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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00538-02

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00538-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 12 de diciembre de 2022, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas por la segunda instancia a D&T Proyectos S.A.S. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en un (1) salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Las costas se liquidarán de manera concentrada en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según lo previsto en el artículo 366 del CGP. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2018-00538-02

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 25000233600020180053802 (69.580)
Demandante: D&T Proyectos S.A.S.
Demandado: Fondo de Desarrollo de Proyectos de
Cundinamarca – FONDECUN
Acción: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMA: EQUILIBRIO ECONÓMICO EN CONTRATOS NO SUJETOS AL EGCAP – El contrato no está sometido
al EGCAP. Por esta razón, no es aplicable el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, ni el artículo 5.1 ibidem - El artículo
868 del Código Comercio sí integra el contenido del contrato - Entre el artículo 868 del Código de Comercio y los
artículos 5.1 y 27 de la Ley 80 de 1993 existen diferencias insoslayables. Una de ellas es que, bajo la legislación
mercantil, la facultad del juez de reajustar el contrato depende de que se verifique la existencia de prestaciones
de futuro cumplimiento que se hayan tornado excesivamente onerosas.

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó las pretensiones de
la demanda.

La controversia versa sobre un contrato cuyo objeto era diseñar y construir la red de
detección y extinción de incendios en la planta de producción de la Empresa Licorera
de Cundinamarca. El contratista solicitó el reconocimiento de sumas adicionales al
precio pactado argumentando hechos imprevisibles, costos por mayor permanencia,
ejecución de actividades no previstas e incumplimientos atribuibles a la entidad
contratante.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. El 12 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
la siguiente decisión:

“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se fijan como agencias en derecho a favor del FONDO DE DESARROLLO
DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA (FONDECUN), en la suma de VEINTE
MILLONES DE PESOS MCTE ($20.000.000.oo), suma que deberá pagar la sociedad
D&T PROYECTOS S.A.S., una vez quede ejecutoriada esta providencia.

TERCERO: Por Secretaría de la Sección Tercera, NOTIFICAR esta decisión (…).

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por secretaria de la sección
los gastos ordinarios del proceso y en caso de remanentes devuélvanse al interesado, lo

Radicación: 25000233600020180053802 (69.580)
Actor: D&T Proyectos S.A.S.
Demandado: Fondo de Desarrollo de Proyectos de
Cundinamarca – FONDECUN
Referencia: Controversias contractuales

anterior de conformidad con lo establecido por los artículos 7 y 9 del Acuerdo N° 2552 de
2004 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura”1.

2. La anterior providencia resolvió la demanda presentada2 por D&T Proyectos
S.A.S. (en adelante, “D&T”) en contra del Fondo de Desarrollo de Proyectos de
Cundinamarca (en adelante, “FONDECUN”), cuyas pretensiones, hechos principales
y fundamentos de derecho son los siguientes:

Pretensiones

3. El demandante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe literalmente,
incluso con errores):

“PRIMERA. Se declare que se dio una ruptura del equilibrio económico del contrato en
contra de D&T PROYECTOS S.A.S. por el incumplimiento de FONDECUN y/o por hechos
sobrevinientes a la celebración del contrato no imputables por el contratista.

SEGUNDA: Como consecuencia se condene a la parte demandada al pago de la
actividad de pintura de redes principales, la cual le fue descontada de forma unilateral por
la interventoría y FONDECUN dentro del Acta de Entrega y Recibo del 31 de Noviembre
de 2016 la cual asciende a la suma de veintiséis millones quinientos ochenta y cuatro mil
quinientos cincuenta y siete pesos ($26.584.557,00) suma frente a la cual se deberán
reconocer intereses de mora o subsidiariamente se deberá actualizar desde la fecha en
que se dio el descuento, esto es 3° de Noviembre de 2016 hasta la fecha que se realice
el pago.

TERCERA: Como consecuencia se condene a la parte demandada al pago de trabajos
elaboración de nuevo diseños, en tanto contractualmente el contratista solo tenía
obligación de actualización los cuales ascienden a ciento ochenta y nueve millones
quinientos mil pesos ($189.500.000,00), suma frente a la cual se deberán reconocer
intereses de mora o subsidiariamente se deberá actualizar la misma desde la fecha de
aprobación por parte de la Interventoría hasta la fecha que se realice el pago.

CUARTA. Como consecuencia se condene a la parte demandada al pago del impacto
que tuvo la devaluación del peso frente al dólar por los materiales y equipos adquiridos
para la ejecución del proyecto, suma calculada en trescientos noventa millones quinientos
mil pesos ($396.500.000,), suma frente a la cual se deberán reconocer intereses de mora
o subsidiariamente se deberá actualizar la misma fecha de adquisición y/o compra hasta
la fecha que se realice el pago.

QUINTA: Como consecuencia se condene a la parte demandada al pago de la
administración por mayor tiempo de los trabajos, aspecto que asciende a la suma de dos
mil ochocientos millones ($2.800.000.000,00) suma frente a la cual se deberán reconocer
intereses de mora o subsidiariamente se deberá actualizar la misma desde la fecha del
acta de liquidación hasta la fecha que se realice el pago.

SEXTA: Como consecuencia se condene a la parte demandada al pago por las
consecuencias generadas para el contratista por la delimitación del alcance en perjuicio
de actividades ya desarrolladas, aspecto que asciende a la suma de seiscientos treinta y
ocho millones de pesos ($638.000.0000,00), suma frente a la cual se deberán reconocer
intereses de mora o subsidiariamente se deberá actualizar la misma desde la fecha del
Acta de Liquidación hasta la fecha que se realice el pago.

SEPTIMA: Como consecuencia se condene a la parte demandada al pago por las
consecuencias generadas para el contratista por la devolución y no pago de la factura

1
SAMAI Tribunal, índice 70.
2
La demanda se presentó el 31 de mayo de 2018 (Exp. digital, c1, p. 6).

2

Radicación: 25000233600020180053802 (69.580)
Actor: D&T Proyectos S.A.S.
Demandado: Fondo de Desarrollo de Proyectos de
Cundinamarca – FONDECUN
Referencia: Controversias contractuales

No. 126, lo cual generó al Contratista pagos de costos adicionales de almacenaje y otros
gastos en puerto correspondientes a importación de tuberías por valor de $79.904.825.
suma frente a la cual se deberán reconocer intereses de mora o subsidiariamente se
deberá actualizar la misma desde la fecha en que se generaron dichos costos hasta la
fecha que se realice el pago por parte de FONDECUN.

OCTAVA: Como consecuencia se condene a la parte demandada al pago de la suma de
sesenta y dos millones setecientos tres mil novecientos veintiún pesos ($62.703.921,00)
por concepto de intereses desde la terminación del contrato y hasta el pago de los valores
del Acta de Liquidación por parte de FONDECUN.

NOVENA: Se condene a la parte demandada al pago de costas procesales”3.

Hechos

4. En apoyo de sus pretensiones, el demandante hizo las siguientes afirmaciones4:

5. La Empresa de Licores de Cundinamarca (en adelante, “ELC”) requería adecuar
la infraestructura física de su propiedad para cumplir con las normas técnicas
aplicables y obtener la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Para
ese propósito, celebró el convenio interadministrativo de gerencia de proyectos 077
de 2013 con FONDECUN, al que le encomendó la administración integral de la
ejecución de los proyectos necesarios para ese fin5.

6. En desarrollo del convenio de gerencia de proyectos, FONDECUN llevó a cabo
dos procesos de contratación. El primero, identificado como proceso de selección IP-
007-2015, tuvo como propósito contratar la reposición y el mantenimiento de la
cubierta de las instalaciones de la ELC. Este proceso culminó con la celebración del
contrato No. 262 del 28 de abril de 2015 entre FONDECUN y DINACOL S.A. El
segundo proceso, identificado como IP-009-2015, buscaba actualizar la red
antiincendios de dichas instalaciones, lo que dio lugar al contrato de obra No. 308 de
2015 celebrado con D&T.

7. El contrato No. 308 de 2015 contempló dos etapas de ejecución. La primera fase
correspondió a la actualización de diseños, con una duración estimada de un mes y
un presupuesto de $44’201.259. La segunda etapa consistió en la ejecución de la
obra, con una duración prevista de dos meses y un presupuesto de $2.117’234.367.
La modalidad de pago acordada fue la de precios unitarios fijos sin fórmula de
reajuste.

8. El acta de inicio de la etapa de actualización de diseños se suscribió el 30 de
junio de 2015, mientras que la correspondiente a la etapa de obra se firmó el 10 de
agosto del mismo año. Posteriormente, el 30 de septiembre, debido a circunstancias
sobrevenidas durante el desarrollo del negocio jurídico, las partes acordaron
suspender el contrato mediante el Acta de Suspensión n.º 1. El contrato se reanudó
el 30 de octubre de 2015. El 9 de noviembre siguiente, las partes suscribieron la

3
Exp. digital, c1, pp. 2-3.
4
Exp. digital, c1, pp. 7-18
5
El objeto del contrato suscrito entre ELC y FONDECUN fue el siguiente: “Gerencia Integral para la
Ejecución del Proyecto Cumplimiento de Normas Técnicas Aplicables a la Infraestructura Física y
Requerimientos para la Certificación BPM para la Empresa de Licores de Cundinamarca”.

3

Radicación: 25000233600020180053802 (69.580)
Actor: D&T Proyectos S.A.S.
Demandado: Fondo de Desarrollo de Proyectos de
Cundinamarca – FONDECUN
Referencia: Controversias contractuales

prórroga n.º 1 que extendió en 33 días el plazo contractual, el cual venció el 12 de
diciembre de 2015.

9. El 25 de abril de 2017, el contrato se liquidó bilateralmente con múltiples
salvedades del contratista:

10. En primer lugar, se reservó el derecho a reclamar el pago de los costos asociados
a la elaboración de nuevos diseños. Al respecto, señaló que su obligación consistía
en actualizar unos estudios ya existentes para desarrollar la obra, pero la entidad
incurrió en una demora excesiva en la entrega de la información técnica, que además
resultó insuficiente. Por esta razón, D&T tuvo que realizar diseños nuevos del sistema
de detección y extinción de incendios, en lugar de una mera actualización. Estos
diseños fueron aprobados y recibidos por la interventoría, pero no se le pagaron al
contratista.

11. En segundo lugar, D&T dejó una salvedad en el acta de recibo de obra para
reclamar el pago de $26’584.557, monto que le fue descontado con fundamento en
una presunta falta de calidad de la pintura aplicada sobre las redes. El contratista
sostuvo que dicho descuento carecía de justificación técnica.

12. En tercer lugar, se reservó el derecho a reclamar los costos adicionales en que
incurrió por concepto de almacenaje, derivados de la devolución injustificada de la
factura No. 126, expedida el 14 de diciembre de 2015.

13. En cuarto lugar, D&T dejó a salvo su derecho a reclamar el pago de los
sobrecostos derivados de la variación de la tasa de cambio. Según el contratista,
entre el momento de presentación de la oferta y la expiración del plazo contractual,
la tasa representativa del mercado aumentó el 31,13%. Debido al elevado número de
materiales y equipos que debían ser importados, esta variación impactó
significativamente los costos y alteró el equilibrio financiero del contrato.

14. En quinto lugar, el contratista indicó que reclamaría el pago de los costos
asumidos para la adquisición de materiales y la ejecución de actividades no previstas
originalmente. D&T afirmó que estos ítems, identificados tras la elaboración de los
diseños, eran indispensables para completar las obras de actualización de la red de
detección y extinción de incendios. Asimismo, señaló que la insuficiencia del
presupuesto asignado al contrato fue informada en múltiples ocasiones y que
FONDECUN le infundió la confianza legítima de que el contrato sería modificado para
incluir estos costos adicionales.

15. En sexto lugar, D&T se reservó el derecho a reclamar el pago de los mayores
costos de administración en que incurrió, debido a que la ejecución de las obras se
prolongó por mucho más tiempo del previsto por razones que no le son imputables.

16. Por último, el contratista manifestó que también reclamaría el pago de los
intereses sobre el capital adeudado al vencimiento del plazo contractual, el cual sólo
podría facturar tras la firma del acta de liquidación bilateral. Según el contratista, la
suscripción de esta acta se retrasó por razones ajenas y no imputables a su
actuación.

4

Radicación: 25000233600020180053802 (69.580)
Actor: D&T Proyectos S.A.S.
Demandado: Fondo de Desarrollo de Proyectos de
Cundinamarca – FONDECUN
Referencia: Controversias contractuales

Fundamentos de derecho

17. D&T citó como fundamento de sus pretensiones jurisprudencia de esta
Corporación relacionada con el derecho del contratista a pedir la indemnización de
los perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones de las entidades
estatales y a obtener la compensación por la alteración del equilibrio económico del
contrato en razón de circunstancias imprevistas.

Contestación de la demanda6

18. FONDECUN contestó la demanda de forma extemporánea7.

Alegatos en primera instancia

19.Surtida la etapa probatoria8, la apoderada de D&T presentó alegatos de
conclusión en los que reiteró sus argumentos9.

20. FONDECUN también presentó alegatos de conclusión y planteó múltiples
argumentos10. Señaló que los hechos sobrevinientes alegados por D&T
correspondían a riesgos previsibles y asignados contractualmente al contratista,
quien debe soportarlos. En este sentido, afirmó que las omisiones o errores en la
oferta que no fueron advertidos oportunamente a FONDECUN deben ser asumidos
por D&T.

21. FONDECUN argumentó que los documentos precontractuales no limitaron las
actividades del contratista a la actualización de diseños, sino que incluían todas las
labores necesarias para que la red cumpliera la normativa técnica, siempre dentro de
la estimación presupuestal. Asimismo, señaló que entregó documentación técnica a
D&T, que los planos estuvieron a disposición de los oferentes y que el contratista
realizó una visita física antes de presentar su oferta. Además, destacó que durante
la ejecución contractual, D&T aceptó finalizar los diseños con la información
existente, sin dejar salvedades al entregarlos. Por último, FONDECUN planteó que
no se debía reconocer pagos adicionales por trabajos en los diseños, ya que no se
suscribió un contrato adicional, aclarando que las adiciones presupuestales eran
decididas por la ELC.

6
Exp. digital, c1, p. 26.
7
El auto admisorio de la demanda, del 13 de agosto de 2018, se notificó personalmente a FONDECUN
y al Ministerio Público el 26 de octubre de 2018 (Exp. digital, c1, p. 56-57). El término común de 25
días (art. 199.5 CPACA) venció el 5 de diciembre de 2018 (el 28 de noviembre hubo suspensión de
términos por paro judicial) y el traslado de 30 días (art. 172 CPACA) venció el 8 de febrero de 2019.
FONDECUN contestó la demanda el 26 de febrero de 2019 (Exp. digital, c1, p. 26), por lo que la
contestación fue extemporánea.
8
En la audiencia inicial del 06 de julio de 2021 (Exp. digital, Audiencia inicial) se decretaron como
pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación. Además, por solicitud de D&T
se decretaron los testimonios de Mario Nicholls (rendido en audiencia de pruebas del 7 de septiembre
de 2021 [Exp. digital, Audiencia de pruebas]), Jairo Fidel Castro (desistido) y José García (rendido en
audiencia de pruebas del 7 de septiembre de 2021 [Exp. digital, Audiencia de pruebas]). Por otra parte,
se decretó el dictamen pericial técnico solicitado por D&T, otorgando un mes a la parte actora para
aportarlo (no se tuvo en cuenta porque se aportó de forma extemporánea), y se aplazó la práctica del
dictamen económico al eventual incidente de liquidación de perjuicios, siempre que las pretensiones
prosperaran.
9
SAMAI Tribunal, índice 60.
10
SAMAI Tribunal, índice 59.

5

Radicación: 25000233600020180053802 (69.580)
Actor: D&T Proyectos S.A.S.
Demandado: Fondo de Desarrollo de Proyectos de
Cundinamarca – FONDECUN
Referencia: Controversias contractuales

22. Por otra parte, FONDECUN sostuvo que no debía pagar la factura No. 126, al no
haber sido aprobada por la interventoría. Igualmente, señaló que no le correspondía
asumir los supuestos costos adicionales de almacenaje, debido a que estos no fueron
acreditados. Además, justificó el descuento aplicado en la liquidación respecto de la
pintura, argumentando que dicho ítem no cumplió con los requisitos mínimos de
calidad establecidos.

23. La demandada también sostuvo que la devaluación del peso constituía un riesgo
previsto y asignado al contratista, y agregó que D&T no presentó soportes de los
pagos a proveedores extranjeros. Por otro lado, alegó la improcedencia del pago por
mayor permanencia argumentando que la extensión en la ejecución de la obra se
debió a que el contratista debía subsanar pendientes a la fecha de terminación,
ocasionados por la alta rotación y falta de personal durante la ejecución.

24. El Ministerio Público guardó silencio.

Alegatos en segunda instancia

25.FONDECUN no se pronunció respecto de la apelación (art. 247.4 CPACA). En
concordancia con los numerales 5º y 6º ibidem, no se corrió traslado para alegar de
conclusión dado que no se solicitaron pruebas. El Ministerio Público guardó silencio.

Los fundamentos de la sentencia impugnada11

26. Antes de analizar los siete asuntos objeto del litigio, el Tribunal precisó que no
valoraría el dictamen pericial técnico obrante en el expediente, dado que el
demandante lo presentó fuera del término judicial otorgado para aportarlo.

27. En cuanto al reconocimiento y pago de los costos asociados a la elaboración de
nuevos diseños, el Tribunal concluyó que no era procedente. Indicó que, desde antes
de la celebración del contrato, D&T sabía que no existía un diseño definitivo que
cumpliera con la normatividad aplicable sobre detección de incendios y conocía las
condiciones del sistema a intervenir. Por lo tanto, en su condición de profesional
debía dimensionar las actividades de diseño necesarias, incluyendo la posible
elaboración de un diseño nuevo. Además, si consideraba que la partida destinada a
remunerar dichas actividades era insuficiente, debió abstenerse de participar en el
proceso de contratación o presentar observaciones para que FONDECUN ajustara el
presupuesto.

28. Finalmente, el Tribunal señaló que no se aportó prueba de que el contratista
hubiera solicitado el pago de mayores costos por este concepto durante la ejecución
del contrato ni de que hubiera gestionado una adición para cubrir actividades no
previstas, lo cual era exigido para ejecutar esta clase de actividades.

29. En relación con el segundo punto del litigio, el descuento de $26’584.557 aplicado
en el acta de recibo de obra, el Tribunal concluyó que no es procedente el pago de

11
SAMAI Tribunal, índice 70.

6

Radicación: 25000233600020180053802 (69.580)
Actor: D&T Proyectos S.A.S.
Demandado: Fondo de Desarrollo de Proyectos de
Cundinamarca – FONDECUN
Referencia: Controversias contractuales

esta suma. Señaló que la interventoría, ante la negativa del contratista, practicó una
prueba de adherencia que evidenció la mala calidad de la pintura aplicada sobre las
redes principales, lo que justificó el descuento. Además, indicó que esta conclusión
técnica no fue desvirtuada con las pruebas aportadas por el demandante. Finalmente,
el Tribunal determinó que la decisión de aplicar el descuento no fue extemporánea,
puesto que, aunque previamente se había suscrito un acta parcial de obra que incluía
esta actividad, el recibo a satisfacción sólo se produjo con el acta de recibo de todas
las obras.

30. Respecto a los costos adicionales asumidos por el contratista por concepto de
almacenaje derivados de la devolución injustificada de la factura No. 126, el Tribunal
afirmó que el demandante no probó que el documento de cobro cumpliera con todos
los requisitos pactados en el contrato para que se generara la obligación de efectuar
el pago.

31. En cuanto al cuarto asunto litigioso, esto es, los sobrecostos derivados de la
variación no prevista de la tasa de cambio, el Tribunal señaló que el riesgo de
fluctuación de la tasa de cambio fue asignado contractualmente a D&T y no se probó
que los mayores costos derivados de dicha variación no estuvieran cubiertos por el
componente de imprevistos incluido en el AIU.

32. En relación con los costos asumidos para la adquisición de materiales y la
ejecución de actividades no previstas en el alcance inicial, el Tribunal concluyó que
no existen pruebas de que FONDECUN hubiera generado en D&T una confianza
legítima de que el contrato sería adicionado. Indicó, además, que FONDECUN no
tenía facultad para modificar libremente el presupuesto asignado al contrato por ser
competencia de la ELC. El Tribunal destacó que el contrato prohibía ejecutar ítems
no previstos sin la suscripción previa de un contrato adicional, lo que conllevaba a
que el contratista los asumiera por su cuenta y riesgo. Finalmente, indicó que los
materiales y equipos comprados anticipadamente permanecieron en poder del
contratista.

33. Respecto de los sobrecostos de administración en que debió incurrir D&T por la
mayor permanencia en obra, el Tribunal señaló que, con posterioridad a diciembre
de 2015, cuando se firmó el acta de terminación del contrato por vencimiento del
plazo, el contratista debió continuar ejecutando actividades constructivas hasta
finales de 2016, momento en que se suscribió el acta de recibo. No obstante, indicó
que estas actividades se debieron realizar como consecuencia de observaciones de
carácter técnico formuladas por la interventoría, cuya justificación técnica no fue
desvirtuada por el demandante. Por ello, negó esta pretensión.

34. Finalmente, frente a los intereses sobre el capital que no pudieron facturarse al
vencimiento del plazo contractual, el Tribunal negó su reconocimiento porque el pago
final estaba sujeto a la liquidación del contrato y ésta se retrasó ante la imposibilidad
de suscribir el acta de recibo de la obra, situación imputable a D&T.

7

Radicación: 25000233600020180053802 (69.580)
Actor: D&T Proyectos S.A.S.
Demandado: Fondo de Desarrollo de Proyectos de
Cundinamarca – FONDECUN
Referencia: Controversias contractuales

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

35. El demandante solicitó que se revoque la sentencia y, en su lugar, se acceda a
las pretensiones12. Antes de expresar los motivos de inconformidad, D&T manifestó
que no pudo allegar el dictamen técnico dentro del término judicial otorgado por el
Tribunal, debido a razones ajenas a su control. Asimismo, señaló que su solicitud de
que se decretara un dictamen financiero fue aplazada por el Tribunal para el trámite
de liquidación en concreto, con el argumento de que en caso de encontrar mérito a
las pretensiones se proferiría una condena en abstracto y dicha prueba se practicaría
durante el incidente de liquidación13. Por ello, D&T argumentó que el Tribunal no
podía justificar sus decisiones señalando que no se había probado la cuantía de los
perjuicios reclamados en la demanda.

36. El demandante se pronunció frente a cada una de las razones aducidas por el
Tribunal para negar las pretensiones declarativas e indemnizatorias, sobre las cuales
la Sala precisará su alcance al momento de abordar su estudio, con el fin de resolver
el recurso de apelación.

III. CONSIDERACIONES

37. Corresponde a la Sala resolver los reparos del apelante sobre los siete asuntos
litigiosos. Para mayor claridad expositiva, estos problemas se enunciarán al inicio de
cada uno de los apartados en los que se analizan individualmente tales reparos.

38. Antes de abordar los motivos de inconformidad del apelante, es necesario
precisar que el contrato celebrado entre FONDECUN y D&T no está sometido al
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (en adelante,
“EGCAP”). Según el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado que desarrollan actividades comerciales en competencia con
el sector privado, como FONDECUN, se rigen por las disposiciones legales aplicables
a sus actividades económicas y comerciales, y no están sometidas al EGCAP14. Lo

12
SAMAI Tribunal, índice 73.
13
El acta de la audiencia inicial indica textualmente frente al dictamen financiero: “DESPACHO:
Pregunta a la parte actora si este Dictamen es para aspectos exclusivamente cuantitativos. //
Demandante: Sostiene que sí, por cuanto es para que se revisen libros y toda la información comercial
que se tiene en la empresa relacionada con los sobrecostos y perjuicios. // DESPACHO: De acuerdo
con lo expuesto, y teniendo en cuenta que la finalidad de la prueba es cuantificar los perjuicios, lo
pertinente es aplazar su práctica, y en el evento que se cumplan los demás presupuestos (prosperidad
de las pretensiones), se dictará una condena in genere; caso en el cual, en el respectivo incidente
posterior a sentencia, se dispondrá sobre la misma. Se advierte, que no se está negando el medio de
prueba, simplemente el Despacho, aplazará el medio de prueba. // Demandante: Está de acuerdo. //
Demandada: Está de acuerdo. // Ministerio Público: Está de acuerdo. // En consecuencia, se
RESUELVE: PRIMERO: Se APLAZA la práctica del dictamen pericial de naturaleza cuantitativa que
solicitó la parte actora, a efectos de la demostración económica en materia de perjuicios. SEGUNDO:
En el evento de la prosperidad de las pretensiones, se proferirá sentencia in genere, con la finalidad
de tramitar el correspondiente incidente de liquidación de perjuicios, donde se desarrollará todo lo
relacionado con el dictamen pericial que ha sido aplazado”. El demandante no impugnó esta decisión
del Tribunal. Exp. digital, Audiencia inicial, Acta de audiencia inicial, p. 7.
14
El Decreto Ordenanzal 275 de 2008 creó el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca –
FONDECUN como una Empresa Industrial y Comercial del sector descentralizado del orden
departamental, altamente especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera
y patrimonio independiente, vinculado a la Secretaría de Planeación. El Decreto estableció que la
misión de FONDECUN sería la siguiente: “el impulso al desarrollo socioeconómico del Departamento
de Cundinamarca, a través de la preparación, evaluación, financiación de inversiones públicas

8

Radicación: 25000233600020180053802 (69.580)
Actor: D&T Proyectos S.A.S.
Demandado: Fondo de Desarrollo de Proyectos de
Cundinamarca – FONDECUN
Referencia: Controversias contractuales

anterior, sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función administrativa, la
gestión fiscal y del régimen de inhabilidades e incompatibilidades15.

39. El manual de contratación de FONDECUN aportado al proceso, que fijó tal
régimen, reprodujo lo dispuesto en el Decreto Ordenanzal 275 de 2008, modificado
por el Decreto 05 de 4 de enero de 2013, en el que se reitera que su actividad
contractual no está sometida al EGCAP:

“Los contratos que celebre el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca –
FONDECUN se regirán por lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 (…)
FONDECUN deberá aplicar en desarrollo de su actividad contractual, de acuerdo con su
régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de
que tratan los artículo 209 y 267, respectivamente, según sea el caso, y estará sometida
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la
contratación estatal

(…)

En todas las actuaciones y procedimientos contractuales que adelante FONDECUN serán
de obligatoria aplicación y cumplimiento los principios de transparencia, responsabilidad,
igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, economía, libre concurrencia, imparcialidad,
objetividad, publicidad y los demás señalados en los artículos 209 y 267 de la Constitución
Política, las disposiciones civiles y comerciales y lo establecido de manera especial y
particular en el presente Manual”16.

Los costos de elaboración del diseño

40. Frente a este primer asunto, D&T afirmó que la necesidad de elaborar un nuevo
diseño para la actualización de la red de detección y extinción de incendios sólo se
identificó después de celebrarse el contrato y que su obligación era actualizar los
diseños existentes proporcionados por la entidad contratante. Por lo tanto, se debe
establecer si, aun cuando el contratista —otrora oferente— pudiera haber advertido
la necesidad de elaborar nuevos diseños durante la etapa de formación del contrato,
la entidad está obligada a pagar un valor adicional por su elaboración, ya que definió
el alcance de las obligaciones limitándolas a la actualización.

41. La cláusula primera del contrato de obra No. 308 de 2015 estableció que su
objeto consistía en la “actualización de la red de detección y extinción de incendios
de las instalaciones de la Empresa de Licores de Cundinamarca, ubicadas en Cota”
17. Por otra parte, la cláusula séptima, relativa al plazo de ejecución, determinó que

habría una primera etapa de “actualización de diseños”, con una duración de un mes,
y una segunda etapa de construcción de la obra con un término de dos meses. En
línea con lo anterior, el capítulo III de la cláusula décima primera, sobre las

directas, estructuración, promoción y ejecución de proyectos, principalmente aquellos incluidos en los
objetivos del Plan Departamental de Desarrollo. Efectuar captaciones, la administración de recursos,
la asesoría y capacitación administrativa, financiera y presupuestal, de los entes territoriales
Departamental y locales, sus entidades descentralizadas, y demás clientes de naturaleza pública.
Igualmente adelantar operaciones de financiación para el desarrollo de proyectos públicos y realizar
operaciones sobre bienes muebles e inmuebles y con acreencias, prestando servicios de
racionalización, uso y maximización de las actividades financieras respecto de estos, que redunden
en beneficio de las entidades públicas del Departamento” (art. 4).
15
Ley 1150 de 2007, art. 13.
16
Exp. digital, c3, pp. 6-7.
17
Exp. digital, c3, p. 281.

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Radicación: 25000233600020180053802 (69.580)
Actor: D&T Proyectos S.A.S.
Demandado: Fondo de Desarrollo de Proyectos de
Cundinamarca – FONDECUN
Referencia: Controversias contractuales

obligaciones del contratista, estableció el personal mínimo que éste debía vincular
para la etapa de “actualización de estudios y diseños”: un director de consultoría, un
especialista en hidráulica y un especialista en sistemas eléctricos.

42. Las actividades concretas que D&T debía desarrollar en la etapa de
“actualización de diseños” se detallaron en el capítulo VI de la cláusula décima
primera denominada “obligaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos”:

“Adelantar la actualización de los diseños de la red de detección y extinción de incendios,
de conformidad con la normatividad técnica y legal aplicable, teniendo en cuenta como
mínimo lo siguiente:

• Recolección de información básica (planos arquitectónicos, de corte, distribución
eléctrica y equipos)
• Descripción del proyecto
• Listado de formulario a utilizar
• Definición del sistema de unidades a utilizar
• Definición de normas, códigos y estándar a utilizar
• Definición de sistemas de codificación de equipos e instrumentos
• Cálculos hidráulicos y cálculos eléctricos
• Determinación de la cantidad real de protecciones activas
• Ubicación preliminar de los equipos dentro de las instalaciones a proteger
• Trazado preliminar de rutas de tuberías
• Especificaciones de equipos y de elementos involucrados en el sistema
• Filosofía de la operación
• Listado de equipos planos y documentos
• Elaboración de planos P&D
• Plano de clasificación de áreas
• Plano de distribución de equipos
• Planimetrías con rutas preliminares de tuberías
• Definición de requisitos especiales para cumplir
• Elaboración del presupuesto del proyecto”18.

43. Por otra parte, en la cláusula décima segunda del contrato se establecieron las
obligaciones de FONDECUN: “1. Entregar al contratista la información técnica que le
haya entregado previamente la Empresa de Licores de Cundinamarca, para la
ejecución de la etapa de terminación de diseños. 2. Pagar el valor del contrato en la
forma y bajo las condiciones previstas. 3. Designar la Interventoría general del
contrato. 4. Formular las sugerencias por escrito sobre los asuntos que estime
convenientes en el desarrollo del contrato, sin perjuicio de la autonomía propia del
contratista”19.

44. El clausulado del contrato no estableció expresamente que la obligación de D&T
consistiera en tomar unos diseños previamente elaborados y suministrados por
FONDECUN para llevarlos a un nivel más avanzado de ingeniería, ya que en la
descripción de las actividades previstas para la etapa de diseños no se incluyó
ninguna referencia en este sentido20. Tampoco se estipuló que la entidad contratante

18
Exp. digital. c3, pp. 296-297.
19
Exp. digital, c3, p. 303.
20
El legislador reconoce la existencia de diferentes etapas de desarrollo o maduración en el diseño de
proyectos constructivos. Así, en la Ley 1682 de 2013 ―la cual se cita sólo con fines ilustrativos, pues
es aplicable a proyectos de infraestructura de transporte―, se distingue entre estudios de ingeniería
fase I, II y III: “Estudios de Ingeniería. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 1508 de 2012 y sus decretos
reglamentarios, las siguientes definiciones deben tenerse en cuenta en la preparación de los diversos
estudios de ingeniería que se adelanten para la ejecución de los proyectos de infraestructura: Fase 1.

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Cundinamarca – FONDECUN
Referencia: Controversias contractuales

debía entregar diseños a nivel de factibilidad (fase II) para que el contratista los
desarrollara hasta un nivel de detalle apto para ejecutar las obras de construcción
(fase III). De igual forma, no se impuso como obligación de FONDECUN garantizar
un nivel mínimo de maduración o calidad de los diseños que presuntamente debía
proporcionar a D&T, sino únicamente el deber de entregar la “información técnica”
previamente suministrada por la ELC.

45. No obstante, el contrato utilizó la expresión “actualización de los estudios y
diseños” para referirse al conjunto de actividades que debía ejecutar D&T, desde la
recolección de información básica hasta la elaboración de un presupuesto detallado
de cantidades de obra. Según el uso general de las palabras, el sustantivo
actualización podría interpretarse como la obligación del contratista de “poner al día”
o “darle actualidad”21 a unos diseños preexistentes de la misma obra, aunque éstos
no se mencionaron expresamente en el clausulado del negocio jurídico.

46. Aunque las cláusulas no son completamente explícitas en cuanto al alcance de
la obligación de D&T, sí es posible determinarlo a la luz de los documentos del
proceso de formación del contrato y sin limitarse únicamente a la literalidad de las
estipulaciones transcritas, como pretende el demandante. Esto se fundamenta en dos
razones. De un lado, las partes declararon en el parágrafo de la cláusula primera que
“la descripción técnica detallada y completa del proyecto está contenida en el
documento de estudios previos del proceso de selección”, mientras que en la cláusula
vigésimo cuarta establecieron que “hacen parte integral del presente contrato el
Estudio de Conveniencia y Oportunidad emitido por la subgerencia técnica de
FONDECUN para el proceso IP-009-2015 [y] el Documento de las reglas de
participación del proceso de convocatoria pública IP-009-2015”. De otro lado, así lo
dispone el artículo 1618 del Código Civil, según el cual, cuando se conoce claramente
la intención de los contratantes, debe estarse a ella sobre la literalidad de las
palabras.

47. El estudio previo de marzo de 2015, elaborado por la subgerencia técnica, indica
que FONDECUN celebró un contrato con Río Arquitectura e Ingeniería S.A., en virtud
del cual se realizó el diagnóstico de las condiciones de la red de detección y extinción
de incendios de la ELC y se identificó la necesidad de actualizar dicha red 22. En el
estudio previo se incluyó una descripción de la “etapa de diseño”, según la cual
“previo a la iniciación de las obras, el contratista deberá adelantar las actividades que
sean necesarias, a fin de realizar el diseño de la red de detección y extinción de
incendios existentes en las instalaciones de Cota – Cundinamarca, considerando
para ello el cumplimiento de la normatividad técnica y legal aplicable”. Por otra parte,

Prefactibilidad. Es la fase en la cual se debe realizar el pre diseño aproximado del proyecto,
presentando alternativas y realizar la evaluación económica preliminar recurriendo a costos obtenidos
en proyectos con condiciones similares, utilizando modelos de simulación debidamente aprobados por
las entidades solicitantes. (…) // Fase 2. Factibilidad. Es la fase en la cual se debe diseñar el proyecto
y efectuar la evaluación económica final, mediante la simulación con el modelo aprobado por las
entidades contratantes. Tiene por finalidad establecer si el proyecto es factible para su ejecución,
considerando todos los aspectos relacionados con el mismo (…) // Fase 3. Estudios y diseños
definitivos. Es la fase en la cual se deben elaborar los diseños detallados tanto geométricos como de
todas las estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el
proyecto”.
21
Estas son las dos primeras acepciones del verbo actualizar del DRAE.
22
Exp. digital, c3, p. 25.

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Referencia: Controversias contractuales

en el numeral 2.3, relativo al presupuesto oficial del proceso de contratación, se indicó
lo siguiente:

“FONDECUN realizó el presupuesto utilizando un estudio del mercado, a través de la
empresa consultora que adelantó el diagnóstico citado al inicio de este documento a
través del cual se identificaron de manera general las actividades a ejecutar con el fin de
cuantificar el presupuesto general del proyecto, sin embargo, y teniendo en cuenta que
no se cuenta con un diseño definitivo que cumpla en su totalidad con la normatividad
aplicable se consideró procedente estructurar el proceso de selección definiendo las
actividad mínimas necesarias para ejecutar el proyecto para efectos de pactar los precios
unitarios desde la presentación de la propuesta por parte de los oferentes”. (Énfasis
agregado)23.

48. A tono con la indicación sobre la “identificación general de las actividades a
ejecutar” realizada por Río Arquitectura e Ingeniería S.A, FONDECUN puso a
disposición de los interesados en el proceso de contratación un documento titulado
“Especificaciones del Diseño de Ingeniería Básica – Sistema Contra Incendio”,
fechado en marzo de 2015. En la introducción de este documento se precisó que su
alcance consistía en definir “el tipo y características principales del sistema contra
incendio que cubre las áreas de la planta”. Este documento presentó (i) la descripción
general del sistema de protección contra incendios; (ii) los “parámetros de diseño” del
sistema de extinción de incendios, incluyendo las premisas para el diseño y los
parámetros específicos del sistema de detección; y (iii) las especificaciones técnicas
del sistema de detección, alarma y extinción, que detallaban componentes como el
panel de control principal, panel de control secundario, fuente de poder auxiliar, luces
estroboscópicas, detectores de humo y temperatura, módulos de control, válvulas de
descarga, tuberías y accesorios de acero, cilindros de almacenamiento, entre otros24.

49. Así, no cabe duda de que en los estudios previos de la subgerencia de
FONDECUN se definió la necesidad técnica que se buscaba satisfacer a través del
contrato y el resultado que se pretendía obtener con su ejecución. Concretamente,
se establecieron las especificaciones técnicas que debían tenerse en cuenta tanto al
elaborar los diseños como al acometer las obras. Sin embargo, no se incluyó ni
suministró a los interesados un diseño (medio) para la consecución de tales
resultados, pues, como precisó el estudio previo, “no se [contaba] con un diseño
definitivo que cumpla en su totalidad con la normatividad aplicable” y, por ello, el
futuro contratista debía “adelantar las actividades que sean necesarias a fin de
realizar el diseño de la red”.

50. En desarrollo del proceso de contratación, el interesado BT Security S.A.S
formuló la siguiente solicitud de aclaración: “De acuerdo con la información expuesta
en este documento entendemos que el proceso requiere de la actualización del
estudio realizado por la empresa RIO ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A., por lo
tanto, solicitamos respetuosamente a la entidad para poder estudiar, analizar y
decidir nuestra participación, copias del diagnóstico final y planos que realizó la
empresa en mención”25.

23
Exp. digital, c3, p. 28.
24
Exp. digital, c3, p. 60-72.
25
Exp. digital, c3, p. 198.

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51. En el mismo sentido, otro interesado en la contratación, Incoldext S.A.S, formuló
una solicitud para que FONDECUN aclarara el alcance de las obligaciones del futuro
contratista argumentando que “no es claro en el documento el alcance que tendrá la
labor de diseño, pues en varias partes se indica que será una actualización mientras
que en otras se habla de un diseño de cero. Por tanto solicitamos se expida una
aclaración que aborde el tema dejando claro el estado de la red existente y sus
diseños y si se cuenta o no con una ingeniería para la ampliación que se debe instalar
y en cuyo caso estas sea publicada en las hojas membretes de la empresa que la
desarrolló”26.

52. FONDECUN dio la misma respuesta a estas dos observaciones en documento
del 30 de marzo de 2015:

“En este sentido, se aclara a los interesados que el alcance del proyecto no contempla la
actualización del diagnóstico adelantado por la empresa RIO ARQUITECTURA E
INGENIERÍA S.A., pues este diagnóstico general determinó la necesidad de actualizar la
red de detección y extinción existentes en las instalaciones de la ELC en Cota. Por esta
razón, se contempló en el alcance del contrato que se derive de este proceso de selección
la actualización de la red, desde los diseños de conformidad con la normatividad aplicable
hasta la ejecución de las obras correspondientes. En este sentido, el proponente
seleccionado iniciará el contrato con una etapa de actualización de la red existente, de
conformidad con las condiciones actuales en sitio y proponer el diseño necesario para el
cumplimiento de la normatividad y propendiendo por no superar el presupuesto oficial
estimado, pasando de allí, previa aprobación de la interventoría, a la ejecución de la etapa
de obra” (Énfasis añadido)27.

53. La respuesta de FONDECUN clarificó varios aspectos a los interesados. En
primer lugar, el diagnóstico técnico de la red contraincendios elaborado por Río
Arquitectura e Ingeniería —el cual no reposa en el expediente— no constituía un
diseño para ejecutar las obras de actualización conforme a las especificaciones
técnicas definidas por la entidad. Este documento sirvió para identificar la necesidad
de realizar dichas tareas y establecer las especificaciones generales. Por esta razón,
la actividad del futuro contratista no consistía en actualizar este diagnóstico.

54. En segundo lugar, FONDECUN también dejó claro que el contratista tendría la
obligación de elaborar el diseño necesario para cumplir con las especificaciones
técnicas. La expresión “actualización de diseños” —utilizada en la minuta del
contrato— no significaba, entonces, que el contratista debía tomar unos diseños
previamente elaborados y suministrados por la entidad para llevarlos a un nivel más
avanzado de ingeniería, sino que el ejecutor debía elaborar el diseño como la primera
actividad comprendida en la “actualización de la red existente”.

55. Según el numeral 2.2 del documento titulado “Reglas de Participación” de la
convocatoria pública IP-009-2015, los documentos del proceso de contratación
incluían los estudios y documentos previos, la minuta del contrato, las observaciones
realizadas por los interesados y las respuestas emitidas por FONDECUN 28. Al
presentar su propuesta, D&T declaró en la carta de presentación: “hemos estudiado
las reglas de participación definitivas y demás documentos del proceso de selección,

26
Exp. digital, c3, p. 222.
27
Exp. digital, c3, p. 199.
28
Exp. digital, c3, p. 87.

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así como las condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la
oferta, y aceptamos todos los requerimientos establecidos en dicho documento”29.

56. De esta manera, D&T aceptó que su obligación consistía en elaborar los diseños
bajo las condiciones precisadas por FONDECUN. Estas condiciones excluían la
existencia de diseños previos suministrados por la entidad para ser evolucionados a
un nivel más avanzado de ingeniería, ya que FONDECUN aclaró que el contratista
debía “adelantar las actividades que sean necesarias, a fin de realizar el diseño de la
red de detección y extinción de incendios existentes en las instalaciones”. Por tanto,
no procede una reclamación por pago de los costos asociados a la elaboración de
estos diseños, pues dicha labor era una obligación contractual del contratista y ésta
no se limitó al reajuste de un diseño suministrado por la entidad contratante.

57. La conclusión anterior se afianza al reparar en el parágrafo segundo de la
cláusula tercera del contrato, que estableció: “FONDECUN no reconocerá ningún
reajuste solicitado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o
actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del Contrato y que
fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta”30. D&T no solo
podía prever, sino que conocía a ciencia cierta, que las actividades del componente
de diseño no consistirían en ajustar un diseño suministrado por FONDECUN.

58. Tras conocer la respuesta de la entidad del 30 de marzo de 2015 a las
observaciones de BT Security e Incoldext S.A.S., D&T presentó el 6 de abril siguiente
una solicitud para aplazar la fecha máxima de presentación de propuestas 31.
Además, otro interesado le solicitó a FONDECUN revisar el porcentaje del anticipo
aduciendo que de las respuestas de la entidad y “lo que se pudo observar
técnicamente en la visita llevan a que las labores de ingeniería se deban presupuestar
o costear no como una actualización o labor menor sino como diseño completo”32. En
consecuencia, la obligación de elaborar un “diseño completo” no puede considerarse
como no pactada, menos aún imprevista. Por lo tanto, no procede el reajuste del
precio pactado.

59. El deber de información, como señala la doctrina, “no puede comprender la
conveniencia del negocio, toda vez que la mayor o menor conveniencia, es decir, el
mayor o menor provecho del negocio, está dentro del juego normal de la contratación.
Cada cual tiene la carga de valorar, por sí mismo, la conveniencia del contrato que
celebra, y así, soportar el riesgo de una valoración equivocada, a menos que el error
sea el resultado del dolo de la contraparte”33. En este contexto, D&T debía analizar
la suficiencia de la información proporcionada por la entidad y su incidencia en los
costos asociados a la etapa de elaboración de diseños. Era una obligación del
contratista, como experto, “adelantar las actividades que sean necesarias a fin de
realizar el diseño de la red”, pues, tal y como se ha reseñado, la entidad dejó claro

29
Exp. digital c3, p. 248.
30
Exp. digital, c3, p. 87.
31
Exp. digital, c3, p. 232.
32
Exp. digital, c3, p. 241.
33
C. Massimo Bianca. (2007). Derecho Civil No 3. El contrato. Publicaciones Universidad Externado
de Colombia, pp. 183 – 184.

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que no consistía simplemente en la actualización del diagnóstico elaborado por Río
Arquitectura e Ingeniería S.A.S.

60. De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que no es atendible el reparo
formulado por el apelante a la sentencia impugnada, ya que éste se basa en el
desconocimiento del alcance de la obligación de diseño asumida por D&T. Dado que
la prestación era elaborar el diseño necesario para cumplir las especificaciones
técnicas, primera actividad comprendida en la “actualización de la red existente”, D&T
debe asumir por su cuenta y riesgo los costos en que hubiera incurrido para ese fin.
La decisión de desestimar el reparo no se basa en la ausencia de una cuantificación
de los perjuicios o compensaciones solicitadas por el demandante, sino en la falta de
demostración de los demás elementos necesarios para la prosperidad de una
pretensión de responsabilidad contractual.

El descuento practicado a D&T por la calidad de la pintura

61. En relación con este segundo asunto, corresponde establecer si la entidad estatal
incumplió su obligación de pagar de forma completa el precio del contrato al practicar
un descuento de $26’584.557 por la falta de calidad de la pintura aplicada a las redes
principales, sin un soporte técnico que lo justificara. La Sala aclara que no examinará
la oportunidad en que se practicó este descuento. La sentencia de primera instancia
concluyó que dicho descuento no fue extemporáneo, pues —aunque se había
pagado un acta parcial que incluía este ítem— la oportunidad para aplicarlo se
extendía hasta el acta de recibo definitivo de la obra, en la que se verificaba su
conformidad técnica.

62. Frente a esta conclusión, por lo demás sustentada en el parágrafo segundo de la
cláusula sexta del contrato, el apelante se limitó a reiterar que el descuento fue
extemporáneo, sin atacar las bases del razonamiento del Tribunal 34. Por lo tanto,
como no se controvirtió el fundamento de la decisión sobre la oportunidad del
descuento, la Sala no abordará este asunto.

63. La cláusula quinta del contrato 308 de 2015 estableció que el sistema de pago
de las obras sería el de precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. Por su parte, la
cláusula tercera estipuló que los pagos de la etapa de obra se realizarían mediante
actas mensuales, previa verificación y aceptación de las cantidades ejecutadas por
parte de la interventoría. El parágrafo segundo de la cláusula sexta fijó el
procedimiento para efectuar la liquidación de las actas parciales en los siguientes
términos:

34
De acuerdo con los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de
segunda instancia está limitada a los reparos concretos formulados por el apelante en el recurso. En
esta línea, la Sala ha sostenido que la carga de sustentación que debe cumplir la parte recurrente no
se satisface con una simple manifestación de inconformidad con la decisión impugnada, ni con la mera
petición de que esta sea revocada. La ley exige que se controviertan los fundamentos de hecho y/o
de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en los aspectos que se consideren desfavorables
a los intereses del apelante. Esto no solo implica que la decisión sea adversa a quien interpone el
recurso, sino que existan razones o motivos claramente expuestos en el escrito de apelación que
permitan concluir que la decisión de primera instancia no fue acertada. Al respecto, ver: C.E., Secc.
Tercera, Sub. A., exp. 57788, sep. 29/2023.

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“Las Actas de pago parcial de obra serán liquidadas de acuerdo con la medición de obras
ejecutadas. FONDECUN cancelará el valor del acta una vez se cumplan con (sic) los
requisitos establecidos en el contrato. Las actas parciales de obra, contienen la ejecución
del avance de la misma en la periodicidad pactada en el contrato o diferentes al acta de
recibo final de la obra, éstas y su pago tienen un carácter provisional en lo que se refiere
a la cantidad y calidad de la obra pre-aprobada, estas entregas no tiene el carácter de
definitivo, ni certifican a satisfacción por parte del interventor, ni de FONDECUN la
ejecución de las actividades ejecutadas por EL CONTRATISTA, tan solo constituyen la
prueba y respaldo del avance de las obras y de su pago; razón por la cual, el pago de las
mismas por parte de FONDECUN, no significa el recibo definitivo a satisfacción.

El Interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones, ampliaciones, reducciones
o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él y deberá indicar el
valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no cumplan con las
especificaciones técnicas de las obras objeto del contrato, a efecto de que FONDECUN
se abstenga de pagarlas o compensarlas con cuentas futuras a EL CONTRATISTA hasta
que el Interventor dé el visto bueno. La ejecución de las actividades será aprobada y
recibida en su totalidad en el acta de recibo de la obra, razón por la cual, hasta ese
momento la interventoría y/o FONDECUN se reservan el derecho de solicitar a EL
CONTRATISTA la adecuación, ajustes o correcciones de las actividades que no se
encuentren en las condiciones esperadas y contratadas para ser recibidas. Ningún
documento que no sea el Acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras,
podrá considerarse como constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato”
(Énfasis agregado)35.
64. De acuerdo con esta cláusula, (i) las actas parciales y sus pagos son
provisionales frente a la calidad y cantidad de obra; (ii) el pago de estas actas no
implica un recibo a satisfacción por parte de la interventoría ni de FONDECUN, sino
una aprobación preliminar de las actividades realizadas; (iii) el interventor tiene la
facultad de ajustar las actas parciales en cortes de obra posteriores, para excluir o
compensar el pago de actividades que no cumplan con las especificaciones técnicas;
y, (iv) sólo con el acta de recibo de obra se entiende que las actividades han sido
aceptadas y recibidas a satisfacción.

65. La cláusula en cuestión habilitaba a FONDECUN a descontar montos
previamente pagados al contratista cuando la interventoría determinara que las
actividades correspondientes no cumplían con las especificaciones técnicas. Esta
facultad se alineaba con otras estipulaciones contractuales que obligaban al
contratista a garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados36.

66. Aunque es indiscutible que FONDECUN estaba facultada para aplicar
descuentos, resulta necesario verificar si esta atribución fue ejercida conforme a las
condiciones pactadas, es decir, si el descuento se fundamentó en el incumplimiento
de las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

67. Desde la etapa precontractual se informó a los interesados sobre las
especificaciones técnicas que debía cumplir la pintura de la tubería37. Durante la
ejecución de la obra, las bitácoras registraron que el contratista realizó actividades

35
Exp. Digital, c3, pp. 285-286.
36
Cláusula decimoprimera, núm. 25 de las obligaciones de carácter general (Exp. digital, c3, p. 290) y
núm. 3 de las obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de
construcción (Exp. digital c3, p. 296).
37
Exp. digital, c3, p. 70

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de pintura en múltiples ocasiones38. Los informes de seguimiento de obra de 27 de
enero, 22 de febrero, 11 de marzo y 18 de marzo de 2016, también evidencian que
D&T realizó permanentemente trabajos de retoque de pintura39. Sin embargo, en el
informe del 11 de marzo de 2016, la interventoría advirtió la presencia de problemas
de oxidación y deficiencias en la adherencia de la pintura en varias zonas de la red
de tubería. Ante esta situación, solicitó a D&T la realización de pruebas para evaluar
la adherencia y espesor de la pintura, recalcando su importancia para la protección
de la tubería40. Esa solicitud fue reiterada en el informe del 18 de marzo del mismo
año41.

68. En el expediente reposa una comunicación en la que se señala que, ante la falta
de realización de las pruebas de adherencia y espesor por parte del contratista —que
simplemente se limitó a hacer retoques en la pintura—, la interventoría gestionó la
contratación de una prueba técnica42. El informe resultante reveló problemas de
calidad de la pintura en varios puntos de la obra, registró desprendimientos del 95%
por la falta de adherencia y señaló que los recubrimientos utilizados no cumplían con
las especificaciones para la protección de tubos de acero43. Ante estos hallazgos, el
experto que llevó a cabo la prueba técnica recomendó la remoción de la pintura en
mal estado, la aplicación de procedimientos específicos de preparación y la
colocación de un nuevo revestimiento que garantizara la adecuada adherencia del
material44.

69. Aunque el apelante afirmó que no hubo un soporte idóneo que justificara el
descuento por la mala calidad de la pintura, en el plenario muestra todo lo contrario.
La prueba técnica realizada por un tercero que evidenció los anotados defectos de
adherencia y espesor. Estos resultados no fueron desmentidos por D&T durante la
ejecución del contrato ni fueron desvirtuados en el proceso con las pruebas que
reposan en el expediente45. En consecuencia, la Sala concluye que FONDECUN sí
tenía un fundamento técnico suficiente para aplicar el descuento.

70. Debido a los resultados de la prueba de adherencia, el 30 de septiembre de 2016
la interventoría informó a FONDECUN que no era posible dar por recibida a
satisfacción la actividad de pintura dados los defectos detectados 46. No obstante,
debido a que la actividad ya había sido pagada, el interventor precisó que lo que
procedía era efectuar el descuento correspondiente en el acta de recibo final, de
acuerdo con el parágrafo segundo de la cláusula sexta47. Para determinar el monto
del descuento, la interventoría tuvo en cuenta los siguientes factores:

38
Exp. digital, c4, pp. 96-97; c4, p. 133.
39
Exp. digital, c4, p. 193; c5, pp. 119-121; c4, 185; c4, p. 179.
40
Exp. digital, c4, pp. 185 y 186.
41
Exp. digital, c4, p. 183.
42
Exp. digital, c4, p. 24
43
Exp. digital, c4, pp. 25-28.
44
Exp. digital, c4, pp. 25-28.
45
SAMAI Tribunal, índice 70. De acuerdo con los artículos 117 y 173 del CGP, en concordancia con
el 212 del CPACA, el dictamen técnico no puede ser apreciado al haberse aportado cuando había
precluido la oportunidad para hacerlo, esto es, el término judicial concedido por el Tribunal al efecto.
En todo caso, este dictamen no trató el asunto sobre la justificación técnica del descuento.
46
Exp. digital c4, p.29.
47
Exp. digital c4, p. 17.

17

Radicación: 25000233600020180053802 (69.580)
Actor: D&T Proyectos S.A.S.
Demandado: Fondo de Desarrollo de Proyectos de
Cundinamarca – FONDECUN
Referencia: Controversias contractuales

“i. La cantidad de tubería principal en diámetros desde 4" a 8", a la que se le ha pagado
pintura en los cortes 1 y 2 corresponde a 1.109,8 metros. (sic) Los cuales serían
descontados en su totalidad.
ii. En materiales se estima que se requerirían 8 copas de pulir esmeriladas de 5"x2", lo
cual da un rendimiento por metro de tubería de 0,005 copas/m.
iii. El rendimiento de pulir la tubería se toma del mismo rendimiento de pintar de cada uno
de los APU presentados por el Contratista.
iv. Para esta actividad se requeriría un técnico y un ayudante, cuyo valor de mano de
obra se toma de los APU presentados por el Contratista.
v. El transporte de Equipos y Materiales corresponde al mismo valor de cada uno de los
APU presentados por el Contratista.
v. Se consideró el APU de aseo a realizar por el ayudante, como una labor extra a la de
pulir.
vi. Se consideró el alquiler de una sección de andamio para la remoción de pintura en
tubería colgante de 6" y 8" al interior de la bodega.
vii. La disposición de escombro resultante, corresponde al costo de disposición en un
sitio autorizado en material removido, lo que equivale a un viaje de material”48.

71. El cálculo del descuento incluyó un subtotal de costos directos de $19’988.369,
al que se añadió el componente del AIU, resultando en un total de $26.584.55749.
Esta suma se descontó del valor de las actividades de obra validadas en el acta de
entrega y recibo final de la obra50.

72. Aunque el contrato no detalló el método para cuantificar el valor a descontar por
los trabajos que no cumplieran con las especificaciones técnicas, la Sala considera
que FONDECUN y la interventoría se ciñeron a los parámetros que emanan de la
naturaleza de las obligaciones (Código Civil, art. 1603) y de la modalidad de pago
convenida (precios unitarios sin fórmula de reajuste). En efecto, para determinar
monto a descontar, la interventoría se basó en los análisis de precios unitarios
previamente presentados por el mismo contratista para la actividad de pintura 51. La
entrega de este documento era una de las obligaciones previstas en el capítulo VIII
de la cláusula octava, la cual establecía que, para los distintos fines previstos en el
contrato, D&T debía “presentar antes del inicio de las obras, los Análisis de Precios
Unitarios que dan soporte a la oferta económica presentada durante el proceso”52.
Además, en el expediente no hay pruebas técnicas que desvirtúen la corrección del
cálculo de este descuento.

73. En consecuencia, la Sala concluye que el reparo del apelante no es atendible.
FONDECUN ejerció adecuadamente su facultad de aplicar descuentos por las
actividades defectuosamente ejecutadas por el contratista. El presupuesto
contractual que habilitaba este descuento se satisfizo, dado que se probaron
técnicamente los problemas de adherencia y espesor de la pintura. Estos hallazgos,
que evidenciaron el incumplimiento de las especificaciones técnicas previstas en el
contrato, no fueron desvirtuados por D&T durante la ejecución del contrato ni en el
curso del proceso judicial. Así, la decisión de desestimar el reparo no se basa en la
ausencia de una cuantificación de los perjuicios o compensaciones solicitadas por el

48
Exp. digital c4, pp. 17-18.
49
Exp. digital c4, pp. 19-23.
50
Exp. digital, c4, pp. 7-8.
51
Exp. digital, c4, pp. 17-23.
52
Exp. digital, c4, p. 298.

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Radicación: 25000233600020180053802 (69.580)
Actor: D&T Proyectos S.A.S.
Demandado: Fondo de Desarrollo de Proyectos de
Cundinamarca – FONDECUN
Referencia: Controversias contractuales

demandante, sino en la falta de demostración de los demás elementos necesarios
para la prosperidad de una pretensión de responsabilidad contractual.

Los costos derivados de la devolución de la factura 126

74. En cuanto a este tercer asunto, corresponde determinar si el acta de recibo de la
obra acredita —como afirma el apelante— que se cumplieron las condiciones
necesarias para que se efectuara el pago de la factura No. 126 y, en consecuencia,
si FONDECUN debe asumir los costos de almacenaje derivados de su devolución
injustificada.

75. La cláusula tercera del contrato reguló la forma de pago distinguiendo dos etapas
de ejecución: (i) la etapa de diseño, cuyo valor total se pagaría contra la entrega de
los diseños aprobados por la interventoría, y (ii) la etapa de obra, en la que se acordó
un pago del 90% del valor mediante actas mensuales parciales, previa verificación
de las cantidades de obra por parte de la interventoría. El 10% restante se cancelaría
en un plazo de 30 días contados desde la firma del acta de liquidación.

76. El parágrafo primero de la cláusula tercera dispuso que FONDECUN efectuaría
los desembolsos dentro de los diez días siguientes a la radicación de las facturas, las
cuales debían acompañarse de los siguientes documentos:

“- Acta de recibo a satisfacción.
• Certificado de cumplimiento de aportes a la Seguridad Social y Parafiscales.
• Informe de actividades o actas de recibido.
• Registro fotográfico (antes y después con formatos entregados por Fondecun).
• Certificación Bancaria.
• Acta de certificación y autorización de pago por parte de la interventoría.
• Formato de la Orden de desembolso diligenciado” (Énfasis añadido)53.

77. El 12 de diciembre de 2015, fecha en que expiró el plazo de ejecución, se realizó
el corte parcial de obra No. 2. No obstante, para ese momento el contratista aún tenía
actividades pendientes por completar. Ante esta situación, el interventor y D&T, con
el aval del gerente del proyecto de FONDECUN, acordaron dividir el pago de las
actividades realizadas en dos facturas: (i) la No. 125, por el 80% del valor, cuyo
desembolso fue autorizado de inmediato por el interventor, y (ii) la No. 126, por el
20% restante, cuya autorización quedó condicionada a la ejecución de las actividades
pendientes, que el contratista se comprometió a atender en el término de una
semana54. La factura No. 125 fue presentada con los anexos correspondientes y fue
pagada por FONDECUN55.

78. En cuanto a la factura No. 126, en el expediente obra una comunicación de
FONDECUN dirigida a D&T, con fecha del 30 de diciembre de 2015, en la que la
entidad estatal informó que devolvía la factura debido a que “el valor relacionado en
la orden de desembolso [del interventor] no coincide con el valor total de la factura”56.
Esta manifestación fue reiterada por la entidad estatal en comunicación del 9 de

53
Exp. digital, c3, p.282
54
Exp. digital, c4, p. 204.
55
Exp. digital, c6, pp. 165-189.
56
Exp. digital, c6, p. 219.

19

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Demandado: Fondo de Desarrollo de Proyectos de
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Referencia: Controversias contractuales

febrero de 201657. Adicionalmente, este hecho fue reconocido por D&T en una
comunicación radicada ante la entidad contratante el 12 de febrero siguiente, en la
cual refiere que FONDECUN devolvió el documento por la discordancia en los
valores58.

79. En el expediente no obra la factura No. 126 ni los documentos que se
acompañaron a ésta, incluida la orden de desembolso emanada de la interventoría.
Por tanto, la Sala no puede constatar si efectivamente había una diferencia entre los
valores establecidos en la autorización de desembolso de la interventoría —que era
uno de los documentos exigidos contractualmente para efectuar el pago— y el monto
incorporado en la factura radicada. El acta de recibo final de la obra, suscrita en
noviembre de 2016, tampoco acredita que este soporte se hubiera allegado
debidamente ni que fuera consistente con el documento de cobro, pues el acta ni
siquiera mencionó la factura 12659.

80. Para que la Sala accediera al reconocimiento pretendido, el contratista tenía que
probar que aportó todos los soportes en debida forma —incluida la orden de
desembolso vigente de la interventoría— y, en consecuencia, que FONDECUN no
tenía una justificación válida para abstenerse de pagar la factura No. 126. Sin
embargo, D&T no cumplió esa carga probatoria, por lo que el reparo formulado en la
apelación no es atendible.

81. Adicionalmente, a partir de los documentos del expediente, la Sala concluye que
no está probada una relación causal entre el presunto incumplimiento de
FONDECUN —devolución injustificada de la factura— y el perjuicio alegado por D&T
—sobrecostos de almacenaje—. En la demanda, D&T afirmó que la devolución de la
factura 126 le representó “costos adicionales de almacenaje y otros gastos en puerto
correspondientes a la importación de tuberías por valor de $79.904.825” 60. Sin
embargo, no se acreditó de qué manera el retardo en el pago de una obligación
dineraria incrementó los costos de almacenaje de los bienes adquiridos por el
contratista después de la terminación del plazo contractual, momento para el cual
D&T ya debía haber adquirido —e instalado— las tuberías contempladas en el
alcance físico del contrato. Esta consideración, que también impide acoger el reparo
del apelante, no versa sobre la cuantía del perjuicio, sino sobre su existencia y
vinculación causal con la conducta de FONDECUN.

82. Por último, la Sala no desconoce que el apelante expresó haber intentado radicar
una factura de reemplazo tras la devolución de la factura No. 126 y que la
interventoría se negó a recibir oportunamente los documentos necesarios para emitir
una nueva autorización de desembolso61. Sin embargo, dicho análisis excede el
objeto del litigio, pues la pretensión del contratista —pretensión 7ª de la demanda—
se limitó exclusivamente a la factura No. 126. Por las anteriores razones, la Sala no
modificará la decisión adoptada por el Tribunal sobre este punto del litigio para
ampliarlo a otra factura.

57
Exp. digital, c6, p. 216.
58
Exp. digital, c6, pp. 217-218.
59
Exp. digital, c4, pp. 7-27.
60
Exp. digital, c1, p. 19.
61
Exp. digital, c6, pp. 217-218.

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Los sobrecostos derivados de la fluctuación de la tasa de cambio

83. Frente a este cuarto asunto, corresponde a la Sala determinar si debe
restablecerse el equilibrio económico del contrato debido a la magnitud de la variación
de la tasa de cambio entre la presentación de la propuesta y la expiración del plazo
contractual. Según el apelante, esta variación (31,3%) no fue considerada por el
Tribunal y sus efectos no quedaron regulados por la matriz de riesgos del contrato ni
cubiertos por los precios unitarios propuestos por el contratista.

84. En el documento denominado “Formato 07 oferta económica presupuesto oficial

para evaluación ajustado” —con base en el cual D&T presentó su propuesta— se
incluyó un grupo de ítems denominados “equipos importados de extinción con FM” y
“equipos importados de detección”62. Los documentos del expediente también
señalan que, en julio de 2015, iniciando la ejecución del contrato, D&T informó una
“situación que presenta un desequilibrio económico contractual”, por las siguientes
razones: “nuestro contrato tiene una gran afectación ya que casi en un 100% de
nuestros productos son de importación y vemos cómo de la fecha de adjudicación el
dólar oscila entre el $2.389 a la fecha de hoy que presenta niveles superiores a
$2.640”63.

85. Como se indicó, el contrato celebrado entre FONDECUN y D&T no está sometido
al EGCAP. Por esta razón, no es aplicable el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 que
establece que “[e]n los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia
entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según
el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien
resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas
necesarias para su restablecimiento”. Tampoco es aplicable el artículo 5.1, que
señala que los contratistas “tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración
les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no
pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los
contratistas”.

86. El artículo 868 del Código Comercio sí integra el contenido del contrato. Según
este enunciado legal, cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o
imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva,
periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo
de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, el deudor
podrá pedir su revisión. De verificarse este supuesto fáctico, el juez procederá a
examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si
ello es posible, los reajustes que la equidad indique; en caso contrario, decretará su
terminación.

87. Entre el artículo 868 del Código de Comercio y los artículos 5.1 y 27 de la Ley 80
de 1993 existen diferencias insoslayables. Una de ellas es que en la legislación
mercantil la facultad del juez de reajustar el contrato depende de que se verifique la
existencia de prestaciones de futuro cumplimiento que se hayan tornado

62
Exp. digital, c2, pp. 99-100; c3, p. 255-256.
63
Exp. digital, c6, pp. 11; cuaderno 4, pp. 140.

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excesivamente onerosas. Como señaló recientemente la Corte Suprema de Justicia,
“[e]l cambio sobreviniente de circunstancias, en el marco del Derecho Privado, no
excusa el incumplimiento, ni habilita el cobro de débitos pasados, sino que modifica,
de manera prospectiva, un acuerdo de voluntades preexistente. En ese sentido, no
cabe ejercer la acción judicial cuando el contrato ya ha terminado, pues al suceder la
extinción de ese vínculo relacional, carecería de objeto realizar cualquier ajuste de
las prestaciones a futuro”64.

88. D&T solicitó que, a título de restablecimiento del equilibrio económico del contrato

de obra, se ordene a FONDECUN pagar una suma adicional al precio pactado,
argumentando una supuesta excesiva onerosidad para el cumplimiento de sus
prestaciones por la depreciación del peso colombiano frente al dólar americano. Esta
pretensión es improcedente bajo el artículo 868 del Código de Comercio, ya que las
prestaciones se consumaron y el contrato se terminó, por lo que no existe una
prestación de futuro cumplimiento susceptible de revisión. Además, el régimen
aplicable a este contrato no contempla ninguna disposición que otorgue
expresamente al contratista el derecho a que se garantice el mantenimiento de la
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de
proponer o de contratar.

89. La Sala no desconoce que, en su momento, la Corte Suprema de Justicia sostuvo

en obiter dictum que “reclamada la revisión antes y hecho reserva expresa la parte
afectada al instante de cumplir la prestación excesiva o desequilibrada, no debe
soportarla y tiene derecho a obtener el reajuste, desde luego, no a través de la
imprevisión, sino de las otras vías consagradas por el ordenamiento jurídico”65.
Tampoco desconoce que en sentencias recientes de otras Subsecciones —también
en obiter dictum— se ha planteado que el análisis de pretensiones de
restablecimiento del equilibrio económico en contratos estatales no sometidos al
EGCAP debe considerar los “principios de justicia contractual y buena fe [pero] no
puede limitarse, única y exclusivamente, a las reglas específicas reguladas en el
Código de Comercio para la revisión de los contratos mercantiles -art 868 del C.Co”66.

90. Sin embargo, la ausencia de una norma que garantice la preservación del equilibrio

económico de los contratos no sometidos al EGCAP —más allá de lo dispuesto en el
artículo 868 del Código de Comercio, que no otorga tal derecho como precisó la Corte
Suprema de Justicia67—, carece de relevancia para este caso68. Esto se debe a que
D&T asumió el riesgo cambiario, como se analizará a continuación.

64
C.S.J, Casación Civil, Sent. SC1360-2024, jul. 12/2024 [Consideración 2.4.4.].
65
C.S.J, Casación Civil, Sent. 2006- 00537-01, nov. 22/2011 [fundamento jurídico 2].
66
C.E., Secc. Tercera, Sub. C, exp. 44807, jun. 17/2024 [Consideración 32].
67
“La manifestación práctica más relevante de esa divergencia se da en el propósito de la acción
judicial que puede ejercitar el contratante afectado: en el régimen de contratación estatal, le es lícito
pedir una compensación por las prestaciones ejecutadas, lo que, incluso, permitiría que se discuta el
desequilibrio económico de un contrato Radicación n.º 11001-31-03-011-2015-00575-01 47 liquidado.
En cambio, el Derecho Privado solo habilita el reajuste del pacto, o su resolución, en ambos casos
con efectos ex nunc –hacia el futuro–; de ahí que, extinguido el vínculo jurídico entre los contratantes,
el cambio sobreviniente de circunstancias pierde su razón de ser”. C.S.J, Casación Civil, Sent.
SC1360-2024, jul. 12/2024 [Consideración 2.4.4.]. En el mismo sentido, ver: C.E., Secc. Tercero, Sub.
A, exp. 58485, ago. 30/2022 y exp. 67.304, sep. 27/2024.
68
Se trataría de una norma implícita, porque no puede afirmarse que el derecho a que se preserve el
equilibrio económico de contratos no sometidos al EGCAP corresponde al significado de una
disposición legal vigente en Colombia. Además, sería resultado de un razonamiento no deductivo. En

22

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91. En el numeral 6.2.5 del estudio previo, que es un documento que hace parte del

contrato según su cláusula vigésimo cuarta, se asignó al contratista el riesgo
financiero, que se describió así: “eventos relacionados con las variaciones de las
tasas de interés, de las tasas de cambio, del costo de los insumos con precio no
regulado, así como las variaciones salariales no ordenadas por el Gobierno Nacional,
de los costos de transporte de personas o insumos y, en fin, con todas aquellas
situaciones del mercado internacional (…) que incidan en el costo del proyecto”69.
Las partes no definieron un umbral a partir del cual el contratista quedaba liberado
de soportar los efectos del riesgo; por el contrario, según el estudio previo, “el daño
que resulte de la concreción del riesgo deberá ser asumido por la parte a la cual le
fue asignado, de tal manera que si afecta directamente su patrimonio deberá
soportarlo integralmente”70.

92. De acuerdo con los documentos del expediente, D&T no presentó observaciones

ni comentarios respecto a la distribución de riesgos del contrato. En contraste, uno
de los interesados, Incoldext S.A.S., advirtió durante el proceso de contratación que
“el incremento de los precios de materiales ha sufrido un cambio en un alto porcentaje
debido al alza de la TRM. Por lo tanto, esta variación no debe ser asumida sino por
el cliente final que desea hacer la obra y debe considerar las condiciones actualizadas
del mercado”71. FONDECUN no accedió a modificar la asignación de riesgos
establecida en el contrato. Por consiguiente, además de evidenciarse la tendencia
alcista de la divisa, lo cual relativiza la imprevisibilidad de esta variación, D&T aceptó
asumir el riesgo y retener integralmente los efectos de su materialización, tal como lo
establece el numeral 12 de su propuesta:

“Declaro asimismo que: (…) [C]onozco detalladamente y que he hecho todas las
averiguaciones necesarias para asumir los riesgos sociales, normativos, climáticos,
ambientales y técnicos que la ejecución del contrato me demande y, en consecuencia,
manifiesto que asumo los resultados económicos de los mismos, igualmente
manifestamos que conocemos y aceptamos el anexo referente a la matriz de riesgos en
su integridad”72.

93. El oferente que asume un riesgo debe calcular la probabilidad de su ocurrencia y

su impacto sobre los flujos esperados para determinar el costo de asumir dicha
contingencia y establecer el valor de su oferta. Por esta razón, el precio propuesto
debe reflejar la asunción de riesgos, ya que su distribución busca que la parte que
los asuma soporte los efectos de su materialización. Así, los riesgos asignados
forman parte de la equivalencia subjetiva de las prestaciones en un contrato
conmutativo (Código Civil, art. 1498).

efecto, el derecho de los contratistas que celebran negocios jurídicos con entidades estatales no
sometidas al EGCAP a que se garantice el mantenimiento de “la igualdad o equivalencia entre
derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar” no está lógicamente
implícito en las premisas del razonamiento: los principios jurídicos de la buena fe, la justicia contractual
o la proscripción del enriquecimiento sin causa. Cfr. Ricardo Guastini, Interpretar y argumentar,
traducido por Silvina Álvarez (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 2014), pp. 165-166.
69
Exp. digital, c3, p. 55.
70
Exp. digital, c3, p. 54.
71
Exp. digital, c3, p. 242.
72
Exp. digital, c3, p. 249.

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94. La materialización de un riesgo asignado no altera esta equivalencia, pues se

entiende que su ocurrencia y sus efectos ya estaban contemplados en la ecuación
que definió dicha equivalencia a partir de la estructuración de los precios. Esto es aún
más claro en el presente caso, donde (i) se pactó que D&T asumiría “integralmente”
los efectos de la fluctuación de la tasa de cambio y (ii) no son aplicables los artículos
4 de la Ley 1150 de 2007 y 24 (núm. 5, lit. e) de la Ley 80 de 1993, que
respectivamente hacen referencia a la asignación de “riesgos previsibles” y prohíben
la “formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada”.

95. En conclusión, no procede ordenar el pago de sumas adicionales al precio pactado

por la variación de la tasa de cambio, ya que no se cumplen los supuestos para aplicar
el artículo 868 del Código de Comercio y, además, el contratista asumió integralmente
el riesgo cambiario. Así, la decisión de desestimar el reparo no se basa en la ausencia
de una cuantificación de los perjuicios o compensaciones solicitadas por el
demandante, sino en la improcedencia legal y contractual de reclamar en este caso
una compensación económica adicional por prestaciones ya ejecutadas, respecto de
las cuales se alegó una mayor onerosidad.

Las actividades ejecutadas por fuera del alcance inicial

96. En relación con este quinto asunto, corresponde determinar, de acuerdo con lo
afirmado por el apelante, si FONDECUN estaba obligada a reconocer los costos de
los materiales adquiridos y las actividades ejecutadas fuera del alcance inicial, al ser
la única contratante de D&T con la competencia para adicionar el contrato y haber
generado en el demandante una confianza legítima respecto de dicha adición.

97. La cláusula sexta del contrato estableció lo siguiente:

“CLÁUSULA SEXTA, MAYORES CANTIDADES DE OBRA, ACTIVIDADES
ADICIONALES NO PREVISTAS (…) ACTIVIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS:
Son obras no previstas aquellas necesarias para el cumplimiento del objeto contractual o
técnicamente conveniente u oportuno [sic], no pactadas desde el inicio del contrato. Si
durante el desarrollo de la obra surge la necesidad de ejecutar ítems o actividades de
obra no previstos contractualmente, EL CONTRATISTA los deberá ejecutar, previa
celebración del contrato adicional correspondiente. La necesidad de ejecutar los nuevos
ítems de obra será determinada por FONDECUN, previo concepto de la interventoría.

(…)

PARÁGRAFO TERCERO: Le está prohibido al contratista ejecutar actividades
adicionales no previstas en el contrato sin que previamente se haya suscrito el respectivo
contrato adicional. Cualquier actividad que ejecute sin la celebración previa del
documento contractual será asumida por cuenta y riesgo del contratista, de manera que
FONDECUN no reconocerá su costo”73 (Énfasis añadido).

98. De conformidad con esta estipulación, el contratista tenía prohibido ejecutar
actividades adicionales no previstas en el contrato, a menos que previamente se
hubiera firmado un acuerdo adicional. Las partes sujetaron la modificación del
contrato a una solemnidad convencional, lo cual es plenamente válido en los
contratos sometidos al derecho común en virtud del principio de autonomía de la

73
Exp. digital, c3, pp. 284-286.

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voluntad (Código Civil, arts. 1858 y 1979). Por ello, en caso de que D&T ejecutara
actividades adicionales sin cumplir con esta formalidad, los asumiría por su cuenta y
riesgo, y no habría lugar a su reconocimiento por parte de FONDECUN.

99. Desde el inicio de la ejecución, D&T advirtió que, debido al estado de la red, sería
necesario incluir nuevos ítems para cumplir con el objeto contractual74. Sin embargo,
durante el desarrollo del contrato, las partes no suscribieron ningún acuerdo solemne
que modificara los términos pactados. En el expediente tampoco reposa ningún
documento emanado de FONDECUN en el que expresamente hubiera solicitado a
D&T la ejecución de ítems adicionales a los previstos en el contrato. Conforme a lo
pactado en la cláusula sexta del contrato, esta razón es suficiente para negar el
reconocimiento de los costos reclamados por D&T por la adquisición de materiales
que estaban por fuera del alcance del contrato.

100.En una de las comunicaciones que reposan en el expediente, D&T afirmó que
durante la reunión del 29 de octubre de 2015 la gerencia de FONDECUN le confirmó
que se realizaría una adición al contrato por un valor aproximado de $1’100.000.000,
la cual se formalizaría más adelante75. Sin embargo, al analizar el acta de dicha
reunión, la Sala observa que la única referencia al tema de la adición fue la siguiente:
“FONDECUN aclara al contratista y la interventoría que la adición no tiene anticipo,
ya que el anticipo tiene como finalidad financiar la iniciación del mismo” 76. Esta
mención no permite concluir que las partes acordaron verbalmente la ejecución de
actividades adicionales —acuerdo verbal que en todo caso no tendría efecto por la
ausencia de la solemnidad convencional— ni que se especificaron cuáles serían
dichas labores.

101.La conclusión anterior se afianza al reparar en la comunicación de la interventoría
del 3 de noviembre de 2015, en la que se puso de presente que el contratista no
entregó la información necesaria para estudiar y tramitar la adición77. Esto reafirma
que para ese momento —3 de noviembre de 2015— no se había perfeccionado un
acuerdo sobre la realización de actividades adicionales. Además, el testigo Mario
Antonio Nicholls, gerente técnico de D&T, reconoció expresamente que no se
aprobaron los recursos para adicionar el contrato, precisando que se refería tanto a
FONDECUN como a la ELC78.

74
Exp. digital, c6, pp. 7-8.
75
En escrito del 10 de diciembre de 2015, D&T señaló: “En reunión efectuada en las oficinas de
Fondecun con presencia de la Gerente General, la asesora Jurídica y el Director del Proyecto por
parte de Fondecun representantes de la Interventoría y el Ing. Mario Nicholls y el Ing. Cristian
Mondragón por parte del Contratista, el 29 de Octubre de 2015, atendiendo la convocatoria citada en
el numeral anterior, se confirma por parte de la Gerente de Fondecun que se haría una adición al
contrato por valor aproximado de 1.100.000.000, la cual estaría lista en la siguiente semana. La
solicitud de adición fue formalizada en dicha reunión por parte del Contratista al presentar el
presupuesto de las obras a ejecutar en dicha adición, así como el tiempo de ejecución de 45 días
calendario el cuál fue confirmado por el Ing. Mario Nicholls a todos los asistentes de dicha reunión”
(Exp. digital, ANEXOS DEMANDA, prueba documental 3 parte II, p. 14) En otro documento, fechado
el 18 de enero de 2016, el contratista manifestó: “se nos notificó una ampliación al valor contractual
por parte de la gerencia de FONDECUN en comité donde participa interventoría, FONDECUN y D&T,
y tan solo se notifica a última hora, faltando escasos días de terminar el contrato, que no amplía el
valor ni la existencia del tiempo del contrato” (Exp. digital, c4, p. 67).
76
Exp. digital, ANEXOS DEMANDA, prueba documental 2, p. 79.
77
Exp. digital, c5, p. 56.
78
Exp. Digital, audiencia de pruebas, minuto 1:06:35 a 1:07:00.

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Radicación: 25000233600020180053802 (69.580)
Actor: D&T Proyectos S.A.S.
Demandado: Fondo de Desarrollo de Proyectos de
Cundinamarca – FONDECUN
Referencia: Controversias contractuales

102. El principio de confianza legítima está estrechamente relacionado con la
denominada ‘teoría de los actos propios’, la cual impide a las partes de una relación
jurídica adoptar comportamientos incoherentes o contradictorios que resten efectos
jurídicos a una conducta anterior, en aras de salvaguardar el postulado de buena fe79.

103.D&T no probó un comportamiento contradictorio por parte de FONDECUN frente
a la eventual suscripción de una adición. Como se explicó, no está demostrado que
la entidad estatal hubiera desplegado una conducta jurídicamente relevante y eficaz
en el sentido de (i) eliminar la solemnidad convencional exigida para el
perfeccionamiento de adiciones contractuales, (ii) ordenar la ejecución de actividades
adicionales o (iii) llegar a un acuerdo verbal sobre los ítems que D&T habría de
ejecutar. Por tanto, la negativa al pago de los costos reclamados por el contratista no
constituye el ejercicio de un derecho subjetivo en forma contradictoria con un
comportamiento anterior ni vulnera el deber de buena fe. Simplemente refleja la
aplicación de las reglas contractuales relativas a las actividades no previstas, las
cuales permanecieron sin modificaciones.

104. En conclusión, el hecho de que el contratista hubiera adquirido materiales para
ejecutar ítems no previstos en el contrato constituye una desatención de lo pactado
en el contrato, ya que se estableció expresamente que estaba prohibida su ejecución
sin incluirlos previamente mediante una modificación contractual solemne. El efecto
jurídico de esta inobservancia está pactado en el mismo contrato: FONDECUN no
debe realizar ningún reconocimiento y el contratista tiene que asumir por su cuenta
tales costos. En consecuencia, la Sala no encuentra atendible el motivo de
inconformidad expresado por el apelante sobre este punto del litigio. Así, la decisión
de desestimar el reparo no se basa en la ausencia de una cuantificación de los
perjuicios o compensaciones solicitadas por el demandante, sino en la falta de
demostración de los demás elementos necesarios para la prosperidad de una
pretensión de responsabilidad contractual.

Los costos indirectos por mayor permanencia en obra

105.En cuanto a este sexto asunto, corresponde a la Sala determinar si, como planteó
el apelante, los requerimientos técnicos formulados a D&T antes de la firma del acta
de entrega y recibo final —que habrían generado una mayor permanencia de
recursos administrativos del contratista— carecían de justificación técnica, por lo que
FONDECUN debe pagar los sobrecostos asociados.

106. En el expediente está probado que el plazo de ejecución contractual se extendió
hasta el 12 de diciembre de 2015, debido a la suspensión No. 1 y a la prórroga No.
180. No obstante, el acta de entrega y recibo final de la obra se suscribió hasta el 31
de noviembre de 201681.

79
Sobre el particular, la doctrina explica que la teoría de los actos propios impone “un límite al ejercicio
de un derecho subjetivo con el fin de obtener, en las relaciones jurídicas, un comportamiento
consecuente de las personas y el respeto del principio de la buena fe” M. Bernal (2012). La doctrina
de los actos propios y la interpretación del contrato. Colección de doctorado en ciencias jurídicas.
Grupo Editorial Ibáñez.
80
Exp. digital, c3, p. 286; c3, p. 221; c3, p. 226.
81
Exp. digital, c4, pp. 7-29.

26

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Actor: D&T Proyectos S.A.S.
Demandado: Fondo de Desarrollo de Proyectos de
Cundinamarca – FONDECUN
Referencia: Controversias contractuales

107.El 12 de diciembre de 2015, el contratista y el interventor suscribieron el acta de
terminación del contrato, en la que se dejó constancia de que D&T “no cumplió con
el objeto contratado en el plazo establecido” 82. En la misma fecha, las partes firmaron
el acta No. 02, en la que se detallaron las actividades pendientes necesarias para
alcanzar el cumplimiento del objeto contractual, que el contratista se comprometió a
desarrollar en un plazo máximo de una semana.

108.El acta No. 02 del 12 de diciembre de 2015 señala que se realizó un recorrido por
la obra para evaluar los trabajos ejecutados por D&T. Según este documento, en el
recorrido se evidenció la existencia de varias labores pendientes a cargo del
contratista, las cuales eran necesarias para cumplir a cabalidad el objeto contractual:

“- Realizar muestra de soporte de hidrante monitor para aprobación y presentación del
APU.
• Instalar todas las tapas soldadas de los soportes pedestal de la red perimetral externa.
• Realizar abrazaderas en cambios de dirección y nivel con el fin de amarrar la tubería
externa perimetral.
• Terminar retoque de pintura de la red perimetral exterior.
• Soldar los cachos de los pedestales que se cortaron para la alineación de la red
perimetral externa.
• Se realizará la consulta a ANSUL sobre el traspaso de recipiente de la espuma y se
pasará el debido procedimiento para revisión y aprobación de la INTERVENTORÍA, a fin
de ubicar los tanques de espuma junto a los monitores de las partes altas.
• Colocar soporte pedestales a las tees y válvulas de la red perimetral exterior.
• Completar arriostamientos en tuberías principales del sistema contra incendio de los
edificios administrativos y subgerencia técnica.
• Adicionar dos rociadores cerca de la puerta principal del edificio de administración.
• Instalar tramo de 5 metros lineales de tubería de 8" en estado suroriental.
• Realizar retoques de pintura de tubería de 8" en el interior de bodega.
• Realizar instalación de 4 codos en punto de rociador en el hall de laboratorios frente a
la puerta para esquivar tubos eléctricos.
• Subir soporte de rociador que está por debajo del cielo falso de los laboratorios.
• Realizar pruebas hidrostáticas de tramos instalados red perimetral externa y principal
interna.
• Falta la instalación de la red externa hasta las siamesas.
• Instalación de ramales de las áreas de fabricación.
• Falta instalación de ramales en lucarnas”83.

109.Adicionalmente, el acta No. 02 de 2015 incluyó otras observaciones de la
interventoría, como la solicitud de conectar los totes de espuma por la parte inferior
del tanque, la necesidad de culminar la nivelación y alineación de la red perimetral
exterior, y la falta de continuidad en varios tramos de la red perimetral interna84.

110. Las actividades pendientes que se relacionaron en el acta No. 02 de 2015
estaban comprendidas dentro del objeto del contrato 308 de 2015. En efecto, el
principal componente del sistema de extinción de incendios era la red de tuberías
(ítems 11 a 30 de la oferta económica), que incluía la instalación de nuevos tramos y
ramales, la soldadura de pedestales (soportes), el uso de abrazaderas, los
arriostamientos y la pintura de las tuberías.

82
Exp. digital, c4, pp. 2-3.
83
Exp. digital, c4, pp. 4-5.
84
Exp. digital, c4, pp. 4-5.

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Referencia: Controversias contractuales

111.Asimismo, el contrato comprendía la correcta instalación de los tees (ítems 31 a
33, 48 a 54, 63 a 67 y 79 a 91), los codos (ítems 40 a 47, 58 a 62 y 92 a 96) y las
válvulas (ítems 146 a 164 y 170-171). De igual forma, incluía el adecuado
posicionamiento del recipiente de espuma (ítems 182 a 184 y 2.1.1 a 2.1.4), del
agente extintor del sistema y de los rociadores (ítems 172 a 176 y 178).

112.Por último, el contrato contemplaba la instalación del hidrante tipo petrolero (ítem
181) y su correspondiente monitor, los cuales fueron entregados en el acta parcial de
obra No. 2 (ítem 181.2). Asimismo, incluía la elaboración de la "muestra de soporte
de hidrante monitor" y la realización de pruebas hidrostáticas de toda la red (numeral
10.8.2085).

113. En este contexto, la Sala concluye que la inclusión de estas actividades
pendientes en el acta No. 2 estaba justificada, dado que su ejecución se había
previsto en la oferta presentada por el contratista para garantizar la entrega funcional
y completa del sistema antiincendios. Estas actividades coinciden plenamente con el
listado de labores pendientes remitido por el interventor a FONDECUN, lo que
confirma que, hasta ese momento, la interventoría no formuló exigencias que
excedieran las obligaciones contractuales asumidas por D&T86. Esta conclusión se
refuerza al considerar que el contratista no dejó salvedades en el acta No. 2, sino que
reconoció y aceptó que estaban pendientes dichas actividades. En virtud de ello, D&T
se comprometió voluntariamente a ejecutarlas y entregarlas a más tardar el 19 de
diciembre de 2015, a pesar de que el plazo de ejecución contractual ya había
expirado.

114.Corresponde ahora determinar si, durante el periodo en que se extendió la
ejecución de las obras más allá del plazo contractual, la interventoría formuló
requerimientos técnicos que por carecer de justificación habrían impedido que el acta
de entrega y recibo final se suscribiera en una fecha anterior.

115.En el plenario obra una comunicación del 16 de febrero del 2016 en la que el
interventor expuso al contratista las razones técnicas por las cuales no podía recibir
determinadas actividades pendientes, explicando los defectos y aportando las
correspondientes evidencias fotográficas87. Asimismo, la interventoría manifestó a
D&T que las razones que adujo para cuestionar su decisión de no recibir las obras
carecían de sustento técnico, puesto que se limitaron a describir la ejecución del
contrato, por lo que no había razones técnicas frente a las cuales el interventor se
pudiera pronunciar88. De acuerdo con el contrato, la interventoría podía válidamente
formular estas observaciones y rehusarse a recibir partes de la obra hasta tanto no
cumplieran con los estándares mínimos de calidad fijados convencionalmente o que
no se ajustaran a las normas técnicas de referencia89. Esto no implicaba un
“constreñimiento ilegal”, sino la aplicación de lo pactado por las partes.

85
Exp. digital, c3, p. 71.
86
Exp. digital, c5, pp. 178-182.
87
Exp. digital, c5, pp. 126-166.
88
Exp. digital, c5, pp. 118-125.
89
Exp. digital, c3, pp. 299-300.

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Cundinamarca – FONDECUN
Referencia: Controversias contractuales

116.En el expediente también reposan comunicaciones de febrero, mayo, agosto y
septiembre de 2016 en las que la interventoría explicó las razones técnicas por las
cuales era necesario que el contratista realizara ciertas pruebas, por lo demás
exigidas en el contrato, al margen de que D&T hubiera aportado certificaciones del
fabricante encaminadas a prescindir de esos estudios90. El material probatorio
también muestra que para los meses de junio y julio de 2016 la interventoría señaló
varios reparos en la documentación presentada por D&T para el recibo final de la
obra, cuya pertinencia tampoco fue discutida por el contratista91.

117.La razonabilidad técnica de los requerimientos formulados por la interventoría,
enmarcados dentro de sus atribuciones contractuales, es un aspecto que exige
conocimientos especializados para su elucidación. Por ende, este asunto debía ser
objeto de un dictamen pericial (CGP, art. 226). En el expediente no hay pruebas que
desvirtúen su fundamento técnico —ni siquiera el dictamen aportado
extemporáneamente trató el asunto—. Por lo tanto, la Sala no encuentra probado que
la mayor permanencia en obra fuera atribuible a actuaciones de la interventoría o
FONDECUN sin justificación técnica.

118. En todo caso, desde una perspectiva contractual —y no de la ingeniería—, la
Sala advierte que los documentos del expediente acreditan que la interventoría se
limitó a verificar el cumplimiento de las actividades pendientes descritas en el acta
No. 02 de 2015, las cuales estaban comprendidas en el objeto del contrato. En efecto,
las comunicaciones enviadas por el interventor al contratista en enero, febrero, marzo
y mayo de 2016 demuestran que las exigencias a D&T con posterioridad a la
finalización del plazo contractual versaban únicamente sobre actividades pendientes
a cargo del contratista92.

119. Las comunicaciones emanadas del contratista en este período también respaldan
el anterior aserto: las exigencias de la interventoría y las actividades ejecutadas
estaban enmarcadas en el alcance del contrato. En el expediente reposa una
comunicación enviada por D&T a FONDECUN el 21 de julio de 2016, en la que se
detalló el estado de todas las actividades pendientes93. Esta comunicación es anterior
a las del 22 de julio94 y 12 de agosto95 del mismo año, en las que el contratista pidió
la liquidación del contrato y remitió el dossier final de documentos para dicha
liquidación. De lo anterior se infiere que las actividades enunciadas por D&T en la
comunicación del 21 de julio de 2016 corresponden a las labores ejecutadas por el
contratista tras la suscripción del acta de terminación (12 de diciembre de 2015), lo
que se corrobora con las bitácoras de obra de ese periodo de tiempo 96.

120.En la citada comunicación del 21 de julio de 2016, el contratista agrupó las
actividades desarrolladas haciendo referencia a cuatro actas diferentes (11 de

90
Exp. digital, c5, pp. 116-117; c5, pp. 83-85; c5, pp. 100-101; c5, pp. 86-89.
91
Exp. digital, c5, pp. 94-99; c5, pp. 90-91.
92
Exp. digital, c5, pp. 205-215; c5, pp. 167-164; c5, pp. 108-111; c5, pp. 106-107.
93
Exp. digital, c6, pp. 85-93.
94
Exp. digital, c6, pp. 94-95.
95
Exp. digital, ANEXOS DEMANDA, prueba documental 3 parte II, pp. 160 y ss.
96
Exp. digital, ANEXOS DEMANDA, prueba documental 2, pp. 17-26

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diciembre de 201597, 18 de enero, 18 de febrero y 28 de marzo de 2016), cuyo
contenido se pasa a analizar.

121.El contratista asoció las siguientes actividades al acta del 11 de diciembre de
2015: (i) terminar el retoque de pintura en el costado oriental de la red exterior; (ii)
corregir el soporte del rociador que está por debajo del cielo falso del laboratorio; (iii)
consultar con ANSUL sobre el traspaso de la espuma; (iv) realizar pruebas
hidrostáticas de los tramos instalados de red perimetral externa e interna; (v)
consultar sobre la instalación de ramales en las lucarnas; (vi) realizar conexión de
totes en la parte inferior; y, (vii) presentar el APU del hidrante corregido según la
comunicación AG-542_COM-EXT-077-16. Estas actividades corresponden a las
mismas detalladas en el acta No. 02 del 12 de diciembre de 2015, las cuales estaban
comprendidas en el objeto contractual.

122. Por otra parte, D&T vinculó las siguientes actividades al acta del 18 de enero de
2016: (i) presentar el APU del hidrante corregido según la comunicación AG-
542_COM-EXT-077-16; (ii) terminar el retoque de pintura pendiente en el costado
oriental; (iii) realizar prueba hidrostática de 5 metros de tubería en el costado sur-
oriental sobre la fachada; (iv) consultar sobre instalación de ramales en las lucarnas;
y, (v) realizar conexión de totes por la parte inferior. La Sala advierte que se trata de
los mismos pendientes y que estas labores se incluyeron en el Acta No. 02 del 12 de
diciembre de 2015 por tratarse de obligaciones a cargo del contratista.

123.En esta acta del 18 de enero de 2016, D&T alegó que se le estaban exigiendo
obligaciones adicionales o con un alcance diferente al acordado en el acta de
terminación del 12 de diciembre de 201598. Sin embargo, al comparar el contenido
de ambas actas, la Sala encuentra que las actividades son las mismas. Por tanto, los
requerimientos de la interventoría no constituían nuevas obligaciones, sino que
buscaban garantizar la entrega satisfactoria de los trabajos pendientes, cumpliendo
con los estándares de calidad establecidos en el contrato.

124.D&T vinculó las siguientes actividades al acta del 18 de febrero de 2016: (i)
registro de prueba hidrostática; (ii) documento de soporte de modificación de
alimentación de rociadores; y, (iii) planos as-built con ajuste de puntos de rociador
coordinado con lámparas. La primera actividad —pruebas hidrostáticas—
correspondía a un ítem previsto en la oferta del contratista (10.8.20). La segunda
actividad también se enmarcaba en el objeto del contrato, porque (i) la entrega de los
soportes de alimentación de rociadores formaba parte de las obligaciones de
información establecidas en el contrato (cláusula 11ª, cap. 8, núm. 4.a), y (ii) era
necesaria para verificar que el sistema cumpliera con las normas técnicas del
estándar internacional NFPA 13, que era una de las especificaciones técnicas
exigidas por el contrato99. Por último, la entrega de los planos de las obras "tal como
fueron construidas" también estaba contemplada en el contrato. Según la misma
cláusula 11ª, al finalizar la ejecución debían entregarse “los planos record de obra,
aprobados por la interventoría” (cláusula 11ª, cap. 8, núm. 4.c). Además, dichos
planos servían de referencia para futuros trabajos de mantenimiento y reparación.

97
La fecha indicada por D&T es imprecisa, pues el acta es del 12 de diciembre.
98
Exp. digital, c4, pp. 61-71.
99
Exp. digital, c3, p. 299.

30

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125. Finalmente, D&T vinculó las siguientes actividades al acta del 28 de marzo de
2016: (i) corrección de pintura levantada en puntos del costado oriental; (ii)
documentación de pruebas hidrostáticas de las redes principales del interior y exterior
de la fábrica, de las redes internas de gerencia, laboratorios y administración, y de
las redes perimetrales de los costados oriental y occidental; y, (iii) planos as-built con
ajuste de puntos de rociador coordinado con lámparas. Todas estas actividades
coinciden con los pendientes ya enunciados, que se enmarcaban en el objeto del
contrato.

126.En suma, los documentos del expediente demuestran: (i) que las actividades
realizadas por D&T tras de la expiración del plazo hacían parte del contenido del
contrato y de los pendientes identificados en el acta No. 02 del 12 de diciembre de
2015; (ii) que los requerimientos formulados por la interventoría se centraron en estos
aspectos y no implicaron la exigencia de obligaciones no pactadas en el contrato;
aunque D&T señaló reiteradamente que estas actividades eran menores100 y que su
costo era bajo, y se comprometió inicialmente a realizarlas en una semana, las
bitácoras de obra revelan que aún en los meses de febrero, marzo y abril de 2016 se
continuaban ejecutando101; y (iii) que no se probó que las observaciones formuladas
por el interventor, que postergaron el recibo final de la obra, carecieran de justificación
técnica. Por ende, dado que no se demostró que las causas determinantes de la
mayor permanencia fueran ajenas a D&T e imputables a FONDECUN, el
demandante debe asumir por su cuenta los costos asociados a esta situación, por lo
que no prospera el reparo del apelante.

Intereses sobre los montos que facturaban contra la liquidación

127. En cuanto a este último asunto, corresponde a la Sala determinar si el retraso en
la facturación de las sumas que debían pagarse contra el acta de liquidación del
contrato fue atribuible a FONDECUN, en particular por la formulación de
observaciones técnicas injustificadas para la firma del acta de recibo y por su negativa
a permitir la inclusión de salvedades en el acta de liquidación bilateral. Con base en
ello, se establecerá si FONDECUN está obligada a pagar réditos sobre este capital.

128. La cláusula tercera del contrato establecía que el pago del 10% de las actividades
constructivas tendría lugar “dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la firma
y aprobación del acta de liquidación final de obra y del contrato, que debe incluir entre
otros aspectos, la aprobación de garantías, la totalidad de la obra ejecutada, previa
suscripción del Acta de Recibo Definitiva”102. El nacimiento de esta obligación
dineraria pendía, entonces, del cumplimiento de varias condiciones positivas (Código
Civil, art. 1531), entre las cuales estaba la suscripción del acta de recibo definitiva.

129.
Como se concluyó en el apartado anterior, la demora en la suscripción del acta
de entrega y recibo final de la obra no es atribuible a la culpa contractual de
FONDECUN ni a exigencias injustificadas de la interventoría. Por el contrario, ésta

100
Exp. digital, ANEXOS DEMANDA, prueba documental 3 parte II, p. 44; c6, p. 60
101
Exp. digital, ANEXOS DEMANDA, prueba documental 2, p. 20; p. 24; pp. 25-26.
102
Exp. digital, c3, p. 282.

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se originó en la necesidad de que D&T ejecutara una serie de actividades pendientes
tras la expiración del plazo de ejecución contractual. En consecuencia, no resulta
aplicable el artículo 1538 del Código Civil, según el cual se tiene por cumplida una
condición suspensiva cuando una persona utiliza medios ilícitos para impedir su
cumplimiento.

130.Dado que a la expiración del plazo contractual no se habían cumplido los
requisitos necesarios para la firma del acta de recibo final, la obligación de
FONDECUN de pagar el 10% del valor de las obras no se tornó exigible antes de la
suscripción del acta de liquidación, como plantea el apelante. Por lo tanto, no es
posible afirmar que FONDECUN se constituyó en mora (Código Civil, art. 1608.1) ni
que se hayan generado intereses sobre un capital cuya exigibilidad dependía del
recibo final de la obra y de la liquidación del contrato.

131.Por otra parte, la Sala no encuentra en el expediente ningún documento que
respalde la afirmación del demandante de que FONDECUN impidió la suscripción del
acta de liquidación con salvedades. En últimas, el contratista incorporó salvedades
en el documento anexo al acta de liquidación bilateral del 25 de abril de 2017 103, las
cuales se plantearon como pretensiones en este proceso. En consecuencia, la Sala
concluye que este motivo de inconformidad con la sentencia impugnada tampoco es
atendible. La decisión de desestimar el reparo no se basa en la ausencia de una
cuantificación de los perjuicios o compensaciones solicitadas por el demandante, sino
en la falta de demostración de los demás elementos necesarios para la prosperidad
de una pretensión de responsabilidad contractual.

Costas

132.De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, adicionado por la Ley 2080 de 2021,
salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del CGP. La condena en costas no requiere de la apreciación de una conducta
temeraria de la parte a la cual se le impone, toda vez que en el régimen actual dicha
condena se basa en un criterio objetivo. Por lo tanto, es procedente la condena en
costas, que se integra por los gastos del proceso y las agencias en derecho.

133.Según el numeral 1º del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la parte
a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. El numeral 3º
también dispone que en la providencia del superior que confirme en todas sus partes
la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

134. Por otra parte, el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016
estableció que en los procesos declarativos las tarifas de agencias en derecho serían:
(i) en primera instancia, entre el 3% y el 7.5% de las pretensiones para procesos de
mayor cuantía y, (ii) en segunda instancia, entre 1 y 6 SMMLV. Para su fijación, se
deben tener en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada,
así como la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente

103
Exp. digital, c3, pp. 34 – 35.

32

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relacionadas con dicha actividad; además, las tarifas por porcentaje se deben aplicar
inversamente al valor de las pretensiones.

135.El recurso de apelación se resolverá desfavorablemente para D&T, por lo que se
confirmará la sentencia impugnada. En este orden de ideas, es procedente la
condena en costas al demandante por la segunda instancia. El apoderado de
FONDECUN no realizó ninguna gestión con posterioridad a la radicación del recurso
de alzada por parte de D&T, por tanto, respecto de las agencias en derecho para la
segunda instancia, se reconocerá el monto mínimo por las cargas de vigilancia del
proceso: 1 SMMLV.

136.En el recurso de apelación, D&T formuló reparos a la fijación de las agencias en
derecho por la primera instancia por $20’000.000. En su criterio, el hecho de que se
hubiera contestado extemporáneamente la demanda ha debido tenerse en cuenta
para negar el reconocimiento de las agencias en derecho.

137. El Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 no condiciona el
reconocimiento de agencias en derecho a la realización de actuaciones procesales
específicas por parte de los apoderados. Esta norma establece que dicho
reconocimiento debe basarse en una ponderación de factores como la naturaleza,
calidad y duración de la gestión, la cuantía del proceso y las circunstancias
particulares del caso. Por lo tanto, el hecho de que la demanda haya sido contestada
tardíamente no impide automáticamente que se reconozcan agencias en derecho.

138.La Sala observa que los apoderados de FONDECUN realizaron múltiples
gestiones en las diferentes etapas de la primera instancia, lo que justifica un
reconocimiento por concepto de agencias en derecho. Además, el Tribunal redujo
significativamente el monto obtenido al aplicar el porcentaje mínimo del 3%
establecido por el Consejo Superior de la Judicatura, que superaba los
$130’000.000, al considerarlo desproporcionado con fundamento en el principio de
gratuidad relativa. Tras ponderar los intereses debatidos, la gestión de los
apoderados y la finalidad de la condena en agencias en derecho, el Tribunal fijó el
valor en $20’000.000104. Por estas razones, la Sala concluye que dicho análisis fue
acertado y no es necesario modificar el monto establecido en primera instancia.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

104
El pie de página No. 5 del fallo del Tribunal indica: “Si bien, no desconoce la Sala que de
conformidad con el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, vigente para cuando se
radicó la demanda, en los procesos declarativos de mayor cuantía, las agencias en derecho se fijarán
entre el 3% y el 7,5% de lo pedido, de aplicar el rango mínimo del 3%, las agencias en derecho
superarían los ciento treinta millones de pesos, valor que la Sala considera desproporcionado, máxime
cuando en nuestro sistema judicial prima el principio rector de gratuidad relativa para el acceso a la
administración de justicia. Por ende, la Sala ponderando los intereses debatidos, la gestión realizada
por los apoderados de los extremos procesales, y la razón de ser de la condena en agencias en
derecho, condenará a la parte demandada, al pago de VEINTE MILLONES DE PESOS”.

33

Radicación: 25000233600020180053802 (69.580)
Actor: D&T Proyectos S.A.S.
Demandado: Fondo de Desarrollo de Proyectos de
Cundinamarca – FONDECUN
Referencia: Controversias contractuales

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 12 de diciembre de 2022, por las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas por la segunda instancia a D&T Proyectos S.A.S.
Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en un (1) salario mínimo mensual
legal vigente (SMMLV). Las costas se liquidarán de manera concentrada en el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según lo previsto en el artículo 366 del
CGP.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Aclaración de voto Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
VF

34

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