Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00155-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00155-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2019-00155-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00155-01 (0923-2024)
Demandante: Carlos Andrés Beleño Dumar
Demandados: ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva
Temas: Relación laboral encubierta
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Huila, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Carlos Andrés Beleño Dumar presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Comunicación 01-CTR-014584-I-2018 del 12 de julio
de 2018, a través de la cual el coordinador jurídico de contratación de la ESE
Carmen Emilia Ospina de Neiva le negó la existencia de una relación laboral por
sus servicios prestados como médico general y el pago de las prestaciones
laborales y sociales que se derivaban de ella.
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Carlos Andrés Beleño Dumar
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el pago de las prestaciones sociales «a que tienen derecho por haber existido
una relación laboral con el ente hospitalario», tales como vacaciones, cesantías y sus
intereses, trabajo suplementario, y las primas de vacaciones, de servicios y de
navidad; ii) el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías; iii) el reajuste y/o indexación del valor de las condenas, de acuerdo con
la variación del IPC, certificado por el DANE; y iv) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Carlos Andrés Beleño Dumar prestó sus servicios personales como médico
general del área de urgencias de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, entre el
20 de junio y el 30 de noviembre de 2016; vinculado de manera directa con la
entidad mediante contratos de prestación de servicios.
3.2. Enel tiempo en que estuvo vinculado con la entidad prestó sus servicios
profesionales de manera personal bajo la continua subordinación o dependencia de
la ESE.
3.3. Cumplió sus labores como médico en los horarios y turnos impuestos, con
respeto del reglamento de trabajo y órdenes de los superiores, incluso en
dominicales, festivos y en horario nocturno, y con una remuneración pactada.
3.4. El 4 de julio de 2018 solicitó a la entidad demandada «el reconocimiento y pago de
las prestaciones sociales» por el tiempo en que se desempeñó como médico general
del área de urgencias. Dicha petición fue negada a través del acto demandado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 25, 53, 123 y 125 de la Constitución Política;
22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo2; 195 de la Ley 100 de 1993; y 2 de la
Ley 244 de 1995.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:
2 En adelante CST.
3 Samai del tribunal, índice 63, 35_LinkOneDrivePublico(.pdf) NroActua 63, https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/sectriadmhui_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/EXPEDIENTE
%20DIGITAL/Dr.%20Jos%C3%A9%20Miller%20Lugo%20Barrero/ARCHIVO/41001233300020190
015500/EXPEDIENTE%20DIGITAL/002DemandayAnexos.pdf, Folios 1 al 11.
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5.1. La ESE demandada omitió aplicar el principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades, no obstante, haberse configurado los elementos propios de una
relación laboral, además, desconoció el artículo 53 de la Constitución Política, toda
vez que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de manera personal
como médico, permanente y subordinado o dependiente, consistente en la actitud
por parte de la administración contratante de impartirle órdenes y directrices en
relación con la labor contratada, bajo la fijación de un horario de trabajo para la
prestación de sus servicios y con una remuneración mensual como retribución por
las labores que realizaba.
5.2. La entidad demandada utilizó el contrato de prestación de servicios para ocultar
una verdadera relación laboral, en la que los servicios fueron prestados
personalmente a la ESE para cumplir su misión, recibió una remuneración como
contraprestación y siguió órdenes e instrucciones.
1.2. Contestación de la demanda
6. La ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos4:
6.1. La relación contractual entre las partes se reguló por el artículo 32 de la Ley 80
de 1993, el cual autorizó a las entidades públicas para celebrar contratos de
prestación de servicios con el objeto de realizar actividades no solo de carácter
permanente, sino las que de manera excepcional se requirieran para desarrollar las
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad y estas no
pudieran llevarse a cabo con el personal de planta o exigieran conocimientos
especializados, sin que generara un vínculo laboral y el derecho a recibir
prestaciones sociales.
6.2. Comoquiera que se trató de un negocio jurídico «intuito personae», la prestación
del servicio debía realizarse de manera personal pues este tipo de «contratación se
justifica en el perfil del contratista».
6.3. Como contraprestación de los servicios le fueron otorgados unos honorarios,
previamente pactados los cuales no son constitutivos de salario.
6.4. El actor no acreditó la alegada dependencia o subordinación pues la labor
ejecutada evidencia autonomía e independencia «y mal haría la jurisdicción en
presumir que dicha subordinación existió, pues no se allega prueba siquiera sumaria de que
directivos de la institución demandada hayan de manera continuada impartidos órdenes al
4 Ibidem, 007ContestacionDemanda, folios 1 al 13.
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demandante, le hayan impuesto alguna sanción o llamado de atención o asignado horario
de trabajo» (sic).
6.5. La sola suscripción de contratos, la permanencia en el tiempo, la similitud de
labores con el personal de planta y la estipulación de un horario no demuestran la
existencia del elemento subordinación, por el contrario, depende del rigor y debate
probatorio sobre elementos contundentes de sometimiento a condiciones de
dependencia en el desarrollo contractual.
6.6. Por último, propuso las excepciones de: i) legalidad del acto administrativo
acusado; ii) inexistencia de los requisitos propios del contrato laboral; iii) inexistencia
de la obligación demandada y cobro de lo no debido; iv) buena fe; v) prescripción
de los derechos reclamados; y vi) la genérica.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia proferida el 21 de noviembre de
2023, accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda y en consecuencia
dispuso lo siguiente:
«Primero: Declarar la nulidad parcial de la comunicación interna No. 01-CTR-014584-
1-2018, de fecha 12 de julio del 2018, expedida por la E.S.E Carmen Emilia Ospina,
mediante la cual le negó al señor Carlos Andrés Beleño Dumar el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral, durante el periodo comprendido entre el 05 de julio al
30 de noviembre de 2016, de conformidad con la parte motiva.
Como consecuencia de lo anterior, declarar que entre el señor Carlos Andrés Beleño
Dumar y la E.S.E Carmen Emilia Ospina, existió una relación de naturaleza laboral
durante el lapso comprendido entre el 05 de julio al 30 de noviembre de 2016.
Segundo: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la E.S.E. Carmen
Emilia Ospina de Neiva, a reconocer y pagar al señor Carlos Andrés Beleño Dumar las
prestaciones sociales causadas entre el 05 de julio al 30 de noviembre de 2016; las
cuales, serán liquidadas con base en los honorarios pactados en los contratos de
prestación de servicios.
Las sumas resultantes, se reajustarán e indexarán aplicando la fórmula indicada en la
parte motiva de esta sentencia.
Tercero: Declarar que, para efectos pensionales, se debe computar el periodo
comprendido entre el 05 de julio al 30 de noviembre de 2016.
En tal virtud, la E.S.E. ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA DE NEIVA-HUILA le
cancelará los correspondientes aportes patronales al fondo de pensiones al que se
encuentre afiliado el accionante; y la entidad debe calcular el ingreso base, de acuerdo
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con los honorarios pactados, pero solo la cuota parte que le correspondía como
empleador (si no se hubiere hecho). A su vez, el demandante debe cancelar el porcentaje
que le corresponda, en caso de no haberlo hecho.
Cuarto: Denegar las demás pretensiones de la demanda.
Quinto: Sin condena en costas» (sic).
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente5:
8.1. Las pruebas recaudadas en el proceso evidencian que, entre el 20 de junio y el
30 de noviembre de 2016, el demandante prestó sus servicios personales como
médico general a favor de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva; vinculado a
través de los contratos de prestación de servicios 835 1271 y 1840 de 2016.
8.2. Las labores ejecutadas por Carlos Andrés Beleño Dumar debían desarrollarse
de forma subordinada, pues debían atender órdenes e instrucciones de sus
superiores y dentro de los turnos asignados sin que le fuera posible cumplir de
manera autónoma e independiente, en tanto eran inherentes al objeto social de la
ESE demandada.
8.3. Los contratos de prestación de servicios y los testimonios de Jhon William
Chávez Palencia y Bibiana Andrade Soto, recaudados en el proceso, dan cuenta de
que el actor prestó sus labores como médico en la ESE y que por dicha labor era
remunerado por hora o fracción.
8.4. Losservicios se prestaron en las instalaciones físicas de la ESE, previa
asignación de turnos en horarios diurnos y nocturnos, distribuidos en los 7 días de
la semana, los cuales eran asignados por el supervisor o interventor del contrato,
en este caso, el jefe coordinador Raúl Pérez Salazar.
8.5. El objeto pactado en los distintos contratos de prestación de servicios, así como
las declaraciones rendidas por los testigos Jhon William Chávez Palencia y Bibiana
Andrade Soto, acreditan la influencia decisiva de la ESE sobre las condiciones en
que el actor llevó a cabo sus actividades profesionales y, por tanto «excedieron lo
dispuesto por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 para los contratos estatales de prestación
de servicios y que se asemejan más a una relación laboral subordinada» (sic).
8.6. La supuesta autonomía para ejercer su profesión se encontraba limitada a los
protocolos e instrucciones que determinan los cuidados de los pacientes, para lo
5 Samai del tribunal, índice 64, 21_SALIDASENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 64.
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cual debía cumplir turnos y disponer de los elementos suministrados por la propia
entidad.
8.7. Las labores desarrolladas por el demandante eran inherentes al objeto social de
la ESE demandada, toda vez que contribuyeron a la prestación del servicio de salud.
8.8. Si bien la Ley 80 de 1993 permitió la contratación de prestación de servicios
profesionales, lo cierto es que se desnaturalizó el negocio jurídico, en tanto que
durante los 5 meses en que el actor estuvo vinculado con la ESE Carmen Emilia
Ospina de Neiva desarrolló funciones que son propias de la entidad y relacionadas
con su objeto misional, como son la atención de urgencias médicas.
8.9. No operó la prescripción extintiva, comoquiera que, de manera ininterrumpida,
el actor laboró entre el 5 de julio y el 30 de noviembre de 2016 y la reclamación
administrativa se presentó el 4 de julio de 2018, esto es dentro de los tres años
siguientes a la culminación del vínculo «siendo procedente frente a este periodo el pago
de las prestaciones comunes ordinarias derivadas de la relación laboral que existió entre el
señor Carlos Andrés Beleño Dumar y la ESE Carmen Emilia Ospina» (sic).
8.10. El tiempo laborado por el demandante bajo la modalidad de contratación de
prestación de servicios es computable para efectos pensionales.
8.11. No hay lugar a la sanción moratoria, pues la obligación de pago surge con este
proveído a través del cual se efectúa el reconocimiento de la relación laboral
existente entre el demandante y la ESE.
1.4. El recurso de apelación
9. La ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva interpuso recurso de apelación y solicitó
que se revocara esa decisión con fundamento en los siguientes argumentos 6:
9.1. No se logró demostrar que efectivamente el demandante hubiese prestado sus
servicios de forma dependiente y subordinada a favor de la entidad demandada, ni
mucho menos que labor haya sido permanente, en tanto la vinculación fue por
término estrictamente indispensable que no superó los 5 meses.
9.2. Pese a que el tribunal edificó el elemento subordinación a partir de los
testimonios de Jhon William Chávez Palencia y Bibiana Andrea Andrade Soto, no
es menos cierto que, lo dicho por ellos solo acreditan la prestación personal del
servicio, el cual se realizó en cumplimiento de los contratos de prestación de
6 Samai del tribunal, índice 70, 27_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 70(.pdf) NroActua 70.
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servicios suscritos de mutuo acuerdo entre las partes. En efecto, dichos testimonios
no hacen referencia exacta a la imposición de órdenes, acatamiento de directrices
o ejercicio del poder disciplinario por parte de la entidad demandada.
9.3. El tribunal restó valor a la declaración de parte del actor, quien manifestó que
para ejecutar sus funciones «no tenía ningún médico a quien consultar, todas las
decisiones se tomaban en ese instante y era el encargado de trasladar al paciente en el
hospital, a la clínica Medilaser o la clínica Uros, de acuerdo con el criterio médico» (sic), lo
que, en efecto, dejó en evidencia la autonomía e independencia del contratista a la
hora de ejecutar sus actividades contractuales.
9.4. La existencia de un horario por sí solo no implica la existencia del elemento de
subordinación «menos si se tiene en cuenta que lo manifestado por los testigos quienes
refirieron que ellos podían modificar los cuadros de turnos y que el pago dependía del
número de horas ejecutadas por el contratista» (sic).
9.5. Si bien de lo dicho por los testigos Jhon William Chávez Palencia y Bibiana
Andrea Soto el tribunal concluyó el cumplimiento de un horario, lo cierto es que en
el expediente no hay prueba de esto «y menos si se tiene en cuenta que en la entidad
no existe un control de entrada o de salida para controlar el horario de los contratistas»
(sic).
9.6. El demandante no logró demostrar que efectivamente hubiese prestado sus
servicios de forma dependiente y subordinada a favor de la entidad demandada,
pues las actividades para las cuales fue contratado debían ser desarrolladas dentro
de unos parámetros mínimos de realización, es decir que se trató de una relación
coordinada entre el contratista y el contratante con el fin de garantizar la adecuada
ejecución de las actividades.
9.7. Durante el tiempo en que prestó los servicios a favor del hospital nunca recibió
llamados de atención, memorandos, circulares o comunicaciones mediante los
cuales se impartieran órdenes que obligaran su acatamiento para el desarrollo de
los contratos de prestación de servicios.
9.8. La relación contractual entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, la cual autorizó a las entidades públicas a celebrar contratos de
prestación de servicios; no obstante, estos no generaron un vínculo laboral ni el
derecho a percibir prestaciones sociales.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
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67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. Concepto del Ministerio Público
11. El procurador delegado de intervención 8, Tercero ante el Consejo de Estado
rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, con
fundamento en que se probaron los elementos constitutivos de la relación laboral
encubierta y en consecuencia el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
teniendo como base de liquidación los honorarios pactados en cada contrato. Lo
anterior, comoquiera que la prestación personal del servicio y la remuneración se
acreditaron con los contratos suscritos por el demandante con la ESE, y la
subordinación, con lo manifestado por los testigos, quienes precisaron que debía
cumplir un horario y que las actividades se desarrollaron dentro de un margen de
turnos acordados con la entidad demandada.
12. Además, en tanto se logró evidenciar que en la planta de personal existía
personal de planta que cumplía iguales funciones a las del demandante, por tanto
«no hay duda de que la labor desarrollada por el accionante en la E.S.E. Carmen Emilia
Ospina de Neiva, era subordinada a las instrucciones y condiciones impuestas previamente
por la entidad»7 (sic).
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
13. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación8, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si entre Carlos Andrés Beleño Dumar
y la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva se configuró una relación laboral?, y ¿si
tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de
esa relación laboral?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
14. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
7 Samai, índice 10, Memorial_FLF_9CONCEPTO(.pdf) NroActua 10.
8 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
15. Por su parte, el Decreto 2209 de 19989 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
16. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
17. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
18. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
9 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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Demandante: Carlos Andrés Beleño Dumar
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
19. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)10 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 11, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».
20. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»12 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
21. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
10 Aprobada el 11 de abril de 1919.
11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
12 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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Demandante: Carlos Andrés Beleño Dumar
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
22. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
23. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación13 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Demandante: Carlos Andrés Beleño Dumar
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales14». (Resalta la Sala).
24. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.
25. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
26. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
27. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
28. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
14 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
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Demandante: Carlos Andrés Beleño Dumar
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202115 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
29. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».
30. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que demostrar
que aun cuando la relación contractual se originó en las disposiciones contenidas
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esta situación en realidad encubría una
relación laboral. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Demandante: Carlos Andrés Beleño Dumar
2.3. Caso concreto
31. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
2.3.1. Documentales
32. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:
32.1. Durante el periodo comprendido entre el 5 de julio y el 30 de noviembre de 2016,
Carlos Andrés Beleño Dumar estuvo vinculado con la ESE Carmen Emilia Ospina
de Neiva, mediante los siguientes contratos de prestación de servicios16:
Fecha de Fecha de Valor total del
Modalidad Objeto
inicio terminación contrato
$5.472.000 «El contratista se compromete para con el
contratante a prestar sus servicios como médico
general en atención de urgencias de la ESE Carmen
0835 de 5 de julio 31 de julio de Emilia Ospina para atender pacientes en el área de
201617 de 2016 2016 urgencias, observación y hospitalaria de la entidad
realizando diagnóstico inicial, clasificación del
riesgo, definiendo su plan de manejo terapéutico y
dar continuidad en la atención» (sic).
$14.976.000 «El contratista se compromete para con el
8 de 31 de contratante a prestar sus servicios como médico
01271 de
agosto de octubre de general de la ESE Carmen Emilia Ospina, con
201618
2016 2016 oportunidad, eficiencia y eficacia de manera
autónoma e independiente» (sic)
$4.0362.000 «El contratista se compromete para con el
3 de 30 de contratante a prestar sus servicios como médico
01840 de
noviembre noviembre general urgencias, hospitalización, para la ESE
201619
de 2016 de 2016 Carmen Emilia Ospina, con oportunidad, eficiencia y
eficacia de manera autónoma e independiente» (sic)
32.2. Comunicación Interna 01-CTR-014584-I-218 del 12 de julio de 2018, a través
de la cual en respuesta a la petición con radicado 01-GER-013898-I-2018, el
coordinador jurídico de contratación de la entidad demandada negó «el
reconocimiento de las prestaciones sociales que pudieran reclamarse», con fundamento
16 La información consignada en el cuadro, también se funda en las actas de inicio, terminación y
liquidación del contrato, visibles en samai del tribunal, índice 63, 35_LinkOneDrivePublico(.pdf)
NroActua 63, https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/sectriadmhui_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/EXPEDIENTE
%20DIGITAL/Dr.%20Jos%C3%A9%20Miller%20Lugo%20Barrero/ARCHIVO/41001233300020190
015500/EXPEDIENTE%20DIGITAL, 007ContestacionDemanda, folios 42 al 49.
17 Samai del tribunal, índice 63, 35_LinkOneDrivePublico(.pdf) NroActua 63, https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/sectriadmhui_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/EXPEDIENTE
%20DIGITAL/Dr.%20Jos%C3%A9%20Miller%20Lugo%20Barrero/ARCHIVO/41001233300020190
015500/EXPEDIENTE%20DIGITAL/002DemandayAnexos.pdf, Folios 22 al 28.
18 Ibidem, folios 30 al 39.
19 Ibidem, folios 40 al 49.
14
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Demandante: Carlos Andrés Beleño Dumar
en que entre las partes únicamente existió una relación contractual regida por la Ley
80 de 1993, por tanto «en ningún caso estos contratos general relación laboral ni
prestaciones sociales y se celebran por el término estrictamente indispensable»20 (sic).
32.3. Comunicación 01-GER-003703-S-2018 del 16 de julio de 2018, por medio de la
cual el asesor jurídico de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva dio respuesta a
«la petición No. 01GER003104-E2018, radicada el 4 de julio de 2018, por el Dr. Miguel
Julián Rodríguez Ortiz Coordinador Jurídico de Contratación»21 (sic). Petición a la que se
dio respuesta en el acto demandado.
32.4. Certificados de pago y comprobantes de aportes realizados por el demandante
a la seguridad social en salud, pensión y ARL en los meses de julio a noviembre de
201622.
32.5. Oficio 01-GER-005737-S-2020 del 1° de diciembre de 2020, mediante el cual el
gerente de la ESE manifestó que en el archivo de la institución no hay cuadro de
turnos del médico Carlos Andrés Beleño Dumar, entre el 20 de junio y el 30 de
noviembre de 201623.
32.6. Certificación del 27 de noviembre de 2020, en el cual el subgerente de la entidad
demandada hizo constar que, para el año de 2016, en la planta de la ESE no existía
el cargo de médico general de urgencias y que «existen en la planta global 13 médicos
generales, código 211 grado 17. Médicos correspondientes al área de consulta externa u
hospitalización. Que el salario correspondiente para el año 2016 para estos médicos
generales fue de cuatro millones novecientos unos mil ciento sesenta y seis pesos
($4.901.166). Que las prestaciones sociales equivalentes a dichos cargos de médicos
generales de ocho (8) horas, para el año de 2016 fueron: -. Prima técnica, vacaciones,
prima de vacaciones, bonificación especial por recreación, bonificación por servicios
prestados, prima de servicios, prima de navidad, cesantías, intereses sobre cesantías»24
(sic).
20 Ibidem, folios 15 al 16.
21 Ibidem, folio 14.
22 Samai del tribunal, índice 63, 35_LinkOneDrivePublico(.pdf) NroActua 63, https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/sectriadmhui_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/EXPEDIENTE
%20DIGITAL/Dr.%20Jos%C3%A9%20Miller%20Lugo%20Barrero/ARCHIVO/41001233300020190
015500/009SeAllegaPruebaSolicitada.pdfhttps://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/sectriadmhui_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/EXPEDIENTE
DIGITAL/Dr. José Miller Lugo Barrero/ARCHIVO/41001233300020190015500/EXPEDIENTE
DIGITAL/002DemandayAnexos.pdf, folios 6 al 14.
23 Ibidem, folio 5
24 Ibidem, folios 2 y 3.
15
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Demandante: Carlos Andrés Beleño Dumar
2.3.2. Testimonios, declaraciones e interrogatorio de parte
40. En la audiencia de pruebas celebrada el 27 de enero de 202125, el demandante
manifestó lo siguiente:
40.1. Laboró en la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva entre los meses de junio a
noviembre del año 2016, vinculado a través de contratos de prestación de servicios.
40.2. A pesar de que cumplía un horario de trabajo de acuerdo con la distribución de
turnos realizados por el doctor Gonzalo Andrés Calderón, nunca le fueron pagadas
las prestaciones sociales a las cuales tenía derecho.
40.3. Para el pago de sus honorarios debía acreditar el cumplimiento de los aportes
a ARL, pensión y salud.
40.4. Le correspondía cumplir con los turnos en horarios nocturnos y en fines de
semana, según las necesidades de la institución.
40.5. «La doctora Erika» era quien firmaba los contratos de prestación de servicios y
el coordinador era Raúl Pérez, quien «legalizaba los turnos realizados por el doctor
Gonzalo Andrés Calderón».
40.6. En la época en que prestó sus servicios a la ESE «eran 5 médicos los encargados
de cubrir el servicio de urgencias».
40.7. En
el evento en que tuviera que ausentarse del servicio, le correspondía
responder por ese turno «con su propio presupuesto».
40.8. El
pago de los honorarios se realizaba mensualmente según las horas
laboradas, por lo cual no era un valor igual para todos los meses.
40.9. Las labores desarrolladas eran controladas por el «jefe Gonzalo Andrés Calderón
y el doctor Raúl Pérez», pero en consideración al criterio médico y a la premura del
servicio en el área de urgencias «para ejecutar sus funciones no tenía ningún médico a
quien consultar, pues todas las decisiones se tomaban en ese instante».
40.10. Diariamente, Raúl Pérez vigilaba el cumplimiento de sus funciones, pero
«también era vigilado a través del sistema determinado como la producción de cada médico
25 Samail del tribunal, índice 63, https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/sectriadmhui_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/EXPEDIENTE
%20DIGITAL/Dr.%20Jos%C3%A9%20Miller%20Lugo%20Barrero/ARCHIVO/41001233300020190
015500/016AudienciaPruebas.mp4.
16
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que tenía en el servicio de urgencias».
40.11. La mayor parte de médicos que prestaron sus servicios en el área de urgencias
eran contratados mediante contratos de prestación de servicios.
40.12. Nunca recibió llamados de atención relacionados con la prestación de los
servicios contratados; no obstante, para le época hubo retrasos en el pago «todos
los médicos realizaron un plan tortuga» y, en virtud de ello, todos recibieron llamados
verbales de atención.
40.13. La ESE Carmen Emilia Ospina le suministró todos los elementos e insumos de
consumo para la correcta prestación de los servicios. La entidad le creó un usuario
y una clave de ingreso para manejar el sistema de historia clínica e ingresar los
reportes a los pacientes.
40.14. Los cuadros de turnos eran realizados por la entidad con 5 días de anterioridad
a la terminación del mes, de manera unilateral y en atención al requerimiento
institucional. En dichos cuadros se indicaban los días y las horas en las que se
debían prestar los servicios. No podía decidir los días en los que debía prestar sus
servicios, por tanto «en el caso de necesitar salir o viajar le tocaba pagar el turno a otro
médico».
41. Asimismo, en dicha oportunidad se recibieron los testimonios de Jhon William
Chávez Palencia, Bibiana Andrea Andrade Soto y Raúl Pérez Salazar quienes en lo
particular señalaron lo siguiente:
41.1. Jhon William Chávez Palencia es médico de profesión y trabajó al servicio de
la ESE Carmen Emilia Ospina en el periodo en el que el demandante estuvo
vinculado con la entidad.
41.1.1. Conoció a Carlos Andrés Beleño Dumar porque fueron compañeros de trabajo
en la ESE Carmen Emilia Ospina, sede Canaima, bajo la dirección del jefe de
enfermeros Gonzalo Calderón y del doctor Raúl Salazar.
41.1.2. Los honorarios del personal vinculado con la entidad mediante contratos y
órdenes de prestación de servicios eran pagados previa presentación de una cuenta
de cobro, acompañada del soporte de aportes a ARL, salud y pensión.
41.1.3. CarlosAndrés Beleño Dumar ejercía las labores de médico general del
servicio de urgencias, en el horario asignado por el cuadro de turnos «principalmente
turnos nocturnos» de 7:00 p.m., a 7:00 a.m. Dicho horario era supervisado por Raúl
Salazar.
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Demandante: Carlos Andrés Beleño Dumar
41.1.4. Los médicos del área de urgencias debían cumplir los turnos asignados en el
cuadro de turnos «donde se atendieron y valoraron los usuarios que llegaban a la sede
(…) bajo los protocolos médicos y las directrices del doctor Raúl Salazar», quién para la
época era el coordinador médico.
41.1.5. El servicio de urgencias era verificado «mediante un sistema de internet», en el
cual los superiores podían comprobar la productividad «la cantidad de usuarios
atendidos en el transcurso del turno, la cantidad de exámenes manejados y la cantidad de
medicamentos enviados».
41.1.6. Los médicos generales del área de urgencias al servicio del ESE para el
ejercicio de sus funciones tenían una autonomía parcial, la cual se encontraba
limitada por la supervisión del «doctor Raúl Salazar» y del jefe de enfermeros, quienes
les impartían órdenes, instrucciones e indicaciones técnicas relativas a la prestación
de los servicios «ellos hacían llamados de atención dependiendo de la cantidad de la
productividad, diciéndoles que si era productivo o no era productivo».
41.1.7. Los
médicos generales al servicio de la ESE eran contratados bajo la
modalidad de prestación de servicios, los únicos de planta eran los de consulta
externa.
41.1.8. El cuadro de turnos era diligenciado por el jefe de enfermería de servicio [para
la época Gonzalo Andrés Calderón], y confirmado por el coordinador de la sede el
«doctor Raúl Salazar, pues él decía cuántos turnos debía realizar el médico, cuántas horas
se le debían asignar y cuántas se le debía pagar».
41.1.9. Raúl Pérez Salazar fungía como jefe inmediato del personal médico del área
de urgencias de la ESE «nosotros acatábamos las directrices que él nos indicaba, pese
a que no estábamos vinculados de planta, debíamos asistir a las capacitaciones que él nos
indicaba».
41.1.10. De manera unilateral la ESE realizaba la asignación de turnos y el personal
médico no tenía incidencia en su programación, pues a ellos «nunca les preguntaban
qué disponibilidad tenían de asignación de cuadro de turno ni cuántas horas querían
cumplir. Los turnos se los asignaba bajo la supervisión del doctor Raúl Pérez, el cual daba
el aval al jefe de enfermería, él entregaba el borrador de cuadros de turno y él decía cuántos
turnos le ponía o le quitaban a cada médico».
41.1.11. En alguna oportunidad realizó cambio de turno con el demandante para que
este atendiera asuntos personales, de esta novedad quedó constancia en una
minuta, previa autorización del «doctor Raúl Salazar».
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41.2. Bibiana Andrea Andrade Soto es médico general de profesión, laboró al
servicio de la entidad demandada entre los años 2013 a 2016, y durante 5 meses
fue compañera de trabajo de Carlos Andrés Beleño Dumar en la ESE Carmen Emilia
Ospina, sede Canaima, área de urgencias «en turnos de noche y algunos fines de
semana, según lo estipulado en el cuadro de turnos previamente aprobado por el
coordinador médico».
41.2.1. Al igual que ella, el demandante se vinculó con la entidad mediante contratos
de prestación de servicios, debían pagar los aportes correspondientes a salud,
pensión y riesgos laborales para que la ESE les pagara lo correspondiente a los
servicios prestados.
41.2.2. El
valor de cada uno de los contratos dependía del número de turnos
asignados por el jefe de enfermeros Gonzalo Calderón y los cuales eran aprobados
por el coordinador médico Raúl Pérez.
41.2.3. Al personal médico vinculado con la ESE por contratos de prestación de
servicios les pagan los honorarios en atención al número de horas laboradas
«porque allá pagan, es por hora, hora laborada, hora pagada; si el médico no va al turno
falta 1 hora, 2 horas, ½ hora no es pagado».
41.2.4. Desconoce el número de contratos celebrados entre las partes, pero la ESE
demandada normalmente «hacen contratos por 2 o 3 meses máximo y lo van renovando
a medida de lo que ellos deseen, cuando ellos desean renovar, simplemente no lo renuevan
y sin previo aviso, despiden al profesional».
41.2.5. El personal médico cuando ingresa a prestar los servicios en la entidad recibe
una pequeña capacitación por parte de uno de los médicos antiguos, en dónde se
le explica el manejo del sistema.
41.2.6. Si bien los contratos se celebraban por un valor, lo cierto era que, en algunos
casos, «sobraba dinero» porque «si uno se enfermaba o no podía asistir por una
calamidad doméstica», esas eventualidades no eran pagadas.
41.2.7. Los médicos contratados por la ESE no podían participar en la elaboración de
cuadros de turnos, toda vez que estos eran realizados por el jefe de enfermeros
Gonzalo Calderón y aprobado por el coordinador médico Raúl Pérez. Dichos
cuadros de turnos debían cumplirse a la perfección y para su control «el doctor Raúl
Pérez llegaba antes del ingreso y estaba pendiente» de que el horario se cumpliera de
manera oportuna.
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41.2.8. «Nunca recibieron capacitaciones», pero se les hacía inscribir en cursos del
SENA y se les daba un plazo máximo para su realización y acreditación ante la parte
administrativa de la entidad.
41.2.9. La ESE dotaba los implementos de trabajo, tales como el fonendoscopio, el
tensiómetro, insumos y equipos para examinar al paciente, pero la ropa y calzado
de labor era por cuenta del médico.
41.2.10. El
demandante seguía órdenes e instrucciones del coordinador médico,
doctor Raúl Pérez «se debía respetar la orden que él impartiera».
41.2.11. En
alguna oportunidad, con la autorización del doctor Raúl Pérez, el
demandante le cubrió unos turnos porque fue sometida a una cirugía y «la Carmen
Emilia Ospina le exigía que no podía dejar el espacio vacío, es decir, los turnos sin realizar,
porque de lo contrario le cancelarían el contrato y yo debía cubrir esos 7 días de
incapacidad».
41.2.12. Laautonomía e independencia para la prestación de los servicios
profesionales como médicos estaba limitada por los protocolos previstos por la
entidad, los cuales eran supervisados por los auditores.
41.3. RaúlPérez Salazar es médico de profesión, y para el momento de su
declaración, laboraba como contratista al servicio de la ESE Carmen Emilia Ospina.
41.3.1. Conoce al demandante porque fue su jefe de grupo en la ESE Carmen Emilia
Ospina, sede Canaima, pero no recuerda exactamente en qué período.
41.3.2. Como jefe de grupo debía supervisar los contratos de los médicos, entre ellos,
el demandante, quien prestó sus servicios a través de un sistema de turnos que él
programaba, de acuerdo con las horas pactadas en el contrato de prestación de
servicios.
41.3.3. La ESE contrató los servicios de los médicos del área de urgencias porque el
personal de planta era insuficiente para cubrir la demanda.
41.3.4. Comoquiera que la medicina es una profesión liberal y el mercado medico es
muy dinámico «pues se van a especializar o cambian de modalidad de prestación de
servicios, encuentran otras oportunidades más atractivas», la entidad opta por la
vinculación a través de la contratación de prestación de servicios «precisamente por
la movilidad del médico».
41.3.5. En su función de supervisor del contrato del demandante, tenía que certificar
20
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el cumplimiento de las horas ejecutadas mensualmente por el médico; para tal
efecto, cuando un médico faltaba al servicio por cualquier novedad y no lo informaba
a la entidad, él verificaba el sistema, pues dentro sus tareas también estaban las de
«generar la necesidad para la empresa, que entonces se estimaba cuántas horas se
requerían de médico y dependiendo también de la disponibilidad del médico que se
vinculara, pues ellos nos ofrecían sus 7 turnos, 10 turnos, 12 turnos mensuales,
dependiendo del tiempo que ellos dispusieran y las necesidades de la empresa, con eso se
estimaba el valor de horas que se iban a ejecutar durante el mes y se multiplicaba por el
valor hora que reconoce la empresa y ese vendría siendo el contrato de acuerdo al tiempo
que se estipulaba si era un mes, dos meses, 3 meses, entonces ese era el valor del contrato
a ejecutar durante este periodo que tenga un inicio y una finalización».
41.3.6. En la ESE Carmen Emilia Ospina hay 14 médicos de planta, los cuales están
vinculados en carrera administrativa desde hace mucho tiempo. Ellos trabajan entre
4 y 8 horas diarias y perciben una remuneración diferente a la de los contratistas.
41.3.7. Los médicos contratistas son autónomos para el cumplimiento de los cuadros
de turnos en la prestación de los servicios, por tanto cuando tienen una dificultad
para asistir con el compromiso adquirido buscan cambiar el turno con otro
compañero «simplemente lo registran para que quede como evidencia de que existe un
compromiso del otro médico para reemplazarlo en caso tal de que el médico incumpla,
porque tiene un cumplimiento con un servicio público de la salud y el servicio vital, entonces
acarrea una gran responsabilidad el incumplimiento por parte del otro médico, entonces,
entre ellos se firma un documento donde el médico se responsabiliza en hacerle el turno al
compañero».
41.3.8. La libertad para la prestación de los servicios médicos estaba limitada por las
guías y protocolos médicos «los que les obliga la ley artis, pues como médicos están
sometidos a seguir las guías en la atención de los pacientes».
41.3.9. Para el pago de los honorarios el médico indicaba cuántas horas había
realizado. Él, como coordinador médico, corroboraba que estas horas se hubieran
cumplido, si advertía alguna novedad por incumplimiento debía realizar la
rectificación; «el cuadro no lo guardaban o archivaban, el documento para certificación de
obra era suficiente con la suscripción del acta de certificación de hora, esas actas eran
guardadas en las carpetas o archivo para el contratista por cada contrato y están todos los
documentos que son exigidos para reconocimiento de la cuenta y el pago es la misma, y
entonces eso tiene un archivo ya en contaduría, en tesorería, allá es donde están».
41.3.10. Usualmente, el enfermero jefe del servicio de urgencias como colaborador de
los médicos contratistas realizaba el cuadro de turnos, de este cuadro se le corría
traslado al coordinador médico «para que quede de cierta manera legalizado el
compromiso de que ellos van a hacer ese cuadro, ese cumplimiento de sus actividades de
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Demandante: Carlos Andrés Beleño Dumar
acuerdo a lo que tienen contratado para el mes, es decir, no se puede pasar del
presupuesto, porque ya incurriría en un problema legal, estaría después, incurriendo en
hechos cumplidos y, por tanto, esa era toda la verificación que hacía del cuadro de turnos».
41.3.11. En atención al tipo de servicio que se presta, la actividad médica del servicio
de urgencias es permanente y continua «24 horas, los 7 días de la semana y durante
todo el año» y hace parte del objeto misional de la ESE.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Sobre la existencia de una relación laboral encubierta
42. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos de los recursos
de apelación, la Sala analizará a continuación si se acreditaron los elementos que
permiten configurar una relación laboral entre Carlos Andrés Beleño Dumar y la ESE
Carmen Emilia Ospina de Neiva, entre el 5 de julio y el 30 de noviembre de 2016.
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
43. De los contratos de prestación de servicios y de los testimonios recaudados en
el plenario, se tiene que entre el 5 de julio y el 30 de noviembre de 2016, el
demandante prestó sus servicios como médico general del servicio de urgencias a
la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, vinculado a través de contratos de
prestación de servicios, En virtud de lo señalado en tales documentos, se estableció
una cláusula de expresa prohibición de ceder el contrato «ni subcontratar con persona
natural o jurídica sin previa autorización escrita de la entidad contratante» (sic).
44. En estas condiciones, se tiene por acreditado el primer elemento, toda vez que
fue Carlos Andrés Beleño Dumar quien prestó personalmente el servicio de médico
general en benéfico de la ESE y no a través de otra persona.
2.4.1.2. Remuneración
45. Ahora bien, aquel percibió una remuneración por el trabajo realizado, tal y como
se evidenció en el dicho de quienes fueron sus compañeros en el servicios de
urgencias ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, sede Canaima, en la certificación
de pagos efectuados y en los contratos de prestación de servicios suscritos con la
entidad, en los que se advierte que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que
se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado,
independientemente de su denominación (honorarios o salario).
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2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia
46. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, la Sala encuentra que las funciones desempeñadas por el demandante
no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que estuvo sujeto a
horarios por turnos, instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada
pues atienden al control de un superior (coordinadores médicos) para ejecutar las
obligaciones contractuales, por lo que existe una sujeción de él hacia la entidad
demandada y, en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de
disponer de su servicio, y aquel, a su vez, tenía la obligación correlativa de
obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del poder subordinante del ius variandi por
parte de la entidad prestadora de servicios de salud.
47. Los testimonios de Jhon William Chávez Palencia y Bibiana Andrea Andrade
Soto dan buena cuenta de las condiciones bajo las cuales el actor prestaba sus
servicios a la entidad demandada, de las que se resalta que en ejercicio de sus
funciones cumplía con turnos y seguía órdenes e instrucciones de los coordinadores
médico y administrativo del hospital. Asimismo, se resalta que dichos médicos
estaban encargados de la verificación de la labor que él cumplía.
48. Ciertamente, la Sala advierte que Raúl Pérez Salazar, quien fue el coordinador
médico durante el lapso en el que el demandante prestó sus servicios a la ESE,
manifestó que en el ejercicio de sus labores de supervisor controlaba el
cumplimiento de los cuadros de turnos de los médicos contratistas del área de
urgencias. Además, que la contratación se realizó ante la insuficiencia de personal
para cubrir la demanda del servicio de salud el cual es permanente, continuo y hace
parte del objeto misional de la entidad, las «24 horas, los 7 días de la semana y durante
todo el año».
49. En este punto, valga precisar que aun cuando Jhon William Chávez Palencia y
Bibiana Andrea Andrade Soto presentaron demandas por similares supuestos
fácticos y jurídicos contra la ESE, sus declaraciones resultaron suficientes para esta
Sala, pues justamente son quienes se encontraban en iguales condiciones y podían
exponer [por virtud de su conocimiento propio] las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que se desarrolló la labor; además que, de acuerdo con lo expuesto, sus
declaraciones coincidieron con las demás pruebas allegadas al plenario, e incluso,
en contraste con lo afirmado por la entidad, resultaron coherentes con el desarrollo
de la labor de un médico general del área urgencias.
50. Aunado a lo expuesto, se advierte que la parte demandada no aportó prueba
para desvirtuar la parcialidad de su dicho y por el contrario se encuentra que su
testimonio está acorde con lo relatado por el demandante, además porque, se
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insiste, eran ellos quienes de primera mano conocían la situación de Carlos Andrés
Beleño Dumar, pues hacían parte del equipo de trabajo.
51. Precisamente, encuentra la Sala que durante su vinculación con la entidad i) los
turnos eran programados por el jefe de enfermeros y legalizado por el coordinador
médico; posteriormente, comunicados a los médicos para su cumplimiento; ii) la
ESE le suministró los elementos de trabajo; iii) el coordinador médico impartía
órdenes, instrucciones e indicaciones técnicas relativas a la prestación de los
servicios; iv) la autonomía profesional estaba limitada por los protocolos médicos
previstos por la entidad; y v) cumplía un horario previamente impuesto. Lo cual
demuestra que el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar,
inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.
52. Esto se advierte luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las funciones
que se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos por el
demandante, de los testimonios recibidos en el proceso y demás pruebas
documentales aportadas. En ellos se aprecian actividades que exigen para su
ejecución necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una
valoración bajo las reglas de la sana crítica, encuentra que es posible determinar la
existencia de una relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de
la entidad contratante de emplear de modo permanente y continuo los servicios del
demandante.
53. Nótese que en relación con la programación de turnos, en los contratos se
estableció la cláusula «precio y forma de pago», según la cual el valor del contrato se
realizaría por fracción «de acuerdo a la distribución de la agenda de trabajo equivalente
en pesos a la prestación de los servicios que efectivamente realice EL CONTRATISTA
previamente acordadas y programadas con el interventor del contrato, que constituye
el monto de los honorarios que percibirá EL CONTRATISTA por la realización de las
actividades contratadas, siendo por lo tanto, la única obligación económica que adquiere el
CONTRATANTE para con el CONTRATISTA» (sic). [se resalta]
54. En efecto, Carlos Andrés Beleño Dumar prestó sus servicios como médico
general del área de urgencias en la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva y cumplió,
entre otras funciones, las siguientes:
«El contratista se obliga a: 1) Prestar sus servicios de acuerdo con las normas
propias de su profesión o actividad y de acuerdo con los protocolos de servicio
del contratantes (…) 2) El contratita se compromete a responder por todos y cada uno
de los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventario y/o
materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios
realizados, por lo que los mismos quedarán a cargo del coordinador, administrador o
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contratista y este responderá con ellos, autorizando el valor del mismo sea descontado
automáticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío o
injustificado, de acuerdo con el deber, cuidado y diligencia inmersa en el contrato (…)
Velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos de la institución
contratante (…) Portar el vestuario adecuado de conformidad con su profesión y
actividad, exigencia y normatividad de bioseguridad e imagen corporativa. 8) Portar el
carné de identificación de contratista. 9) Cumplir con la política de la empresa en cuanto
a productividad, calidad y servicio (…) 11) Asistir a las reuniones y/o convocatorias
efectuadas por la contratante. 12) Cumplir las demás obligaciones inherentes a la
naturaleza del contrato (…) OBLIGACIONES PARA EL MÉDICO EN ATENCIÓN
INICIAL DE URGENCIAS: 1. Prestar sus servicios profesionales de conformidad con el
objeto contractual, los manuales de procedimiento establecidos en esta Institución y a lo
reglamentado por la Ley y la normatividad vigente para la prestación de servicios de
salud en la baja complejidad hospitalización y urgencias, conforme a las necesidades
del servicio con calidad y calidez; 2. El médico general de la ESE Carmen Emilia Ospina
prestará sus servicios bajo los lineamientos del Modelo Integral de Atención en Salud
(MIAS); 3. Realizar clasificación del riesgo (Triage), diagnóstico inicial, plan de manejo y
revisión de resultados de laboratorio a los usuarios que lo soliciten en consulta médica
urgente, de acuerdo a las guías de manejo establecidas en ésta; 4. Brindar atención
médica a la población en general acorde a su respectivo diagnóstico y gravedad; 5. Velar
por la oportuna atención de los pacientes en el servicio de urgencias con objetividad y
oportunidad adecuadas; 6. Ejercer acciones de referencia y contra-referencia
siguiendo lo establecido en el sistema de remisión de pacientes (…) 11. Participar
en las diferentes brigadas institucionales y extramurales programadas por la
empresa; Cumplir con las metas de productividad y rendimiento establecido por la
entidad para el servicio; 12. Asistir a todas las capacitaciones programadas y
ejecutadas por la Empresa; 13. Acompañar a la Empresa en las actividades
requeridas por la Secretaría de Salud municipal y Departamental; 14. Acoger y
adherirse a las guías de manejo establecidas por la Empresa para el diagnóstico y
tratamiento de la patología que aqueja al paciente; 15. Impartir capacitación,
adiestramiento, inducción e instrucción al personal relacionado con el área y en
desarrollo a los convenios docencia prestación de servicios suscritos por la
entidad; 16. Cumplir y participar en la difusión de las políticas institucionales del sistema
de gestión de la calidad, atención humanizada, seguridad del paciente y calidad del
servicio; 17. El médico deberá adquirir el uniforme establecido por la ESE Carmen
Emilia Ospina de acuerdo al servicio en donde ejecuta su contrato con el propósito
de mantener y respetar la imagen corporativa y conservar el código de vestimenta
de la Institución; 18. Portar en todo momento y en lugar visible el carnet que lo
acredita como contratista de la Empresa; 19. Cumplir y hacer cumplir las normas de
bioseguridad en el servicio; 20. Responder y velar por el buen uso y mantenimiento de
los bienes y elementos entregados por EL CONTRATANTE; 21. Acreditar afiliación y
pagos mensuales a sistemas obligatorios de salud, pensión y ARP, como trabajador
independiente de conformidad a la normativa vigente; 22. Conocer y hacer uso debido y
adecuado de los sistemas de información y de las herramientas tecnológicas de la
Empresa; 23. Las demás actividades anexas o complementarias propias de la
Medicina, que se requieran para el cabal y adecuado cumplimiento del objeto
contractual. Nota: se podrá variar la zona de ubicación según las necesidades del
servicio» (sic). [se resalta]
55. Así pues, se le impusieron las condiciones en las que debía prestar el servicio
para lo cual tenía que seguir las guías, manuales y protocolos existentes en el
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hospital, efectuar el reporte de sus actividades, hacer uso razonable de los
elementos y material de trabajo, e incluso, estaba obligado a observar
rigurosamente la disciplina interna establecida por el hospital. Además, debía
aceptar los traslados de lugar de trabajo y no podía retirarse del servicio sin haber
cumplido con sus obligaciones en el turno.
56. Aunado a lo anterior, Carlos Andrés Beleño Dumar debía asistir y participar de
los programas de educación y capacitaciones que le programaran, cumplir con las
actividades «anexas o complementarias propias de la Medicina, que se requieran para el
cabal y adecuado cumplimiento del objeto contractual», lo que demuestra la clara
sujeción a obligaciones indeterminadas al momento de suscribir el contrato, pero
evidentemente dirigidas por el beneficiario del servicio.
57. Sobre la disponibilidad con la que debía estar el demandante para prestar sus
servicios en diferentes «zona de ubicación según las necesidades del servicio», la Sala
encuentra que esta obligación pone en evidencia que no realizó sus labores en
forma autónoma e independiente, pues esto tiene relación de correspondencia con
el ejercicio del poder subordinante por parte del empleador y con el ejercicio del ius
variandi, pues le abre paso a una relación jerárquica en la que el contratista se
supedita a las instrucciones de un jefe o trabajador de un nivel superior que le exige
estar presto para atender los llamados que se le hiciesen.
58. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que «la
‘disponibilidad’ normalmente conlleva una restricción a la libertad de aprovechamiento
autónomo del tiempo por el trabajador, por la necesaria radicación en determinados
sitios para la facilidad de atención al servicio demandado»26.
59. Para la Sala, resulta inverosímil considerar que a un contratista pueda exigírsele
disponibilidad para atender cualquier requerimiento que efectúe la entidad en
iguales condiciones que se le exigiría a un trabajador de planta, a quien
probablemente, en una situación así, se le reconocería su desplazamiento, pues
cualquier conducta en ese sentido rompe la relación de coordinación contractual y
subyace la realidad de una laboral.
60. Finalmente, se advierte que la misión de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva
es la de «[p]restar servicios de salud de baja complejidad en el municipio de Neiva, con
talento humano idóneo, comprometido con la calidad, seguridad, innovación,
responsabilidad social y protección al medio ambiente; brindando atención centrada en las
26 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, casación del 11 de mayo de 1968, G.J. CXXVII, números
2300 a 23002, pág.240, Rad. 9947 – 11 de septiembre de 1997; reiterado en la sentencia del 27 de
junio de 2023, SL1514-2023, radicación 95856, M.P. Omar de Jesús Restrepo Ochoa.
26
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personas, contribuyendo al bienestar y satisfacción de sus necesidades» (sic)27, función
de carácter permanente que cumple en desarrollo de su actividad, lo que guarda
similitud con las actividades desempeñadas por el demandante, es decir, la
ejecución de las labores que permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad.
61. Todo lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
médico general al servicio de la ESE demandada, al tiempo que corrobora que no
puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual
para desempeñar esa labor, puesto que se trata de funciones que atañen a la
esencia y finalidad de la entidad.
62. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»28.
63. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»29.
64. De tal manera que, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación,
puesto que el desempeño de las funciones por parte del demandante estaba sujeto
a medidas u órdenes de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva, a saber: la
imposición de un horario y/o el cumplimiento de turnos y la sujeción a directrices de
los coordinadores médicos, lo que demuestra que la entidad, en su calidad de
empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo del actor, y denota,
a su vez, la existencia de una indiscutible subordinación.
65. Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909
de 2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio de salud. Por tanto,
la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue
contratado el demandante no es un argumento que enerve las consideraciones
27 https://esecarmenemiliaospina.gov.co/mision-y-vision/.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
29 Ibidem.
27
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expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de
la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la
subordinación de la entidad.
66. De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, el demandante
haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en los
contratos, y que se acudiera a su celebración ante la insuficiencia de personal de
planta que desarrollara esas labores, resulta indiferente en una situación como la
expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como argumento válido para
que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley prevé en su favor»30,
tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.
67. Además, valga precisar que la posibilidad de contratar con terceros a que aluden
los artículos 32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede ser
entendida como una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías
laborales, pues lo cierto es que tal y como se advirtió en esta decisión, la naturaleza
contractual con la cual se revistió la vinculación del demandante y la ESE, se
desnaturalizó al desarrollarse sin autonomía ni independencia, las cuales se
constituyen en las características propias de la referida relación contractual.
68. Por último, se precisa que en el proceso no se probó que el actor hubiese
prestado de manera simultánea sus servicios a otra entidad; no obstante, si así lo
hubiese realizado, la Sala no puede desconocer que de acuerdo con lo previsto por
el artículo 2 de la Ley 269 de 199631, también se debía acreditar que en una y otra
entidad excedió el máximo de la jornada de trabajo para el personal asistencial de
salud, independiente del tipo de vinculación.
69. En consecuencia, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral y por tanto de su existencia para los periodos comprendidos entre
el 5 de julio y el 30 de noviembre 2016, afirmación que se desprende de los
testimonios, de los contratos de prestación de servicios y las demás pruebas
documentales.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,
radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
31 «ARTÍCULO 2o. GARANTÍA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
SALUD. Corresponde al Estado garantizar la atención en salud como un servicio público esencial, y
en tal carácter el acceso permanente de todas las personas a dicho servicio, razón por la cual el
personal asistencial que preste directamente servicios de salud podrá desempeñar más de un
empleo en entidades de derecho público.
La jornada de trabajo del personal que cumple funciones de carácter asistencial en las entidades
prestadoras de servicios de salud podrá ser máximo de doce horas diarias sin que en la semana
exceda de 66 horas, cualquiera sea la modalidad de su vinculación».
28
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2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
70. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.
71. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación32 dispuso que:
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».
32Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.
29
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72. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».
73. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 33, proferida
por el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:
«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).
74. Así, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con
el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro
del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»34.
75. En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 4 de julio de 2018,
se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues no
transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía administrativa el
reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que la relación culminó el 30 de noviembre de 2016 y que
entre una vinculación y otra no se presentaron interrupciones superiores a 30 días
hábiles que implicaran la solución de continuidad en la prestación del servicio y le
exigieran presentar la reclamación administrativa.
33 SUJ2-005-16.
34 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
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2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
76. En primer lugar, esta Sala advierte que el a quo ordenó la liquidación de la
condena con base en los honorarios contractuales; sin embargo, se resalta que, tal
y como se expuso en la sentencia del 4 de febrero de 201635, los honorarios son el
criterio imperante únicamente cuando el cargo desempeñado por el contratista no
exista en la planta de personal, pues en razón a la inexistencia del cargo, dichos
emolumentos son la única forma de tasar objetivamente la indemnización de
perjuicios. Esto se señaló en aquella oportunidad.
«[L]a Sala, ha acudido a los honorarios pactados, como punto de partida para la
reparación de los daños en este tipo de controversias, siendo este el criterio imperante
cuando el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues
en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal, dichos emolumentos son
la única forma de tasar objetivamente la indemnización de perjuicios, ya que de otra
forma se incurría en subjetivismos por parte de la administración, a la hora de definir la
identidad o equivalencia con otro empleo existente en la planta de la entidad, con el
riesgo de reabrir la controversia al momento de ejecutar la sentencia.
No obstante, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, las Subsecciones A
y B de la Sección Segunda, también han tenido en cuenta, de manera excepcional, como
criterio para la reparación del daño, el salario devengado por un empleado de planta de
la entidad, en aquellos casos en que se ha demostrado que el empleo desarrollado por
el contratista demandante existe en la planta de personal y es desempeñado en igualdad
de condiciones que los servidores públicos de planta36, o cuando los honorarios pactados
son inferiores al salario devengado por un empleado de planta de la entidad con las
mismas funciones desarrolladas37.
En este orden de ideas, la Sala considera oportuno y necesario precisar cuál es el criterio
imperante para el reconocimiento de la reparación de los daños derivados de la
existencia del contrato realidad, dependiendo si las actividades contratadas bajo la
modalidad de prestación de servicios son iguales a las funciones asignadas a empleos
existentes en la planta de personal de la entidad o si no lo son, pues según el caso, el
parámetro objetivo para la tasación de perjuicios podrá variar, en aplicación de los
principios laborales de igualdad de oportunidades y remuneración proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, derivados del artículo 53 de la C.P.
En tal sentido, dirá la Sala que los honorarios pactados son el criterio imperante cuando
el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de febrero de 2016, radicado
81001-23-33-000-2012-00020-01(0316-14), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
36 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Gerardo Arenas
Monsalve. Sentencia de 27 de noviembre de 2014, Expediente: 05001-23-33-000-2012-00275-01,
Referencia: 3222-2013, Actor: David Alejandro Jaramillo Arbeláez; Subsección A, sentencia de 4 de
junio de 2009, Referencia 1221-08, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Subsección A,
sentencia de 21 de octubre de 2009, referencia 2725-08, C.P. Luis Rafael Vergara.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de marzo de 2010,
Referencia: 2168-08, C.P. Alfonso Vargas Rincón.
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en razón a la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la única forma de tasar
objetivamente la indemnización de perjuicios». [Se resalta].
38
77. Por lo expuesto, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 , la
Sección Segunda dispuso que «en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse
las prestaciones dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de prestación de
servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados, ya que no es
dable tener en cuenta, en este caso, el empleo de planta, pues los docentes oficiales
se encuentran inscritos en el escalafón nacional docente que implica
remuneraciones diferenciadas según el grado en el que estén39», esto es, dada la
imposibilidad de calcular la condena con el empleo de planta.
78. Así entonces, las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral
reconocida deben liquidarse con fundamento en los salarios devengados por tales
empleados, pues esto le otorga vigencia al principio de «salario igual por un trabajo
de igual valor» que se deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales40 frente al cual la Corte Constitucional ha
señalado que la remuneración de los trabajadores en general debe estar acorde con
los criterios de proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se
encuentren en igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad
de reglas cuando se trata de hipótesis distintas41.
79. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
labor desempeñada por Carlos Andrés Beleño Dumar debía ser remunerada
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
39 Decreto 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”,
artículo 36: “Derechos de los educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán de los siguientes
derechos:
(…)
b. Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y grado del escalafón;
(…)”:
40 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
41 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
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Demandante: Carlos Andrés Beleño Dumar
conforme con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales
funciones a las suyas; empero no se efectuará modificación alguna a la sentencia
recurrida, en aras de no vulnerar la situación del apelante único, que en este caso
es la entidad demandada.
80. En igual sentido, si bien en aplicación de las garantías de orden constitucional
que impone a las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades
para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad
y calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales42, esta Sala ha señalado que en asuntos
relativos a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el reconocimiento y
pago de las diferencias que resulten entre lo que recibió el demandante por
concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones de dicho
cargo de la entidad; no es menos cierto que, en el presente asunto la ESE Carmen
Emilia Ospina funge como apelante único, razón por la cual en virtud del principio
de la non reformatio in peius no habrá lugar a modificar la sentencia y, en
consecuencia, se confirmará.
2.4. Costas
81. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
82. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
83. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
42 Artículo 53 de la Constitución Política.
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Demandante: Carlos Andrés Beleño Dumar
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma43.
84. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
85. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
86. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre Carlos Andrés Beleño Dumar y la entidad demandada durante el
periodo comprendido entre el 5 de julio y el 30 de noviembre de 2016. En
consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales de
orden legal.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Huila que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Carlos Andrés Beleño Dumar contra la ESE Carmen Emilia Ospina
de Neiva, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
43En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Carlos Andrés Beleño Dumar
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
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