Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00261-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00261-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2019-00261-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001 23 33 000 2019 00261 01 (0978–2022)
Demandante: Freddy José Rangel Ortiz
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Temas: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio. Naturaleza de
la vinculación docente. Proceso de incorporación de personal
docente. Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de 14 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar – Sala de Decisión No. 001 que negó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
Freddy José Rangel Ortiz, por intermedio de apoderado judicial, solicitó declarar la
nulidad de las Resoluciones RDP 041914 de 3 de noviembre de 2016 y RDP
008966 de 8 de marzo de 2017, por medio de las cuales la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
– UGPP –, negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia y resolvió
negativamente un recurso de apelación, respectivamente.
Como restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la pensión gracia
a partir del 14 de octubre de 2009, junto con el pago de reajuste en los términos
del artículo 14 de la Ley 100 de 1993; así como el ajuste de la condena de
conformidad con el artículo 187 del CPACA; se condene a la UGPP al pago de
intereses moratorios y se dé cumplimiento a la sentencia teniendo en cuenta el
CPACA; y se condene en costas.
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
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Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13001 23 33 000 2019 00261 01 (0978-2022)
Demandante: Freddy José Rangel Ortiz
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
El señor Freddy José Rangel Ortiz nació el 30 de agosto de 1953, razón por la cual
cumplió 50 años el 29 de agosto de 2003; e indicó que prestó servicio como docente
del departamento de Bolívar desde el 01 febrero de 1978 al 30 de noviembre de
1992; y que simultáneamente se vinculó al mismo departamento mediante
Resolución 1744 de 28 de febrero de 1977 expedida por el Ministerio de Educación
Nacional, tomando posesión del cargo en forma legal el 01 de febrero de 1977 hasta
13 de junio 2016.
Señaló que, el vínculo laboral de carácter nacional, mutó a departamental, toda vez
que con el proceso de descentralización del servicio público educativo iniciado con
la Ley 60 de 1993, el departamento de Bolívar fue certificado por el Ministerio de
Educación Nacional para ser el prestador del servicio de educación según
Resolución 5295 de 15 de noviembre de 1995, por lo que el servicio docente
prestado en el departamento a partir del acta de entrega de la administración al
departamento, 14 de junio de 1996, es de carácter territorial, y por tanto es válido
para la pensión gracia.
Relató que el 1 de julio de 2016 radicó solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual fue resuelta
de manera negativa con los actos hoy demandados.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
Como argumento de lo pretendido, indicó que la entidad demandada infringió los
artículos 1, 2, 13, 25, 48, 53, 287, 288, 356 y 357 de la Constitución Política, así
como las Leyes 39 de 1903, 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 24 de 1947, 4
de 1966, 43 de 1975, 24 de 1988, 29 de 1989, 91 de 1989, 60 de 1993, 100 de
1993; y los Decretos 1743 de 1966 y 2277 de 1979.
Explicó que la entidad demandada expidió los actos administrativos con falsa
motivación al determinar que la docente prestó en su mayoría un servicio nacional
y no territorial. Aclaró que alcanzó el estatus pensional por haber prestado servicio
docente nacionalizado, departamental y municipal; al respecto, relató que, si bien
tuvo una vinculación del orden nacional, ésta cambió al orden territorial con la
expedición de la Ley 60 de 1993 y, específicamente, cuando el departamento de
Bolívar asumió la educación en atención al acuerdo alcanzado con la Nación,
momento en el cual fue incorporada a la planta de personal territorial, completando
así el tiempo de labor docente requerido para la pensión gracia de acuerdo con la
Ley 114 de 1913.
1.4. Contestación de la demanda
Luego de presentada la demanda el 13 de mayo de 2019, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
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Demandante: Freddy José Rangel Ortiz
Social – UGPP, una vez notificada, presentó escrito con el que se opuso a la
prosperidad de las pretensiones; indicando que el docente demandante acreditó
tiempos del orden nacional, los cuales no pueden ser tenidos en cuenta para
acceder a la pensión gracia.
Finalmente propuso como excepciones, i) prescripción; ii) inexistencia de la causa
petendi y cobro de lo no debido; iii) falta del derecho para pedir; iv) buena fe; v)
cobro de lo no debido; y vi) la genérica.
1.5. Sentencia de primera instancia
En decisión de 14 de mayo de 2021 el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las
pretensiones de la demanda.
Como sustento de lo anterior, luego de referirse al marco normativo y jurisprudencial
que regulan la pensión gracia, analizó la prestación del servicio docente por parte
del señor Freddy José Rangel Ortiz, concluyendo que fue vinculado inicialmente por
medio de la Resolución 1744 de 28 de febrero de 1977, expedida por el Ministerio
de Educación Nacional, y a la vez dentro del mismo periodo mantenía un vínculo en
el departamento de Bolívar, por tanto no podría inferirse la variación del vínculo
nacional a territorial, tan solo por la expedición de la Ley 60 de 1993, de tal forma
que no es factible contabilizar el tiempo de servicios prestados por el actor en el
departamento de Bolívar como docente nacional para efectos de acceder a la
pensión gracia.
1.6. Recurso de apelación
A través de apoderado, el demandante presentó recurso de apelación con el que
solicitó revocar la decisión de primera instancia, alegando que, las Resoluciones
No. 540 del 20 de abril de 1978; No. 1111 del 30 de agosto de 1979; No. 1627 del
9 de agosto de 1988; No. 2634 del 5 de diciembre de 1988; No. 2293 del 4 de
octubre de 1989; No. 1284 del 31 de mayo de 1990; No. 2944 del 29 de octubre de
1990; No. 2403 del 25 de junio de 1991; No. 768 del 10 de junio de 1992, fueron
suscritas por el gobernador del departamento de Bolívar, y no existe intervención
de algún delegado del Ministerio de Educación. Por lo anterior, dichos
nombramientos son válidos para acreditar el requisito de estar vinculado antes de
31 de diciembre de 1980.
Asimismo, afirmó que, si bien contaba con una vinculación del orden nacional, a
partir del 14 de junio de 1996 esta cambió a nacionalizada, pues el traslado por
permuta se produjo a una plaza del instituto nacionalizado, además en atención a
la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado se encuentra acreditado el
cumplimiento de todos los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión
gracia.
En especial hace énfasis, en que el vínculo nacional que traía el actor mutó a
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Demandante: Freddy José Rangel Ortiz
territorial a partir de la descentralización de la educación, debido a la incorporación
docente, y la respectiva entrega de administración de la educación al departamento
de Bolívar, por disposición de la Ley 60 de 1993.
De otro lado, alude que para que se dé la mutación de vínculos no se requiere que
haya nuevos nombramientos. Además, cuestiona la falta de valoración probatoria
por parte del tribunal respecto a la descentralización de la educación, lo que a juicio
del recurrente le impidió a dicha autoridad judicial concluir que a partir de la mentada
descentralización de la educación en el ente territorial, la Nación dejó de ser
prestadora de dicho servicio, como se mencionó, a partir del 14 de junio de 1996,
primero por prestar servicio en una plaza nacionalizada y luego por la
descentralización administrativa; así, los docentes nacionales y nacionalizados que
venían vinculados pasaron a las plantas departamentales y municipales,
respectivamente, mutando así el tipo de vinculación.
Mencionó que no se valoró que el certificado de tiempo de servicios que indica que
el vínculo del actor fue como docente nacional, contiene una falsedad ideológica,
dado que, si bien un tiempo fue como nacional, otro lo fue como nacionalizado,
insistiendo en que el vínculo mutó; y en todo caso, no hubo cambio de régimen
prestacional.
En ese orden, aduce que se desconoció el principio de congruencia, al no analizarse
por el a quo la tesis planteada sobre la mutación del vínculo laboral del docente;
que la sentencia apelada vulnera la Constitución, pues, al no reconocer que la
vinculación mutó a departamental, desconoce el fenómeno de la descentralización;
e igualmente vulnera la Ley 60 de 1993, en vista que, descentralizada la educación,
los entes territoriales dirigen y administran la misma. Agregando que la decisión de
instancia resulta contraria a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre dicho
tópico, y que datan del año 1994 (radicado interno 8183), año 2000 (radicado interno
2630-99), y año 2003 (radicado interno 3762-01).
Para finalizar, sostuvo que con la sentencia objeto de alzada, se desatiende la
sentencia de unificación de 21 de junio de 2018, en la que se menciona que se
requiere de los actos administrativos para establecer si la plaza ocupada era o no
territorial, insistiendo así que, al pasar el docente a una plaza territorial, luego de la
descentralización, entonces su vínculo mutó a territorial. De igual manera, señaló
que los dineros con los que fueron cancelados los salarios fueron pagados con el
situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones, y de acuerdo a ello la
vinculación podría poseer naturaleza territorial o nacionalizada, más no nacional.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Con auto de 04 de abril de 2022, se admitió el recurso de apelación. El señor Freddy
José Rangel Ortiz, la UGPP y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, guardaron
silencio en esta etapa procesal.
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Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo2, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso3, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que,
en el caso de la referencia, únicamente la parte demandante presentó recurso de
alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2 Cuestión Previa
En el presente asunto, la UGPP solicita se emita una sentencia de unificación
jurisprudencial4 en la que se defina qué debe entenderse como «plaza docente»,
así como sus requisitos y lineamientos. Esto con el fin de precisar cuáles son las
condiciones que debe reunir la «plaza» a la que se refiere la sentencia de unificación
SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, para ser considerada nacional, nacionalizada o
territorial.
Una vez revisado lo anterior y en ejercicio de los principios de eficacia y celeridad,
esta Sala precisa que de manera reiterada y previa, fueron presentadas las mismas
solicitudes ante varios procesos adelantados en esta instancia judicial con similares
argumentos, las cuales se resolvieron mediante el auto del 20 de octubre de 20225,
reiterado en providencias del 26 de octubre de 20226, en los que se indicó que tal y
como lo prevé el CPACA en su artículo 2717, puede adelantarse el trámite que
2 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
[…]».
3 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley.»
4 Carpeta apelación de auto con nombre 15RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 20 de octubre de 2022, radicación: 54001-23-33-000-2013-
00344-01 (4053-2015), demandante: Baudilio Ramírez Alvernia
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre de 2022; radicación: 76001-23-31-000-2010-
01800-01 (4070-2013), demandante: Luz del Carmen Perea de Martínez; Consejo de Estado, Sección
Segunda, auto del 26 de octubre de 20220, radicación: 13001-23-33-000-2013-00116-01 (2743-2015),
demandante: Nelcy del Carmen Peña Mercado. Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 26 de octubre
de 2022; radicación: 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014); demandante: Polidoro Grosso Buitrago.
7 Artículo modificado por el artículo 79 de la Ley 2080 de 2021, la cual se encontraba vigente para el
momento de la solicitud de unificación.
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permite dar impulso a la función unificadora del Consejo de Estado, con miras a la
aplicación vinculante de la jurisprudencia del Máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.
Sin embargo, al realizar el estudio de las condiciones que debe reunir la «plaza» a
la que se refiere la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018, para
ser considerada nacional, nacionalizada o territorial, consideró que no estaban
dadas las condiciones para avocar el asunto con el fin de emitir una sentencia de
unificación, dado que la posición asumida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado ha sido unánime, consistente y pacífica en torno a los parámetros que se
deben observar, con el propósito de definir cuándo un docente tiene derecho a la
pensión gracia.
En ese orden de ideas y por las mismas consideraciones expuestas en las
providencias suscritas por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, no se le dará trámite a la solicitud de unificación y se insta a estarse a lo
dispuesto en el auto del 20 de octubre de 2022, reiterado en providencias del 26 de
octubre de 2022.
2.3. Del problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si el señor Freddy José Rangel
Ortiz, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial los 20 años de servicio como docente
territorial o nacionalizado; o si, por el contrario, no acredita las exigencias para
hacerse acreedor a tal prestación.
2.4. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.4.1. La pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad. Por su
parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al
servicio oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
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prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de
texto].
El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la nación. […]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
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el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»8
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20189
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a
ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para
tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las entidades
territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con
la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de
agosto de 1997.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».10
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4.2 Incorporación personal docente a los entes territoriales en el proceso de
descentralización de la educación
Con ocasión al proceso de descentralización planteado en la Constitución Política
de 1991, el Congreso de la República profirió la Ley 60 de 1993, la cual dispuso la
desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente para la
prestación del servicio educativo, con el fin de que los entes territoriales estuvieran
encargados de la cobertura y la calidad de este servicio.
En el parágrafo del artículo 15 ibidem, se determinó que la Nación cedería los bienes
del servicio educativo a los departamentos, municipios y distritos; de igual manera,
a través de dicha normativa, dispuso el traslado del personal y de los
establecimientos educativos a las entidades del orden territorial.
En el inciso 4 del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 se indicó:
10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicado: 13001 23 33 000 2019 00261 01 (0978-2022)
Demandante: Freddy José Rangel Ortiz
«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales
o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas
serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones.
El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será
incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les
respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.
[…]» (Subrayado y negrilla fuera del texto original)
A partir de lo expuesto, las plantas de personal comenzarían a formar parte de la
respectivas entidades territoriales, en principio departamentos y distritos y, en
consecuencia, era necesario que se adelantara un proceso de incorporación, pues
los docentes que tenían la condición de nacionales o nacionalizados, debían migrar
a los departamentos, municipios o distritos, y el régimen prestacional que
incorporaran como a los que se vincularan de forma posterior, sería el establecido
en la Ley 91 de 1989.
Ahora bien, aunque como se puso de manifiesto la intención de la norma era que
más municipios asumieran el manejo total de la administración del servicio de
educación, lo cierto es que dicha legislación únicamente habilitó a los municipios
certificados (con una población superior a 100 mil habitantes) para que se les
trasladara directamente los recursos relacionados con al sistema educativo para ser
invertidos con autonomía. Así, lo dispuso el literal b, numeral 7 del artículo 16
ibidem:
«A solicitud de los concejos de los municipios que tengan población igual o
superior a 100.000 habitantes según el censo nacional de 1985 y con la
aprobación del Ministerio de Educación Nacional podrán las asambleas
otorgar a estos municipios autonomía para la prestación del servicio de
educación y la asunción de las obligaciones correspondientes en las mismas
condiciones de los distritos.»
De forma posterior, con el fin de hacer frente al problema base de la educación del
país, generado por «la duplicidad de funciones entre los niveles municipal,
departamental y nacional» y en aras a «pasar a una nueva etapa de la
descentralización, en la cual […] las entidades territoriales consolidan su autonomía
administrativa como operadores de la organización de los servicios de educación
[…]», se expidió la Ley 715 de 2001.
Dicha normativa fue expedida con el fin de asignar competencias a las entidades
territoriales relacionadas con la prestación del servicio público de la educación en
sus niveles preescolar, básico y medio. Asimismo, esta ley se refirió expresamente
a la incorporación de personal administrativo en sus artículos 34 y 38. Tales normas
disponen:
«ARTÍCULO 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que
trata el artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos
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Demandante: Freddy José Rangel Ortiz
docentes, directivos y administrativos de los planteles educativos, de los
departamentos, distritos y municipios.
Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos
de los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los
requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de continuidad […]
ARTÍCULO 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y
administrativos a los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las
plantas financiadas con recursos del Sistema General de Participaciones, se
realizará por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al
personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio
del cargo. […]»
En conclusión, el proceso de descentralización del sector educativo trajo consigo
dos consecuencias: i) que las entidades territoriales debían recibir el personal
administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas
conforme a la Ley a través del procedimiento de incorporación, y ii) que los docentes
incluidos en la nueva planta mantendrían el mismo tipo de vinculación que
ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.
2.5. Actuación administrativa
El señor Freddy José Rangel Ortiz, actuando a través de apoderado, radicó el 1 de
julio de 2016 solicitud de reconocimiento y pago de una pensión gracia ante la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, que a través de la Resolución RDP 041914 de 3
de noviembre de 2016 negó la solicitud, en razón a que consideró que el docente
tuvo vinculación del orden nacional a partir del 01 de febrero de 1977.
Inconforme con la precitada decisión, el peticionario interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto negativamente con la Resolución RDP 008966 de 8 de marzo
de 2017 expedida por el director de pensiones de la UGPP.
2.6. Caso concreto
Pasa la Sala a determinar si el demandante cumple con las exigencias contenidas
en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, principalmente las sentencias de unificación jurisprudencial
previamente descritas, para el reconocimiento de la acreencia pensional en
discusión. Debiendo analizarse, además, si tanto el traslado a una plaza
nacionalizada y la incorporación ocurrida en virtud de la “departamentalización y
municipalización” de la educación, implica que el tiempo servido a partir de ello,
modificó la naturaleza de la vinculación nacional a territorial, resultando válido el
tiempo de servicio docente prestado.
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2.6.1 Del cumplimiento de los requisitos
a. Edad
Revisado el expediente, y con el objeto de resolver el problema jurídico planteado,
la Sala encuentra acreditado que Freddy José Rangel Ortiz nació el 30 de agosto
de 195311, razón por la cual, el 30 de agosto de 2003 cumplió 50 años de edad.
b. Buena conducta
En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de la actividad educativa, por lo que
también se entiende cumplido dicho requisito; siendo pertinente destacar que, en
todo caso, dicho aspecto no fue objeto de reproche por la demandada.
c. Tiempo de servicio
Al respecto, se observan las siguientes novedades laborales como docente oficial:
• Vinculación a partir del 01 de febrero de 1977
Si bien en el expediente no reposa copia de la Resolución 1744 de 28 de febrero
de 1977, por medio de la cual el Ministerio de Educación Nacional nombró a Freddy
José Rangel Ortiz como docente en el municipio de Simito, sí se allegó el Formato
Único para la expedición de Certificado de Historia Laboral expedido el 02 de junio
de 201612, por medio del cual se describen las novedades laborales de las que fue
objeto el servicio docente del hoy demandante.
11 Copia del registro civil de nacimiento visible en la página 157 5ED_CUADERNON01.pdf del
expediente digital que se encuentra en SAMAI.
12 Certificado visible en la página 339 5ED_CUADERNON01.pdf del expediente digital que se
encuentra en SAMAI.
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Sobre el particular, encuentra esta Colegiatura que, como se mencionó, dicha
certificación da cuenta que el vínculo docente fue de carácter nacional,
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precisándose que el nombramiento se efectuó con la Resolución 1744 de 28 de
febrero de 1977, con fecha de posesión de 01 de febrero del mismo año y que ha
permanecido como docente en diferentes escuelas de varios municipios del
departamento de Bolívar como Simito y Turbaco, además, que ha prestado el
servicio hasta por lo menos el 02 de junio de 2016.
Ahora, la naturaleza de su vinculación es nacional, no sólo porque así quedó
certificado, sino porque la anterior circunstancia no es discutida por la parte
demandante, ya que tanto en el escrito de demanda como de apelación reconoce
que fue nombrado por el Ministerio de Educación Nacional.
De manera que, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, el
personal nacional corresponde a los docentes que fueron vinculados por
nombramiento del Gobierno nacional, situación que aquí ocurrió. En ese orden de
ideas, el periodo antes referenciado, no es computable para acreditar los 20 años
de servicio con el fin de acceder a la pensión gracia.
Ahora, en el recurso la parte actora cuestiona la presunta falta de valoración de
material probatorio, alegando en concreto que el a quo no tuvo en cuenta que el
traslado a una plaza nacionalizada y los actos administrativos mediante los cuales
se materializó la descentralización de la educación, y la administración de dicho
servicio se entregó al departamento de Bolívar; todo ello, a su juicio, conllevó a que
mutara a nacionalizada o departamental el vínculo docente que sostenía; a su vez,
arguye que tampoco se realizó una debida valoración del certificado laboral, ya que
se tuvo como tiempo nacional todo el periodo servido, cuando según afirma, una
parte de ese periodo fue departamental, insistiendo que ello se debió al proceso de
incorporación docente y la consecuente administración por parte de los ente
territoriales.
De la misma forma arguye que al no aceptarse por el tribunal de instancia que, el
vínculo laboral docente mutó de nacional a departamental, se desconoce la
Constitución y la jurisprudencia del Consejo de Estado, entre otros.
Pues bien, sea lo primero señalar que el tribunal si analizó el asunto que echa de
menos el apelante, solo que, estimó que el proceso de incorporación no implicaba
en este asunto, que la condición de docente nacional que traía el actor, pudiera
mutar a la de docente territorial, conclusión que no comparte aquél.
Se rememora entonces que, el apoderado del accionante argumentó que en el año
de 1996 el docente pasó a ser del orden territorial, toda vez que, en aplicación de la
Ley 60 de 1993, se suscribió un compromiso para que la Nación entregara al
departamento los bienes, el personal y los establecimientos del sector educativo.
De los documentos allegados al expediente, se observa que el docente Freddy José
Rangel Ortiz laboró por más de 40 años; sin embargo, a partir del nombramiento
efectuado mediante la Resolución 1744 de 28 de febrero de 1977, se presentó una
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continua dependencia laboral del demandante respecto de la Nación, pues fue
nombrado de manera directa por el Ministerio de Educación y ha permanecido en
ese mismo cargo hasta por lo menos el 02 de junio de 2016; por lo que existe certeza
de que el tipo de vinculación es nacional.
Ahora, si bien con el recurso se aduce que en razón del proceso de
descentralización de la educación, y la creación del sistema general de
participaciones, se transfirieron los recursos de la Nación a los entes territoriales,
dicha circunstancia por sí sola no implica un cambio en la naturaleza del vínculo
docente; siendo pertinente señalar que, aunque con la Ley 60 de 1993 se dispuso
la descentralización de ciertas competencias de la Nación respecto de los entes
territoriales, en su artículo 6.º señaló que «el régimen prestacional aplicable a los
actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas
vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas
reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de
remuneraciones». (Resaltos de la Sala)
A su vez, la Ley 91 de 1989 en su artículo 1.º indicó que el personal nacional son
los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno nacional, a diferencia de
los nacionalizados y territoriales, que son los vinculados por nombramiento de
entidad territorial.
Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación docente del demandante no se
modificaron a pesar de las novedades descritas previamente, como son el traslado
– permuta y la incorporación a la planta territorial, comoquiera que el nombramiento
inicial se efectuó en 1977 indicando que pertenecía a la nómina nacional, de ahí en
adelante se presentaron situaciones administrativas sin que ello afectara su relación
laboral, pues, como quedó claro, la vinculación de los educadores con la que venían
antes de la designación en una plaza nacionalizada y la incorporación a la planta de
personal docente del departamento de Bolívar se mantuvo incólume al no existir
ruptura del vínculo laboral.
El anterior criterio ha venido siendo reiterado por esta Corporación, entre otras, en
sentencia de 28 de enero de 202113:
«[…] del aludido procedimiento de incorporación de la demandante se
destaca que (i) no tenía la calidad de profesora municipal, sino nacional;
(ii) Manizales era el lugar geográfico en el que desarrollaba su funciones,
circunstancia que no mutaba la naturaleza de su vinculación, dado que
la vacante que ocupaba y el colegio en el que laboraba eran nacionales;
y (iii) no se trató de una nueva designación, tanto es así que no hubo
modificación en cuanto al régimen salarial que le reconocía la Nación.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Radicado: 17001-23-33-000-2015-00285-
01 (363-2018).
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En consecuencia, conforme a lo certificado por la secretaría de educación
el 10 de febrero de 2006 y el 1° de agosto de 2016, la accionante «[…]
prestaba sus servicios como Docente plaza Nacional […]», lo cual no
varió por la incorporación del departamento de Caldas.
[…]
Por otra parte, en lo concerniente a los recursos con los cuales se
financió el empleo de la accionante, el acto de incorporación hace
referencia al situado fiscal que si bien atendía los gastos que generaban
los servicios educativos nacionalizados y territoriales, también lo hacía
respecto de los nacionales como en este caso, en el que, se reitera, la
plaza era nacional sin que exista en el plenario prueba en contrario.» 14
Por tanto, dado que la naturaleza del nombramiento del aquí demandante fue del
orden nacional y que las novedades de las que fue objeto administrativamente no
modificaron dicha naturaleza, es claro que el tiempo de servicio docente desde el
01 de febrero de 1977 en adelante es de naturaleza nacional.
2.7. Conclusión
En ese orden de ideas, para la Sala no prosperan los argumentos planteados en el
recurso de apelación, pues, no se advierte que se haya dejado de valorar el material
probatorio aportado, sino que, para dicho tribunal, los actos administrativos
relacionados con las novedades administrativas del servicio docente, tales como el
traslado por permuta y la descentralización de la educación en el departamento de
Bolívar, no implicaban un cambio en la naturaleza del vínculo; y en punto al
certificado laboral, conforme el análisis antes realizado, no había lugar a considerar
que el actor tuvo un vínculo territorial, pues se insiste, se mantuvo del orden
nacional. Con fundamento en lo antes expuesto, tampoco se advierte un
desconocimiento de la jurisprudencia de esta Corporación ni de la Constitución.
Así, el demandante no cumple con el requisito de vinculación con anterioridad al 31
de diciembre de 1980 al servicio territorial o nacionalizado para ser beneficiario de
la pensión solicitada, como tampoco acredita 20 años de servicio docente territorial
o nacionalizado, razón por la cual, la Sala considera que deberá ser confirmada la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de la
referencia.
2.8. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
14 Véase también, Consejo de Estado. Sección Segunda. Radicado: 66001-23-33-000-2016-00086-
01(2163-2018). Sentencia de 16 de mayo de 2019.
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en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí
resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales
trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
3. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 14 de mayo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 001, que negó las
pretensiones de la demanda; de acuerdo con lo expuesto en esta sentencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme la motivación.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
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