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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00228-00

Fecha
2 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00228-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección de los señores Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, Sor Berenice Bedoya Pérez, Iván Leonidas Name Vásquez, Angélica Lisbeth Lozano Correa, Ana Carolina Espitia Jerez, Andrea Padilla Villarraga, Jairo Alberto Castellanos Serrano, Inti Raúl Asprilla Reyes, Humberto de la Calle Lombana, Edwing Fabián Díaz Plata, Jonathan Ferney Pulido Hernández, Ariel Fernando Ávila Martínez y Guido Echeverry Piedrahita, contenida en el formulario E-26 SEN del 19 de julio del 2022 y la Resolución E-3332 de la misma fecha, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra la presente decisión no procede recurso alguno. TERCERO: En firme la presente providencia, ARCHIVAR el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00228-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

2 de marzo de 2023

Radicación: 11001-03-28-000-2022-00228-00
Demandante: Carlos Arturo Vergara Villacorte
Demandados: Gustavo Adolfo Moreno Hurtado y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00228-00
Demandante: Carlos Arturo Vergara Villacorte
Demandados: Acto electoral de Gustavo Adolfo Moreno Hurtado y otros.
Senadores de la República. Período constitucional 2022-2026.
Tema: Concepto de coalición. Coalición de partidos y movimientos
políticos para la presentación de candidatos a corporaciones
públicas. Artículo 262 Constitucional.

FALLO DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sección Quinta del Consejo de Estado a dictar sentencia de única
instancia en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Demanda

1. El ciudadano Carlos Arturo Vergara Villacorte, actuando en nombre propio,
presentó demanda1 en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de
la Ley 1437 del 2011, en la cual solicitó declarar la nulidad de la elección de los
senadores de la República Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, Sor Berenice
Bedoya Pérez, Iván Leonidas Name Vásquez, Angélica Lisbeth Lozano Correa,
Ana Carolina Espitia Jerez, Andrea Padilla Villarraga, Jairo Alberto
Castellanos Serrano, Inti Raúl Asprilla Reyes, Humberto de la Calle Lombana,
Edwing Fabián Díaz Plata, Jonathan Ferney Pulido Hernández, Ariel Fernando
Ávila Martínez y Guido Echeverry Piedrahita, contenida en el formulario E-26 SEN
y la Resolución E-3332 del 19 de julio del 2022, proferidos por el Consejo Nacional
Electoral.

1.2. Hechos

2. En síntesis, relató que los demandados se inscribieron2 al Senado de la República,
para el período 2022-2026, por la coalición denominada “Alianza Verde - Centro
Esperanza”, la cual estuvo conformada por los partidos políticos Dignidad, Alianza
Verde, Colombia Renaciente, Alianza Social Independiente y Verde Oxígeno, así
como la agrupación política En Marcha.

1
El 29 de agosto del 2022.
2
El 13 de diciembre de 2022.

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Demandante: Carlos Arturo Vergara Villacorte
Demandados: Gustavo Adolfo Moreno Hurtado y otros

3. Adelantado el escrutinio de la votación, el Consejo Nacional Electoral declaró las
elecciones aquí cuestionadas, tal y como obra en los actos demandados.

1.3. Concepto de violación

4. A juicio del actor, se incurrió en el vicio de infracción de norma superior, en tanto
la inscripción de la lista de candidatos al Senado de la República por la coalición
“Alianza Verde - Centro Esperanza”, no cumplió con los requisitos establecidos en el
inciso 5º del artículo 262 de la Constitución Política de 1991.

5. Señaló que el acuerdo de coalición fue suscrito por el representante legal del
movimiento En Marcha, colectividad política que no cuenta con personería jurídica
reconocida por el Consejo Nacional Electoral.

6. Consideró que, del tenor literal de la norma constitucional, así como su desarrollo
jurisprudencial3, la posibilidad de coaligarse para aspirar a cargos de elección popular
en corporaciones públicas se limita exclusivamente a las organizaciones que cuentan
con personería jurídica. Así la cosas, concluyó que no era posible que la “Alianza
Verde Centro Esperanza” contara dentro de sus integrantes con una colectividad sin
el mencionado atributo, lo que implica una irregularidad que irradia la inscripción de
los candidatos presentados por ésta.

7. Manifestó que, si bien es cierto al momento de la suscripción del formulario E-64
sólo se registraron los aspirantes avalados por las colectividades que acreditaron el
requisito de la personería jurídica, ello no es óbice para desconocer su carácter
vinculante, del cual, insistió, hizo parte una colectividad que no estaba habilitada para
dichos efectos.

8. De otra parte, refirió que la coalición incluyó a los partidos políticos Dignidad y
Colombia Renaciente, que si bien tienen personería jurídica, no participaron en las
elecciones parlamentarias del año 2018, desconociendo la exigencia de mismo inciso
5º del artículo 262 constitucional, relacionada con que las colectividades que
participan en ella, hayan obtenido una votación de hasta el 15% del total de sufragios
válidos depositados en el “certamen inmediatamente anterior y en la misma
circunscripción”.

1.4. Trámite procesal relevante

9. En providencia del 2 de septiembre del 2022, se inadmitió la demanda de la
referencia, al considerar que se presentó una indebida integración del extremo pasivo
de la relación procesal. Lo anterior, en la medida en que el reproche de nulidad que
se expresa en la misma tendría un efecto frente a todos los senadores elegidos por la

3
Sentencia del 13 de diciembre del 2018, expediente con radicación 11001-03-28-000-2018-00019-00, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
4
Documento de la etapa pre-electoral por medio de la cual se formaliza ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, la
inscripción de candidatos en una elección popular.

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coalición “Alianza Verde Centro Esperanza”, razón por la cual todos ellos deberían
incluirse como demandados.

10. El 7 de septiembre del 20225, el demandante subsanó la demanda. Con auto del
21 del mismo mes y año6, se dispuso la admisión del medio de control, se ordenaron
las notificaciones pertinentes y, se corrió el traslado para la contestación del escrito
inicial por parte de los elegidos y demás entidades vinculadas.

1.5. Contestaciones

11. Sor Berenice Bedoya Pérez7. Hizo referencia al contenido del inciso 5º del
artículo 262 constitucional, para resaltar que de la literalidad de dicha disposición no
se deriva la prohibición expresa a las colectividades políticas sin personería jurídica
para adherir a una coalición de partidos y movimientos. Conforme con ello, manifestó
que interpretar lo contrario, conllevaría a una limitación desproporcional del derecho
político allí consagrado.

12. Trajo a colación las consideraciones de la sentencia C-089 de 19948, para referir
que los derechos políticos tienen el carácter de fundamentales, y en esa medida, su
restricción debe responder a razones debidamente justificadas. Así las cosas, señaló
que la tesis propuesta por el demandante implica un desconocimiento del espíritu de
la norma constitucional y deja sin efecto útil el inciso 5º del artículo 262 Superior, en
detrimento de la posibilidad de participación de las colectividades políticas, toda vez
que conlleva a que se establezca como requisito indispensable para poder coligarse,
el haber obtenido la personería jurídica.

13. Seguidamente, refirió que el acuerdo de coalición es vinculante para las fuerzas
políticas que lo suscriben, más no para terceros ajenos al mismo o para las
autoridades electorales, razón por la cual no resulta procedente cuestionar que al
momento de la inscripción de la lista por parte de la coalición “Alianza Verde Centro
Esperanza”, sólo se hubiere registrado en el correspondiente formulario E-6 a las
colectividades con personería jurídica.

14. Reiteró que la Registraduría Nacional del Estado Civil efectuó una revisión de
todos los requisitos exigidos, por lo que a su juicio, es lógico que no se incluyera en el
formulario E-6 a la colectividad En Marcha, en la medida en que esta no tiene
personería jurídica, indicando que a esa entidad “no le era exigible (…) valorar las
obligaciones pactadas en cuanto a quienes conformarían la lista de candidatos pues tal
lista surgió como cumplimiento del acuerdo de coalición; luego entonces verificado el
cumplimiento de los requisitos para aspirar a dicha dignidad le asistia (sic) el deber legal
de imprimir el tramite (sic) correspondiente.”

5
SAMAI. Actuación No. 11.
6
SAMAI. Actuación No. 17.
7
Senadora que actúa a través de su apoderado judicial, señor Julio Rodrigo Ramírez Guevara, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 10.545.131 y portador de la tarjeta profesional No. 267.294 del Consejo Superior de la Judicatura.
8
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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15. Frente a la participación de los partidos políticos Dignidad y Colombia
Renaciente, señaló que la inclusión de estos no implicó superar el límite del 15% de
los votos de la respectiva circunscripción, única situación que, a su juicio, conllevaría
a la anulación del acto electoral. Consideró que entender que la norma constitucional
implica una participación obligatoria en las elecciones anteriores, daría lugar a
desconocer la posibilidad de las organizaciones a coligarse, que como dispuso en
forma previa, es parte del ejercicio de los derechos políticos de aquellas.

16. Conforme con lo dicho, solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda.

17. Registraduría Nacional del Estado Civil9. Señaló que, en atención al carácter
técnico de dicha entidad, no le es posible proferir pronunciamiento de fondo en
relación con las pretensiones de la demanda, por lo que solicitó se declare su falta de
legitimación.

18. Mencionó el carácter “meramente logístico” de las funciones que desarrolla en el
marco de las elecciones. Sostuvo que, en relación con la inscripción de candidatos, le
corresponde a cada colectividad política velar por el cumplimiento y verificación de los
requisitos exigidos, siendo competencia del Consejo Nacional Electoral su revocatoria
en caso de alguna irregularidad10.

19. Frente al desconocimiento del inciso quinto del artículo 262 Constitucional, refiere
que la postura del demandante deviene en aislada y desconoce la literalidad de la
norma. Resaltó que la disposición de ninguna manera consagra que el acuerdo de
coalición sea un requisito para la inscripción. En esta medida, considera que resulta
diferente ésta como una modalidad inscripción de candidatos, a señalar que el
acuerdo que la contiene sea una exigencia para la validez del proceso.

20. En el caso concreto de la inscripción de la lista de candidatos de la coalición
“Alianza Verde - Centro Esperanza”, observó que todos y cada uno de quienes fueron
postulados al Senado de la República lo hicieron por medio de colectividades que
cuentan con la correspondiente personería jurídica, sin que obre constancia en
relación con que la agrupación En Marcha hubiere adelantado actuación alguna en tal
sentido.

21. Sobre la falta de personería jurídica de este último movimiento, señaló que esa
circunstancia no le impide coaligarse, así como tampoco afecta la participación de los
candidatos de los demás firmantes del acuerdo. Señaló que “[d]e tomarse la
interpretación del demandante en cuanto la mención de EN MARCHA en el acuerdo de
coalición tiene la suficiencia material de invalidar la totalidad del acuerdo, se estaría
dando una prevalencia injustificada a un cuestión meramente formal, desvinculada por
completo del concepto de coalición propiamente dicho, causando así un perjuicio grave al
derecho de participación política de los partidos y movimientos políticos con derecho de
postulación, al igual que el de millones de sus electores.”

9
Actuando a través de apoderada judicial, señora Patricia Imelda Triana Cárdenas, identificada con cédula de ciudadanía
No. 51.624.539 y portadora de la tarjeta profesional 74.088 del Consejo Superior de la Judicatura.
10
Esta excepción fue negada en providencia del 30 de noviembre del 2022, quedando en firme en tanto no se prestaron
recursos en contra de dicha decisión.

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22. Finalmente, en relación con la presunta necesidad de haber participado en la
elección parlamentaria del 2018, señaló que el Consejo Nacional Electoral ha
señalado que el único requisito exigido por la Constitución es no superar el 15% de
los votos en la respectiva circunscripción, por lo que cuando una colectividad no
registre votación, es improcedente contabilizar sufragio alguno, por lo que concluyó:

“Por consiguiente, es evidente que la autoridad electoral da preponderancia a
garantizar el derecho a la participación política que, de otra forma, se vería
profundamente afectado con una interpretación restrictiva como la que expone el
demandante; interpretación que, además, se fundamentan en deducciones sesgadas
que nada tienen que ver con la interpretación exegética e histórica que utiliza el
Consejo de Estado sobre esta norma.”

23. Fabián Díaz Plata11. Señaló que, si bien en el acuerdo de coalición se hace
referencia al movimiento En Marcha, lo cierto es que ello obedece a una cuestión
interna de las colectividades que firmaron, en la medida en que se trata del desarrollo
del derecho a coaligarse, el cual no requiere desarrollo legislativo específico.

24. Manifestó que de la revisión del formulario E-6 correspondiente, se puede
verificar que, al menos en su caso, su postulación estuvo precedida del otorgamiento
de un aval por el partido Alianza Verde, lo cual se realizó en virtud de la personería
jurídica que se predica de aquel, aspecto que implica la legalidad del trámite y de su
elección.

25. Consideró, respecto del movimiento En Marcha, que no se demostró que hubiere
inscrito candidatos, razón por la cual, no puede aducirse la irregularidad alegada en la
demanda. Finalmente, en punto de la incidencia, refirió que:

“No obstante, como ya se mencionó, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo
287 de la Ley 1437 de 2011 la declaratoria de nulidad electoral es una medida
excepcional en la que se debe probar la existencia de la irregularidad dentro del
procedimiento electoral acusado, para desvirtuar la presunción de legalidad del acto
de elección, y una vez ello ocurra se procede a verificar su incidencia en el resultado
final, por lo que se hace necesario reiterar que los vicios señalados en el escrito de la
demandan (sic) no tuvieron incidencia alguna en la elección toda vez que el elector al
momento de ejercer su derecho a sufragar lo hizo de forma libre y espontanea, su
decisión en ese momento fue elegir a quien hoy funge como senador, por lo tanto, en
el caso concreto, le corresponde al juez electoral darle plena validez a la elección
respetando el principio de eficacia del voto así como la voluntad de los electores y la
verdad electoral.”

26. Inti Raúl Asprilla12. Solicitó se negaran las pretensiones de la demanda, para lo
cual, hizo referencia a las normas de orden constitucional y legal que regulan el
derecho de postulación de candidatos, así como a la jurisprudencia de esta
Corporación13 en la cual se ha reconocido el derecho a efectuar coaliciones entre los
partidos y movimientos políticos.

11
Senador que actuó en nombre propio.
12
Senador que actúa en nombre propio.
13
Trajo a colación: Sentencia del 13 de diciembre del 2018, radicación 11001-03-28-000-2018-00019-00, MP. Rocío Araújo
Oñate; sentencia del 2 de mayo del 2019, radicación 11001-03-28-000-2018-00132-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez; sentencia del 23 de octubre del 2019, radicación 11001-03-28-000-2019-00013-00, MP. Rocío Araújo Oñate.

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27. Seguidamente expuso:

a) El acuerdo de coalición se ajustó a los parámetros de la Resolución 2151
de 201914, dictada por el Consejo Nacional Electoral, y surtió efectos
jurídicos para sus integrantes, es decir quienes formalmente concurrieron al
acto de inscripción, esto es, las organizaciones “ALIANZA VERDE,
DIGNIDAD, COLOMBIA RENACIENTE, ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE y
VERDE OXIGENO”, tal y como consta en las actas E-6, E-7 y E-8,
respectivamente.

b) Los candidatos fueron avalados por partidos con personería jurídica
vigente, con lo que se acreditó el requisito constitucional.

c) Si bien en el acuerdo de coalición y su modificatoria se registra la firma del
señor Juan Fernando Cristo Bustos en representación de la organización
En Marcha, el referido ciudadano en ningún momento de la actuación
administrativa, concurre ante la autoridad electoral para efectos de hacerse
participe de la coalición “Alianza Verde Centro Esperanza”, por el contrario,
son los partidos con personería jurídica quienes a través de su rúbrica
formalizan dicha inscripción.

d) El logo-símbolo de la coalición, si bien en su diseño registrado ante la
autoridad electoral señala la palabra En Marcha, bajo ninguna óptica puede
entenderse a la misma como miembro del consorcio interpartidista al tenor
de los señalado en el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, por cuanto el
emblema registrado por parte de la pluricitada coalición fue aprobado por
parte del Consejo Nacional Electoral por no reproducir los símbolos patrios,
los de otros partidos o movimientos políticos, ni ser igual o generar
confusión con otros previamente registrados.

28. Manifestó que respecto de los integrantes Dignidad y “Verde Oxígeno”, debe
tenerse en cuenta que sus personerías jurídicas fueron obtenidas como producto de
una escisión y una decisión administrativa, respectivamente, razón por la cual no se
puede cercenar su derecho a formar parte de una coalición, con la tesis que pretende
sostener la parte demandante.

29. En cuanto hace al partido Colombia Renaciente, manifestó que el mismo obtuvo
su personería con ocasión de la representación que obtuvo en la circunscripción
especial para comunidades afrodescendientes en las elecciones del 2018, por lo que
“resulta proporcional que para conservar su personería jurídica le sea permitido acudir a la
figura de coalición prevista en artículo 262, así fuere con cero votos, pues precisamente la
posibilidad que otorgó el constituyente tiene por finalidad la protección y salvaguarda de
aquellas organizaciones políticas emergentes o minoritarias, verbi gracia aquella que
obtiene su personería jurídica a partir de lograr un escaño en una circunscripción de
minorías étnicas a la cual obviamente se le dificultaría afrontar el siguiente evento

14
Por medio de la cual se dictan algunas medidas operativas para la implementación de las listas de candidatos en
coalición para corporaciones pública.

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electoral cuya medida para el mantenimiento de su propia personería jurídica se
ponderará en la regla general del 3%.”.

30. Finalmente, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
al considerar que no tiene función o competencia alguna en relación con la
expedición de los actos demandados15.

31. Angélica Lisbeth Lozano Correa, Andrea Padilla Villarraga, Humberto de la
Calle Lombana, Jairo Alberto Castellanos Serrano, Ana Carolina Espitia Jerez,
Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, Guido Echeverry Piedrahita, Ariel Fernando
Ávila, Jonathan Pulido Hernández e Iván Leonidas Name Vásquez16. En un
escrito conjunto, solicitaron negar las pretensiones de la demanda, para lo cual,
esbozaron iguales consideraciones a las presentadas por el senador Inti Raúl Asprilla,
así como la excepción referida17.

32. Consejo Nacional Electoral18. Adujo que el demandante confundió dos actos
que son claramente diferenciales, por un lado, el acuerdo de coalición y por el otro, el
acto de inscripción de candidatos. Sobre el primero, lo definió como un acuerdo
privado y un mecanismo electoralmente reconocido para la fijación de estrategias
políticas y lograr fines comunes entre los partidos.

33. Conforme con ello, concluyó que la colectividad política En Marcha, participó
válidamente del acuerdo de coalición, más no de los actos de inscripción
formalizados por la misma a través de los formularios E-6, E-7 y E-8
correspondientes.

34. De otra parte, respecto de los partidos y movimientos políticos cuya personería
jurídica fue reconocida como producto de una escisión o de una decisión judicial o
administrativa, no les es procedente contabilizar votos para la verificación del
cumplimiento del 15% de los votos que consagra la norma constitucional, en tanto no
participaron en la elección anterior, aspecto que no es condicionamiento para
coaligarse.

1.6. Auto que dispone el trámite de sentencia anticipada

35. En providencia del 30 de noviembre del 2022, la magistrada ponente resolvió las
excepciones propuestas en las contestaciones a la demanda, fijó el litigio e incorporó
y decretó pruebas de naturaleza documental.

36. Dispuso, una vez recaudada la totalidad de los elementos de convicción, correr
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir su
concepto.

15
Excepción que fue negada en auto del 30 de noviembre del 2022.
16
Quienes actúan a nombre propio.
17
Ídem, Supra. Nota 12.
18
Entidad que actúa a través de su apoderado Mauricio Alexander Yandar Paz, identificado con cédula No. 1.085.259.396 y
portador de la tarjeta profesional No. 255935 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura

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1.7. Alegatos de conclusión

37. Del demandante. Solicitó se decrete la nulidad deprecada en el escrito inicial.
Hizo referencia a los problemas jurídicos fijados en la providencia del 30 de
noviembre del 2022, para señalar que de conformidad con la jurisprudencia de la
Sección Quinta19, se ha reconocido el derecho de las colectividades políticas a
coaligarse, bajo un acuerdo vinculante, que procura la suma de esfuerzos en una
determinada empresa electoral. Así mismo, precisó que la norma constitucional del
inciso 5º del artículo 262 señala de manera concreta los requisitos para las
coaliciones en punto de las elecciones a corporaciones públicas, para referir que, a
falta de uno de ellos, no puede tenerse como debidamente conformada la misma con
miras a presentar listas de candidatos.

38. Resaltó que, al interior del proceso, se allegó el documento que contiene el
acuerdo de coalición “Alianza Verde Centro Esperanza”, cuyo objeto fue el avalar e
inscribir lista de aspirantes al Senado de la República “en representación de los partidos
coligados”, para las elecciones del 13 de marzo del 2022. Así mismo, precisó que, del
mismo se puede derivar su vinculatoriedad (cláusula segunda), la obligación de
presentar una lista única por quienes lo suscriben (cláusula novena), la duración
(cláusula duodécima) y los símbolos de campaña (cláusula octava).

39. Manifestó que, al momento de la firma del formulario E-6 se observa que los
delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil excluyeron a la agrupación
política En Marcha. Indicó que la lista de candidatos inicialmente inscrita fue
modificada en atención a la no aceptación de algunos de los postulados, actuación
que contó con la firma del representante legal de la referida colectividad.

40. Relató que se allegó prueba de la solicitud efectuada al Consejo Nacional
Electoral para la aprobación del cambio del logo establecido en el acuerdo de
coalición; petición que fue suscrita por el señor Juan Fernando Cristo como
representante legal de En Marcha. Ello fue decidido mediante Resolución 362 del 13
de enero del 2022, en la cual se observa la inclusión de esa agrupación en la
tipografía aprobada, lo cual finalmente se incorporó en la tarjeta electoral de las
elecciones parlamentarias.

41. Trajo a colación que, al interior del proceso, se aportó por el Consejo Nacional
Electoral certificación en la que se indica que mediante Resolución 2701 del 2019 se
ordenó la inscripción de En Marcha, en el Registro Único de Partidos, Movimientos
Políticos y Agrupaciones Políticas, acápite de colectividades sin personería jurídica.

42. Indicó que la misma autoridad antes referida, arrimó copia de la Resolución 5527
del 15 de diciembre del 2022, por medio de la cual reconoce la personería jurídica a
dicha agrupación, ello con fundamento en la participación que tuvo la misma en las

19
Trajo a colación el contenido del fallo del 1º de julio del 2021, radicación 11001-03-28-000-2020-00018-00, M.P. Rocío
Araújo Oñate.

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elecciones del 13 de marzo del 2022, como parte de la coalición “ALIANZA VER-
CENTRO ESPERANZA”.

43. Manifestó que conforme con lo anterior, se tiene que al momento de la
suscripción del acuerdo coalición, En Marcha no contaba con la personería jurídica
requerida por el inciso 5º del artículo 262 constitucional, por lo que “la actuación de la
Registraduría devino ilegal, pues aun cuando registrara en la solicitud de inscripción de
candidatos a los partidos que tienen personería jurídica, y no registrara a la agrupación
política EN MARCHA, se aceptó como anexo el acuerdo de coalición que registraba como
agrupado o coaligado a una agrupación política que carecía de personería jurídica, es
decir, teniendo la obligación la RNEC de proceder a verificar los requisitos formales de la
inscripción conforme el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011, se puede inferir que lo verificó,
y al haber observado que la agrupación En Marcha carecía de personería jurídica, prefirió
no proceder al rechazo de la inscripción de la lista de la coalición “Alianza Verde y Centro
Esperanza” para su corrección, sino señalar únicamente en el formato E-6 SEN los
partidos con personería jurídica.”

44. Señaló que la irregularidad antes descrita, incide en la expedición de los actos
demandados, al evidenciarse una infracción de normas superiores en el trámite de
inscripción de candidatos por parte de la coalición “ALIANZA VERDE CENTRO
ESPERANZA”.

45. Consideró que:

“(…) debe advertirse que aunque el formato E-6 SEN no registrara a la agrupación
política En Marcha, esta si tuvo incidencia en todo el proceso pre-electoral, para lo
cual suscribió el acuerdo de coalición, la modificación del acuerdo de coalición, el
registro del logo-símbolo, la modificación del logo-símbolo, y el registro del logo-
símbolo en la tarjeta electoral Senado de la República de fecha 13 de marzo de
2022, lo que directamente incidió en el resultado electoral.

Para el suscrito, el logo de la agrupación política “En Marcha” dentro del logo-
símbolo de la coalición Alianza Verde y Centro Esperanza consignado en la tarjeta
electoral para el Senado de la República tuvo incidencia en el resultado electoral,
como quiera, que aunque no pueda diferenciarse los votos de todos los
coaligados, cada uno de ellos conforme al acuerdo de coalición se comprometió a
apoyar la lista de candidatos con todos los medios legales posibles, en especial
con el respaldo de sus militantes, afiliados y directivos, lo que permite indicar que
la lista tuvo el apoyo de la agrupación “En Marcha”

46. Así mismo, resaltó que en el acto administrativo que reconoció personería jurídica
a En Marcha, se indica que los senadores electos, Gustavo Moreno Hurtado, Guido
Echeverri Piedrahita y Jairo Alberto Castellanos Serrano, eran afiliados de esa
agrupación al momento de su aspiración, a pesar de haber sido avalados por otro
partido político, “circunstancia para tener como directa la intervención de dicha
colectividad, contrario a lo afirmado por los demandados en respuesta al medio de control,
donde minimizan y niegan cualquier intervención del movimiento En Marcha dentro de la
coalición Alianza Verde y Centro Esperanza.”

47. Por ello, concluyó, “de aceptarse la tesis propuesta por los demandados en cuanto a
la no participación de la agrupación En Marcha en la inscripción de la lista de candidatos

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al Senado, el no otorgamiento de avales, y su no incidencia dentro de la coalición, se
reformaría en parte el sistema electoral colombiano, al punto de que aceptarse como
integrante de la coalición a una agrupación que carecía del derecho a coaligarse
conforme el artículo 262 superior, tendría incidencia en el otorgamiento por parte del CNE
de personería jurídica vía coalición, abriendo la puerta a la fragmentación política en
Colombia.”

48. De conformidad con lo expuesto, consideró procedente decretar la nulidad del
acto de elección de los demandados.

49. La Registraduría Nacional del Estado Civil. En primer lugar, reiteró los
argumentos por los cuales considera no tiene legitimación en la causa en el presente
caso. En cuanto al fondo, presentó similares explicaciones a las reseñadas al
momento de contestar la demanda, al referir que el accionante confunde el concepto
de coalición como mecanismo para la escogencia de candidatos propio de la
actividad política, frente a los requisitos para la inscripción de dichos candidatos y
quién es el titular del derecho de postulación.

50. Manifestó que:

“En el caso en concreto, le correspondía a la entidad verificar, primero, que los
partidos y movimientos políticos que solicitaban inscribir la lista en coalición
tuvieran el derecho de postulación, lo que, al amparo del inciso 5° del artículo 262
constitucional, se traduce en verificar que los partidos y movimientos políticos que
solicitaban la inscripción a través del Formulario E-6 tuvieran personería Jurídica.
De esta manera, se entiende que la Registraduría haya aceptado la solicitud de
inscripción de los cien candidatos que compusieron la lista de la COALICIÓN
ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA, pues, como quedó consignado en el
formulario E-6, cada uno de los candidatos de la lista fue postulado, avalado y por
lo tanto inscrito por un partido o movimiento político con personería jurídica.

Vale detenerse sobre este punto para resaltar que dentro de los anexos que
acompañan el Formulario E-6 se encuentra el aval otorgado por los representantes
legales de las organizaciones políticas a cada uno de los candidatos y que, en el
caso de la COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA, no hay
constancia de que la agrupación EN MARCHA haya avalado o postulado ninguno
de los cien (100) candidatos que compusieron la lista”.

51. Precisó que, si bien respecto de En Marcha no se predica el derecho de
postulación de candidatos, en tanto carece de personería jurídica, ello no quiere decir
que la incapacidad para cumplir el acuerdo de coalición sea suficiente para afectar la
participación de los demás suscribientes del mismo. Sobre este punto concluyó
entonces “de tomarse la interpretación del demandante en cuanto la mención de EN
MARCHA en el acuerdo de coalición tiene la suficiencia material de invalidar la totalidad
del acuerdo, se estaría dando una prevalencia injustificada a un cuestión meramente
formal, desvinculada por completo del concepto de coalición propiamente dicho, causando
así un perjuicio grave al derecho de participación política de los partidos y movimientos
políticos con derecho de postulación, al igual que el de millones de sus electores.

52. En relación con la participación de las colectividades Dignidad y Colombia
Renaciente, indicó que la norma constitucional no exige que hubiere participado en la

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elección inmediatamente anterior, pues sólo se consagra que las agrupaciones que
suscriban el acuerdo de coalición no deben superar el 15% de los votos válidamente
depositados en la respectiva circunscripción.

53. De los senadores Angélica Lozano Correa, Andrea Padilla Villarraga,
Humberto de la Calle Lombana, Jairo Alberto Castellanos Serrano, Ana Carolina
Espitia Jerez, Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, Guido Echeverri Piedrahita,
Ariel Fernando Ávila, Jonathan Pulido Hernández e Iván Leonidas Name
Vásquez. Sobre el fondo del asunto, refirieron los demandados que de conformidad
con el contenido de los formularios E-6, E-7 y E-8, todos ellos obrantes en el
expediente, se observa que al momento de la inscripción de los candidatos al Senado
de la República por la coalición “Alianza Verde Centro Esperanza”, se presentaron
postulaciones únicamente por las colectividades que contaban a dicho momento con
la personería jurídica exigida por el inciso 5º del artículo 262 constitucional, por lo que
no se observa irregularidad alguna que afecte el “acto de registro de la coalición”.

54. En relación con la firma del acuerdo por parte del representante legal de En
Marcha, indicaron que es necesario dar prevalencia a lo que “surge en la práctica”
frente a los plasmado en el documento, para referir que lo cierto es que, conforme al
material probatorio, en las elecciones del “11 de marzo (sic)” participó la lista de
candidatos propuestos por los partidos “ALIANZA VERDE, DIGNIDAD, COLOMBIA
RENACIENTE, ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE Y VERDE OXÍGENO”.

55. En punto de la participación de los partidos “DIGNIDAD, COLOMBIA
RENANCIENTE Y VERDE OXÍGENO”, adujeron que, si bien no presentaron candidatos
en las elecciones parlamentarias del año 2018, lo cierto es que dicha exigencia no se
deriva de la norma constitucional presuntamente infringida, en tanto sólo se requiere
conforme a ella, acreditar hasta el 15% de los votos en la respectiva circunscripción.

56. Por lo dicho, solicitaron negar las pretensiones de la demanda.

57. Del señor Inti Raúl Asprilla Reyes. En su escrito, reiteró los argumentos
expuestos al momento de contestar la demanda.

1.8. Concepto del Ministerio Público

58. En memorial con radicado 2023-02-NE-25 del 16 de febrero de la presente
anualidad, la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó negar
lo pedido por el demandante.

59. Hizo referencia al acuerdo de coalición aportado al plenario, para resaltar que los
candidatos allí postulados frente a los inscritos finalmente en el formulario E-6, se
evidencia que ninguno de ellos fue avalado, formalmente, por la agrupación política
En Marcha, por lo que a su juicio, “es claro e inequívoco que los partidos y movimientos
políticos que solicitaron la inscripción de la lista en coalición, esto es: ALIANZA VERDE,
VERDE OXÍGENO, ASI, COLOMBIA RENACIENTE, y DIGNIDAD, sí tenían el derecho de

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postulación, pues todos estos, gozaban de la respectiva personería jurídica, de acuerdo
como fue establecido en el inciso 5° del artículo 262 constitucional.”

60. Por lo dicho, concluyó que “(…) esta Delegada se permite advertir que la inclusión
de la agrupación política “En marcha” en el acuerdo de coalición “Alianza Verde y Centro
Esperanza” sin ostentar personería jurídica, aunque puede ser objeto de reproche por la
ausencia de la capacidad de postulación, que se traduce en la posibilidad de avalar e
inscribir candidatos, ello no deviene en una irregularidad que tenga la entidad suficiente
para afectar el acto de elección demandado, por cuanto, se itera, esa organización política
sin personería jurídica, no presentó candidatos en la lista inscrita por la coalición que se
cuestiona, como tampoco hizo parte de los partidos y movimientos inscriptores, como se
evidencia en el formulario E-6 SN, y el ACUERDO DE COALICIÓN PROGRAMÁTICA Y
POLÍTICA que acompañó dicha inscripción, ambos documentos debidamente arrimados
al plenario.”

61. Señaló que los argumentos del demandante, al momento de presentar los
alegatos de conclusión, en donde refiere que el Consejo Nacional Electoral otorgó
personería jurídica al movimiento En Marcha con fundamento en su participación en
la coalición “Alianza Verde Centro Esperanza”, no pueden ser estudiados, en la medida
que no hace parte de la fijación del litigio que ocupa la atención de la Sala.

62. En cuanto hace a la participación de las colectividades Dignidad y Colombia
Renaciente, refirió que de conformidad con el contenido del formulario E-6, los
partidos y movimientos políticos de la coalición no superaron el 15% de los votos en
la correspondiente circunscripción, siendo este el único requisito de la norma
constitucional presuntamente infringida, por lo que el cargo no tiene vocación de
prosperidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

63. De conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 149 de la Ley
1437 de 201120 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer, tramitar y
fallar en única instancia el proceso de la referencia.

2.2. Cuestiones previas

64. Como fue expuesto en los antecedentes de esta providencia, la Registraduría
Nacional de Estado Civil al momento de presentar sus alegatos de conclusión,
presentó nuevamente los argumentos enfocados a demostrar su falta de legitimación
en la causa en la presente actuación.

20
“ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA: El Consejo de Estado, en Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a
la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…)
2. De la nulidad del acto de elección (…) de los senadores (…)”.

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65. En atención a que dicho medio de defensa fue resuelto en la providencia del 30
de noviembre del 2022, en el sentido de declararlo no probado, sin que la entidad
presentara recurso alguno sobre ese particular, esta Sala no se pronunciara en el
presente fallo sobre este aspecto, en tanto su definición se encuentra en firme.

66. De otra parte, se observa que, en el traslado para alegar de conclusión, la parte
demandante presentó escrito que tituló como “solicitud probatoria de oficio”,
consistente en solicitar al Consejo Nacional Electoral la remisión de la Resolución
5527 del 15 de diciembre del 2022, por medio de la cual se reconoció la personería
jurídica al movimiento político En Marcha, junto con los antecedentes administrativos
de esa actuación.

67. La Sala pone de presente, que de conformidad con los registros del sistema
SAMAI21, y como lo expone el actor en sus alegatos de conclusión (ver: supra,
párrafo 44), ese acto fue remitido por la autoridad electoral durante la etapa
probatoria, documento respecto del cual se corrió traslado a las partes22 y no ha sido
desconocido, tachado o alegada alguna irregularidad en su incorporación al
expediente.

68. Por estas razones, esta judicatura considera que no es procedente emitir
pronunciamiento alguno sobre este particular.

2.3. Problemas jurídicos

69. En providencia del 30 de noviembre del 2022, teniendo en cuenta el inciso 2º del
literal d), del numeral 1º, del artículo 182A de la Ley 1437 de 201123, se fijó el litigio en
los siguientes términos24:

“Considerando que las partes, en sus intervenciones, no cuestionan la aplicabilidad del
inciso 5º del artículo 262 constitucional a la lista al Senado de la República presentada por
la coalición “Alianza Verde Centro Esperanza”, corresponde entonces dar respuesta a los
siguientes interrogantes:

a) ¿Se encuentra afectado de nulidad el acto demandado, si se considera que el
acuerdo de coalición denominado “Alianza Verde - Centro Esperanza” fue suscrito
por una colectividad política que no cuenta con personería jurídica?

b) ¿Es nula la elección cuestionada, considerando que el acuerdo de coalición
“Alianza Verde - Centro Esperanza” fue firmado por dos partidos políticos con
personería jurídica que no participaron en las elecciones parlamentarias del
2018?”

70. A efectos de dar respuesta a los interrogantes antes descritos, la Sala abordara
los siguientes asuntos: (i) el concepto de coalición y su evolución a nivel
21
Actuación No. 68. Sistema SAMAI.
22
Actuación No. 69. Sistema SAMAI.
23
“(…) El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando
aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia (…).
24
Decisión que quedó en firme, en tanto no se presentaron recursos en contra de esta.

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jurisprudencial y legal; (ii) contenido, alcance e interpretación del inciso quinto del
artículo 262 constitucional y (iii) caso concreto.

2.4. Concepto de coalición: evolución legal y jurisprudencial25

71. Considerando que el fondo del asunto expuesto en la demanda refiere en gran
medida a la posibilidad de las agrupaciones políticas de coligarse, considera esta
judicatura procedente efectuar algunas consideraciones respecto del desarrollo legal
y jurisprudencial de este derecho y de su marco constitucional y legal.

72. Sobre el particular, es de resaltar que en las normas electorales no se encuentra
un concepto o definición de coalición26; sin embargo, dicha figura se consagró desde
la promulgación de la Ley 130 de 1994, la cual señala:

“Art. 13 (…) los partidos y movimientos que concurran a las elecciones formando
coaliciones determinarán previamente la forma de distribución de los aportes
estatales a la campaña. De lo contrario, perderán el derecho a la reposición estatal
de gastos.”

73. Así mismo, la jurisprudencia de esta Sección entendió en su momento 27 como
definición de coalición, la consagrada, aunque no explícitamente, en el artículo 9º
de la misma Ley 130 de 199428, cuando se refiere a las asociaciones de todo
orden. Sobre el particular se indicó:

“Cuando varios partidos o movimientos políticos o sociales se unen para obtener
mayores ventajas electorales, conformando las comúnmente denominadas
coaliciones, estaremos en presencia de las " asociaciones de todo orden " que
resuelvan constituirse en movimientos políticos, las cuales están autorizadas a
presentar candidatos, de conformidad con el inciso tercero del artículo 9 de la Ley 130
de 1994, que dispone al efecto: " Las asociaciones de todo orden, ( incluidos los
partidos y movimientos políticos, como parece obvio ) que por decisión de su
Asamblea General resuelvan constituirse en movimientos u organismos sociales, y los
grupos de ciudadanos … también podrán postular candidatos. "…" Para la Sala la
norma transcrita regula, en forma más o menos explícita, el fenómeno de las
coaliciones, por lo menos en cuanto a su conformación”29. (Resaltado fuera de texto)

74. Aunado a lo anterior, la Sala Electoral también ha aludido30 a la jurisprudencia
de la Sección Primera del Consejo de Estado, que consideró que las coaliciones

25
En este apartado, se reiteran las consideraciones expuestas en: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 1º de julio del 2021. Radicación 11001-03-28-000-2020-00018-00. M.P. Rocío
Araújo Oñate.
26
Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia del 12 de noviembre de 2015. M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
Rad. 11001-03-28-000-2014-00088-00.
27
Ibídem.
28
“ARTÍCULO 9o. DESIGNACIÓN Y POSTULACIÓN DE CANDIDATOS. Los partidos y movimientos políticos, con
personería jurídica reconocida, podrán postular candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional
alguno.
La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o
por quien él delegue.
Las asociaciones de todo orden, que por decisión de su Asamblea General resuelvan constituirse en movimientos u
organismos sociales, y los grupos de ciudadanos equivalentes al menos al veinte por ciento del resultado de dividir el
número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer, también podrán postular candidatos. En
ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas para permitir la inscripción de un candidato (…)”
29
Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia del 4 de septiembre de 2000 M.P. Reynaldo Chavarro Buriticá. Rad. 2406.
30
Consejo de Estado- Sección Quinta, sentencia del 12 de noviembre de 2015. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,
Rad. 11001-03-28-000-2014-00088-00.

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son alianzas propias del proceso democrático no prohibidas por las leyes
electorales, y en dicha decisión señaló:

“Asistió razón al a quo al considerar que las coaliciones son alianzas propias del
proceso democrático en que se desenvuelven los movimientos y partidos, no
prohibidas por las leyes electorales. Tanto es así que el artículo 13 de la Ley 130
de 1994, inciso final, no solamente las avala sino que autoriza expresamente que los
partidos o movimientos políticos que formen coaliciones puedan determinar
previamente la forma de distribución de los aportes estatales a la campaña, so pena
de que pierdan el derecho a la reposición de gastos estatales. Así se dice claramente
en su tenor literal:

“...Los partidos y movimientos que concurran a las elecciones formando coaliciones
determinarán previamente la forma de distribución de los aportes estatales a la
campaña. De lo contrario, perderán el derecho a la reposición estatal de gastos”. (Se
resalta)” 31. (énfasis de la Sala)

75. De igual manera, se había reconocido la figura de las coaliciones definiendo,
entre otras cosas, que:

“La definición que comúnmente se emplea para la coalición es la “Unión
transitoria de personas, grupos políticos o países con un interés
determinado”32, y la expresión con la que de ordinario se le equipara –alianza-,
se concibe como “Acción de aliarse dos o más naciones, gobiernos o personas.
Pacto o convención”33. En uno u otro terreno lo que subyace es la suma de
esfuerzos, la repartición de tareas y la existencia de un propósito común, que puede
llegar a ser pre-electoral y post-electoral. (…)

Lo propio ocurre en la doctrina constitucional, pues el Tribunal Constitucional al
pronunciarse sobre la exequibilidad del Reglamento 01 de julio 25 de 2003,
equiparó igualmente las coaliciones y las alianzas, al señalar por ejemplo que
“…resulta obvio que la presentación de listas por parte de coaliciones o
alianzas partidistas o de movimientos políticos con personería jurídica secunda
el espíritu de la reforma.”34, y “…que las coaliciones o alianzas no desconocen el
mandato superior de presentar candidatos o listas ‘únicos’”35. (…)

Lo anterior evidencia que en el contexto colombiano la decisión libremente
adoptada por las organizaciones políticas de juntar esfuerzos para lograr un fin
común en el campo de lo político, bien puede calificarse como coalición o como
alianza; de igual forma demuestra que desde el punto de vista cronológico esas
formas de asociación pueden ocurrir con antelación a las elecciones, con miras
a juntar fuerzas electorales para alzarse con el poder político, como así lo pone
de presente el artículo 107 Superior (Mod. A.L. 01/09 Art. 1), al precisar que esos
colectivos están autorizados a presentar “…candidatos propios o por coalición,…”,
para lo cual pueden acudir a instrumentos como las consultas populares o
internas o interpartidistas. (…)

Lo dicho hasta el momento permite afirmar que las coaliciones o alianzas
surgen de la manifestación libre y voluntaria de las organizaciones políticas,
llámense partidos o movimientos políticos, o asociaciones o grupos

31
Consejo de Estado. Sección Primera, sentencia del 31 de marzo de 2005. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Rad.
25000-23-24-000-2001-01189-01(8575).
32
Diccionario de la Real Academia Española.
33
Diccionario de la Real Academia Española.
34
Corte Constitucional. Sentencia C-1081 del 24 de octubre de 2005. M.P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.
35
Ibidem.

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significativos de ciudadanos; que se pueden pactar antes de las elecciones y con
el propósito de conquistar el poder político en las urnas, y que también se pueden
dar esos acuerdos con fines programáticos o de gobierno, posteriores a la
jornada electoral (…)” (Se resalta)36.

76. En ese sentido, reconociendo la existencia de las coaliciones como modalidad
de participación política, el último inciso del artículo 303 de la Constitución Política
reformado por el artículo 1° del Acto Legislativo 02 de 2002, señaló respecto de la
falta absoluta del gobernador cuando faltan menos de 18 meses para la
finalización del período respectivo, que el presidente de la República designará su
reemplazo “respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el
gobernador elegido”, dando cuenta de esta forma que la alianza entre colectividades
políticas podía permitir la elección popular en un cargo uninominal, realidad que
también fue aceptada por el artículo 314 Superior37, que en similares términos
estableció cómo suplir la vacante absoluta del alcalde faltando el señalado
período38.

77. Asimismo, se tiene que el artículo 1° del Acto Legislativo 1 de 2009, al
modificar el artículo 107 Superior, hizo alusión a la escogencia de candidatos por
coalición al señalar lo siguiente:

“ARTÍCULO 1o. El artículo 107 de la Constitución Política quedará así:

Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar
partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de
un partido o movimiento político con personería jurídica.

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán
como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de
género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por
coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que
coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo
previsto en sus Estatutos y en la ley. (…)” (Se resalta)

78. Así las cosas, aun cuando la ley y la Constitución reconocen la existencia de
las coaliciones, lo cierto es que sin que se hubiera regulado su conformación, esto
es, lo concerniente al acuerdo de coalición ni su funcionamiento, el derecho a
coaligarse emana de la voluntad libre de las agrupaciones políticas reconociendo
su existencia sin necesidad de desarrollo legislativo específico39.

79. Posteriormente, el 14 de julio de 2011, con la expedición de la Ley 1475 de
2011, se regularon de manera más específica algunos aspectos de las

36
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 4 de agosto de 2011. C.P. Susana Buitrago Valencia.
37
Modificado por el artículo 3 del Acto Legislativo No. 2 de 2002.
38
En la misma línea argumentativa respecto de la falta absoluta del alcalde mayor de Bogotá, puede apreciarse el artículo
323 Superior, desde su reforma por el Acto Legislativo 02 de 2002.
39
Consejo de Estado. Sección Quinta. Fallo del 1º de julio del 2021, radicación 11001-03-28-000-2020-00018-00, M.P.
Rocío Araújo Oñate.

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coaliciones. Por ejemplo, el artículo 5°, atendiendo lo dispuesto en el artículo 107
Superior, indicó que las consultas populares o internas o interpartidistas pueden
ser empleadas para escoger candidatos de coalición a cargos de elección popular,
precisando en su inciso 3°, que dicho mecanismo de participación democrática se
lleva a cabo para “cargos uninominales”.

80. En consonancia con lo anterior, en el artículo 7° relativo al carácter obligatorio
de las consultas, se prescribió que son vinculantes “para el partido, movimiento,
grupo significativo de ciudadanos o coalición, que las hubiere convocado, así como para
los precandidatos que hubieren participado en ellas”, por lo que éstos últimos
quedarán inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier
circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos,
grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintos a los que participaron
en la consulta. A la vez estableció que las colectividades que hicieron parte de
ésta no podrán “inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho
mecanismo, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato
así seleccionado”, so pena de la nulidad o revocatoria de la inscripción del aspirante
que se apoye, diferente al elegido en la consulta.

81. Asimismo, el mentado artículo señaló, que “en caso de incumplimiento de los
resultados de las consultas o en caso de renuncia del candidato, los partidos,
movimientos y/o candidatos, deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en que
hubiere incurrido la organización electoral, los cuales serán fijados por el Consejo
Nacional Electoral con base en los informes que presente la Registraduría Nacional del
Estado Civil. Estas sumas podrán ser descontadas de la financiación estatal que
corresponda a dichos partidos y movimientos”.

82. Ahora bien, el aporte más significativo que realizó la Ley 1475 de 2011 en
materia de coaliciones está en el artículo 29, en materia de candidatos a cargos
uninominales40.

40
ARTÍCULO 29. CANDIDATOS DE COALICIÓN. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica coaligados
entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos, podrán inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El
candidato de coalición será el candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que
participen en ella. Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica que aunque no
participen en la coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición. En el caso de las campañas presidenciales
también formarán parte de la coalición los partidos y movimientos políticos que públicamente manifiesten su apoyo al
candidato. En el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación
política de los candidatos. PARÁGRAFO 1o. Antes de la inscripción del candidato, la coalición debe haber determinado los
siguientes aspectos; mecanismo mediante el cual se efectúa la designación del candidato, el programa que va a presentar
el candidato a gobernador o alcalde, el mecanismo mediante el cual se financiará la campaña y cómo se distribuirá entre los
distintos partidos y movimientos que conforman la coalición la reposición estatal de los gastos, así como los sistemas de
publicidad y auditoría interna. Igualmente deberán determinar el mecanismo mediante el cual formarán la terna en los casos
en que hubiere lugar a reemplazar al elegido. PARÁGRAFO 2o. La suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter
vinculante y por tanto, los partidos y movimientos políticos y sus directivos, y los promotores de los grupos significativos de
ciudadanos no podrán inscribir, ni apoyar candidato distinto al que fue designado por la coalición. La inobservancia de este
precepto será causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al designado en la
coalición. PARÁGRAFO 3o. En caso de faltas absolutas de gobernadores o alcaldes, el Presidente de la República o el
gobernador, según el caso, dentro de los dos (2) días siguientes a la ocurrencia de la causal, solicitará al partido,
movimiento o coalición que inscribió al candidato una terna integrada por ciudadanos pertenecientes al respectivo partido,
movimiento o coalición. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de recibo de la solicitud no presentaren la terna,
el nominador designará a un ciudadano respetando el partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato. No podrá
ser encargados o designados como gobernadores o alcaldes para proveer vacantes temporales o absolutas en tales
cargos, quienes se encuentren en cualquiera de las inhabilidades a que se refieren los numerales 1, 2, 5 y 6 del artículo
30 y 1, 4 y 5 del artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los
servidores públicos de elección popular será superior al establecido para los congresistas en la Constitución Política.

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Demandados: Gustavo Adolfo Moreno Hurtado y otros

83. De lo dicho, se puede concluir, que las coaliciones se entienden como parte
de la dinámica propia de la actividad de las agrupaciones políticas, quienes, en el
marco de su autonomía, deciden aunar esfuerzos para el apoyo de una
determinada empresa electoral, bajo la suscripción de un acuerdo que establece
las condiciones mínimas para ello, el cual resulta vinculante para los suscribientes
y tiene unos efectos claros frente a la obligatoriedad de apoyo a los candidatos
postulados por ellas.

2.5. De las coaliciones para elecciones a corporaciones públicas41

84. Continuado con el recuento de la regulación atinente a las coaliciones, debe
tenerse en cuenta el inciso 5º del artículo 262 de la Constitución Política, en virtud
de la modificación introducida por el artículo 20 del Acto Legislativo No 2 de 2015
que instituyó lo siguiente, consagrando unos requisitos específicos sobre dicho
particular, a diferencia de lo que ocurre en punto de este mecanismo para
elecciones a cargos uninominales:

“ARTÍCULO 20. El artículo 263 de la Constitución Política pasará a ser 262 y
quedará así:

Artículo 262. (…) La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las
campañas, los mecanismos de democracia interna de los partidos, la inscripción de
candidatos y listas propias o de coalición a cargos uninominales o a corporaciones
públicas, la administración de recursos y la protección de los derechos de los
aspirantes. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que
sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de
los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de
candidatos en coalición para corporaciones públicas.” (Se resalta).

85. Con el Acto Legislativo 2 de 2015 se constitucionalizaron dos puntos
específicos en materia de coaliciones, así:

i) Impuso al legislador el deber de regular aspectos propios del
funcionamiento de las coaliciones.

ii) De manera autónoma e independiente consagró y reguló el derecho a
presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas
bajo condiciones específicas.

86. En efecto, frente el primero de los aspectos tratados por la norma superior, se
evidencia que se asignó al legislador el deber de regular la financiación
preponderantemente estatal de las campañas, los mecanismos de democracia
interna de los partidos, la inscripción de candidatos y listas propias o de coalición a
cargos uninominales o a corporaciones públicas.

41
Se reiteran los argumentos expuestos por esta Sección desde el la sentencia del 13 de diciembre del 2018, expediente con
radicación 11001-03-28-000-2018-00019-00, M.P. Rocío Araújo Oñate. Reiterado de forma reciente, entre otros, en: Consejo
de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 17 de noviembre del 2022. Radicación 11001-03-28-000-2022-00084-00. M.P. Rocío
Araújo Oñate.

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87. Frente al segundo aspecto regulado, encuentra la Sala que la norma
constitucional en comento establece y regula de manera completa un derecho en
favor de coaliciones políticas, al señalar que “(l)os partidos y movimientos políticos
con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por
ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista
de candidatos en coalición para corporaciones públicas”.

88. En efecto, la norma en comento independiente al hecho de imponer un deber
al legislador reconoce de manera clara el derecho de “presentar lista de
candidatos en coalición para corporaciones públicas” (énfasis de la Sala), bajo
ciertas condiciones42, por cuanto:

1. Prevé como titulares del derecho los partidos y movimientos políticos.

2. Exige la constatación de la personería jurídica.

3. Impone la verificación del atributo relativo a que los entes coaligados,
sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%)
de los votos válidos.

4. Lo anterior, en la respectiva circunscripción.

89. En este sentido, es importante señalar que la norma constitucional consignó
los requisitos de existencia propios de la coalición a la cual le es dable
proceder con la presentación de listas de candidatos a elecciones de
corporaciones públicas, en ejercicio de un derecho reconocido de manera
específica por el constituyente.

90. Por lo tanto, de manera independiente al deber del legislador de regular
aspectos propios del funcionamiento de las coaliciones, las cuales no resultan
novedosas ni ajenas al ejercicio de la democracia, resulta innegable que se
reconoció como un mandato autónomo y específico, un derecho en el orden
constitucional.

91. Conforme con lo anterior, con la citada norma constitucional se impuso el
deber al legislador en materia de coaliciones, de regular aspectos propios de su
funcionamiento y, por otra parte, de manera autónoma y específica se consagró el
derecho a presentar listas de candidatos en coalición para corporaciones públicas,
bajo ciertas condiciones, dispuestas de manera específica por el Constituyente
derivado, avanzando así en el marco de protección que estableció la Ley 1475 de
2011 que sólo se refirió a las coaliciones para cargos uninominales (art. 29)43.

42
Sentencia del 13 de diciembre del 2018, expediente con radicación 11001-03-28-000-2018-00019-00, M.P. Rocío Araújo
Oñate. Reiterado en: Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 17 de noviembre del 2022. Radicación 11001-03-28-
000-2022-00084-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.
43
Sobre el derecho a presentar listas de candidatos en coalición para corporaciones públicas, ver: Consejo Estado, Sección
Quinta, sentencia del 13 de diciembre de 2018, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-28-000-2018-00019-00.

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92. Finalmente, es de señalar que desde la exposición de motivos del Acto
Legislativo 02 del 201544, el cual incluyó la referida regulación, se tiene que la
finalidad de la misma es lograr el fortalecimiento de la participación democrática
de los partidos y movimientos políticos, garantizándole a ellos, bajo ciertas
condiciones de tipo objetivo -votos de la respectiva circunscripción-, la
posibilidad de aunar esfuerzos para la consecución de espacios de
representación en corporaciones públicas y permitir de esta manera, defender
los ideales y programas que representan y por los cuales los ciudadanos votan 45.

2.6. Algunas conclusiones sobre el derecho de las agrupaciones políticas
a coaligarse

93. De las consideraciones expuestas en este acápite, a manera de conclusión se
tiene que:

• El derecho de las agrupaciones políticas a coaligarse ha sido reconocido
aun antes de que la Constitución hiciera referencia al término coalición a
través de los actos legislativos 02 de 2002, 01 de 2009 y 2 de 2015, por
ejemplo, en los artículos 9 y 13 de Ley 130 de 1994. Empero, su
constitucionalización ha permitido que se afianzase como una alternativa de
participación política para el acceso a cargos de elección popular y, por
consiguiente, que su regulación constituya un asunto de especial interés
para el legislador. En tal sentido se destaca lo preceptuado en los artículos
107, 262, 303 y 314 de la Constitución.

• En tratándose de las coaliciones para cargos de elección popular en
corporaciones públicas, el constituyente (art. 262) consignó los
requisitos de existencia propios de la coalición para presentar
candidatos a corporaciones públicas46, y estableció el deber del
legislador de regular aspectos propios del funcionamiento, materia que
aún no ha sido desarrollada en detalle por aquél.

• Más prolijo ha sido el desarrollo legal de las coaliciones para la elección de
cargos uninominales, respecto de los cuales se cuenta de manera
especial con los artículos 5, 7 y 29 de la Ley 1475 de 2011, constituyendo
este último una norma completa en cuanto a los aspectos básicos de la
coalición frente a su legitimación, finalidad, vinculatoriedad y
solemnidad, que además previó los aspectos fundamentales para

44
En este sentido, desde su contexto histórico y finalista, la reforma introducida por el acto Legislativo 002 de 2015, al inciso
5 del artículo 262 Constitucional, deja claro que dicho acto estaba dirigido desde su génesis44, entre otras, cosas, “para
abordar en forma integral un ajuste institucional cuyo propósito fundamental es el fortalecimiento de la democracia y de
nuestro sistema político” y, por tanto, incluyó entre sus objetivos el de “1. Modificar disposiciones electorales dirigidas a
fortalecer la democracia”
45
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencias del 17 y 24 de noviembre del 2022 y 19 de enero
del 2023, expedientes 11001-03-28-2022-00084-00, 11001-03-28-000-2022-00089-00, 11001-03-28-000-2022-00090-00 y
11001-03-28-000-2022-00094-00, respectivamente; M.P. Rocío Araújo Oñate.
46
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 1º de julio del 2021. Radicación
11001-03-28-000-2020-00018-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.

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tener en cuenta antes, durante y después de la inscripción del
candidato.

2.7. Caso concreto

2.7.1. De lo probado en el proceso

94. A continuación, se presentan, en forma cronológica, los hechos relevantes
debidamente acreditados al interior de esta actuación judicial:

95. Respecto del acuerdo de coalición, otorgamiento de avales y proceso de
inscripción de los candidatos al Senado de la República por parte de la
coalición “ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA”.

96. Los representantes legales de los partidos políticos Dignidad47, Alianza Verde48,
Alianza Social Independiente49, Colombia Renaciente50, Verde Oxígeno51 y de la
agrupación política En Marcha52, suscribieron un documento, sin fecha, denominado
“ACUERDO DE COALICIÓN PROGRAMÁTICA Y POLÍTICA (…) PARA INSCRIBIR
LISTA DE CANDIDATOS AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA LAS ELECCIONES
DEL 13 DE MARZO DE 2022.” Al final de dicho documento se consignaron las firmas
de los referidos de la siguiente manera:

97. De dicho documento, se resalta:

(i) Su objeto es “avalar e inscribir lista al Senado de la República en
representación de los partidos coligados para participar en las elecciones que
se celebrarán el 13 de marzo de 2022, para el periodo constitucional 2022 - 2026.
Esta coalición no representa una fusión administrativa o financiera, ni de otro tipo
en los partidos coligados, sino una coalición de tipo político donde se garantizará
por parte de las colectividades comprometidas el cumplimiento de los
acuerdos aquí suscritos especialmente en lo referido a la filiación política de

47
Señores Juan Manuel Ospina Restrepo y Gustavo Rubén Triana Suárez.
48
Señores Rodrigo Romero Hernández y Antonio Navarro Wolf
49
Sor Berenice Bedoya Pérez
50
Jhon Arley Murillo Benítez
51
Ingrid Betancourt Pulecio
52
Juan Fernando Cristo Bustos.

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cada uno de los candidatos y de las organizaciones políticas que otorgan el
aval en cada lugar de la lista.53 (énfasis de la Sala).

(ii) La cláusula segunda, dispone que el acuerdo “constituye regla de obligatorio
cumplimiento para todos los suscribientes del mismo, así como de los respectivos
candidatos que sean avalados mediante los mecanismos que aquí se planteen,
por lo cual ninguno podrá alegar desconocimiento u otra causal para su
incumplimiento o sustracción de obligaciones.”

(iii) El artículo octavo, dispone:

OCTAVA. - SÍMBOLOS DE LA CAMPAÑA: La campaña de cada candidato estará
autorizada para utilizar los logos y símbolos de los partidos coaligados, tanto en la
inscripción como en la promoción de la campaña, publicidad que puede distribuirse
uniformemente y resaltando lo colores distintivos en el espacio asignado en la
tarjeta electoral, en la cual se resaltará el logo de la COALICIÓN acompañada de
los logos de todos los partidos y agrupaciones políticas que suscriben el presente
acuerdo. De igual manera su publicidad se regirá de acuerdo con lo establecido
por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y las autoridades competentes. El logo
para insertar en el tarjetón electoral será el siguiente:

(iv) El artículo siguiente señala que “[e]l acuerdo de coalición lleva implícita la
obligación de los partidos que la integran de abstenerse de inscribir para el
Senado de la República candidatos diferentes a los avalados e inscritos por la
coalición. La inobservancia de esta cláusula será causal para demandar la
revocatoria de la inscripción del candidato diferente.”

(v) La cláusula decimo tercera -alcance-, señala que “[l]a Coalición por si misma
no modifica la situación frente a la personería jurídica o situación individual
de los partidos o movimientos políticos o agrupaciones políticas que lo
conforman, por lo cual los candidatos presentados en la coalición podrán de
manera libre e independiente, sin incurrir en doble militancia, apoyar a candidatos
a la cámara o consultas a la presidencia de la República que se presenten para las
elecciones del 13 de marzo de 2022 aún cuando estos pertenezcan a otros
partidos o movimientos políticos u otras listas.”

(vi) Finalmente, el acuerdo en comento propone la postulación de candidatos de
la siguiente manera:

53
Este documento obra, entre otras, en la actuación No. 34 del sistema SAMAI.

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DÉCIMOCUARTA - POSTULACIÓN. La Coalición, como conjunto ha sostenido
diálogo a través de los representantes legales de los partidos políticos que la
conforman, como proceso de inclusión y garantía de derechos de los distintos
grupos de carácter político, social , étnico, económico, y en general de todos los
aspectos que involucran la diversidad demográfica y regional colombiana, hemos
definido mediante el proceso de consenso la postulación de los siguientes
candidatos al Senado de la República para el periodo 2022 – 2026 en la modalidad
de VOTO PREFERENTE (…) PARÁGRAFO: Los avales se otorgarán por cada
partido directamente a sus candidatos, por lo cual a pesar de la lista taxativa
anteriormente descrita los partidos o movimientos que hayan otorgado este apoyo
podrán indistintamente, en los casos previstos por la ley expedir nuevos avales
para los casos de modificaciones o correcciones a la lista por muerte o renuncia .

98. Con posterioridad, se firmó modificación al acuerdo de coalición, en el sentido de
cambiar al candidato ubicado en el reglón número 11.

99. El acuerdo de coalición referido incluyó la filiación política de cada uno de los
aspirantes al Senado de la República, sin que se observe el aval de candidatos por
parte de la colectividad En Marcha. Frente a los aquí demandados, se observa lo
siguiente:

Actuación SAMAI
Nombre Partido que avala donde obra la
prueba
Gustavo Adolfo Moreno Alianza Social 36 y 51
Hurtado Independiente
Sor Berenice Bedoya Pérez Alianza Social 36 y 51
Independiente
Iván Leónidas Name Vásquez Alianza Verde 36 y 51
Angélica Lisbeth Lozano Alianza Verde 34, 36 y 51
Correa
Ana Carolina Espitia Jerez Alianza Verde 36 y 51
Andrea Padilla Villarraga Alianza Verde 36 y 51
Jairo Alberto Castellanos Alianza Social 34 y 51
Serrano Independiente
Inti Raúl Asprilla Reyes Alianza Verde 36 y 51
Humberto de la Calle Lombana Partido Verde Oxígeno 36 y 51
Edwing Fabián Díaz Plata Alianza Verde 36 y 51
Jonathan Ferney Pulido Alianza Verde 36 y 51
Hernández
Ariel Fernando Ávila Martínez Alianza Verde 36 y 51
Guido Echeverry Piedrahita Alianza Social 36 y 51
Independiente

100. El 13 de diciembre del 2021, se suscribió ante la Registraduría Nacional del
Estado Civil el correspondiente formulario E-6 de inscripción de candidatos al Senado
de la República por la coalición “Alianza Verde Centro Esperanza”, en el cual se
observa que la autoridad electoral reportó como integrantes de la misma a las
siguientes colectividades:

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101. En punto del cumplimiento de los requisitos del inciso quinto del artículo 262
constitucional, el referido documento señala lo siguiente:

102. La lista de candidatos inscrita por dichas agrupaciones fue modificada
mediante formulario E-7 del 20 de diciembre del 2021, siendo confirmada mediante el
formulario E-8 del 21 siguiente, documentos que obran en el plenario en la actuación
No. 32 del sistema SAMAI y de los que no se extrae la participación de En Marcha.

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103. El 13 de enero del 2022, mediante Resolución 36254 expedida por el Consejo
Nacional Electoral, se registró el logo símbolo de la coalición “ALIANZA VERDE
CENTRO ESPERANZA”, acto que su parte resolutiva dispuso:

“ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRAR conforme a lo solicitado, el logo-símbolo de la
COALICIÓN ALIANZA VERDE Y CENTRO ESPERANZA – SENADO NACIONAL
compuesta por el PARTIDO POLÍTICO DIGNIDAD, PARTIDO ALIANZA VERDE,
PARTIDO VERDE, PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE y el PARTIDO ALIANZA
SOCIAL INDEPENDIENTE “ASI” conformada para inscribir una lista de
candidatos y candidatas al SENADO para las elecciones de Congreso de la
República a realizarse el 13 de marzo de 2022, de acuerdo con las razones
expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo, y el cual quedará
así: (énfasis de la Sala)

104. De la personería jurídica del movimiento político EN MARCHA

105. En el expediente, obra certificación55 suscrita por la Dirección de Vigilancia e
Inspección del Consejo Nacional Electoral, la cual fue remitida al aquí demandado en
respuesta al derecho de petición del 25 de agosto del 2022, radicado bajo el número
CNE-I-2022-007348 en donde se indica:

106. A su vez, obra copia de la Resolución 5527 del 15 de diciembre del 202256, por
medio del cual el Consejo Nacional Electoral le reconoció personería jurídica a la
colectividad política En Marcha.

107. De la participación en las elecciones parlamentarias del año 2018 de los
partidos políticos DIGNIDAD y COLOMBIA RENACIENTE
54
SAMAI. Actuación No. 53.
55
SAMAI. Actuación No. 68.
56
SAMAI. Actuación No. 68.

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108. Obra en el plenario, copia del formulario E-26SEN del 19 de julio del 201857, en
el cual están los resultados de las elecciones parlamentarias de esa anualidad, en
donde el resumen de la votación evidencia la participación de las siguientes
colectividades políticas:

109. Adicionalmente, al expediente fueron arrimadas, sendas copias de las
Resoluciones 575 del 2019 y 1291 del 202158, por medio de las cuales el Consejo
Nacional Electoral reconoció la personería jurídica de los partidos Colombia
Renaciente y Dignidad, respectivamente.

110. Frente a la primera de las colectividades referidas, se tiene que el
reconocimiento fue otorgado con ocasión de su participación en las elecciones a
Congreso de la República del año 2018, específicamente, en lo referente a la
circunscripción especial afrodescendiente de la Cámara de Representantes. Lo
anterior, conforme lo siguiente:

57
SAMAI. Actuación No. 59.
58
Sistema SAMAI. Actuación No. 59

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111. Frente al partido Dignidad, se evidencia que la personería jurídica le fue
otorgada tras la escisión presentada al interior del Polo Democrático Alternativo, la
cual resultó en la conformación de la primera de las colectividades referidas.

2.7.2. De la solución a los problemas jurídicos

112. Primer problema jurídico: ¿Se encuentra afectado de nulidad el acto
demandado, si se considera que el acuerdo de coalición denominado “Alianza
Verde - Centro Esperanza” fue suscrito por una colectividad política que no
cuenta con personería jurídica?

113. Como fue señalado en el acápite precedente, el acuerdo de la coalición
“ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA” fue suscrito por el señor Juan Fernando
Cristo Bustos, en representación de la organización política En Marcha.

114. Así mismo quedó demostrado que en el año 2019, con Resolución 2701, el
Consejo Nacional Electoral ordenó la inscripción de dicha colectividad en el Registro
Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas, en el capítulo
correspondiente de organizaciones sin personería jurídica. Este último derecho, le
fue reconocido solamente hasta el 15 de diciembre del 2022 (Resolución 5527).

115. Considerando que el documento de la coalición en comento debió ser suscrito
antes de la inscripción de candidatos, que se llevó a cabo el 13 de diciembre del
2021, toda vez que aquel constituye un requisito para ese trámite, se puede concluir
razonablemente que En Marcha no contaba con personería jurídica al momento
de la firma del acuerdo.

116. A pesar de lo anterior, dicha circunstancia no implica la nulidad del acto de
elección demandado.

117. Esto se concluye de la redacción de la norma constitucional presuntamente
infringida, la cual, en su tenor literal dispone “[l]os partidos y movimientos
políticos con personería jurídica que hayan obtenido una votación de hasta el
quince por ciento (15%) de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán
presentar listas de candidatos en coalición para corporaciones públicas”. (énfasis
de la Sala)

118. Así las cosas, lo que se puede observar de dicha disposición jurídica, es que,
para el cumplimiento de la finalidad de la misma, esto es la inscripción de listas de
candidatos a corporaciones públicas en coalición, se requiere, en primera medida,
determinar la personería jurídica.

119. Conforme con ello, en el expediente quedó debidamente acreditado que la
postulación de candidatos de la coalición “ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA”, se
efectuó por las colectividades que contaban con personería jurídica al
momento de la suscripción del acuerdo, esto es, los partidos Dignidad, Alianza

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Social Independiente, Alianza Verde, Colombia Renaciente y Verde Oxígeno, tal y
como se pone de presente a continuación:

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120. Es necesario resaltar, como fue expuesto en forma precedente (párrafo 99), que
los aquí demandados, fueron avalados por alguna de las colectividades
referenciadas, así:

Actuación SAMAI
Nombre Partido que avala donde obra la
prueba
Gustavo Adolfo Moreno Hurtado Alianza Social Independiente 36 y 51
Sor Berenice Bedoya Pérez Alianza Social Independiente 36 y 51
Iván Leónidas Name Vásquez Alianza Verde 36 y 51
Angélica Lisbeth Lozano Correa Alianza Verde 34, 36 y 51
Ana Carolina Espitia Jerez Alianza Verde 36 y 51
Andrea Padilla Villarraga Alianza Verde 36 y 51
Jairo Alberto Castellanos Serrano Alianza Social Independiente 34 y 51
Inti Raúl Asprilla Reyes Alianza Verde 36 y 51
Humberto de la Calle Lombana Partido Verde Oxígeno 36 y 51
Edwing Fabián Díaz Plata Alianza Verde 36 y 51
Jonathan Ferney Pulido Alianza Verde 36 y 51
Hernández
Ariel Fernando Ávila Martínez Alianza Verde 36 y 51
Guido Echeverry Piedrahita Alianza Social Independiente 36 y 51

121. Así las cosas, en atención a que no se materializó la postulación y aval de
candidatos por la colectividad En Marcha, el contar o no con la personería jurídica al
momento de la suscripción del acuerdo no es un aspecto que tenga incidencia en el

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caso concreto, en tanto ello no extiende sus efectos frente a las elecciones aquí
demandadas, en la medida en que estas últimas acreditaron el cumplimiento de uno
de los requisitos del inciso 5º del artículo 262 constitucional, esto es, que la aspiración
se presentó por una colectividad que contaba con personería jurídica.

122. Ahora bien, en punto de los argumentos expuestos por el demandante en sus
alegatos de conclusión, especialmente en cuanto hace a la presunta elección de tres
personas, los señores Guido Echeverry Piedrahita, Gustavo Adolfo Moreno Hurtado y
Jairo Alberto Castellanos Serrano, que según se indicó en la resolución de
reconocimiento de personería jurídica del movimiento En Marcha, pertenecían a esta
colectividad, la Sala indica lo siguiente:

123. En primer lugar, es de resaltar que dicho argumento no hizo parte de los cargos
presentados en la demanda, por lo que no fue incluido en la fijación del litigio el efecto
que pudiere tener la decisión del Consejo Nacional Electoral al señalar lo referido por
el demandante. De otra parte, es claro que el análisis de legalidad que avoca el
conocimiento de la Sala se enfoca en las actuaciones previas a la elección
demandada, por lo que no le competen las decisiones o actos posteriores a ello.

124. Con todo, aun en gracia de discusión, es pertinente traer a colación el contenido
del inciso primero del artículo 93 del Código Electoral, el cual dispone:

ARTICULO 93. En la solicitud de inscripción debe hacerse mención expresa del
partido o movimiento político por el cual se inscribe una candidatura o lista
de candidatos, y los inscriptores harán ante el respectivo funcionario
electoral, bajo juramento, la declaración de que son afiliados a ese partido o
movimiento político. Para los candidatos tal juramento se entiende prestado por
su firma en el memorial de aceptación de la candidatura. (…)” (énfasis de la Sala)

125. Como se expuso en los hechos probados, al interior del proceso se demostró
que los referidos fueron avalados por el partido Alianza Social Independiente, siendo
así consignado en el correspondiente formulario E-6, al mencionar que el
correspondiente acuerdo de coalición señaló expresamente la filiación política de los
aspirantes.

126. Por ello, muy a pesar de lo que posteriormente pudo haber indicado el Consejo
Nacional Electoral -en un acto que, por demás, no hace parte del control de legalidad
de esta providencia-, lo cierto es que los señores Guido Echeverry Piedrahita,
Gustavo Adolfo Moreno Hurtado y Jairo Alberto Castellanos Serrano fueron
postulados y pertenecen a una colectividad que no es En Marcha, situación que de
todas maneras, al momento del trámite pre electoral de inscripción, no hubiere sido
posible ante la falta de personería jurídica de esta última.

127. Por esta perspectiva, es claro entonces que la conclusión a la que se arribó en
párrafos precedentes no cambia si se considera ese argumento expuesto por la parte
actora, por lo que es claro que la colectividad En Marcha, formalmente, no avaló
candidatos, al encontrarse en la imposibilidad jurídica de hacerlo.

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Demandante: Carlos Arturo Vergara Villacorte
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128. Otro de los argumentos que soportan el dicho del actor, es la participación del
representante legal de la colectividad En Marcha en el trámite pre electoral, como es
el registro del logo de la respectiva coalición, e incluso, que este apareció en la tarjeta
electoral, lo que implica que hizo parte efectiva de la coalición sin tener la personería
jurídica. Ello, en respuesta a la defensa esbozada por los congresistas demandados,
que señalaron que la inclusión de dicha agrupación, obedeció a un asunto de
“organización interna” de la coalición.

129. Sobre el particular, esta judicatura no desconoce la posibilidad que tienen las
colectividades políticas de apoyar determinados proyectos electorales, llegando a los
acuerdos que consideren procedentes para materializar dicha decisión.

130. En esta medida, en virtud de la libertad que le asiste como colectividad política,
En Marcha pueda apoyar el proyecto político de la coalición “ALIANZA VERDE
CENTRO ESPERANZA”, y conforme con ello, participar, por ejemplo, en el trámite del
registro del logo y la inclusión del mismo en la tarjeta electoral, lo que no afecta la
legalidad de la elección cuestionada, reiterando que dicha agrupación no postuló ni
avaló candidatos ante la imposibilidad jurídica de adelantar lo anterior.

131. En conclusión, toda vez que la agrupación política En Marcha no avaló los
candidatos de la coalición “ALIANZA VERDE CENTRO ESPERANZA”, ni, en
consecuencia, a los aquí demandados, la Sala encuentra que dicha situación no
conlleva a la configuración de la irregularidad que soporta el dicho de la parte actora,
sin que sean de recibo los argumentos adicionales que se presentaron al interior del
proceso como fundamento de aquella.

132. Así las cosas, este cargo de la demanda no tiene vocación de prosperidad.

133. Segundo problema jurídico: ¿Es nula la elección cuestionada,
considerando que el acuerdo de coalición “Alianza Verde - Centro Esperanza”
fue firmado por dos partidos políticos con personería jurídica que no
participaron en las elecciones parlamentarias del 2018?”

134. Sobre este particular, la Sala expone las siguientes consideraciones:

135. En primer lugar, es de resaltar que, de la redacción de la norma constitucional,
se puede evidenciar que, en punto de las coaliciones a corporaciones públicas, los
únicos requisitos exigidos son (i) la personería jurídica de las colectividades que
deciden acudir a dicho mecanismo y (ii) que la votación de todas ellas, en la
correspondiente circunscripción, no supere el 15%.

136. Así las cosas, lo que puede concluirse es que de la revisión del inciso 5º del
artículo 262 constitucional, el haber participado en la elección inmediatamente
anterior, no es una exigencia a efectos de la suscripción del acuerdo de coalición y la
posterior presentación de candidatos a corporaciones públicas, por lo que la postura
del demandante sobre dicho particular no resulta de recibo para esta Sección.

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137. Por lo dicho, basta con señalar que desde el cargo presentado en la demanda,
no se cuestiona por la parte actora el requisito correspondiente a la personería
jurídica, ni que la coalición denominada “Alianza Verde Centro Esperanza” hubiere
superado el 15% de los sufragios de la correspondiente circunscripción, en la medida
en que su motivo de inconformidad siempre giró en torno a la falta de participación de
los partidos “Dignidad” y “Colombia Renaciente”, en las elecciones parlamentarias del
año 2018, aspecto que no deviene en una exigencia del texto superior.

138. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala encuentra entonces que el cargo
elevado en este sentido, no tiene vocación de prosperidad.

139. Ahora bien, en gracia de discusión, si se aceptare la tesis propuesta por el
accionante, en punto de la participación del movimiento político Dignidad, quien
obtuvo su personería jurídica únicamente hasta el año 2021 mediante la Resolución
1291, no deviene en irregular. Ello es así, por que dicha colectividad, en términos
prácticos, sí presentó candidatos en los referidos comicios del año 2018, en la medida
en que pertenecía al Polo Democrático Alternativo, de la cual posteriormente se
escindió.

140. No resulta menor señalar que dicha situación -escisión-, como una forma
derivada de obtener personería jurídica, fue el fundamento del otorgamiento de la
personería jurídica, pues se consideró que, en un momento determinado, la nueva
agrupación -escindida- obtuvo el apoyo ciudadano en las elecciones al congreso,
cuando pertenecía al partido de origen. Así lo dispuso la autoridad electoral en la
Resolución 1291 del 2021, al señalar que:

141. De otra parte, en relación con el partido político Colombia Renaciente, se tiene
que no resulta de recibo la manifestación del demandante, al señalar que esta no
participó en el certamen para elegir el Congreso de la República para el período
2018-2022.

142. Como se señaló en precedencia, parte del fundamento del Consejo Nacional
Electoral en la Resolución 575 del 2019, es que precisamente, aquella colectividad
participó en la circunscripción afrodescendiente, la cual se adelanta a nivel nacional al

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Demandados: Gustavo Adolfo Moreno Hurtado y otros

igual que la ordinaria para el Senado de la República, obteniendo una de las curules
dispuestas para ella.

143. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección de los
señores Gustavo Adolfo Moreno Hurtado, Sor Berenice Bedoya Pérez, Iván
Leonidas Name Vásquez, Angélica Lisbeth Lozano Correa, Ana Carolina
Espitia Jerez, Andrea Padilla Villarraga, Jairo Alberto Castellanos Serrano, Inti
Raúl Asprilla Reyes, Humberto de la Calle Lombana, Edwing Fabián Díaz Plata,
Jonathan Ferney Pulido Hernández, Ariel Fernando Ávila Martínez y Guido
Echeverry Piedrahita, contenida en el formulario E-26 SEN del 19 de julio del 2022
y la Resolución E-3332 de la misma fecha, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra la presente decisión no
procede recurso alguno.

TERCERO: En firme la presente providencia, ARCHIVAR el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
Aclara el voto

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Aclara el voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara el voto
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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