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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00256-01

Fecha
23 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00256-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de julio de 2021 expedida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda promovida por la señora Rosa Ana Ortega de Rodríguez contra la UGPP. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado —SAMAI— y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2019-00256-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

23 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 15001 23 33 000 2019 00256 01 (0445-2022)
Demandante: Rosa Ana Ortega de Rodríguez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en
plazas del orden territorial y nacionalizado. Incorporación según la
Ley 60 de 1993.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 14 de julio de 2021 emanada del Tribunal Administrativo de
Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda; anunciando desde ya que será
confirmada.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

2. La actora presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho encaminada a la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones RDP 041498 del 2 de noviembre de 2017 y RDP 002237 del 23 de enero
de 2018, a través de las cuales la UGPP le negó el reconocimiento de la pensión gracia.

3. A título de restablecimiento del derecho pidió: a) condenar a la entidad a
reconocerle la pensión gracia de jubilación, efectiva a partir del 30 de julio de 2015; b)
aplicar los reajustes previstos en la Ley 71 de 1988; c) actualizar el valor de las
condenas conforme al artículo 187 del CPACA; d) cumplir el fallo que ponga fin al
proceso y reconocer los intereses moratorios en los términos del artículo 192 ibidem; e)
condenar en costas procesales.

4. Como sustento fáctico de sus pretensiones expuso que nació el 8 de abril de
1952 y prestó sus servicios como docente oficial en los siguientes tiempos: a) para el
departamento de Boyacá, desde el 6 de mayo de 1974 hasta el 15 de febrero de 1975,
por virtud del nombramiento efectuado a través del Decreto 333 del 4 de junio de 1974,

1 En adelante UGPP.
2 Índice 9 de SAMAI del Consejo de Estado.

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Demandante: Rosa Ana Ortega de Rodríguez

(vinculación departamental); b) entre el 17 de febrero de 1975 y el 19 de febrero de
2002 en Duitama (Boyacá) y del 20 de febrero de 2002 al 9 de julio de 2006 en Tunja,
según la Resolución 1062 del 10 de marzo de 1975, expedida por el Ministerio de
Educación. Sin embargo, aclaró que el vínculo nacional duró hasta el 9 de mayo de
1996, de conformidad con la Ley 60 de 1993 y la Resolución 6016 del 22 de diciembre
de 1995 cuando la mencionada cartera «le entregó la educación al [d]epartamento de
Boyacá».

5. Por lo anterior, explicó que el vínculo territorial – departamental mutó a municipal
a partir del 14 de diciembre de 2002, por mandato de la Ley 715 de 2001, dado que el
municipio de Tunja fue certificado en educación mediante la Resolución 2755 del 3 de
diciembre de 2002 del Ministerio de Educación Nacional, que se mantuvo desde el 14
de diciembre de 2002 hasta el 9 de julio de 2006. A partir del 10 de julio del mencionado
mes y año fue trasladada al municipio de Toca (Boyacá), razón por la que su vínculo se
volvió nuevamente departamental.

6. Por último, expuso que durante su ejercicio docente se desempeñó con
honradez, consagración y buena conducta, aunado a que «es persona pobre de
conformidad con su posición social y costumbres».

Contestación de la demanda3

7. La UGPP se opuso a las pretensiones al considerar que los actos acusados se
ajustaron al ordenamiento superior teniendo en cuenta que, según los certificados del
30 de julio de 2002 y 28 de febrero de 2017 emitidos por la Secretaría de Educación de
Boyacá, los tiempos que la demandante laboró como docente fueron catalogados del
orden nacionalizado y nacional, respectivamente.

8. Propuso las excepciones de fondo que tituló como «inexistencia de la obligación
y cobro de lo no debido», «inexistencia de vulneración de principios constitucionales y
legales», «prescripción de mesadas» y la genérica.

II. SENTENCIA APELADA

9. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante fallo del 14 de julio de 2021, negó
las pretensiones de la demanda bajo el argumento de que, si bien la docente prestó sus
servicios como nacionalizada desde el 6 de mayo de 1974 hasta el 16 de febrero de
1975, por un lapso de 9 meses y 10 días, lo cierto es que el resto de su vinculación,
que se extendió por más de 40 años fue del orden nacional, lo cual le impide el
reconocimiento de la pensión gracia deprecada.

10. Aclaró que no puede considerarse para estos fines el tiempo prestado con
posterioridad al 10 de mayo de 1996, cuando el departamento de Boyacá fue certificado
por el Ministerio de Educación Nacional para prestar el servicio educativo, porque para
el reconocimiento de la pensión gracia se requiere el cumplimiento de la totalidad de
requisitos antes de entrar a regir la Ley 91 de 1989.

3 Índice 9 de SAMAI del Consejo de Estado.

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11. Agregó que la territorialización de la educación no implica el cambio del vínculo
primigenio ya que ello equivaldría a dejar sin efectos la mencionada Ley 91, que fue la
que estableció cuáles docentes conservarían el derecho a la pensión gracia, fin que no
buscó la Ley 715 de 2001. En ese orden, acogió la tesis de la Corte Constitucional que
establece que las exigencias de edad, tiempo de servicio y buena conducta se debieron
cumplir antes de 1989.

12. Por último, se abstuvo de condenar en costas a la demandante.

III. RECURSO DE APELACIÓN

13. La accionante interpuso recurso de apelación4 contra la referida sentencia
argumentando que no es cierto que para tener derecho a la pensión gracia se deben
haber cumplido todos los requisitos al 29 de diciembre de 1989, ello se deriva de una
interpretación incorrecta de las sentencias C-084 de 1999, C-489 de 2000 y C-143 de
2018 y desconociendo la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 emitida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado, así como el principio de progresividad en
materia laboral.

14. Por otro lado, indicó que, aunque el tiempo comprendido entre el 17 de febrero
de 1975 y el 9 de mayo de 1996 es nacional, el transcurrido desde el 10 de mayo de
1996 hasta el 13 de diciembre de 2002 es departamental, por virtud de la
descentralización de la educación prevista en la Ley 60 de 1993. Por lo demás, reiteró
que su vinculación del 14 de diciembre de 2002 al 9 de julio de 2006 mutó a municipal
y, posteriormente, del 10 de julio de 2006 al 18 de febrero de 2017 volvió ser
departamental conforme a la Ley 715 de 2001 ya que fue trasladada al municipio de
Toca (Boyacá), el cual no es certificado. Por ende, dichos tiempos son válidos para el
reconocimiento de la pensión solicitada.

13. Sobre este punto, precisó que la anterior conclusión también encuentra respaldo
en que los dineros con que se le pagaron los salarios provenían del Sistema General
de Participaciones, los cuales no son recursos nacionales, sino que son una fuente
exógena de los recursos propios de las entidades territoriales.

14. Además, porque estos razonamientos evidencian que en este caso operó una
sustitución patronal por mandato normativo legal, aunado a que el a quo no valoró
adecuadamente las pruebas incurriendo en un defecto fáctico, en especial, en loque
respecta al Acta de Entrega de la Administración de la Educación del 14 de diciembre
de 2002 suscrita por el gobernador de Boyacá y el alcalde de Tunja.

IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

15. Mediante auto del 2 de junio de 20225 se admitió el recurso de apelación y se
informó a la demandada que tenía hasta la ejecutoria de esa providencia para
pronunciarse sobre la alzada. Así mismo, se indicó que el agente del Ministerio Público

4 Índice 9 del aplicativo SAMAI de Consejo de Estado.
5 Índice 3 de SAMAI del Consejo de Estado.

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Demandante: Rosa Ana Ortega de Rodríguez

podría emitir concepto hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para
fallo.

16. Vencido el plazo indicado, la demandada y el Ministerio Público guardaron
silencio6.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

17. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta
Corporación abordará el análisis de este litigio.

Problema jurídico

18. Revisados los argumentos expuestos en el escrito de apelación7, le corresponde
a la Sala establecer si la vinculación como docente nacional que ostentó la demandante
mutó a territorial con ocasión al proceso de descentralización y certificación de la
educación, en virtud de la Ley 60 de 1993. En caso afirmativo, se deberá establecer si
este tiempo puede computarse para acceder a la pensión gracia y ante ese escenario
correspondería verificar si se acreditaron todos los demás requisitos para el
reconocimiento conforme a la Ley 114 de 1913 y sus normas concordantes.

Normativa y jurisprudencia sobre la pensión gracia

19. La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913,
destinada a los maestros de escuelas primarias oficiales que prestaran servicio en el
magisterio por un mínimo de 20 años. Esta ley establece otros requisitos específicos
para acceder a la pensión, como son: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o
recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad.

20. Esta Corporación8 señaló que el propósito de esta pensión «fue compensar los
bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades
territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados
directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903,
la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en
tanto la secundaria lo era a cargo de la Nación».

21. Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 amplió el beneficio de la
pensión gracia a empleados y profesores de escuelas normales, así como a inspectores
de instrucción pública, permitiendo sumar los años de servicio en diferentes períodos
para cumplir con el tiempo requerido. Con la Ley 37 de 1933, se extendió el beneficio

6 Índice 10 ibidem.
7 Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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Demandante: Rosa Ana Ortega de Rodríguez

de la pensión gracia a los maestros de secundaria que completaran el tiempo de
servicio estipulado.

22. Más adelante, el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 introdujo distinciones entre el
personal docente: nacional, nacionalizado y territorial. El personal nacional son aquellos
docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. El personal
nacionalizado incluye a los maestros oficiales que fueron nombrados por entidades
territoriales antes del 1° de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha,
conforme a la Ley 43 de 1975. Y el personal territorial lo conforman los docentes
vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1° de enero de 1976, sin
el cumplimiento del requisito contemplado en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

23. El numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 limitó el reconocimiento de la
pensión gracia a los docentes que cumplan con los requisitos establecidos, indicando
que solo aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 tendrían derecho a esta
pensión, siempre que cumplan con todos los requisitos contemplados en las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928, 37 de 1993 y demás normas concordantes.

24. La Corte Constitucional a través de la sentencia C – 489 de 2000 declaró la
exequibilidad condicionada de la expresión «vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980» contenida en la norma mencionada, en el entendido de que «las situaciones
jurídicas particulares y concretas que se hubieran consolidado antes de entrar en
vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29 de diciembre de 1989, quedan a salvo de la
nueva normatividad por cuanto constituyen derechos adquiridos que el legislador no
podía desconocer».

25. Por su parte, en la sentencia de unificación jurisprudencial S-699 del 26 de
agosto de 19979, el Consejo de Estado determinó que los docentes nacionales no son
beneficiarios de la pensión gracia, restringiendo su acceso a los maestros
nacionalizados vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, siempre que
cumplan con los demás requisitos legales.

26. Ahora bien, para determinar el carácter del docente (nacional, nacionalizado o
territorial), por medio de la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-
18 del 21 de junio de 201810, el Consejo de Estado estableció pautas jurisprudenciales
que aclaran:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en
la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban
a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes
en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo
dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).

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del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su
presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos
29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta factible colegir
de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales
originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos
destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las
entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le
pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus
presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto
con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados
para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos
donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad
que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o
en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente
al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es,
que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados
por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago
de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través
de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del
situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»

27. Finalmente, en la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 202211, esta Corporación reafirmó que los docentes pueden
acceder a la pensión gracia si acreditan una vinculación territorial o nacionalizada antes
del 31 de diciembre de 1980 y cumplen con los requisitos legales.

Caso concreto

28. El a quo negó las pretensiones de la demanda al considerar que la demandante no
acreditó el cumplimiento de todos los requisitos legales para gozar de la pensión gracia
antes del 29 de diciembre de 1989 y debido a que no cuenta con 20 años de servicios
como docente territorial o nacionalizado puesto que la mayoría de su labor docente la
ejerció en plazas del orden nacional.

11 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).

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29. En cuanto al primer reparo, debe reiterarse que la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante la sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de
202212, fijó la siguiente regla jurisprudencial:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.

30. Con base en lo anterior, la Subsección no acoge el argumento del Tribunal
Administrativo de Boyacá por el cual denegó las pretensiones de la demanda, exigiendo
que la actora debía reunir la totalidad de los requisitos para ser beneficiaria de la
pensión gracia antes del 29 de diciembre de esa anualidad, pues es criterio unificado
en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que estos tiempos pueden
acreditarse antes y después del 31 de diciembre de 1980 y así se atenderá en este
fallo.

31. Aclarado lo anterior, la Sala resolverá el segundo reparo con fundamento en los
siguientes hechos probados:

i) La señora Rosa Ana Ortega de Rodríguez nació el 8 de abril de 195213,
es decir, cumplió 50 años el 8 de abril de 2002.

ii) El 4 de junio de 1974, fue nombrada por el gobernador de Boyacá
mediante el Decreto 33314, como profesora de tiempo completo en la Escuela
Normal Departamental Mixta de Saboyá, posesionada el 6 de mayo de esa
anualidad ante el alcalde municipal del aludido ente territorial.15

iii) De igual modo, obra en el plenario Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral emitido el 28 de febrero de 2017 por la Secretaría
de Educación Departamental de Boyacá, en el que se anotó que la vinculación
que la actora tuvo con dicho departamento desde el 6 de mayo de 1974 al 15 de
febrero de 1975 fue del orden nacionalizado16.

iv) Así mismo, obra el certificado de historia laboral emitido por la Secretaría
de Educación de Boyacá del 28 de febrero de 201717, en el que se dejó por
sentado que el vínculo que la demandante tuvo con dicho ente territorial desde el
17 de febrero de 1975 hasta la fecha en que se expidió tal documento fue del
orden nacional.

v) No obstante, se aclara que en el plenario no obran copias de las
Resoluciones 1062 del 10 de marzo de 1975 y 19156 del 3 de octubre de 1982,

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 11 de agosto de 2022,

emitida dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-
2017).
13 Páginas 13 y 61(cédula de ciudadanía), y 58 (registro civil de nacimiento 11252958), del archivo

«ED_CUADERNO02NULIDADYRESTABLECIMIENTODELDERECHO_03ANEXOSDEMANDA(.pdf)», visible en el
índice 9 del aplicativo SAMAI del Consejo de Estado.
14 Páginas 72 al 79 ibidem.
15 Página 80 ibidem
16 Páginas 62 y 63, ibidem.
17 Páginas 64, 65 y 66, ibidem.

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por medio de las cuales la demandante fue nombrada en el Colegio Tadeo Prieto
de Duitama y se realizó un traslado en la misma ciudad, respectivamente; ni de
los Decretos 348 del 20 de febrero de 2002 y 637 del 5 de julio de 2006, con los
que se trasladó a la maestra a la ciudad de Tunja y posteriormente al municipio
de Toca (Boyacá). Por lo tanto, para determinar los tiempos laborados y el tipo de
vinculación, la Sala presumirá como veraz la información que reportan las
precitadas certificaciones emitidas por la Secretaría de Educación Departamental
de Boyacá.

32. Así pues, en atención al recuento fáctico expuesto y en concordancia con el
marco normativo y jurisprudencial analizado, la Sala confirmará la decisión del a quo
que negó el reconocimiento de la pensión gracia a la demandante al no demostrar el
cumplimiento del requisito de los 20 años de servicio en cargos docentes de naturaleza
territorial o nacionalizada.

33. En efecto, se encuentra acreditado que, si bien la accionante ocupó una plaza
docente del orden nacionalizado, en virtud de la designación efectuada por el Decreto
333 del 4 de junio de 197418, este vínculo finalizó el 15 de febrero de 1975. Después,
ocupó ininterrumpidamente cargos como docente nacional desde el 17 de febrero de
1975 hasta el 28 de febrero de 2017 (fecha en la que se emitió el referido certificado de
historia laboral), tiempo que no puede sumarse para el alegado reconocimiento de la
pensión gracia.

34. Lo anterior significa que, a partir del 17 de febrero de 1975, la profesora entabló
una relación legal y reglamentaria con el Ministerio de Educación Nacional, es decir,
que inició una vinculación como docente de la Nación, por cuanto el artículo 1° de la
Ley 91 de 1989 dispone que se entiende por personal nacional aquellos «docentes
vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional», conforme ocurrió en este caso
con el nombramiento realizado por medio de la Resolución 1062 del 10 de marzo de
197519, situación que se mantuvo con la expedición del Decreto 637 del 5 de abril de
200620, sin que se advierta solución de continuidad en la prestación del servicio pues
entre esas dos fechas se presentaron novedades administrativas sin solución de
continuidad, como son, traslados, nombramiento en periodo de prueba y cambios de
sueldo; pero, se insiste, de forma continua.

35. Ahora, la demandante reparó que, a partir del 10 de julio de 1996 y por virtud de
la Ley 60 de 1993, ostenta una vinculación del orden territorial departamental y
municipal que se extendió hasta el 2017 (año en el que se expidió el certificado de
historia laboral aportado), circunstancia que le otorga el derecho al reconocimiento de
la pensión gracia.

36. Sin embargo, esta Sala21 ha reconocido que la descentralización de la educación
involucró el traslado del personal docente a las entidades territoriales certificadas en

18 Páginas 35 al 37 ibidem.
19 Información tomada del Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral visible en las páginas

64, 65 y 66, ibidem, toda vez que no fueron allegadas copias de los actos de nombramiento diferentes al Decreto
333 de 1974.
20 Ibidem.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado: 73001-

23-33-000-2019-00120-01 (1887-2022), consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.

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Radicado: 15001 23 33 000 2019 00256 01 (0445-2022)
Demandante: Rosa Ana Ortega de Rodríguez

educación, primero a los entes departamentales (como lo determinó la Ley 60 de 1993)
y después a los municipales (en virtud de lo dispuesto en la Ley 715 de 200122). En ese
sentido, resulta consistente sostener que luego de la expedición de las Leyes 60 de
1993 y 715 de 2001 la administración tanto del personal docente como del servicio
educativo quedó radicada en cabeza de los entes territoriales certificados en educación;
con todo, lo cierto es que tales condiciones no generaron un cambio en la naturaleza
de la vinculación inicial de los educadores que habían sido nombrados con anterioridad
a dicho proceso, particularmente para aquellos que continuaron su relación legal y
reglamentaria sin interrupción, como sucede en el caso de la accionante.

37. Ahora bien, el artículo 6° de la mencionada ley dispuso lo siguiente:

[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad
y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones
en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otras clases de
remuneraciones. […]

38. Por su parte, en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 se reiteró que «los
docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron
nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de
continuidad.»

39. Luego, so pretexto de la descentralización de la educación no puede soslayarse
dicha regulación y mucho menos dejar de lado que las características de la vinculación
laboral con la administración se adquieren al momento en que se profiere el acto de
nombramiento y en este se establecen las condiciones jurídicas del cargo a
desempeñar y las repercusiones a las cuales queda sometido el servidor 23. Entonces,
la cesión de la administración de las plantas de personal a las entidades territoriales
certificadas en educación, así como las demás competencias que les fueron
trasladadas, no implicó, por lo menos para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, un cambio en la naturaleza de la vinculación primigenia de los docentes.

40. Al tiempo que, debe recordarse que en la sentencia de unificación del 21 de junio
de 2018 el Consejo de Estado explicó la forma en que se acredita el tipo de vinculación,
sin que el traspaso de las plantas docentes a los entes territoriales conlleve implícita la
modificación de su vínculo, de nacional a territorial, para los efectos del reconocimiento
de la pensión objeto de controversia.

41. Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación nacional de la demandante no
se modificaron, comoquiera que el nombramiento efectuado por el Ministerio de
Educación —mediante la Resolución 1062 del 10 de marzo de 1975— se mantuvo

22 Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado 66001233300020120012701, del 21 de junio de

2016; radicado 2014-00136; del 10 de mayo de 2018, radicado. 73001233300020140018501; Sala de Consulta y
del Servicio Civil, Concepto del 14 de diciembre de 2016, radicado 110010306000020160010900.
23 Al respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B del 5 de agosto de 2010, radicación

2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P. Gerardo
Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación 68001233100020040276201.

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incólume al no existir ruptura del vínculo laboral24. En consecuencia, el lapso laborado
a partir del 17 de febrero de 1975 no resulta válido para reconocer la pensión gracia,
por su carácter nacional, lo cual conlleva al incumplimiento del requisito de los 20 años
de servicio como docente departamental, municipal, distrital y/o nacionalizado. Esto por
cuanto, en gracia de discusión, solo los períodos laborados entre el 6 de mayo de 1974
al 15 de febrero de 1975 resultarían válidos para el cómputo correspondiente al
reconocimiento de la pensión gracia, al estar vinculada como docente nacionalizada
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; sin embargo, no es suficiente para colmar
el requisito temporal exigido por la norma.

42. Por las mismas razones, no tiene vocación de prosperidad al reparo de la parte
demandante consistente en haberse configurado una sustitución patronal que implique
el cambio de plaza nacional a territorial, pues las referidas leyes 60 de 1993 y 715 de
2001 dispusieron que los docentes nombrados con anterioridad mantendrían su tipo de
vinculación sin solución de continuidad. Es así como, en gracia de discusión, la alegada
sustitución patronal no implica de manera alguna el cambio de la plaza docente nacional
que venía desempeñando la parte demandante antes del proceso de descentralización
de la educación.

43. Para finalizar, tampoco le asiste razón al argumento de apelación según el cual
el tribunal incurrió en un defecto fáctico al no haber valorado el «Acta de Entrega de
Entrega de la Administración de la Educación» del 14 de diciembre de 2002, suscrita
por el gobernador de Boyacá y el alcalde mayor de Tunja, pues el a quo sí valoró tal
circunstancia; empero, tal como lo advirtió dicha colegiatura25 y se ha reafirmado en
este fallo, el hecho de que la administración de las plantas de personal fueran cedidas
a las entidades territoriales certificadas en educación no implicó un cambio en la
naturaleza de la vinculación.

Condena en costas en segunda instancia

44. A partir del artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que introdujo un inciso al artículo
188 del CPACA, el legislador precisó que «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal».

45. Realizada la valoración preceptuada en la norma citada, no se advierte la
carencia de fundamento legal en el recurso de apelación, pues la demandante actuó
bajo la convicción de contar con razonable respaldo legal, jurisprudencial y probatorio
para obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses. Por tanto, esta Sala se
abstendrá de imponer la condena en costas de segunda instancia.

VI. DECISIÓN

46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

24 En el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado en sentencias del 23 de marzo de 2023, radicación 17001 23

33 000 2015 00695 01 (4210–2017) y del 30 de marzo de 2023, radicación 66001 23 33 000 2016 00084 01 (1985–
2018).
25 Página 30 de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

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Demandante: Rosa Ana Ortega de Rodríguez

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de julio de 2021 expedida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda promovida por la
señora Rosa Ana Ortega de Rodríguez contra la UGPP.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado —SAMAI— y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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