Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2021-00245-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2021-00245-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2021-00245-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
28 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23001-23-33-000-2020-00245-01 (2130-2025)
Demandante: Cecilia Elena Marrugo Navarro
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Temas: Reconocimiento de pensión ordinaria de jubilación de docente
con base en Ley 33 de 1985. Fecha de vinculación como
docente anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003
y períodos de servicio con vínculos como profesor contratado
mediante OPS. No se requiere demostrar que se hayan
efectuado aportes durante los tiempos como contratista para
tener en cuenta ese tiempo. Aplicación de la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019. MODIFICA Y ADICIONA
SENTENCIA Y CONFIRMA EN LO DEMÁS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto la parte demandada contra la
sentencia proferida el quince (15) de mayo del año dos mil veinticinco (2025) por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Cecilia Elena Marrugo Navarro instauró demanda1 en contra de la
Nación - Ministerio de Educación Nacional – FOMAG en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del acto presunto derivado de la configuración del
silencio administrativo negativo ante la falta de respuesta a su petición de
1 Ver el expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
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reconocimiento pensional, formulada el 9 de septiembre de 2020 ante la Secretaría
de Educación Departamental de Córdoba en nombre y representación del Ministerio
de Educación – FOMAG.
3. A título de restablecimiento del derecho, se reconozca dicha prestación en
cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados durante
el último año de servicio anterior al cumplimiento del estatus, con efectividad desde
el 27 de febrero de 2015 y sin exigir el retiro definitivo del servicio.
4. Se ordene el pago de las mesadas atrasadas desde la fecha de efectividad de
la pensión, la indexación sobre las sumas adeudadas por este concepto, así como
el reconocimiento de intereses moratorios hasta que se materialice el respectivo
abono.
5. Dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA; y que, además, se disponga sobre la condena en costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que nació el 27 de febrero de 1960, e inicialmente laboró como docente para el
departamento de Córdoba a través de contratos de prestación de servicios suscritos
entre 1998 y 2002, para un total de 1 año, 3 meses y 21 días.
7. Luego fue nombrada por el municipio de Montería para ejercer en
provisionalidad el cargo de maestra oficial desde el 19 de julio de 2004 hasta el 12
de julio de 2016. Finalmente volvió a ser designada en la misma modalidad del 12
de septiembre de 2016 hasta el 30 de octubre de 2019.
8. El 9 de septiembre de 2020 solicitó el reconocimiento de la pensión de
jubilación, con aplicación del régimen propio del magisterio para consolidar el
derecho con base en la Ley 33 de 1985, por disposición de la Ley 91 de 1989. Sin
embargo, esta petición fue negada mediante el acto presunto demandado.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
9. Consideró vulnerados: los artículos 7.º de la Ley 71 de 1988; 15, numerales 1 y
2 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de
la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.
10. Expresó que a los docentes vinculados con anterioridad al año 2003 se les
aplican las normas previas a la expedición de la Ley 812 del mismo año, es decir,
la Ley 71 de 1988 para trabajadores privados, o para quienes han prestado el
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servicio público o privado con aportes al antiguo ISS, pues si trataba de proteger a
los docentes que con alguna edad se vinculaban al sector público después del 27
de junio de 2003, y que lograban acreditar labor educativa antes de menciona fecha,
todas las disposiciones legales vigentes anteriores a la entrada en vigencia de la
primera norma en mención tendrían que ser observados para resolver su situación
pensional.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
11. El 7 de diciembre de 2021 fue admitida la demanda.2 La Nación – Ministerio
de Educación – FOMAG manifestó3 que del material probatorio se encuentra
plenamente acreditado que la demandante se vinculó como docente afiliada al
FOMAG con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, de tal
suerte que su régimen pensional corresponde al de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, pero con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
12. Propuso como excepciones las de: (i) ausencia de integración del litisconsorcio
necesario por pasiva, (ii) legalidad de los actos administrativos, (iii) demandante no
es beneficiaria de las disposiciones normativas que se alegan, (iv) factores
salariales que integran el ingreso base de liquidación – sentencia de unificación del
25 de abril de 2019, (v) ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico,
(vi) cobro de lo no debido, (vii) improcedencia de condena en costas, y (viii)
genérica.
13. El 30 de julio de 20244 se prescindió de la celebración de la audiencia inicial con
el fin de dictar sentencia anticipada, por lo que se declararon no probadas las
excepciones previas, se fijó el litigio, y se decretaron e incorporaron las pruebas. El
12 de marzo de 20255 se corrió traslado para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para conceptuar si a bien lo consideraba.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
14. El Tribunal Administrativo de Córdoba mediante sentencia del 15 de mayo de
2025 accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad del acto
demandado y condenar a la entidad demandada a reconocer la pensión de
jubilación con fundamento en la Ley 33 de 1985, efectiva a partir del 21 de febrero
de 2018. Negó las demás pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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15. Se dispuso además que la actora debía acreditar a qué fondo realizó las
cotizaciones a pensión durante el tiempo que laboró como docente contratista. Por
su parte, ordenó al Ministerio de Educación - FOMAG repetir contra la entidad de
previsión que esta indique conforme al punto anterior para obtener los aportes que
haya efectuado y que haga lo propio ante el municipio de Montería por su aporte en
proporción como empleador durante el tiempo en que se celebraron los CPS.
Igualmente autorizó el descuento de la condena de los valores que debió asumir la
reclamante por ese mismo concepto en su calidad de trabajadora por dichos lapsos.
16. Expresó que para resolver este asunto debe acogerse el criterio jurisprudencial
relacionado con que el tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación
de servicios como docente será computado para efectos pensionales, por lo que de
encontrarse acreditas las exigencias para el reconocimiento de la prestación, se
impartirá la orden del recaudo de los aportes faltantes para la correspondiente
financiación, sin que pueda entenderse que queda al arbitrio de las partes dicho
pago.
17. Indicó que la demandante no tendría derecho al reconocimiento de una pensión
de jubilación por aportes, toda vez que esta siempre estuvo trabajando para al
sector oficial inicialmente a través de ordenes de prestación de servicios y
posteriormente a través de relación legal y reglamentaria, mientras que la pensión
de jubilación por aportes está estatuida para los casos de los docentes con
acumulación de cotizaciones al ISS como particular al igual que al FNPSM,
vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, a los cuales se
les aplicaría la Ley 71 de 1988.
18. En virtud del principio iura novit curia precisó que por lo anterior debe analizarse
su derecho con base en el régimen de la Ley 33 de 1985. Al respecto encontró que
el tiempo servido por la demandante a través de contratos de prestación de servicios
como docente es computable para efectos del reconocimiento de su pensión de
jubilación, además, como ello ocurrió antes de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003 (26 de junio de 2003), para el reconocimiento de su pensión de jubilación
efectivamente debe tenerse en cuenta si cumple con los requisitos establecidos en
el artículo 1° de la primera norma en mención (20 años de servicios continuos o
discontinuos y que haya cumplido 55 años de edad); sin que el hecho que se haya
presentado solución de continuidad en el marco del nexo laboral sea óbice para el
reconocimiento del derecho.
19. Aseguró que cumplió con el requisito de la edad el 27 de febrero de 2015 y que
frente al tiempo de servicio también lo acreditó con suficiencia, ya que inicialmente
estuvo vinculada desde el 20 de marzo de 1985 en el cargo de terapista del lenguaje
nombrada por el Ministerio de Salud, esto durante 3 años, 9 meses y 10 días según
los certificados de salario mes a mes en donde se deja constancia del pago
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efectuado el mes de marzo de 1985 hasta diciembre de 1986 y de enero de 1989
hasta diciembre de 1990.
20. Destacó que luego estuvo vinculada como docente través de órdenes de
prestación de servicios celebradas con el municipio de Montería entre 1998 y 2002
para un total de 1 año, 3 meses y 21 días.
21. Afirmó que posteriormente la accionante se desempeñó como educadora oficial
mediante nombramientos durante el tiempo de servicio que se certifica por parte de
dicha entidad territorial desde el 19 de julio de 2004 hasta el 12 de septiembre de
2016 con algunas interrupciones, para un total de labor educativa de 13 años, 5
meses, 21 días. Adicionalmente resaltó que fue allegado el certificado de salario
mes a mes en donde se acreditaron los pagos a la docente desde el mes de enero
de 2016 hasta marzo de 2019, año en el que se terminó su vínculo en
provisionalidad. Por tal motivo, se tendrá en cuenta como otro período trabajado
desde el 13 de septiembre de 2016 hasta el 30 de marzo de 2019, puesto que desde
enero hasta el 12 de septiembre de 2016 ya se tuvo en cuenta con la certificación
anterior, lo cual equivale a 2 años, 6 meses, y 17 días más.
22. Con base en lo expuesto manifestó que la actora al 9 de septiembre de 2020
cuando radicó la petición de reconocimiento pensional tenía cumplidos todos los
requisitos para acceder a la prestación por jubilación solicitada, la cual debe
concederse desde el 21 de febrero de 2018 y liquidada sobre el 75% del promedio
de los factores devengados durante este año y que estuviesen contemplados en el
artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, que en este caso corresponde solo a la asignación
básica.
RECURSO DE APELACIÓN7
23. La parte demandada interpuso recurso de apelación. Afirmó que el tiempo
acreditado por la accionante no puede ser tenido en cuenta toda vez que es bajo la
orden de prestación de servicios, el cual corresponde a un vínculo civil y no laboral.
24. Planteó que si bien la sentencia se fundamenta en la primacía de la realidad
sobre las formas, es claro que tal principio no se puede aplicar dado que no existe
proceso en donde se debatan los elementos esenciales para la configuración de un
contrato de trabajo, tales como subordinación, remuneración, prestación directa del
servicio entro otros, pues si fuera por aplicación en vía indirecta no existirían
procesos denominados de contrato realidad.
25. Argumentó que el reconocimiento de tiempos de servicio no cotizados generaría
un detrimento patrimonial para el FOMAG, ya que implicaría el pago de prestaciones
7 Ibid.
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pensionales sin el correspondiente respaldo de los aportes que la misma parte
reclamante nunca demostró que sí realizó, pese a que esta era su carga probatoria.
26. Por tanto, alegó la falta de legitimación pasiva, ya que esta entidad no puede
reconocer tiempos no reportados, al punto de que es la secretaria de educación
municipal quien debe responder, debido a que es quien realiza los actos
administrativos para reconocer y pagar las prestaciones económicas, más aún
porque los pagos a pensión realizados en los tiempos de OPS no fueron dirigidos a
este fondo.
27. Expuso que, en todo caso, no es procedente iniciar acciones de repetición
contra el municipio de Montería porque esta entidad territorial no es un fondo de
previsión, por lo que a este último no se realizaron cotizaciones al sistema de
seguridad social en pensión que puedan ser giradas al FOMAG.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
28. El 1.º de octubre de 20258 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
29. El Ministerio Público9 solicitó que se confirme el fallo apelado. Aseguró que el
FOMAG alegó que la demandante no acreditó cotizaciones durante los periodos
contratados y, por tanto, no podía reconocerse la prestación. No obstante, conforme
a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, la falta de cotizaciones no
puede imputarse al trabajador cuando existió una verdadera relación laboral, pues
el deber de afiliar y aportar al sistema corresponde al empleador.
30. En lo relativo al supuesto detrimento patrimonial indicó que tal planteamiento no
tiene sustento, pues el reconocimiento efectuado se fundó en la aplicación directa
del régimen legal y jurisprudencial vigente, sin que se advierta ilegalidad ni exceso
en la liquidación que comprometa recursos públicos más allá de lo que la ley ordena,
y por ello, no puede predicarse daño al erario cuando la prestación reconocida se
deriva del cumplimiento estricto de un régimen especial.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
31. Deberá resolver la Subsección si a la demandante como docente oficial con
vinculaciones mediante contratos de prestación de servicios y relaciones legales y
8 Ver índice 4 de SAMAI.
9 Ver índice 8 de SAMAI.
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reglamentarias, le asiste derecho a la pensión con base en la Ley 33 de 1985, en
cuantía del 75% del promedio de los factores salariales sobre los que se haya
efectuado cotizaciones durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico
pensional, y con efectividad desde esa misma fecha.
Cuestión previa
32. El 25 de noviembre de 2025, el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves
manifestó su impedimento para conocer del presente medio de control con
fundamento en la causal 2 del artículo 141 del Código General del Proceso, debido
a que conoció del proceso de la referencia en primera instancia en calidad de
magistrado del Tribunal Administrativo de Córdoba.
33. Al respecto, se precisa que el régimen de impedimentos busca garantizar la
imparcialidad e independencia en las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales. En esa medida, a través de esta figura pretende evitarse que existan
situaciones de hecho que puedan comprometer el criterio que asuman los jueces
en las providencias que profieran dentro de los asuntos asignados para su
conocimiento. Siendo así, cuando un funcionario judicial advierta que se encuentra
impedido, deberá manifestarlo, con el fin de salvaguardar los principios que rigen la
debida administración de justicia.
34. Pues bien, una vez verificado el auto admisorio de la demanda proferido el 7 de
diciembre de 2021 en primera instancia, se observa que el magistrado Luis Eduardo
Mesa Nieves suscribió dicha providencia en calidad de ponente. Por consiguiente,
dado que en esa oportunidad tuvo que realizar un estudio integral de la demanda
para haber determinado su admisibilidad, se considera que conoció del proceso y
realizó una actuación que demuestra la configuración de elementos subjetivos en la
manifestación de impedimento que llevan a considerar que la decisión que llegare
a adoptarse en el asunto mencionado comporta para el consejero una posible
afectación de la objetividad e imparcialidad que se demanda de los titulares de la
función jurisdiccional.
35. Por tanto, esta Subsección declarará fundado el impedimento manifestado por
el mencionado magistrado, en aras de salvaguardar los principios de imparcialidad
y transparencia.
Marco normativo y jurisprudencial
36. Para resolver el presente asunto, le corresponde a la Subsección dar aplicación
a la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado,10 en la cual se estableció principalmente la forma
10 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-
CE-S2 -2019. Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17). Actor: Abadía Reynel Tolosa.
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de liquidar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes prevista bajo los
postulados remisorios de la Ley 91 de 1989.
37. Lo anterior porque, además de dicho punto, tal providencia en sus reglas
jurisprudenciales desarrolló lineamientos específicos y de obligatorio acatamiento
acerca del entendimiento de los diferentes regímenes pensionales aplicables a los
educadores del Estado en atención a la fecha de vinculación, debido a la expedición
de la Ley 812 de 2003.
38. Como se advierte, el ámbito de aplicación de las directrices de unificación es
más amplio que el de los litigios de reliquidación pensional, pues este se extiende
también a los asuntos de reconocimiento del derecho en sí mismo, 11 tal como
acontece en el caso bajo estudio donde la determinación del marco normativo que
rige la situación particular de la accionante es esencial para verificar la pertinencia
de sus pretensiones.12
39. Pues bien, según la referida sentencia, el criterio relevante para determinar el
marco jurídico pensional de un educador oficial es la acreditación de su primera
vinculación al magisterio, contrastada con la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003 (27 de junio de 2003), sin que para estos efectos deba verificarse si esa
relación inicial fue continua, con interrupciones, o si fue mediante contratos de
prestación de servicios, con un nombramiento legal y reglamentario en
provisionalidad, en propiedad o temporal como una interinidad, así como tampoco
si para la mencionada fecha la reclamante seguía o no vinculada bajo dicha calidad.
40. Lo expuesto en razón a que dicha norma en ningún momento distinguió estas
condiciones de un maestro como un criterio excluyente de sus previsiones en cuanto
a la determinación del régimen pensional, sino que solo exigió la acreditación de
haber laborado como docente oficial antes de su vigencia, lo cual podía haber
ocurrido bajo cualquiera de las referidas modalidades, pues en observancia del
principio de la condición más beneficiosa,13 es claro que esta situación corresponde
11 Lo anterior se indica en la medida en que las reglas de unificación plateadas fueron las siguientes: «[…] a)
En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley
812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo aquellos sobre
los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será
de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los
previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones. […]»
12 Se destaca que la aludida decisión judicial fijó sus efectos retrospectivamente según el ordinal segundo de la
parte resolutiva, a fin de extenderse a todas las situaciones pendientes de definición y que no se hayan
consolidado bajo el fenómeno de cosa juzgada, tal como sucede con el presente litigio pendiente del
pronunciamiento de segunda instancia.
13 Sobre este principio ver sentencia del 15 de febrero de 2011, proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala
de Casación Laboral. Radicación: 40.662.
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Radicado: 23001-23-33-000-2020-00245-01 (2130-2025)
a un cambio legislativo sin un régimen de transición específico que hace necesario
proteger la expectativa de pensionarse con una regulación más favorable prevista
especialmente para quien haya ejercido labores como educador del Estado.
Resolución del caso concreto
41. Como se desprende de lo anterior, es indispensable determinar cuál es la
normativa que gobierna el caso de la accionante en virtud de la fecha de su primer
ingreso al servicio educativo oficial.14
42. Para ello debe acudirse a la copia de la orden de prestación de servicios n.o 068
del 2 de junio de 1998,15 suscrita entre el secretario de educación departamental de
Córdoba y la actora, pues a partir de este medio probatorio se corrobora que esta
última efectivamente laboró por primera vez como docente contratada para ejercer
funciones eminentemente educativas desde la mencionada fecha hasta el 19 de
junio de 1998.
43. En este punto la Sala resalta que, frente al hecho de que la solicitante haya
acumulado tiempos de labor como maestra a través de contratos u órdenes de
prestación de servicios (OPS), la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de
agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado16 abordó el tema y concluyó a
título de regla que la labor de los educadores con ese tipo de vínculo no es diferente
ni opuesto al que se deriva de una relación laboral legal y reglamentaria, pues
también se distingue por reunir los elementos esenciales del trabajo como la
subordinación, la prestación personal del servicio y la remuneración.
44. Bajo ese contexto, en la mencionada providencia se estableció que para tales
casos se permite presumir la existencia de un nexo laboral y, por tanto, considerar
dichos lapsos como verdaderos períodos con efectos prestacionales, no solo para
computarlos, sino además a fin de determinar el régimen pensional aplicable.17
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
25 de abril de 2022. Radicado: 25000-23-42-000-2020-00046-01 (2494-2021). Esta afirmación se ratifica con
este fallo en el que se indicó que: «[…] resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de la cual
aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le permitiría acceder a uno u otro régimen
pensional con motivo de la excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos. […]»
15
Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
16 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5 del 25 de
agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015). En dicha providencia se señaló: «[…] la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su
labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en
razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio
de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones
durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos
estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las
formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado. […]».
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
24 de febrero de 2022. Radicado: 63001-23-33-000-2018-00183-01 (4650-2019). En esta providencia se planteó
que: «[...] Ahora, si bien no se niega la existencia de contratos de prestación de servicios de la demandante con
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Radicado: 23001-23-33-000-2020-00245-01 (2130-2025)
45. En consecuencia, para dicha clase de contrataciones es evidente que el
ejercicio material de la labor educativa necesariamente se da bajo las condiciones
de un presunto vínculo de trabajo en atención al principio de la realidad sobre las
formalidades previsto en el artículo 53 Constitucional, el cual, aunque no se
declarará como tal en este proceso debido a que lo propio no fue materia del litigio
como fue fijado, sí permite advertirlo, considerarlo y afirmarlo judicialmente para
determinar la procedencia de la pensión ordinaria de jubilación, contrario a lo
argumentado por la parte accionada en su recurso.18
46. Por lo expuesto, en atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo
primero que debe recordarse es que, a diferencia de las afirmaciones de la entidad
recurrente, las vinculaciones de un docente bajo la modalidad contractual de OPS
no impide considerar tales lapsos para contabilizarlos a fin de cumplir el requisito
del tiempo de servicio, ello incluso al margen de la efectiva contribución al sistema
de seguridad social mientras laboró como contratista, pues este no fue el criterio
fijado para tal fin en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, sino el de la
demostración de algún tiempo de labor oficial educativa antes de que entrara a regir
la ley de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006.
47. En materia del argumento de la entidad apelante sobre la obligatoriedad de
realizar las cotizaciones por los tiempos prestados mediante CPS, la Sala destaca
que tal como se planteó en la referida sentencia de unificación, al presumirse en el
caso de los educadores contratistas la existencia de una relación laboral encubierta,
se concluye que los tiempos que se hubiesen acumulado bajo tal calidad y en los
que se haya prestado materialmente el servicio, sí deben ser computados para
consolidar el presupuesto del tiempo de labor oficial requerido para acceder a la
pensión, pues el hecho de que se le hubiese efectuado una vinculación irregular al
maestro oficial no puede ir en detrimento de su derecho fundamental a la seguridad
social.
la mentada entidad territorial, lo cierto es que tal hecho de ninguna manera implica asumir que la calidad de sus
actividades fue otra diferente a la de una docente oficial propiamente dicha, esto al margen de que los efectos
jurídicos en cuanto a la relación laboral no se hayan configurado en su momento. Lo expuesto implica que sin
perjuicio del vínculo contractual existente en los lapsos aludidos, y sin que en esta sentencia se emita
pronunciamiento sobre una eventual declaratoria de existencia de una relación laboral para aquella época, sí
debe entenderse que la señora Marín Cardona ejerció funciones propias e inherentes a la condición de docente
estatal desde el 2 de febrero de 1998, es decir, a partir de la primera ejecución del contrato de prestación de
servicios como docente, suscrito con la mentada autoridad departamental para ser desarrollado en algunas de
sus instituciones educativas. […] A partir de este razonamiento, se deduce preliminarmente que ante casos en
los que se avizora el desempeño de actividades y funciones como docente, fundada en vínculos contractuales
con entidades de derecho público o a su servicio, es posible tener por configurados los tres elementos
constitutivos de una relación laboral, con fundamento en que la misma naturaleza de la actividad desarrollada
por un educador, hace que esta sea necesariamente personal, remunerada y sometida a reglamentaciones,
instrucciones y lineamientos de obligatorio cumplimiento. […]»
18 Tales afirmaciones encuentran respaldo en las sentencias del 20 de junio de 2024 dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el proceso con radicado 17001-23-33-000-2019-00174-01 (0506-
2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, y del 18 de febrero de 2021 en el asunto con número interno 4163-
2014.
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48. Esto sin desconocer que los aportes pendientes de recaudo por tales lapsos
con contratos necesariamente deben ser abonados al FOMAG, por lo que este
fondo a través de su administradora tiene la facultad y el deber de efectuar el cobro
completo, actualizado y real de los aportes por tales tiempos en la proporción que
le correspondía respectivamente a la demandante como empleada, así como al
empleador, pues su naturaleza parafiscal conlleva la obligatoriedad del recaudo y la
imprescriptibilidad, tal como se desprende del artículo 2.2.3.3.3. del Decreto 1833
de 2016,19 lo que implica que no encuentra respaldo el argumento del supuesto
detrimento patrimonial, en la medida en que siempre contará con los mecanismos
legales para obtener los recursos necesarios para la financiación plena de la
prestación.
49. En tal sentido, no es cierto que el Ministerio de Educación - FOMAG no tenga
la facultad de realizar las gestiones de cobro de las cotizaciones pendientes
derivadas de los vínculos mediante OPS cuando estos se tengan en cuenta para
efectos pensionales y se advierta que hacen falta tales abonos para poder financiar
la totalidad de la prestación, ya que el carácter parafiscal de dichos aportes
convierte esa potestad en una obligación legal que no puede obviar la entidad de
previsión, y que, además, no es potestativa del contratante y la contratista en su
respectiva proporción como patrón y empleado, ello incluso al margen de que la
entidad territorial no sea una autoridad que recaude aportes como erradamente lo
sostuvo la entidad demandada en su alzada.
50. Por lo mismo, tampoco encuentra respaldo el argumento de la falta de
legitimación en la causa de la accionada en su recurso cuando aseguró que la
responsabilidad del reconocimiento pensional por estos tiempos de vinculación
contractual recae sobre la entidad territorial por no haber girado los aportes al fondo
durante la vigencia de las OPS, y en la medida en que fue la que elaboró el acto
administrativo demandado.
51. Sobre el particular se precisa que, según la Ley 91 de 1989 relativa a la creación
del FOMAG, así como en atención a la reglamentación de los trámites que le son
propios, prevista en los Decretos 1775 de 1990 y 2831 de 2005, para la Sala es
19 Decreto Único Reglamentario del Sector Sistema de Seguridad Social en Pensiones. «[…] ARTÍCULO
2.2.3.3.3. Acciones de Cobro. Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes
entablar contra los empleadores las acciones de cobro de las cotizaciones que se encuentren en mora así como
de los intereses de mora a que haya lugar, pudiendo repetir contra los respectivos empleadores por los costos
que haya demandado el trámite pertinente, en los términos señalados en el literal h) del artículo 14 del Decreto
656 de 1994.
Estas acciones deberán iniciarse de manera extrajudicial a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la
fecha en la cual se entró en mora. Lo anterior es aplicable inclusive a las administradoras del régimen de prima
media con prestación definida, las cuales podrán iniciar los correspondientes procesos coactivos para hacer
efectivos sus créditos de conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso
Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992 y demás normas que los adicionen o reformen.
PARÁGRAFO. En aquellos casos en que sea pertinente, las administradoras deberán informar al Fondo de
Solidaridad Pensional sobre las acciones de cobro que deban adelantarse, con el objeto de que éste, si lo estima
pertinente y por conducto de su representante, tome participación en el correspondiente proceso. […]»
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claro que (conservando la postura pacífica de esta corporación sobre la materia),
las autoridades locales en las actuaciones de concesión de derechos como las
pensiones del magisterio, solo intervienen a título de facilitadores para elaborar un
proyecto de la decisión, mas no para emitir una manifestación unilateral y propia
frente al otorgamiento de la prestación.
52. Es decir, la normativa aplicable a este caso nunca ha delegado en los
municipios o departamentos la facultad para reconocer o no una pensión ordinaria
de jubilación de los educadores del magisterio. Por el contrario, en virtud de la
aprobación por parte de este último, es evidente que aquel fondo adscrito al
Ministerio de Educación Nacional, actuando a través de su administrador fiduciario,
es quien detenta la potestad para definir las condiciones, la liquidación y todos los
aspectos propios del derecho bajo estudio, pues la manifestación de voluntad que
finalmente produce efectos es la del referido ente nacional y no la del territorial, y,
en todo caso, siempre tendrá la facultad de cobro de las cotizaciones pendientes a
cargo de esta última.
53. Pues bien, una vez precisado lo anterior, se advierte que la entidad demandada
negó el derecho reclamado por medio del acto presunto reprochado, pero en vía
judicial sustentó que esa decisión obedeció al hecho que no era dable tener en
cuenta los tiempos desarrollados mediante OPS por la reclamante por no haber sido
objeto de cotización al fondo y no haberse determinado la existencia de una relación
laboral encubierta, argumentos que ya fueron rebatidos anteriormente.
54. A pesar de esta consideración, lo cierto es que ni en vía administrativa ni en
sede judicial se ha puesto en duda la existencia y ejecución de ese primer vínculo
contractual de la actora, lo que significa que, al no existir controversia acerca de la
labor ejercida materialmente por la demandante como docente, pero sí sobre cuál
es el tipo de vinculación habilitante para analizar el derecho prestacional, se puede
tener demostrado el hecho de que inició su labor propiamente educativa el 2 de
junio de 1998, fecha que definitivamente es anterior a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).
55. Se concluye entonces al igual que el tribunal de origen que, conforme a las
reglas de la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 y el marco normativo
desarrollado anteriormente, el hecho de que el primer vínculo de la accionante haya
sido mediante OPS no desdice la naturaleza educativa del servicio prestado que es
lo que la hace beneficiaria del régimen anterior al de la Ley 812 de 2003, por lo que
es viable verificar la situación jurídica reclamada de acuerdo con las previsiones del
artículo 81 de dicha norma.
56. De allí que, efectivamente la pensión de la educadora debía analizarse
conforme a la regulación previa contenida en los artículos 2.º, parágrafo y 15
numeral 2.º de la Ley 91 de 1989, disposiciones que remiten a las normas de los
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empleados públicos del orden nacional, consagradas esencialmente en la Ley 33
de 1985 cuando se acumulan solo tiempos de origen público, tal como lo estimó
acertadamente el tribunal de origen.
57. Al respecto la Sala debe aclarar que, si bien en primera instancia se acudió al
principio iura novit curia para analizar el presente asunto bajo los preceptos de la
Ley 33 de 1985 en lugar del de la Ley 71 de 1988 como se asumió que lo había
pretendido la actora, lo cierto es que, en realidad, de la lectura de la demanda no
se observa que específicamente se haya solicitado lo propio en términos de una
pensión por aportes, sino que se hizo de manera general bajo el entendido de que
lo que buscaba la accionante era que le fuera aplicado el régimen pensional anterior
al de la Ley 100 de 1993 por considerar que era beneficiaria de la normativa especial
de la Ley 91 de 1989 al haber sido vinculada con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.
58. Pues bien, ese marco jurídico anterior al del régimen general es el desarrollado
tanto por la Ley 33 de 1985 como por la Ley 71 de 1988, lo que quiere decir que en
ningún momento se varió la regulación expresamente pretendida por la
verdaderamente aplicable, toda vez que la reclamante siempre ha instado es que
se resuelva su situación conforme a las previsiones a las que remite la Ley 91 de
1989 sin especificar alguna de las dos disposiciones en mención, lo que permitía
estudiar su derecho con base en cualquiera de las dos normas en razón de las
condiciones que se lograran verificar respecto de la naturaleza de los aportes, tal
como lo hizo el tribunal.
59. En todo caso, es de resaltar que dicho análisis no implica una vulneración al
principio de la decisión previa, de la seguridad jurídica o del debido proceso respecto
de la entidad demandada como sí ha sostenido esta corporación20 que ocurre en el
evento en que todo el litigio y la solicitud ante la entidad se haya hecho con una
regulación puntual, o por ejemplo, sin haberse solicitado al menos de manera
subsidiaria, se verifica el reconocimiento de la pensión con el régimen de la Ley 100
de 1993 cuando se corrobora que no era aplicable el anterior.
60. Aun así, en el presente caso incluso se aprecia a partir de la petición en vía
administrativa que la demandante fundamentó su reclamación en la aplicación de la
Ley 33 de 1985 que es la misma examinada en vía judicial, lo que permitía hacer
este enfoque para resolver la controversia como se hizo en primera instancia.
Adicionalmente, es de destacar que la definición en el fallo apelado del régimen
aplicable no fue objeto de discusión en esta oportunidad.
61. Bajo este entendido se corrobora la ilegalidad del acto administrativo
demandado, más aún porque la demandante sí había acreditado los requisitos
20 Al respecto ver sentencia de esta subsección dictada el 6 de noviembre de 2025 dentro del proceso con
radicado: 05001-23-33-000-2019-02892-01 (1148-2022).
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necesarios para consolidar el derecho a una pensión de jubilación con base en los
postulados de la aludida Ley 33 de 1985, pero adicional, conforme a los
lineamientos de la sentencia de unificación del Consejo de Estado proferida el 25
de abril de 2019 sobre la materia.
62. Sobre el punto, del material probatorio obrante en el expediente se concluye al
igual que el juez de primera instancia que: i) la accionante acreditó 55 años de edad
el 27 de febrero de 2015;21 ii) de la sumatoria de los tiempos servidos como terapista
de lenguaje nombrada por el Ministerio de Salud - Seccional Córdoba entre marzo
de 1985 y diciembre de 1990, así como en calidad de docente contratista del
departamento de Córdoba entre 1998 y 2002, y finalmente nombrada por dicha
entidad en provisionalidad del 19 de julio de 2004 hasta el 30 de marzo de 2019, se
observa que acreditó 20 años de labor hasta el 21 de febrero de 2018,22 y iii) dentro
del período comprendido entre el 21 de febrero de 2017 y el 20 de febrero de 2018
(año anterior al estatus configurado con los 20 años de servicio que se acreditaron
con posterioridad al cumplimiento de la edad), la educadora devengó la asignación
básica como único haber salarial computables y percibido en su caso sobre el que
debió realizarse aportes y que se encuentra enlistados en el artículo 1.º de la Ley
62 de 1985, tal como lo determinó el tribunal de origen.
63. Con todo, acertó el tribunal al afirmar que dicha prestación debe concederse
con efectividad desde el momento en que la accionante adquirió la condición
habilitante de la pensión, esto es, desde el 21 de febrero de 2018, ello en la medida
en que este derecho es compatible con el salario de docente sin necesidad de
demostrar el retiro del servicio de conformidad con los artículos 19, literal g) de la
Ley 4.ª de 1992 y 5 del Decreto 224 de 1972, aplicables a su caso particular por
haber sido vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
64. Ahora, la decisión de primera instancia se abstuvo de efectuar un análisis sobre
la excepción de prescripción, la cual, conforme al artículo 187 del CPACA puede ser
estudiada de oficio. Aun así, lo cierto es que este medio de defensa no prospera
porque efectivamente entre las fechas de exigibilidad del derecho (21 de febrero de
2018), de radicación de la reclamación administrativa (9 de septiembre de 2020),23
y de la presentación de la demanda (14 de septiembre de 2021),24 no transcurrieron
más de tres años de que tratan los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
65. De otra parte, tal como lo manifestó la corporación remitente, como en el
presente caso se tuvo en cuenta la existencia de una relación laboral encubierta,
21 Ver copia de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento obrantes en el expediente digital del
índice 2 de SAMAI.
22 Ver copia del acto de nombramiento y posesión ante el Ministerio de Salud, los certificados de pago de salarios
entre 1985 y 1990, de la copia de los contratos de prestación de servicios entre 1998 y 2002, y de los certificados
de historia laboral y de salarios entre 2004 y 2019 aportados al proceso; los cuales reposan en el expediente
digital del índice 2 de SAMAI.
23 Ver comprobante de radicación de la petición en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
24 Ver acta individual de reparto del proceso en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
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únicamente para efectos pensionales de la demandante durante los períodos en los
cuales se desempeñó como docente contratada, necesariamente el FOMAG tiene
la potestad y obligación de efectuar el cobro completo, actualizado y real de los
aportes por tales tiempos en la proporción que le correspondía respectivamente a
la maestra y al departamento de Córdoba como empleador.
66. Esta decisión concuerda en el presente caso en el que en el mismo fallo apelado
se ordenó a la parte accionada que realizara las gestiones para el cobro a fin de
que efectuaran el giro actualizado de los aportes completos al fondo en mención.
No obstante, es de destacar que la orden que se emitió a la Nación – Ministerio de
Educación – FOMAG fue que repitiera por estos conceptos ante el municipio de
Montería, pese a que la autoridad contratante durante los períodos de OPS fue el
departamento de Córdoba.
67. Por tal razón, deberá modificarse la providencia recurrida en el sentido de que
la orden a cargo de la demandante es que informe a qué entidad realizó cotizaciones
(si las hizo) durante los tiempos de vinculación con OPS con la referida autoridad
departamental. Por parte de la entidad demandada, se le conminará a que realice
las actuaciones tendientes a obtener los aportes a pensión en la proporción de
empleador, pero ante el referido departamento y no frente al municipio de Montería.
68. Sumado a lo expuesto, en atención a la necesidad de dar claridad al fallo para
su cumplimiento material, resulta necesario adicionar la sentencia recurrida, pues
en virtud del principio de sostenibilidad fiscal del sistema pensional, la entidad
demandada debe garantizar la financiación plena de la prestación reconocida.
69. Al respecto, la Sala encuentra que en primera instancia hizo falta ordenarle a la
accionante que acredite al momento de exigir el cumplimiento del fallo a qué entidad
de previsión estaba afiliada y realizó el giro de aportes derivados de su vinculación
como terapista de lenguaje al servicio del Ministerio de Salud desde el 20 de marzo
de 1985 hasta el 31 de diciembre de 1990, pues este período se ordenó incluir en
el cómputo de los 20 años de labor oficial, pero sobre el mismo no se sabe si hubo
o no cotización y ante cuál autoridad se realizó lo propio.
70. En consecuencia, será responsabilidad del FOMAG verificar con la reclamante
y con el Ministerio de Salud si estos realizaron las cotizaciones por dicho lapso y a
qué entidad de previsión lo hicieron, así como que tales montos equivalgan a los
valores totales por dicho concepto sobre los factores computables. En caso
contrario, también deberá realizar las gestiones necesarias y legales para obtener
el pago completo del aporte en las debidas proporciones.
71. Una vez corroborado dónde se encuentran tales pagos, la parte accionada
repetirá contra la autoridad que tenga en su poder tales recursos para obtener el
traslado de dichos montos a fin de asumir la totalidad de la pensión, conforme lo
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previsto en el artículo 2 de la Ley 33 de 1985.
72. Se aclara que esta decisión adicional no afecta la situación original creada a la
entidad recurrente, sino que por el contrario la favorece y se ajusta al litigio bajo
estudio en la medida en que son aspectos legales que deben ser objeto de
cumplimiento indistintamente si se solicitó o no lo propio.
73. En conclusión, estos argumentos son suficientes para modificar y adicionar la
sentencia apelada en los puntos referidos y confirmarla en todo lo demás.
Condena en costas de segunda instancia
74. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
75. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
76. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
77. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
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Primero. Aceptar el impedimento manifestado por el magistrado Luis Eduardo Mesa
Nieves, por lo que se le separa del conocimiento del presente proceso.
Segundo. MODIFICAR Y ADICIONAR EL LITERAL d) AL ORDINAL QUINTO de
la sentencia proferida el quince (15) de mayo del año dos mil veinticinco (2025) por
el Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones, el cual quedará de la siguiente forma:
«[…] Quinto: Ordénese, en cuanto a las cotizaciones pensionales de la actora, lo
siguiente:
a). A la señora Cecilia Elena Marrugo Navarro, acreditar documentalmente y
manifestar al momento de solicitar el cumplimiento de la sentencia, a cuál entidad de
previsión y por qué valores efectuó cotizaciones a pensión por los períodos durante los
cuales estuvo vinculada como terapista de lenguaje con el Ministerio de Salud, así
como a lo largo de los lapsos que se desempeñó como docente contratista del
departamento de Córdoba, esto en caso de haberlas hecho. De lo contrario, si no
realizó tales aportes, indicar lo propio al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
b). A la Nación-Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, repetir en contra de la entidad -o entidades- de previsión a la
cual la demandante acredite que se encontraba afiliada durante los interregnos en los
que tuvo una vinculación con el Ministerio de Salud y en los que subsistió la relación
contractual con el departamento de Córdoba, a fin de solicitar el reembolso de las
cotizaciones a pensión efectuadas en dichas oportunidades, siempre y cuando así lo
demuestre o asegure la señora Cecilia Elena Marrugo Navarro de acuerdo con el literal
«a» de este ordinal. En todo caso, se autoriza al mentado fondo, descontar de los
valores adeudados a la actora en virtud de la condena, los saldos pendientes parciales
o totales en su contra si existen después del cumplimiento de lo anterior, por concepto
de aportes a pensión que en la proporción como trabajador le correspondía efectuar
por los períodos referidos en los literales «b» y «c» de este ordinal.
c) A la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional, realizar las gestiones
interadministrativas de cobro ante el departamento de Córdoba, a fin de obtener el pago
por concepto de aportes a pensión a favor de la señora Cecilia Elena Marrugo Navarro,
únicamente en la proporción que como empleador le correspondía a dicho ente durante
los períodos en los que la demandante se desempeñó como docente para dicha entidad
territorial por medio de órdenes de prestación de servicios. Lo anterior calculado con
base en el monto que el primero devengó a título de honorarios.
d) A la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional, verificar con la
reclamante y con el Ministerio de Salud si estos realizaron las cotizaciones por el lapso
que duró su vínculo legal cuando ejerció labores como terapista de lenguaje, y a qué
entidad de previsión lo hicieron, así como que tales montos equivalgan a los valores
totales por dicho concepto sobre los factores computables. En caso contrario, también
deberá realizar las gestiones necesarias y legales para obtener el pago completo del
aporte en las debidas proporciones de cada uno.
Una vez corroborado dónde se encuentran tales pagos (si existen), la parte accionada
repetirá contra la autoridad que tenga en su poder tales recursos para obtener el
traslado de dichos montos a fin de asumir la totalidad de la pensión, conforme lo
previsto en el artículo 2 de la Ley 33 de 1985. […]»
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Tercero. CONFIRMAR la providencia apelada en todo lo demás.
Cuarto. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
Quinto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con impedimento
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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