RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2022 › Radicado 25000-23-36-000-2012-00311-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00311-02

Fecha
4 de mayo de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2012-00311-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 7 de julio de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR en costas por concepto de expensas y gastos a la parte demandante las cuales deberán liquidarse por secretaría en caso de haberse causado. Fijar por concepto de agencias en derecho la suma de 1 salario mínimo mensual legal vigente. TERCERO: ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. 30 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Rad. 60485. Marzo 2 de 2022. 17 de 18 Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091) Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra Demandado: Nación-Rama Judicial Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011- Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia _________________________________________________________________________________________________

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2012-00311-02

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

4 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 4 de mayo de 2022

Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091)
Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra
Demandado: Nación-Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011-

Temas: acción de reparación directa – error judicial de alta Corte – defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia por la mora

Síntesis del caso: Se demanda la responsabilidad del Estado porque el Consejo de Estado
habría incurrido en un error judicial al desconocer, en una sentencia de nulidad y
restablecimiento y dos sentencias de tutela, el precedente aplicable y porque habría
incurrido en un defectuoso funcionamiento por incumplir los términos previstos en la
Constitución y en la Ley para proferir y notificar los fallos de tutela.

La Sala conoce el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 7 de julio de 2014 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Esta corporación es competente para conocer el recurso de apelación en
este proceso de doble instancia, por haberse interpuesto en vigencia de la
Ley 270 de 1996 contra una providencia proferida en primera instancia por
un Tribunal Administrativo, dentro de un proceso de reparación directa por
hechos relacionados con la administración de justicia1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Trámite relevante de primera instancia. 1.4. Audiencia inicial y sentencia de primera
instancia; 1.5 Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 12 de septiembre de 2012, el señor Eric Tremolada Álvarez, en
representación propia y de su hija, mediante apoderado judicial, presentó
demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la

1 La Ley 270 de 1996, en su artículo 73, fijó la competencia funcional para conocer de estos asuntos, en primera

instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin
consideración a la cuantía. Así lo interpretó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en el Auto de 9 de
septiembre de 2008, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00. Adicionalmente, el Reglamento Interno de esta
Corporación Judicial [Acuerdo No. 080 de 2019], en su artículo 13, relativo a los asuntos distribuidos a la Sección
Tercera, en el numeral 7° señaló: “Los procesos de reparación directa contra las acciones u omisiones de los
agentes judiciales a que se refieren los artículos 65 a 74 de la Ley 270 de 1996”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091)
Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra
Demandado: Nación-Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________

Nación - Rama Judicial, con el fin de que se le repararan los perjuicios
derivados del error judicial y del defectuoso funcionamiento en el que se
incurrió con ocasión de las decisiones y actuaciones dentro de una acción
de nulidad y restablecimiento, resuelta en segunda instancia por la Sección
Segunda del Consejo de Estado y dentro de una de tutela tramitada en el
Consejo de Estado, Secciones Cuarta y Quinta2.

2. En la demanda se plantearon las siguientes pretensiones (se trascribe):

“PRIMERO. Declarar la responsabilidad administrativa patrimonial de la NACIÓN
– RAMA JUDICIAL por conducto del Director Ejecutivo de la Administración
Judicial o a quien haga sus veces, por el daño antijurídico imputable a dicha
entidad como consecuencia de las sentencias adoptadas por la Sección Quinta
y Cuarta del Consejo de Estado, de 14 de marzo de 2011 y de 23 de septiembre
de 2010, expediente 110010315000201000985, por medio de la cual se negó la
tutela presentada contra la sentencia de 30 de abril de 2010, expediente
25000232500020010233001, número interno 0226-2008, de Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.

SEGUNDO. Declarar la responsabilidad administrativa patrimonial de la NACIÓN
– RAMA JUDICIAL por conducto del Director Ejecutivo de la Administración
Judicial o a quien haga sus veces, por el daño antijurídico imputable a dicha
entidad como consecuencia de la sentencia adoptada por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado de 30 de abril de 2010, expediente
25000232500020010233001 número interno 0226-2008, por medio de la cual se
revocó la sentencia de 23 de agosto de 2007 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda por Eric Tremolada Álvarez contra el Servicio Nacional de
Aprendizaje –SENA- y denegó la totalidad de las pretensiones.

TERCERA. Declarar la responsabilidad administrativa patrimonial de la NACIÓN –
RAMA JUDICIAL por conducto del Director Ejecutivo de la Administración Judicial
o a quien haga sus veces, por el daño antijurídico imputable a dicha entidad
como consecuencia de la Resolución 1203 de 3 de noviembre de 2000, proferida
por el Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que declaró
insubsistente el nombramiento del demandante en el cargo de Jefe de División,
Grado 02 dependiente de la División de Capacitación y Desarrollo de Personal
de la entidad, la que después de haber sido revocada la sentencia de primera
instancia cobró su validez y consolidó el conocimiento del mencionado daño a
partir de la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia del Consejo de
Estado. (…)”

3. Como consecuencia de lo anterior, pidieron que se condenara a la
demandada al pago de los siguientes perjuicios:

Perjuicios materiales Perjuicios inmateriales
Daño emergente $ 150.000.000 (Dte) Orden Moral: 100 SMMLV (Dte e hija)
Lucro cesante $ 330.000.000 (Dte) Daño a la vida de relación: 400 SMMLV (Dte)

4. Como fundamento de las pretensiones, en la demanda se expusieron, en
síntesis, los siguientes hechos:

5. 1) El demandante prestó sus servicios al SENA desde el 10 de marzo de
1995 hasta el 3 de noviembre de 2000. Durante ese período ocupó diferentes

2 Folios 11-13 del cuaderno No. 3.

2 de 18

Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091)
Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra
Demandado: Nación-Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________

cargos, siendo el último el de Jefe de División Grado 2 de Capacitación y
Desarrollo. A su juicio, siempre se destacó y ejerció sus funciones con
suficiente diligencia, idoneidad y destreza. Mediante Resolución No. 1203 de
3 de noviembre de 2000 fue retirado del servicio.

6. 2) El actor interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de esa decisión. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, mediante Sentencia de 23 de agosto de 2007, resolvió
acceder parcialmente a las pretensiones. En síntesis, consideró que el acto
que lo declaró insubsistente estuvo viciado por desviación de poder,
porque, con el retiro del actor no se logró un mejor servicio y, además, no
estuvo motivado.

7. 3) Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el SENA, el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, el 30 de abril de 2010, decidió
revocar la sentencia porque no estaba probado que la decisión se hubiera
tomado con un objetivo distinto al buen servicio. Afirmó que el actor estaba
nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción3; que, en
consecuencia, el acto de retiro no requería motivación y que,
adicionalmente, las excepcionales calidades del actor no le otorgaban un
fuero de estabilidad en un cargo de esta naturaleza.

8. 4) En agosto de 2010, el actor interpuso una acción de tutela contra la
Sentencia del Consejo de Estado, que revocó la decisión de primera
instancia y negó la totalidad de sus pretensiones. Mediante Sentencia de 23
de septiembre de 2010, la Sección Cuarta del Consejo de Estado denegó la
acción tutela por encontrarla improcedente. Esa Sección aseguró que, por
seguridad jurídica, no debía admitirse la tutela en contra de una providencia
judicial proferida por una alta Corte. En todo caso, no existía un daño
inminente y grave que justificara la procedencia transitoria del amparo
constitucional.

9. 5) La Sentencia fue impugnada y, mediante Sentencia de 14 de marzo de
2011, la Sección Quinta del Consejo de Estado modificó la decisión; la
rechazó de plano por improcedente. Argumentó que “no aparece
acreditado un vicio ostensible que afecte los derechos de acceso a la
administración de justicia, de defensa y contradicción”. Agregó que, en ese
sentido, la tutela era improcedente y debía rechazarse.

10. Respecto del error judicial, la demanda afirmó que la Sentencia de
nulidad y restablecimiento de 30 de abril de 2010, proferida por la Sección

3 “En el subexamine está probado que el actor, al momento de ser retirado del servicio, se encontraba nombrado

como jefe de la división de capacitación y desarrollo de personal de la entidad (Fls. 99) y por resolución No. 280
de 14 de marzo de 200, el director general del Sena, declaró insubsistente su nombramiento, decisión que no
contraría las disposiciones citadas como vulneradas, toda vez que su nombramiento se efectuó en un cargo de
libre nombramiento y remoción y por tanto podía ser retirado del servicio en ejercicio de la facultad discrecional”

3 de 18

Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091)
Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra
Demandado: Nación-Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________

Segunda del Consejo de Estado, incurrió en error, porque desconoció
preceptos constitucionales y precedentes jurisprudenciales, como la
Sentencia SU 917 de 16 de noviembre 2010 y “la sentencia de 28 de enero
de 1999 de la Sección Tercera”. También aseguró que las Sentencias de
tutela de 23 de septiembre de 2010 y 14 de marzo de 2011 incurrieron en un
error porque “desconocen, como se demostrará, de manera clara, evidente
y gravemente no solo el precedente constitucional en la materia, sino las
garantías mínimas que la Carta de 1991 le reconocen a toda persona que
entre en relación legal y reglamentaria, o de cualquier otra forma de
vinculación con el Estado (…)”

11. Respecto del defectuoso funcionamiento, señaló que los jueces de
tutela (Sección Cuarta y Quinta) incurrieron en un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, debido a su demora en
resolver la tutela. Argumentó que “la acción de tutela impetrada por ERIC
TRMOLADA ÁLVAREZ en agosto de 2010, sólo vino a resolverse el 23 de
septiembre de 2010 en primera instancia y se cumplió con la resolución de
impugnación solo hasta el 14 de marzo de 2011, es decir (…) casi un año
desde que se interpuso contra la sentencia de 30 de abril de 2010, lo que
pone en tela de juicio la inmediatez, razonabilidad y efectivo acceso a la
justicia que no tuvo mi prohijado (…)”.

12. Finalmente, respecto de la procedencia de la acción, citó una
sentencia de esta corporación (Exp. 10285) y aunque no hizo ningún análisis
de la misma se destaca de esa sentencia que se indicó: “Solo
excepcionalmente será admisible la responsabilidad patrimonial del Estado
derivada del error judicial cometido por las altas corporaciones de justicia y
demás tribunales y juzgados en los eventos en que este sea absolutamente
evidente y no se requiera realizar ninguna labor hermenéutica para hallarlo
configurado.”.

1.2. Posición de la parte demandada

13. El 6 de junio de 2014, la Nación-Rama Judicial, de manera
extemporánea, presentó contestación de la demanda4.

1.3. Trámite relevante de primera instancia

14. Mediante Auto de 18 de octubre de 2012, la magistrada ponente
rechazó la demanda por considerar que se configuró la caducidad de la
acción. Aseguró que, si se contaba desde la fecha de ejecutoria de la
Sentencia de 30 de abril de 2010, la demanda debía haberse interpuesto,
como máximo, el 1 de mayo de 2012, sin embargo, se efectuó la solicitud
de conciliación extrajudicial el 20 de junio de 2012 y se presentó la

4 Folios 194 a 200 del cuaderno principal.

4 de 18

Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091)
Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra
Demandado: Nación-Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________

demanda el 12 de septiembre de 2012. Respecto de las Sentencia de tutela
de primera y segunda instancia señaló que esta acción constitucional fue
“un agotamiento de medio constitucional para obtener la protección de
derechos fundamentales, instancia esta que resultó improcedente, y que
no constituye la acción causante del daño reclamado, y de cuyos
pronunciamientos no puede contabilizarse el término de caducidad,
precisamente por la improcedencia de la tutela contra decisión judicial”.

15. Esa decisión fue apelada y, mediante Auto de 14 de agosto de 2013, el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A revocó parcialmente la
decisión. Afirmó que, aunque se había configurado la caducidad respecto
de las pretensiones de error judicial de la Sentencia de 30 de abril de 2010,
de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que no había
operado la caducidad respecto del daño derivado que, según el
demandante, le causaron las sentencias de tutela. Explicó que la Sentencia
que resolvió la impugnación quedó debidamente notificada y ejecutoriada
el 18 de abril de 2011. En consecuencia, dado que la demanda se interpuso
el 12 de septiembre de 2012, esto se hizo dentro del término.

1.4. Audiencia inicial y Sentencia de primera instancia

16. El 7 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B realizó la audiencia inicial y, en ella, profirió
sentencia5.

17. En la Audiencia inicial se agotaron todas las etapas previstas en el
artículo 180 del CPACA. Se fijó el litigio y se excluyó el estudio respecto de
la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho6. Respecto de las
pruebas, se incorporó la documental aportada y se negó la pedida por
considerar que ya reposaba en copia simple en el expediente. De igual
forma, por no reunir los requisitos, se negaron las pruebas testimoniales, un
dictamen pericial para probar los perjuicios y una inspección judicial a
determinadas oficinas del SENA y el Consejo de Estado “para que se
recopilen y recauden elementos documentales probatorios que sean
pertinentes y útiles”.

18. Agotadas las etapas de la Audiencia inicial, se conformó la Sala de
Decisión, se escucharon las alegaciones y se profirió Sentencia en
Audiencia. En ella se resolvió si, en efecto, las Sentencias de tutela

5 Folios 210 a 216 del cuaderno No. 1.
6 Al respecto se indicó: “Ahora frente a la fijación del litigio, el Despacho recuerda que la presente actuación

procesal versa sobre el presunto error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por
las sentencias exclusivamente de tutela de las secciones Cuarta y Quinta del H. Consejo de Estado, y no sobre las
actuaciones del SENA ni del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que si bien son antecedentes de
la presente demanda no constituyen el objeto de la presente controversias; (…)”

5 de 18

Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091)
Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra
Demandado: Nación-Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________

contenían un error judicial y, si, en su trámite se incurrió en un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.

19. Respecto del error judicial, se analizó tanto la Sentencia de tutela de
primera instancia, proferida el 23 de septiembre de 2010 por la Sección
Cuarta, como la Sentencia de tutela de segunda instancia, proferida 14 de
marzo de 2011, por la Sección Quinta. En síntesis, indicó la sentencia que,
en la decisión de haber declarado la improcedencia de la acción, no se
avizoraba ningún error comoquiera que la decisión se adoptó de manera
motivada, se explicó la excepcionalidad de la tutela contra providencia
judicial y se dejó claro que no era viable reabrir en un proceso de tutela un
debate, que ya se había zanjado por el juez natural.

20. Respecto del defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, analizó todo el trámite surtido por la tutela interpuesta por el actor.
Hizo énfasis en que la demanda de tutela se interpuso el 2 de agosto de
2010, la Sentencia de primera instancia se profirió el 23 de septiembre y,
finalmente, la de segunda instancia el 14 de marzo de 2011, notificada el 6
de abril de 2011. Indicó que, no advirtió una mora excesiva en el trámite de
la misma, que, incluso la sentencia de segunda instancia se profirió dentro
de los 20 días que otorgó la norma. Agregó que, en todo caso, la demora
por sí sola no implicaba la configuración de un daño antijurídico. Agregó
“Aún en gracia de discusión, no está demostrado que la tardanza en la
notificación de la providencia judicial haya irrogado un daño antijurídico al
demandante”.

1.5. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia

21. La parte demandante presentó recurso de apelación7 en el que solicitó
que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se
accediera a las pretensiones de la demanda bajo tres argumentos relativos
a irregularidades en la actuación de la primera instancia, el error judicial y
el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

22. En primer lugar, señaló diferentes “irregularidades” respecto de la
actuación surtida en la primera instancia de este proceso: que se fijó el litigo
de manera incorrecta, que se negaron indebidamente las pruebas y que,
se adoptó la Sentencia en la Audiencia inicial, lo cual implicó una violación
al debido proceso de la parte demandante.

23. En segundo lugar, se pronunció respecto del error judicial de la
sentencia ordinaria y de las sentencias de tutela. Frente a la Sentencia de
10 de abril de 2010, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado

7 Folios 217 a 238 del Cuaderno del Consejo de Estado.

6 de 18

Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091)
Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra
Demandado: Nación-Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________

que resolvió el recurso de apelación dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento precisó que, el daño antijurídico quedó probado y que
consistió en “la negación que se produce de los derechos laborales y
prestacionales reconocidos por virtud de la sentencia de 23 de agosto de
2007 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (…)”. Agregó que esa
decisión incurrió en un error judicial que era imputable a la Rama Judicial,
sin embargo, se limitó a efectuar extensas citas jurisprudenciales8. Respecto
de un error judicial en la Sentencia de tutela de segunda instancia, esto es,
de 14 de marzo de 2011 alegó que el error se configuró porque debió
ejercer un control no solo formal, sino que debió estudiar el fondo de la
controversia constitucional.

24. En tercer lugar, se pronunció respecto del defectuoso funcionamiento
en el trámite de las tutelas y concluyó que estaba demostrado porque “solo
vino a resolverse el 23 de septiembre de 2010 en primera instancia, y se
cumplió con la resolución de su impugnación sólo hasta el 14 de marzo de
2011, es decir casi seis (6) meses de declarada la improcedencia de la
misma en primera instancia, y casi un (1) año desde que se interpuso contra
la sentencia de 30 de abril de 2010, lo que pone en tela de juicio la
inmediatez, razonabilidad y efectivo acceso a la justicia que no tuvo mi
prohijado”.

25. Para terminar, alegó que no debió condenarse en agencias en
derecho. Aseguró que la aplicación “mecánica” de las agencias en
derecho viola el derecho de acceso a la administración de justicia de quien
ejerció las acciones en el marco de la buena fe. Agregó que, en este caso,
“a la audiencia inicial no asistió el apoderado, ningún representante de la
Rama judicial, y que la contestación de la demanda fue extemporánea,
razón más para considerar que no procede la aplicación arbitraria del
criterio objetivo, y por lo cual se solicita revocar la decisión”.

26. Las partes se abstuvieron de alegar de conclusión y el Ministerio Público
no rindió concepto.
2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Presupuestos procesales. 2.2 Exposición del litigio y decisiones a adoptar.
2.3. Análisis sustantivo; y 2.4. Costas.

2.1. Presupuestos procesales

27. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque la demanda,
respecto de la actuación y las decisiones de tutela, se presentó
oportunamente y la reparación directa es el medio de control previsto para
ventilar la controversia propuesta.

8 Folios 227 a 233 del Cuaderno del Consejo de Estado.

7 de 18

Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091)
Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra
Demandado: Nación-Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________

28. La acción se ejerció de manera oportuna respecto del error judicial y el
defectuoso funcionamiento de administración derivado del trámite y las
sentencias de tutela. En efecto, como ya lo resolvió el Consejo de Estado,
mediante Auto de 14 de agosto de 20139, en la medida que la Sentencia de
segunda instancia, proferida dentro del trámite de tutela por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, se profirió el 11 de marzo de 2011 y la acción
de reparación directa se instauró el 12 de septiembre de 2012, no operó la
caducidad. No pasa lo mismo, respecto de la Sentencia de 30 de abril de
2010, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, que cobró
ejecutoria 5 de junio de 2010. La oportunidad para alegar un error derivado
de esa decisión vencía el 6 de junio de 2012 y la solicitud de conciliación
extra judicial se agotó el 20 de junio de 2012 razón por la cual operó la
caducidad y, al respecto, la demanda fue rechazada.

29. La acción de reparación directa es el mecanismo procedente en el
caso concreto, toda vez que, en la demanda, se pretendió la declaración
de responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de un supuesto error
jurisdiccional y un defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia.

30. Sobre la procedencia del examen de la responsabilidad del Estado
respecto del error judicial imputable a una sentencia proferida por una alta
Corte debe señalarse que en el contexto del control previo de los proyectos
de Ley estatutaria, la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad del
artículo 66 de la Ley Estatutaria de Administración de justicia, según el cual
el error jurisdiccional “Es aquel cometido por una autoridad investida de
facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso,
materializado a través de una providencia contraria a la ley”. Se trata de
una norma amplia, que cobija la responsabilidad del Estado por errores
jurisdiccionales de todos los jueces y tribunales, así como, por ejemplo, de
las sentencias proferidas por las autoridades administrativas. Sin embargo, la
Corte Constitucional limitó su alcance, luego de concluir que “[…] no es
posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama
judicial, una responsabilidad del Estado a propósito del error jurisdiccional
[…]”10 por lo que condicionó su constitucionalidad a ese entendimiento11.

9 Folios 117 a 135 del Cuaderno Principal.
10 Sentencia C-37 de 1996
11 “TERCERO.- Declarar EXEQUIBLES, pero bajo las condiciones previstas en esta providencia (…) el artículo 66.” Al

respecto de este artículo se indicó en la parte motiva “En virtud de lo anterior, la Corte juzga que la exequibilidad
del presente artículo debe condicionarse a que no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones
de la rama judicial, una responsabilidad del Estado a propósito del error jurisdiccional, pues ello equivaldría a
reconocer que por encima de los órganos límite se encuentran otros órganos superiores, con lo cual, se insiste, se
comprometería en forma grave uno de los pilares esenciales de todo Estado de derecho, cual es la seguridad
jurídica. Por lo demás, cabe anotar que es materia de ley ordinaria la definición del órgano competente y del
procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error en que incurran las demás
autoridades judiciales pertenecientes a esta rama del poder público.”

8 de 18

Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091)
Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra
Demandado: Nación-Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________

31. A más de que, de acuerdo con el artículo 243 de la Constitución, las
sentencias de fondo proferidas por la Corte Constitucional hacen tránsito a
cosa juzgada constitucional, el condicionamiento introducido a las
disposiciones legales se integra a ellas de manera inescindible y se convierte
en su única interpretación constitucionalmente posible, teniendo en cuenta
que la sentencia del tribunal constitucional expulsó del ordenamiento
jurídico las otras interpretaciones, al punto que el desconocimiento de la
interpretación a la que se sometió la exequibilidad - norma jurídica -,
materializaría un defecto sustantivo en las providencias judiciales.

32. Pese a lo anterior, en la presente providencia se inaplicará dicho
condicionamiento que realizó la Corte Constitucional hace 26 años, por las
razones que se exponen a continuación12:

33. Aunque la regla general es que, una vez se efectúe el control del
proyecto de ley estatutaria por parte de la Corte, no es posible reabrir el
debate en relación con su constitucionalidad13, existen excepciones para
que el tribunal constitucional vuelva a examinar el asunto: si se presenta un
vicio de inconstitucionalidad con posterioridad a la revisión previa
efectuada, lo que no ocurrió en este caso, pero también, “en la
jurisprudencia se ha reconocido la posibilidad de realizar nuevos juicios de
constitucionalidad en dos eventos: (i) cuando haya operado una
modificación en el referente o parámetro de control, (la Constitución Política
o el Bloque de Constitucionalidad), bien sea ésta formal (reforma
constitucional o inclusión de nuevas normas al Bloque) o en cuanto a su
interpretación o entendimiento (Constitución viviente14), cuyo efecto sea
relevante en la comprensión de la constitucionalidad o inconstitucionalidad
de la norma que ya fue objeto de control; o (ii) cuando haya operado una
modificación relativa al objeto de control, esto es, en el contexto normativo
en el que se encuentra la norma que fue controlada, que determine una
variación en su comprensión o en sus efectos. En estos casos, en estricto
sentido, no se trata de excepcionar la cosa juzgada, sino de reconocer que,

12 A pesar de que en distintas ocasiones el ponente de la presente decisión ha sostenido que, en virtud del

condicionamiento previsto en la sentencia C-037/96, no resulta procedente examinar la responsabilidad del Estado
por los errores judiciales cometidos por los tribunales de cierre, en esta decisión se expondrán las razones por las
que se ha cambiado de posición al respecto. Debe resaltarse, no obstante, que no se trata de un cambio de
jurisprudencia, considerando que la anterior posición era minoritaria y se encontraba, únicamente, expuesta en
votos razonados: salvamentos y aclaraciones de voto, frente a ponencias de otros magistrados.
13 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C 72 de 1996
14 “El carácter dinámico de la Constitución, que resulta de su permanente tensión con la realidad, puede conducir

a que en determinados casos resulte imperativo que el juez constitucional deba modificar su interpretación de los
principios jurídicos para ajustarlos a las necesidades concretas de la vida colectiva - aun cuando no haya habido
cambios formales en el texto fundamental -, lo que incide necesariamente en el juicio de constitucionalidad de
las normas jurídicas. El concepto de “Constitución viviente” puede significar que en un momento dado, a la luz de
los cambios económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte
sostenible, a la luz de la Constitución, - que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos,
de esas realidades -, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en
significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de
Constitucionalidad de una determinada norma. En estos casos, no se puede considerar que el fallo vulnera la cosa
juzgada, ya que el nuevo análisis parte de un marco o perspectiva distinta, que en lugar de ser contradictorio
conduce a precisar los valores y principios constitucionales y permiten aclarar o complementar el alcance y
sentido de una institución jurídica”: Corte Constitucional, sentencia C-774/01. Sobre el tema, entre otras
sentencias, puede consultarse: C-332/13, C-166/14, C-687 /14 y C-007/16.

9 de 18

Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091)
Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra
Demandado: Nación-Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________

en razón de los cambios en algunos de los extremos que la componen, en
el caso concreto, no se configura una cosa juzgada”15.

34. La Corte no se ha pronunciado expresamente frente a la
constitucionalidad del artículo 66 de la Ley 270 de 1996 con posterioridad a
la Sentencia C-037 de 1996 porque, si bien se han interpuesto dos demandas
contra esa disposición16, han sido rechazadas. Lo anterior, significaría que lo
resuelto por la Corte se mantiene indemne y ata al juez. Sin embargo, se
estima que, una lectura lineal y sujeta al sistema normativo interno, no puede
obviar que ha operado un cambio sustancial en el referente de control de
constitucionalidad, respecto de aquel con el que se hizo la revisión en 1996;
cambios que implicarían que, al mantener el condicionamiento, se
desconozcan importantes compromisos internacionales adquiridos por
Colombia, al mismo tiempo que, incluso, se viole la Constitución Política.

35. En el momento en que se efectuó el control de constitucionalidad, el
artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH,
en adelante) ya preveía, de manera clara, que “Toda persona tiene
derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido
condenada en sentencia firme por error judicial”. Dicho compromiso
internacional no generaba, ni genera, conflicto normativo alguno con la
Constitución colombiana17, ya que el artículo 90 de la Constitución dispone,
en términos generales, no limitados al caso de los daños por error
jurisdiccionales, ni tampoco, a los errores cometidos en las condenas, que
“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le
sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades
públicas”, concepto que, de manera clara, incluye a los jueces y a los
tribunales, sin excluir a los de cierre o a las cabezas de cada jurisdicción.

36. Sin embargo, el condicionamiento incluido en la sentencia C-037 de
1996 desconoció el artículo 90 de la Constitución Política y el artículo 10 del
CADH, cuyo control se le impuso al juez en el 2006, como se indicará más
adelante.

37. El condicionamiento desconoció el artículo 90 Constitucional que no
permite ninguna suerte de irresponsabilidad del Estado, bajo lógicas
superadas de inmunidad del poder – “the King can do no wrong”18 -, a la
vez que debilitaba uno de los pilares del Estado de Derecho: la
responsabilidad. La justificación de ese condicionamiento fue permitir que

15 Corte Constitucional, Sentencia C-096/17.
16 Expediente D 0008110. Dte. Stella Conto Díaz del Castillo. Decisión que rechaza de 14 de mayo de 2010.

Expediente D 0014032. Dte. Edier Esteban Manco Pineda. Decisión que rechaza de noviembre 18 de 2020.
17 El artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no hace parte del bloque de

constitucionalidad, en sentido estricto, ya que, a pesar de que el instrumento internacional fue ratificado por
Colombia, sin reserva alguna, mediante la Ley 16 de 1972, y la indemnización del condenado por error judicial es
un derecho humano, no se encuentra dentro de los derechos que el artículo 27 de la misma Convención prohíbe
su suspensión durante los estados de excepción.
18 Expresión que traduce “El rey no puede equivocarse”

10 de 18

Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091)
Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra
Demandado: Nación-Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________

el examen de los errores judiciales de las sentencias de las altas cortes
vulneraría el principio constitucional de seguridad jurídica ya que, dentro del
esquema constitucional colombiano, el rol institucional de los tribunales de
cierre implica que sus decisiones ponen punto final a los asuntos y, por lo
tanto, no sería posible reabrir el debate para condenar por los errores en los
que habría incurrido la cabeza de cada jurisdicción. En tal razonamiento, el
juez de la responsabilidad del Estado sería una suerte de “órgano superior”
respecto de las altas Cortes, lo que sería inconstitucional19.

38. Tal justificación partía de una doble equivocación: por una parte, el juez
de la responsabilidad del Estado no se convierte, ni formal ni materialmente,
en órgano superior de las autoridades públicas que causaron los daños
antijurídicos; no es el superior de la Administración pública, del Congreso de
la República, ni de los jueces, sino únicamente la autoridad judicial que, en
el marco de sus competencias, declara la responsabilidad del Estado y
condena a la reparación de perjuicios. Por otra parte, la declaratoria de
responsabilidad del Estado por errores jurisdiccionales no impacta el
principio de seguridad jurídica, ya que el juez de la reparación directa
carece por completo de competencia para revocar, modificar, invalidar o
dejar sin efectos las decisiones judiciales, de cualquier nivel, es decir que la
certeza de las relaciones jurídicas que se predica de la cosa juzgada
permanece intacta e inmodificable y es justamente porque ya no es posible
corregir el error20, que no queda otro camino que declarar la
responsabilidad del Estado en los términos del artículo 90 Constitucional.

39. Incluso, llama la atención que la misma Sentencia C-037 de 1996
reconoció que no era posible limitar el alcance del artículo 90 de la
Constitución: “La Corte estima que el inciso primero del presente artículo21
es exequible, pues si bien sólo hace alusión a la responsabilidad del Estado -
a través de sus agentes judiciales- por falla en el servicio, ello no excluye, ni
podría excluir, la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la
administración de justicia.”

40. Si no era posible limitar la comprensión del artículo 90 Constitucional a la
ocurrencia de una falla, tampoco era posible excluir de responsabilidad a
algunas autoridades del Estado. La propia Corte Constitucional, en

19 “(…) no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la rama judicial, una responsabilidad

del Estado a propósito del error jurisdiccional, pues ello equivaldría a reconocer que por encima de los órganos
límite se encuentran otros órganos superiores, con lo cual, se insiste, se comprometería en forma grave uno de los
pilares esenciales de todo Estado de derecho, cual es la seguridad jurídica”: Corte Constitucional, Sentencia C-
037/96.
20 Es por ello que uno de los presupuestos de la responsabilidad del Estado por errores jurisdiccionales consiste en

que “El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley”: art. 67.1 de la LEAJ.
21 ARTICULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

11 de 18

Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091)
Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra
Demandado: Nación-Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________

sentencias del control abstracto de constitucionalidad22, adoptadas con
posterioridad a 1996, ha señalado que el artículo 90 de la Constitución no
excluye de responsabilidad a ninguna autoridad pública. Así, por ejemplo,
al analizar la constitucionalidad del artículo 86 del Código Contencioso
Administrativo, que fue demandado porque no se incluyó expresamente la
responsabilidad del Estado por el hecho del legislador indicó: “tal como lo
ha entendido el Consejo de Estado, la disposición constitucional que regula
la materia establece la obligación de reparar los daños antijurídicos
provenientes de cualquier autoridad pública. En efecto, como se ha
reiterado el precepto simplemente establece dos requisitos para que opere
la responsabilidad patrimonial estatal, a saber, que haya un daño
antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una
autoridad pública, sin hacer distingos en cuanto al causante del daño.”23.

41. Todo lo anterior indica que, resultaba inconstitucional excluir la
responsabilidad del Estado por los errores judiciales cometidos por las
cabezas de cada jurisdicción y que, incluso, los argumentos para hacerlo no
satisfacían esa sustracción.

42. El condicionamiento desconoció el artículo 10 de la CADH porque
excluyó la posibilidad de reclamar la responsabilidad del Estado por la
actuación de una autoridad pública. Sin embargo, fue a partir del 200624
que la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó que el legislador
de cada país miembro estaba obligado a adecuar el derecho interno a lo
dispuesto en la CADH y agregó que, si el legislador no cumplía con este
mandato, era deber de los jueces ejercer el control de convencionalidad
para que sus decisiones se ajustaran a la Convención Americana de
derechos humanos. De esta manera se llenaba de contenido el mandato
del artículo 2 de la Convención Americana respecto de los Estados25.

22 Que de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, son obligatorias y general efecto erga omnes en su

parte resolutiva.
23 Sala Plena. Sentencia C 38 de 2006.
24 Fallo Almonacid Arellano Vs. Perú: “123. (…) El cumplimiento por parte de agentes o funcionarios del Estado de

una ley violatoria de la Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y es un principio básico del
derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, en el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de
cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el
artículo 1.1 de la Convención Americana”.
124. (…) cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces,
como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos
de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y
fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una
especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no
solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete
última de la Convención Americana.”
25 “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por

disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades” (negrillas no originales).

12 de 18

Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091)
Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra
Demandado: Nación-Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________

43. El control de convencionalidad sobre el derecho interno debe ser
realizado de manera oficiosa, por parte de todas las autoridades públicas
nacionales, incluidos los jueces, aunque con respeto de las competencias,
instrumentos y vías procedimentales propias de cada una de ellas. Dicho
control resulta congruente con la Convención de Viena, sobre el derecho
de los tratados, instrumento ratificado por Colombia mediante la Ley 32 de
1985 y según el cual “26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga
a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 27. El derecho interno
y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento
de un tratado” (negrillas no originales).

44. Para esta Subsección, el hecho de que la Corte Constitucional no haya
proferido una nueva decisión respecto de la exequibilidad de la norma que
prevé la responsabilidad del Estado por error judicial y, por lo tanto, el
condicionamiento que vulneró gravemente el artículo 90 de la Constitución
Política se encuentre vigente, no autoriza a obviar el deber como juez de
realizar el control de convencionalidad respecto del mismo, ni a escudarse
en tal condicionamiento – norma de derecho interno - para incumplir los
compromisos internacionales adquiridos por Colombia que, como ya se
indicó, son, a la vez, mandatos constitucionales.

45. Por lo anterior, esta Subsección encuentra que el condicionamiento
introducido por la Sentencia C-037 de 1996 al artículo 66 de la Ley 270 de
1996, bajo los argumentos que fueron analizados, desconoce el artículo 11
de la CADH, al limitar, de manera anticonvencional e inconstitucional, el
derecho a ser reparado por los daños causados por los errores judiciales. En
ese orden, es necesario ajustar la comprensión del artículo 66 de la Ley 270
de 1996, acoger lo previsto en la Sentencia Almonacid Arellano, adoptar
una decisión convencional26 y, por consiguiente, examinar de fondo las
demandas de responsabilidad del Estado por errores judiciales
materializados en sentencias de las altas cortes. En consecuencia, el
condicionamiento efectuado en la Sentencia C 037 de 1996 se inaplicará
para resolver el presente asunto.

2.2 Exposición del litigio y decisiones a adoptar

46. La sentencia de primera instancia negó la responsabilidad del Estado,
porque consideró que no se configuró error alguno en las sentencias de
tutela, proferidas en primera y segunda instancia y porque, respecto del

26 Al respecto, en una aclaración de voto la necesidad de garantizar los efectos de la convención. “Ese
instrumento de control, conocido de sobra por la Sala, le permitía garantizar que los efectos de la Convención no
resultaran disminuidos por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, para lo cual debió abstenerse de
invocar el derecho interno como justificación de su incumplimiento y debió tener en cuenta, “no solamente el
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la
Convención Americana”. Sección Tercera. Sala Plena. Enero 29 de 2000. Rad. 61033ª.

13 de 18

Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091)
Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra
Demandado: Nación-Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________

defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por la supuesta
mora en el trámite de la tutela, no se probó el daño antijurídico.

47. Aunque la demanda de reparación directa imputa el error judicial a las
sentencias de primera y segunda instancia adoptadas por el Consejo de
Estado en un trámite de tutela, vale indicar que, en la medida que la
sentencia de primera instancia no cobró firmeza y fue reemplazada por la
que resolvió la impugnación, únicamente se estudiará el presunto error
judicial de esta última, que es la Sentencia de 14 de marzo de 2011, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

48. Ahora bien, en el recurso de apelación, el accionante formuló unos
reparos procesales contra algunas actuaciones surtidas en la primera
instancia de este proceso las cuales deben ser resueltos de manera previa
al examen sustantivo de las pretensiones. Los reparos fueron que se fijó el
litigio de manera incorrecta, que se negaron indebidamente las pruebas y
que se adoptó la sentencia en la audiencia inicial. Al respecto, basta señalar
que: contra la primera decisión, la parte demandante, a través de su
apoderado, manifestó las inconformidades en la audiencia inicial y las
mismas fueron resueltas por el magistrado sustanciador, quien, finalmente,
fijó el litigio, decisión que quedó firme. Respecto de la segunda, la parte no
interpuso el recurso procedente para manifestar su inconformidad y, en todo
caso, la decisión sobre el decreto de las pruebas cobró firmeza. Finalmente,
la adopción de la sentencia en la audiencia inicial está habilitada en el
ordenamiento legal27 y, en esa medida, no implica una violación al debido
proceso.

49. La Sala confirmará la Sentencia apelada que negó las pretensiones, con
fundamento en que no se estableció ni probó el daño alegado que habría
sido causado por un error judicial ni el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.

2.3. Análisis sustantivo

50. En primer lugar, la Sala se pronunciará sobre el error alegado respecto
de la Sentencia de tutela del 14 de marzo de 2011 proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado y, posteriormente, se abordará el estudio del
defectuoso funcionamiento por el trámite impartido a la tutela.

27 ARTÍCULO 179. El proceso para adelantar y decidir todos los litigios respecto de los cuales este Código u otras

leyes no señalen un trámite o procedimiento especial, en primera y en única instancia, se desarrollará en las
siguientes etapas:
1. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial.
2. La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culminación de la audiencia de pruebas, y
3. La tercera, desde la terminación de la anterior, comprende la audiencia de alegaciones y juzgamiento y
culmina con la notificación de la sentencia.
Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, el juez prescindirá de la
segunda etapa y procederá a dictar la sentencia dentro de la audiencia inicial, dando previamente a las partes
la posibilidad de presentar alegatos de conclusión.

14 de 18

Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091)
Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra
Demandado: Nación-Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________

51. Respecto del error judicial. Considerando que el daño es el primer
elemento de la responsabilidad, es decir que sin daño no hay
responsabilidad y dado que el objeto de la reparación directa es
indemnizar un daño antijurídico, de manera previa a resolver si la Sección
Quinta del Consejo de Estado incurrió en un error en su decisión, se requiere
estudiar si, efectivamente, se alegó, se individualizó y se probó un daño y,
solo de ser así, se entrará a revisar si ese daño se derivó de un error de la
sentencia acusada.

52. En los fundamentos de derecho de la demanda la parte actora se
pronunció al respecto. Indicó (se trascribe): “el daño antijurídico
demandando se representa en la carga que no estaban llamados a
soportar los actores y que consiste en la negación que se produce de los
derechos laborales y prestacionales reconocidos por virtud de la Sentencia
de 23 agosto de 2007 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual
se encuentra ligada por conexidad directa con sus derechos a la vida, al
mínimo vital, al trabajo y a la igualdad, especialmente por desconocimiento
del precedente jurisprudencial que en materia contenciosa y constitucional
reconocieron las pretensiones originales que se discutieron en el marco de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cursado por ERIC
TREMOLADA ÁLVAREZ.”

53. El actor indicó que el daño antijurídico consistía en que el Consejo de
Estado revocó la decisión de la primera instancia y negó las pretensiones en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Es decir que el daño
alegado se derivaría de la sentencia de segunda instancia del proceso
contencioso administrativo, frente al cual, la demanda fue presentada de
manera extemporánea y no de la sentencia que aquí se estudia, esto es, la
que resolvió la tutela en segunda instancia. Por ello, la sentencia estudiada
no ocasionó el daño que se alega, razón suficiente para negar las
pretensiones resarcitorias. La acción de tutela contra providencias judiciales
es un mecanismo de procedencia excepcional, sometido a estrictos
requisitos de procedibilidad y de prosperidad, destinado únicamente a
amparar derechos fundamentales que resultaron vulnerados por la decisión
del juez, pero no se trata de una instancia adicional, un recurso ordinario ni
extraordinario, que permita reabrir los debates que fueron zanjados en las
instancias judiciales correspondientes y, por consiguiente, no es posible que
jurídica y causalmente, los eventuales o hipotéticos daños derivados de
errores de las sentencias judiciales de procesos ordinarios, se imputen a las
sentencias que resolvieron acciones de tutela contra dichas providencias
judiciales y que hicieron tránsito a cosa .

54. En todo caso, la Subsección estima importante recordar que el desarrollo
normal de la segunda instancia de un proceso y su resultado, en esta
oportunidad, revocar y negar las pretensiones, no puede ser por sí solo un

15 de 18

Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091)
Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra
Demandado: Nación-Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________

daño que deba ser reparado. La acción de reparación directa tiene por
objeto el resarcimiento de un daño antijurídico autónomo, condicionado a
la demostración de errores judiciales que lo habrían provocado. Por ello, así
como la acción de tutela no se encuentra prevista en el ordenamiento
jurídico como un mecanismo que permita volver a examinar de fondo la
demanda sometida al juez y decidida con fuerza de cosa juzgada, la
acción de reparación directa tampoco es un mecanismo para satisfacer las
pretensiones de los procesos judiciales, como en este caso, del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, olvidando con ello, la garantía de
especialidad del juez y convirtiendo indebidamente, por esta vía, al juez de
la reparación directa, en un juez supremo de todas las controversias, sin
importar su naturaleza. La negativa de las pretensiones podría ser el hecho
generador de un daño antijurídico, sin embargo, en la demanda no se
explicó cuál era el daño. Tampoco podría aceptarse que el daño consiste
en la afectación a sus “derechos a la vida, al mínimo vital, al trabajo y a la
igualdad”, que, en realidad, habrían sido provocados por el SENA, con su
decisión de terminar la relación de empleo público con el empleado de libre
nombramiento y remoción y, además, porque ello sería desconocer el
carácter cierto del daño ya que, en todo caso, esas aludidas afectaciones
no se probaron28.

55. Respecto del defectuoso funcionamiento. La Subsección comparte el
argumento de la primera instancia, según el cual, no se advirtió una mora
excesiva en el trámite de la tutela29 y “Aún en gracia de discusión, no está
demostrado que la tardanza en la notificación de la providencia judicial
haya irrogado un daño antijurídico al demandante”.

56. Al respecto, debe tenerse en cuenta que este escenario judicial no está
previsto para detectar per se las falencias de la administración de justicia,
como sería el caso de un eventual proceso disciplinario, sino para reparar
un daño antijurídico. De acuerdo con lo que obra en el expediente, el
incumplimiento en los términos para proferir las sentencias de tutela no
generó un daño automáticamente considerado y no podría el juez de la
reparación directa entrar a sancionar esta situación, por carecer
totalmente de esa competencia. En el caso concreto, no se explicó, así
como tampoco se probó qué daño le generó al actor una posible demora
en la notificación de la sentencia tutela. Lo anterior resulta suficiente para
confirmar la decisión de primera instancia.

28 En este punto, se resalta que, esta Subsección ha sido enfática en sostener que el hecho de que en un proceso

ordinario se nieguen las pretensiones no conlleva, de manera automática, a la configuración de un daño que
deba repararse comoquiera que aceptar eso implicaría que la administración de justicia cada vez que resuelva
un caso y afecte a una de las partes ocasione un daño que, posteriormente, deba reparar.
29 El 23 agosto de 2010 se interpuso la tutela ante el Consejo de Estado. Se repartió a la Sección Cuarta que admitió

la tutela el 31 de agosto de 2010. El 15 de septiembre de 2010 ingresó al despacho. El 23 de septiembre de 2010 se
profirió la Sentencia de primera instancia y se notificó el 14 de enero de 2011. Con auto de fecha de 27 de enero
de 2011 se concedió la impugnación. La Sección Quinta resolvió la impugnación mediante Sentencia de 14 de
marzo de 2011 que se notificó el 6 de abril de 2011.

16 de 18

Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091)
Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra
Demandado: Nación-Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________

57. Finalmente, no es de recibo el argumento para que se revoque la
condena costas comoquiera que el artículo 188 del CPACA estableció que,
en la sentencia, salvo en asuntos en que se ventile un interés público, se
dispondría de las costas.

2.4. Costas

58. Según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 salvo que se ventile un
interés público la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil. En ese orden, el artículo 365 del Código General del
Proceso consagra que se condenará en costas “a la parte vencida”.

59. La condena en costas es procedente porque la demandante fue la
parte vencida en el proceso. Frente a las agencias en derecho, de acuerdo
con lo establecido por la Sala30, en los términos del Acuerdo 1887 de 2003,
se fija la suma de 1 salario mínimo legal mensual vigente por agencias en
derecho. Esta suma mínima se impone comoquiera que el apoderado de la
parte demandada no intervino en esta instancia. De existir costas en virtud
de expensas y gastos sufragados durante el proceso, se procederán a
liquidar por Secretaría en el caso de que se hubieren causado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 7 de julio de 2014 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas por concepto de expensas y gastos a la
parte demandante las cuales deberán liquidarse por secretaría en caso de
haberse causado. Fijar por concepto de agencias en derecho la suma de
1 salario mínimo mensual legal vigente.

TERCERO: ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.

30 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Rad. 60485. Marzo 2 de 2022.

17 de 18

Radicación: 25000-2336-000-2012-00311-02 (52091)
Demandante: Eric Tremolada Álvarez y otra
Demandado: Nación-Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa –Ley 1437 de 2011-
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

18 de 18

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.