Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01728-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2015-01728-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2015-01728-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
8 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2015-01728-02 (0606-2023)
Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
Demandados: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social1
Temas: Relación laboral encubierta
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 18 de marzo de 2022, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Jaime Enrique Benavides Pinto presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio F-OAP-021-MEM-
V04.20121900109433 del 10 de septiembre de 2012, mediante el cual la jefe de la
oficina asesora jurídica del DPS le negó la existencia de una relación laboral por sus
servicios prestados entre el 2 de mayo de 2001 y el 13 de abril de 2012, y el pago
1 En adelante DPS.
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
de las prestaciones laborales y sociales que se derivaban de ella .
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes por
el periodo reclamado; ii) el pago de los conceptos salariales y prestacionales que
de ello se derivaran «con fundamento en el monto de los honorarios contractuales», tales
como salario, viáticos, cesantías y sus intereses, vacaciones, incremento
antigüedad, bonificaciones por servicios y especial de recreación y las primas de
vacaciones, navidad y servicios; iii) el reconocimiento de la sanción moratoria de
que tratan los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 65 del Código Sustantivo del
Trabajo3, así como de los intereses a los que hubiera lugar; iv) la devolución de las
sumas pagadas por concepto de retenciones, pólizas de cumplimiento e impuestos;
v) el pago de la cuota parte por los conceptos de aportes al sistema de seguridad
social; vi) el reajuste e indexación de las diferencias que surjan de la condena; vii) el
cumplimiento de la sentencia según los términos del artículo 192 del CPACA; y
viii) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Desde el año de 2001 y hasta el 2012, Jaime Enrique Benavides Pinto se vinculó
con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 4 , luego con
el establecimiento público Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional5, y por último, con el DPS «entidades que se subrogaron
concatenadamente la misión constitucional y legal» mediante contratos de prestación
de servicios para ejercer funciones que «eran y han sido» permanentes y propias de
dichas entidades.
3.2. Por más de 11 años prestó sus servicios personales sin solución de continuidad,
dentro de un horario impuesto por el empleador, vinculado mediante contratos de
prestación de servicios y como contraprestación recibió «los emolumentos de todo el
año, aun los que quedaban pendientes mientras se realizaban apropiaciones
presupuestales» (sic).
3.3. La entidad le otorgó el derecho a un descanso remunerado «bien al final o principio
de año durante los días previos o posteriores a las festividades, según se programaba para
todos los empleados de nómina» (sic).
3 En lo que sigue CST.
4 En lo sucesivo Dapre.
5 A partir de ahora APC-Colombia.
2
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Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
3.4. Desempeñó funciones de carácter permanente y del giro ordinario de la entidad,
bajo su continua subordinación y dependencia.
3.5. Participó
en todas las actividades realizadas por la entidad, tales como
simulacros de evacuación y talleres, etc.
3.6. Por medio del Decreto 2467 de 2005, el gobierno nacional fusionó la Agencia
Colombiana de Cooperación Internacional a la Red de Solidaridad Social y adoptó
el nombre de Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, Acción Social y cuya naturaleza jurídica era la de un establecimiento
público, del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa
y patrimonio propio, adscrito al Dapre.
3.7. Con el Decreto 4155 de 2011 se transformó la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, en el DPS.
3.8. El 13 de abril de 2012, solicitó a la entidad demandada la extensión de la
jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional sobre «el contrato realidad»,
sentencias C-614 de 2009, 539 y 634 de 2011 «en atención a que al analizar la línea
jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la eficacia del contrato realidad, unificó la
jurisprudencia» (sic); no obstante, esta petición fue negada por la jefe de la oficina
asesora jurídica de la entidad a través del acto administrativo demandado.
3.9. El23 de octubre de 2012, pidió al Consejo de Estado la extensión de
jurisprudencia; sin embargo, por medio de la providencia del 5 de agosto de 2013
«no se aceptó» esta solicitud. Inconforme con lo anterior, presentó el recurso de
súplica el cual fue resuelto negativamente a través de la providencia del 3 de junio
de 20146.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 13 y 53 de la Constitución Política; 10 del
CPACA; 32 de la Ley 80 de 1993. En cuanto al concepto de violación, expuso lo
siguiente7:
4.1. La demandada inaplicó el principio de la primacía de la realidad sobre las formas,
no obstante haberse configurado los elementos propios de una relación laboral, toda
vez que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de manera personal,
permanente y subordinado o dependiente, en la medida en que la entidad
6 Expediente con número de radicado: 11001-03-25-000-2012-00926-00 (2795-2012).
7 Folios 248 al 255 y del 350 al 371.
3
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Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
contratante le impartió órdenes y directrices en relación con la labor contratada.
4.2. Por más de 11 años la entidad utilizó el contrato de prestación de servicios para
ocultar la real vinculación laboral, en los que se evidencia el ánimo de emplear de
forma permanente y continua sus servicios para cumplir su misión, y como
consecuencia de ello, menoscabó todas las garantías laborales y prestacionales
que corresponde a la contraprestación de la labor ejecutada.
1.2. Contestación de la demanda
5. El DPS se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos8:
5.1. La relación contractual entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, la cual autorizó a las entidades públicas para celebrar contratos de
prestación de servicios con el objeto de realizar actividades permanentes, y las que
de manera excepcional se requieran relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad y no puedan realizarse con el personal de planta.
5.2. El dinero percibido por la demandante como contraprestación de sus servicios
fue a título de honorarios y no en calidad de salario.
5.3. Cada contrato fue ejecutado, pagado y liquidado de manera independiente, de
acuerdo con cada una de las cláusulas que establecían su valor y forma de pago.
5.4. Durante el periodo de vinculación, fue contratado para desarrollar actividades
inherentes al programa de familias en acción, las cuales solo se convirtieron en
permanentes a través de la Ley 1532 de 2012, razón por la cual fue a partir de ese
momento en que se creó la planta de personal y no se continuó con la contratación
por prestación de servicios.
5.5. Por último, propuso las excepciones de: i) pacto de inexistencia o exclusión de
la relación laboral; ii) pago total de las obligaciones contractuales; iii) «renuncia
expresa del señor Jaime Enrique Benavides Pinto a demandar»; iv) cobro de lo no debido;
v) prescripción; vi) «naturaleza privada de los contratos suscritos con el FIP»;
vii) «naturaleza temporal del programa de familias en acción»; viii) «irreversibilidad de los
pagos hechos al fisco nacional o territorial»; ix) obligación del contratista de pagar la
seguridad social; x) imposibilidad de alegar su propia culpa; xi) buena fe;
xii) insuficiencia probatoria; xiii) imposibilidad de devolver recursos a caja de
compensación; y xiv) imposibilidad de devolver primas de seguros.
8 Folios 312 al 339 y del 383 al 399.
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Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
1.3. La sentencia apelada
6. El Tribunal de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia
proferida el 18 de marzo de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y en consecuencia dispuso lo siguiente:
«Primero: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Declarar la nulidad del Oficio F-OAP-021-MEM-V04 del 10 de septiembre de
2012, radicado 20121900109433, proferido por el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social-DPS, mediante el cual se le negó al demandante el reconocimiento
de la existencia de una relación laboral, conforme a lo explicado en la parte motiva de
esta providencia.
Tercero. Declarar que entre el señor Jaime Enrique Benavides Pinto (…) y el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social existió un contrato realidad de
naturaleza laboral, durante el lapso comprendido entre el 02 de mayo de 2001 hasta el
13 de abril de 2012, acorde con lo expuesto.
Cuarto. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
ordenar al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS, pagar al señor
Jaime Enrique Benavides Pinto (…) lo siguiente:
a) Las prestaciones reclamadas dentro del lapso comprendido entre el 02 de mayo de
2001 hasta que culminó el vínculo contractual, esto es, el día 13 de abril de 2012,
liquidadas de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
b) Efectuada la anterior liquidación el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social-DPS, deberá tomar (durante el tiempo comprendido entre el 02 de mayo de
2001 y el 13 de abril de 2012), el Ingreso Base de Cotización IBC pensional del
demandante, sobre los honorarios pactados, mes a mes, y si existe diferencia entre
los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión
solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.
Quinto. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS, hará la
actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 187 (inciso final) de la Ley 14 de 2011, teniendo en cuenta los índices de inflación
certificados por el DANE, mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por
el Consejo de Estado, expuesta en la parte motiva de esta providencia.
Sexto. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS, deberá dar
cumplimiento a la sentencia, de conformidad a lo dispuesto en los términos establecidos
en los artículos 187, 189 y 192 del CPACA.
Séptimo. Declarar que el tiempo laborado por el señor Jaime Benavides Pinto, bajo la
modalidad de órdenes de prestación de servicios desde el 02 de mayo de 2001 hasta el
13 de abril de 2012, se debe computar para efectos pensionales.
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Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
Octavo. Negar las demás pretensiones de la demanda.
Noveno. Sin condena en costas, de conformidad a la parte motiva de esta providencia»
(sic).
7. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente9:
7.1. Las pruebas allegadas al plenario demuestran que, desde el 2 de mayo de 2001
hasta el 13 de abril de 2012, entre el demandante y el «entonces Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República – Fondo de Inversión para la Paz hoy
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS» se suscribieron 15
contratos de prestación de servicios para «atender y resolver quejas y reclamos que se
presenten por parte de los actores del subprograma subsidios condicionados del programa
familias en acción» (sic).
7.2. Jaime Enrique Benavides Pinto prestó sus servicios de manera permanente y
personal, pues sus funciones como coordinador del área de PQRS y como asesor
de diferentes dependencias y grupos de trabajo así lo exigían.
7.3. Pese a vincularse con la entidad mediante contratos, la ejecución de su actividad
implicó la prestación directa del servicio y sin independencia en el desarrollo de su
labor, pues todo el tiempo tuvo que cumplir con el horario y las directrices fijadas
por la coordinadora nacional del programa de Familias en Acción, quien además
ejercía la función de supervisora de los contratos «e impartirá las instrucciones precisas
relacionadas con los cronogramas, reuniones y horarios e en general, con el objeto
contractual» (sic).
7.4. No hubo solución de continuidad, toda vez que entre la fecha de finalización de
cada uno de los contratos celebrados y la de su inicio no trascurrió un lapso superior
a los 30 días hábiles.
7.5. No operaron los fenómenos jurídicos de prescripción y caducidad, comoquiera
que i) el último contrato finalizó el 13 de abril de 2012 y la reclamación administrativa
fue realizada el 24 de agosto de esa anualidad; y ii) la demanda fue interpuesta el
18 de marzo de 2015, esto es en el término de oportunidad previsto por el artículo
164 del CPACA, toda vez que el auto que rechazó la solicitud de extensión de
jurisprudencia quedó ejecutoriado el 4 de diciembre de 2014.
7.6. Comoquiera que no se probó la existencia de un cargo de planta que desarrollara
9 Folios 472 al 486.
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iguales funciones a las que ejecutó el contratista, la base de liquidación se debe
tasar sobre los honorarios pactados.
7.7. Por la naturaleza parafiscal de los aportes al sistema de seguridad social, es
improcedente su devolución, pues dichos dineros son de obligatorio pago y recaudo
para un fin específico y no constituyen crédito a favor del interesado.
7.8. Es improcedente el reconocimiento de la devolución de lo pagado por concepto
de retenciones efectuadas y la sanción moratoria, por cuanto esta sentencia es
constitutiva del derecho, es decir que a partir que surge el derecho.
7.9. No se condenará en costas toda vez que no se evidenció que la entidad hubiese
actuado procesalmente con manifiesta carencia de fundamento legal.
1.4. El recurso de apelación
8. El DPS interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara la decisión con
fundamento en los siguientes argumentos10:
8.1. El a quo omitió la obligación legal de pronunciarse sobre todas las excepciones
propuestas, pues no resolvió las denominadas: i) prescripción; ii) «naturaleza privada
de los contratos suscritos con el Fondo de Inversión para la Paz-Acción Social-FIP»;
iii) «imposibilidad de devolver los recursos a cajas de compensación»; y iv) «imposibilidad
de devolver primas de seguros».
8.2. Los contratos celebrados fueron producto del ejercicio de la autonomía de la
voluntad y no pueden calificarse como quebrantadores del ordenamiento jurídico,
«máxime si la voluntad del contratista fue siempre expresada libremente, tanto que aceptó
todas las cláusulas allí estipuladas de común acuerdo» (sic).
8.3. La relación contractual entre las partes estuvo regulada por los principios y
normas privadas, por tanto, no tienen naturaleza pública.
8.4. La sola suscripción de contratos de prestación de servicios, informes de
actividades, asistencia a reuniones, pagos mensuales y designación como
supervisor de otros contratos no son suficientes para demostrar la existencia de la
relación laboral encubierta pretendida por el demandante.
8.5. La parte demandante no logró demostrar que efectivamente prestó sus servicios
de forma dependiente y subordinada a favor de la entidad demandada, pues las
10 Folios 509 al 526.
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Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
actividades para las cuales fue contratado debían ser desarrolladas dentro de unos
parámetros mínimos de realización.
8.6. El hecho de que la persona tenga un horario y o unos parámetros de tiempo para
el desempeño de su labor, por sí solo no puede valer para que se admita que existió
una relación legal y reglamentaria, por el contrario, aquellas «pueden hallarse en otros
contratos distintos del de trabajo».
8.7. Ante una posible condena se debe analizar la excepción de prescripción, puesto
que en la prestación de los servicios del demandante hubo solución de continuidad.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar11.
1.6. Concepto del Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio12.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 13, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si entre Jaime Enrique Benavides
Pinto y el DPS se configuró una relación laboral?, y de ser así, ¿si tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones laborales derivadas de esa relación
laboral? y ¿si debe declararse la prescripción extintiva frente a los periodos de
vinculación?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
12. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
11 Así se dispuso en auto del 23 de enero de 2024. Índice 4 de Samai.
12 Así se desprende del informe secretarial del 16 de enero de 2024. Índice 12 de Samai.
13 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01728-02 (0606-2023)
Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
13. Por su parte, el Decreto 2209 de 199814 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
14. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
15. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
16. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:
14 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01728-02 (0606-2023)
Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
17. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 16, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».
18. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»17 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
19. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
15 Aprobada el 11 de abril de 1919.
16 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
17 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01728-02 (0606-2023)
Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
20. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
21. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación18 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01728-02 (0606-2023)
Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales19». (Resalta la Sala).
22. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.
23. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
24. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
25. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
26. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
19 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
12
Radicado: 25000-23-42-000-2015-01728-02 (0606-2023)
Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202120 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
27. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».
28. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que demostrar
que aun cuando la relación contractual se originó en las disposiciones contenidas
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esta situación en realidad encubría una
relación laboral. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
13
Radicado: 25000-23-42-000-2015-01728-02 (0606-2023)
Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
2.3. Caso concreto
29. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
2.3.1. Documentales
29.1. Durante el periodo comprendido entre el 2 de mayo de 2001 y el 13 de abril de
2012, Jaime Enrique Benavides Pinto estuvo vinculado con la entidad demandada21,
mediante los siguientes contratos y órdenes de prestación de servicios22:
Fecha de Fecha de
Modalidad Objeto
inicio terminación
«El contratista se compromete para con el DPR-FIP, por sus
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa,
2 de mayo de 31 de julio de a atender y resolver las quejas y reclamos que se presenten por
048/0123
2001 2001 parte de los actores del subprograma subsidios condicionados
del programa familias en acción de la red de apoyo social del
fondo de inversión para la paz» (sic).
«El contratista se compromete para con el DPR-FIP, por sus
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa,
31 de
1° de agosto a atender y resolver las quejas y reclamos que se presenten por
1081/0124 diciembre de
de 2001 parte de los actores del subprograma subsidios condicionados
2001
del programa familias en acción de la red de apoyo social del
fondo de inversión para la paz» (sic).
«El contratista se compromete para con el DPR-FIP, por sus
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa,
31 de
4 de febrero a atender y resolver las quejas y reclamos que se presenten por
210/0225 diciembre de
de 2002 parte de los actores del subprograma subsidios condicionados
2002
del programa familias en acción de la red de apoyo social del
fondo de inversión para la paz» (sic).
«Atender y resolver las quejas-reclamos, novedades y
56 del 3 de derechos de petición presentados por las familias beneficiarias
3 de enero de 31 de enero
enero de directamente o a través de los enlaces municipales y las UCR’S
2003 de 2003
200326 del programa familias en acción. Analizar y ordenar las
reliquidaciones positivas o negativas» (sic).
«Presentar al DPR-FIP, por sus propios medios, con plena
autonomía técnica y administrativa, sus servicios en la
315 del 31
31 de enero 31 de marzo coordinación de la atención de las quejas, reclamos, novedades
de enero de
de 2003 de 2003 y derechos de petición presentados por las familias
200327
beneficiarias directamente o a través de los enlaces
municipales y de las UCR’S del programa familias en acción.
21 Antes Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, luego Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional y hoy Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social.
22 La información consignada en el cuadro, también se funda en las certificaciones expedidas el 18
y 23 de septiembre de 2008, suscritas por la coordinadora del área de gestión de talento humano, y
por el coordinador del Área de Contratos y Liquidaciones de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional visibles a folios 38, 44 al 48, 56, 62, 68.
23 Folios 23 al 26.
24 Folios 28 al 31
25 Folios 32 al 35
26 Folio 36.
27 Folio 37.
14
Radicado: 25000-23-42-000-2015-01728-02 (0606-2023)
Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
Analizar y ordenar las reliquidaciones positivas o negativas»
(sic).
«El contratista prestará al DPR-FIP, por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios en
la Coordinación de la atención de las quejas, reclamos,
31 de
1 de abril de novedades y derechos de petición presentados por las familias
2101/0328 diciembre de
2003 beneficiarias directamente o a través de los enlaces
2004
municipales y de las UCR’S del programa familias en acción,
analizar y ordenar las reliquidaciones positivas o negativas»
(sic).
«Prestar al DPR-FIP, por sus propios medios, con plena
autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales
como coordinador del área de novedades, quejas y reclamos
3 de enero de 2 de marzo de del programa familias en acción, del plan Colombia-Fondo de
108/200429
2005 2005 Inversión para la Paz, en el nivel central, para coadyuvar a la
eficiencia y eficacia en los temas que son de competencia de
este programa, particularmente ordenando las reliquidaciones
positivas y negativas que se requieran y dar directrices» (sic).
«El contratista prestará al DPR-FIP, por sus propios medios,
con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios
profesionales, como Coordinador del área de quejas y reclamos
del programa familias en acción, del plan Colombia-Fondo de
4 de marzo de 30 de junio de
178/200530 Inversión para la Paz, en la Unidad Coordinadora Nacional en
2005 2006
el nivel central, para coadyuvar a la eficiencia y eficacia en los
temas que son de competencia de este programa,
particularmente ordenando las reliquidaciones positivas y
negativas que se requieran y dar directrices» (sic).
«El contratista prestará al Acción Social-FIP, sus servicios
profesionales como Coordinador del área de quejas y reclamos
del programa familias en acción, del plan Colombia-Fondo de
31 de
30 de junio de Inversión para la Paz, en la Unidad Coordinadora Nacional,
375/200631 diciembre de
2006 para coadyuvar a la eficiencia y eficacia en los temas que son
2006
de competencia esta dependencia, particularmente ordenando
las reliquidaciones positivas y negativas que se requieran y dar
directrices» (sic).
«El contratista prestará a la Acción Social-FIP, por sus propios
medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus
11 de enero 31 diciembre
056/200732 servicios profesionales como líder del área de procesamiento
de 2007 de 2007
de información del programa familias en acción-Fondo de
Inversión para la Paz» (sic).
«Prestar a la Acción Social-FIP, por sus propios medios, con
plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios
31 de
3 de enero de profesionales en el programa familias en acción como
269/200833 diciembre de
2008 coordinador del área de información en la Unidad Coordinadora
2008
Nacional, así como contribuir y colaborar en el desarrollo de las
diferentes actividades propias de esta dependencia» (sic).
28 Folios 39 al 43
29 Cd visible a folio 348, CPS 0178-2005 OTRO SI Y OPS 0108-2004 JAIME ENRIQUE BENAVIDES
PINTO, folios 36 al 38.
30 Ibidem, folios 63 al 67.
31 Folios 50 al 55.
32 Folios 57 al 61.
33 Folios 63 al 65, 66 y 67.
15
Radicado: 25000-23-42-000-2015-01728-02 (0606-2023)
Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
«Prestar a la Acción Social-FIP, por sus propios medios, con
plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios
31 de
15 de enero profesionales en el programa familias en acción como asesor
300/200934 diciembre de
de 2009 de la coordinación nacional en la Unidad Coordinadora
2009
Nacional, así como contribuir y colaborar en el desarrollo de las
diferentes actividades propias de esta dependencia» (sic).
«Prestar a la Acción Social-FIP, por sus propios medios, con
plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios
31 de
6 de enero de profesionales en el programa familias en acción como asesor
513/201035 diciembre de
2010 de la coordinación nacional en la Unidad Coordinadora
2010
Nacional, así como contribuir y colaborar en el desarrollo de las
diferentes actividades propias de esta dependencia» (sic).
«Prestar a la Acción Social-FIP, por sus propios medios, con
plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios
31 de
11 de enero profesionales en el programa familias en acción como
553/201136 diciembre de
de 2011 coordinador del grupo de trabajo gestión de planeación de
2011
servicios, así como contribuir y colaborar en el desarrollo de las
diferentes actividades propias de esta dependencia» (sic).
«Prestar al DPS, por sus propios medios con plena autonomía
técnica y administrativa, sus servicios profesionales como
25 de enero 13 de abril de
792/201237 asesor de la Dirección de Ingreso Social, así como, contribuir y
de 2012 2012
colaborar en el desarrollo de las diferentes actividades propias
de esta dependencia» (sic).
29.2. En la vigencia de los mencionados contratos, la entidad impartió instrucciones
en forma general sobre el cumplimiento de los horarios de trabajo, la conformación
de turnos de almuerzo, compensación de turnos, programó reuniones y
capacitaciones para la prestación del servicio, coordinó acciones de revisión de kits
escolares, le solicitó información relacionada con los servicios contratados, entre
otros38. Para una mejor comprensión se transcribirá el contenido de algunos correos
electrónicos:
Suscrito por Dirigido a Asunto Contenido Fecha
Alfonso Acción Control preventivo «La Resolución No.01066 del 16 de 20 de
Eduardo Social39 ACCION SOCIAL No. abril de 2007, en su artículo primero noviembre de
Zuluaga 11-08, señala ‹Establecer para la Agencia 2008
Zuluaga (Jefe CUMPLIMIENTO Presidencial para la Acción Social y la
de la Oficina de HORARIO DE Cooperación Internacional -ACCIÓN
Control Interno) TRABAJO Y SOCIAL que la jornada de trabajo para
ATENCIÓN AL los servidores públicos que prestan
PÚBLICO sus servicios en el nivel central, es de
OCHO HORAS Y CUARENTA Y
CINCO MINUTOS diarios y se
cumplirá en jornada continua de lunes
a viernes, en el horario laboral
comprendido entre las 8:00 a.m. y las
5:45 p.m., dividida la jornada en dos
34 Folios 69 al 73.
35 Folios 74 al 77.
36 Folios 78 al 83.
37 Folios 84 al 90.
38 Folios 171 al 190
39 El demandante hace parte de este grupo.
16
Radicado: 25000-23-42-000-2015-01728-02 (0606-2023)
Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
(2) sesiones y con descanso de una(1)
hora, para que los funcionarios tomen
almuerzo› A su vez, en el parágrafo
primero del mencionado artículo, el
Director General de ACCIÓN SOCIAL
ordena que ‹Los coordinadores de las
Unidades Territoriales, con el visto
bueno del coordinador de área de
Gestión de Talento Humano
determinaran según sus necesidades
y conveniencia el horario laboral,
manteniendo de todas maneras la
jornada de ocho horas y cuarenta y
cinco minutos›. Por su parte el
parágrafo segundo obliga que ‹En aras
de garantizar una adecuada y
oportuna prestación del servicio, los
jefes de cada área coordinan,
organizan y serán directamente
responsables de los turnos de
almuerzos de los colaboradores en
cada dependencia en una jornada de
una (1) hora, que serán de 12:00m. a
1:00 p.m. a 2:00 p.m. de tal forma que
siempre permanezca en el sitio de
trabajo personal disponible para
atender los asuntos y garantizar la
prestación del servicio›.
De lo anterior se desprenden varias
obligaciones: a) El cumplimiento
estricto del horario por parte de todos
los servidores de Acción Social; b)
establecimiento de turnos de almuerzo
por dependencias, garantizándose
siempre la permanencia de personal
disponible en las oficinas al medio día;
y c) Los coordinadores de las UT, con
el visto bueno del proceso de gestión
de talento humano, según la
conveniencia, determinarán la jornada
de trabajo en sus sedes, la cual no
podrá, en todo caso, ser inferior a 8
horas 45 minutos.
(…)
El proceso de Gestión de Talento
Humano y los coordinadores de los
diferentes procesos y dependencias
deben velar por el cumplimiento de lo
anterior y reportar a Control Interno
Disciplinario su incumplimiento. El
incumplimiento en todo o en parte de
lo previsto es causal de mala conducta
de conformidad con el Código
Disciplinario Único» (sic).
Secretaría Acción Circular «De manera atenta, nos permitimos 20 de enero
17
Radicado: 25000-23-42-000-2015-01728-02 (0606-2023)
Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
General Social40 enviar la Circular que en el día de hoy de 2009
fue informada y conocida por el Comité
Ampliado, la cual empezará a
aplicarse en toda la entidad, nivel
nacional y territorial, a partir del martes
20 de enero del presente año»41 (sic).
Luis Alfonso Acción Sin asunto «Si queda alguien en alguna oficina de 20 de enero
Hoyos Social42 la entidad en este momento (5:45 p.m), de 2009
Aristizábal ruego salir de las instalaciones
inmediatamente» (sic)
Área de Acción Primer martes de «Se acerca la hora, faltan 5 minutos 20 de enero
Gestión de Social43 salida 5:45pm para las 5:45pm….alístate…. Disfruta de 2009
Talento tu tiempo libre» (sic).
Humano
Luis Alfonso Acción Sin asunto «Tal y como se informó desde el 23 de enero
Hoyos Social44 pasado lunes, en cumplimiento de las de 2009
Aristizábal tareas para mejorar la calidad de vida
de quienes trabajamos en la entidad,
manteniendo los mejores estándares
de cumplimiento de las metas
encomendadas, hoy viernes a las 5:45
de la tarde, TODOS debemos estar
fuera de las instalaciones y no tener
ninguna tarea laboral después de esta
hora Por favor disfruten con sus
familias o allegados» (sic)
Claudia Leonor Programas Plan de acción Great «Por solicitud de Rita en el marco de l 14 de
León Moreno familias en Place To Work plan de acción definido por la septiembre de
acción Coordinación Nacional para dar 2009
UCN; respuesta a las observaciones
Joaquín planteadas por el Great Place to Work
Espinosa que tiene que ver con promover
Silva45 espacios y actividades que favorezcan
el apoyo entre colaboradores, se ha
programado un taller que se
desarrollará en 8 sesiones de 1 ½ hora
de trabajo y en grupos de nueve
personas, durante los meses de
octubre y noviembre los días lunes y
viernes.
Para dar cumplimiento a este plan, es
necesario que de acuerdo con los días
asignados en el archivo adjunto,
organicen su programación de
actividades con el fin de cumplir la
asistencia programada. En el evento
en que el día lunes sea puente, la
sesión del lunes pasará al día martes.
40 Ibidem.
41 En dicha circular se dispuso que en ninguna instalación de la entidad puede permanecer personal
después de las 5:45 p.m. Tampoco se aceptan actividades laborales de Acción Social después de
esa hora por fuera de las instalaciones.
42 El demandante hace parte de este grupo.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Ibidem.
18
Radicado: 25000-23-42-000-2015-01728-02 (0606-2023)
Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
(…) Asesor UCN, Jaime Enrique
Benavides Pinto, [debe asistir al] taller
[los] viernes» (sic).
Cecilia Programas Nuevos contratos «Buenas tardes: Por instrucciones de 25 de
Gutiérrez familias en la coordinadora del programa y de la septiembre de
Ospitia acción Secretaria General de Acción Social y 2009
UCRs; ante la necesidad de realizar los
Programa trámites de terminación anticipada de
familias en los contratos vigentes la nueva
acción contratación a partir del 1 de
UCN46 noviembre, se requiere el mayor
cumplimiento y celeridad porque
después de las fechas establecidas
por Acción Social para la entrega de
carpetas y demás trámites, no se
recibirá ningún documento y por tanto
no se hará la contratación para
quienes incumplan. Por lo anterior les
envío en cronograma otras
aclaraciones» (sic).
Gestión Nivel Con mucho animo «Recordamos que a las 11 a.m. 9 de octubre
administrativa nacional participaremos en el sonará la alarma intermitentemente y de 2009
ACSocial; simulacro que nuestra disposición de participar
CCAI47 en forma entusiasta es garantía del
éxito del ejercicio».
Gloria Triviño Programas Informe de «Compañeros reciban un cordial 18 de enero
de Coral familias en actividades primer saludo. Por orden de la directora del de 2010
acción pago programa solicitamos el envío del
UCRs; informe de actividades
Programa correspondientes al primer pago» (sic).
Familias en
Acción
UCN48
Cecilia Programas Aclaración informe de «Buenas tardes. Con el fin de que 18 de enero
Gutiérrez familias en actividades enero todos tengan la mayor claridad sobre de 2010
Ospitia acción el diligenciamiento del informe de
(Asesora UCRs; actividades para el mes de enero me
contratos y Programa permito informar que es de carácter
logística Familias en obligatorio contar con la fecha de
programa de Acción aprobación de la póliza por ser este la
familias en UCN49 fecha de inicio de ejecución del mismo
acción) que se coloca en el informe. Las
pólizas se encuentran en proceso de
elaboración por parte de Seguros del
Estado y aprobación por parte de
contratos por lo que aun no tengo la
información mencionada» (sic).
Cecilia Programas Pago de aportes «Buenas tardes: Para aclarar el tema 19 de enero
Gutiérrez familias en enero 2010 del pago de aportes en el mes de de 2010
Ospitia acción enero les informo que según talento
(Asesora UCRs; humano, el IBC debe ajustarse a los
46 Ibidem.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
19
Radicado: 25000-23-42-000-2015-01728-02 (0606-2023)
Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
contratos y Programa honorarios según el nuevo contrato de
logística Familias en 2010. Recuerden que el IBC es el 40%
programa de Acción del valor de los honorarios de un pago
familias en UCN50 (mes). Quienes ya pagaron deben
acción) realizar para el excedente» (sic).
Talento Acción Turnos de descanso «Con toda atención se adjunta copia 22 de octubre
Humano Social51 para navidad y año de la circular expedida por el secretario de 2010
nuevo 2010 general sobre los turnos con descanso
para navidad y año nuevo» (sic).
29.3. Seaportaron algunas liquidaciones de las declaraciones de impuestos52,
pólizas de seguro de cumplimiento53, liquidaciones para pago de honorarios54 y
antecedentes contractuales55, durante la vigencia contractual.
29.4. El 24 de agosto de 2012, el actor le solicitó al DPS el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral entre los años 2001 a 2012, y el pago de las
prestaciones sociales que se derivaran de ello «en igualdad de condiciones con los
empleados de nómina al servicio del Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y/o empleados
de la Rama Ejecutiva del Poder Público»56 (sic).
29.5. A través del Oficio OFI12-00094837/JMSC33020 del 3 de septiembre de 2012,
el secretario jurídico de la Presidencia de la República le manifestó al solicitante que
su petición fue remitida al DPS por competencia57.
29.6. Mediante el Oficio F-OAP-021-MEM-V04, radicado 20121900109433 del 10 de
septiembre de 201258, la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DPS negó la solicitud
anterior, con fundamento en que entre las partes únicamente existió una relación
contractual regida por la Ley 80 de 1993, en virtud de la cual «las actividades a
desarrollar por el contratista se realizarían por sus propios medios, con plena autonomía
técnica y administrativa» (sic).
29.7. Con auto del 5 de agosto de 201359, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado rechazó la solicitud de extensión de jurisprudencia
presentada por Jaime Enrique Benavides Pinto, y por medio del auto del 3 de julio
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Folios 91 al 122.
53 Folios 123 al 136.
54 Folios 138 al 170.
55 Cds visibles a folios 309 y 348.
56 Folios 3 al 5.
57 Folio 6.
58 Folios 8 y 9.
59 Folios 12 al 14.
20
Radicado: 25000-23-42-000-2015-01728-02 (0606-2023)
Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
de 201460, al resolver el recurso de súplica interpuesto por el solicitante confirmó la
anterior providencia.
.
2.3.2. Testimonios, declaraciones e interrogatorio de parte
29.8. En la audiencia de pruebas celebrada el 24 de marzo de 202161, el demandante
manifestó lo siguiente:
29.8.1. Actualmente se encuentra pensionado. Durante los años 2001 a 2012, de
manera libre y voluntaria celebró contratos de prestación de servicios con el DAPRE
(entre el 2001 y el 2005), con la APC-Colombia (entre el 2006 y el 2011) y con el
DPS (2012). Dichos contratos fueron liquidados de mutuo acuerdo por las partes.
29.8.2. Durante su vinculación con la entidad recibió órdenes e instrucciones para la
ejecución de las obligaciones contractuales. Además, debió prestar sus servicios en
las instalaciones de la entidad.
29.8.3. Rita Combariza Cruz fue la supervisora de las obligaciones previstas en el
último contrato (792 de 2012).
29.9. En esta oportunidad, también se recibieron los testimonios de Jaime
Castiblanco Barbosa y Omar Adolfo Cajiao Obando, quienes laboraron y
compartieron el sitio de trabajo con el demandante y en lo particular señalaron lo
siguiente:
29.9.1. JaimeCastiblanco Barbosa es ingeniero de sistemas de profesión,
actualmente se encuentra pensionado y por similares supuestos a los del actor
presentó una demanda contra la entidad.
29.9.2. Conoció al demandante porque trabajaron juntos en el programa de familias
en acción del DPS «antes de FIP, luego Acción Social». En el año 2012, Jaime Enrique
Benavides Pinto salió de la entidad, mientras él continuó hasta el año 2016.
29.9.3. Desde el momento en que ingresó a prestar sus servicios en la entidad, el
actor estaba encargado del área de novedades, quejas y reclamos hasta su retiro
del servicio. Allí junto con su equipo de trabajo daba respuesta oportuna a las PQRS
dirigidas al programa de familias en acción.
29.9.4. El programa de familias en acción estaba conformado por 5 áreas de trabajo:
60 Folios 15 al 20.
61 Cd visible a folio 451.
21
Radicado: 25000-23-42-000-2015-01728-02 (0606-2023)
Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
i) pqrs; ii) pagos; iii) compromisos; iv) sistemas; e v) información; todas estas
dirigidas por una coordinadora nacional. Mensualmente, ella programaba reuniones
con los equipos de trabajo y allí se delegaban ciertas órdenes relacionadas con la
correcta prestación del servicio.
29.9.5. En la entidad debían cumplir un horario laboral de lunes a viernes de 8:00 am,
a 5:30 pm, y en algunas ocasiones, por necesidades del servicio, debían trabajar
los fines de semana e inclusive «viajar a hacer tareas específicas en otros municipios».
29.9.6. El incumplimiento del horario acarreaba llamados verbales de atención; si
necesitaba llegar tarde o no podía asistir, debía pedir permiso a la coordinadora
nacional del programa de Familias en Acción, Rita Combariza «ella [todos los días] se
paraba en la puerta a esperar quién llegaba tarde».
29.9.7. El DPS suministró todos los elementos de trabajo, tales como escritorios,
sillas, papelería, computador, correo institucional, usuario, contraseña, entre otros
«teníamos todo a la disposición (…) se trabajaba en las dependencias del DPS».
29.9.8. En el mes de diciembre podían disfrutar de un periodo de descanso; sin
embargo, este tiempo debía reponerse. Para tal fin, en el mes anterior se debían
recuperar las horas establecidas por el programa. Igualmente sucedía en la semana
santa.
29.9.9. En el año 2012, la mayor parte del personal contratado por prestación de
servicios pasó a formar parte de la planta de la entidad con vinculación provisional.
Ruth Milady Castañeda se encargó de las funciones que tenía el demandante, «ella
hizo parte del equipo que manejaba Jaime Enrique Benavides».
29.9.10. Omar Adolfo Cajiao Obando administrador público y tecnólogo en sistemas
de profesión. Laboró a favor de la entidad demandada entre el 2000 y el 2012 como
contratista por prestación de servicios. Desde el 2012 en adelante, fue vinculado en
la planta de personal.
29.9.11. Por similares supuestos fácticos y jurídicos tiene una demanda en contra del
DPS, pues debían cumplir un horario y «nunca tuvier[ron] discontinuidad en los
contratos». Además, «durante todo el tiempo trabaja[ron] para familias en acción,
dependiendo de la Presidencia de la República, así hubiera cambiado el nombre, FIP
Acción Social, DPS, siempre [se] desempeña[ron] en el mismo sitio. Siempre trabaja[ron]
en la calle 6 # 6-57 o 6-52».
Jaime Enrique Benavides Pinto se retiró de la entidad en el año 2012. Luz Milady
Castañeda asumió sus funciones, pero ahora como empleada de planta. En el
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Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
tiempo en que él dirigió el área de PQRS tenía 4 personas a su cargo; no obstante,
él [siempre] estuvo bajo la supervisión y dirección de «la doctora Rita Combariza»,
coordinadora nacional.
29.9.12. Jaime Enrique Benavides Pinto cumplía un horario de 8:00 am., a 5:00 pm.,
el cual variaba por necesidades del servicio. Al respecto señaló que: «muchas veces
nos tocó trabajar los sábados y domingos para poder cumplir con el ciclo operativo del
programa (…) cuando fue lo de work place todos recibíamos circulares y los correos, todos
nos llegaban correos del cual era el horario, que viernes teníamos salida más temprano (…)
nos llegaban circulares para cumplir la hora adicional para recuperar en semana santa, o la
hora adicional que tenemos que escoger, o salir más tarde o llegara más temprano, o no
salir a almorzar para recuperar los días de descanso».
29.9.13. Lacoordinadora nacional del programa, Rita Combariza programaba
reuniones de trabajo con los coordinadores de área, allí impartía ordenes e
instrucciones relacionadas con el cumplimiento del programa de familias en acción.
29.9.14. En caso de no poder asistir a su lugar de trabajo, debía informar de tal
situación a la coordinadora nacional para que esta le autorizara.
29.9.15. Para poder salir a disfrutar de las semanas de descanso de final de año y
semana santa en las semanas anteriores debía compensar este tiempo.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral
30. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos del recurso de
apelación, la Sala analizará a continuación si se acreditaron los elementos que
permiten configurar una relación laboral entre Jaime Enrique Benavides Pinto y el
DPS.
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
31. De las pruebas relacionadas, se tiene que Jaime Enrique Benavides Pinto prestó
servicios profesionales a favor de la entidad demandada en el programa de familias
en acción, entre el 2 de mayo de 2001 y el 13 de abril de 2012, vinculado mediante
contratos y órdenes de prestación de servicios, lo que implica que fue aquel quien
de forma personal y no a través de otra persona el que ejecutó la labor contratada.
Asimismo, en virtud de lo señalado en tales documentos, se comprometió con la
entidad para desarrollar personalmente un objeto similar en cada uno de los
contratos, tal y como quedó descrito en el capítulo de hechos probados. Elemento
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01728-02 (0606-2023)
Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
que no fue objeto de reproche por la parte apelante.
2.4.1.2. Remuneración
32. Ahora bien, el demandante percibió una remuneración por el trabajo cumplido,
tal y como se evidencia en los contratos de prestación de servicios, en los que se
advierte que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la
remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de
su denominación (honorarios o salario).
2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia
33. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas, la
declaración de parte y los testimonios, se tiene que las funciones desempeñadas
por el demandante no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que
estuvo sujeta a horarios, instrucciones y órdenes que son de naturaleza
subordinada pues atienden al control de un superior (coordinadora nacional del
programa Familias en acción) para ejecutar las obligaciones contractuales, por lo
que existe una sujeción de él hacia la entidad demandada y, en tal sentido, esta
contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su servicio, y aquel, a
su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio
del ius variandi por parte del DPS (anterior Acción Social).
34. Precisamente, los testimonios de Jaime Castiblanco Barbosa y Omar Adolfo
Cajiao Obando, compañeros de trabajo de Jaime Enrique Benavides Pinto en el
programa de Familias en acción, dan buena cuenta de las condiciones bajo las
cuales prestaba sus servicios a la entidad demandada, de las que se resalta que en
ejercicio de sus funciones cumplía con un horario que oscilaba entre las 8:00 am, y
las 5:00 pm, de lunes a viernes en las instalaciones del DPS (anterior Acción Social)
en la ciudad de Bogotá, seguía órdenes e instrucciones de la coordinadora nacional,
e inclusive la entidad le suministró todos los insumos, elementos o instrumentos
para que desarrollara sus labores. Además, que no tenían libertad para decidir la
forma como desarrollaban el objeto contractual, como tampoco podía ausentarse
libremente del lugar de trabajo sin previa autorización de la coordinadora nacional
del programa y no podía enviar a otra persona para que ejerciera las obligaciones
contractuales, lo que se traduce en la ausencia de libertad o autonomía en el
desarrollo de la labor.
35. En este punto, valga precisar que aun cuando los testigos presentaron demandas
por similares supuestos fácticos y jurídicos contra la entidad demandada, sus
declaraciones resultan suficientes para esta Sala, pues justamente son quienes se
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encontraban en iguales condiciones y podían exponer [por virtud de su conocimiento
propio] las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló la labor;
además que, de acuerdo con lo expuesto, sus declaraciones coinciden con las
demás pruebas allegadas al plenario, e incluso, en contraste con lo afirmado por la
entidad, resultan coherentes con el desarrollo de la labor de un servidor del área de
PQRS62 de la entidad.
36. Aunado a lo expuesto, se advierte que la entidad demandada no aportó prueba
para desvirtuar la parcialidad de su dicho y por el contrario se encuentra que su
testimonio está acorde con lo relatado por el demandante, además porque, se
insiste, eran ellos quienes de primera mano conocían la situación de Jaime Enrique
Benavides Pinto, pues hacían parte del equipo de trabajo del programa de Familias
en acción.
37. En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar,
inclusive con sus propios elementos, para que el trabajador desarrollara sus labores,
sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.
38. Esto se advierte luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las funciones
que se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre los
extremos procesales, de los testimonios recibidos en el proceso y las demás
pruebas documentales aportadas. En ellos se aprecian actividades que exigen para
su ejecución necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar
una valoración bajo las reglas de la sana crítica, encuentra que es posible
determinar la existencia de una relación laboral subordinada, siendo incuestionable
el ánimo de la entidad contratante de emplear de modo permanente y continuo los
servicios del demandante, pues la labor se desarrolló por espacio de más de 10
años y 11 meses, aproximadamente, lo cual evidentemente permite advertir que sus
funciones no fueron temporales, ni que se pretendiera simplemente suplir algunas
funciones que no pudiese realizar un servidor de planta.
39. Lo expuesto se funda en que, durante los periodos de ejecución de los contratos
celebrados con la entidad demandada, se comprometió a cumplir, entre otras, con
las siguientes obligaciones63:
«Disponer lo necesario para que el objeto del presente contrato se cumpla a calidad. -.
Realizar las actividades contempladas en los términos de referencia suscritos por el
contratista, los cuales hacen parte integral del presente contrato. -. No acceder a
peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera e la ley con el fin de obligarlo a
62 Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
63 Para efectos prácticos solo se trascriben las obligaciones pactadas en algunos de los contratos y
órdenes de prestación de servicios.
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Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente al DPR-FIP y demás
autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas. -. Realizar
la supervisión y control de los contratos que la Dirección Ejecutiva del Fondo de
Inversión para la Paz encomiende. – Cumplir como contratista independiente con las
obligaciones de seguridad social contenidas en la Ley 100 de 1993 (…) -. Controlar los
tiempos establecidos para la recepción de formularios inherentes al programa. -.
Analizar los casos reclamados y novedades correspondientes a la UCR y los EM. -.
Atender y realizar los trámites ante instancias pertinentes para dar respuesta a los
reclamos efectuados por los beneficiarios directos, relacionados con la oferta de
servicios y con la operación del subprograma. -. Atender y dar respuesta de los diferentes
tipos de reclamos que afecten a los beneficiarios. 5. Elaborar un sistema de información
de reclamos presentados y tomar acciones que conduzcan a prevenir su recurrencia. -.
Diagnosticar problemas de la operación y proponer soluciones con base y en la
recurrencia de las quejas y reclamos. -. Capacitar a las UCR y EM para la solución de
reclamos. -. Coordinar las actividades relacionadas con Call-Center. -. Analizar y dar
respuesta a los derechos de petición remitidos por las UCR y los EM. -. Análisis y
aplicación de las reliquidaciones positivas o negativas que resultan del análisis de las
liquidaciones normales no efectuadas a las familias beneficiarias. -. Proveer informes
estadísticos a las diferentes áreas del programa. -. Proveer las diferentes UCR’s del
programa del material necesario para la presentación de las quejas, reclamos y
novedades.-. Coordinar el comité de casos especiales (…) -. Controlar tiempos
establecidos para la recepción de formularios inherentes al subprograma. -. Analizar los
casos de reclamos y novedades correspondientes a la UCR de los EM. -. Atender y
realizar trámites pertinentes para dar respuesta a los reclamos efectuados por los
beneficiarios directos, relacionados con la oferta de servicios y con la operación del
subprograma. -. Atender y realizar los trámites pertinentes para dar respuesta de los
diferentes tipos de reclamos que afectan el pago de los subsidios. -. Informar sobre las
quejas y reclamos a las madres afectadas por los mismos. -. Informar, coordinar las
actividades con la jefatura de operaciones de la UCN» (sic). [Se resalta]
40. Las anteriores obligaciones ponen en evidencia que no realizó sus labores en
forma autónoma e independiente, pues estas tienen relación de correspondencia
con el ejercicio del poder subordinante por parte del empleador, esto es en las que
si bien, Jaime Enrique Benavides Pinto se encontraba al mando del equipo de
PQRS de la entidad demandada, lo cierto es que las obligaciones contractuales
debían llevarse a cabo en estricta atención de los lineamientos establecidos por la
entidad para el programa de Familias en acción. Esto es así, pues así lo
corroboraron los testigos quienes fueron observadores directos y coincidieron en
afirmar que él fungió como coordinador del área de PQRS y que no contaba con
autonomía, toda vez que las labores encomendadas exigían la atención permanente
del servicio. Además, comoquiera que en el ejercicio de sus labores debía atender
órdenes e instrucciones por parte de la coordinadora nacional programa.
41. Particularmente, se advierte que los testigos Jaime Castiblanco Barbosa y Omar
Adolfo Cajiao Obando fueron coincidentes en precisar que Jaime Enrique Benavides
Pinto debía cumplir un horario y seguir órdenes e instrucciones de la coordinadora
nacional del programa, Rita Combariza, quien ante el incumplimiento de las
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obligaciones le impartía llamados verbales de atención y para el control de horarios
«se paraba en la puerta a esperar quién llegaba tarde».
42. Nótese como en los correos electrónicos del: i) 20 de noviembre de 2008, el jefe
de la Oficina de Control Interno le recordó sobre el cumplimiento estricto del horario
y jornada de trabajo; ii) 14 de septiembre de 2009, por el cual, por solicitud de «Rita
en el marco del plan de acción definido por la Coordinación Nacional para dar respuesta a
las observaciones planteadas por el Great Place to Work», Claudia Leonor León Moreno
lo convocó a un taller de trabajo para los meses de octubre y noviembre; y iii) 22 de
octubre de 2010, a través del cual «talento humano» le comunicó el cronograma de
turnos de descanso para navidad y fin de año.
43. Además, dentro de sus obligaciones contractuales se encontraba aquella según
la cual debía «[r]ealizar la supervisión y control de los contratos que la Dirección
Ejecutiva del Fondo de Inversión para la Paz encomiende»64, lo que pone en evidencia
que la entidad tenía la facultad de establecer nuevas y diferentes obligaciones a las
pactadas, y demuestra el ejercicio del ius variandi por parte del empleador, es decir
que advierte la facultad que este tenía para variar las condiciones del contrato. Pero
además, tal obligación se aleja del objeto contractual que consistía en «atender y
resolver las quejas y reclamos que se presenten por parte de los actores del subprograma
subsidios condicionados del programa familias en acción de la red de apoyo social del fondo
de inversión para la paz».
44. En suma, el intercambio de correos electrónicos, los antecedentes contractuales
y los testimonios demuestran que debía atender procedimientos previamente
establecidos, observar las normas de la entidad y seguir las instrucciones de la
coordinadora nacional del programa y supervisora contractual, Rita Combariza, lo
que evidencia el ejercicio del poder subordinante por parte de la entidad.
Ciertamente, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar,
inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.
45. En este punto se advierte que, a través de la Ley 487 de 1998 se creó el Fondo
de Inversión para la Paz65 como una cuenta especial sin personería jurídica, adscrita
a la Presidencia de la Republica y cuyo objeto principal era la de «financiar los
programas y proyectos estructurados para la obtención de la paz»66.
64 Contenida en los contratos 048 de 2001, 1081 de 2001, 210 de 2002 y 2101 de 2003.
65 En lo que sigue FIP.
66 Decreto 1479 de 2000, artículo 2.
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Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
46. Posteriormente, con la expedición del Decreto 2467 de 2005 se fusionó
la
Agencia Colombiana para la Cooperación Internacional (ACCI) a la Red de
Solidaridad Social, y se le adscribió el FIP.
47. Para lograr el objetivo de la Ley 1448 de 201167, el gobierno nacional a través
del Decreto 4155 de 201168 transformó la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional en el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, entidad que estaría encargada de «fijar las políticas, planes
generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a víctimas de la
violencia, la inclusión social, atención a grupos vulnerables y la reintegración social y
económica»69.
48. Así las cosas, en este punto se advierte que la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional tenía por objeto «coordinar, administrar
y ejecutar los programas de acción social dirigidos a la población pobre y vulnerable
y los proyectos de desarrollo, coordinando y promoviendo la cooperación nacional
e internacional, técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país»70.
49. Además, la misión del DPS es «la formulación, coordinación, implementación y
evaluación de políticas públicas que contribuyen a la justicia social, económica y ambiental
para la construcción de la Paz Total; mediante la atención con enfoque diferencial a la
población en situación de pobreza y de vulnerabilidad»71 (sic).
50. Las anteriores funciones de carácter permanente guarda similitud con las
actividades desempeñadas por el demandante, es decir, la ejecución de las labores
que permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad.
51. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
67 «Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones».
68 «Por el cual se transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional (Acción Social) en Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, y se fija su objetivo y
estructura».
69 https://prosperidadsocial.gov.co/la-entidad/
70 Según lo dispuesto por el artículo 5 del Decreto 2467 del 19 de julio de 2005.
71 https://prosperidadsocial.gov.co/la-entidad/mision-vision-objetivos-y-funciones/.
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armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»72.
52. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia» 73.
53. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que en el ejercicio de las funciones por parte del demandante estaba sometido a
medidas u órdenes, a saber: la imposición de un horario y la sujeción a directrices
por parte de la coordinadora nacional del programa de Familias en acción, lo que
demuestra que la entidad demandada, en su calidad de empleadora, contaba con
la posibilidad de disponer del trabajo del actor, y de manera indiscutible, denota la
existencia del elemento subordinación.
54. Ahora bien, echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en
la Ley 909 de 2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas
temporales que atendieran la oferta y la demanda en la prestación del servicio.
55. En consecuencia, tal y como fue determinado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, para el periodo comprendido entre el 2 de mayo de 2001 y el 13 de
abril de 2012 se encuentra demostrada la existencia de los elementos de la relación
laboral, razón por la cual, en este punto, se confirmará la decisión apelada.
24.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
56. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta y en atención el
motivo de apelación.
57. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación74 dispuso que:
72 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
73 Ibidem.
74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: sentencia de unificación de jurisprudencia conforme
al artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho,
Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01728-02 (0606-2023)
Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».
58. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».
59. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 75, proferida
por el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:
«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
75 SUJ2-005-16.
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Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…)». (Se subraya).
60. Así las cosas, esta Sala reitera lo expuesto en precedencia, según lo cual «( q)uien
pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el
pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de
la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»76.
61. En consideración a lo anterior, deberá analizarse si en el sub judice, la
reclamación en sede administrativa fue oportuna, y para ello, se establecerá si hubo
o no solución de continuidad en la prestación del servicio, para lo cual, se tendrá en
cuenta lo siguiente:
Contrato o forma de Interrupción en días
Periodo de prestación de servicios
vinculación hábiles
048/01 Del 2 de mayo al 31 de julio de 2001 -
1081/01 Del 1° de agosto al 31 de diciembre de 2001 0
210/02 Del 4 de febrero al 31 de diciembre de 2002 24
56 del 3 de enero de
Del 3 al 31 de enero de 2003 2
2003
315 del 31 de enero de
Del 31 de enero al 31 de marzo de 2003 0
2003
2101/03 Del 1° de abril de 2003 al 31 de diciembre de 2004 0
108/2004 Del 3 de enero al 2 de marzo de 2005 0
178/2005 Del 4 de marzo de 2005 al 30 de junio de 2006 1
375/2006 Del 30 de junio al 31 de diciembre de 2006 0
056/2007 Del 11 de enero al 31 de diciembre de 2007 8
269/2008 Del 3 de enero al 31 de diciembre de 2008 2
300/2009 Del 15 de enero al 31 de diciembre de 2009 10
513/2010 Del 6 de enero al 31 de diciembre de 2010 3
553/2011 Del 11 de enero al 31 de diciembre de 2011 6
792/2012 Del 25 de enero al 13 de abril de 2012 21
76 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
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Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
62. De acuerdo con el recuento anterior, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 24 de agosto de
2012, se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues no
transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía administrativa el
reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que la relación culminó el 13 de abril de 2012 y no hubo
interrupciones que superaran los 30 días hábiles. Por tanto, en este punto la Sala
confirmará la decisión del a quo.
2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
63. Por lo analizado el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación
laboral debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendría que
realizarse en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba
iguales funciones a las que ejecutó, correspondiente al periodo mencionado y, solo
en caso de no existir, con base los honorarios pactados en los contratos de
prestación de servicios en ese periodo.
64. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales77 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas78.
65. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, correspondería reconocer que
77 25 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
78 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
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Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
la labor desempeñada por Jaime Enrique Benavides Pinto debía ser remunerada
conforme con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales
funciones; empero no se efectuará modificación alguna a la sentencia recurrida, en
aras de no vulnerar la situación del apelante único, que en este caso es la entidad
demandada.
66. En igual sentido, si bien en aplicación de las garantías de orden constitucional
que impone a las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades
para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad
y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales79, esta Sala ha señalado que en asuntos
relativos a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el reconocimiento y
pago de las diferencias que resulten entre lo que recibió el demandante por
concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones de dicho
cargo de la entidad; no es menos cierto que, en el presente asunto el DPS funge
como apelante único, razón por la cual en virtud del principio de la non reformatio in
peius no habrá lugar a modificar la sentencia y, en consecuencia, se confirmará.
67. En lo que respecta al motivo de inconformidad planteado por la entidad
demandada relativo al pago de aportes al sistema de seguridad social y a las cajas
de compensación familiar, la Sala advierte que contrario a lo afirmado por la entidad
demandada el a quo no reconoció dicho concepto, pero tampoco fue objeto de las
pretensiones. Además, dicha condena es improcedente, tal y como se indicó en las
sentencia del 9 de septiembre de 202180 y del 12 de mayo de 202281, toda vez que,
de acuerdo con lo que ha venido señalando esta corporación, a pesar de que se
haya declarado a su favor la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente, en función de su naturaleza parafiscal, estos recursos son de
obligatorio pago y recaudo para un fin especifico «lo que excluye la posibilidad de
titularidad que sobre los mismos pretenda el actor ejercer»82.
68. En efecto, tal y como se ha indicado, esta corporación había diferenciado entre
las prestaciones que tenía a cargo exclusivamente el empleador y aquellas que se
prestan o reconocen de forma dineraria por el Sistema de Seguridad Social Integral;
esto es se trata de una clasificación de las prestaciones sociales sobre la base de
79 Artículo 53 de la Constitución Política.
80 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, radicado 66001-
23-33-000-2016-00299-01 (0390-2019), magistrado ponente: William Hernández Gómez.
82 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, radicado 76001-
23-33-000-2012-00288-01 (3681-2013), magistrado ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
quién debía asumirlas83.
69. En ese orden precisó que entre las primeras [las que tiene a cargo directamente
el empleador] se encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las
primas, las cesantías; y que las prestaciones sociales que se encuentran a cargo
del Sistema Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social, los
riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas
por cada sistema debe mediar una cotización. En el caso de los sistemas de riesgos
profesionales y de subsidio familiar, las cotizaciones las debe realizar el empleador;
y en el caso de cotizaciones a los sistemas de pensión y salud deben realizarse por
el empleador y el empleado en forma compartida según los porcentajes establecidos
en la Ley para cada caso.
70. Sin embargo, se insiste, esta corporación ha sostenido que, aunque se haya
declarado la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, en función
de su naturaleza parafiscal, no procede la devolución de estos recursos. Así se
dispuso en la sentencia del 9 de septiembre de 2021, en la que se unificó la
jurisprudencia, en el sentido de precisar que «frente al hecho consumado de la no
afiliación a las contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la Administración,
es improcedente el reembolso de los aportes que el contratista hubiese realizado de más,
por constituir estos aportes obligatorios de naturaleza parafiscal»84 [se resalta].
71. Asimismo, la Ley 21 de 1982 estableció la regulación de las cajas de
compensación familiar para cumplir las funciones propias de la seguridad social,
sometidas al control y vigilancia del Estado en la forma prevista en la ley.
72. Según el artículo 39 de la Ley 21 de 1989, «las Cajas de Compensación Familiar
son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como
corporaciones en la forma prevista en el Código Civil, cumplen funciones de seguridad
social y se hallan sometidas al control y vigilancia del Estado en la forma establecida por la
ley».
73. Por su parte, el artículo 41 ibidem, estableció como sus funciones las siguientes:
«ARTÍCULO 41. Adicionado por el Artículo 16 de la Ley 789 de 2002. Las Cajas de
Compensación Familiar tendrán entre otras, las siguientes funciones:
83 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B,
Sentencia del 15 de junio de 2011, radicado 25000-23-25-000-2007-00395-01 (1129-2010), M.P.
Gerardo Arenas Monsalve.
84 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 SUJ-
025-CE-S2-2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) M.P. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
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Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
1. Recaudar, distribuir y pagar los aportes destinados al subsidio familiar, Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), Escuela Superior de Administración Pública (ESAP),
las escuelas industriales y os Institutos Técnicos en los Términos y con las modalidades
de la ley.
2. Organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para el pago del
subsidio familiar en especie o servicios, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 62 de
la presente Ley.
3. Ejecutar, con otras Cajas o mediante vinculación con organismos y entidades públicas
o privadas que desarrollen actividades de seguridad social, programas de servicios,
dentro del orden de prioridades señalado por la ley. 4. Cumplir con las demás funciones
que señale la ley».
74. Así las cosas, la entidad encargada de recaudar y administrar los recursos que
los empleadores descritos en el artículo 7 de la Ley 21 de 198285 deben efectuar es
la caja de compensación familiar.
75. La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación ha sostenido que la
naturaleza de los aportes realizados a dichas entidades de derecho privado es de
carácter parafiscal86, y en esa medida se han identificado las siguientes
características:
«Respecto de los aportes administrados por las mencionadas Cajas, la jurisprudencia
nacional ha identificado las siguientes características:
i) Están destinados a pagar una prestación social.
ii) Tienen la calidad de recursos públicos.
iii) Buscan proteger integralmente a la familia.
iv) Constituyen una herramienta para la consecución de los objetivos de la política social
y laboral del gobierno.
v) Tienen la triple condición de prestación legal de carácter laboral, mecanismo de
redistribución del ingreso y función pública desde la óptica de la prestación del servicio.
vi) El subsidio familiar no constituye salario, y
vii)Pretenden aliviar las cargas económicas del trabajador.
En lo que respecta a la naturaleza de los aportes que reciben las Cajas de
Compensación en su calidad de administradores del subsidio familiar, la legislación
85 «Artículo 7º. Están obligados a pagar el subsidio familiar y a efectuar aportes para el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA):
1º. La Nación, por intermedio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y
Superintendencias.
2º. Los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios.
3º. Los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales y las empresas de
economía mixta de las órdenes nacional, departamental, Intendencias, distrital y municipal.
4º. Los empleados que ocupen uno o más trabajadores permanentes».
86 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 2 de diciembre de 2015, radicado 11001-03-
06-000- 2015- 00144-00(2267), C.P. William Zambrano Cetina.
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Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
colombiana y la jurisprudencia le han otorgado la calidad de recursos parafiscales. Así,
el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, señaló en su
artículo 2.2.7.5.3.2:
"Los recursos que administran las Cajas de Compensación Familiar están destinados a
la atención de las prestaciones y servicios de la seguridad social y demás finalidades
que prevea la ley y no podrán comprometerse para fines diferentes.
Los que provengan de los aportes obligatorios pagados por los empleadores y por las
cooperativas de trabajo asociado tienen la condición de recursos parafiscales y como
tales, su administración se rige por las disposiciones legales correspondientes.
En la misma dirección se ha pronunciado la jurisprudencia nacional, la cual ha indicado
que los recursos administrados por las Cajas de Compensación Familiar son resultado
de la potestad tributaria del Estado. Así, se ha señalado:
"Siendo los recursos de seguridad social que manejan las Cajas de Compensación
Familiar, el resultado de la potestad tributaria del Estado ejercida a través del Congreso
de la República (Artículos 150-12 y 338 Superiores), es importante traer a colación, lo
dispuesto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cuanto a las contribuciones de
carácter parafiscal:
(…)
En este orden de ideas, resulta claro que los recursos de carácter parafiscal que
administran las Cajas de Compensación Familiar son de naturaleza pública, en
tanto constituyen una fuente de financiación que el Estado consagra en beneficio de un
sector, aunque desde la perspectiva presupuestal no entren a engrosar las arcas del
Presupuesto General de la Nación, no sean ingresos corrientes y no tengan que
reflejarse para ningún propósito en dicho presupuesto".
Igualmente, la Corte Constitucional colombiana en la sentencia C-337 de 2011 calificó
los mencionados aportes como recursos parafiscales atípicos indicando:
"En lo que respecta a la financiación del subsidio, éste ha sido clasificado por la
jurisprudencia como una contribución parafiscal atípica. En efecto, al mismo tiempo que
la Corte ha puesto de presente el carácter de prestación social que tiene el subsidio
familiar, ha indicado también que la manera como han sido regulados los recursos que
manejan las cajas de compensación familiar permite concluir que son recursos
provenientes de una exacción parafiscal de naturaleza atípica. Ello significa que la
administración y destinación de esos recursos debe ceñirse exclusivamente a lo
determinado en la ley".
Lo anterior, ha permitido concluir a la jurisprudencia nacional que los recursos
administrados por las Cajas de Compensación Familiar corresponden a un asunto de
naturaleza tributaria». [Se resalta].
76. Así entonces, considera la Sala que es improcedente la devolución de los aportes
a la demandante en dichos términos, en tanto la naturaleza de las mencionadas
cotizaciones es de carácter parafiscal, y no están destinados a engrosar su
patrimonio como consecuencia de la prestación de sus servicios, sino que
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Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
representan un recurso público cuyo uso abarca diferentes funciones estatales
dentro de las que se encuentra la atención de las prestaciones y servicios de la
seguridad social, por tanto, se confirmará la negativa de dicha pretensión.
77. De otra parte, en lo que respecta al motivo de inconformidad relativo a la
excepción denominada «naturaleza privada de los contratos suscritos con el Fondo de
Inversión para la Paz-Acción Social-FIP», esta Sala encuentra que la entidad
demandada fundamentó dicha excepción en los artículos 8 de la Ley 487 de 199887
y 10 del Decreto 1813 de 200088 según los cuales los contratos celebrados por el
Fondo de Inversión para la Paz no tiene naturaleza pública y por tanto, «corresponde
a todos los intervinientes en este proceso aplicar los principios y normas privadas (Código
Civil-Código de Comercio) relacionadas con la celebración y ejecución» (sic).
78. Al respecto, la Sala advierte que no le asiste razón, toda vez que si bien estos
artículos hacen referencia al régimen jurídico de los actos y contratos que celebró
el Fondo de Inversión para la Paz (FIP) para su funcionamiento, lo cierto es que el
artículo 13 del Decreto 1813 de 2000 dispuso que para la atención de sus
operaciones contaría con el «personal requerido de la planta de personal del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Sin embargo, de ser
necesario, se podrá contratar a las personas requeridas por el término estrictamente
necesario», y posteriormente con la fusión la Agencia Colombiana de Cooperación
Internacional a la Red de Solidaridad Social, se estableció que «[l]os funcionarios de
las plantas de personal de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional y la Red
de Solidaridad Social continuarán ejerciendo las atribuciones a ellos asignadas, hasta tanto
sea adoptada e incorporados a la planta de personal de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo anterior»89.
79. Asimismo, tal y como quedó establecido en la cláusula «normativa especial» se
incluyeron las «clausulas de terminación, interpretación y modificación unilateral previstas
en la Ley 80 de 1993» y los estudios previos son coincidentes al describir la necesidad
de la contratación la cual surgió desde el año 2001 y se extendió hasta el 2012,
desbordando el límite previsto por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (el término
estrictamente indispensable). En ese orden, como quedó expuestos párrafos atrás,
la Sala encuentra acreditados los elementos de una relación laboral subyacente
entre Jaime Enrique Benavides Pinto y la entidad demandada.
87 «Por la cual se autoriza un endeudamiento público interno y se crea el Fondo de Inversión para la
Paz».
88 «Por el cual se reorganiza el Fondo de Inversión para la Paz, FIP».
89 Según lo previsto por los artículos 33 y 34 del Decreto 2467 de 2006, «Por el cual se fusiona la
Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI, a la Red de Solidaridad Social, RSS, y se
dictan otras disposiciones».
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Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
2.4. Costas
80. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
81. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
82. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma90.
83. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
84. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
85. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre Jaime Enrique Benavides Pinto y la entidad demandada durante el
periodo comprendido entre el 2 de mayo de 2001 y el 13 de abril de 2012. En
consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales de
orden legal, tal y como lo dispuso el a quo.
90En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 25000-23-42-000-2015-01728-02 (0606-2023)
Demandante: Jaime Enrique Benavides Pinto
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 18 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso
promovido por Jaime Enrique Benavides Pinto contra el DPS, por las razones
expuestas en esta decisión.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
39
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