Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00530-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2019-00530-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 15001-23-33-000-2019-00530-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
7 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00530-01 (3051-2022)
Demandante: Carlos Arturo Triana Vega
Demandado: Nación - Procuraduría General de la Nación
Tema: Disciplinario - servidor público de elección popular – revoca
sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado el 24 de febrero de 2025 que dejó sin
efectos el fallo del 18 de julio de 2024, procede a proferir la providencia de
reemplazo en el proceso de la referencia.
En consecuencia, se deciden los recursos de apelación interpuestos por la parte
demandada y el agente del Ministerio Público contra la sentencia del 8 de febrero
de 2022, dictada por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Boyacá, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
II. ANTECEDENTES.
Demanda
1. El señor Carlos Arturo Triana Vega, por conducto de apoderado judicial,
instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Nación - Procuraduría General de la Nación, con el
objeto de que se declare la nulidad de los numerales cuarto y quinto de la decisión
de primera instancia de 28 de septiembre de 2018, emitida por la Procuraduría
Provincial de Sogamoso, por medio de la cual fue declarado disciplinariamente
responsable de incurrir en la falta enlistada en el numeral 31 del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002, motivo por el cual se le sancionó con destitución e inhabilidad
general para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años, y de la
Resolución 005 del 27 de febrero de 2019 expedida por la Procuraduría Regional
de Boyacá, que confirmó la determinación anterior.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) que se retire la
anotación de la sanción impuesta en el sistema SIRI 1; (ii) que se reconozcan y
1
Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad.
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Demandante: Carlos Arturo Triana Vega
paguen los perjuicios morales y «los daños a la vida de relación» generados con
ocasión de la expedición de los actos acusados; (iii) que las sumas reconocidas
al momento del pago tengan en cuenta la actualización del índice de precios al
consumidor; (iv) que se ordene dar cumplimiento al fallo en los términos
establecidos en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011; y (v) que se
condene en costas y agencias en derecho a la parte accionada.
3. Como fundamentos fácticos de las pretensiones señaló que la sanción fue
impuesta en el marco del proceso disciplinario adelantado en su contra por la
Procuraduría Provincial de Sogamoso, en su condición de alcalde del municipio
de Tibasosa, Boyacá (periodo 2012-2015), que inició a raíz de la queja anónima
presentada el 5 de diciembre de 2013, en la que se acusó al señor Triana Vega
de incurrir en irregularidades en la celebración del «CONVENIO DE
COOPERACIÓN CON PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PRIVADO SIN
ÁNIMO DE LUCRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO No. (sic) CINPDP-0016 DE 2013».
4. En la demanda puso de presente que el 3 de julio de 2014 la Procuraduría
Provincial de Sogamoso ordenó la apertura de investigación disciplinaria, y el 21
de diciembre de 2015 formuló pliego de cargos en su contra por (i) haber suscrito
bajo la denominación de convenio de cooperación un negocio jurídico que no
reunía los requisitos exigidos en el artículo 355 de la Constitución Política, ni en
el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, pues a juicio del operador disciplinario el
objeto consistía en la realización de actividades por parte del contratista a cambio
de una contraprestación, motivo por el cual consideró que incurrió en la falta
gravísima prevista en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, a título
de culpa gravísima; y (ii) haber realizado el pago de un anticipo a la Corporación
MIRO por un monto equivalente al 70% del precio pactado, sin observar el límite
permitido por la ley, por lo que la falta se calificó como grave, a título de culpa
grave.
5. En su relato indicó que en el fallo de primera instancia de 28 de septiembre
de 2018 se le declaró disciplinariamente responsable de incurrir en la conducta
reprochada en el primer cargo, y se le impuso la sanción de destitución e
inhabilidad general para desempeñar cargos públicos por el término de 10 años.
6. Contra la referida decisión interpuso recurso de apelación, y mediante la
Resolución 005 del 27 de febrero de 2019 la Procuraduría Regional de Boyacá
confirmó la sanción.
Normas violadas y concepto de violación
7. La parte actora enunció como normas vulneradas los artículos 1, 2, 4,
6, 13, 25, 29, 124 y 209 de la Constitución Política; 1, 2 y 3 de la Ley 1437 de
2011; 1, 17 y 26 de la Ley 397 de 1997; 6 de la Ley 1551 de 2012 y la Ley 715
de 2001.
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Demandante: Carlos Arturo Triana Vega
8. Como concepto de violación, argumentó la vulneración al debido
proceso por cuanto (i) la Procuraduría General de la Nación carecía de
competencia para restringir los derechos políticos de los servidores públicos de
elección popular, de conformidad con las normas convencionales; (ii) existió
prejuzgamiento en los autos de apertura de investigación disciplinaria y de pliego
de cargos, debido a que se emitió «juicio de responsabilidad definitivo» de
manera anticipada al fallo; y (iii) no se garantizaron sus derechos de defensa y
contradicción al no haberse decretado de oficio pruebas documentales y
testimoniales encaminadas a esclarecer las conductas reprochadas.
9. También hizo énfasis en que el ente de control transgredió el principio
de legalidad al desconocer la naturaleza del convenio de cooperación, y como
consecuencia, las normas especiales que lo regulan, pues le atribuyó el
desconocimiento de los principios que rigen la contratación pública aun cuando
no constituía un contrato conmutativo ni una relación comercial en la que el ente
territorial obtuviera un beneficio directo.
10. En la demanda alegó la falsa motivación como causal autónoma de
anulación, dado que para fundamentar los actos sancionatorios se acudió a
«razones engañosas, basadas en presunciones de hecho y contrarias a la
realidad», específicamente porque los operadores disciplinarios omitieron valorar
los argumentos defensivos expuestos en la versión libre, descargos, alegatos de
conclusión, e incluso en el recurso de apelación, relacionados con la contratación
del convenio de cooperación.
11. Por otra parte, indicó que en la Resolución 005 del 27 de febrero de
2019 se hizo referencia a hechos correspondientes a otras investigaciones,
motivo por el cual la decisión se basó en situaciones fácticas ajenas a la
actuación administrativa en cuestión.
12. Así mismo, señaló que los actos administrativos demandados se
encuentran viciados por desviación de poder, debido a que el señor Triana Vega
en ningún momento desconoció sus deberes funcionales, por lo que lo pretendido
por el ente de control no era la satisfacción del interés general sino «causar un
perjuicio injustificado a mi poderdante».
13. Por último, afirmó que en virtud del principio pro homine se debió: (i)
practicar el testimonio de Marco Antonio Molano, representante legal de la
Corporación MIRO, por ser la persona que conocía los pormenores del convenio
celebrado; y (ii) aplicar el principio in dubio pro disciplinado, debido a la ausencia
de pruebas que demostraran la existencia de una relación contractual y una
contraprestación directa a favor del municipio.
Contestación de la demanda
14. La Nación, Procuraduría General de la Nación, por conducto de apoderado
judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, puesto que con el acervo
probatorio que obra en el expediente disciplinario se demostró que el convenio
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de cooperación suscrito por el señor Carlos Arturo Triana Vega tiene la naturaleza
jurídica de un contrato cuyo régimen aplicable es la Ley 80 de 1993 y el Decreto
1150 de 2007, por cuanto su objeto corresponde a una actividad propia del ente
territorial en el ámbito cultural y su ejecución generó una contraprestación a favor
del municipio en la medida en que la Corporación MIRO prestó un servicio a
cambio de recibir un pago.
15. Afirmó que los fallos disciplinarios proferidos en primera y segunda
instancia fueron dictados con estricto apego al principio de legalidad y dentro del
marco del debido proceso, toda vez que la adecuación provisional de la conducta
en el pliego de cargos se fundamentó en las pruebas recaudadas y se respetaron
las garantías procesales del investigado, quien rindió versión libre, presentó
descargos y solicitó pruebas, las cuales fueron decretadas por el operador
disciplinario.
16. En lo referente al testimonio de Marco Antonio Molano puso de presente
que la apoderada del disciplinado desistió de su práctica.
17. Por otra parte, sostuvo que a pesar de que en la Resolución 005 del 27
de febrero de 2019 se presentó un error involuntario al transcribir hechos de otras
actuaciones, ello no tuvo incidencia en la decisión, pues en la misma se
expresaron con claridad los argumentos que sustentaron la responsabilidad
disciplinaria del señor Triana Vega; y (iv) al expedir los actos administrativos
acusados no existió un propósito distinto al previsto en la ley.
18. Finalmente, invocó la excepción de caducidad al considerar que la parte
actora presentó la demanda contenciosa administrativa fuera del plazo de 4
meses establecido en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
Sentencia apelada
19. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda en la sentencia del 8 de febrero
de 2022.
20. En la providencia declaró la nulidad de las decisiones disciplinarias
sancionatorias del 28 de septiembre de 2018 y del 27 de febrero de 2019,
proferidas por la Procuraduría Provincial de Sogamoso y la Procuraduría
Regional de Boyacá, respectivamente, a través de las cuales se destituyó e
inhabilitó por el término de 10 años para ejercer cargos públicos al demandante.
21. Como consecuencia de ello, condenó a la entidad demandada al pago de
25 S.M.L.M.V. por concepto de daño a bienes o derechos constitucional o
convencionalmente amparados y negó las demás pretensiones de la demanda.
22. Para el efecto, argumentó que, conforme con las disposiciones
convencionales y las órdenes impartidas en la sentencia del 8 de julio de 2020
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proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro
Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación carecía de
competencia para imponer sanciones disciplinarias consistentes en destitución e
inhabilidad para ejercer cargos públicos al señor Triana Vega, en su calidad de
servidor público elegido por voto popular, por cuanto ello constituía una
restricción a sus derechos políticos.
23. Además, hizo énfasis en que dicha limitación únicamente podía ser
impuesta por una autoridad judicial en el marco de un proceso penal, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
24. En ese sentido, afirmó que el numeral 1 del artículo 45 de la Ley 734 de
2002 contraviene los derechos y garantías reconocidos en la citada convención,
por lo que la Sala consideró procedente su inaplicación por inconvencionalidad,
«con efectos inter partes».
25. Por último, negó el reconocimiento de los «perjuicios económicos»
solicitados, debido a que la parte actora no allegó elemento probatorio alguno
que acreditara la configuración del daño patrimonial.
Recursos de apelación
26. Inconformes con la decisión, la Nación, Procuraduría General de la
Nación2 y el agente del Ministerio Público3 interpusieron recurso de apelación.
27. De manera coincidente solicitaron que se revoque la sentencia de primera
instancia al considerar que el órgano de control mantiene su competencia para
imponer sanciones de destitución e inhabilidad a servidores públicos de elección
popular, en tanto no se realicen las modificaciones normativas internas para
redefinir dicha facultad.
28. Al respecto, precisaron que este criterio ha sido sostenido por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, que han señalado que la sentencia en el
caso Petro Urrego no tiene «efectos erga omnes» y que a la luz del artículo 23
de la Convención Americana de Derechos Humanos la competencia de la
Procuraduría no ha sido derogada automáticamente «como lo pretende el fallo
impugnado».
29. Así mismo, señalaron que para la fecha en que se impuso la sanción al
demandante no existía un mandato expreso de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos que obligara a desconocer la competencia de la
Procuraduría General de la Nación, lo que confirma la legalidad de su actuación
dentro del marco normativo vigente en el momento de los hechos.
2
Ver índice 33 en SAMAI del Tribunal.
3
Ver índice 32 en SAMAI del Tribunal.
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III. CONSIDERACIONES.
Problema jurídico
30. Le corresponde a la Sala estudiar si hay lugar a declarar la nulidad de los
actos disciplinarios acusados, con base en las causales de nulidad invocadas en
la demanda que no fueron analizadas en primera instancia.
Marco normativo. Competencia de la Procuraduría General de la Nación en
materia disciplinaria.
31. El numeral 6 del artículo 277 de la Constitución Política estableció
expresamente la competencia de la Procuraduría General de la Nación para
«ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen
funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el
poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las
respectivas sanciones conforme a la ley».
32. De igual forma, los numerales 1 y 2 del artículo 278 reconocieron al
procurador general la potestad de desvincular a los servidores públicos con
ocasión de la comisión de determinadas faltas, atribuciones que son esenciales
dentro del Estado social de derecho, en tanto buscan garantizar la moralidad
administrativa, la transparencia institucional y el adecuado funcionamiento de la
administración.
33. El Código Disciplinario Único, vigente para la época de los hechos que
originaron la investigación y las sanciones impuestas al demandante, desarrolló
el mandato constitucional y reguló el procedimiento disciplinario aplicable a los
servidores públicos. Su artículo 3 otorgó a la Procuraduría General de la Nación,
en ejercicio del poder preferente, la facultad de «iniciar, proseguir o remitir
cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los órganos de control
disciplinario interno de las entidades públicas».
34. El ente de control ostenta la potestad de imponer las sanciones previstas
en el artículo 44, entre las cuales se encuentran: (i) la destitución e inhabilidad
general, para las faltas gravísimas dolosas o cometidas con culpa gravísima; (ii)
la suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, para las faltas
graves dolosas y las gravísimas culposas; (iii) la suspensión, para las faltas
graves culposas; (iv) la multa, para las faltas leves dolosas; y v) la amonestación
escrita, para las faltas leves culposas.
35. En particular, las faltas gravísimas que dan lugar a la sanción de
destitución e inhabilidad general se encuentran expresamente señaladas en el
artículo 48 de la ley en comento, entre ellas, la contemplada en el numeral 31
consistente en: «[p]articipar en la etapa precontractual o en la actividad
contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa
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contemplados en la Constitución y en la ley», que fue la atribuida al señor Carlos
Arturo Triana Vega y dio lugar a la sanción que se cuestiona en este proceso.
Aclaración previa
36. La presente providencia se profiere en cumplimiento de la sentencia de
tutela del 24 de febrero de 2025 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en la cual se determinó que la Procuraduría General de la Nación era
competente para imponer la sanción de destitución e inhabilidad general para el
momento en que se expidieron los actos objeto de control, con fundamento en
los pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional en las sentencias C
– 028 de 2006, SU 712 de 2013, C – 086 de 2019, C – 111 de 2019, C – 030 de
2023, SU 381 de 2024 y SU 382 de 2024.
37. En ese orden de ideas, no hay lugar a declarar la nulidad de los actos
objeto de control con base en la falta de competencia de la Procuraduría General
de la Nación.
Análisis de los argumentos de nulidad
38. En el presente asunto, se somete a consideración de la Sala el estudio de
la legalidad de los actos administrativos expedidos el 28 de septiembre de 2018
y 27 de febrero de 2019 por la Procuraduría Provincial de Sogamoso y la
Procuraduría Regional de Boyacá, respectivamente, a través de los cuales se
destituyó e inhabilitó por el término de 10 años para ejercer cargos públicos al
señor Carlos Arturo Triana Vega, en su calidad de alcalde del municipio de
Tibasosa, por incurrir en la falta gravísima prevista en el numeral 31 del artículo
48 de la Ley 734 de 2002, atribuida a título de culpa gravísima.
39. La imputación fáctica se circunscribió a que el 5 de marzo de 2013,
celebró el Convenio de Cooperación CINPJDP-0016 con la Corporación MIRO,
cuyo objeto era «unir esfuerzos conjuntos» para la realización de diferentes
actividades culturales y religiosas, con ocasión al día de la madre, de la mujer y
la semana santa, acudiendo para ello al artículo 355 de la Constitución Política y
al Decreto 777 de 1992 para sustentar la modalidad de contratación directa.
40. Al examinar la naturaleza del mismo, la autoridad disciplinaria evidenció
que lo realmente suscrito era un contrato estatal, en el cual a la Corporación
MIRO se le encomendó la realización de actividades encaminadas al fomento de
la cultura en el municipio, función que le correspondía al ente territorial, y como
contraprestación recibió la suma de $38.000.000.
41. Contra el acto administrativo reseñado anteriormente, la apoderada del
investigado interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto de forma adversa
a sus intereses mediante la Resolución 005 del 27 de febrero de 2019, expedida
por la Procuraduría Regional de Boyacá.
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42. La demanda contenciosa administrativa fue radicada ante el Tribunal
Administrativo de Boyacá el 9 de octubre de 2019. El actor fundamentó su
pretensión en la presunta atipicidad de la conducta, la vulneración del debido
proceso y la incursión de los operadores disciplinarios en las causales de
anulación del acto administrativo por falsa motivación y desviación de poder.
43. La parte actora alegó la vulneración del principio de legalidad, pues
consideró que las decisiones acusadas desconocieron la naturaleza jurídica del
convenio de cooperación celebrado con la entidad sin ánimo de lucro, y en
consecuencia, las normas especiales que lo regulan, en particular el artículo 355
de la Constitución Política y el Decreto 777 de 1992, motivo por el cual sostuvo
que la conducta no se adecúa a la falta gravísima prevista en el numeral 31 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
44. Respecto a la distinción entre los contratos y los convenios de la
Administración, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido:
«[…] el convenio, cimentado sobre la base de un ánimo colaborativo y en
criterios asociativos de cooperación, debe estar desprovisto de una
contraprestación y/o remuneración, por lo que en tal escenario no existe una
contraposición de intereses entre los sujetos que lo suscriben, aunque puede
haber un contenido patrimonial, pero no dirigido a retribuir al asociado sino con
fines de propiciar objetivos comunes»4.
45. Descendiendo al caso concreto, y atendiendo el contenido del llamado
Convenio de Cooperación CINPJDP-0016, se advierte que la naturaleza del
negocio jurídico no la da la denominación que los contrayentes le otorguen. Por
el contrario, esta se determina por el objeto, finalidad, derechos y obligaciones,
que constituyen los rasgos determinantes de su esencia.
46. En ese orden de ideas para la Sala resulta claro que aunque las partes
denominaron «convenio» al negocio jurídico por ellas contraído, lo que realmente
suscribieron fue un «contrato» regulado por las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007,
pues al estudiar el clausulado del acuerdo, concretamente, los aportes del
municipio de Tibasosa y los de la Corporación MIRO se evidencia que no existió
una concurrencia de esfuerzos para alcanzar un fin de interés social, sino una
transferencia patrimonial a cambio de la prestación de un servicio.
47. En consecuencia, dicho acuerdo no podía ser catalogado como un
convenio, conforme lo dispuesto en los artículos 355 de la Constitución Política,
96 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 777 de 1992.
48. Por lo anterior, la Sala coincide con el operador disciplinario en el sentido
de considerar que efectivamente se incurrió en la falta gravísima consistente en
«participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 3 de
febrero de 2025, expediente 66572, magistrado ponente: Nicolás Yepes Corrales.
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del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución
y en la ley», puesto que no era posible obviar las reglas previstas en el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública para la celebración del
negocio jurídico, máxime cuando del análisis de su contenido se evidencia que
su naturaleza correspondía a la de un contrato estatal y no a un convenio.
49. De otro lado, el actor afirmó que la entidad demandada vulneró su derecho
al debido proceso porque (i) en los autos de apertura de la investigación
disciplinaria y de pliego de cargos se incurrió en prejuzgamiento al emitir un juicio
de responsabilidad definitivo antes del fallo; (ii) no se garantizaron sus derechos
de defensa y contradicción, ya que no se decretaron de oficio pruebas
documentales y testimoniales necesarias para esclarecer las conductas
imputadas, en particular el testimonio del señor Marco Antonio Molano; y (iii) al
no existir certeza sobre la comisión de la conducta, era obligatorio aplicar el
principio in dubio pro disciplinado.
50. Respecto al presunto prejuzgamiento en las providencias emitidas el 3 de
julio de 2014 y 21 de diciembre de 2015, la Sala observa que el auto de apertura
de investigación disciplinaria se dictó con fundamento en los artículos 153 y 154
de la Ley 734 de 2002, toda vez que se basó en pruebas que permitían inferir la
posible ocurrencia de una falta disciplinaria y la identificación del presunto
responsable, sin que ello implicara un juicio de responsabilidad anticipado.
51. Así lo establece el expediente disciplinario en el folio 154 del CUADERNO
UNO, al señalar que la apertura de la investigación tenía como finalidad «verificar
la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o
se presentan causales de exclusión de responsabilidad, esclarecer los motivos
determinantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que suceden los
hechos».
52. De igual manera, el auto de pliego de cargos se profirió conforme a los
artículos 162 y 163 de la misma norma, los cuales exigen la descripción fáctica y
jurídica de la conducta, la identificación precisa de los cargos y el respectivo
análisis probatorio. Este acto no constituye prejuzgamiento sino el cumplimiento
de la obligación del operador disciplinario de estructurar debidamente la
imputación, garantizando el derecho de defensa y contradicción del investigado
dentro del marco del debido proceso.
53. En lo relativo a la supuesta vulneración de los derechos de contradicción
y defensa del señor Triana Vega, derivada de la expedición del fallo sancionatorio
sin el decreto de pruebas documentales y testimoniales para esclarecer las
conductas reprochadas, se advierte que, en los procesos disciplinarios el órgano
de control cuenta con una amplia potestad de valoración probatoria. Esta facultad
le permite en ejercicio de su discrecionalidad razonada, determinar cuándo el
acervo probatorio es suficiente para generar certeza sobre la ocurrencia o
inexistencia de los hechos investigados.
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54. En este sentido, conforme lo ha sostenido esta Sección5, cuando el
operador disciplinario dispone de pruebas suficientes que le permiten alcanzar el
grado de certeza sobre la materialización de la conducta y la responsabilidad del
investigado, puede prescindir de la práctica de pruebas adicionales que
considere innecesarias, incluso si estas han sido decretadas con anterioridad.
55. En el caso concreto, debe resaltarse que mediante auto del 4 de abril de
2016, la Procuraduría Provincial de Sogamoso decretó la práctica del testimonio
del señor Marco Molano Gómez, solicitado por la defensa en el escrito de
descargos, y fijó fecha para su realización. No obstante, el testigo no se presentó
a la diligencia, justificando su inasistencia por su traslado a la ciudad de Santa
Marta.
56. Ante esta situación, la apoderada del investigado manifestó expresamente
el desistimiento de dicha prueba, como consta en el expediente al indicar que «[la
defensa del disciplinado] considera que puede prescindir de la prueba pedida y
soportar sus descargos con las pruebas documentales que reposan en el
expediente, toda vez que considera que el despacho las valorará integralmente»,
por lo que no es posible considerar que existió alguna irregularidad al respecto
por parte de la autoridad disciplinaria.
57. En cuanto a la supuesta inaplicación del principio in dubio pro
disciplinado, se precisa que este postulado garantiza que, en caso de existir duda
razonable sobre la responsabilidad del investigado, la decisión debe adoptarse
en su favor, salvaguardando el debido proceso y la presunción de inocencia.
58. Sin embargo, en el caso concreto dicho principio no resulta aplicable, pues
no se evidencia duda alguna respecto a la ocurrencia de la conducta ni a la
configuración de la falta disciplinaria; por el contrario, la decisión se fundamentó
en un acervo probatorio que permitió establecer con certeza la tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad de la conducta imputada.
59. Lo expuesto permite concluir que no es cierto que la entidad demandada
haya desconocido el debido proceso ni el principio pro homine. Este principio, de
origen internacional en materia de derechos humanos, establece que, ante la
interpretación de normas aplicables a una persona, debe prevalecer aquella que
le resulte más favorable. No obstante, en el presente asunto, la parte actora lo
invocó para sostener que no se practicó el testimonio del representante legal de
la Corporación MIRO, pese a que era quien conocía los pormenores del negocio
jurídico celebrado, y para argumentar que ante la existencia de duda respecto a
la responsabilidad disciplinaria del investigado, debía proferirse un fallo favorable
a sus intereses. Sin embargo, como se ha demostrado, ninguno de estos
argumentos tiene vocación de prosperidad.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 10
de octubre de 2013, expediente 069010, magistrado ponente: Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 10
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00530-01 (3051-2022)
Demandante: Carlos Arturo Triana Vega
60. Por último, la parte actora alega dos causales de anulación de los actos
administrativos: la falsa motivación y la desviación de poder. Al respecto, debe
señalarse que la falsa motivación se configura cuando el acto administrativo se
sustenta en hechos inexistentes, erróneos o contrarios a la realidad, o cuando se
omite de forma injustificada la valoración de pruebas que puedan incidir en el
sentido de la decisión.
61. En el caso concreto, la decisión disciplinaria se basó en un análisis objetivo
del material probatorio recaudado, el cual fue valorado de forma integral y
razonada, motivo por el cual no puede afirmarse que se incurrió en falsas
premisas, ni que se desatendieron los argumentos de defensa del investigado.
62. En particular, se evaluaron los argumentos relacionados con la
contratación del Convenio de Cooperación CINPJDP-0016, y se concluyó que
dicho negocio jurídico, pese a su denominación, correspondía a un contrato
estatal regido por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, en atención a su
objeto, finalidad y contraprestación.
63. Si bien en la Resolución 005 del 27 de febrero de 2019 se hizo referencia
a hechos correspondientes a otras investigaciones, ello no implica que la decisión
se haya fundamentado en situaciones fácticas ajenas a la conducta investigada,
pues como se ha mencionado, de manera clara se precisaron los hechos que
soportaron la declaración de responsabilidad disciplinaria del señor Triana Vega.
64. En relación con la supuesta desviación de poder, la jurisprudencia6 ha
indicado que esta causal de nulidad se configura cuando una autoridad
administrativa ejerce sus atribuciones con una finalidad distinta a la prevista en
la ley, es decir, con propósitos ajenos al interés general, y que le corresponde a
quien alega la configuración de esa causal, demostrar cuál es el motivo abyecto
que tuvo en cuenta la autoridad al momento de expedir el acto demandado, en
aplicación de lo prescrito en el artículo 167 del Código General del Proceso.
65. En el presente caso, ni siquiera se expuso cuál sería el motivo que tuvo la
autoridad al momento de expedir la decisión sancionatoria, y mucho menos se
aportó prueba alguna de que las decisiones sancionatorias hayan sido adoptadas
con la intención de perjudicar al investigado ni con fines distintos a los legalmente
previstos; por el contrario, los actos demandados responden al ejercicio legítimo
del poder disciplinario del Estado, orientado a preservar los principios que rigen
la contratación estatal y la función pública.
66. Por lo anteriormente expuesto, se revocará la sentencia de primera
instancia y se negarán las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 22
de noviembre de 2022, expediente 4423-2017, magistrado ponente: Gabriel Valbuena
Hernández.
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Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 11
Bogotá D.C. – Colombia
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 15001-23-33-000-2019-00530-01 (3051-2022)
Demandante: Carlos Arturo Triana Vega
67. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, la condena al
respecto se impondrá «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
68. Al revisar el caso concreto, se considera que la demanda no carece de
fundamento legal, lo que lleva a no imponer condena en costas, a lo que cabe
agregar que la presente decisión se expide en cumplimiento de la orden de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. ACATAR la orden impartida en el fallo de tutela del 24 de febrero de
2025, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
SEGUNDO. REVOCAR la sentencia proferida el 8 de febrero de 2022, por la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá.
TERCERO. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO. Sin condena en costas en ambas instancias.
QUINTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que componen la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 12
Bogotá D.C. – Colombia
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