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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00276-01

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00276-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Revocar el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión el 6 de diciembre de 2024, por medio del cual se condenó en costas a la parte accionante, de conformidad con las razones expuestas en precedencia. En su lugar, negar la referida condena en primera instancia. Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia impugnada, de acuerdo con lo señalado en esta providencia. Tercero: Sin condena en costas en segunda instancia. Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2020-00276-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2020-00276-01 (0592-2025)
Demandante: César Augusto Ortiz Parra
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

Tema: pensión de jubilación docente. Subtema: condena en costas.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 6 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala
Quinta de Decisión, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El señor César Augusto Ortiz Parra solicitó la nulidad del acto administrativo a través
del cual la entidad accionada le negó el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación. Manifestó que en calidad de docente oficial tiene derecho a esta según
el régimen previsto en la Ley 33 de 1985, toda vez que se vinculó al servicio docente
antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. El Tribunal negó las
pretensiones de la demanda al considerar que el accionante no era beneficiario de
la prestación reclamada, y condenó en costas a la parte vencida. Inconforme con la
decisión, el demandante interpuso recurso de apelación en relación con la referida
condena. Esta Subsección al no advertir que la parte accionante haya obrado de
mala fe o con temeridad, revocará la condena en costas impuesta en primera
instancia.

Radicación: 17001-23-33-000-2020-00276-01 (0592-2025)
Demandante: César Augusto Ortiz Parra
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Por medio de escrito del 8 de octubre de 20201, el señor César Augusto Ortiz
Parra, por conducto de apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan2.

2.1.1. Pretensiones

2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad de la Resolución 2543-
6 del 20 de agosto de 2020, por medio de la cual la entidad accionada negó el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación al señor César Augusto Ortiz
Parra.

3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada
reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor del accionante, equivalente al
75% de los salarios y primas recibidas con anterioridad al cumplimiento del estatus
de pensionado, es decir, a partir del 22 de febrero de 2015.

4. Solicitó que se condene al pago de las mesadas dejadas de cancelar desde
la fecha de consolidación del estatus pensional hasta el día en que se incluya en
nómina de pensionados, sumas que deberán ajustarse de acuerdo con el IPC; y se
otorguen los intereses de mora por los valores adeudados. También que se dé
cumplimiento al fallo según los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), y se
condene en costas a la parte demandada como lo señala el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011.

2.1.2. Hechos

5. La Sala los sintetiza así:

6. El señor César Augusto Ortiz Parra nació el 22 de febrero de 1960, por lo que
a la fecha de presentación de la demanda tenía 60 años. Prestó sus servicios como
empleado público al departamento de Caldas del 24 de enero de 1985 al 12 de
diciembre de 1986, y desde el 5 de agosto de 1988 hasta el 22 de enero de 1989.

1 Samai, gestión en otros despachos, 17001233300020200027600, índice 01, expediente digital.
2 Samai, gestión en otros despachos, 17001233300020200027600, índice 11, expediente digital, archivo
4ED_C01Principal_004DEMANDAPDF(.pdf).

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Radicación: 17001-23-33-000-2020-00276-01 (0592-2025)
Demandante: César Augusto Ortiz Parra
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

7. Después laboró para el municipio de Marmato durante los siguientes
periodos:

• Del 19 de enero de 1989 al 31 de agosto de 1992.
• Desde el 1 de febrero de 1995 hasta el 30 de septiembre de 1995.
• Del 1 de octubre de 1995 al 31 de diciembre de 2000.
• Desde el 1 de mayo de 2001 hasta el 17 de enero de 2003.
• Del 18 de enero de 2003 al «7 de mayo de 2003».
• Desde el «1 de mayo de 2003» al 31 de mayo de 2005.

8. El demandante realizó aportes al antiguo ISS, hoy liquidado, durante 212.29
semanas, según lo reportado por Colpensiones.

9. A partir del 4 de noviembre de 2008 se vinculó en calidad oficial al servicio
de la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, nombrado en
propiedad.

10. El 6 de julio de 2020 solicitó a la entidad accionada el reconocimiento y pago
de la pensión de jubilación, en una cuantía equivalente al 75% de los salarios y
primas recibidas con anterioridad al cumplimiento del estatus de pensionado, que
afirma cumplió el 22 de febrero de 2015.

11. Mediante la Resolución 2543-6 del 20 de agosto de 2020, la entidad negó la
solicitud al considerar que como el demandante se vinculó al servicio docente luego
de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, no era acreedor de una pensión con
fundamento en la Ley 33 de 1985.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

• Ley 33 de 1985, artículo 1 (inciso segundo).
• Ley 91 de 1989, artículo 15 (numerales 1 y 2).
• Ley 60 de 1993, artículo 6.
• Ley 115 de 1993, artículo 115.
• Ley 100 de 1993, artículo 279.
• Ley 812 de 2003, artículo 81.
• Decreto 3752 de 2003, artículos 1 y 2.

12. Adujo que el accionante tiene derecho a una pensión de jubilación de
conformidad con la Ley 33 de 1985, en concordancia con la Ley 812 de 2003, toda
vez que estuvo vinculado al servicio de la docencia oficial con anterioridad a la
entrada en vigor de esta última norma —27 de junio de 2003—; sin que le sea
necesario acreditar que para esa fecha se encontraba en servicio activo.

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Radicación: 17001-23-33-000-2020-00276-01 (0592-2025)
Demandante: César Augusto Ortiz Parra
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

13. Indicó que, según el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981, nacionales o nacionalizados, y aquellos nombrados
desde el 1 de enero de 1990 tenían derecho, mientras cumplieran con los requisitos,
a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del
último año y gozarían del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional.

14. Señaló que posteriormente se expidió la Ley 812 de 2003, que en el artículo
81 dispuso que a los docentes, vinculados antes de la entrada en vigor de tal norma,
les es aplicable el régimen pensional previsto en las leyes 33 y 62 de 1985. En
cambio, aquellos educadores que ingresen por primera vez al magisterio oficial a
partir del 27 de junio de 2003 deben afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y sus derechos pensionales se rigen por las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.

2.2. Contestación de la demanda

15. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda,
con fundamento en las siguientes consideraciones3:

16. Propuso las excepciones de «legalidad de los actos administrativos atacados
de nulidad»; «ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico»;
«violación del principio de inescindibilidad normativa»; «cobro de lo no debido», y
«prescripción».

17. Sostuvo que el acto administrativo acusado no contiene vicio alguno que
conlleve a su nulidad, por cuanto se profirió en estricto cumplimiento de las normas
vigentes y aplicables al caso. Afirmó que el demandante no es beneficiario del
régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985, toda vez que ostentó la calidad de
docente afiliado al FOMAG a partir del año 2005, esto es, con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

2.3. Sentencia de primera instancia

18. El Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión profirió
sentencia el 6 de diciembre de 2024, a través de la cual negó las pretensiones de
la demanda y condenó en costas al accionante. La providencia se fundó en los
siguientes argumentos4:

3 Samai, gestión en otros despachos, 17001233300020200027600, índice 11, expediente digital, archivo
11ED_C01Principal_011CONTESTACIONDEMANDAFOMAGPDF(.pdf).
4 Samai, gestión en otros despachos, 17001233300020200027600, índice 12, expediente digital, archivo

18Sentencia1ai_sentencia_17001233300020200027(.pdf).

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Radicación: 17001-23-33-000-2020-00276-01 (0592-2025)
Demandante: César Augusto Ortiz Parra
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

19. La Ley 91 de 1989 que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en su artículo 15 dispuso que los docentes nacionalizados vinculados
antes del 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen prestacional que se les
venía aplicando en la respectiva entidad territorial, entre estos, el previsto en la Ley
33 de 1985. Mientras que a aquellos docentes que ingresaron a prestar sus servicios
a partir del 1 de enero de 1990, se les aplicarían las normas vigentes para los
empleados públicos de orden nacional, esto es, los decretos 3135 de 1968; 1848
de 1969; y 1045 de 1978.

20. Posteriormente, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que, a partir
de su entrada en vigor, a los docentes oficiales les era aplicable el régimen
pensional de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a
excepción del requisito de edad para la pensión de vejez, que sería de 57 años para
hombres y mujeres. Asimismo, previó que para el caso de los docentes oficiales
vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003, aplicaría el régimen prestacional
de la Ley 91 de 1989, que, por la remisión de esta, es el contenido en la Ley 33 de
1985.

21. El Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 25 de abril de 20195,
indicó que como el régimen pensional de los empleados públicos del orden nacional
a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989 era el previsto en la Ley 33 de 1985, el
régimen aplicable a los docentes vinculados a partir del 1 de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y a aquellos que se nombraron desde el 1 de enero de
1990, por remisión de la misma ley 91, es el de la referida Ley 33.

22. Descendiendo al caso concreto, el Tribunal adujo que según se probó en el
expediente el accionante ingresó al servicio docente en el mes de noviembre de
2008, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, por lo
que no le aplica el régimen pensional establecido en la Ley 91 de 1989, esto es, la
Ley 33 de 1985.

23. Sostuvo que las vinculaciones del demandante como inspector de policía,
técnico operativo, personero municipal y las otras acreditadas antes del año 2003,
no lo hacían beneficiario de la transición prevista en la Ley 812 de 2003, en tanto
para tener derecho a una pensión de jubilación bajo el régimen pensional de los
maestros debió haberse vinculado a la docencia oficial antes del año 2003; hecho
que no se demostró.

24. Expuso que, de acuerdo con el artículo 188 del CPACA, la condena en costas
atiende a un criterio que la jurisprudencia del Consejo de Estado6 ha denominado
objetivo-valorativo, es decir que esta procede siempre y cuando se hayan causado

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación del 25

de abril de 2019, exp. 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
6 Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

del 18 de enero de 2018, exp. 44001-23-33-000-2014-90035-01(1575-16), M.P. William Hernández Gómez.

5

Radicación: 17001-23-33-000-2020-00276-01 (0592-2025)
Demandante: César Augusto Ortiz Parra
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

y la parte interesada aporte la prueba de su existencia, de su utilidad y
correspondencia con las actuaciones autorizadas por la ley.

25. Adujo que, siguiendo el anterior criterio, no se evidenciaron los gastos o
expensas en que incurrió la demandada, por lo que no es procedente emitir condena
en ese sentido. En cambio, en cuanto a las agencias en derecho, su imposición se
justifica, toda vez que la entidad accionada fue representada judicialmente por un
profesional del derecho que intervino en todas las etapas del proceso.

26. Definió que condenaría en costas al demandante por concepto de agencias
en derecho, correspondiente al 4% de la cuantía estimada del asunto, según el
numeral 1 del artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, proferido por el
Consejo Superior de la Judicatura.

2.4. Recurso de apelación

27. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión de condena en costas, bajo los siguientes argumentos7:

28. Alegó que en materia de lo contencioso-administrativo la condena en costas
no se rige por un criterio objetivo, sino que exige por parte del operador judicial una
valoración subjetiva para su imposición, en tanto debe analizarse la conducta
desplegada por la parte vencida en el proceso. Ello significa que la condena en
costas solo procede cuando en el expediente aparezcan causadas y en la medida
de su comprobación.

29. Añadió que de acuerdo con lo estudiado por el Consejo de Estado8, el artículo
188 del CPACA «no impone al funcionario judicial la obligación de condenar en
costas, solo le da la posibilidad de disponer, esto es, de pronunciarse sobre su
procedencia».

30. Indicó que la parte demandante no pretendió realizar actos dilatorios, ni
temerarios encaminados a perturbar el proceso, ni tampoco congestionar el aparato
judicial. Por ende, pidió que se «derogue» el numeral tercero de la sentencia
impugnada y, en su lugar, no se condene en costas y agencias en derecho.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

31. Mediante auto del 8 de mayo de 2025 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante y se prescindió del traslado para alegar de

7 Samai, gestión en otros despachos, 17001233300020200027600, índice 15, expediente digital, archivo
20_MemorialWeb_Recurso-RECAPELACESARA(.pdf).
8 No citó ninguna providencia.

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Radicación: 17001-23-33-000-2020-00276-01 (0592-2025)
Demandante: César Augusto Ortiz Parra
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia9.

2.6. Ministerio Público

32. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto10.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

33. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con
lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA según el cual el
Consejo de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

34. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del
Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a
la Sala definir si:

35. ¿El Tribunal Administrativo de Caldas debía analizar la conducta de la parte
vencida en juicio para disponer sobre la condena en costas?

36. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará el tema relacionado
con los criterios objetivo y subjetivo en materia de costas procesales.

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. De la condena en costas

37. De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sección, el concepto de las costas
procesales está asociado a «todos los gastos necesarios o útiles dentro de una
actuación de esa naturaleza y comprend[e] los denominados gastos o expensas del
proceso»11. En el CPACA corresponden a los «gastos ordinarios […] y [a] otros
como son los necesarios para [el] traslado de testigos y para la práctica de la prueba

9
Samai, índice 04, expediente digital, archivo 4Autoqueadmite_05922025Autoadmiteap(.pdf).
10 Samai, índice 07, expediente digital, archivo Soporte notificación Auto que admite recu(.pdf).
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7

de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez. // Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 20 de febrero
de 2025, exp. 05001-23-33-000-2021-01292-02 (3768-2022), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.

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Radicación: 17001-23-33-000-2020-00276-01 (0592-2025)
Demandante: César Augusto Ortiz Parra
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres,
transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas, copias, etc.» 12.

38. Respecto de su imposición, la jurisprudencia ha identificado dos criterios a
partir de la regulación normativa, a saber, el objetivo-valorativo y el subjetivo. Para
ello, se debe tener en cuenta el artículo 188 del CPACA, modificado por el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, que dispone lo siguiente:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP].
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

3.3.1.1. Del criterio subjetivo en la condena en costas

39. De la lectura de la norma citada, se ha considerado que la expresión
«disponer» hace referencia a «deliberar, determinar, mandar lo que ha de
hacerse»13 —de acuerdo con la Real Academia Española—. En ese orden,
«disponer» en la sentencia «sobre la condena en costas no presupone su causación
per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean
impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación
y ejecución»14.

40. Por esta razón, se ha indicado que, de conformidad con el artículo citado, la
condena no es «automática» u «objetiva» en relación con la parte vencida en el
proceso15, puesto que se ha considerado necesario el análisis de otros factores,
tales como «temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre
los gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar
dichas circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de análisis
mínimo en el que el director del proceso evaluara las circunstancias para imponerla
o no»16.

41. Por lo anterior, se ha concluido que la imposición de la referida condena, en
materia contenciosa-administrativa, requiere un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes17. En ese sentido, antes

12 Ibidem.
13 https://dle.rae.es/disponer.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1

de diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7
de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7

de noviembre de 2024, exp. 50001-23-33-000-2018-00212-01 (2428-2023), M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1

de diciembre de 2016, exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-14), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicación: 17001-23-33-000-2020-00276-01 (0592-2025)
Demandante: César Augusto Ortiz Parra
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Prestaciones Sociales del Magisterio

de su imposición, el juez debe verificar diferentes factores, tales como la temeridad
o mala fe de las partes. Al respecto, esta Subsección18 ha precisado lo siguiente:

[El] juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido
de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de
fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades
inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales
o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica
de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP)19.

3.3.1.2. Del criterio objetivo valorativo en la condena en costas

42. En contraposición a la postura descrita, se encuentra la perspectiva objetivo–
valorativa, según la cual la parte vencida debe asumir las costas procesales
(componente objetivo), siempre y cuando se hayan causado (elemento valorativo),
independientemente de la conducta de los sujetos procesales durante la actuación.

43. Para tal efecto, se considera que en el Decreto 01 de 1984 se dispuso que
en todos los procesos habría condena en costas (criterio objetivo); posteriormente,
la Ley 446 de 1998 introdujo como modificación, que el juez debía tener en cuenta
la conducta asumida por las partes (criterio subjetivo). No obstante, en el año 2011,
el legislador dejó de referirse al elemento subjetivo «conducta asumida por las
partes», para implementar un criterio objetivo-valorativo, con salvedad de los
procesos en los que se ventile un interés público. Finalmente, en el año 2021, la Ley
2080 adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA, según el cual la condena en
costas procede en los casos en los que se presentó la demanda con «manifiesta
carencia de fundamento legal».

44. Asimismo, desde esta perspectiva se considera que la adición del inciso
segundo al artículo 188 del CPACA (por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021) no
implica una variación al régimen de las costas previsto por el legislador de 2011. Lo
anterior, porque el inciso primero de esa disposición no fue objeto de modificación

18 En igual sentido, se pueden consultar las siguientes providencias, proferidas con posterioridad a la expedición

de la Ley 2080 de 2021: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 6 de febrero de 2025, exp. 08001-23-33-000-2016-00419-01 (0145-2023), M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 13 febrero de 2025, exp. 76001-33-33-004-2019-00626-01 (5758-2022),
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2025, exp. 76001-23-33-000-2018-00791-01 (0251-
2023) M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; y (iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de abril de 2025, exp. 15001-2333-000-2017-00604-01
(0552-2021), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera; entre otras.
19 Ibidem.

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Radicación: 17001-23-33-000-2020-00276-01 (0592-2025)
Demandante: César Augusto Ortiz Parra
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio

o adición y, en tal sentido, el criterio objetivo-valorativo20 para su imposición
(adoptado desde el año 2011) se mantiene vigente y, bajo ese entendido, el juez
siempre «dispondrá» sobre las costas, de acuerdo con los supuestos previstos en
el artículo 365 del CGP, sin que haya lugar a valorar la conducta procesal de la parte
a la cual se impone la condena, dado que el CPACA y, a su turno, el CGP no exigen
tal condicionamiento21.

45. En ese orden de ideas, se ha considerado que el criterio es objetivo-
valorativo, objetivo, porque en la sentencia «se dispondrá» sobre la condena en
costas de acuerdo con las reglas del CGP, es decir, en contra de la parte vencida.
Valorativo, por cuanto «se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la
medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del
proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa
valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes»22.

3.3.1.3. Del criterio mayoritario de la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado

46. Frente a la discusión existente sobre las referidas alternativas interpretativas,
que no es pacífica al interior del Consejo de Estado, esta Subsección ha acogido de
forma mayoritaria, más no unánime (debido a la posición de la magistrada
ponente23), el criterio subjetivo que, como se indicó, consiste en que para decretar
20 En sentencia de 23 de julio de 2020, exp. 11001032500020170007300 (0301-2017), M.P. William Hernández

Gómez, la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación explicó que, en materia de condena en
costas, el CPACA adoptó un criterio objetivo-valorativo para su imposición. Se dijo en esa oportunidad que: //
«a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio
«subjetivo» —CCA— a uno «objetivo valorativo» —CPACA—. // b) Se concluye que es «objetivo» porque en
toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente,
o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP. // c) Sin embargo, se le califica de «valorativo»
porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la
actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes. […]». Sobre esta temática también puede verse el auto de 7 de abril de
2016. Exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), proferido por la misma Subsección de esta
corporación.
21 En este mismo sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta corporación: i) Sección

Primera, sentencia del 29 de agosto de 2024, exp. 05001-23-33-000-2014-01093-01; ii) Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2024, exp. 52001-23-33-000-2015-00128-01 (66.988), y
iii) Sección Cuarta, sentencia del 3 de agosto de 2023, exp. 19001-23-33-000-2020-00018-01 (26447).
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2

de diciembre de 2021, exp. 08001-23-31-000-2014-01019-01 (2665-19).
23 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la
sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta

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la condena en costas se debe verificar que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe; perspectiva de análisis a partir de la cual se resolverá el
problema planteado en esta oportunidad.

3.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

47. En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Caldas decidió condenar
en costas a la parte accionante, por concepto de agencias en derecho, de
conformidad con el artículo 188 del CPACA.

48. Inconforme con la decisión, el demandante solicitó que se revocara la
condena en costas, al considerar que para el efecto debió valorarse la conducta de
la parte vencida.

49. En este orden de ideas, la Sala advierte que el Tribunal aplicó un criterio
objetivo en la imposición de la condena en costas, en la medida en que la decretó
contra la parte vencida en juicio, dada la prosperidad de las pretensiones de la
demanda.

50. Sobre el particular, se recuerda que según se explicó en el marco normativo
y jurisprudencial de la presente sentencia, esta Subsección ha acogido de forma
mayoritaria el criterio subjetivo en la condena en costas. Por tal razón, se estima
que, para decretar la referida condena en primera instancia, el Tribunal debió
analizar la conducta de la parte vencida, con el fin de determinar si actuó de forma
temeraria o de mala fe.

51. Por lo tanto, de la revisión de las pruebas aportadas al expediente y de las
actuaciones procesales, la Sala no advierte que la parte demandante haya obrado
de mala fe o con temeridad, en tanto no se observa conducta alguna o circunstancia
irregular que afectara el trámite procesal. Por el contrario, se observa que el
accionante actuó sin realizar acciones dilatorias o encaminadas a afectar u obstruir
el curso del proceso.

52. Así las cosas, como no hay actuaciones ni pruebas dentro del expediente
que demuestren un actuar temerario o contrario a la buena fe, no había lugar a
condenar en costas en primera instancia. En consecuencia, se revocará el numeral
tercero de la parte resolutiva del fallo apelado y no se condenará en costas en
primera instancia.

temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, rad. 13001-23-
33-000-2013-00022-01 (1291-14), M.P. William Hernández Gómez.

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3.5. Conclusión de la decisión

53. Se revocará el numeral tercero de la sentencia recurrida, mediante el cual se
condenó en costas, toda vez que no se evidenció que la parte demandante haya
actuado con temeridad o mala fe en el trámite de primera instancia. En su lugar, se
negará la condena en costas impuesta en dicha instancia.

54. En consecuencia, se confirmará la decisión impugnada, en todo lo demás.

3.6. Costas

55. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Revocar el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala Quinta de Decisión el 6 de diciembre
de 2024, por medio del cual se condenó en costas a la parte accionante, de
conformidad con las razones expuestas en precedencia. En su lugar, negar la
referida condena en primera instancia.

Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia impugnada, de acuerdo con lo
señalado en esta providencia.

Tercero: Sin condena en costas en segunda instancia.

Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

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Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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