautas publicitarias de su campaña
política.
4. Trámite inicial surtido en el proceso
35. Dentro del proceso 2022-00071-00, la Sala decretó la suspensión provisional
del acto demandado16. En el expediente 2022-00066-00 se dispuso estarse a lo
decidido en el primer proceso mencionado, respecto de la cautelar requerida en ese
trámite.
36. En el proceso principal17 se presentaron solicitudes de terceros, que
recusaron a los integrantes de esta Sección, las cuales fueron rechazadas por la
Sección Primera de esta Corporación18.
5. Intervenciones
37. Realizadas las notificaciones ordenadas en el auto admisorio de las
demandas, se pronunciaron:
14
ARTÍCULO TRANSITORIO 9°. Acceso a medios de comunicación. Cuando se utilicen medios
.de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético, las campañas únicamente podrán
utilizar los espacios gratuitos otorgados por el Estado. Para ello, la autoridad electoral reglamentará
la asignación de espacios gratuitos en les medios de comunicación social regional que hagan uso
del espectro electromagnético, sin perjuicio de que puedan ampliarse en caso de que se creen
espacios en nuevos medios de comunicación. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y la Autoridad Nacional de Televisión señalarán los espacios de que se puede
disponer. Tal distribución se hará conforme a las normas electorales vigentes.
15
En el expediente 2022-00066-00.
16
Auto del 14 de julio del 2022, en cual, el ponente de esta decisión salvó su voto.
17
2022-00071-00.
18
Para ver los antecedentes y lo surtido en el trámite de las recusaciones, ver el auto del 2 de
noviembre del 2023 que decidió la aclaración y solicitud de revocatoria contra la medida cautelar
decretada.
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5.1. John Freddy Núñez Ramos (demandado)
38. Por medio de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de los demandantes, en síntesis, con los siguientes argumentoss.
39. Refirió que la finalidad de las CITREP, creadas en el Acuerdo de Paz, es
darles participación efectiva a las víctimas del conflicto armado, excluyendo la
posibilidad de que quienes hacen parte de los movimientos tradicionales puedan
ocupar una de estas curules.
• Sobre la presunta violación del parágrafo 2° del artículo transitorio 5° del
Acto Legislativo 02 del 2021.
40. Se pronunció respecto de los debates que cursaron en el Congreso de la
República, relacionados con la prohibición que se endilga en su contra y aclaró que
esa norma busca restringir la participación de las personas que han hecho parte de
los partidos tradicionales y con representación en el Congreso de la República, pero
no respecto de otros aspirantes, como los que fueron candidatos de colectividades
que perdieron la personería jurídica.
41. En este punto, manifestó que sería contrario a la interpretación restrictiva de
las inhabilidades y el principio pro homine19, que se pretenda imponer una carga a
quienes fueron candidatos de partidos que perdieron su personería jurídica, distinto
a como ocurre con aquellos que hicieron lo propio por partidos tradicionales que aún
tienen representación en el Congreso de la República.
42. Así, expuso que la redacción actual del parágrafo 2° del artículo transitorio 5°
del Acto Legislativo 02 del 2021 debe interpretarse de una manera en la que se
entienda que contiene una oración, separada por comas, compuesta por un sujeto
y un predicado:
PARÁGRAFO 2. No podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido
candidatos elegidos o no a cargos públicos, con el aval de partidos o movimientos
políticos con representación en el Congreso o con personería jurídica, o quienes lo
hayan sido por un partido político cuya personería jurídica se haya perdido, dentro de
los cinco años anteriores a la fecha de la inscripción, o hayan hecho parte de las
direcciones de estos, durante el último año.
43. Bajo ese entendido, indicó que la prohibición de ocupar las curules especiales
para las víctimas se dirige a quienes «fueron candidatos elegidos o no», de partidos
con o sin personería jurídica y esto debe complementarse con el aspecto temporal
19
Principio en virtud del cual, se ha de acudir a la norma más amplia o a la interpretación más
extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y, a la inversa, a la norma o a la
interpretación más restringida, cuando se trate de establecer límites al ejercicio de los mismos.
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de la norma, el cual indica que ello aplica en los cinco (5) años anteriores a la fecha
de inscripción de la respectiva candidatura.
44. Por eso, en su criterio, no se puede interpretar que los cinco (5) años deban
contarse respecto de la fecha en la cual el partido pierde la personería jurídica, pues
esto supondría aplicar este extremo temporal al aspecto modal de la norma, pero
no al sujeto, que es indistinto al hablar de «candidatos elegidos o no».
45. Agregó que aducir que los cinco (5) años están dirigidos al partido político,
sería dejar en la incertidumbre y en el limbo a quien en algún momento perteneció
a cualquier colectividad, pues no se sabría cuándo se configuraría la prohibición.
46. Señaló que el militante no podría tener certeza del momento en que el partido
político perdería la personería jurídica, «cuestión más gravosa aún si el militante ya
ni siquiera pertenece a ese partido político, pero aun así tendrá que cargar con una
inhabilidad por haber pertenecido en algún momento a esa colectividad».
47. Por tanto, adujo que tal situación desemboca en una inhabilidad atemporal,
la cual está prohibida por el ordenamiento jurídico constitucional.
48. Al respecto manifestó que, cuando se hizo la publicación del Acto Legislativo
02 del 2021, hubo un error y se insertó un punto y coma al final de la expresión «con
representación en el congreso o con personería jurídica». Sin embargo, mediante
fe de erratas, se corrigió y la disposición separó su contenido con comas.
49. Por tal motivo, mencionó que la RNEC tomó la primera versión del texto y
expidió la Resolución 10592 del 2021, que contenía la separación con punto y coma,
sin reparar en la corrección que se realizó con posterioridad, que escindió el
contenido de la norma con comas.
50. También indicó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-889 del 2022,
analizó la exequibilidad del Acto Legislativo 02 del 2021; aprobó el texto con la
separación por comas y afirmó que esa es la versión que debe estudiar la Sala para
resolver este asunto.
51. Lo anterior, a su juicio, permite concluir que como la oración de la norma está
separada por comas, implica que lo que se incluye en ella es una explicación o
complemento del sujeto que es afectado con la inhabilidad, pero de ninguna manera
significa que deba aplicarse el elemento temporal a un complemento, esto es, el
momento en que el partido pierde su personería jurídica.
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52. Hizo referencia al concepto rendido por la Procuraduría General de la Nación,
rendido en la nulidad por inconstitucionalidad Rad. 2021-00072, en el cual, se siguió
este mismo criterio.
53. Puso de presente que el CNE ha considerado que la norma no puede hacer
una distinción entre los candidatos que hicieron parte de partidos con personería
jurídica y de aquellos que lo fueron de colectividades que la perdieron20.
54. En este orden, manifestó que esa autoridad electoral ha concluido que la
norma debe interpretarse, así:
No podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido candidatos elegidos o
no a cargos públicos, con el aval de partidos políticos cuya personería jurídica se haya
perdido, siempre y cuando dicha inscripción de candidatura se haya hecho dentro de
los cinco años anteriores a la fecha de la inscripción, o hayan hecho parte de las
direcciones de estos, durante el último año.
55. Así las cosas, manifestó que aspiró, en 2015, a la Asamblea del Caquetá por
el Partido «PIN» y renunció a la militancia de dicha colectividad en el año 2016.
Entonces, como su inscripción para las curules de víctimas data del 13 de
noviembre del 2021, es lo procedente concluir que no se encuentra dentro del
ámbito temporal de la prohibición, porque desde que ostentó la calidad de candidato
del partido transcurrieron más de cinco años.
56. En el expediente 2022-00107, manifestó que la demanda implica temeridad
y mala fe porque él es víctima de violencia y que, incluso, su esposa, Liliana Polanía
Cabrera, perdió la vida a manos de la guerrilla de las FARC.
57. Además, puso de presente que ha participado activamente en reuniones
convocadas por CONPAZ y la mesa nacional de víctimas, lo que quiere decir que
ha desplegado una actitud que permite verificar su interés en proteger a los
afectados por el conflicto armado.
58. Adujo que, en caso de que exista duda sobre la aplicación e interpretación
de la norma, esta debe resolverse a su favor, tal como se hizo en el caso de pérdida
de investidura del señor Juan Camilo Corrales Saleme21.
20
«Así las cosas, NO existe una justificación razonable que permita inferir que los candidatos
inscritos, elegidos o no a cargos públicos, por partidos políticos que hayan perdido su personería
jurídica, deban recibir un tratamiento distinto y diferenciado de aquellos que fueron inscritos por un
Partido con personería jurídica vigente o por partidos o movimientos con representación en el
Congreso de la República. Aceptar un trato diferenciado en este aspecto acarrearía sin duda una
discriminación negativa en contra de quienes hayan pertenecido a partidos que perdieron su
personería jurídica (…)». Consulta del magistrado César Augusto Abreo Méndez del 29 de octubre
del 2021.
21
Expediente 2015-489-01, sentencia de 3 de noviembre de 2016.
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10
Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
representante a la cámara por la circunscripción especial de
paz núm 5 (CITREP 5)
Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2022-00107-00
59. Manifestó que en dicho antecedente, la Corporación dejó a salvo la
investidura del congresista pese a haber participado, durante el término de la
prohibición, en una operación de donación de un terreno de su propiedad a la
Universidad de Cartagena.
60. Así, indicó que en esa oportunidad el Consejo de Estado concluyó que, como
existía duda sobre la naturaleza jurídica de la figura de la donación, la interpretación
que debía prevalecer es la restrictiva, esto es, la que apunta a considerar que es un
acto jurídico mas no un contrato, toda vez que así se garantiza el carácter restrictivo
de la interpretación para efectos de asegurar las garantías del demandado en el
juicio de pérdida de investidura.
61. Para sustentar estos argumentos, propuso la excepción de mérito que
denominó «INEXISENCIA DE ILEGALIDAD O IRREGULARIDAD ALGUNA EN EL
PROCESO DE ELECCIÓN CIRCUNSCRIPCIONES TRANSITORIAS
ESPECIALES DE PAZ (CITREP) 5», con fundamento en los argumentos
expuestos.
• Sobre su condición de directivo en el partido Opción Ciudadana en el año
anterior a la inscripción de la candidatura
62. Manifestó que, en efecto, fue directivo del entonces partido Opción
Ciudadana, pero que renunció a dicha militancia en el año 2016 en una primera
oportunidad. Sin embargo, como seguía siendo invitado a las reuniones, dispuso
volver a renunciar el 12 de junio del 2018, para dedicarse a proyectos personales y
laborales.
63. En ese sentido, alegó que no está incurso dentro del límite temporal de un
año que establece el Acto Legislativo 02 del 2021, pues el partido Opción Ciudadana
no cuenta con personería jurídica desde el 2018.
• Sobre la presunta incursión en la inhabilidad del artículo 179.3 de la
Constitución Política, por haber celebrado contrato con un municipio que
hace parte de la CITREP 5.
64. Indicó que no incurrió en la celebración de contratos con entidad pública,
pues el contrato de obra pública 009 del 2019, que alega el demandante, no fue
firmado por él, sino por el representante legal de la Unión Temporal Vías Para La
Paz 2020 y, además, precisó que la inhabilidad no aplica para la ejecución de los
contratos, sino por su suscripción.
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11
Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
representante a la cámara por la circunscripción especial de
paz núm 5 (CITREP 5)
Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2022-00107-00
65. Agregó que la inhabilidad también se configura si existe intervención en la
celebración de contratos, pero ello no incluye su ejecución. Por tanto, el lapso
temporal de seis meses de la prohibición aplica para su suscripción o firma, pero de
ninguna manera para su ejecución ni liquidación.
• Sobre la presunta realización de alianzas políticas y el uso de emisoras
para promocionar su campaña política.
66. Afirmó que el demandante no aportó prueba que acreditara que hizo
campañas conjuntas, en especial, con el gobernador del departamento del Caquetá.
Así, narró los distintos lugares que recorrió, en los que no hubo apoyo conjunto y,
adicionalmente, manifestó que no tuvo contacto con el mencionado político y que
no asistió al municipio de Solano.
67. Igualmente, alegó que no hizo alianza o acuerdo político, en los términos del
parágrafo 3° del artículo 7° de la Resolución 10592 del 2021 de la RNEC22.
68. Finalmente, consideró que no vulneró el artículo 9º transitorio del Acto
Legislativo 02 del 202123 y que aportó al proceso certificación del gerente de la
emisora Linda Estéreo 95.1, en la cual consta que no hubo ninguna relación
contractual con el demandado, en su condición de candidato para las curules de
paz.
69. El demandado, al contestar la demanda24, manifestó que interponía la
excepción de inepta demanda porque en el escrito inicial no se incluyó un acápite
de concepto de la violación. Por tanto, indicó que no existe claridad sobre los
fundamentos que invoca porque se limitó a exponer las normas de manera general,
sin concretar en qué medida fueron vulneradas.
5.2. Consejo Nacional Electoral (CNE)
22
Parágrafo 3°. Los candidatos y las listas que se postulen para las Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz para la Cámara de Representantes no se podrán inscribir en coalición ni realizar
alianzas o acuerdos con los candidatos o las listas inscritas para las circunscripciones ordinarias, ni
especiales para la Cámara de Representantes. La violación de esta regla generará la pérdida de la
curul en caso de resultar electos a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz.
23
ARTÍCULO TRANSITORIO 9°. Acceso a medios de comunicación. Cuando se utilicen medios .de
comunicación que hagan uso del espectro electromagnético, las campañas únicamente podrán
utilizar los espacios gratuitos otorgados por el Estado. Para ello, la autoridad electoral reglamentará
la asignación de espacios gratuitos en les medios de comunicación social regional que hagan uso
del espectro electromagnético, sin perjuicio de que puedan ampliarse en caso de que se creen
espacios en nuevos medios de comunicación.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Autoridad Nacional de
Televisión señalarán los espacios de que se puede disponer. Tal distribución se hará conforme a las
normas electorales vigentes.
24
En el expediente 2022-00066-00.
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Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
representante a la cámara por la circunscripción especial de
paz núm 5 (CITREP 5)
Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2022-00107-00
70. Por medio de representante, se opuso a las pretensiones de las demandas y
afirmó que el demandado no se encuentra inhabilitado.
71. Luego de exponer las competencias del CNE, indicó que según el parágrafo
2º del artículo 5º transitorio del Acto Legislativo 01 del 2021, no podían aspirar a la
cámara por la circunscripción especial de paz, quienes hubieran sido candidatos,
elegidos o no, en los cinco (5) años anteriores a la inscripción por: i) partidos
políticos cuya personería se haya perdido y; ii) partidos políticos con representación
en el congreso o con personería jurídica.
72. En ese orden, manifestó que cuando analizó la revocatoria de la inscripción
de la candidatura del demandado, no encontró prueba en la que se comprobara que
el demandado fue candidato de un partido cuya personería se hubiera perdido
durante los cinco (5) años anteriores a la inscripción.
73. Adujo que, aunque el demandado sí fue candidato en los años 2010, 2011 y
2015, este último año, por el partido Opción Ciudadana, lo cierto es que no tuvo esa
condición en los cinco (5) años anteriores a la inscripción de su candidatura por la
circunscripción especial de paz.
74. En consecuencia, consideró que el demandado no incurrió en la inhabilidad
alegada, porque no se puede hacer una distinción entre los candidatos que fueron
de un partido con personería y actual representación, de los que tuvieron esa
condición, pero de colectividades que perdieron su personería.
75. Finalmente, precisó que, aunque Opción Ciudadana perdió la personería
jurídica ello no implica que el demandado hubiera incurrido en la inhabilidad que se
le endilga, porque él fue candidato antes de los cinco (5) años que consagra la
norma.
5.3. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)
76. Su representante judicial manifestó que la RNEC no es sujeto procesal para
pronunciarse sobre las pretensiones de las demandas, por lo que solicitó que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.
77. Adujo que dentro de sus competencias no se incluyó la de declarar
elecciones ni la de realizar escrutinios, pues ello fue atribuido a otras autoridades
(CNE y comisiones escrutadoras). Además, manifestó que no es quien revisa los
requisitos de los candidatos en las elecciones, pues eso le corresponde a las
colectividades que los avalan y al CNE.
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Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
representante a la cámara por la circunscripción especial de
paz núm 5 (CITREP 5)
Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2022-00107-00
78. Además, propuso la excepción genérica, para que, si el despacho
encuentra configurada alguna que no se haya propuesto, la decrete de oficio.
5.4. Intervención de terceros
5.4.1. Los coadyuvantes
79. Las siguientes personas, presentaron argumentos similares a los de las
demandas, y manifestaron que apoyaban la declaratoria de nulidad del acto
demandado: i) María Paula Figueroa Bayona25; ii) Juan José Sánchez Tapiero26; iii)
Blanca Nubia Cunacue Noreña27; iv) Luz Mary Cundumi Copete28; v) Elda Yaneth
Martínez29; vi) Carlos Armin Hurtado Toro30; vii) Pedro Torres31; viii) Yeniver
Valderrama Cárdenas32; ix) Teresita Hinestroza Serna33; x) José Norvey Caro
Duque34 y; xi) Luz Mery Panche 35.
5.4.2. Los impugnadores
80. Por su parte, se opusieron a las pretensiones de la demanda y manifestaron
su apoyo al demandado36.: i) Hanner Fernando Cabrera Bravo37; ii) María Astrid
Rocha38; iii) Belcy Castaño Motta39; iv) Gonzálo Lombana Ortiz40; v) Edward García
Vélez41; vi) Mayuri Cruz Noguera42 y; vii) Asociación Igualdad Social VIC43.
6. Trámite posterior
81. En auto del 15 de noviembre del 2023 se decretó la acumulación de
procesos. Una vez realizado el sorteo, su conocimiento le correspondió al suscrito
magistrado ponente.
25
Como se puede apreciar en el índice 67 de Samai y en varias ocasiones mientras el proceso se
encontraba en la Sección Primera, para resolver las recusaciones formuladas contra los magistrados
de la Sección.
26
Índice 197 Samai.
27
Índice 300 Samai.
28
Índice 96 Samai.
29
Ibidem.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
Ibidem.
33
Índices 141, 156 y 157 Samai.
34
Ibidem.
35
Índices 141, 156 y 157 Samai.
36
Algunas de ellas formularon recusaciones contra los magistrados de esta Sección, que ya fueron
resueltas
37
Índice 44 Samai.
38
Índice 152 Samai.
39
Índices 168 y 220 Samai.
40
Índice 174 Samai y otras.
41
Índice 276 Samai.
42
Índice 283 Samai.
43
Índice 51 Samai, expediente 2022-00107.
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Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
representante a la cámara por la circunscripción especial de
paz núm 5 (CITREP 5)
Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2022-00107-00
82. En providencia del 14 de diciembre del 2023, el despacho dispuso el trámite
de sentencia anticipada; declaró la falta de legitimación en la causa de la RNEC;
declaró no probada la excepción de inepta demanda formulada por el demandado;
decretó las pruebas aportadas con la demanda y las contestaciones; negó otras
solicitadas y ordenó oficiar al municipio de Valparaíso, Caquetá y a los partidos
Conservador y Polo Democrático para que allegaran unos documentos44.
83. Además, en dicha providencia se fijó el litigio, en el cual se establecieron los
problemas jurídicos a resolver y que se expondrán más adelante en esta
providencia.
84. El alcalde del municipio de Valparaíso45, la Secretaria Jurídica del Partido
Conservador46 y el representante legal del Polo Democrático47, aportaron los
documentos que fueron solicitados en la providencia mencionada.
85. Efectuado el traslado de los medios de convicción, la demandante Sandra
Milena García Penna se limitó a informar un correo electrónico desde el cual
enviaría las intervenciones en el proceso, y manifestó que no autorizaba ninguna
actuación que no se realizara desde dicha dirección electrónica. Se recalca que no
hizo ningún pronunciamiento de las pruebas aportadas48.
86. Por su parte, el Secretario General de la Cámara de Representantes allegó
copia de la Resolución 1056 del 15 de diciembre del 202349, por medio de la cual la
Mesa Directiva de dicha corporación suspendió provisionalmente la función de
congresista del demandado y declaró la vacancia temporal de la curul, en
cumplimiento de la medida cautelar decretada por esta Sección.
44
Se ofició al municipio de Valparaíso para que aportara los antecedentes que obren en sus
archivos de la licitación pública LPV 003 de 2019 y certifique, con fechas precisas, cuál fue la
participación del demandado en ese trámite.
También se ofició a los presidentes de los partidos Conservador y Polo Democrático, el primero
en el cual milita el gobernador de Caquetá (Arnulfo Gasca Trujillo) y el segundo el alcalde de
Montañita (Federico Alvis Trujillo), para que certificaran si las colectividades que presiden, por su
conducto o el de alguna de sus regionales, suscribieron algún acuerdo, coalición o alianza con Jhon
Fredy Nuñez Ramos, durante su campaña para las elecciones como representante a la Cámara por
la Circunscripción Transitoria Especial para la Paz número 5 (CITREP 5), periodo 2022-2026.
45
Índice 65 Samai.
46
Índice 63 Samai.
47
Índice 66 Samai.
48
Índice 68 Samai.
49
Índice 62 Samai.
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Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
representante a la cámara por la circunscripción especial de
paz núm 5 (CITREP 5)
Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2022-00107-00
7. Alegatos de conclusión
7.1. Demandado50
87. Por medio de su apoderado, insistió en que el acto demandado debe
conservar su presunción de legalidad.
88. Puso de presente que, en materia de inhabilidades, la interpretación que
realice el juzgador debe ser rigurosa y no puede implicar el menoscabo de garantías
constitucionales como el derecho a elegir y ser elegido, así como la seguridad
jurídica, máxime en este escenario, donde se debate la participación política de
personas con calidad de víctima.
89. Por tanto, manifestó que la inhabilidad enrostrada al demandado debe tener
una interpretación acorde a la finalidad de la CITREP, que es dotar a las víctimas
de la posibilidad de participar en el escenario político.
90. Bajo ese entendido, consideró que el parágrafo 2º del artículo 5º transitorio
del Acto Legislativo 02 del 2021, debe ser interpretado de la tal manera que se
entienda que aplica a las personas que «fueron candidatos elegidos o no», en los 5
años anteriores a la fecha de inscripción, por partidos que perdieron su personería
jurídica.
91. Es decir, que la mencionada prohibición no aplicaría al demandado, porque
él no fue candidato en los 5 años anteriores a su inscripción a la CITREP, ya que
ello ocurrió en el año 2015, es decir, por fuera del marco temporal de la norma
constitucional.
92. Enfatizó que interpretar que el término de los 5 años debe contarse desde la
fecha de la pérdida de la personería jurídica del partido, significa imponer la
incertidumbre al miembro de la colectividad, pues no sabe si ocurriría ese hecho y
mucho menos cuándo.
93. Lo anterior es más evidente si se tiene en cuenta que el demandado presentó
su renuncia al partido Opción Ciudadana en el año 2016 y dejó de pertenecer a esa
colectividad a partir de esa fecha y luego se inscribió su candidatura a la CITREP el
13 de noviembre del 2021. Por tanto, resulta violatorio de sus derechos que se le
impida ocupar su curul, por el hecho de que esa colectividad perdió la personería
en el año 2018, cuando él no hacía parte de esta.
50
Índice 81 Samai.
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Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
representante a la cámara por la circunscripción especial de
paz núm 5 (CITREP 5)
Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2022-00107-00
94. En ese orden, puso de presente que la norma constitucional contiene un
sujeto, que lo conforma aquellos que «fueron candidatos elegidos o no» y es ese el
elemento sobre el cual debe correr el lapso temporal de los 5 años, sin que deba
entenderse que esto aplica para la fecha de la pérdida de personería del partido,
porque supone dejar a la deriva su posibilidad de participación política.
95. Por tanto, precisó que la inhabilidad debe ser entendida, de tal manera que
se le impida participar a las CITREP a los que fueron candidatos, elegidos o no, por
i) partidos políticos que hubieran perdido la personería jurídica y ii) que tengan
participación en el congreso o reconocimiento legal. Es decir, lo que configura la
inhabilidad es la situación de haber sido candidato elegido o no, pero de ninguna
manera el hecho de la eliminación de la personería de la colectividad.
96. Manifestó que la sentencia C-302 del 2023 declaró inexequible el Decreto
Ley 1207 del 2021 que contiene la inhabilidad y que la Corte Constitucional
manifestó que ese fallo tendría efectos a futuro, es decir, que protege las elecciones
que se llevaron a cabo en el año 2022, y, por tanto, consideró que la voluntad
democrática que lo eligió como representante de las víctimas, debe mantenerse.
97. Agregó que la declaratoria de nulidad de su elección significaría una
revictimización a su condición de víctima, máxime cuando la sentencia SU-150 del
2021 ha manifestado que los afectados con la violencia tienen una ciudadanía
precaria e incompleta y, por tanto, las CITREP son un esquema que permite al
demandado ejercer sus derechos a elegir y ser elegido, con la posibilidad de
participar en los asuntos públicos y gubernamentales. Por tanto, bajo la
interpretación errada de los demandantes, dicha posibilidad sería nugatoria de esas
garantías
98. En todo caso, puso de presente que las CITREP son un aspecto novedoso
en el ordenamiento jurídico, por lo que, dada esa circunstancia, solicitó que la
Sección dicte un fallo de carácter pedagógico en el que se construya una posición
sobre el entendimiento de estas circunscripciones especiales, pero que no afecten
la elección del demandado.
99. Sobre el cargo referido a la inhabilidad por haber sido directivo del partido
Opción Ciudadana, puso de presente que en el expediente está acreditado que el
demandado presentó renuncia a esa colectividad en octubre del 2016 y, en
consecuencia, no le aplica esa prohibición, ya que no ostentó esa calidad en el año
anterior a su inscripción.
100. Adujo que tampoco se configuró la inhabilidad del artículo 179.3 de la
Constitución Política, pues el accionado no suscribió contrato con el municipio de
Valparaíso, ni realizó gestiones de negocios 6 meses antes de la inscripción. En
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Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2022-00107-00
todo caso, puso de presente que, según lo ha dicho esta Sección, la inhabilidad no
aplica para la etapa de ejecución del contrato.
101. Finalmente, indicó que, según las pruebas obrantes en el plenario, es
evidente que el demandado no hizo alianzas, coaliciones o acuerdos con candidatos
o listas para las circunscripciones ordinarias de la cámara, según lo certificaron los
partidos Conservador y Polo Democrático, motivo por el cual dicho cargo no tiene
vocación de prosperidad.
102. Igual ocurre respecto del presunto uso del espacio electromagnético para
promocionar su campaña, pues la emisora Linda Estéreo 95.1 F.M certificó que no
había suscrito ningún acuerdo con ese fin con el demandado.
7.2. Demandante Sandra Milena García Penna51
103. En nombre propio, solicitó que se declare la nulidad del acto acusado, para
lo cual se remitió a los argumentos de la Sala en la providencia que decretó la
medida cautelar.
104. Manifestó que, aunque la norma haya sido modificada por la fe de erratas, lo
cierto es que, la inhabilidad del parágrafo 2º del artículo 5º transitorio del Acto
Legislativo 02 del 2021 no fue modificada. Por tanto, pidió a la Sección que
mantuviera la interpretación que hizo al decretar la medida cautelar.
105. Afirmó que, en caso de no acoger y sostener la interpretación dada, ello
significaría la posibilidad de endilgar a la sentencia el vicio de procedibilidad de
violación directa de la Constitución Política, ya que la inhabilidad que se estudia no
puede perder su atributo útil y de eficacia.
106. Finalmente, solicitó que, una vez declarada la nulidad del acto acusado, se
procediera a anular los votos obtenidos por la lista Fundación Igualdad Social, de
conformidad con el artículo 275.4 del CPACA, tal como ocurrió en la acción de tutela
47001-22-05-000-2023-00340-00, que decidió el caso de Jorge Luis Agudelo
Apreza a la alcaldía de Santa Marta.
107. Adujo que, en esa sentencia, se dispuso configurar una inhabilidad al señor
Luis Agudelo Apreza, para ser candidato a alcalde de Santa Marta, y, en
consecuencia, dejó sin efectos la votación que obtuvo dichas elecciones. Por tanto,
solicitó que se procediera del mismo modo en este asunto.
108. Así, como consecuencia de la anulación de los votos de la lista, pidió que ella
fuera la llamada a ocupar la curul del demandado y no la señora Blanca Nubia
51
Índice 73 Samai.
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Cunacue Noreña, que conformó la lista junto al demandado por Fundación Igualdad
Social.
109. Afirmó que ella debe ser la llamada a reemplazar al demandado, una vez
declarada la nulidad del acto acusado, porque fue la que activó el aparato
jurisdiccional, con miras a verificar la legalidad de la elección acusada, distinto al
actuar de la señora Blanca Nubia Cunacue Noreña, que no es demandante en este
proceso.
7.3. Impugnadores52
110. La Sala agrupa los argumentos de los terceros impugnadores de la siguiente
manera:
111. Consideraron que según la sentencia SU-150 del 2021, las inhabilidades
para el acceso a los cargos públicos deben ser razonables y proporcionales. Sin
embargo, en el presente caso, esto no se cumple con la interpretación que hizo la
Sala en la providencia que decretó la suspensión provisional del acto acusado.
112. Indicaron que, según esta Sección, así el demandado hubiera sido candidato
hace quince (15) o veinte (20) años antes del partido Opción Ciudadana, por el
simple hecho de que esta colectividad haya perdido la personería en el 2018, lo
hace incurrir en la inhabilidad. Esto incluso si el accionado renunció a la militancia
de esa agrupación en el 2016.
113. De igual forma, lo mismo ocurriría si el accionado se hubiera presentado en
el año 2015 como candidato de un partido representativo como lo es el Liberal y
luego renuncia en el 2016. En ese orden, como ese partido no ha perdido la
personería jurídica, implicaría que no está incurso en la prohibición.
114. Por tanto, se debe tener en cuenta que la inhabilidad bajo estudio tiene un
sujeto y aplica para aquellos que «fueron candidatos elegidos o no» de partidos: i)
con representación en el congreso; ii) con personería jurídica y iii) que hayan
perdido su personería jurídica.
115. Así, el lapso temporal de los 5 años debe contarse desde el momento en que
la persona fue candidata de colectividades que cumplen los supuestos de la norma,
pero no desde que la agrupación perdió la personería jurídica, pues ello significaría
tener una inhabilidad sin límite de tiempo.
52
Se pronunciaron Gonzalo Lombana Ortiz (índice 71 Samai); Belcy Castaño Motta (índice 72
Samai); María Astrid Rocha (índice 76 Samai); la Asociación Igualdad Social VIC (índice 77 Samai);
Edward García Vélez (índice 78 Samai).
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Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
representante a la cámara por la circunscripción especial de
paz núm 5 (CITREP 5)
Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2022-00107-00
116. Por eso, como la última candidatura del demandado fue el 25 de octubre del
2015 y su inscripción a las CITREP se hizo en diciembre del 2021, es lo cierto que
habían transcurrido más de 5 años que dispone la norma y, por tanto, no le aplica
la inhabilidad.
117. Indicaron que en la misma norma no se puede desprender un tratamiento
diferente para quienes fueron candidatos de partidos con personería y con
representación en el congreso, y, por otro lado, para los que lo hicieron por
colectividades que perdieron su personería jurídica.
118. Manifestaron que el CNE y la Procuraduría General de la Nación - al dar
concepto en la demanda de nulidad contra la Resolución 10592 del 28 de
septiembre del 2021 que conoció esta Sala -, consideraron que ese tratamiento
diferencial no es admisible y, por tanto, el lapso temporal de los 5 años se cuenta
desde que la persona fue candidata, pero no desde que la colectividad perdió la
personería jurídica.
119. Reprocharon que el artículo 107 de la Constitución Política, así como el 2º de
la Ley 1475 del 2011 disponga la posibilidad a los directivos y a militantes de
partidos políticos de poder renunciar doce (12) meses antes de inscribirse por otra
colectividad, pero a los representantes de las víctimas se les imponga una
inhabilidad sin ningún límite temporal, sometido a la ocurrencia de la pérdida de la
personería jurídica.
120. Igualmente, pusieron de presente que la Sala ha estudiado inhabilidades
similares, como lo son las de los artículos 179.2 y 179.3 de la Constitución Política,
en donde se ha considerado que la separación por comas de los supuestos que
contienen se aplica al sujeto de la inhabilidad, pero no a su aspecto modal, motivo
por el cual, aducen que esas consideraciones son aplicables al asunto.
121. Con todo, manifestaron que en este asunto se está revictimizando al
demandado, pues la interpretación errónea de la Sala le impide hacerse parte de
las actuaciones políticas en representación de los afectados por la violencia,
incumpliendo con ello la finalidad del Acuerdo de Paz.
122. Lo anterior es más evidente si se atiende al hecho de que la Corte
Constitucional, en sentencia C-302 del 2023, declaró la inexequibilidad del Decreto
Ley 1207 del 2021, porque el gobierno desbordó su facultad reglamentaria y esa fue
una norma determinante para decretar la suspensión provisional en este asunto.
123. Por lo anterior, al desaparecer ese cuerpo legal del ordenamiento jurídico, es
evidente que el entendimiento de la norma no puede suponer una violación al
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Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
representante a la cámara por la circunscripción especial de
paz núm 5 (CITREP 5)
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derecho a elegir y ser elegido del demandado, como lo hizo la Sala en el auto que
decidió la cautelar.
124. Además, indicaron que en el auto que resolvió la cautelar del 14 de julio del
2022 y el que decidió la reposición del 18 de agosto del mismo año, contienen
razones distintas y contradictorias, pues en el primero se dijo que la norma había
tenido una separación de punto y coma (;), mientras que en el segundo sí se refirió
solo a la separación por comas (,), llegando a la misma conclusión.
125. Por lo expuesto, y aun teniendo en cuenta que la norma puede tener diversas
interpretaciones, solicitan que se tenga en cuenta el principio pro homine y no se le
impida al demandado continuar ejerciendo su representación a las víctimas.
126. Respecto de los demás cargos de la demanda, se refirieron en los mismos
términos que el demandado, en el sentido de que las pruebas que obran en el
plenario no conllevan a su prosperidad.
7.4. Coadyuvante Blanca Nubia Cunacue Noreña53
127. Por medio de apoderado, solicitó que la Sección mantenga la posición que
asumió en la providencia que decretó la medida cautelar, en tanto se encuentran
configurados los elementos de la inhabilidad del parágrafo 2° del artículo 5°
transitorio del Acto Legislativo 02 del 2021.
128. Además, manifestó que no le asiste razón a la demandante al solicitar que
sea la llamada a ocupar curul, pues esa no fue una petición que se haya presentado
en la demanda. Igualmente, puso de presente que no se puede desconocer la
votación que obtuvo la lista Fundación Igualdad Social y menos aún, extender la
inhabilidad del demandado a los integrantes de la lista (conformada solo por ella).
129. Por tanto, consideró que una vez la Sección declare la nulidad del acto de
elección, será la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes la que declare la
vacancia definitiva de la curul y aplique el artículo 134 de la Constitución Política,
sin que la calidad de la señora Sandra Milena García Penna sea una determinante
para proveer la curul.
8. Concepto del Ministerio Público54
130. La Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado consideró que
debe declararse la nulidad del acto acusado.
53
Índice 75 Samai.
54
Índice 74 Samai.
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Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
representante a la cámara por la circunscripción especial de
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131. Indicó que están dados los elementos de la inhabilidad del parágrafo 2° del
artículo 5° transitorio del Acto Legislativo 02 del 2021, porque fue candidato de un
partido que perdió su personería jurídica cinco (5) años antes de la inscripción, tal
como lo afirmó la Sala al decretar la suspensión provisional del acto acusado.
132. Respecto de los demás cargos de las demandas, mencionó que no se
encuentran acreditados, porque no existen medios de convicción que acrediten que
el demandado hizo alianzas con otros partidos de la circunscripción ordinaria de la
cámara o que utilizó el espacio electromagnético para difundir su campaña.
133. Además, como el partido Opción Ciudadana perdió personería en el 2018,
tampoco se encuentra probado el supuesto de la inhabilidad del parágrafo 2° del
artículo 5° transitorio del Acto Legislativo 02 del 2021, ya que no se acreditó que el
demandado fuera directivo de dicha colectividad en el año anterior a la inscripción
como candidato a la CITREP 5.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
134. De conformidad con el artículo 149.3 del CPACA55, así como también el
Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Corporación es competente para conocer en única instancia del presente asunto,
dado que se trata la nulidad de la elección de un representante a la cámara.
2. Acto demandado
135. Corresponde al formulario el E-26-CTP de la Comisión Escrutadora General
de la CITREP 5 Caquetá, en cuanto a la elección John Fredy Núñez Ramos, como
representante de dicha circunscripción especial.
3. Problemas jurídicos
136. De conformidad con la fijación del litigio, la Sala resolverá los siguientes
interrogantes:
a. ¿El demandado incurrió en la prohibición del parágrafo 2° del artículo
transitorio 5° del Acto Legislativo 02 del 2021 porque fue candidato de un
55
Artículo 149. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado,
en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o
salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en
única instancia de los siguientes asuntos:
(…)
3. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, del Presidente
y Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los Representantes a la Cámara (...).
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partido político que perdió su personería en los cinco años anteriores a su
inscripción como candidato a la CITREP 5?
b. ¿El demandado incurrió en la prohibición del parágrafo 2° del artículo
transitorio 5° del Acto Legislativo 02 del 2021 por haber sido directivo del
partido Opción Ciudadana?
c. ¿La elección del demandado vulneró el inciso 4° del artículo 6° transitorio
del Acto Legislativo 02 del 2021 por haber hecho presuntamente campaña
junto al gobernador del Caquetá y otros funcionarios, además, por haber
recibido apoyo de otros políticos del departamento?
d. ¿El demandado incurrió en la inhabilidad del artículo 179.3 de la
Constitución Política por haber participado en el trámite de la licitación LPV
003 de 2019 adelantada por el municipio de Valparaíso, Caquetá?
e. ¿La elección acusada violó el artículo 9° del Acto Legislativo 02 del 2021
porque el señor Jhon Fredy Núñez Ramos, presuntamente, utilizó una emisora
de radio del departamento para promocionar su campaña a la CITREP 5?
137. Para resolverlos, la Sala se referirá a i) las circunscripciones especiales de
paz (CITREP) en el ordenamiento jurídico colombiano; ii) el concepto, la finalidad e
interpretación de las inhabilidades; iii) solución a los problemas jurídicos en el caso
concreto.
4. Las circunscripciones especiales de paz (CITREP), en el ordenamiento
jurídico colombiano. Reiteración de jurisprudencia56.
138. El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, suscrito entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las
FARC, incluyó dentro de sus ejes temáticos lo correspondiente a la participación
política (componente No. 2), señalando que
[l]a construcción y consolidación de la paz, en el marco del fin del conflicto,
requiere de una ampliación democrática que permita que surjan nuevas fuerzas
en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación alrededor de
los grandes problemas nacionales y, de esa manera, fortalecer el pluralismo y por
tanto la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, con
las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Es importante
ampliar y cualificar la democracia como condición para lograr bases sólidas para
forjar la paz.
56
Se hará referencia a las consideraciones del caso del proceso 11001-03-28-000-2022-00036-00,
en el que se analizó la nulidad del acto de elección de Jorge Rodrigo Tovar Vélez. MP. Rocío Araújo
Oñate.
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139. Desde esta perspectiva, el mismo documento refiere que para el logro de dichos
objetivos, es necesario que los territorios más afectados por el conflicto y el abandono,
en una fase de transición, tengan una mayor representación en el Congreso de la
República para asegurar la inclusión política de aquellos y de sus poblaciones, así
como la representación de sus intereses57.
140. Con fundamento en lo anterior, el punto 2.3.658 del Acuerdo de la Habana
consagró el compromiso del Gobierno Nacional en la creación de dieciséis (16)
circunscripciones especiales transitorias de paz, para la elección de igual número de
integrantes en la Cámara de Representantes. Del contenido de lo allí plasmado,
pueden extraerse los siguientes elementos característicos:
(i) Se establecerán reglas especiales para la inscripción de candidatos (as) y su
posterior elección.
(ii) Las campañas contarán con financiación especial y acceso a medios de
comunicación regionales.
(iii) Se fijarán mecanismos de acompañamiento para asegurar la transparencia del
proceso electoral y la libertad del voto del electorado.
(iv) Quienes aspiren a ocupar una curul, serán personas que «habiten regularmente
en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de
retorno».
(v) La postulación se realizará a través de organizaciones sociales de la respectiva
circunscripción, que agrupen víctimas, campesinos, mujeres u otros sectores que
trabajen en la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones
sociales en la región.
(vi) Los representantes serán elegidos por los ciudadanos que habitan los territorios
que conformen las circunscripciones creadas, sin perjuicio de su participación en
la elección parlamentaria de la correspondiente circunscripción ordinaria.
(vii) Los partidos y movimientos políticos con representación en el Congreso de la
República o con personería jurídica, así como aquellos que surjan de la dejación
de armas de la guerrilla de las FARC, no podrán postular ni avalar candidatos59.
57
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Consultado en
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf.
Página 36.
58
Ídem, página 54.
59
En cuanto hace al alcance jurídico del Acuerdo de Paz, esta Sección, en Sentencia del 8 de octubre
del 2022. Radicación 11001-03-28-000-2019-00212-00. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, señaló que:
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141. El cumplimiento de lo acordado se materializó con la expedición y posterior
entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto del 2021. A efectos de un
entendimiento del concepto y la finalidad de esta institución electoral, considera esta
Sala procedente realizar un breve recuento de las consideraciones expuestas por la
Corte Constitucional al momento de (i) revisar los fallos de la acción de tutela que
ordenó la sanción presidencial de dicho acto reformatorio de la constitución, según la
sentencia SU-150 del 202160 y (ii) al declarar la exequibilidad del acto reformatorio de
la constitución, conforme lo señalado en la sentencia C-089 del 202261.
142. En el primer pronunciamiento señalado, se hace referencia a que las
denominadas como CITREP, no solo implican una medida que busca el fin del conflicto
armado, sino también, una forma de solventar el déficit de representación de las
comunidades históricamente excluidas, facilitando la participación de fuerzas políticas
y sociales que no han gozado de ella en el Congreso de la República y «dándole voz
a las personas que habitan los territorios más afectados por la violencia»62.
143. A su vez, se reconoce que son una disposición dictada en un régimen
transicional, «que busca realizar un cambio en un problema que viene desde el pasado,
que ha sido parte del conflicto y que exige políticas de corrección con alcance inmediato
y temporal que ayuden a construir una sociedad más democrática. Por esta razón, no
se trata de un ajuste permanente sino limitado a dos períodos electorales»63.
144. El tribunal constitucional señaló a su vez que las CITREP son una medida de
reparación a las víctimas. Lo anterior, a través de vías específicas que consagra el
Acuerdo de la Habana, a saber «(a) la primera circunscribiendo la elegibilidad a las
víctimas y habitantes de dichos territorios; (b) la segunda excluyendo de la posibilidad
de acceder a tales curules a los partidos políticos tradicionales y a aquel que surja del
tránsito político de las FARC-EP; y (c) la tercera previendo su acceso a los pueblos
étnicos, cuando su territorio coincida con las zonas que han sido más afectadas por el
conflicto»64.
“Por su parte, la Corte Constitucional, en su sentencia C-630-17, declaró la exequibilidad de esta
reforma constitucional, aclarando que: (…) A partir del Acto Legislativo 02 de 2017, los contenidos del
Acuerdo Final que correspondan a normas de derecho internacional humanitario y a derechos
fundamentales consagrados en la Constitución serán parámetros de interpretación y referentes de
desarrollo y validez de las normas de implementación de lo pactado, con sujeción al ordenamiento
constitucional. Igualmente, a partir de ese acto legislativo el Acuerdo se adopta como política de
Estado, de manera que todos los órganos, instituciones y autoridades del Estado, se encuentran
comprometidos con su desarrollo e implementación de buena fe, y por tanto, cualquier desarrollo del
mismo debe tener por objeto su cabal cumplimiento y guardar coherencia con sus contenidos,
finalidades, espíritu y principios. (Subrayado fuera del original).
60
M.P. Alejandro Linares Cantillo
61
M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera
62
Ídem, supra, cita 28.
63
Ídem.
64
Ídem.
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145. A su vez, responden a una lógica de garantía de no repetición, en la medida en
que ofrece un espacio de participación democrática a una población que ha sido puesta
en situación de «extrema vulnerabilidad»65.
146. En concordancia con lo anterior, se señaló que la necesidad de una
representación política de estas comunidades, se explica en buena parte, ante el
denominado fenómeno de la «ciudadanía precaria o incompleta», en virtud del cual «no
les ha sido posible ejercer realmente sus derechos políticos y elegir libremente a sus
representantes, dando lugar a un escenario de representación fallida, respecto del cual
el Estado debe implementar acciones afirmativas de corrección; y por la otra, porque
en el marco de los procesos de justicia transicional, la participación de las víctimas en
la definición de las políticas públicas con carácter normativo resulta esencial no solo
para legitimar las decisiones que se adopten y que repercutan en sus intereses, sino
también para velar por el respeto de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación
y la no repetición»66.
147. Concluyó la Corte que:
“Nótese que no se trata de una medida más dentro de los distintos esquemas de
participación, sino de una herramienta esencial y necesaria para corregir un déficit de
representación y para apuntar a asegurar unas condiciones de igualdad material, frente
a quienes no se han visto realmente reflejados en un órgano constitucional de
representación directa. En efecto, aunque el proceso legislativo provee espacios de
intervención ciudadana como garantía de pluralidad, los mismos no son equiparables a
la función constitucional que cumplen los representantes elegidos directamente por los
ciudadanos, ya que dichos espacios son creados de manera derivada y limitados por el
propio legislador, es decir, no son una expresión directa de la soberanía popular y no
brindan las mismas prerrogativas en el ejercicio de la función legislativa y de competencia
en la producción normativa.”67
148. De otra parte, la Corte Constitucional, al momento de efectuar el
correspondiente control automático sobre el texto del referido acto legislativo, señaló
que aquel guarda conexidad material con lo dispuesto en el Acuerdo de la Habana, en
la medida en que «tiene por objeto, precisamente, la creación y conformación de las
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), con el propósito de
contribuir a la promoción de una mayor participación en la política nacional, regional y
local de la población más vulnerable, incluidas las víctimas del conflicto armado; y, con
esto, a la implementación del Acuerdo de Paz»68.
65
Ídem.
66
Ídem.
67
Ídem.
68
C-089 del 2022. M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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149. Así mismo, la referida corporación judicial manifestó que las CITREP buscan la
referida representación de las víctimas, entre otros asuntos, para contar con su voz en
los órgananismos públicos encargados de la implementación del acuerdo de paz,
coadyuvando con ello a la consecución de los objetivos de la justicia transicional, como
son el reconocimiento, la reconciliación y el fortalecimiento de la democracia.
150. Bajo ese entendido, se hace evidente que las CITREP son el resultado de la
materialización de la reivindicación de las víctimas del conflicto armado, de tal forma
que se les permite hacerse parte del escenario público, con representación en el
Congreso de la República, bajo una regulación especial de orden constitucional,
plasmada en el Acto Legislativo 02 del 2021.
151. Dicho cuerpo constitucional, como se dijo, contiene los requisitos para ser
candidato, así como unas inhabilidades especiales, lo cual es relevante para el caso
bajo estudio, conforme con lo que se explicará a continuación.
5. El concepto y fundamento de las inhabilidades
152. En cuanto a la primera temática señalada, se parte de resaltar que la
Constitución Política de 1991, al establecer desde el artículo 1º la forma de
organización que se adoptaría, precisó que Colombia es una República unitaria
«democrática, participativa y pluralista», determinándose que en el marco de las
finalidades del Estado -art. 2º-, se encuentra la de «facilitar la participación de todos
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación».
153. Bajo este principio fundante de nuestra estructura constitucional, resulta
importante para efectos del presente estudio, hacer referencia al derecho de
participación política en su componente de acceso al ejercicio de funciones públicas.
Desde 199469 se ha señalado que la democracia participativa no se limita a
establecer procedimientos para la toma de decisiones, entendiendo que bajo la
decisión constituyente de 1991 esta fue redefinida buscando la «estructuración de
nuevos escenarios en los que el ciudadano no agota su rol político en movilización
para votaciones periódicas, sino que, el Constituyente propició nuevos escenarios
de injerencia social y política, caracterizados por mayores espacios de deliberación
y de decisión, sobre temas que le afectan o en los que tiene interés»70.
154. Bajo esta concepción de la democracia participativa, se tiene que la misma
encuentra un instrumento para su materialización en los denominados derechos
políticos consagrados en el artículo 40 constitucional26, el cual precisa:
69
Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara.
70
Corte Constitucional. Sentencia C- 101 del 24 de octubre del 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.
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Artículo 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:
1. Elegir y ser elegido. (…) 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos,
salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad.
La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de
aplicarse. (Énfasis de la Sala).
155. Entendiendo que no existen derechos absolutos, se predica de la anterior
prerrogativa constitucional que la misma puede ser objeto de restricciones
razonables y proporcionales, establecidas por el texto fundamental por el legislador
-arts. 123 y 150, numeral 23 de la Constitución- y que, por lo tanto, se contraponen
directamente al interés del ciudadano de participar en el ejercicio, conformación y
control del poder político71. Es de resaltar que estas limitaciones también encuentran
su fundamento en la finalidad de la función pública, que busca la satisfacción de los
intereses de la población, bajo los específicos criterios que guían su ejercicio, como
son la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, ello conforme al artículo 209 Superior72.
156. Bajo el panorama antes descrito, se presenta la figura jurídica de las
inhabilidades. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esta se
entiende de la siguiente manera:
(…)las inhabilidades son ‘aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley
que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo
público (…) y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad,
probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están
desempeñando empleos públicos’, y que las mismas pueden tener naturaleza
sancionatoria, en materia penal, contravencional, disciplinaria, correccional y de
punición por indignidad política; en los demás casos no tienen dicha naturaleza73.
157. Las decisiones de esta Corporación han sido pacíficas en señalar igual
concepto respecto de la figura en estudio. En fallo de unificación reciente, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo precisó respecto del concepto de
inhabilidad74:
“3.1 Una noción general de inhabilidad implica restricciones al ejercicio del derecho
fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, pues
71
Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-537 de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón, C-200
de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett y C-408 de 2001 M.P. Jaime Araújo Rentería, reiteradas
en la sentencia C-100 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
72
Corte Constitucional. Sentencia C-612 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos.
73
Al respecto, ver: sentencias C-558 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-348 de 2004, M. P. Jaime
Córdoba Triviño; Sentencia C-181 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz. Todas las anteriores, citadas
en: Corte Constitucional. Sentencia C-903 del 2008. M.P. Jaime Araújo Rentería.
74
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación del 29
de enero del 2019. Radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.
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buscan impedir la elegibilidad de determinadas personas que se encuentran
afectadas por situaciones, circunstancias o condiciones, que el Constituyente anticipó
como riesgos que afectan intereses, valores y principios superiores protegidos.”.
158. Esto fue reforzado en reciente pronunciamiento, en donde la Corte
Constitucional señaló que:
Sin perjuicio de su relevancia para el desarrollo del sistema democrático, en varios
pronunciamientos, la Corte ha sido enfática en señalar que el ejercicio de los derechos
asociados a la participación política, incluyendo el de elegir y ser elegido, no revisten
carácter absoluto, puesto que dependen de las reglas que imponga el legislador con
el fin de asegurar principios democráticos, tales como el pluralismo, la defensa de las
minorías y la transparencia en los procesos electorales. (…)75.
159. Por ello, en el marco de protección a las víctimas y como medida de
reparación tendiente a restablecer su derecho político a través de la garantía de
implementación de sus proyectos democráticos, se profirió el Acto Legislativo 02 de
2021, con el fin de evitar la monopolización de sus prorrogativas y, a través de las
CITREP, corregir en términos de igualdad material, el problema de representación
fallida.
160. Lo anterior, asegurando su efectiva participación en los asuntos públicos, lo
que le impuso al Estado el deber de asegurar el funcionamiento del sistema electoral
en condiciones de equidad, proscribiendo toda forma de discriminación, a la vez que
le exige adoptar todos los mecanismos para garantizar la libre concurrencia de sus
destinatarios.
161. Dicho cuerpo constitucional estableció una inhabilidad para poder
presentarse como candidato a las CITREP, que es la establecida en el parágrafo 2°
del artículo 5° transitorio, sobre la cual gira el presente asunto y que será analizada
en el caso concreto.
6. Caso concreto
162. La Sala procede a analizar los problemas jurídicos propuestos en la fijación
del litigio. Se anticipa que se negarán las pretensiones de las demandas, conforme
lo que se explica a continuación.
• ¿El demandado incurrió en la prohibición del parágrafo 2° del artículo
transitorio 5° del Acto Legislativo 02 del 2021 porque fue candidato de un
partido político que perdió su personería en los cinco años anteriores a su
inscripción como candidato a la CITREP 5?
75
Corte Constitucional, sentencia SU-150 del 21 de mayo de 2021, M.P: Alejandro Linares Cantillo,
expediente No. T-7.585.858.
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29
Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
representante a la cámara por la circunscripción especial de
paz núm 5 (CITREP 5)
Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2022-00107-00
163. La literalidad del parágrafo 2º del artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 02
del 2021, dispone:
No podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido candidatos elegidos o
no a cargos públicos, con el aval de partidos o movimientos políticos con
representación en el Congreso o con personería jurídica, o quienes lo hayan sido por
un partido político cuya personería jurídica se haya perdido, dentro de los cinco años
anteriores a la fecha de la inscripción, o hayan hecho parte de las direcciones de
estos, durante el último año. (Resalta la Sala).
164. Esta norma fue replicada en el artículo 13 del Decreto 1207 del 5 de octubre
de 2021 (declarada inexequible en la sentencia C-302 del 2023), que a la letra reza:
No podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido candidatos, elegidos o
no, a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos con
representación en el Congreso o con personería jurídica.
Tampoco lo serán quienes hayan sido candidatos por un partido político cuya
personería jurídica se haya perdido dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha
de la inscripción. (Resalta la Sala).
165. La anterior disposición también había sido incluida en la Resolución 10592
del 28 de septiembre del 2021 de la RNEC76.
166. Se recalca que el Decreto 1207 del 2021 fue declarado inexequible en la
sentencia C-302 del 2023, porque para la Corte Constitucional, el gobierno eludió el
control previo, automático, integral y definitivito de constitucionalidad, pues expidió
normas de contenido estatutario sin que existiera una habilitación constitucional
para ese fin. Además, porque omitió enviar el decreto para que el tribunal
constitucional hiciera el control previo, para verificar si se ajustaba o no a la carta
fundamental.
167. Ahora, como lo pone de presente el apoderado del demandado, si bien el
mencionado decreto fue parte del cargo elevado por la parte actora para soportar la
demanda y en consecuencia la medida cautelar, no lo es menos que el soporte
principal de la inhabilidad que se alegó respecto del señor Jhon Fredy Núñez Muñoz
es la Constitución Política de 1991, pues la misma fue incorporada al canon superior
con el Acto Legislativo 02 del 202177.
76
Artículo séptimo. Inhabilidades especiales- Además de las inhabilidades e incompatibilidades
establecidas en la Constitución Política y en la ley para ser Representante a la Cámara, no podrán
inscribirse como candidatos a las dieciséis (16) Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.
(…)
2. Quienes hayan sido candidatos elegidos o no a cargos públicos con el aval de partidos o
movimientos políticos por un partido político cuya personería jurídica se haya perdido dentro de los
cinco (5) años anteriores a la fecha de inscripción. (Resalta la Sala).
77
Por medio del cual se crearon las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la
Cámara de Representantes, en los períodos 2022-2026 y 2026-2030.
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168. En ese sentido, se tiene que las disposiciones normativas en comento
prescriben una prohibición en contra de quien hubiere pertenecido a una
organización política como candidato, sin importar que haya sido elegido o no, y
esta se reduce a que no podrán optar por ser miembros de una de las 16 curules de
las CITREP.
169. Así, en principio, la norma en mención consagra tres supuestos prohibitivos
para los ciudadanos que aspiren a ser representantes de las circunscripciones
territoriales especiales de paz, a saber:
(i) el primero, según el cual, no pueden presentarse quienes hayan sido
candidatos elegidos o no a cargos públicos, con aval de partidos o
movimientos políticos con representación en el Congreso o con personería
jurídica,
(ii) el segundo, quienes lo hayan sido por un partido político cuya personería
jurídica se haya perdido, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de
la inscripción,
(iii) y el tercero, o hayan hecho parte de las direcciones de estos, durante el
último año.
170. Los accionantes (junto con los coadyuvantes) y el demandado (respaldado
por los impugnadores) difieren, en que, para los primeros, el lapso temporal de los
cinco (5) años debe contarse desde que el partido político perdió su personería
jurídica.
171. Para los segundos, ese lapso debe empezar a correr desde la última
aspiración que tuvo el demandado con la colectividad que, luego, perdió su
personería, porque la norma contiene un sujeto que lo configura, a saber, quienes
hayan sido candidatos.
172. En ese orden, para poder determinar cuál es el sentido que debe dársele al
elemento temporal de los cinco (5) años mencionados y desde qué momento debe
contarse (elemento modal), la Sala considera pertinente hacer un estudio de las
discusiones que tuvo el constituyente derivado respecto de esta prohibición.
173. En la Gaceta 644 del 4 de agosto del 2017, en el que se aprobó en plenaria
del Senado de la República el texto de la inhabilidad bajo estudio, se tenía la
siguiente versión:
No podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido candidatos elegidos o
no, a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos con personería
jurídica, durante el año anterior a la elección de estas circunscripciones especiales de
paz o hayan hecho parte de las direcciones de estos durante el último año.
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174. Como se puede apreciar, en un principio la inhabilidad estaba dirigida solo a
las personas que hubieran sido candidatos por partidos o movimientos políticos con
personería jurídica, durante el año anterior a la elección de las CITREP. De ese
modo, era la condición de haber sido aspirante lo que enmarcaba el sujeto de la
inhabilidad.
175. Luego, en el texto aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes,
visible en la Gaceta 1048 del 14 de noviembre del 2017, se puede apreciar que se
incluyó el elemento referido a las personas que hubieran sido candidatos de partidos
cuya personería jurídica se haya perdido78:
Parágrafo 2º. No podrán presentarse como candidatos quienes en cualquier época
hayan sido candidatos elegidos o no, a cargos públicos y corporaciones públicas con
el aval de partidos o movimientos políticos o hayan hecho parte de las directivas de
estos o se hayan desempeñado como servidores públicos en cargos de libre
nombramiento y remoción.
Tampoco podrán presentarse como candidatos quienes lo hayan sido por un partido
político cuya personería jurídica se haya perdido. (Resalta la Sala).
176. Se aprecia del texto, que dicha situación fue incluida después de un punto
aparte, para hacer clara referencia a un supuesto diferente. De ese modo, fue claro
que, para este momento de la discusión legislativa, el hecho de haber sido candidato
de un partido político cuya personería jurídica se hubiera perdido, era una
prohibición e hipótesis diferente y particular para la configuración de la inhabilidad.
177. De igual manera, se destaca que, en esta versión, la prohibición no contó con
ningún aspecto temporal.
178. En el informe de conciliación publicado en la Gaceta 1050 del 14 de
noviembre del 2017, la norma quedó en similares términos, pero se agregó el
término de 1 año a la primera situación. Por su parte, se mantuvo aparte el supuesto
de la persona que fue candidata por un partido cuya personería jurídica se haya
perdido, sin ningún lapso de tiempo:
Parágrafo 2°. No podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido candidatos
elegidos o no, a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos con
representación en el Congreso o con personería jurídica, durante el año anterior a la
elección de estas circunscripciones especiales de paz, o hayan hecho parte de las
direcciones de estos durante el mismo año.
Tampoco podrán presentarse como candidatos quienes lo hayan sido por un partido
político cuya personería jurídica se haya perdido. (Resalta la Sala).
78
Se recalca que, en el segundo debate en Cámara, la prohibición se había eliminado, pues se
consideró que para ser candidato solo bastaba con tener la condición de víctima. Así se puede ver
en la Gaceta 946 del 19 de octubre del 2017.
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179. Luego, en el informe de conciliación, publicado en la Gaceta 1078 del 21 de
noviembre del 2017, se hizo una modulación al lapso temporal indicado (se amplió
a 3 años) y se fijó uno específico (de 1 año) para quienes hubieran hecho parte de
las direcciones de los partidos. Se recalca que se mantuvo, como hipótesis
independiente, la prohibición para aquellos que hubieran sido candidatos por un
partido cuya personería se hubiera perdido, sin lapso temporal:
Parágrafo 2°. No podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido candidatos
elegidos o no, a cargos públicos con el aval de partidos o movimientos políticos con
representación en el Congreso o con personería jurídica, dentro de los tres años
anteriores a la elección de estas circunscripciones especiales de paz, o hayan hecho
parte de las direcciones de estos, durante el último año.
Tampoco podrán presentarse como candidatos quienes lo hayan sido por un partido
político cuya personería jurídica se haya perdido. (Resalta la Sala)
180. Posteriormente, en el siguiente informe de conciliación publicado en la
Gaceta 1100 del 27 de noviembre del 2017, el supuesto de los que hubieran sido
candidatos por un partido político cuya personería jurídica se haya perdido, fue
incluida dentro de las demás hipótesis que antes estaban por separado y se fijó un
lapso temporal de 5 años:
No podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido candidatos elegidos o
no a cargos públicos, con el aval de partidos o movimientos políticos con
representación en el congreso o con personería jurídica, o quienes lo hayan sido
por un partido cuya personería jurídica se haya perdido, dentro de los cinco
años anteriores a la fecha de inscripción, o hayan hecho parte de las direcciones
de estos, durante el último año. (Negrilla y subrayado del original).
181. Se resalta que, en el informe de conciliación, se hizo la siguiente anotación a
dicha inclusión:
182. Como se puede apreciar, en la mencionada conciliación, el legislador hizo
una modulación y dejó claro que se trata de una inhabilidad «de quienes hubieren
aspirado por partidos o movimientos políticos, dentro de los últimos cinco
años». Se recalca que, dentro de ese supuesto, fue incluida la situación de
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«quienes lo hayan sido [candidatos] por un partido cuya personería jurídica se haya
perdido», pues así fue resaltado en el informe, tal como se citó con anterioridad.
183. Ese mismo texto fue el que se mantuvo en el informe de conciliación
publicado en la Gaceta 1102 del 27 de noviembre del 2017.
184. Estructura de la disposición es la que se mantiene vigente, luego de la
corrección que se hizo por parte de la fe de erratas, que advirtió que al publicar la
norma se puso punto y coma (;) luego de la expresión «con representación en el
congreso o con personería jurídica», cuando, en realidad, la norma fue aprobada
con comas en todos los supuestos mencionados.
185. Teniendo en cuenta la evolución que tuvo la disposición cuando fue discutida
en las cámaras legislativas, se puede observar que en un primer momento la
situación de quienes hubieran sido candidatos de un partido cuya personería jurídica
se hubiera perdido, se había concebido como un supuesto aparte, incluso sin lapso
temporal.
186. Sin embargo, cuando avanzó la discusión en los informes de conciliación, es
lo cierto que dicha situación prohibitiva fue incluida junto a las demás, a tal punto
que en las notas del informe se advierte que se hizo una «modulación», para aclarar
que la inhabilidad se dirige a «quienes hubieran aspirado por partidos o
movimientos políticos, dentro de los últimos 5 años».
187. Es decir, de este recuento de la discusión legislativa, la Sala pone de
presente que lo relevante para estudiar los supuestos de la norma es la aspiración
por partidos o movimientos políticos, dentro de los último 5 años, y allí se
incluyen los supuestos de quienes tuvieron aval de partidos o movimientos políticos
con representación en el congreso o con personería jurídica, o quienes lo hayan
sido por un partido cuya personería jurídica se haya perdido.
188. Teniendo en cuenta lo dicho, la Sala a continuación expone los supuestos
que configuran la inhabilidad, bajo esa precisión:
Primer evento: No podrán presentarse como candidatos quienes hayan sido
candidatos elegidos o no a cargos públicos -sujeto-, con el aval de partidos o
movimientos políticos con representación en el Congreso o con personería jurídica,
o quienes lo hayan sido por un partido cuya personería jurídica se haya
perdido -elemento modal-, dentro de los cincos años anteriores a la fecha de la
inscripción a la CITREP -elemento temporal-.
Segundo evento: No podrán presentarse como candidatos -sujeto- quienes hayan
hecho parte de las direcciones de los partidos o movimientos políticos -elemento
modal-, dentro durante el último año anterior a la inscripción a la CITREP -elemento
temporal-.
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189. Para este juez electoral, la inhabilidad fijada por el constituyente derivado, en
cuanto hace al supuesto que se aborda en el presente caso, consagró un criterio
objetivo respecto del elemento modal, bajo la fórmula de quienes hubieran sido
candidatos por un partido cuya personería jurídica se haya perdido.
190. Así mismo, se estableció un elemento temporal para su configuración, esto
es, «dentro de los cinco años» anteriores a la fecha de la inscripción del aspirante
a ocupar una curul en alguna de la CITREP creadas por el Acto Legislativo 2 del
2021.
191. Ahora, conviene precisar que la coma (,) como elemento gramatical en la
lengua española, cumple diversas funciones, entre ellas, separar elementos del
enunciado de una oración79, buscando que cada uno de ellos tenga su propio lugar
dentro de la estructura sin afectar el sentido. Este uso, permite presentar elementos
que no son aislados del resto de la oración, sino que forman parte de ella y de su
significado80.
192. Bajo dicho entendido, la redacción de la norma como fue consagrada por el
constituyente derivado implica que en el primer evento se incluye la aspiración de
quienes hubieran sido candidatos con el aval de partidos o movimientos políticos
con representación en el Congreso de la República o con personería jurídica y
quienes lo hayan sido (candidatos), por un partido cuya personería jurídica se haya
perdido.
193. Así, luego de estos supuestos y seguido de una coma (,) se consagró el
elemento temporal de los 5 años, dejando claridad que corre a partir de la inscripción
hasta la fecha en que se tuvo la condición de candidato.
194. Esa misma interpretación se hizo al resolver la medida cautelar en el proceso
en el que se demandó la nulidad por inconstitucional de la Resolución 10592 de la
RNEC, aunque se trataba de otro de los elementos modales que tiene la norma:
De esa literalidad, y dentro de un método de interpretación exegético, se observa que
en efecto, el Acto Legislativo 02 de 2021, en principio, es claro en determinar que la
inhabilidad, que interesa a este asunto, tiene un límite temporal de cinco (5) años,
por cuanto todo el texto está regido gramaticalmente por un sujeto o sustantivo que
inicia con la expresión “No podrán presentarse como candidatos quienes…”, seguido
de explicativos que van deslindando los límites de cada situación fáctica de la cual se
pretende la consecuencia prohibitiva, pero finaliza con la condición temporal, que al
estar precedida solo de comas (,), a priori, evidencian que esa limitación cronológica
se predica de todas y cada una de las conductas o circunstancias explicadas con
antelación y no puede ser escindida respecto de la primera situación fáctica
79
https://dle.rae.es/coma
80
https://unibetas.com/la-coma/
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reglamentada, esto es, de “quienes hayan sido elegidos o no a cargos públicos, con
el aval de partidos o movimientos políticos con representación en el Congreso o con
personería jurídica”, (…)81. (Resalta la Sala).
195. Ahora bien, la Sala observa que esta interpretación garantiza en mayor
medida el derecho a ser elegido, pues la situación «cuya personería [la del
partido] jurídica se haya perdido», es un hecho incierto que no necesariamente
depende de quien pretende ser candidato por las CITREP y tampoco demuestra de
manera concluyente el vínculo entre la colectividad y quien fuese su afiliado o
militante.
196. En ese orden, considerar que los 5 años deben contarse desde que la
organización pierda su personería jurídica, supondría que alguien que fue
candidato, hace más de una década, quedaría inhabilitado si el partido al que
pertenece ve eliminado ese atributo con posterioridad dentro del lapso de tiempo
que fija la norma.
197. Es decir, la prohibición no dependería de la situación particular de su
aspiración, sino de un hecho de un tercero, que no puede controlar y que no
depende de su voluntad, como lo es que su colectividad pierda su personería
jurídica.
198. Lo mismo ocurre si un candidato que perteneció a un partido, presenta su
renuncia a esta antes de los 5 años señalados por el Acto Legislativo y luego, la
colectividad pierde la personería jurídica. En ese evento también quedaría
inhabilitado, a pesar de no ser militante y de estar desligado de dicha colectividad.
199. Se recuerda que la inhabilidad que se estudia busca que los partidos políticos
tradicionales o con representación no tengan participación en las CITREP, lo cual
se cumple con la desvinculación del militante a una colectividad con dichas
características.
200. Bajo las anteriores consideraciones, resulta entonces forzoso concluir, que el
elemento temporal de la norma refiere al momento en que debe ser verificado el
elemento objetivo de la fecha de la postulación a la candidatura, con el aval del
movimiento o partido que haya perdido su personería jurídica.
201. De otra parte, la Sala resalta que la posición propuesta por el demandante y
los coadyuvantes implica desconocer el (i) el efecto útil de la norma constitucional y
(ii) la finalidad perseguida por la misma.
81
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Auto del 6 de
diciembre del 2021. Rad. 11001-03-28-000-2021-00072-00. MP. Luis Alberto Álvarez Parra.
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202. A juicio de esta Sala Especializada Electoral, la distinción que se efectuó por
parte del legislador corresponde con la finalidad específica de permitir que el acceso
a las denominadas circunscripciones de paz se garantice para los destinatarios
específicos de las mismas, esto es, las víctimas del conflicto armado, sin la
participación directa o indirecta de partidos o movimientos políticos con una
influencia electoral considerable, actual o pasada.
203. Por ello, se buscó (i) que quienes hayan sido candidatos de colectividades
políticas con personería jurídica vigente o representación en el Congreso de la
República, o los que lo hubieran sido por partidos que hayan perdido su personería
jurídica, no puedan influir en dicha elección, ante la posibilidad de utilizar dicha
condición como una ventaja frente las organizaciones de víctimas como primeros
destinatarios de las CITREP.
204. Así, interpretada la norma bajo el hecho de que es la fecha de la candidatura
la que configura el momento a partir del cual se debe contar el elemento temporal,
significa respetar la garantía a ser elegido, pues de otra forma, la inhabilidad estaría
sujeta al acaecimiento de un hecho incierto, como lo es la pérdida de la personería
de un partido.
205. Lo anterior, incluso si la candidatura por este ha sido muchos años atrás o si
previamente, antes del lapso temporal de los 5 años, el aspirante presentó renuncia
a la militancia de la colectividad que perdió el mencionado atributo.
206. Bajo esa óptica, la Sala considera que la interpretación de la Sala guarda
sentido si se tiene en cuenta que la prohibición que se analiza va dirigida a las
víctimas del conflicto armado y armoniza en mayor medida la protección de las
CITREP, para que queden excluidas las personas que fueron candidatos en los 5
años anteriores a la inscripción, por colectividades tradicionales (con personería o
representación en el congreso) o de aquellas que perdieron su personería jurídica.
207. Debe recordarse que la limitación al derecho a ser elegido debe ser
razonable, lo cual se cumple con la interpretación que hace esta Sala sobre la
inhabilidad objeto de estudio, ya que busca no hacer nugatoria la aspiración de los
aspirantes a las CITREP, sometiéndolos al acaecimiento de un hecho incierto, como
es la pérdida de la personería de un partido político:
(…) los límites impuestos por el legislador al derecho de elegir y ser elegido deben
ser razonables y proporcionales, de modo tal que no afecten su núcleo esencial a
través de “exigencias que hagan nugatorio el derecho de participación de los
ciudadanos en el ejercicio de la función pública en igualdad de oportunidades”82.
82
Sentencia C-146 del 2021.
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208. Por todo lo dicho, no resulta entonces aceptable la posición interpretativa
presentada por el demandante y los coadyuvantes, lo que a su vez denota que
respecto del parágrafo del artículo 5º de la Acto Legislativo 02 de 2021, este deba
ser interpretado según la filosofía decantada por esta Sala, que no es otra cosa
diferente que mostrar la finalidad del constituyente derivado, con el fin de garantizar
el derecho a ser elegido.
209. En conclusión, para la Sala la prohibición contiene los siguientes elementos:
Elementos Ingrediente normativo
Subjetivo El que haya sido candidato, elegido o no, a cargos públicos.
Modal Su aspiración ha debido ser avalada por un partido cuya
personería jurídica se haya perdido.
Temporal La candidatura ha debido ser dentro de los 5 años anteriores a la
fecha de la inscripción a la CITREP.
Territorial No interesa en qué circunscripción haya sido candidato.
210. En ese orden, de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario, la
Sala procede a definir el problema jurídico, según los elementos de la inhabilidad
dados anteriormente:
211. Elemento subjetivo: La norma señala que no podrán ser candidatos quienes
lo hayan sido por un partido político.
212. Este aspecto se encuentra plenamente demostrado, en tanto, con la
demanda se aportaron los formularios E-26 de las diferentes contiendas en que
participó el señor Núñez Ramos, como se ilustra a continuación:
213. Como candidato a la Asamblea de Caquetá, para el 31 de octubre de 2015.
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214. Esta es la candidatura más relevante al caso, por ser la última en el tiempo,
sin dejar de lado que se tiene probado que el demandado también aspiró a la
alcaldía de Florencia en el año 2011 y para el senado de la república en el año 2010,
ambas en representación del antiguo PIN.
215. Así las cosas, es factible concluir que el demandado efectivamente fue
candidato en diferentes contiendas electorales, aspecto que denota la acreditación
del primer elemento estructurador de la inhabilidad endilgada.
216. Elemento modal: se hizo referencia a la fecha de la candidatura de un
partido cuya personería se haya perdido, como insumo determinante para la
concreción de esta causal de inelegibilidad.
217. Así, aunque en el expediente se tiene la Resolución 2245 del 10 de agosto
del 2018, que declaró la pérdida de la personería jurídica del partido Opción
Ciudadana y que el CNE aportó la constancia de ejecutoria de dicho acto, la cual
ocurrió el 8 de febrero del 2019, lo cierto es que la última candidatura del
demandado por esa colectividad se hizo el 31 de octubre del 2015.
218. Elemento temporal: Este lo configura los 5 años anteriores a la inscripción
del candidato. En este caso se tiene que el señor Jhon Fredy Núñez Ramos se
inscribió el 9 de diciembre del 2021 por la lista de la Fundación Igualdad Social:
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219. Por consiguiente, el período inhabilitante, hacía atrás, tiene como extremos
el 10 de diciembre de 2021 y el 9 de diciembre de 2016.
220. Así, como el demandado se inscribió como candidato de Opción Ciudadana
(que perdió su personería jurídica en el año 2018) el 31 de octubre del 2015 a la
Asamblea del Caquetá, es evidente que no incurrió en la inhabilidad mencionada,
porque no se configuró el elemento temporal de la mencionada prohibición.
221. Se añade a lo dicho, que en el expediente se tiene acreditado que el
demandado presentó su renuncia al partido en el año 2016 y esta fue aceptada por
el partido en octubre de esa anualidad:
222. Por tanto, contando incluso el lapso temporal desde la fecha de la renuncia
al demandado a Opción Ciudadana, se concluye que tampoco estaría incurso en la
prohibición.
223. Lo anterior demuestra la ausencia de vinculación con el partido y, en ese
sentido, no se probó la incursión en la inhabilidad prescrita en el parágrafo 2 del
artículo 2 del Acto Legislativo 02 de 2021, de conformidad con su tenor literal y el
efecto útil que persigue la norma.
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Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
representante a la cámara por la circunscripción especial de
paz núm 5 (CITREP 5)
Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2022-00107-00
224. Se resalta que la anterior conclusión se basa en el estudio integral de la
disposición constitucional, que abarca las discusiones que surtidas en el Congreso
de la República, de cara a la filosofía de las circunscripciones de paz. Lo anterior,
de conformidad con los elementos que obran en el plenario y que fueron aportados
luego surtidas todas las etapas procesales en el asunto.
• ¿El demandado incurrió en la prohibición del parágrafo 2° del artículo
transitorio 5° del Acto Legislativo 02 del 2021 por haber sido directivo del
partido Opción Ciudadana?
225. La parte actora considera que el señor Jhon Fredy Núñez Ramos es directivo
del partido Opción Ciudadana, lo cual se puede comprobar en las Resoluciones
1138 del 2009, 1825 del 2013, 6090 del 2015 y 3200 del 2016 del CNE, que dan
cuenta que el demandado tiene esa calidad.
226. Así, en su criterio, es evidente que se violó el parágrafo 2° del artículo 5°
transitorio del Acto Legislativo 02 del 2021, según el cual, no pueden ser candidatos
de las CITREP, quienes «hayan hecho parte de las direcciones de estos, durante el
último año».
227. Expusieron que, si bien el partido Opción Ciudadana perdió su personería
jurídica en el 2018, no es menos cierto que ello no implicó su desaparición en el
mundo político, pues esa situación no le impide participar en los certámenes
electorales.
228. Sobre este cargo, la Sala considera que no tiene vocación de prosperidad,
pues en el expediente obra respuesta del CNE, en el cual manifestó que el partido
Opción Ciudadana perdió la personería jurídica en el año 2018 y que posterior a
ello, no ha existido ningún registro en esa entidad:
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Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
representante a la cámara por la circunscripción especial de
paz núm 5 (CITREP 5)
Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2022-00107-00
229. En ese orden, como la mencionada colectividad perdió su personería,
desapareció del mundo jurídico como colectividad constituida como partido político,
de tal manera que no encuadra dentro del supuesto de la inhabilidad alegada, que
dice que no pueden ser candidatos de la CITREP quienes «hayan hecho parte de
las direcciones de estos [de los partidos], durante el último año».
230. Por tanto, no es posible que el demandado hubiera sido directivo de una
colectividad que perdió su personería jurídica en el 2018 y que no ha presentado al
CNE registros sobre sus estatutos y reformas, como lo dispone el artículo 3º83 de la
Ley 1475 del 2011.
231. Valga la pena precisar que la parte actora considera que aún si Opción
Ciudadana perdió su personería jurídica, en todo caso la inhabilidad se configura.
Sin embargo, esto no es de recibo, porque la norma dispone que el directivo sea de
un partido político con personería jurídica.
• ¿La elección del demandado vulneró el inciso 4° del artículo 6° transitorio
del Acto Legislativo 02 del 2021 por haber hecho presuntamente campaña
junto al gobernador del Caquetá y otros funcionarios, además, por haber
recibido apoyo de otros políticos del departamento?
232. Se indicó que que se violó dicha norma mencionada, porque Jhon Fredy
Núñez Ramos hizo parte de una caravana «cívico institucional» en el municipio de
Solano, Caquetá, donde se inauguraron obras y participó el Gobernador del
departamento, Arnulfo Gasca Trujillo, así como el representante a la Cámara Héctor
Mauricio Cuéllar Pinzón, ambos del Partido Conservador.
233. De esa manera, consideraron evidente que el demandado realizó alianzas y
acuerdos con esos políticos, lo cual vulnera el inciso 3° del artículo 6° transitorio del
Acto Legislativo 02 del 2021, pues ello fue «realizado con recursos públicos».
234. Los actores indicaron que lo anterior se encuentra soportado en informe
rendido por el personero del municipio de Solano, Caquetá, que consignó lo ocurrido
en esa caravana.
83
Artículo 3°. Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos. El Consejo Nacional Electoral
llevará el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Los respectivos representantes
legales registrarán ante dicho órgano las actas de fundación, los estatutos y sus reformas, los
documentos relacionados con la plataforma ideológica o programática, la designación y remoción de
sus directivos, así como el registro de sus afiliados. Corresponde al Consejo Nacional Electoral
autorizar el registro de los mencionados documentos previa verificación del cumplimiento de los
principios y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los
correspondientes estatutos.
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Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
representante a la cámara por la circunscripción especial de
paz núm 5 (CITREP 5)
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235. Además, manifestaron que el demandado hizo alianzas con Federico Alvis
Trujillo, alcalde de Montañita, Caquetá, del Polo Democrático, y aportó una
fotografía, en la que, según se afirma, aparecen varios concejales de ese municipio
«brindándole su apoyo»:
236. Conviene precisar que el inciso 4° del artículo 6° transitorio del Acto
Legislativo 02 del 2021 establece lo siguiente:
ARTÍCULO TRANSITORIO 6°. Forma de elección.
(…)
Los candidatos y las listas de circunscripciones transitorias especiales de Paz, no
podrán realizar alianzas, coaliciones o acuerdos con candidatos o listas inscritas para
las circunscripciones ordinarias para la Cámara de Representantes. La violación de
esta norma generará la pérdida de la curul en caso de resultar electos a la
circunscripción transitoria especial de Paz. (Resalta la Sala).
237. Como se puede apreciar, la prohibición de la norma se enmarca por el hecho
de que el candidato a las CITREP realice «alianzas, coaliciones o acuerdos con
candidatos o listas inscritas para las circunscripciones ordinarias para la Cámara de
Representantes». Por tanto, la Sala analizará si, de conformidad con el material
probatorio aportado al proceso, se configuró ese supuesto de la prohibición.
238. Al respecto, los actores aportaron un informe del personero del municipio de
Solano, Caquetá, que consignó lo ocurrido en la caravana «cívico institucional»,
donde presuntamente el demandado se hizo parte con otros políticos.
239. Verificado el informe, se destaca que, sobre la participación del demandado
en esa caravana, el mencionado funcionario se limitó a advertir que debe
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Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2022-00107-00
investigarse y recaudar material probatorio sobre la presunta violación del inciso 4°
del artículo 6° transitorio del Acto Legislativo 02 del 2021 de algunos candidatos a
la CITREP e hizo referencia al demandado:
240. Sin embargo, más allá de eso, no hizo afirmaciones concretas, con material
probatorio convincente, que demuestre que el demandado participó en esa
caravana, sino que se limitó a advertir que esa situación debería ser investigada.
241. Con el fin de recaudar material probatorio adicional a esta situación, el
despacho conductor determinó de oficio, que se requiriera a los partidos
Conservador y Polo Democrático, para que informaran si realizaron alianzas,
coaliciones o acuerdos con el demandado para su candidatura a la CITREP 5, como
lo determina la norma.
242. Las mencionadas colectividades se pronunciaron, el partido Conservador por
medio de su Secretaria Jurídica y el Polo Democrático, por conducto de su
representante legal, y afirmaron que no suscribieron ninguna alianza, coalición o
acuerdo con el accionado para su campaña a la CITREP 5:
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Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
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paz núm 5 (CITREP 5)
Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2022-00107-00
243. De esa forma, dada la carencia de material probatorio que compruebe la
configuración de la prohibición de la norma analizada, la Sala concluye que este
cargo no tiene vocación de prosperidad, pues el demandado no hizo alianzas,
acuerdos o coaliciones con las colectividades indicadas anteriormente y que fueron
alegadas en la demanda.
244. Finalmente, respecto de la fotografía aportada donde supuestamente se da
apoyo al demandado por parte de concejales del municipio de Montañita, Caquetá,
esa situación tampoco comprueba la prohibición, ya que no está acreditada la
existencia de alianzas o acuerdos políticos con las personas que aparecen en la
fotografía, que, dicho sea de paso, en la demanda no se precisó quiénes son y en
qué circunstancias fue tomada.
245. Se recuerda que esta Sala ha sido reiterativa al establecer que el contenido
de las fotografías es simplemente representativo y por ende, por sí solas no
demuestran fehacientemente un hecho o acción determinada84, por lo que su
84
Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad 2018-00032-00. Providencia del 31 de octubre de 2018.
M.P. Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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valoración debe hacerse de manera conjunta con los demás elementos probatorios
obrantes en el expediente85.
246. Así, analizada esta fotografía con las demás pruebas mencionadas, no se
logra acreditar este reproche de las demandas.
247. En conclusión, este cargo debe negarse porque no se demostró que el
demandado haya incurrido en dicha prohibición.
• ¿El demandado incurrió en la inhabilidad del artículo 179.3 de la Constitución
Política por haber participado en el trámite de la licitación LPV 003 de 2019
adelantada por el municipio de Valparaíso, Caquetá?
248. La Constitución Política de 1991 estableció los requisitos para poder ejercer
como representante a la Cámara del Congreso de la República, entre los cuales no
solo se encuentra ser ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco (25) años
de edad para la fecha de elección. Además, fijó unas causales de inhabilidad, para
tal ejercicio. Así pues, en su artículo 179, numeral 3, dispuso:
ARTÍCULO 179. No podrán ser congresistas:
(…)
3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas,
o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o
hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o
contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la
elección. (Negrillas fuera de texto)
249. Esta causal de inhabilidad se reprodujo en el numeral 3 del artículo 280 de la
Ley 5 de 1992, a saber:
ARTÍCULO 280. Casos de inhabilidad. No podrán ser elegidos Congresistas:
(…)
3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas,
o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o
hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o
contribuciones parafiscales, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha
de la elección. (Negrillas fuera de texto).
250. Respecto de la finalidad de esta causal inhabilitante la Sala86, precisó:
85
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente 11001-03-
28-000-2019-00074-00 y 11001-03-28-000-2019-00075-00 Acum. Sentencia de 24 de septiembre de
2020. M.P. Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio.
86
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de enero de 2019, Rad. 11001-03-28- 000-
2018-00031-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. Sobre el particular también se puede consultar entre otras:
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representante a la cámara por la circunscripción especial de
paz núm 5 (CITREP 5)
Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2022-00107-00
(…) como ocurre en el caso de las previstas en los numerales 2, 3 y 5 del artículo 179
superior, demuestra que la finalidad de las mismas está fincada en:
i) La defensa del equilibrio de la contienda política, para que quienes aspiran al cargo
de elección popular se presenten ante el electorado en igualdad de oportunidades.
ii) La salvaguarda del derecho que tienen los electores a elegir libremente entre los
competidores electorales, en un escenario político de absoluta transparencia y
moralidad, sin influencias o prerrogativas distintas a aquellas que proporcionan los
propios contendores electorales y con la garantía de que todos cumplen las
condiciones y requisitos que les permiten ser elegidos.
251. De igual forma, la jurisprudencia de esta corporación87, ha sintetizado la
multiplicidad de circunstancias fácticas que pueden conllevar la configuración de
esta causal de inhabilidad establecida en el numeral 3 del artículo 179 de la
siguiente manera:
Causal Ingrediente normativo
Gestión de negocios Quienes hayan intervenido en gestión de negocios
ante entidades públicas, en interés propio, o en el de
terceros, dentro de los seis meses anteriores a la
fecha de elección.
Celebración de Quienes hayan intervenido en la celebración de
contrato contratos con entidades públicas en interés propio, o
en el de terceros, dentro de los seis meses
anteriores a la fecha de elección.
Representación legal Quienes hayan sido representantes legales de
de entidades que entidades que administren tributos o contribuciones
administren tributos parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la
y contribuciones fecha de elección.
parafiscales
252. En reciente providencia88, esta Sala explicó los requisitos para cada causal,
en los siguientes términos:
GESTIÓN DE NEGOCIOS
Elementos Ingrediente normativo
Material Participar en trámites negociales ante autoridades públicas
Temporal Que dicha conducta prohibida se realice dentro de los seis meses
anteriores a la elección
Espacial Que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual
debe efectuarse la elección
Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 9 de febrero de 2006, Rad. 080001-23-31-000-2004-
00093-02 (3900), M.P. María Nohemí́ Hernández Pinzón.
87
Sobre el particular consultar: Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad. 1999-N1868. MP. Mario
Rafael Alario Méndez. 06 de mayo de 1999. Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 2013-01394.
MP. Marco Antonio Velilla Moreno.
88
Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad, 11001-03-28-000-2022-00058-00. MP. Rocío Araújo
Oñate. 26 de mayo de 2022.
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Radicación Acum.: 11001-03-28-000-2022-00107-00
Modal o de Que la gestión comporte un beneficio propio o para terceros. En
propósito este aspecto, es importante poner de presente que la Sección ha
concluido que los beneficios extrapatrimoniales también pueden
dar lugar a la materialización de la inhabilidad29
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
Elementos Ingrediente normativo
Material La celebración de contratos ante entidades públicas
Temporal Que dicha conducta prohibida se realice dentro de los seis meses
anteriores a la elección
Espacial Que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual
debe efectuarse la elección
Modal o de Que el contrato comporte un beneficio propio o para terceros. En
propósito este aspecto, es importante poner de presente que la Sección ha
concluido que los beneficios extrapatrimoniales también
puedendar lugar a la materialización de la inhabilidad89
REPRESENTACIÓN LEGAL DE ENTIDADES QUE ADMINISTREN TRIBUTOS Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES31
Elementos Ingrediente normativo
Material Hayan sido representantes legales de entidades que administren
tributos o contribuciones parafiscales
Temporal Que dicha conducta prohibida se realice dentro de los seis meses
anteriores a la elección
Espacial Que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual
debe efectuarse la elección
253. En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Sala señala que se exige la
concurrencia de todos los elementos descritos90 a efectos de que se configuren las
condiciones de inhabilidad.
254. Por su parte, la Sala Plena de esta Corporación, en cuanto a la gestión de
negocios, ha manifestado lo siguiente:
“[L]a causal requiere de la concurrencia de los siguientes elementos: 1) la gestión de
negocios con entidades públicas debe ser ejecutada dentro de los 6 meses previos a
la realización de la elección, esta debe ser entendida como una actividad positiva,
concreta, seria y real, cuyo objeto debe ser la obtención de un negocio –o contrato
con cualquier entidad estatal-, en beneficio propio o de un tercero y encontrarse
plenamente acreditada, para lo cual no resultan suficientes meras inferencias o
deducciones subjetivas; 2) no se requiere la concreción del negocio; 3) no se
89
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 13 de agosto de 2004, Rad 3944-3957; y,
sentencia del 27 de noviembre de 2008. Rad. 680012315000200700669 01. MP Filemón Jiménez
Ochoa.
90
Consejo de Estado. Sección Quinta. Rad, 11001-03-28-000-2022-00058-00. MP. Rocío Araújo
Oñate. 26 de mayo de 2022. Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2018-
00018-00. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 25 de octubre de 2018. Ver
también. Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. 11001-03-28-000-2014-00021-00. M.P. Susana
Buitrago Valencia. Sentencia de 15 de abril de 2015. Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad.
11001-03-28-000-2018-00628-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 16 demayo de 2019.
Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad 11001-03-28-000-2018-00029-00. M.P. Alberto Yepes
Barreiro. Sentencia de 24 de noviembre de 2018.
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configura la causal en etapas coetáneas o subsiguientes a la celebración del contrato,
entre ellas, la ejecución o liquidación; y, 4) la gestión debe realizarse en el territorio
que conforma la circunscripción electoral del candidato”91. (Subrayado de la Sala).
255. La parte actora92 manifestó que el 6 de diciembre del 2019, el demandado
suscribió propuesta en la licitación LVP 003 del 2019 que adelantó el municipio de
Valparaíso, Caquetá, que hace parte de la CITREP 5, para la Unión Temporal «Vías
para la Paz».
256. Precisaron que el demandado, al haber suscrito la presentación de la
propuesta, incurrió en la inhabilidad del artículo 179.3 de la Constitución Política,
pues el contrato fue adjudicado a la persona jurídica que presentó la oferta suscrita
por el señor Jhon Fredy Núñez Ramos y, actualmente, se encuentra en ejecución.
257. En ese sentido, es evidente que el demandado, al haber avalado la propuesta
de contrato con entidad pública que se encuentra en ejecución, rompió el principio
de igualdad que busca la inhabilidad, ya que los contratistas beneficiarios del
negocio jurídico adjudicado irían a favor en la candidatura del demandado.
258. En este punto, manifestó que el artículo 20 de la Ley 842 del 200393 indica
que el interés de la persona que suscribe una oferta, en calidad de ingeniero a
entidad pública, como el demandado, se extiende a la etapa de su ejecución, lo cual
está soportado además en concepto de Colombia Compra Eficiente.
259. Así, como fue el profesional que suscribió la oferta en la licitación, lo hace
responsable de la actividad de la unión temporal a la que le fue adjudicado el
contrato, dado que se ve involucrado el ejercicio de su profesión como ingeniero.
91
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de octubre del
2019. Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-01. MP. Alberto Montaña Plata.
92
En el proceso 2022-00107-00
93
Artículo 20. Propuestas y contratos. Las propuestas que se formulen en las licitaciones y
concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación
de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la
ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con
tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE>
En los contratos que se celebren como resultado de la licitación o del concurso, los contratistas
tendrán la obligación de encomendar los estudios, la dirección técnica, la ejecución de los trabajos
o la interventoría, a profesionales inscritos en el registro profesional de ingeniería, acreditados con
la tarjeta de matrícula profesional o, excepcionalmente, con la constancia o certificado
de su vigencia.
PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo se aplicará en todas sus partes, tanto a las propuestas
que se presenten, como a los contratos de igual naturaleza y que, con el mismo objetivo, se celebren
con las sociedades de economía mixta y con los establecimientos públicos y empresas industriales
o comerciales del orden nacional, departamental, distrital o municipal y aquellas descentralizadas
por servicios.
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260. Al respecto, la Sala considera que este reproche no tiene prosperidad, ya que
no se estructuran los elementos de la inhabilidad del artículo 179.3 de la
Constitución Política.
261. En primer lugar, según lo explicado, para que se configure la mencionada
prohibición, se requiere que la gestión de negocios o la celebración de contratos, se
haya realizado en los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección.
262. Por tanto, en este caso, el periodo inhabilitante corrió desde el 12 de
septiembre del 2021 (6 meses antes) hasta el 13 de marzo del 2022 (fecha de la
elección).
263. En este sentido, se aduce que el actor suscribió una propuesta el 6 de
diciembre del 2019, es decir, fuera del término inhabilitante, dentro del trámite de
licitación LVP 003 del 2019 que adelantó el municipio de Valparaíso, Caquetá. En
efecto, el alcalde del mencionado municipio aportó certificación en la que informó
cuál había sido la participación del demandado en ese trámite y manifestó que hizo
la presentación de la propuesta:
264. Sin embargo, se precisó en la misma certificación, que el contrato finalmente
adjudicado fue suscrito el 26 de diciembre del 2019 y que el demandado no fungió
como representante legal del contratista ni de las personas jurídicas que
conformaron a la unión temporal que presentó la propuesta:
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265. En ese sentido, es evidente que la presentación de la propuesta suscrita por
el señor Jhon Fredy Núñez Ramos que endilga la parte actora para configurar la
causal, se realizó por fuera del término inhabilitante de los seis (6) meses que ha
establecido la jurisprudencia, pues ello se realizó en el año 2019 y la elección fue
declarada en el 2022.
266. Finalmente, se deja claridad que, como se explicó anteriormente, la ejecución
del contrato no implica incurrir en la prohibición del artículo 179.3 de la Constitución
Política, por lo que los reproches de la demanda sobre este hecho, no hacen incurrir
al demandado en la inhabilidad. Se pone de presente el criterio de esta Sección al
respecto:
los actos de ejecución (…) no pueden ser considerados como gestión de
negocios, pues, según la Sala Plena, ello no comprende las etapas
coetáneas o subsiguientes a la celebración del contrato, entre ellas, la
ejecución o liquidación94.
267. Adicional a ello, los demandantes95 afirmaron que el señor Jhon Fredy Núñez
Ramos ha sido contratista de varias gobernaciones, para lo cual aportaron el link de
un artículo de El Espectador que, según ellos, así lo comprueba.
268. Sobre esta alegación, la Sala no observa que se haya aportado material
probatorio para probar esta situación, más allá del mencionado link96 que conduce
a un artículo de prensa del periódico El Espectador, y con ello no se puede acreditar
94
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 18 de
mayo del 2022. Rad. 11001-03-28-000-2022-00157-00. MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
95
En el expediente 2022-00066.
96
https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/jhon-fredy-nunez-candidato-cercano-
a-parapoliticos-que-aspira-a-curul-de-paz-en-caqueta/
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Demandantes: Sandra Milena García Penna y otros
Demandado: Jhon Fredy Núñez Ramos,
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la prohibición, pues no están dados los elementos de la inhabilidad mencionados
anteriormente.
269. En este punto valga la pena precisar que la Sección ha dicho que las notas
periodísticas no son prueba de la ocurrencia de los hechos que las contienen:
De otro lado, aun cuando esta Sección ha precisado que las notas periodísticas
constituyen medios de convicción de tipo documental, ello no implica el
reconocimiento de un pleno valor probatorio en favor de las crónicas, noticias y demás
trabajos periodísticos, comoquiera que su alcance –al interior del régimen de la
prueba judicial– ha sido mitigado por diversas decisiones del Consejo de Estado. En
ese orden de ideas, su valor probatorio es, por regla general, accesorio, pues lejos de
acreditar la ocurrencia de los hechos que documentan, las publicaciones
periodísticas, sean cuales sean, dan cuenta únicamente del registro mediático de los
mismos97.
270. En ese sentido, aunque el artículo del diario El Espectador pueda ser
valorado, lo cierto es que, para que se configure la inhabilidad, es necesario que la
noticia esté soportada en otras pruebas, lo cual no ocurre en este caso, ya que no
existe ningún medio de convicción que así lo acredite.
271. Por todo lo expuesto, la Sala concluye que este cargo de las demandas
tampoco está llamado a prosperar.
• ¿La elección acusada violó el artículo 9° del Acto Legislativo 02 del 2021
porque el señor Jhon Fredy Núñez Ramos, presuntamente, utilizó una
emisora de radio del departamento para promocionar su campaña a la
CITREP 5?
272. La parte demandante98 afirmó que Jhon Fredy Núñez Ramos acudió a la
emisora Linda Estéreo 95.1 F.M, medio de comunicación que hace uso del espectro
electromagnético, para hacer pautas publicitarias de su campaña política y, por
tanto, vulneró la prohibición del artículo 9º del Acto Legislativo 02 del 2021 que
dispone que ello solo es posible, pero a través de los canales gratuitos otorgados
por el Estado:
ARTÍCULO TRANSITORIO 9°. Acceso a medios de comunicación. Cuando se
utilicen medios .de comunicación que hagan uso del espectro electromagnético, las
campañas únicamente podrán utilizar los espacios gratuitos otorgados por el Estado.
Para ello, la autoridad electoral reglamentará la asignación de espacios gratuitos en
les medios de comunicación social regional que hagan uso del espectro
97
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 22 de
octubre del 2022. Rad. 11001-03-28-000-2022-00115-00. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
98
En el expediente 2022-00066-00.
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electromagnético, sin perjuicio de que puedan ampliarse en caso de que se creen
espacios en nuevos medios de comunicación.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Autoridad
Nacional de Televisión señalarán los espacios de que se puede disponer. Tal
distribución se hará conforme a las normas electorales vigentes.
273. Sin embargo, en el plenario obra certificación del gerente de la emisora, en
la que consta que no ha tenido ningún vínculo contractual con el accionado:
274. En ese orden, y dado que en las demandas no obra ningún medio de
convicción adicional que acredite la supuesta vulneración de la norma indicada, la
Sala concluye que no está probado que el demandado hubiera hecho uso del
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espacio electromagnético por fuera de los canales otorgados por el Estado,
específicamente, con la emisora Linda Estéreo 95.1 FM.
7. Conclusiones
275. Del estudio realizado la Sala encuentra que:
i) El demandado no incurrió en la inhabilidad del parágrafo 2º del artículo 5º
del Acto Legislativo 02 del 2021, en la medida en que fue candidato por
un partido cuya personería jurídica se perdió (Opción Ciudadana), y ello
ocurrió por fuera del término de los 5 años contados a partir de la
inscripción de su candidatura a la CITREP 5.
ii) Igualmente, tampoco se estructuró dicha prohibición, en la medida en que
no fue directivo de un partido político en el último año anterior a la
inscripción de su candidatura.
iii) No se configuró la alegada violación al inciso 4° del artículo 6° transitorio
del Acto Legislativo 02 del 2021, porque no se probó que el demandado
hubiera realizado alianzas, coaliciones o acuerdos con candidatos o listas
inscritas para las circunscripciones ordinarias para la Cámara de
Representantes.
iv) El demandado no incurrió en la inhabilidad del artículo 179.3 de la
Constitución Política, por cuanto no se acreditó que haya gestionado
negocios o celebrado contratos con la alcaldía de Valparaíso, Caquetá,
en los 6 meses anteriores a la fecha de elección como representante a la
cámara por la CITREP 5.
v) El demandado no vulneró el artículo 9° del Acto Legislativo 02 del 2021
porque no se probó que haya utilizado una emisora de radio del
departamento para promocionar su campaña a la CITREP 5.
276. En esa medida, no se accederá a las pretensiones de laa demandas, porque
no se configuraron los cargos de nulidad que se señalaron en contra del señor Jhon
Fredy Núñez Ramos, como Representante a la Cámara de la CITREP 5.
8. Otras decisiones
277. La demandante Sandra Milena García Penna, solicita que, en este caso, en
caso de declararse la nulidad del acto, se deje sin efecto la votación obtenida por la
lista Fundación Igualdad Social y, en consecuencia, sea ella la llamada a ocupar la
curul que quedará vacante, petición que no será abordada, en la medida en que no
se accederá a las pretensiones de las demandas.
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278. En todo caso, se deja claridad que en este asunto se analizó la legalidad del
acto acusado, con base en la causal de nulidad especial del artículo 275.5 del
CPACA. Por consiguiente, si se hubiera declarado la nulidad, las consecuencias de
ello están consagradas en el artículo 288 de la misma normativa.
279. Se acepta la sustitución de poder realizada por el apoderado del demandado,
al abogado Juan Camilo Sánchez Carvajal99.
280. Se acepta la renuncia del poder al poder otorgado por la demandante Sandra
Milena García Penna, al abogado Luis David Quintero Artunduaga, en la medida en
que se aportó la comunicación que exige el artículo 76 del CGP.
281. No se acepta la renuncia presentada por el abogado Oscar Felipe Osorio
Gaviria para actuar como representante de la RNEC, ya que en el expediente no
obra la comunicación que exige el artículo 76 del CGP.
RESUELVE:
PRIMERO: LEVANTAR la medida cautelar decretada contra el acto de elección del
señor Jhon Fredy Núñez Ramos como representante por la Circunscripción
Especial de Paz No. 5., contenida en el formulario E-26 CTP del 19 de marzo del
2022 expedido por la Comisión Escrutadora General
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de las demandas acumuladas, en contra de
la de elección del señor Jhon Fredy Núñez Ramos como representante por la
Circunscripción Especial de Paz No. 5., contenida en el formulario E-26 CTP del 19
de marzo del 2022 expedido por la Comisión Escrutadora General, según lo
expuesto en la parte motiva.
TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
CUARTO: Por medio de la Secretaría, comuníquese esta decisión a la Mesa
Directiva de la Cámara de Representantes, entidad en cargada de cumplir lo
dispuesto en esta providencia.
QUINTO: ACEPTAR la sustitución de poder realizada por el apoderado del
demandado, al abogado Juan Camilo Sánchez Carvajal100.
SEXTO: ACEPTAR la renuncia del poder presentada por el abogado Luis David
Quintero Artunduaga, para representar a la demandante Sandra Milena García.
99
Identificado con C.C. 1.000.803.188 y TP. 404.395.
100
Identificado con C.C. 1.000.803.188 y TP. 404.395.
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SÉPTIMO: NO ACEPTAR la renuncia presentada por el abogado Oscar Felipe
Osorio Gaviria para actuar como representante de la RNEC, según lo dicho en la
parte motiva.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
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