Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2022-00017-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2022-00017-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2022-00017-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de junio de 2025
Radicación: 18001-23-33-000-2022-00017-01 (7569-2023)
Demandante: Maritza Narváez Losada
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 18001-23-33-000-2022-00017-01 (7569-2023)
Demandante: Maritza Narváez Losada
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1. Vinculación docente antes de la Ley
812 de 2003. Subtema 2. Aplicación de la Ley 33 de 1985. Subtema 3. Entidad
encargada del reconocimiento y pago de la pensión.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
el 20 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera
de Decisión, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Maritza Narváez Losada solicitó la nulidad del acto administrativo ficto
negativo a través del cual la entidad accionada, le negó el reconocimiento y pago de
una pensión de jubilación. Manifestó que en calidad de docente oficial tiene derecho
al reconocimiento y pago de aquella según el régimen previsto en la Ley 33 de 1985,
toda vez que se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 812 de 2003.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. Por medio de escrito del 1 de febrero de 20221, la señora Maritza Narváez
Losada por conducto de apoderada, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación - Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
según las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se
sintetizan2.
1 Samai, gestión en otros despachos, 18001233300020220001700, índice 01.
2 Samai, índice 02, documento ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2211202(.zip), carpeta C1, archivo
02DemandayAnexos, págs. 2 a 17.
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Demandante: Maritza Narváez Losada
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
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2.1.1. Pretensiones
2. La parte accionante solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo
ficto configurado por la falta de respuesta a la petición presentada el 6 de mayo de
2021, por medio del cual la entidad accionada negó el reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación a la señora Maritza Narváez Losada.
3. A título de restablecimiento, pidió que se ordene a la parte demandada
reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor de la accionante, equivalente al
75% de los salarios y primas devengadas durante el año inmediatamente anterior al
cumplimiento del estatus pensional, es decir, a partir del 11 de agosto de 2020.
4. Solicitó que se condene al pago de las mesadas dejadas de cancelar desde la
fecha de consolidación del estatus pensional hasta el día en que se haga efectivo el
pago, sumas que deberán ajustarse de acuerdo con el IPC; y de los intereses de mora
por los valores adeudados, de conformidad con el artículo 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).
También, que se dé cumplimiento al fallo según los artículos 189, 192, 194 y 195 del
mismo estatuto; y se condene en costas a la parte vencida como lo señala el artículo
188 de la Ley 1437 de 2011.
2.1.2. Hechos
5. La Sala los sintetiza así:
6. La señora Maritza Narváez Losada nació el 10 de agosto de 1965 y realizó
aportes para pensión al antiguo Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), hoy
COLPENSIONES, por un total de 171,14 semanas.
7. La accionante laboró como docente (i) del 1 de mayo de 1995 al 31 de octubre
de 1995, al servicio de la Secretaría de Educación del Municipio de San Vicente del
Caguán, Caquetá; y (ii) desde el 18 de mayo de 1998 hasta el 17 de noviembre de
1998, al servicio del Municipio de Cartagena del Chaira, Caquetá.
8. Posteriormente, continuó prestando servicios a ese último municipio, a través
de contrato de prestación de servicios docente, así:
i) Del 2 de agosto de 1999 al 31 de diciembre de 1999.
ii) Del 1 de febrero de 2000 al 30 de noviembre de 2000.
iii) Del 1 de febrero de 2001 al 30 de noviembre de 2001.
iv) Del 15 de enero de 2002 al 15 de noviembre de 2002.
9. Después, la demandante se vinculó al servicio de la docencia oficial en la
Secretaría de Educación del Departamento del Caquetá, nombrada (i) a partir del 31
de marzo de 2003 hasta el 13 de junio de 2003; y (ii) del 1 de agosto de 2003 al 31 de
octubre de 2003.
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10. A partir del 20 de febrero de 2004 se vinculó de nuevo a la docencia, labor que
afirmó continúa desempeñando a la fecha de presentación de la demanda,
encontrándose afiliada al FOMAG.
11. El 6 de mayo de 2021, momento en que la accionante tenía 55 años de edad y
20 de servicio oficial, solicitó ante la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación, a partir del 11 de agosto de 2020.
12. No obstante, la entidad accionada, a la fecha de presentación de la demanda
no había emitido respuesta alguna.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
• Ley 6 de 1945, artículo 17.
• Ley 33 de 1985, artículo 1, inciso segundo.
• Ley 91 de 1989, artículo 15, numerales 1 y 2.
• Ley 60 de 1993, artículo 6.
• Ley 115 de 1993, artículo 115.
• Ley 100 de 1993, artículo 279.
• Ley 812 de 2003, artículo 81.
• Decreto 3752 de 2003, artículos 1 y 2.
13. Sostuvo que, según el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes vinculados
a partir del 1 de enero de 1981, nacionales o nacionalizados, y aquellos nombrados
desde el 1 de enero de 1990 tenían derecho, mientras cumplieran con los requisitos,
a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año y gozarían del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional.
14. Indicó que, con posterioridad, se expidió la Ley 812 de 2003, que en el artículo
81 dispuso que a los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de tal norma,
les es aplicable el régimen pensional previsto en las leyes 33 y 62 de 1985 y la Ley 71
de 1988. En cambio, aquellos educadores que ingresen por primera vez al magisterio
oficial a partir del 27 de junio de 2003 deben afiliarse al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y sus derechos pensionales se rigen por las leyes
100 de 1993 y 797 de 2003.
15. Afirmó que la señora Maritza Narváez Losada es beneficiaria del régimen
pensional establecido en la Ley 33 de 1985, toda vez que tiene más de 55 años y 20
años de servicio a la docencia oficial.
2.2. Contestación de la demanda
16. La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio realizó las siguientes consideraciones3:
17. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que, a partir de su entrada en
vigor —27 de junio de 2003—, a los docentes oficiales les era aplicable el régimen
3 Samai, índice 02, documento ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2211202(.zip), carpeta C2, archivo
15ContestaciónFomag.
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pensional de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a
excepción del requisito de edad para la pensión de vejez, que sería de 57 años para
hombres y mujeres. A su vez, dispuso que para el caso de los docentes oficiales
vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, aplicaría el
régimen prestacional de la Ley 91 de 1989, es decir, la Ley 33 de 1985.
18. El Consejo de Estado en sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25
de abril de 2019 definió que los factores a tenerse en cuenta para la liquidación de la
pensión de jubilación de los docentes vinculados antes de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003, son aquellos sobre los que se hubiesen efectuado los aportes
concernientes, enlistados en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, en tanto les aplica el
régimen previsto en la Ley 33 de 1985. Mientras que, para el caso de los vinculados a
partir de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, a quienes les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, los factores a incluir son los señalados en el
Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las respectivas cotizaciones.
19. En el asunto particular, la demandante es beneficiaria del régimen pensional de
la Ley 33 de 1985, toda vez que se vinculó a la docencia oficial, afiliada al FOMAG, antes
del 27 de junio de 2003. Por ende, «tiene derecho a la reliquidación de su pensión
ordinaria de jubilación tomando como ingreso base de liquidación la totalidad de los
factores devengados en el último año de servicios, incluyendo aquellos sobre los que,
se insiste, no se efectuaron los aportes al sistema y no están previstos en la Ley 62 de
1985, como se solicitó en la demanda».
2.3. Sentencia de primera instancia
20. El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión profirió
sentencia el 20 de septiembre de 2023, a través de la cual accedió a las pretensiones
de la demanda y negó la condena en costas. En tal sentido, declaró la nulidad del acto
acusado y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad accionada a
reconocer y pagar una pensión de jubilación a favor de la señora Maritza Narváez
Losada, en los términos de la Ley 33 de 1985, a partir de la adquisición del estatus,
esto es, el 11 de agosto de 2020. La providencia se fundó en los siguientes
argumentos4:
21. En sentencia de unificación proferida el 25 de abril de 2019, la Sección Segunda
del Consejo de Estado estableció que son dos los regímenes pensionales que regulan
el derecho a la pensión de jubilación del personal docente oficial; condicionados estos
a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo, en concordancia con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005. Al respecto, fijó dos reglas
jurisprudenciales:
(i) Para los docentes oficiales que se vincularon antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, se debe aplicar el régimen de pensión ordinaria de jubilación
de la Ley 33 de 1985. Los factores que se deben tener en cuenta son solo
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
4 Samai, índice 02, documento ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2211202(.zip), carpeta C2, archivo 34Sent2°Inst.pdf.
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(ii) Para aquellos docentes que se vincularon a partir de la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003, se aplica el régimen pensional de prima media
establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la
edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones.
22. En el caso particular, el Tribunal, en primer lugar, aclaró que como la entidad
accionada no emitió ningún pronunciamiento respecto a la petición presentada por la
demandante el 6 de mayo de 2021, declararía la configuración del silencio
administrativo negativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 del CPACA.
23. Adujo que la demandante ingresó al servicio docente a través de contratos de
prestación de servicios antes del 27 de junio de 2003; tiempo que resulta válido para
efectos del reconocimiento pensional, conforme lo ha señalado la jurisprudencia del
Consejo de Estado5.
24. Manifestó que, según se probó, la señora Maritza Narváez Losada cumplió 55
años el 10 de agosto de 2020, comoquiera que nació el 10 de agosto de 1965. Además,
computados los tiempos de servicio laborados mediante vínculos contractuales y por
nombramiento, se tiene que ha servido como docente durante 20 años, 7 meses y 28
días. Por consiguiente, al cumplir con los requisitos exigidos por la Ley 33 de 1985,
tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación a partir del 11 de
agosto de 2020; día siguiente al momento en el que consolidó su derecho pensional al
cumplir 55 años.
25. Señaló que los factores a tener en cuenta para liquidar la mesada pensional
serían únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado aportes o cotizaciones
al sistema de pensiones, conforme con el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, en un monto
equivalente al 75% del ingreso base de liquidación respecto del salario promedio del
año anterior a adquirir el estatus pensional.
26. Precisó que le corresponde al FOMAG el pago de la prestación social reconocida,
toda vez que fue a esta entidad a la que se le realizó el mayor número de aportes y en
la que se cumplió más tiempo de servicios. Sobre el punto, atendiendo a que se
efectuaron algunas cotizaciones a COLPENSIONES, el Fondo deberá adelantar los
trámites pertinentes para repetir contra las entidades y empleadores obligadas al
reembolso que les corresponda de acuerdo con el tiempo de servicios prestados en
cada una de aquellas y, en el evento de existir mora en el pago de los aportes, ejercer
las acciones pertinentes ante las entidades nominadoras a efectos de obtener su pago.
27. Concluyó que no operó el fenómeno de la prescripción trienal, puesto que entre
la fecha en la que se presentó la solicitud pensional ante la administración y aquella
en la que se demandó, no transcurrieron más de tres años.
5 Cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 22 de enero de
2015, Rad. 25000- 23-42-000-2012-02017-01 (0775-14), M.P. Alfonso Vargas Rincón. Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Rad.
70001-23-33-000- 2016-00260-01 (1489-2018). M.P. César Palomino Cortés. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de enero de 2023, Rad. 15001-23-
33-000-2019-00103-01 (3083-2022), M.P. William Hernández Gómez.
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2.4. Recurso de apelación
28. La parte accionada apeló la sentencia de primera instancia. Solicitó que se
revoque la decisión, bajo los siguientes argumentos6:
29. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003 estableció que a partir de su entrada en
vigor a los docentes oficiales les era aplicable el régimen pensional de prima media
dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a excepción del requisito de edad
para la pensión de vejez, que sería de 57 años para hombres y mujeres. En cambio,
en el caso de los docentes oficiales vinculados con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, aplicaría el régimen prestacional de la Ley 91 de 1989, que,
por la remisión de esta, es el contenido en la Ley 33 de 1985.
30. Alegó que la demandante no cumple con los requisitos de edad y tiempo de
servicios exigidos por la «ley» para acceder al reconocimiento y pago de la pensión
solicitada.
2.5. Trámite procesal
31. Mediante auto del 22 de febrero de 2024, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia7.
2.6. Ministerio Público
32. La Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado no rindió
concepto8.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
33. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo
de Estado conoce de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
34. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código
General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir si:
6 Samai, índice 02, documento ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2211202(.zip), carpeta C2, archivo
37ApelacionSentencia.
7 Samai, índice 04.
8 Samai, índice 07.
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35. ¿La señora Maritza Narváez Losada tiene derecho a que, en su condición de
docente oficial, se le reconozca y pague una pensión de jubilación en aplicación de la
Ley 33 de 1985?
36. Para resolver el interrogante planteado, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) el régimen pensional aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio; (ii) el régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales según la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019; (iii) el cómputo de la labor docente en virtud de los contratos de
prestación de servicios para el reconocimiento pensional.
37. A partir de las anteriores consideraciones: (iv) se destacarán los hechos
probados más relevantes, y (v) en el acápite de análisis del caso concreto se resolverá
el problema jurídico planteado.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. El régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
38. El régimen pensional de los docentes oficiales se encontraba exceptuado del
Sistema General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de
1993, que estableció: «El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo
serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
39. Esta excepción se debía a la existencia previa de un sistema particular de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio,
establecido por la Ley 91 de 19899, que creó un fondo especial con el objetivo
específico de atender las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.
40. La Ley 91 de 1989 dispuso un esquema especial de financiamiento que se
distinguía del régimen general. En su artículo 8 previó un sistema de aportes donde
los docentes contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la
nación aporta el 8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago
por servicios personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituyó una
de las principales razones que justifican la excepción del régimen general.
41. La naturaleza exceptuada del régimen se reforzaba con el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, que desarrolló reglas específicas para el reconocimiento de las
prestaciones económicas y sociales de los docentes, diferenciando entre el personal
nacionalizado vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990.
42. Sin embargo, la Ley 812 de 200310 en el artículo 81 determinó que los docentes
vinculados a partir de su vigencia (27 de junio de 2003) se regirían por el régimen de
9 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
10 Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.
45.231, de 27 de junio de 2003.
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prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, conservando una particularidad
importante: la edad de pensión unificada en 57 años para ambos géneros. Y
posteriormente, el Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del
régimen, al establecer en su parágrafo transitorio 1 que: «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales
vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo
preceptuado en el artículo 81 de esta».
43. Lo anterior denota la existencia de dos regímenes, según la fecha de vinculación
al servicio docente. El primero, referente a que los docentes vinculados antes de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, son beneficiarios del mismo régimen pensional
de los empleados públicos del orden nacional (Leyes 33 de 1985 o Ley 71 de 1988).
El segundo, para quienes se vinculan con posterioridad, les es aplicable el régimen de
prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad —57
años, para ambos géneros—.
3.3.2. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia
de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 201911
44. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el
25 de abril de 2019, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente
oficial afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
45. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el
parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la
pensión de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y
territoriales, cuya aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo.
Tales regímenes son:
46. (i) Los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen
pensional de los servidores públicos del orden nacional establecido en la Ley 33
de 1985, «por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión
y con las prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores
que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los
que se hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 62 de 1985. Al respecto se indicó que:
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes
de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria
de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de
1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre los que se
hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
11 Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-
S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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Radicación: 18001-23-33-000-2022-00017-01 (7569-2023)
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47. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1° de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y
de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003,
cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme
con las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:
✓ Edad: 55 años para hombres y mujeres.
✓ Tiempo de servicio: 20 años.
✓ Tasa de remplazo: 75%.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende (i) el periodo del último año de
servicio docente y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
48. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en
cuanto a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de
liquidación, que además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza
salarial según las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica
(Decreto 2354 de 2018)12.
49. (ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812
de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las
respectivas cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de
unificación se fijó la siguiente regla:
Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años
para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las
respectivas cotizaciones.
50. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:
✓ Edad: 57 años para hombres y mujeres.
✓ Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
12 Ver, entre otros: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.
15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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✓ Tasa de remplazo: 65%-85%13, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797
de 2003.
✓ Ingreso base de liquidación que comprende: (i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (ii) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica (cuando sea factor de salario); primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.
51. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado en líneas atrás, sobre la existencia de
normas especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del
ingreso base de cotización.
52. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en señalar que
el factor determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de
vinculación inicial al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003.
Estas reglas tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en
la jurisprudencia de esta Sección14, tales como:
(i) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la
Ley 812 de 2003, siempre que la vinculación inicial haya sido anterior a su
vigencia.
(ii) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra
especial relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación
de servicios.
(iii) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera
vinculación, independientemente de la modalidad de vinculación (carrera
docente, provisional o por contrato de prestación de servicios).
53. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente el
nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, garantizando así la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.
13
Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
14 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2025, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01
(0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 8 de noviembre de 2024, M.P. Elizabeth Becerra Cornejo, Rad. 25000-23-42-000-2019-00655-01
(2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019), M.P. Carmelo
Perdomo Cuéter. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
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3.3.3. Sobre el cómputo de la labor docente en virtud de contratos de prestación
de servicios para el reconocimiento pensional
54. En relación con los tiempos laborados por los docentes mediante contratos de
prestación de servicios, esta corporación ha precisado que también puede
considerarse para efectos de acreditar el ejercicio de la función oficial docente y, por
consiguiente, que el tiempo durante el cual se ejerció esta debe computarse para
efectos pensionales.
55. Al respecto, ha indicado que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2277 de
1979, la labor docente hace alusión al «ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales
y no oficiales de educación en los distintos niveles», definición que se centra en la
naturaleza material de la actividad, independientemente de la forma de vinculación.
56. En desarrollo de este concepto, la jurisprudencia ha establecido que los
docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios, al igual que los
docentes empleados públicos, desarrollan su labor de manera personal y subordinada
a los reglamentos propios del servicio público educativo. En tal sentido, en la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 201615 la Sección Segunda del Consejo de Estado
precisó lo siguiente:
[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa
el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes
– empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en
el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos
y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario
académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por
el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
igualdad, los docentes-contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.
57. Por consiguiente, «se ha establecido que el proceso ordinario de
reconocimiento de la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través
de contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la declaración
de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento en que únicamente
se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo la forma
contractual16»17 (se destaca). Lo anterior, en virtud de los principios como el de la
primacía de la realidad sobre las formas, el de favorabilidad y el pro homine, cuya
aplicación permite que los tiempos laborados en ejercicio de la función docente
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de abril de 2016. Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-2015).
16 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación
de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales
obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada
una de aquellas (artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 13 de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-
01(0156-15). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30
de enero de 2025, Rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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mediante contratos de prestación de servicios puedan ser computados para efectos
pensionales.
58. En línea con lo expuesto, la Sala destaca que la posibilidad de tener en cuenta
los tiempos laborados bajo dicha modalidad no es óbice para que se empleen los
mecanismos previstos en el ordenamiento para el debido recaudo de los aportes al
Sistema de Seguridad Social, en caso de que se hubiese omitido su pago oportuno o
que el monto consignado sea inferior al establecido en la ley. Al respecto, cabe
recordar que, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 3752 de 2003, a las entidades
territoriales o las entidades de previsión social a las que se hubieren realizado los
aportes, tendrán a su cargo los trámites relativos a las prestaciones sociales de los
docentes que se hubieren causado con anterioridad a su afiliación al FOMAG. Por esta
razón, tales autoridades serán responsables de la omisión en el pago de los aportes
en los lapsos laborados por contratos de prestación de servicios y en esa medida
deberán adelantar las actuaciones pertinentes para obtener su respectivo pago.
59. En relación con lo anterior, la ley establece, entre otras medidas para lograr el
pago de los aportes, las siguientes: (i) la existencia de un interés moratorio a cargo de
los empleados que no realicen el pago de los aportes —artículo 23 de la Ley 100 de
1993—; (ii) consecuencias disciplinarias para quienes actúen como ordenadores del
gasto que se abstengan de realizar las cotizaciones de forma oportuna sin justa causa;
(iii) la posibilidad de adelantar acciones de cobro y de cobro coactivo—artículos 24 y
57 de la Ley 100 de 1993—; y (iv) la facultad de las cajas de previsión obligadas al
pago de la pensión, de «repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra las
respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere
servido o aportado a ellos» —artículo 2 de la Ley 33 de 1985—.
60. En conclusión, y de acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la Ley 812
de 2003, si un docente se vinculó mediante contrato de prestación de servicios antes
del 27 de junio de 2003, le será aplicable el régimen pensional anterior, es decir, el
establecido en la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 33 de 1985, independientemente
de que posteriormente haya tenido interrupciones en el servicio o se haya vinculado
bajo otras modalidades.
61. Esta interpretación se fundamenta en dos consideraciones adicionales: (i) la Ley
812 de 2003 no estableció distinciones respecto a la modalidad de vinculación,
únicamente estableció el criterio temporal de ingreso al servicio; y (ii) de acuerdo con
la sentencia C-555 de 1994 de la Corte Constitucional, en la que se analizó la
constitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3
del artículo 105 de la Ley 115 de 199418, la diferenciación de los docentes vinculados
como empleados públicos y los contratados por prestación de servicios no puede
significar el desconocimiento de derechos y garantías laborales que son
irrenunciables, por cuanto realizan una actividad igual.
18 Ley 115 de 1994, artículo 105. «Vinculación al servicio educativo estatal. La vinculación de personal docente,
directivo y administrativo al servicio público educativo estatal, sólo podrá efectuarse mediante nombramiento hecho
por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la respectiva entidad territorial. // Únicamente podrán
ser nombrados como educadores o funcionarios administrativos de la educación estatal, dentro de la planta de
personal, quienes previo concurso, hayan sido seleccionados y acrediten los requisitos legales […]».
12
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62. Por consiguiente, cuando se analiza la aplicación del régimen pensional
docente, el hecho de que la vinculación anterior a la Ley 812 de 2003 haya sido
mediante contratos de prestación de servicios no impide la aplicación del régimen
anterior.
3.4. Hechos probados
63. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:
64. La señora Maritza Narváez Losada nació el 10 de agosto de 1965, según copia
de la cédula de ciudadanía19, por lo tanto, para el 6 de mayo de 202120, fecha de la
reclamación pensional ante la entidad accionada contaba con 55 años.
65. La accionante cotizó por servicios prestados a entidades públicas, al ISS, hoy
COLPENSIONES, desde el 1 de septiembre de 1999, de acuerdo con el reporte de
semanas cotizadas en pensiones de dicha entidad actualizado a 12 de abril de 2021,
que reposa en el expediente, así21:
Entidad Desde Hasta
ALCALDÍA MUNICIPAL 01/09/1999 31/12/1999
ALCALDÍA MPAL DE CAR 01/02/2000 29/02/2000
ALCALDÍA MUNICIPAL D 01/03/2000 30/11/2000
ALCALDÍA MUNICIPAL C 01/02/2001 30/06/2001
ALCALDÍA MUNICIPAL C 01/08/2001 31/08/2001
ALCALDÍA MUNICIPAL C 01/09/2001 30/11/2001
ALCALDÍA MUNICIPAL C 01/01/2002 31/01/2002
ALCALDÍA MUNICIPAL C 01/02/2002 28/02/2002
ALCALDÍA MUNICIPAL C 01/03/2002 30/04/2002
ALCALDÍA MUNICIPAL C 01/05/2002 30/11/2002
FONDO EDUCATIVO DEPA 01/04/2003 30/06/2003
FONDO EDUCATIVO DEPA 01/08/2003 31/10/2003
FONDO EDUCATIVO DEPA 01/12/2003 31/12/2003
UNIVERSIDAD NACIONAL 01/04/2009 30/04/2009
66. La demandante laboró como docente en el municipio de Cartagena del Chairá,
Caquetá, por un periodo equivalente a 2 años, 10 meses y 15 días, conforme con el
certificado expedido por el mismo ente territorial el 11 de septiembre de 2009, como
se describe a continuación22:
19 Samai, índice 02, documento ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2211202(.zip), carpeta C1, archivo
02DemandayAnexos, pág. 21. Al respecto, si bien a pág. 24 del mismo archivo obra copia del registro civil de
nacimiento, lo cierto es que la fecha de nacimiento en este es ilegible.
20 Samai, índice 02, documento ED_FORMATOPASOALDESP(.pdf), carpeta C1, archivo 02DemandayAnexos,
pág. 26.
21 Samai, índice 02, documento ED_FORMATOPASOALDESP(.pdf), carpeta C1, archivo 02DemandayAnexos,
pág. 56.
22 Samai, índice 02, documento ED_FORMATOPASOALDESP(.pdf), carpeta C1, archivo 02DemandayAnexos,
pág. 47.
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Vinculación Desde Hasta Tiempo
Decreto 082 de 199923 02/08/1999 30/11/1999 3 meses y 29 días
OPS24 01/02/2000 30/11/2000 10 meses
OPS25 01/02/2001 30/11/2001 10 meses
OPS26 15/01/2002 30/11/2002 10 meses y 16 días
67. La accionante prestó sus servicios en calidad de docente oficial nombrada en
provisionalidad, al servicio de la Secretaría de Educación del Departamento del
Caquetá, por un lapso de 6 meses y 14 días, según el certificado de tiempo de servicio
emitido por la entidad el 7 de septiembre de 2009, conforme se muestra
seguidamente27:
Acto de nombramiento Desde Hasta Tiempo
ORD 864 31/03/2003 13/06/2003 2 meses y 13 días
ORD 1439 01/08/2003 31/10/2003 3 meses y 1 día
ORD 2709 01/11/2003 30/11/2003 1 mes
ORD 632 20/02/2004 - -
68. La demandante se vinculó a la Secretaría de Educación del Departamento del
Caquetá, en calidad de docente, a partir del 20 de febrero de 2004, encontrándose
vinculada al 7 de mayo de 2021, según el formato único para la expedición de
certificado de historia laboral expedido por la entidad en esa misma fecha28, por un
total de 17 años, 2 meses y 18 días.
69. Contrastado lo anterior, la Sala advierte que existen periodos cotizados por la
accionante al ISS, hoy COLPENSIONES, en el sector público, que no fueron certificados
como tiempo de servicio oficial por el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, ni
la Secretaría de Educación del Departamento del Caquetá, los cuales equivalen a 3
meses y 3 días, detallados a continuación:
Desde Desde Hasta Tiempo
ALCALDÍA MUNICIPAL 01/12/1999 31/12/1999 1 mes y 1 día
ALCALDÍA MUNICIPAL C 01/01/2002 14/01/2002 14 días
FONDO EDUCATIVO DEPA 14/06/2003 30/06/2003 17 días
FONDO EDUCATIVO DEPA 01/12/2003 31/12/2003 1 mes y 1 día
70. El 6 de mayo de 2021 la accionante solicitó a la entidad accionada el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación29. No obstante, no se evidencia
contestación alguna ni notificación de la respuesta dada a la interesada.
23 Samai, índice 02, documento ED_FORMATOPASOALDESP(.pdf), carpeta C1, archivo 02DemandayAnexos,
págs. 36 a 37.
24 Contrato NP No. 016, visto en Samai, índice 02, documento ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2211202(.zip), carpeta
C1, archivo 02DemandayAnexos, págs. 38 a 39.
25 Contrato No. 004 - 2001, visto en Samai, índice 02, documento ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2211202(.zip),
carpeta C1, archivo 02DemandayAnexos, págs. 40 a 41.
26 Contrato No. 032 - 2002, visto en Samai, índice 02, documento ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2211202(.zip),
carpeta C1, archivo 02DemandayAnexos, págs. 42 a 43.
27 Samai, índice 02, documento ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2211202(.zip), carpeta C1, archivo
02DemandayAnexos, pág. 48.
28 Samai, índice 02, documento ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2211202(.zip), carpeta C1, archivo
02DemandayAnexos, págs. 52 a 55.
29 Samai, índice 02, documento ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2211202(.zip), carpeta C1, archivo
02DemandayAnexos, pág. 26.
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3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
71. La entidad recurrente afirmó que la señora Maritza Narváez Losada no cumple
con los requisitos de edad y tiempo de servicios exigidos por la ley para acceder al
reconocimiento y pago de la pensión que pretende.
72. Al respecto, se advierte que en la sentencia de primera instancia se ordenó el
reconocimiento y pago a favor de la demandante, de la pensión de jubilación prevista
en la Ley 33 de 1985, al haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos para el
efecto, esto es, 55 años de edad y 20 años de servicio oficial.
73. Ahora bien, se recuerda que los docentes vinculados antes de la vigencia de la
Ley 812 de 2003, gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 o la Ley
71 de 1988, según el caso. En cambio, a aquellos docentes vinculados con
posterioridad, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se
les debe aplicar el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
74. Descendiendo al caso particular, como bien lo consideró el tribunal de primera
instancia, se acreditó que la demandante se vinculó por primera vez al servicio
docente, antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 —27 de junio de 2003—,
esto es, el 2 de agosto de 1999; sin que en el proceso hubiese existido controversia
alguna con respecto a dicha vinculación.
75. En este orden de ideas, de acuerdo con la documental que reposa en el
expediente, se observa que la demandante laboró como docente en el municipio de
Cartagena del Chairá, a través de contratos de prestación de servicios, entre el 1 de
febrero del 2000 y el 30 de noviembre de 2002, según el certificado expedido por el
mismo ente territorial el 11 de septiembre de 2009.
76. Sobre el particular, conforme se estudió en el acápite de marco normativo de
esta providencia, se destaca que los docentes vinculados mediante contratos de
prestación de servicios no ejercen su labor de manera independiente, pues al igual
que los docentes-empleados públicos, desempeñan sus funciones de manera
personal y subordinada a los reglamentos propios del servicio público de la educación.
Tan es así que, como lo definió la Sección Segunda de esta corporación en la
sentencia de unificación jurisprudencial del 25 de agosto de 201630, carecen de
autonomía en el desarrollo de su actividad, pues se someten a directrices, inspección
y vigilancia de las autoridades educativas; y sus funciones las ejercen durante una
jornada laboral que está sometida a un calendario académico, lo que los hace
merecedores de una protección especial por parte del Estado.
77. A su vez, la reclamación del reconocimiento de una pensión de jubilación con
inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios, en el
curso de un proceso ordinario es posible, según lo ha estudiado esta corporación, (i)
cuando se persiga la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o
(ii) en aquellos casos en los que solo se pretenda el cómputo de los periodos laborados
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 del 25 de abril de 2016. Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-2015).
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bajo esa forma contractual. Escenario este último en el que como lo ha definido la
jurisprudencia31:
(…) es posible que el proceso ordinario se adelante únicamente con la comparecencia
de la entidad de previsión. Esto por cuanto el Decreto 1848 de 1969 «Por el cual se
reglamenta el Decreto 3135»32 permite la acumulación de tiempos de servicio con la
posibilidad de exigir la cuota parte de las otras entidades oficiales, al indicar que la
pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la
entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley y que en los casos de acumulación de tiempo de servicios
la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de
servicios en cada una de aquellas.
78. Así, la Sala estima que el periodo laborado por la accionante a través de
contratos de prestación de servicios resulta válido para contabilizar el tiempo de
servicios con efectos pensionales, en virtud de los principios de primacía de la realidad
sobre las formalidades e igualdad.
79. Aclarado lo anterior, con el fin de definir el régimen pensional aplicable a la
accionante, se recuerda que los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, gozan del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 o el
establecido en la Ley 71 de 1988, esta última cuando acumulen aportes por servicios
prestados en los sectores oficial y privado, teniendo en cuenta que la Ley 91 de 1989
no la restringió. En cambio, a aquellos docentes vinculados con posterioridad, afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se les debe aplicar el
régimen de prima media dispuesto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
80. En tal sentido, como la señora Maritza Narváez Losada, según se dijo antes, se
vinculó por primera vez al servicio docente el 2 de agosto de 1999, esto es, antes de
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, le es aplicable la Ley 91 de 1989 y se estima
que es beneficiaria del régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de
febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015); sentencia del 13 de febrero del 2020.
Radicado número 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
32 «ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará
al empleado oficial por la entidad de previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para
tal fin, o por la entidad de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de
tiempo de servicios y edad señalados para el goce de la pensión. 2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a
ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará
directamente por la última entidad o empresa oficial empleadora. 3. En los casos de acumulación de tiempo de
servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de
aquellas. En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948
y, si transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la
entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal, se
entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la pensión.
El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el proyecto de
reconocimiento de la pensión».
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81. Sobre el particular, es necesario resaltar que la interrupción o suspensión del
servicio oficial docente no puede ser óbice para determinar el régimen pensional que
cobija la situación jurídica, pues como quedó visto antes en esta providencia, la
corporación33 ha avalado el reconocimiento de la pensión de jubilación del personal
docente, considerando la totalidad de los periodos laborados, aun cuando existiere
discontinuidad entre estos.
82. En este orden de ideas, se destaca que el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 prevé
como requisitos para acceder a la pensión de jubilación los siguientes:
(i) La edad de 55 años para hombres y mujeres.
(ii) El tiempo de cotización equivalente a 20 años de servicio.
83. Ahora bien, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, y se detalló
en el acápite de hechos probados de esta sentencia, se observa que la señora Maritza
Narváez Losada cumplió 55 años de edad el 10 de agosto de 2020 —nació el 10 de
agosto de 1965— y prestó servicios al sector público durante 20 años, 10 meses y 20
días, como se sintetiza a continuación:
Entidad empleadora Entidad de Desde Hasta Tiempo
previsión
Municipio de Cartagena del FOMAG 02/08/1999 30/11/1999 3 meses y 29
Chairá días
Alcaldía municipal ISS hoy 01/12/1999 31/12/1999 1 mes y 1 día
COLPENSIONES
Municipio de Cartagena del FOMAG 01/02/2000 30/11/2000 10 meses
Chairá
Municipio de Cartagena del FOMAG 01/02/2001 30/11/2001 10 meses
Chairá
Alcaldía municipal ISS hoy 01/01/2002 14/01/2002 14 días
COLPENSIONES
Municipio de Cartagena del FOMAG 15/01/2002 30/11/2002 10 meses y
Chairá 16 días
Secretaría de Educación FOMAG 31/03/2003 13/06/2003 2 meses y 13
del Departamento del días
Caquetá
Fondo Educativo ISS hoy 14/06/2003 30/06/2003 17 días
Departamental COLPENSIONES
Secretaría de Educación FOMAG 01/08/2003 31/10/2003 3 meses y 1
del Departamento del día
Caquetá
Secretaría de Educación FOMAG 01/11/2003 30/11/2003 1 mes
del Departamento del
Caquetá
Fondo Educativo ISS hoy 01/12/2003 31/12/2003 1 mes y 1 día
Departamental COLPENSIONES
Secretaría de Educación FOMAG 20/02/2004 07/05/2021 17 años, 2
del Departamento del meses y 18
Caquetá días
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18
de septiembre de 2020. Radicado número 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-2019).
Criterio reiterado por la Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 2 de junio de 2022. Rad. 25000-23-42-
000-2019-00143-01 (3061-2021).
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84. Así, comoquiera que la señora Maritza Narváez Losada acreditó 55 años de
edad y más de 20 de servicio oficial al momento en que presentó la solicitud pensional
—6 de mayo de 202134—, se considera que tiene derecho al reconocimiento de una
pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985.
85. En punto al estatus pensional, se estima, como bien lo determinó el Tribunal,
que lo adquirió el 10 de agosto de 2020, fecha en la que cumplió 55 años, y para la
cual tenía más de 20 años de servicio oficial —que alcanzó el 17 de junio de 202035—
, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 33 de 1985.
86. Finalmente, resulta oportuno precisar que como entre la adquisición del estatus
pensional —10 de agosto de 2020— y la petición de reconocimiento —6 de mayo de
2021— no transcurrieron más de tres años, el término de prescripción se interrumpió
por un plazo igual —artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, reglamentado en el Decreto
1848 de 1969—. Esto quiere decir que no operó el fenómeno prescriptivo de mesada
alguna.
87. Así las cosas, al evidenciarse que la demandante cumple con los requisitos de
edad y tiempo de servicios para ser beneficiaria del régimen pensional establecido en
la Ley 33 de 1985, se desestiman los argumentos del recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia de primera instancia, que habrá de confirmarse. Lo anterior,
dejando claro que en el asunto objeto de análisis la entidad recurrente, en calidad de
apelante único, no discutió la liquidación que de la pensión reconocida efectuó el
Tribunal Administrativo del Caquetá.
3.6. Conclusión de la decisión
88. A partir del estudio del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales, se
concluye que como la señora Maritza Narváez Losada se vinculó con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional que le es aplicable es el
previsto en la Ley 33 de 1985. Por ende, al haberse probado que tiene más de 55 años
de edad y 20 de servicios al sector oficial, se estima que tiene derecho al
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación.
34 Samai, índice 02, documento ED_CDNPPL_ONEDRIVE_1_2211202(.zip), carpeta C1, archivo
02DemandayAnexos, pág. 26.
35 De acuerdo con lo siguiente:
1. Se observa que la accionante al 31 de diciembre de 2003, acreditaba 3 años, 8 meses y 2 días de servicio público
—contados desde el 2 de agosto de 1999 y teniendo en cuenta la sumatoria entre cada uno de los tiempos de las
vinculaciones y cotizaciones como afiliada al FOMAG y al ISS, hoy COLPENSIONES, (sector público) de manera
interrumpida como se probó—.
2. Se destaca que su vinculación por última vez fue a partir del 20 de febrero de 2004 al 7 de mayo de 2021, por
17 años, 2 meses y 18 días.
3. Así, corresponde establecer, desde el 31 de diciembre de 2003, instante para el cual tenía 3 años, 8 meses y 2
días de servicio, cuánto debía trabajar la demandante para cumplir 20 años. Entonces:
Hasta el 31 de diciembre de 2003, tenía acumulados: 3 años, 8 meses y 2 días. Tiempo faltante para los 20 años:
16 años, 3 meses y 28 días.
La accionante volvió a trabajar el 20 de febrero de 2004.
Se suma el tiempo faltante a esta fecha:
(i) Se suma 16 años: 20 de febrero de 2004 + 16 años = 20 de febrero de 2020.
(ii) Se suma 3 meses: 20 de febrero de 2020 + 3 meses = 20 de mayo de 2020.
(iii) Se suma 28 días: 20 de mayo de 2020 + 28 días = 17 de junio de 2020.
Por lo tanto, la accionante completó sus 20 años de servicios el 17 de junio de 2020.
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3.7. Costas
89. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 36 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
90. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera de Decisión, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.
TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Milena Lilyan Rodríguez Charris
identificada con cédula de ciudadanía 32.859.423 de Malambo, Atlántico y tarjeta
profesional 703.577 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderada principal de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los términos de la escritura pública 1796
del 13 de septiembre de 2023, que reposa en el plenario; y, a la abogada Darlyn
Marcela García Rodríguez identificada con cédula de ciudadanía 1.063.172.781 de
Lorica y tarjeta profesional 342.263 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar
como apoderada sustituta de la entidad, para los efectos de la sustitución que obra en
el expediente37.
CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.
36 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
37 Samai, gestión en otros despachos, 18001233300020220001700, índice 39.
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La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente en comisión
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
20
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