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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-00698-02

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2012-00698-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Avocar conocimiento del presente asunto, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. REVOCÁSE los numerales 3º y 4º de la sentencia del 27 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Sala Transitoria que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por María Marcela del Socorro Cadavid Bringe contra la Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y en su lugar se dispone: “SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda, ya que operó la prescripción extintiva del derecho, frente a los periodos reclamados entre el 01 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, con excepción de la obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones a la actora. TERCERO.- ADICIONAR la sentencia apelada en el sentido de ORDENAR realizar los descuentos para seguridad social conforme a la proporción que le corresponda al empleado y al empleador de acuerdo con los porcentajes de ley, respecto de las diferencias no cotizadas en materia pensional, del 01 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO- CONFIRMAR en sus demás apartados la sentencia impugnada, por las razones y con las precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. QUINTO- Sin condena en costas conforme a lo señalado en la considerativa de esta providencia. SEXTO- Reconocer personería al abogado Sergio Mario Márquez Medina, con cédula de ciudadanía No. 1.193.030.066, portador de la Tarjeta Profesional de 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25000-23-42-000-2012-00698-02 Demandante: María Marcela del Socorro Cadavid Bringe abogado No. 418.011, como apoderado de la Nación –Rama Judicial, conforme al poder obrante al índice 68 Samai. SÉPTIMO- Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2012-00698-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

24 de julio de 2025

Radicado: 25000-23-42-000-2012-00698-02
Demandante: María Marcela del Socorro Cadavid Bringe

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2012 00698 02 (4124-2019)
Demandante: María Marcela del Socorro Cadavid Bringe
Demandado: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Tema: Bonificación por compensación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Mediante auto del 21 de marzo de 20251, proferido por el conjuez de la Sección
Segunda Miguel Arcángel Villalobos Chavarro, se ordenó remitir el expediente de
la referencia al despacho de origen para que asumiera su trámite, en razón a lo
dispuesto en el artículo 116 del CPACA2, el cual señala que cuando se modifica
la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los conjueces.

2. Ahora, comoquiera que ninguno de los miembros3 de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto4, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada y el adhesivo presentado por la
parte demandante contra la sentencia del 27 de noviembre de 2017, proferida por

1 Índice 72 de SAMAI.
2 «Artículo 116. Posesión y duración del cargo de conjuez. […]

Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o
recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los
nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de
impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos […]» [Se resalta].
3
Frente al magistrado Juan Camilo Morales Trujillo se hace la claridad, que si bien profirió los autos de
admisión del recurso de apelación y traslado para alegar de conclusión como conjuez de esta Corporación,
su actuación no constituye una gestión en instancia anterior, pues ésta solo estuvo dirigida a dar trámite al
proceso con los referidos autos, lo que no se considera que se enmarque en las causales de impedimento
previstas en la Ley.
4 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610, ni prima especial
del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso. Cabe precisar que si bien los consejeros
Luis Eduardo Mesa Nieves y Jorge Iván Duque Gutiérrez en oportunidades anteriores manifestaban
impedimento en los procesos donde se debatía la bonificación por compensación del Decreto 610, tales
manifestaciones en decisiones recientes, entre ellas dentro del expediente con radicación interna 1969-
2022, han sido declaradas infundadas por la Subsección B, al considerar que no se configura la causal
contenida en el numeral 1 del artículo 141 del CGP, atendiendo los criterios esbozados por la Sala de
conjueces en proveído de 5 de diciembre de 2023, radicado 0502-2023.
1
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Radicado: 25000-23-42-000-2012-00698-02
Demandante: María Marcela del Socorro Cadavid Bringe

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Sala Transitoria,
que accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

3. La parte demandante solicitó la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Resolución 2503 del 13 de abril de 20125 mediante el cual la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial negó el reconocimiento y pago del reajuste de la
bonificación por compensación a la actora, y del acto ficto o presunto al haber
operado el silencio administrativo negativo frente al recurso de reposición y en
subsidio apelación presentado en contra de la anterior decisión.

4. A título de restablecimiento del derecho, peticionó6:1) «[…] que se declare que
la Dra MARÍA MARCELA DEL SOCORRO CADAVID BRINGE, tiene derecho al
reconocimiento, liquidación y pago de las diferencias salariales que resulten de
aplicar el Decreto 610 de 1998, luego de restar los valores que se le han venido
cancelando fundándose en normas posteriores que contienen mandatos que
violan los derechos de la Demandante a recibir los porcentajes a que se refiere
dicha norma del valor de los ingresos percibidos por todo concepto por parte de
un Congresista, que es lo mismo que debe recibir un magistrado de Alta Corte,
por el hecho de haberse declarado la Nulidad del Decreto 4040 […]», 2) «Como
consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a la entidad accionada
a pagar a la Dra. MARÍA MARCELA DEL SOCORRO CADAVID BRINGE, el
reajuste que por ingresos resulte adeudársele hasta nivelar sus ingresos al
equivalente al 80% del total de los ingresos que por todo concepto recibe un
congresista en equilibrio con un magistrado de Alta Corte, a partir del 01 de enero
de 2001 y en adelante hasta el 31 de diciembre de 2003, como Magistrada del
Tribunal de San Andrés, siguiendo los porcentajes establecidos en el Decreto 610
de 1998, con todas sus consecuencias jurídicas », entre otras condenas.

Hechos que fundamentan la demanda.

5. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

6. La actora se desempeñó como magistrada del Tribunal Administrativo de San
Andrés desde el 01 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2003, periodo
en el cual no se le canceló el valor que dispone el Decreto 610 de 1998.

7. Elevó petición ante la entidad demandada el 15 de marzo de 2012, solicitando
el reajuste de la bonificación por compensación, la cual fue resuelta de manera

5 Índice 42 expediente digital, ED_CUADERNO1_01ANEXOS(.pdf) de SAMAI.
6 Se hace transcripción textual de la pretensiones de la demanda de los numerales 3 y 4.

2
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negativa mediante Resolución 2503 de 13 de abril de 2012, la cual fue confirmada
mediante el acto ficto presunto frente a la no respuesta del recurso de reposición
y en subsidio apelación.

Fundamentos de derecho.

8. Para el abogado de la parte actora, las decisiones sometidas a juicio
vulneraron las siguientes disposiciones: artículos 2, 25, 29 y 53 de la Constitución
Política; Ley 4 de 1992 y Decreto 610 de 1998.

9. Al desarrollar el concepto de violación, señaló lo siguiente:

10. Al pagársele a la demandante una suma inferior al equivalente al 80% de los
ingresos mensuales recibidos por los magistrados de Alta Corte, que deben ser
iguales a los de un congresista, se aplica ilegalmente lo dispuesto en los artículos
1º y parágrafo 2º del Decreto 4040 de 2004, por cuanto dichas disposiciones
establecen precisamente mandato contrario a lo dispuesto en la Ley 4 de 1992 y
el Decreto 610 de 1998, lo que conllevó su anulación.

Contestación de la demanda.

11. Dentro de la oportunidad de ley, la Rama Judicial contestó la demanda7,
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con tales
fines, hizo un recuento normativo y precisó que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial ha efectuado los pagos de la bonificación de conformidad
con los lineamientos fijados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y para
el caso concreto, a la demandante no le asiste el derecho a que se le cancele
retroactivamente el 80% de lo que por todo concepto devenguen los magistrados
de Alta Corte, en razón a que los efectos de la sentencia de nulidad son hacia
futuro.

12. Finalmente, formuló como excepciones la ausencia de causa petendi,
prescripción trienal de los derechos laborales, cobro de lo no debido e innominada.

Sentencia de primera instancia.

13. Mediante sentencia proferida el 27 de noviembre de 20178, se accedió a las
súplicas de la demanda. Para arribar a esa decisión, el a quo, luego de referenciar
el marco normativo y jurisprudencial precisó que es claro que el auxilio de
cesantías hace parte de los ingresos laborales de los congresistas y que como
tal debe tenerse en cuenta para la determinación del valor de la prima de servicios
de la que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, siendo así, que resulta relevante

7 Índice 42 expediente digital, ED_CUADERNO1_32CONTESTACIONDEMAND(.pdf) de SAMAI.

8 Índice 42 expediente digital, ED_CUADERNO1_73AUDIENCIAPRUEBASP(.pdf) de SAMAI.

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a su vez para la liquidación de los valores tenidos en cuenta, en orden de
determinar el monto de la bonificación por compensación.

14. Precisó que «el reconocimiento de la presente se limitará a reconocer el
derecho de la bonificación por compensación correctamente liquidada, en los
periodos en que la demandante ostentó el cargo de magistrada de Tribunal de
San Andrés, debido a que la petición presentada ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial visible de folios 2 a 3, el acto administrativo acusado
visible de folios 8 a 12, y las pretensiones de la demandase limitan a solicitar
dicho reconocimiento en ese cargo únicamente y no hizo lo mismo respecto de
lo correspondiente cuando fungió como magistrada del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca».

15. Por otro lado, precisó que a la demandante en el año 1999 no se le canceló
ningún valor por bonificación por compensación y que para los años 2000 a 2002
se le pagó el 70% de lo que devenga un magistrado de Alta Corte, sin tener en
cuenta las cesantías percibidas por un congresista para determinar la prima
especial de servicios que devengan estos últimos funcionarios.

16. Frente a la excepción de prescripción se afirmó que la misma fue declarada
no probada en audiencia inicial del 18 de septiembre de 2017, conforme a la
sentencia del 18 de mayo de 2016 del Consejo de Estado.

17. En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho dispuso «reconocer
y pagar […], el derecho adquirido a recibir el equivalente al 60% de los que por
todo concepto devenga como salario un magistrado de Alta Corte para el año
1999, 70% de lo mismo para el año 2000 y 80% del mismo concepto, desde el 1
de enero de 2001 en adelante, mensual, incluyendo la prima de servicios, prima
de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios y las diferencias
adeudadas por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para
la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo básico, gastos de
representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, primas de
servicios, prima de navidad y cesantías, en los periodos comprendidos, desde el
1 de enero de 1999 en forma escalonada y hasta el 28 de febrero de 2002, en su
calidad de magistrada del Tribunal de San Andrés y por estar cobijada por el
Decreto 610 de 1998, artículo 15 de la Ley 4 de 1992 y el Decreto 10 de 1993,
todo ello con los correspondientes reajustes en sus prestaciones sociales, con la
precisión de que se le deberá descontar lo cancelado por concepto de
bonificación por compensación y gestión judicial […]»9.

Recurso de apelación parte demandada

9 Se realiza transcripción textual del restablecimiento.

4
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18. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandada la recurrió
en apelación10.

19. En su intervención, señaló que el Tribunal en la parte resolutiva condenó al
pago de la prima especial de servicios a que tienen derecho los magistrados de
Altas Cortes, con el fin de equiparar sus ingresos con los de los congresistas,
pretensión que no fue solicitada por la demandante, lo cual vulnera el principio
de congruencia de la sentencia. Además, no aplicó la prescripción.

20. La sentencia impugnada concede más allá de lo pedido, pues la demanda
fue presentada para el reconocimiento y pago de la bonificación por
compensación en los términos del Decreto 610 de 1998 y la entidad solo se
pronunció frente a dicho tema, y no respecto del reconocimiento de la prima
especial de servicios contenida en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

21. Por otro lado, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mal podría
efectuar equivalencias entre el valor que se liquida por concepto de cesantías a
los congresistas y el valor que se reconoce por el mismo concepto a los
magistrados de Alta Corte, ordenando el pago de la diferencia del valor de dicha
prestación por el concepto de prima especial de servicios, cuando la misma
norma señala que tal emolumento no tiene el carácter salarial, lo que significa
que dicho concepto no hace parte de las prestaciones sociales, entre ellas, las
cesantías.

22. En consecuencia, resalta que para efectos del cálculo de la prima especial de
servicios se han incluido todos los ingresos que devengan los congresistas, salvo
las cesantías.

23. Por otro lado, invocó la aplicación de la sentencia de la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado del 18 de mayo de 2016, y advierte
que operó el fenómeno prescriptivo de los derechos laborales causados antes de
la fecha en que la demandante solicitó a la entidad demandada el reajuste de la
bonificación por compensación.

Recurso de apelación adhesiva parte demandante

24. La parte demandante señaló en su escrito11 que «revisada la sentencia en su
parte resolutiva se observa que esta no es congruente con la parte motiva, en la
medida que en las consideraciones se especificó que se ordenaría el
reconocimiento y pago de todos los valores desde el año 1999 y en adelante,
mientras que en la parte resolutiva numeral tercero, de una parte sostiene lo
mismo que la parte motiva, pero a renglón seguido se limita al 28 de febrero de

10 Índice 42 expediente digital, ED_CUADERNO1_78RECURSOAPELACIONP(.pdf) de SAMAI.

11
Índice 42 expediente digital, ED_CUADERNO1_79RECURSOAPELACIONP(.pdf) de SAMAI.

5
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2002», por lo que solicita se modifique la sentencia impugnada ordenando que
las condenas van desde el año 1999 y en adelante hasta el 31 de diciembre de
2003.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

25. Por auto del 23 de agosto de 202212, se admitió el recurso de apelación, y
mediante providencia del 31 de enero de 202313 se ordenó correr traslado a las
partes y al agente del ministerio público para que presentaran sus alegatos de
conclusión.

26. La parte demandante14 reiteró los argumentos expuestos en la demanda. La
entidad apelante15 insistió en que operó la prescripción y en esta ocasión solicitó
aplicar dicha figura con base en la sentencia del 2 de septiembre de 2019,
proferida por esta Corporación. El Ministerio Público guardó silencio.

27. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

Competencia.

28. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo16, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación presentados.

Problema jurídico.

29. Le corresponde a la Sala establecer ¿si la señora María Marcela del Socorro
Cadavid Bringe tiene derecho al pago de la diferencia entre el valor reconocido
por la demandada y el valor que resultaría de reconocerle la bonificación por
compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80% de lo
que por todo concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes,
incluyendo las cesantías de los congresistas, para efectos de liquidar la prima
especial de servicios de dichos funcionarios judiciales y con base en ello definir
el 80% de lo que por todo concepto devengan los magistrados de tribunal

12 Índice 43 de SAMAI.
13 Índice 51 de SAMAI.
14 Índice 56 de SAMAI.
15 Índice 57 de SAMAI.
16 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

6
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conforme lo ordenado en la sentencia impugnada, o si, por el contrario, el a quo
concedió más de lo pedido vulnerando el principio de congruencia de la
sentencia?

30. Igualmente, si es procedente modificar los extremos de la condena, no sin
antes establecer en el presente caso si operó la prescripción trienal de los
periodos solicitados en la demanda.

31. No obstante, previo a resolver el problema jurídico, la Sala verificará si es
procedente analizar en esta instancia la excepción de prescripción y, de resultar
posible, si se configuró dicho fenómeno por haberse resuelto no probada en la
audiencia inicial.
Cuestión previa
32. En audiencia inicial celebrada el 18 de septiembre de 2017, el magistrado
ponente, en aplicación del numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 -
vigente antes de la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021-, declaró no
probada la excepción de prescripción, pues trajo a colación lo señalado en la
sentencia del 18 de mayo de 2016, proferida por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, y determinó que la exigibilidad de la
bonificación por compensación es a partir de la ejecutoria del fallo que declaró la
nulidad del Decreto 4040 de 2004, esto es, del 28 de enero de 2012.
33. En consecuencia, la actora al haber presentado su reclamación ante la
entidad demandada el 15 de marzo de 2012, concluyó que dicho fenómeno no
había operado.
34. Ahora frente a la posibilidad de pronunciarse sobre la excepción de
prescripción en esta instancia, pese haber sido declarada no probada dicha
excepción en audiencia inicial, cabe precisar que la Ley 1437 de 2011 y
concretamente su artículo 180 original preveía que las excepciones de cosa
juzgada, prescripción extintiva, caducidad, transacción, conciliación y falta de
legitimación en la causa debían decidirse por el juez o magistrado ponente junto
a las denominadas excepciones previas17. Así pues, antes de entrar a regir las
modificaciones introducidas primero por el Decreto Legislativo 806 de 2020 y
luego por la Ley 2080 de 2021, estas excepciones, aunque no estaban enlistadas
como previas en el artículo 100 del CGP, debían tramitarse de igual forma, lo que
mantuvo incluso con la expedición del Decreto proferido en el marco del estado
de excepción en el año 2020.
35. La intención del legislador fue entonces que este tipo de excepciones fueran
decididas en las fases tempranas del proceso como una clara manifestación del

17 Numeral, 6, artículo 180, CPACA (antes de la modificación de la Ley 2080 de 2021).

7
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principio de economía procesal, acorde con lo dispuesto en el artículo 103 del
CPACA.
36. Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 187 del CPACA le asignó al juez
contencioso administrativo la facultad de decidir sobre las excepciones
propuestas y «sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada». Aunado
a que el silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas
las excepciones de fondo, «propuestas o no», sin perjuicio de la no reformatio in
pejus.
37. De esta norma se extrae que el Consejo de Estado y los Tribunales
Administrativos al momento de dictar sentencia de segunda instancia deben
decidir no solo las excepciones propuestas por el demandado o las no estudiadas
por el inferior sino también cualquier otra que encuentren probadas, con el límite
de no reformar en perjuicio del apelante único.

38. Ahora bien, en atención a que es posible, como ocurre en el presente asunto,
que alguna excepción haya sido objeto de pronunciamiento en primera instancia,
es necesario que se repare en esa circunstancia, esto es, si ejecutoriada dicha
decisión ello impide que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre la
excepción correspondiente pese a la facultad que le confiere el artículo 187 del
CPACA, interrogante que esta Sala ya ha resuelto, en anterior oportunidad18,
señalando que es posible pronunciarse en esta etapa.

39. Por tanto, no existe limitación legal para que la Sala se pronuncie sobre la
prescripción, pues si bien el a quo la resolvió de forma negativa en audiencia
inicial, la ley le permite a la segunda instancia decidir oficiosamente cualquier
excepción en el fallo definitivo, sea propuesta o no por las partes, pero con la
limitación de la no reformatio in pejus, bajo las facultades establecidas en los
artículos 328 del CGP y 187 del CPACA.

40. Precisado lo anterior, para resolver los problemas planteados se abordarán
los siguientes aspectos: 1. La bonificación por compensación y el precedente
jurisprudencial, 2. Hechos probados y 3. Caso concreto.

La bonificación por compensación.

41.El Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 199219, la cual en el artículo
15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter salarial, para los
magistrados de Alta Corte, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen

18
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda - Subsección A - consejero
ponente: Juan Camilo Morales Trujillo, sentencia del doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025) -
radicación: 20001 23 33 000 2018 00035 01 (0321-2020).
19 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional

para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales
y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales
e) y f) de la Constitución Política».
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a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en
ningún caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las
Altas Cortes al de los congresistas.

42. En el año 1998, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 y en su artículo
1 creó la bonificación por compensación, equivalente al 60%, 70% y 80% para
las vigencias fiscales 1999, 2000 y 2001 en adelante; en otros términos, se creó
una bonificación por compensación, equivalente al 60% de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes para el año 1999,
el 70% para el año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.

43. En la sentencia dictada por la Sala de conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado20, en la cual se analizó el reajuste de la prima especial de
servicios del artículo 15 de la Ley 4º de 1992, se concluyó que se deben tener en
cuenta todos los pagos realizados a los congresistas, incluidas las cesantías para
calcular la asignación de los magistrados de las Altas Cortes. En la mencionada
decisión se consideró lo siguiente:

«Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República
han sido consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la
jurisprudencia del Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene
plena razón de ser pues se trata de una erogación que realiza el empleador
anualmente a favor de su trabajador y que se causa por cada día de trabajo
del empleado.

De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe
ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de
servicios de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de
1992, quienes tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por
todo concepto devengan los congresistas.

Este régimen tiene una clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se
encuentran sujetos al Decreto 610 de 1998 […]

En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de
servicios no solo es un ingreso laboral sino que también cuenta con
un carácter salarial limitado en atención a lo decidido por la Corte
Constitucional en la sentencia C-681 del 6 de agosto de 2003, habría
que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción
de la misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en cuenta
para su liquidación, al momento de fijar el monto a cancelar por
concepto de bonificación por compensación a favor de los servidores
mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo
señalado que el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido
de manera permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las
jurisdicciones, es evidente que resultaría violatorio del principio de

20Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de

Estado, Rad. 250002325000201000246-02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente
Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta.

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igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política de
Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza
únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la
bonificación por compensación de la que son acreedores los
funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.

En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los
pagos que el Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de
cesantías puede calcularse la diferencia total entre lo que ellos
perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas Cortes para,
así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen
derecho estos últimos…» (negrilla fuera de texto).

44. Así que, el valor que se cancela por bonificación por compensación es el
resultado de tener en cuenta los ingresos anuales que «por todo concepto»
reciban los magistrados de Alta Corte, para así poder fijar los ingresos anuales
del magistrado de tribunal y demás cargos equivalentes, en un 80% a partir del
año 2001.

45. En distintas providencias21, ha precisado esta Corporación con fundamento
en el marco normativo reseñado que los beneficiarios de la bonificación por
compensación tienen derecho al 80% de los ingresos que por todo concepto
salarial y prestacional devengan los magistrados de Alta Corte, teniendo en
cuenta que éstos deben percibir lo mismo que devengan los congresistas
incluyendo el auxilio de cesantías como parámetro para determinar la liquidación
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

De la exigibilidad y prescripción de la bonificación por compensación

46. Frente a la exigibilidad de la bonificación por compensación22, en sentencia
precitada, se estableció, lo siguiente:

«El asunto que se debate en torno a la aplicación de la prescripción trienal,
es que, ante la coexistencia de dos regímenes salariales diferentes, no es
posible hablar de exigibilidad del derecho a reclamar, debido a que para los
beneficiarios de los derechos existía la disyuntiva del Decreto 610 de 1998,
que reconoce la Bonificación por Compensación Judicial y el régimen

21 Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda- Sala de Conjueces, conjuez

ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá, sentencia tres (03) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).
Referencia: 25000234200020180071602 Número interno: 0499-2022; Consejo de Estado- Sala de lo
Contencioso Administrativo-Sección Segunda- Sala de Conjueces, conjuez ponente: Miguel Arcángel
Villalobos Chavarro sentencia ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Expediente N°
17001-23-33-000-2012-00115-02 Número interno: 4006-2015; Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso
Administrativo- Sección Segunda- Sala de Conjueces- conjuez ponente: Jorge Edisson Portocarrero
Banguera- sentencia seis (06) de junio de dos mil veintitrés (2023), Referencia: 25000-23-25-000-2011-
00150-02- NI:1139-2019; entre otros.
22 ARTÍCULO 187 del CPACA. CONTENIDO DE LA SENTENCIA.

(…)
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador
encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.

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salarial del Decreto 4040 de 2004, que reconocía la Bonificación por
Gestión Judicial. Es decir, no se podía establecer con exactitud cuál de los
regímenes era el aplicable, ante lo cual resultaba imposible referirse a la
exigibilidad del derecho.

En este sentido solo puede hablarse de exigibilidad de la Bonificación por
Compensación, a partir de la fecha de ejecutoria del fallo que declaró la
nulidad del Decreto 4040, es decir el 28 de enero de 2012.» (Subrayado
fuera de texto)

47. No obstante, la Sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia de 2 de septiembre de 2019, realizó las siguientes
precisiones sobre la prescripción, en cuanto se refiere a la bonificación por
compensación:
«6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos
equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es
igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio
de cesantías. Ese 80% es un piso y un techo.

La reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto a
los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la
respectiva anualidad, sus ingresos anuales efectivamente percibidos NO
hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo
concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en ello las cesantías
de los congresistas. Sin embargo, en ese caso, la reliquidación debe
efectuarse únicamente hasta que se alcance el tope del 80% señalado.

7. Procede la prescripción de la bonificación por compensación entre el 5
de septiembre23 de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la regla
general. Esta regla tiene una excepción que consiste en que si la persona
logra demostrar en el expediente, con pruebas (sic) documental, que antes
del 3 de diciembre de 2004 había interrumpido la prescripción conforme a
la ley. En este caso la prescripción va más allá del 4 de diciembre de 2004
y se retrotraería hasta la fecha de presentación de esa interrupción, fecha
entonces que debe ser posterior al 25 de septiembre de 2001 y anterior al
3 de diciembre de 2004. Esta excepción, como toda excepción, es de
aplicación restrictiva.

8. La sentencia de unificación que hoy se adopta no implica que se está
variando o modificando el régimen salarial y prestacional de los servidores
beneficiarios de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de
1992 – jueces, magistrados y otros funcionarios -, en la medida en que en
ningún caso se podrán superar los porcentajes máximos o topes fijados por
el Gobierno Nacional24.

23 Mediante Auto del 7 de octubre de 2019 se aclaró que se refiere es al mes de octubre de 2001.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, expediente N° 41001-23-33-000-2016-

00041-02 (número interno 2204-2018), del 2 de septiembre de 2019.
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48. En consecuencia, resulta que la exigibilidad del derecho para reclamar el
reconocimiento de la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610
de 1998 se dio en dos tiempos diferentes, con la ejecutoria de la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 2668 (originado durante los períodos
comprendidos entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, periodo
en el cual no hubo dualidad de normas) y con la ejecutoria de la sentencia que
declaró la nulidad del Decreto 4040 (3 de diciembre de 2004 y el 27 de enero de
2012 solamente se hicieron exigibles a partir del 28 de enero de 2012), y ese
momento de exigibilidad debe analizarse en cada caso concreto. Sirve para
ilustrar lo dicho el siguiente esquema:

Hechos probados.

49. Acreditado está en el expediente, que la actora prestó sus servicios a la Rama
Judicial, en el cargo de magistrada del Tribunal Administrativo de San Andrés
desde el 27 de agosto de 1997 hasta el 28 de febrero de 2002; y como magistrada
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca desde el 1 de marzo de 2002 al 31
de enero de 201525.

50. Que percibió la bonificación por compensación sin la inclusión de las
cesantías de los congresistas, para efectos de liquidar la prima especial de
servicios dentro del periodo (2000-2004)26 y recibió como remuneración el 70%
de lo que devengan los magistrados de las Altas Cortes, con base en la
bonificación por gestión judicial consagrada en el Decreto 4040 de 200427, la cual
fue percibida desde el 2005 en adelante.

51. Que el día 15 de marzo de 201228 realizó la petición a la entidad demandada,
solicitando el reajuste de la bonificación por compensación «del 01 de enero de
2001 y en adelante hasta el 31 de diciembre de 2003», de la cual obtuvo
respuesta negativa mediante Resolución 2503 del 13 de abril de 201229, la cual

25 Índice 42 expediente digital, ED_CUADERNO1_69MEMORIAL-APORTADOCUMENTOS(.pdf) de SAMAI

y folio 192 del expediente.
26
Ibidem y folios 185-193 y 195-222 del expediente.
27 Decreto 4040 de 2004: artículo 2.

Parágrafo 2º. La Bonificación de Gestión Judicial tendrá efectos fiscales a partir del 1ode enero de 2004 y
es incompatible con la Bonificación por Compensación, que hasta la fecha de expedición del presente
Decreto se viene reconociendo a los servidores citados en el presente artículo.
28 Índice 42 expediente digital, ED_CUADERNO1_69MEMORIAL-APORTADOCUMENTOS(.pdf) de SAMAI.
29 Índice 42 expediente digital, ED_CUADERNO1_01ANEXOS(.pdf) de SAMAI.

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fue confirmada mediante el acto ficto o presunto al haber operado el silencio
administrativo negativo frente a los recursos interpuestos.

Caso concreto

52. En el recurso de alzada la entidad demandada afirma que la sentencia de
primera instancia vulneró el principio de congruencia, pues condenó al pago de
la prima especial de servicios a que tienen derecho los magistrados de Altas
Cortes, con el fin de equiparar los ingresos de la demandante con los de los
congresistas, pretensión que no fue solicitada por la demandante.

53. Al respecto, se tiene que los supuestos que dan lugar a la incongruencia de
la sentencia se verifican cuando al demandado se le condena por cantidad
superior a la pedida (“ultra petita”), o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente a la invocada en la misma (“extra petita”), o
cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones (“minus
petita”)30.

54. Ahora bien, una de las garantías del debido proceso consiste en el límite que
tiene la judicatura de no introducir sorpresivamente alegaciones o cuestiones de
hecho, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna
defensa; por ello, la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las
personas, el objeto y la causa, es ineludible la exigencia de cumplimiento de
principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio
procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez de manera
que lo resuelto guarde identidad jurídica con las peticiones y excepciones
propuestas por las partes en el marco del litigio, salvo que la ley otorgue
facultades oficiosas al juez31. Cuando se supera este marco de operatividad se
produce el quebrantamiento del principio de congruencia.

55. Revisado el expediente, la Sala encuentra que en las pretensiones de la
demanda se solicitó «tiene derecho al reconocimiento, liquidación y pago de las
diferencias salariales que resulten de aplicar el Decreto 610 de 1998, luego de restar los
valores que se le han venido cancelando fundándose en normas posteriores que
contienen mandatos que violan los derechos de la Demandante a recibir los porcentajes
a que se refiere dicha norma del valor de los ingresos percibidos por todo concepto
por parte de un Congresista, que es lo mismo que debe recibir un magistrado de
Alta Corte». Así las cosas, no le asiste razón a la entidad demandada frente a que
se vulneró el principio de congruencia, puesto que la actora solicitó que se le

30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 22,

sentencia del 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00, C.P. Alberto Yepes
Barreiro.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

del 4 de marzo de 2021, radicación: 11001-03-25-000-2013-01223-00(3095-13), C.P. César Palomino
Cortés; Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación: 11001-03-26-
000-2019-00001-00 (63.104), C.P. María Adriana Marín.
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reajustara la bonificación por compensación conforme a los ingresos percibidos
por todo concepto por parte de un congresista, que debe corresponder a lo
recibido por un magistrado de Alta Corte.

56. Conforme a la luz de la argumentación arriba expuesta, no tiene vocación de
prosperidad el reparo de la entidad apelante. En consecuencia, a la demandante,
en su calidad de magistrada del Tribunal Administrativo de San Andrés, le asiste
el derecho al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación
consagrada en el Decreto 610 de 1998, es decir, al 80% de lo que por todo
concepto recibe un magistrado de Alta Corte, teniendo en cuenta que éstos
deben percibir lo mismo que devengan los congresistas, incluyendo el auxilio de
cesantías de dichos dignatarios como parámetro para determinar la liquidación
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992,
pues es un ingreso anual permanente que perciben éstos funcionarios, conforme
a los antecedentes jurisprudenciales antes expuestos, según lo sustentó en la
parte motiva del fallo el a quo.

57. Por otro lado, en cuanto a la excepción de prescripción, la Sala entrará a
verificar si en el presente caso la sentencia de primera instancia aplicó en debida
forma dicho fenómeno.

58. Al respecto, cabe recordar que en sentencia de 23 de mayo de 2018 32, se
realizó las siguientes precisiones sobre la prescripción trienal y sus excepciones:

«Sobre este punto, esta Sala de Conjueces precisa que si bien a través
de estas sentencias se declaró que con la ejecutoria de la sentencia
que declaró de nulidad del Decreto 4040 de 2004, se hizo exigible el
derecho al reconocimiento y pago de la diferencia en el porcentaje que
contempla el Decreto 610 de 1998 y el 4040 de 2004, y que por tal razón
no se aplicaría la prescripción, lo cierto es que entre el período
comprendido entre la ejecutoria de la sentencia que anuló el Decreto
2668 de 1998 y la fecha de expedición del Decreto 4040 de 2004, si
procede decretarla, pues en este lapso no hubo dualidad de normas y
por lo tanto, los beneficiarios de que trata el artículo 2º del Decreto 610
de 1998 tenían la oportunidad de demandar el reconocimiento y pago
del 80% de lo que devengaban los magistrados de las altas cortes;
salvo que se encontraran en una de las dos situaciones descritas en
el numeral 2º del Decreto 4040 de 2004, que son: i) haber iniciado
acciones judiciales relacionadas con la bonificación por compensación y
haber desistido a sus pretensiones y ii) haber efectuado reclamaciones
y suscribir contratos de transacción.». (Se subraya y negrillas fuera de
texto).

59. Ahora bien, frente al periodo solicitado en la demanda del «01 de enero de
2001 y en adelante hasta el 31 de diciembre de 2003»33, se advierte que frente a
este operó la prescripción extintiva del derecho, pues no obra prueba dentro del

32 Conjuez Ponente: Dr. Pedro Simón Vargas Sáenz. Exp. No.170012333000201200144 92 (0602-2015).

Actor: María Rubby Montoya de Uribe.
33 Así mismo fue solicitado en sede administrativa.

14
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expediente que la actora se encuentre dentro de las excepciones antes
señaladas o que hubiere interrumpido la prescripción antes del 3 de diciembre de
2004, por lo que asiste razón a Rama Judicial.

60. Sin embargo, la prescripción no opera frente a la obligación de la demandada
de realizar, en favor de la accionante, las cotizaciones o aportes al Sistema
General de Seguridad Social en materia de pensiones, por tratarse de un derecho
cierto, irrenunciable e imprescriptible que se reconoce en cabeza del servidor
público que presta sus servicios laborales al Estado34.

61. Lo anterior, por cuanto el propio legislador contempló frente a la bonificación
por compensación su incidencia como factor de liquidación pensional y conforme
lo dispone el artículo 17 de la Ley 100 de 199335 es obligatorio realizar las
respectivas cotizaciones, no solo por la naturaleza parafiscal de las mismas sino
por la sostenibilidad del sistema36.

62. Dada la prescripción de los anteriores periodos, no hay lugar a reconocer los
reclamados en la apelación adhesiva. No obstante, frente a los aportes a pensión
se precisa que se deberán realizar por el lapso del 01 de enero de 2001 hasta el
31 de diciembre de 2003, periodo reclamado en las pretensiones de la demanda
y en sede administrativa, por lo que así se dispondrá en la parte resolutiva esta
providencia.

63. De conformidad con lo anterior, se revocará parcialmente la sentencia de
primera instancia frente al restablecimiento ordenado, y en su lugar se ordenará
negar las pretensiones de la demanda, pues operó la prescripción extintiva del
derecho, con excepción de la obligación de la demandada de efectuar las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones, por lo que se adicionará la sentencia en tal sentido.

Condena en costas.

64. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas a
las partes recurrentes. Lo expresado, en razón a que si bien en anteriores
oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva para
determinar si había o no lugar a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente,
con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el
recurso de apelación se presentó con carencia de fundamento legal.

34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente: Carmelo

Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16.
35 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
36 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
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65. Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los
argumentos de los apelantes, no se advierte esa situación. Por el contrario, se
avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por
lo que, se repite, no se condenará en costas a las partes apelantes.

66. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

PRIMERO. Avocar conocimiento del presente asunto, conforme a las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. REVOCÁSE los numerales 3º y 4º de la sentencia del 27 de
noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Segunda- Sala Transitoria que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por María Marcela del Socorro Cadavid Bringe contra la Nación –
Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y en su lugar se
dispone:

“SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda, ya que operó
la prescripción extintiva del derecho, frente a los periodos reclamados
entre el 01 de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003, conforme
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, con excepción de
la obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes
al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones a
la actora.

TERCERO.- ADICIONAR la sentencia apelada en el sentido de ORDENAR
realizar los descuentos para seguridad social conforme a la proporción que le
corresponda al empleado y al empleador de acuerdo con los porcentajes de ley,
respecto de las diferencias no cotizadas en materia pensional, del 01 de enero
de 2001 al 31 de diciembre de 2003, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta sentencia.

CUARTO- CONFIRMAR en sus demás apartados la sentencia impugnada, por
las razones y con las precisiones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO- Sin condena en costas conforme a lo señalado en la considerativa de
esta providencia.

SEXTO- Reconocer personería al abogado Sergio Mario Márquez Medina, con
cédula de ciudadanía No. 1.193.030.066, portador de la Tarjeta Profesional de

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Demandante: María Marcela del Socorro Cadavid Bringe

abogado No. 418.011, como apoderado de la Nación –Rama Judicial, conforme
al poder obrante al índice 68 Samai.

SÉPTIMO- Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado, en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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