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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2014-00126-01

Contrato estatal

Fecha
13 de agosto de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-40-000-2014-00126-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia proferida el 06 de diciembre de 2022, por el Tribunal Administrativo de La Guajira y, en su lugar, DECLARAR PROBADA, de oficio, la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales, por las razones advertidas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previa la anotación respectiva en el aplicativo SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 44001-23-40-000-2014-00126-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

13 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu y otros
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

TEMAS: ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / FUENTE DEL DAÑO / EXISTENCIA DEL
CONTRATO ESTATAL / MAYORES CANTIDADES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL
DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. [L]a jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo
de Estado ha precisado que, en materia de lo contencioso administrativo, la fuente del daño
determina el medio de control procedente para analizar los supuestos que fundan la controversia y
ésta, a su vez, determina la técnica apropiada para la formulación de las pretensiones de la
demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por la vía jurisdiccional. / CONVENIOS
DE ASOCIACIÓN –a los que se refiere el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 no se rigen por el
Estatuto General de Contratación de Administración Pública, pues su celebración está sometida a
los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares. / CADUCIDAD
– como en el convenio asociación no se pactó de forma expresa, clara e inequívoca la facultad
para liquidarlo unilateralmente y teniendo en cuenta que no basta con la remisión in genere a
cuerpos normativos, no es posible para el cómputo de la caducidad tener en cuenta el plazo de 2
meses previsto en el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del C.C.A.

1. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
demandante, en contra de la sentencia proferida el 06 de diciembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de La Guajira, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

2. La controversia, planteada desde la demanda y delimitada según lo
manifestado en el recurso de apelación, gira en torno a si la Unión Temporal tiene
derecho a que dentro de la liquidación judicial del Contrato de Asociación y
Apoyo No. 002 de 2011, se le reconozca y pague las sumas solicitadas por
concepto de la mayor cantidad de servicios prestados, los cuales corresponden a
la atención de dos mil ciento ochenta y nueve (2.189) estudiantes en exceso a lo
pactado, y a cuál sería el medio de control adecuado para elevar dichas
reclamaciones ante la jurisdicción y se presentó oportunamente.

Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

II. ANTECEDENTES

La demanda y las razones en las que se fundamenta

3. El 08 de julio de 20141, mediante apoderado judicial, la FUNDACIÓN
AVANCES, la FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL –
“FUNDAGES”, la FUNDACIÓN EKIRAJAA y la FUNDACIÓN SEMILLAS
COLOMBIA, integrantes de la UNIÓN TEMPORAL AYATAL II WAYUU2,
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales contra el MUNICIPIO DE MAICAO3, elevando las siguientes
pretensiones (transcritas en su tenor literal, con sus propios énfasis, errores
ortográficos y de digitación):

“PRIMERA. - Que se declare y/o efectúe la liquidación judicial del CONTRATO DE
ASOCIACIÓN Y APOYO A UN PROGRAMA DE INTERÉS PÚBLICO NO. 002 DE 2011,
cuyo objeto es la ASOCIACIÓN Y APOYO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO EDUCATIVO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO.
SEGUNDA. - Que dentro de la liquidación del CONTRATO DE ASOCIACIÓN Y APOYO A
UN PROGRAMA DE INTERÉS PÚBLICO NO. 002 DE 2011, quede comprendida la
liquidación, reconocimiento y pago a favor de los accionantes del mayor valor resultante de
la ejecución final de contrato por concepto de los 3.546 o, en subsidio, 2.189 niños y
jóvenes indígenas atendidos por encima de lo pactado, y que en razón al incremento en la
matricula no estaban contempladas inicialmente en el mismo, respetándose la tipología
aceptada en el CONTRATO, la cual equivale a la suma de un millón cincuenta mil pesos
($1.050.000) por estudiante.
TERCERA. - Que de igual manera, dentro de la liquidación del CONTRATO DE
ASOCIACIÓN Y APOYO A UN PROGRAMA DE INTERÉS PÚBLICO NO. 002 DE 2011,
quede comprendida la liquidación, reconocimiento y pago a favor de los actores de la
indexación o corrección monetaria e intereses correspondientes sobre la expresada
cantidad, computados a partir de la fecha en que debió liquidarse bilateralmente el
Contrato entre el MUNICIPIO DE MAICAO- LA GUAJIRA y la UNIÓN TEMPORAL
AYATALII WAYUU.
CUARTA: Que se condene al MUNICIPIO DE MAICAO – LA GUAJIRA en las costas,
agencias en derecho y demás gastos que implique el presente proceso.

QUINTA: Que se ordene al representante legal del MUNICIPIO DE MAICAO- LA
GUAJIRA a tramitar el pago de las condenas que se impongan en la sentencia con
sujeción a las reglas de que trata el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: y
según sea el caso, se ordene a la entidad territorial demandada a pagar las condenas
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la sentencia que así lo
disponga.”

4. Como fundamentos fácticos y jurídicos, en síntesis, se mencionaron los
siguientes:

5. Entre el Municipio de Maicao y la Unión Temporal Ayatal II Wayuu, se
suscribió contrato de asociación y apoyo a un programa de interés público No. 002
de 2011, cuyo objeto fue la “Asociación y apoyo para la prestación del servicio

1 Folio 168 archivo denominado ED_00220140012600CU índice 2 SAMAI.
2 En adelante, también la Unión Temporal, la actora, la accionante, la demandante, la apelante o la

recurrente.
3 En lo sucesivo, igualmente la demandada o la entidad territorial.

2

Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

público educativo en la zona rural del Municipio de Maicao”; por valor de ocho mil
trescientos noventa y nueve millones doscientos mil pesos ($8.399’200.000), de
los cuales cien millones de pesos ($100’000.000) serían aportados por la Unión
Temporal y el restante por la entidad territorial.

6. El 28 de enero de 2011 inició el contrato, y la interventoría estuvo a cargo
de la Asociación de Municipios del Sur de La Guajira -ASOAGUA-.

7. En el primer informe de interventoría, de fecha 06 de julio de 2011, se
plasmó lo siguiente: “(…) la existencia de un número de estudiantes que son
atendidos por la U.T Ayatalii que supera en dos mil ciento ochenta y nueve (2.189)
el número de estudiantes contratados, justifica la ampliación o adición del contrato
que se firmó con esta entidad”.

8. En reunión del 10 de junio de 2011, celebrada entre funcionarios de la
Subdirección de Seguimiento de los Recursos del Ministerio de Educación y el
Secretario de Educación del Municipio de Maicao (La Guajira), se trató el tema de
los estudiantes atendidos en exceso de la cantidad inicialmente prevista,
indicándose que se requería de $14.593’000.000 para su cobertura, y que la
aprobación de los recursos estaba sujeta al informe de interventoría.

9. El 28 de noviembre de 2011, finalizó el contrato de asociación No. 002 de
2011, y en el informe de interventoría técnica, administrativa y financiera del
contrato en cuestión, de fecha 21 de diciembre de 2011, se indicó que se
atendieron 2.189 estudiantes por encima de lo contratado.

10. El 13 de septiembre de 2012, la Unión Temporal, a través de su
representante legal, presentó petición ante el Municipio de Maicao, solicitando que
se efectuara la liquidación bilateral del contrato o que, en su defecto, este fuera
liquidado unilateralmente por la administración.

11. En el libelo introductorio, se señaló que la Unión Temporal y la
Administración Municipal de Maicao, no podían desatender la prestación del
servicio educativo a niños y jóvenes Wayuu que lo requirieran, so pena de incurrir
en violación de normas (art. 365 de la Constitución Política y art. 96 de la Ley 489
de 1998) y transgredir los derechos fundamentales a la educación, a una vida
digna y a la igualdad de los niños que se dejaran por fuera del sistema educativo.

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Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

12. De otro lado, indicó que los integrantes de la Unión Temporal creyeron en la
buena fe de la Administración Municipal y que ésta adelantaría oportunamente las
acciones y trámites necesarios para la ampliación o adición del contrato No. 002
de 2011, en virtud del mayor número de estudiantes atendidos y que fueron
validados por la Interventoría.

La contestación de la demanda4

13. La entidad demandada contestó dentro del término legal, oponiéndose a las
pretensiones. Como excepción previa5, propuso la de compromiso o cláusula
compromisoria6, y, como excepciones de fondo, las denominadas “perentoria de
cumplimiento total de las obligaciones del contrato por parte del demandado” y la
“innominada”.

14. Sostuvo que en el contrato se estipuló que el valor oficial correspondía a la
suma de $8.299’200.000, los cuales serían utilizados para la atención de 7.904
estudiantes; luego, si el contratista atendió más estudiantes de lo pactado, lo hizo
sin autorización de la entidad, y, por tanto, no tenía derecho a su reconocimiento.

15. Aseguró que no resulta posible reconocer el pago de servicios adicionales,
cuando estas no se hubieren pactado en un contrato; por cuanto para que exista
un contrato estatal se debe dar estricto cumplimiento a las normas establecidas en
la Ley 80 de 1993, que son normas de orden público; y en el presente caso, el
demandante obró por fuera de lo acordado en el Contrato de Asociación y Apoyo,
pues no estaba obligado a atender una cifra superior a los 7.904 estudiantes, y
para los estudiantes que dice que atendió, debía firmarse contrato adicional.

16. Además, señaló que no es aplicable la figura del “enriquecimiento sin justa
causa”, dado que no se demostró que la Administración constriñó o impuso al
contratista la ejecución de las obras adicionales, y tampoco se trata de aquellos
otros dos casos de excepción, en los que está envuelta la protección al derecho a
la salud o la urgencia manifiesta, como lo establece la sentencia de unificación del
19 de noviembre de 2012, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

4 Folios 190- 200 archivo denominado ED_00220140012600CU índice 2 SAMAI.
5 Folios 205 a 210 archivo denominado ED_00220140012600CU índice 2 SAMAI.
6 El 03 de febrero de 2016 se llevó a cabo audiencia inicial en la cual el Tribunal A quo despachó

desfavorablemente la excepción de “compromiso o cláusula compromisoria”, al determinar que se
trata de una cláusula facultativa que, en todo caso, no impedía que esta Jurisdicción tenga
competencia sobre el asunto (Folios 244 – 250 archivo denominado ED_00220140012600CU
índice 2 SAMAI).
.

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Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

La sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo de La Guajira, profirió sentencia de primera
instancia el 06 de diciembre de 20227, accediendo parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

18. En primer lugar, señaló que la litis se centraba en determinar si había lugar,
o no, a liquidar el contrato de asociación No. 002 de 2011, suscrito entre el
Municipio de Maicao y la Unión Temporal Ayatal II Wayuu, y, en caso afirmativo, si
se debía reconocer y condenar al pago de las sumas solicitadas por los
accionantes, por concepto de la mayor cantidad de estudiantes que fueron
atendidos, los cuales estiman en 2.189.

19. En ese sentido, indicó que, en el contrato no se estableció el número de
estudiantes que serían atendidos por la Unión Temporal; sin embargo, sí fue
pactado que la oferta presentada sería parte integral de aquel, y en tal documento
la accionante se comprometió a atender a 8.335 estudiantes, es decir, 431
estudiantes por encima de lo consignado en el estudio de conveniencia realizado
por el municipio.

20. En relación con la atención de más estudiantes, señaló que en los informes
de interventoría se plasmó que la Unión Temporal atendió 2.189 estudiantes por
encima de lo pactado, y en la reunión de junio de 2011, se indicó que fueron 1.989
estudiantes.

21. Ahora bien, explicó que cuando se discute la existencia de “hechos
cumplidos”, el medio de control aplicable es el de reparación directa, por cuanto lo
que se persigue es la “actio in rem verso”; por lo que avizoró que en el sub judice,
se está ante una acumulación de pretensiones, pues, por un lado, la actora solicita
el reconocimiento y pago de actividades que no gozan de soporte contractual, y
por el otro, solicita la liquidación judicial del contrato. Sin embargo, aclaró que se
deben atender las reglas de caducidad para cada medio de control en concreto.

22. El A quo sostuvo que, el término de caducidad del medio de control de
reparación directa inició el 29 de noviembre de 2011 (fecha en que terminó el
contrato sin que se realizara la adición del mismo), y feneció el 30 de noviembre
de 2013. De manera que, para el momento en que se radicó la solicitud de

7 Folios 335-358 archivo denominado ED_00220140012600CU índice 2 SAMAI.

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Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

conciliación el día 20 de mayo de 2014, ya el medio de control había caducado; en
consecuencia, procedió el Tribunal a declarar la caducidad del medio de control de
manera oficiosa.

23. En gracia de discusión, refirió que si se discute que se atendieron más
estudiantes de lo previsto, es un evento de “adición contractual”, pues, la mayor
atención de estudiantes no implica la modificación del objeto contractual, sino la
ejecución de mayores actividades de las previstas inicialmente en el contrato, por
lo que debió suscribirse una adición al contrato y haberse actualizado las
garantías, lo cual no sucedió, por lo que concluyó que no es posible el pago de
actividades que no tienen justificación desde el punto de vista jurídico- contractual,
conforme a la ley que rige la solemnidad del escrito.

24. En adición, concluyó el Tribunal que, no era procedente condenar al pago
por la mayor cantidad de actividades ejecutadas, teniendo en cuenta (i) que la
mayor atención de estudiantes no se encontraba justificada en una adición
contractual, contrato adicional o documento contractual alguno, y (ii) la
contratación no encuadra dentro de los eventos reseñados por el Consejo de
Estado en la sentencia de unificación dictada sobre el enriquecimiento sin justa
causa.

25. De otro lado, sobre la liquidación judicial del contrato expresó que el valor
del contrato acordado por las partes fue cancelado en su totalidad, esto es, que el
Municipio de Maicao pagó la suma de $8.299’200.000; y la interventoría certificó
en varias oportunidades que el contratista cumplió a entera satisfacción el
contrato, por lo que las partes se encontraban a paz y salvo respecto de las
prestaciones económicas del contrato.

26. Finalmente, el A quo no condenó en costas en primera instancia, teniendo
en cuenta que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, dando
aplicación lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 365 del C.G.P.

El recurso de apelación8

27. La demandante solicitó que se revoque totalmente la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se declare la prosperidad de todas y cada una de las
pretensiones y condenas del libelo introductorio, para lo cual realizó un recuento

8 Folios 367-387 archivo denominado ED_00220140012600CU índice 2 SAMAI.

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Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se celebró y ejecutó el
contrato de asociación y apoyo a un programa de interés público No. 002 de 2011.

28. Refirió que la Unión Temporal desarrolló las labores propias contratadas
bajo los parámetros establecidos, y en tal cometido, la canasta educativa
comprendió la contratación del personal docente y administrativo suficiente para
atender sin excepción alguna a los 10.093 estudiantes matriculados en las
distintas instituciones educativas, el suministro del material educativo a los
docentes y a los estudiantes para el desarrollo de las actividades académicas, las
capacitaciones, seminarios y talleres al personal docente, el otorgamiento de
seguros estudiantiles, y el suministro de agua y elementos de aseo para los
centros e instituciones educativas indígenas, etc.

29. Centró su inconformidad con la providencia impugnada, en los siguientes
aspectos esenciales: (i) que por causas imputables al Municipio de Maicao no se
suscribió la adición al contrato; (ii) el derecho a la educación es un derecho
clasificado en la misma generación que el derecho a la salud; (iii) el término de
caducidad del medio de control de reparación directa debió contabilizarse a partir
del 27 de diciembre de 2012; y (iv) el precedente judicial del Consejo de Estado en
la acción reparación directa por enriquecimiento sin justa causa por la ejecución
de prestación del servicio de educación sin contrato.

30. Señaló que, de acuerdo a los documentos precontractuales
(específicamente el estudio de conveniencia y oportunidad, y su propuesta, así
como las estipulaciones del contrato), la Unión Temporal se vio compelida a
respetar el derecho fundamental a la educación a 2.189 niños de la población
Wayuu, pues en su entender el contratista no podía abstenerse de matricular y
permitir el ingreso y permanencia de los estudiantes por encima de lo contratado;
y el correlativo deber del Municipio de Maicao de mantener la cobertura actual del
servicio educativo y propender por su ampliación.

31. El Municipio de Maicao omitió atender las observaciones, recomendaciones
y conclusiones del Ministerio de Educación Nacional y de la Interventoría
concernientes a la ampliación o adición del contrato, por lo que debe prevalecer el
derecho sustancial sobre las formalidades.

32. Sostuvo que el derecho a la educación es un derecho humano de la misma
generación e importancia que el derecho a la salud, máxime si en este caso
concreto está de por medio la garantía al derecho fundamental de los niños de la

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Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

población Wayuu, etnia indígena especialmente protegida contra todas las formas
de discriminación y frente a las amenazas contra su supervivencia colectiva.

33. Subsidiariamente solicitó que se dé por probado el enriquecimiento sin
causa por parte del Municipio de Maicao por los perjuicios materiales causados a
la Unión Temporal, con ocasión de los estudiantes indígenas atendidos en
demasía de lo pactado en el Contrato de Asociación y Apoyo a un Programa de
Interés Público No. 002 de 2011.

34. En lo que atañe al término de caducidad, señaló que debe contabilizarse a
partir del día en que la Unión Temporal tuvo conocimiento de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, esto es, el 27 de diciembre de 2012, fecha en
la que el Municipio de Maicao remitió respuesta negativa a la solicitud de
liquidación del contrato, radicada el 12 de septiembre de 2012; en otras palabras,
solo fue hasta esa fecha que la entidad contratante tuvo conocimiento de que no
se liquidaría, reconocería y pagaría la suma resultante por concepto de la atención
de 2.189 estudiantes por encima de lo pactado.

35. Finalmente, frente al precedente judicial del Consejo de Estado aplicable al
caso concreto, citó la sentencia de fecha 06 de febrero de 2020 dentro del
radicado interno 46361, para señalar que es procedente la acción de reparación
directa por enriquecimiento sin justa causa por la ejecución de prestación del
servicio de educación sin contrato.

Trámite en segunda instancia

36. Mediante auto del 06 de marzo de 20249, el Despacho sustanciador admitió
el recurso de apelación.

37. El Ministerio Público guardó silencio en el trámite de la segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES

38. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que
invalide lo actuado, y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales:
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa
por activa y por pasiva, el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial y

9 Índice 5 SAMAI

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Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

verificados los requisitos de la demanda en forma, procede la Sala a decidir la
segunda instancia de la presente litis.

39. Con ese propósito, se abordarán los siguientes asuntos: (i) el objeto del
recurso de apelación y los hechos relevantes probados; (ii) el medio de control
procedente; (iii) la naturaleza del contrato de asociación y apoyo a un programa de
interés No. 002 de 2011; (iv) la oportunidad del medio de control; y (v) la condena
en costas.

El objeto del recurso de apelación interpuesto y los hechos relevantes
probados.

40. Esta Corporación ha establecido10, que el marco fundamental de
competencia del juez de la alzada lo constituyen las referencias conceptuales y
argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere
adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos,
diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate
en la instancia superior. Conviene precisar, en todo caso, que dicha regla general
no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse junto con las excepciones
que se derivan: (i) de las normas o los principios previstos en la Constitución
Política; (ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la
celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados
con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho
Internacional Humanitario; y (iii) de las normas legales de carácter imperativo,
dentro de las cuales se encuentran, a título puramente ilustrativo, aquellos temas
procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe decretar de manera
oficiosa, no obstante que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante
como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.

41. Con el fin de resolver los cargos de la apelación, la Sala considera
pertinente señalar los hechos relevantes que se encuentran acreditados en el
plenario.

42. El 18 de febrero de 2011, entre el Municipio de Maicao y la Unión Temporal
Ayatal II, se suscribió el Contrato de Asociación y Apoyo a un Programa de Interés

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp.
21060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala
Plena, sentencia del 6 de abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

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Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

Público No. 002 de 2011 cuyo objeto11 fue “la asociación y apoyo para la
prestación del servicio público educativo en la zona rural del municipio de Maicao”;
correspondiéndole a la Unión Temporal, el desarrollo de labores propias de la
prestación del servicio educativo, teniendo como base la infraestructura oficial de
los centros indígenas educativos rurales y las instituciones educativas indígenas, y
estipulando que, de manera concertada, las partes en coordinación con el Comité
Municipal de Apoyo a la Educación Indígena, seleccionarían el personal docente y
administrativo que laboraría en el monto que guarde estricta concordancia con el
valor total del contrato12.

43. El valor fiscal13 del contrato, fue la suma de ocho mil trescientos noventa y
nueve millones doscientos mil pesos ($8.399’200.000), los cuales serían
aportados así: “(…) el municipio aportará la suma de ocho mil doscientos noventa
y nueve millones doscientos ($8.299.200.000) m/l; b) la unión temporal aportará
para la ejecución del contrato, la suma de cien millones de pesos ($100.000.000)
m/l; representados en servicios del proyecto, el aporte de la Unión Temporal no
superará este valor”14.

44. La duración del contrato se estipuló en nueve (09) meses calendario
(cláusula quinta); la interventoría y supervisión del contrato sería desarrollada por
el Secretario de Educación de la entidad territorial contratante y/o sería contratada,
en caso de lo último, se debía surtir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
al perfeccionamiento del contrato, de común acuerdo con la Unión Temporal
(cláusula décima novena)15; se estableció que la liquidación se efectuaría de
acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 (cláusula
vigésima primera); y finamente, en la cláusula vigésima segunda (22º) las partes
dispusieron que “hacen parte integral del presente contrato los anexos anunciados
en su texto como tales, así como el certificado de disponibilidad presupuestal, los
documentos que acreditan las calidades y condiciones de quienes suscriben el
contrato, la propuesta presentada por la UNIÓN TEMPORAL y todos aquellos que
11 Según el Estudio de Conveniencia y Oportunidad el alcance del objeto era “la contratación del

personal docente necesario para el sostenimiento de los establecimientos educativos del Municipio
de Maicao” (Folio 17 archivo denominado ED_00220140012600CU índice 2 SAMAI).
12 Folios 40 a 47 archivo denominado ED_00220140012600CU índice 2 SAMAI.
13 Según el Estudio de Conveniencia y Oportunidad, el Presupuesto Oficial era: “Para todos los

efectos fiscales y legales, el valor del presente contrato se fija en la suma de OCHO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($8.299.200.000)
MONEDA LEGAL COLOMBIANA, la cual es resultado de la atención de 7.904 estudiantes
multiplicado la tipología de estudiantes la cual es de 1´050.000 pesos” (Folio 18 archivo
denominado ED_00220140012600CU índice 2 SAMAI).
14 Folios 40 a 47 archivo denominado ED_00220140012600CU índice 2 SAMAI.
15 “DÉCIMA NOVENA. - INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN: La Interventoría y supervisión del

presente contrato será desarrollada por el Secretario de Educación de la entidad territorial
certificada CONTRATANTE y/o será contratada; en caso de ser designada, su designación deberá
surtirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente contrato,
de común acuerdo con LA UNIÓN TEMPORAL”.

10

Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

las partes definan de común acuerdo como anexos por resultar convenientes para
el mejor entendimiento del contrato”.

45. Finalmente, en las cláusulas décima tercera y décima cuarta se
consagraron las facultades exorbitantes de caducidad y terminación, modificación
e interpretación unilateral. En la décima segunda se previó la posibilidad de que el
Municipio hiciera efectiva la cláusula penal.

46. De otra parte, en la minuta del contrato no se determinó expresamente el
número de estudiantes que serían cubiertos, sin embargo, conforme a la cláusula
vigésima segunda (y tal como lo afirmó el Tribunal A quo), corresponde al número
establecido en la propuesta16 presentada por la Unión Temporal Ayatal II Wayuu,
esto es, 8.335, al referir la oferta que el alcance del objeto era la atención a más
de 8.335 estudiantes de los distintos Centros Educativos Indígenas Rurales y dos
Instituciones Educativas ubicadas en la zona rural del Municipio de Maicao. En
concreto, señaló: “(…) La Unión Temporal AYATALII WAYUU, suministrará los
docentes en la cantidad que fuese necesaria para la atención del servicio
educativo a la población indígena, que llega a más de ocho mil trescientos treinta y
cinco (8335) estudiantes entre niños y niñas”17.

47. El contrato de Asociación y Apoyo No. 002 de 2011 inició su ejecución el 28
de febrero de 2011, según acta de inicio suscrita por el Supervisor y el
Representante Legal de la Unión Temporal; y terminó el 28 de noviembre de
201118.

48. De otra parte, se acreditó que entre el Municipio de Maicao y la Asociación
de Municipios del Sur de la Guajira “ASOAGUA”, se celebró el Contrato
Interadministrativo de Consultoría No. 008 del 03 de mayo de 2011, cuyo objeto
fue “La realización de la interventoría técnica y financiera a los contratos
financiados con recursos de regalías, SGP prestación de servicios y SGP calidad
educación en el Municipio de Maicao, vigencia 201119”.

49. Finalmente, se acreditó que el representante legal de la Unión Temporal
presentó petición al municipio de Maicao el 12 de septiembre de 2012, en la cual
solicitó se liquide el contrato de apoyo y, al hacerlo, se tuviera en cuenta que la
Unión Temporal atendió a tres mil quinientos cuarenta y seis (3.546) estudiantes

16 La cual, se reitera, hace parte integral del contrato.
17 Folios 21-36 archivo denominado ED_00220140012600CU índice 2 SAMAI.
18 Folio 48 archivo denominado ED_00220140012600CU índice 2 SAMAI
19 Folios 261- 269 archivo denominado ED_00220140012600CU índice 2 SAMAI

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Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

por encima de lo pactado20; y la entidad demandada mediante Oficio del 27 de
diciembre de 201221, negó la solicitud alegando grosso modo que no existía
evidencia de aceptación de parte de la administración municipal para la atención
de los estudiantes adicionales y tampoco identificación previa que el pago
efectuado sería por estudiante per cápita.

Medio de control procedente.

50. En primer lugar, se debe señalar que la parte demandante presentó la
demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales
dispuesto en el artículo 141 de la Ley 1437 de 201122, solicitando la liquidación
judicial del Contrato de Asociación y Apoyo No. 002 de 2011; y el reconocimiento y
pago del mayor valor resultante de la ejecución final del contrato en 3.546 o, en
subsidio, 2.189 estudiantes atendidos por encima de lo pactado.

51. Por su parte, el Municipio de Maicao sostuvo que el demandante obró por
fuera de lo pactado en el Contrato de Asociación y Apoyo a un Programa de
Interés Público No. 002 de 2011; que la entidad en ningún momento lo autorizó a
prestar ese servicio, y mucho menos lo obligó o constriñó para que lo hiciera y que
para atender los alumnos adicionales debía tener un contrato escrito con todos los
requisitos de ley.

52. El Tribunal A quo, consideró que se encontraba ante una acumulación de
pretensiones, por una parte, el medio de control de reparación directa para
perseguir la declaratoria de la responsabilidad del Estado a través de la actio in
rem verso (o acción de enriquecimiento sin causa) para el reconocimiento y pago
de actividades que no gozan de soporte contractual, y por otra parte, el medio de
control de controversias contractuales para la liquidación judicial del contrato; y,
concluyó que el medio de control de reparación directa había caducado y frente a
la liquidación que las partes se encontraban a paz y salvo respecto de las
prestaciones económicas del contrato.

53. Ahora bien, corresponde a la Sala definir cuál es el medio de control
procedente en el sub examine, si el que se asocia en forma directa con el principio

20 Folios 125-129 archivo denominado ED_00220140012600CU índice 2 SAMAI y Folios 5-9 tomo 5.
21Folios 50-52 tomo 5 archivo 1_440012340000201400126011EXPEDIENTEDIGI20231004164716

índice 2 SAMAI.
22 “ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a

regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior.”

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Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

del derecho que enseña que nadie pueda enriquecerse a costa de otro sin causa
justa o, si la Unión Temporal lo que pretende es el pago de unas mayores
cantidades de servicios prestados o mayores costos en el marco del contrato de
asociación en cita, pues al final de cuentas, el medio lo define la causa del
reclamo y el perjuicio alegado.

54. Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado23 ha indicado que, en materia de lo contencioso administrativo, la fuente
del daño determina el medio de control procedente para analizar los supuestos
que fundan la controversia y ésta, a su vez, determina la técnica apropiada para la
formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para
hacerlas valer por la vía jurisdiccional; de allí que, si el debate fáctico y jurídico
tiene origen en un contrato, el medio de control procedente será el de
controversias contractuales, pues dicho cauce procesal se encuentra instituido
para declarar su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare
su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos
contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, que se
hagan otras declaraciones y condenas en relación con el contrato, y solicitar su
liquidación judicial, en los términos del artículo 141 de la Ley 1437 de 201124.

55. De otra parte, la Sala reitera, que la jurisprudencia vigente de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en relación con la figura de la actio in rem verso,
derivada del enriquecimiento sin causa, en los eventos de ejecución material de un
trabajo o servicio sin contrato escrito, fue unificada a través de sentencia del 19 de
noviembre de 201225, y en la cual se sostuvo lo siguiente:

“[…] la Sala admite hipótesis en las que resultaría procedente la actio de in rem
verso sin que medie contrato alguno, pero, se insiste, estas posibilidades son de
carácter excepcional y por consiguiente de interpretación y aplicación restrictiva, y
de ninguna manera con la pretensión de encuadrar dentro de estos casos
excepcionales, o al amparo de ellos […].

“Esos casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o
general, resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían
entre otros los siguientes:
a) “Cuando se acredite de manera fehaciente y evidente en el proceso, que fue
exclusivamente la entidad pública, sin participación y sin culpa del particular
afectado, la que, en virtud de su supremacía, de su autoridad o de su imperium
constriñó o impuso al respectivo particular la ejecución de prestaciones o el
suministro de bienes o servicios en su beneficio, por fuera del marco de un

23 Ver entre otras, Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera –

Subsección A- C.P. José Roberto Sáchica Méndez, sentencia del 09 de abril de 2021, Radicación
número: 41001-23-31-000-1999-01493-01(50371).
24 En similar sentido consultar, Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de

2009, exp. 15.652. C.P. Myriam Guerrero de Escobar y la sentencia proferida por esta Subsección
el 12 de mayo de 2011, exp. 26.758, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena de la Sección Tercera.

Sentencia de 19 de noviembre de 2012. Rad.: 24.897.

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Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
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Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

contrato estatal o con prescindencia del mismo.
b) “En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios,
suministros, ordenar obras con el fin de prestar un servicio para evitar una
amenaza o una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, derecho este
que es fundamental por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad
personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de manera objetiva y
manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y
adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de
los correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente
acreditadas en el proceso contencioso administrativo, sin que el juzgador pierda
de vista el derrotero general que se ha señalado en el numeral 12.1 de la
presente providencia, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la
administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil,
necesaria y la más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron
a tomar tal determinación.
c) “En los que debiéndose legalmente declarar una situación de urgencia
manifiesta, la administración omite tal declaratoria y procede a solicitar la
ejecución de obras, prestación de servicios y suministro de bienes, sin contrato
escrito alguno, en los casos en que esta exigencia imperativa del legislador no
esté excepcionada conforme a lo dispuesto en el artículo 41 inciso 4º de la Ley 80
de 1993 […]”.

56. Igualmente, esta Corporación ha señalado que esta es la vía para perseguir
la declaratoria de la responsabilidad del Estado, en los siguientes eventos: (i)
cuando el afectado, a solicitud de la Administración, ejecutó prestaciones a su
favor luego de que ésta le adjudicara un contrato, pero antes de su celebración 26;
(ii) cuando un contratista de la Administración, luego de terminado un contrato,
sigue ejecutando prestaciones a su favor ante la perspectiva de la futura
celebración de otro contrato con el mismo objeto27; (iii) cuando un contratista ha
ejecutado obras por fuera o más allá del objeto contractual con el visto bueno de la
entidad contratante28; (iv) por la prestación de un servicio ordenado por la entidad
estatal sin haberse celebrado el contrato respectivo y que no es cancelado 29; (v)
por la ejecución de obras que han debido contar con un contrato adicional y éste
no se perfeccionó30; y (vi) por el suministro de bienes y servicios sin mediar
contrato31.

57. Además, en algunas oportunidades se ha estudiado el enriquecimiento sin
causa en los eventos en los que se ha prestado el servicio educativo por periodos
en los que no se suscribió contrato estatal32.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de

diciembre de 1984, exp. 4070, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 1991, exp. 6306, C.P.

Daniel Suárez Hernández.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de octubre de 1991, exp. 6103, C.P.

Daniel Suárez Hernández.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de octubre de 1991, exp. 5686, C.P. Julio

César Uribe Acosta.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de febrero de 1991, exp. 5618, C.P.

Carlos Betancur Jaramillo.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2009, exp. 15662, C.P.:

Myriam Guerrero de Escobar.
32 Ver Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A, sentencia del 06 de febrero de 2020,

exp. 46361, C.P.: María Adriana Marín.

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Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
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Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

58. De lo anterior se colige que, la actio in rem verso es una acción
independiente y autónoma, siendo procedente siempre que no exista un contrato,
porque cuando éste constituye, como en este caso, la fuente de una controversia,
la ley prevé como medio de control pertinente el de controversias contractuales.

59. El presente caso, resulta claro que la reclamación tiene una causa cierta
que no es otra que el “Contrato de Asociación y Apoyo No. 002 de 2011”
celebrado entre las partes, por lo que válidamente puede afirmarse que la
inconformidad se relaciona con el alcance y ejecución del objeto mismo del
negocio jurídico, circunstancia que es confirmada de la lectura de la causa petendi
de la demanda, la cual se circunscribe a solicitar el reconocimiento y pago del
mayor valor por concepto de los 3.546 o, en subsidio, 2.189 niños y jóvenes
indígenas atendidos por encima de lo pactado; atendiendo además, que el
contrato no fue liquidado de común acuerdo.

60. En este punto, cabe resaltar que el contrato adicional se configura cuando
hay una variación sustancial en las prestaciones del contrato, mientras que la
adición contractual se presenta cuando se ejecutan mayores cantidades de las
inicialmente previstas, sin modificarse el objeto del contrato; en otras palabras, la
caracterización cualitativa comportó que los contratos adicionales debían,
necesariamente, modificar el objeto contractual, ya que los cambios menores se
consideran simples adiciones33.

61. Al respecto, esta Corporación ha explicado que no toda ejecución de
mayores cantidades de trabajo, de obra o de servicios corresponde a situaciones
extracontractuales, por el contrario, para reclamar las mayores cantidades el
medio adecuado es el de controversias contractuales:

“(…) -b) En cambio, en el primer supuesto las hipótesis se hacen más
complejas, pero conviene aclararlas. Para empezar, la idea general es que cuando
existe un contrato -con objeto y alcance bien determinados- que se ejecuta en
mayor cantidad de la acordada, la acción adecuada para reclamar el posible
perjuicio es la de controversias contractuales, porque entre demandante y
demandado preexiste una relación de negocios que conduce a la reclamación
judicial por el costo del mayor trabajo. Que la actividad haga o no parte de lo
inicialmente contratado pertenece al debate, pero como entre el demandante y el
demandado existe un negocio sus conflictos se gobiernan por esa acción,
incluso para reclamar mayores cantidades de trabajo, porque al fin y al cabo
proceden de esa relación jurídica.

Sin embargo, al interior de esta idea hay que incorporar una clasificación ilustradora de
su alcance: El enriquecimiento sin causa que analizó la sentencia del 19 de noviembre
de 2012 no impide que las cantidades ejecutadas en exceso de lo inicialmente pactado
se reconozcan a quien las ejecutó, pero con la condición de que guarden relación de
necesidad con el objeto principal y su alcance; de manera que eventos como la
compensación entre ítems por cantidades sobre-ejecutadas versus inejecución de
otros ítems -deficitarios en su ejecución- son alternativas técnicas que realizan las

33 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 18/07/02, exp. 1439.

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partes de un contrato de obra, tanto pública como privada, y que constituyen prácticas
de la administración del contrato admisibles siempre y cuando preserven lo pactado.
No obstante, un evento más complejo es la ejecución de mayores cantidades,
necesarias para la ejecución de la obra, actividad o estudio, que siendo claro que
requieren de un acuerdo previo entre las partes, podrán reconocerse -debidamente
probadas- si se ejecutan, y por medio de la acción contractual, con la condición de que
la mayor ejecución no encubra un nuevo objeto no pactado.
La casuística es muy amplia, pero en general se trata de examinar si la ejecución en
exceso de lo contratado hace parte o no de las prestaciones pactadas; de establecerse
la relación de necesidad procede el pago por medio de la acción contractual; de
concluirse que se trata de una actividad autónoma -no necesaria para la ejecución
perfecta del objeto- no procede su pago, por las razones anotadas en la sentencia del
19 de noviembre de 201234”. (Resaltado de la Sala)

62. En el sub examine, se solicita el reconocimiento y pago de una mayor
cantidad de servicios educativos prestados correspondiente a 2.189 estudiantes
atendidos en exceso de lo pactado, y no a prestaciones adicionales por fuera del
objeto del negocio principal, es decir, no se reclama el reconocimiento de
prestaciones distintas de las convenidas, o de ítems no previstos, sino por el
contrario, se trata de una mayor cantidad de la prestación debida, sin que ello
implique modificación alguna al objeto negocial.

63. Así las cosas, resulta completamente claro que el reconocimiento que
pretende la parte actora, tiene su fuente en una controversia contractual, derivada
de la negativa del ente territorial demandado, en reconocer, liquidar y pagar a la
Unión Temporal unas mayores cantidades de servicio, que considera fueron
ejecutadas, sin que tal negación pueda ni deba entenderse como un
enriquecimiento sin causa, pues tal controversia se derivó de un contrato y con
ocasión de su ejecución. En adición, de la causa petendi de la demanda, se
evidencia la solicitud para que se proceda a la liquidación judicial del contrato,
ruego de justicia propio del medio de control de controversias contractuales.

64. En consecuencia, teniendo en cuenta que las pretensiones son de estirpe
eminentemente contractual, y la entidad pública demandada ha tenido la
oportunidad de ejercer su defensa frente a dichas pretensiones, se procederá a
estudiar el recurso de alzada bajo este enfoque, máxime cuando el apelante
solicitó que se revoque totalmente la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se accedan a las pretensiones de la demanda, reafirmando los pedimentos de
reconocimiento de mayores cantidades de servicios efectuados vía controversias
contractuales; y solo subsidiariamente, se dé por probado el enriquecimiento sin
causa por parte del Municipio de Maicao.

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera – Subsección C,

sentencia del 04 de junio de 2015, radicado 250002326000200002313 01, C.P.: Olga Mélida Valle
de la Hoz.

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65. Finalmente, si bien en aplicación del principio iura novit curia corresponde al
juez, frente a los hechos alegados y probados por la parte demandante, definir la
norma o el régimen jurídico aplicable al caso, ello no puede ni debe confundirse
con la modificación de la causa petendi y menos aún del petitum, es decir, variar
los hechos que se enuncian en la demanda como fundamento de la pretensión, o
de las pretensiones mismas.

66. Por lo anterior, la Subsección estima desacertada la decisión del Tribunal A
quo en el sub examine, toda vez que revisado el libelo introductorio no se
enunciaron hechos relacionados con el enriquecimiento sin justa causa a favor del
Municipio de Maicao y tampoco se formuló una acumulación de pretensiones;
contrario sensu, se solicitó que en la liquidación judicial del contrato se
reconociera y ordenara el pago de la mayor cantidad resultante de la atención de
2.189 estudiantes adicionales a lo pactado, pues, se insiste, del acervo probatorio
es dable afirmar que la mayor prestación presuntamente realizada por la Unión
Temporal se encuentra su fuente el “contrato No. 02 de 2011”, por lo ampliamente
expuesto.

67. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala analizará (i) cuál es la naturaleza jurídica
del denominado “Contrato de Asociación y Apoyo No. 002 de 2011”, y, (ii) cuál es
el régimen jurídico que lo gobierna, con el fin de analizar más adelante si el citado
medio de control se interpuso oportunamente.

La naturaleza del Contrato de Asociación y Apoyo No. 002 de 2011 y su
régimen jurídico

68. La jurisprudencia de esta Corporación, ha establecido una distinción clara
entre los contratos y los convenios de la Administración, que parte de la
identificación de la naturaleza, características y finalidad de esos acuerdos, lo cual
permite, entre otras cosas, establecer el régimen jurídico aplicable en cada caso
concreto.

69. Por lo anterior, al margen de la nominación que le den las partes al negocio
celebrado, la Sala considera necesario hacer un análisis del clausulado del
acuerdo, para determinar si, en efecto, su contenido corresponde a un convenio o
a un contrato y, con ello, determinar la normativa que lo rige y las consecuencias
jurídicas que se desprenden de las actuaciones que ahora son cuestionadas.

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70. En primer lugar, respecto de los convenios de interés público35, impone
señalar, que dentro de sus varias expresiones y/o tipologías, se encuentran los
denominados “convenios de asociación” de los cuales habrá de profundizar la
Sala, en procura de establecer algunos componentes axiales de su dogmática y
dilucidar su aplicación en el caso concreto.

71. Para hacer el examen pertinente, es preciso indicar que el artículo 96 de la
Ley 489 de 199836, previó la posibilidad para las entidades estatales de celebrar
dos tipos de negocios, así:

“ARTICULO 96. CONSTITUCION DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS ENTIDADES
PUBLICAS CON PARTICIPACION DE PARTICULARES. Las entidades estatales,
cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los
principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas
jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la
creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación
con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley.
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se
determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes,
coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.
Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas jurídicas sin
ánimo de lucro, éstas se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código Civil para
las asociaciones civiles de utilidad común.
En todo caso, en el correspondiente acto constitutivo que dé origen a una persona
jurídica se dispondrá sobre los siguientes aspectos: (…)”

72. En los convenios de asociación37, la administración no transfiere o asigna a
los particulares el ejercicio de una función que le es propia, sino que se asocia
temporal o permanentemente con ellos para ejecutarla o garantizar su mejor
realización, pues puede ocurrir, que para garantizar la ejecución de los objetivos y

35 “Los contratos de que trata el citado artículo 355 de la C.P., según lo dispuso el constituyente, se

estructuran bajo la idea de que lo que se busca realmente es una suerte de alianza de fuerzas –
públicas y privadas– para logar como propósito común impulsar programas y actividades de interés
público acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo, sin una
contraprestación directa a la entidad pública contratante [pero, en todo caso, sujetos a la
prestación de un beneficio común o social]. Bajo esta modalidad el sector público puede aportar el
dinero (en todo o en parte) y la entidad privada sin ánimo de lucro la experiencia (personal,
instalaciones, apoyo logístico, entre otros) o viceversa, según sea el caso.”” [Consejo de Estado –
Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A, C.P. Carlos Alberto
Zambrano Barrera, sentencia del 06 de agosto de 2019, radicación número: 11001-03-26-000-
2018-00113-00(62003)].
36 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden

nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones”
37 El artículo 96 ibidem presenta dos posibilidades (de carácter temporal o permanente), la primera

se presenta la celebración de un compromiso de los que se denominan, como lo hace
expresamente la Ley 489 de 1998, convenios de asociación, que constituyen un vínculo de
carácter temporal entre la administración y personas jurídicas particulares con el fin de realizar
objetivos comunes a ambas partes, conjunta y coordinadamente. En tal sentido opera una
verdadera asociación de personas, una conjunción de esfuerzos.

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funciones atribuidos a una entidad estatal, ella opte por asociarse con particulares
que tienen intereses comunes frente a la ejecución de las funciones
administrativas que el Estado se propone realizar.

73. Esta Subsección38 ha destacado los siguientes rasgos característicos de los
convenios de asociación, a saber: (i) se celebran “para el desarrollo conjunto de
actividades en relación con los cometidos y funciones” que la ley les asigna a las
entidades públicas; (ii) la colaboración se da para que las entidades públicas
desarrollen actividades, en asocio con personas jurídicas privadas, en procura de
lograr el cumplimiento de sus cometidos y funciones, sin que esto comporte, una
relación conmutativa39, ni implique la transferencia de funciones administrativas a
los particulares; (iii) son creados por el legislador, y no tienen por propósito cumplir
una función benéfica del Estado Social de Derecho, sino que su objetivo, está
dirigido a que las entidades públicas puedan desarrollar las actividades que
específicamente la ley le ha asignado, con la colaboración de los particulares; y
(iv) pueden ser celebrados por las entidades estatales, cualquiera sea su
naturaleza y orden administrativo, con “personas jurídicas particulares”, es decir, la
norma no califica que esa persona deba ser una entidad sin ánimo de lucro y, a su
vez, descarta que se celebren con personas naturales o personas jurídicas del
derecho público.

74. De otro lado, el artículo 96 de la ley 489 de 1998, al prever la figura de los
convenios de asociación, estipula que estos se “celebraran de formidad con lo
dispuesto en el artículo 355 de la Carta Política”, generando como efecto derivado,
la integración normativa de los Decretos 777 de 1992 y 1403 de 1992 (vigentes
para el caso bajo estudio), y en tal virtud, le será aplicables a éstos convenios los
requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares,
es decir, las normas del derecho privado40.”

75. Descendiendo al caso concreto, y atendiendo el contenido del llamado
“Contrato de Asociación y Apoyo a un Programa de Interés Público No. 002 de
2011”, es dable afirmar que, la naturaleza del negocio jurídico no la da el título o

38 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, C.P. José Roberto Sáchica Méndez,
sentencia del 30 de julio de 2021, radicado número: 850012331000201110099 01 (48.957).
39 Código Civil, artículo 1498: “El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes

se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o
hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se
llama aleatorio”.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de octubre de 2017, Exp.

53.390, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, partes: Constructora Medina Palacio y Cía. Ltda. c.
Municipio de Apartadó. Ver también Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 15 de febrero de 2018, Exp. 55.147, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, partes: Ruiz Arévalo
Constructora S.A. c. INVIYUMBO, y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia
del 24 de mayo de 2018, Exp. 55756, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

19

Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

denominación que sus contrayentes le otorguen, por el contrario, esta se
determina por el objeto, alcance, finalidad, derechos y obligaciones, etc., que
constituyen los rasgos determinantes de su esencia41. Por lo tanto, para la Sala
resulta claro que, aunque las partes denominaron “contrato” al negocio jurídico por
ellas contraído, lo que realmente suscribieron fue un “convenio” de asociación
gobernado por las normas señaladas ut supra. Esta conclusión encuentra apoyo
en el acervo procesal y puntualmente en las razones que a continuación se
explican.

76. El citado convenio de asociación42 suscrito por las partes, (i) tuvo como
objeto el apoyo a un programa de interés público43, (ii) fue celebrado entre una
entidad estatal (Municipio de Maicao) con la Unión Temporal Ayatal II Wayuu,
persona jurídica de derecho privado conformada por la FUNDACIÓN AVANCES,
la FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL –“FUNDAGES”, la
FUNDACIÓN EKIRAJAA y la FUNDACIÓN SEMILLAS COLOMBIA, entidades sin
ánimo de lucro44 en cuyos objetos sociales se encontraban actividades
relacionadas con la prestación del servicio educativo y la enseñanza45, es decir,
tienen una finalidad que atiende al interés general o beneficia a un número
importante de personas, de forma tal que las mismas contribuyen a la realización
de los fines o cometidos estatales.

41 Código Civil, artículo 1501: “Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las

que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas
cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la
naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin
necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni
naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.”
42 La Sala en adelante denominará al Contrato de Asociación y Apoyo a un Programa de Interés

Público No. 002 de 2011, como Convenio, atendiendo lo explicado en el acápite de naturaleza
jurídica y régimen aplicable.
43
La prestación del servicio educativo a más 8.335 estudiantes de los distintos Centros Educativos
Indígenas Rurales y dos Instituciones Educativas ubicadas en la zona rural del Municipio de
Maicao, para lo cual la Unión Temporal debía contratar el personal docente necesario, adecuado e
idóneo para desarrollar esta labor; además que las labores se desarrollarían teniendo como base
la infraestructura oficial de los centros e instituciones indígenas, y bajo los parámetros y las
orientaciones que impartiera el Municipio, por conducto del Secretario de Educación Municipal.
44 Folios 142 a 167 archivo denominado ED_00220140012600CU índice 2 SAMAI.
45Por ejemplo, la Fundación Avances tenía como objeto social la “Gestión y desarrollo de proyectos

que beneficien a la comunidad en general sin distinción de sexo, raza, edad, extracto social, credo
político y religioso. En los sectores de: educación, salud, alimentación, recreación y deporte,
vivienda, cultura, medio ambiente y derechos humanos. Crear, gestionar y desarrollar proyectos,
talleres, capacitaciones, asesorías que contribuyan a prestar un mejor servicio educativo en todos
los niveles y a personas de distintas clases en especial a las más desfavorecidas y que no estén
dentro del sistema educativo” (Sic) y FUNDAGES en su objeto social estableció “Las siguientes
actividades: Gestión educativa: A) Gestionar ante las diferentes organismos estatales del orden
nacional, departamental y municipal, e Internacional recursos para desarrollar planes y programas
de educación. B) Contratar con las diferentes entidades estatales, privadas del orden nacional,
departamental y municipal, para desarrollar programas educativos que ayuden a la cobertura con
equidad y calidad de la educación (…)” (Folios 143 y 149 archivo denominado
ED_00220140012600CU índice 2 SAMAI).

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Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

77. Así mismo, (iii) en las consideraciones, las partes anotaron, entre otras
cosas, que se regiría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la
Constitución Política, artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y Decreto 777 de 1992 (se
transcribe literal con los posibles errores):

“(…) que cumple actividades de interés social, de reconocida idoneidad, quien de
conformidad con el artículo 9 del decreto 777/92, declara, bajo la gravedad de
juramento, que no se encuentra inmerso en ninguno de los casos de incompatibilidad,
inhabilidad o impedimento de que tratan las citadas normas, y que para efectos del
presente contrato se denominará LA UNIÓN TEMPORAL de común acuerdo hemos
convenido celebrar el presente contrato de apoyo a un programa de interés público, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política de
Colombia, artículo 96 de la Ley 489 de 1998, en armonía con el decreto 777/92,
contenido en las siguientes cláusulas, previas estas consideraciones: 1) Que de
conformidad con la Constitución Política, la educación es un derecho fundamental de
la persona y un servicio público que tiene una función social, tendiente a la mejor
formación moral, intelectual y física de los educandos, con lo cual se busca el acceso
al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores de la cultura, para lograr
una formación integral, donde se forme en el respeto a los derechos humanos, a la
paz y a la democracia; 2) Que es un fin esencial del Estado garantizar los derechos
fundamentales, dentro de los cuales se encuentran los derechos de libertad de
conciencia, libertad de religión y de cultos, libertad de enseñanza, derechos estos que
se ejercen, entre otros ámbitos, en la educación y la enseñanza; 3) Que es deber del
Estado garantizar el adecuado cubrimiento de los servicios educativos estatales y
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, los que
puede brindar en forma directa o de manera conjunta, contratando su prestación en los
términos del artículo 365 de la Constitución Política; 4) Que el artículo 96 de la ley 489
de 1998 establece que las entidades territoriales, cualquiera sea su naturaleza y orden
administrativo, podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo
209 de la Constitución Política, asociarse con personas jurídicas particulares,
mediante celebración de convenios, para el desarrollo conjunto de actividades en
relación con los cometidos y funciones que les asigne a aquellas la Ley; 5) Que el
Municipio de Maicao fue certificado en materia educativa desde el año 2003 por parte
del Ministerio de Educación Nacional y, en cumplimiento de la Ley 715 de 2001, en su
artículo 1 literal 7.6 se establece: “Mantener la actual cobertura y propender a su
ampliación”, es por ello que es obligación del Municipio de Maicao velar por mantener
la cobertura estudiantil y procurar su ampliación; (…) 8) Que la contratación propuesta
encuentra, en principio, pleno apoyo normativo en el artículo 355 de la Constitución
Política, los artículos 200 de la Ley 115 de 1.994, 27 de la Ley 715 de 2.001 y 30 de la
Ley 1176 de 2.007, la concertación realizada por las autoridades indígenas,
permitiéndose contratar el servicio por parte de las entidades estatales competentes
con personas idóneas para ejecutar estos servicios (…) 10) Que el artículo 200 de la
Ley 115 de 1.994 se contempla que este contrato se rige, en principio, por la
reglamentación legal que regula la contratación entre particulares; no obstante, aquí se
incluirán las cláusulas exorbitantes y se exigirá garantía (…) 12) Que LA UNION
TEMPORAL es idónea para ejecutar este objeto contractual, tal como se acredita con
los documentos anexos (…)” (Subrayado de la Sala).

78. Además, (iv) resulta clara la concurrencia de esfuerzos para llevar a cabo
un fin de interés social que le es común a las dos partes. En efecto, se plasmó en
el texto del convenio que de manera concertada la Unión Temporal y el Municipio
de Maicao, en coordinación con el Comité Municipal de Apoyo a la Educación
Indígena, seleccionarían al personal docente y administrativo que laboraría en los
establecimientos educativos46. De esta forma, el particular y el ente público
acordaron la ejecución conjunta del servicio educativo dentro de su territorio, para

46 Folio 42 archivo denominado ED_00220140012600CU índice 2 SAMAI.

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Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

lo cual cada parte (además de los aportes de gestión y operacionales) contribuyó
con recursos económicos para la consecución de los objetivos del Convenio47.

79. De otra parte, el marco normativo sobre la prestación del servicio público de
educación está directamente relacionado con el artículo 67 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 44 Superior. Allí se establece que “la
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social” y, asimismo, dispone que “[l]a educación será gratuita en las instituciones
del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan
sufragarlos”.

80. En igual sentido, la Ley 115 de 1994 -Ley General de Educación- dispuso
en su artículo 3° original, que, por una parte, el servicio público de educación será
prestado en las instituciones educativas del Estado e, igualmente, que los
particulares podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que
para su creación y gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación
que realice el Gobierno Nacional. De la misma manera, que el servicio educativo
podría prestarse en instituciones educativas de carácter comunitario, solidario,
cooperativo o sin ánimo de lucro.

81. Asimismo, el artículo 4° de dicha norma prevé el deber del Estado, la
sociedad y la familia para “velar por la calidad de la educación y promover el
acceso al servicio público educativo” y, a su vez, destacó que es responsabilidad
de la Nación y las autoridades territoriales garantizar su cubrimiento.

82. Respecto a la administración del servicio público educativo, los artículos
151 y 153 de la Ley 115 de 1994, estipulan que los encargados de dicha actividad
son las entidades territoriales certificadas por el Ministerio de Educación Nacional
para tal fin. Para el cumplimiento de ello, los artículos 6 y 7 de la Ley 715 de 2001,
establecen que las autoridades territoriales deben dirigir, planificar y prestar el
servicio educativo en los niveles de prescolar, básica y media en sus distintas
modalidades y en condiciones de equidad, eficiencia y calidad. Además, deben
administrar los recursos del Sistema General de Participaciones, administrar las
instituciones educativas, el personal de los planteles educativos y cofinanciar con
recursos propios los servicios educativos estatales.

47 Así se desprende de sus considerandos, y de las cláusulas primera, sobre actividades de la
demandante, segunda, relativa a las obligaciones de la Unión, y tercera, concerniente a los aportes
que tenían que hacer el Municipio de Maicao y la parte actora.

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Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

83. Además de lo anterior, las autoridades territoriales deben prestar el servicio
de educación a través de la red que conforma el Sistema Educativo Oficial y, por
tanto, sólo cuando existan insuficiencias o limitaciones en las instituciones que
integran esta red, podrán contratarse la prestación del servicio educativo con
entidades sin ánimo de lucro, estatales o entidades educativas particulares. En
ese sentido, los municipios certificados en educación son los directamente
encargados de administrar los recursos educativos provenientes del Sistema
General de Participaciones, así como administrar las instituciones, el personal y el
plantel educativo y, en general, prestar el servicio educativo dentro de su territorio,
en el marco de la Constitución y la Ley.

84. Así las cosas, para la época de la suscripción del convenio No. 02 de 2011,
nada impedía a las entidades territoriales para que acudieran a esta figura jurídica
para cumplir el mandato constitucional y legal de prestar el servicio público a la
educación, por cuanto se pueden celebrar convenios de asociación para los
efectos previstos por el primer inciso del artículo 96 de la Ley 489, es decir, para el
desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que
le sean asignados a las entidades estatales por la ley.

85. En adición, atendiendo el contenido del Convenio No. 002 de 2011 y las
pruebas obrantes en el plenario, se puede colegir que no existió una relación
patrimonial de orden conmutativo, porque el particular no obra con el ánimo de
obtener una remuneración, sino, estrictamente, con el propósito de aunar sus
esfuerzos con los de la administración para el desarrollo de las actividades que a
ella corresponden y que se encuentran dentro de su objeto social como ESAL, que
es, como se ha indicado, el lugar donde se explica la ausencia de
contraprestación.

86. En consecuencia, no se advierte que se hubiere pactado una relación
patrimonial conmutativa entre el Municipio de Maicao y la Unión Temporal que
apunte a calificarlo como un contrato estatal sujeto al régimen de la Ley 80 de
1993, por el contrario (se reitera), lo que se estipuló fue la conjunción de esfuerzos
y recursos para “la prestación del servicio público educativo en la zona rural del
Municipio de Maicao”. Según el esquema reflejado en el convenio, la entidad
pública demandada no obtendría una contraprestación directa por su ejecución,
pues los beneficiarios son los estudiantes de este municipio (niños, niñas y
adolescentes indígenas).

87. Como corolario de lo expuesto, -se reitera-, el régimen jurídico aplicable al
Convenio No. 002 de 2011 es el dispuesto en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998

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Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

y, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 777 de
1992, además de constar por escrito, su celebración estaba sometida a los
requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los
particulares y no, como concluyó el A quo, a las reglas del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, pues no se trata de un contrato estatal.

Ejercicio oportuno del medio de control de controversias contractuales.

88. La caducidad ha sido definida como “el plazo perentorio y de orden público
fijado por la ley, para el ejercicio de una acción o de un derecho, que transcurre
sin necesidad de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso
jurídico”48. Opera como un modo de extinción de los medios de control judicial
dispuesto por el legislador para evitar que las controversias se mantengan en el
tiempo, de forma indefinida, por causa de la inactividad de los interesados en su
ejercicio.

89. En el caso bajo estudio, y atendiendo el medio de control procedente, la
norma de caducidad aplicable49 es la contenida en el literal d) del numeral 10 del
artículo 136 del C.C.A., según la cual: “En los que requieran de liquidación y ésta sea
efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años,
contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo
liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido
por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir
a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de
los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar”.
(Resaltado de la Sala).

90. De acuerdo con lo probado en el plenario, el Convenio de Asociación y
Apoyo No. 002 de 2011 terminó el 28 de noviembre de 2011 50 y, en relación con la
liquidación del mismo, en la cláusula vigésima primera las partes acordaron lo
siguiente: “El presente contrato se liquidará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 11 de la Ley 1150 de 200751”.

48 Corte Constitucional. Sentencia C-227 del treinta (30) de marzo de dos mil nueve (2009).
49 Precisa la Sala que, si bien la demanda se presentó en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto

es, el 08 de julio de 2014, el término de caducidad inició a contabilizar con la normatividad anterior
(30 de marzo de 2012), no siendo aplicable el CPACA conforme al artículo 308 que dispone “Este
Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así
como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior.”
50 Folio 48 archivo denominado ED_00220140012600CU índice 2 SAMAI.
51 “ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación

de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones
o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la

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Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

91. Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha aceptado que en los
contratos exceptuados del EGCAP pueden pactarse facultades unilaterales en
favor de alguna de las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad, lo que de
manera alguna las equiparara a las prerrogativas públicas de las que están
investidas las entidades contratantes por ministerio de la ley.

92. En ese sentido, las distintas Subsecciones que integran la Sección Tercera
de esta Corporación, han establecido algunas pautas para el ejercicio de este tipo
de cláusulas, de manera particular, en relación con la liquidación unilateral de un
contrato regido por el derecho privado52.

93. Si bien en los contratos que se rigen por el derecho privado no existe la
obligación de liquidarlos –como sí sucede con algunos que están sometidos al
EGCAP por expresa disposición legal–, resulta válida la inclusión de cláusulas con
esa finalidad, lo cual constituye una manifestación del ejercicio de la autonomía de
la voluntad, siempre y cuando no contravengan el orden jurídico53 ni las finalidades
del Estado.

liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término
previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la
entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que
se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto
en el artículo 136 del C. C. A.
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en
este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo.”
52 Al respecto, la Subsección C señaló lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluso con

posibles errores): “Pese a que la liquidación de los contratos se encuentra regulada por los
artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, nada impide que en un contrato que se rige por normas de
derecho privado, tal como lo son los contratos celebrados por Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios, las partes en ejercicio de la autonomía dispositiva o negocial puedan convenir su
ejercicio, siempre y cuando dicha estipulación no vaya en contra de normas imperativas, no se
encuentre expresamente prohibida por la Ley y, por supuesto, que con su ejercicio no se afecte la
prestación los servicios públicos o el cumplimiento de las finalidades estatales.
“Ahora bien, debe preverse que la liquidación unilateral del contrato si bien es una facultad legal,
no es de aquellas que implican el ejercicio de una potestad exorbitante o excepcional al derecho
común, ya que la Ley 80 no la enlista como tal en sus artículos 14 y siguientes que se refieren al
ejercicio de dichas potestades.
“Con otras palabras, resulta totalmente válido que en un contrato que se rige por normas de
derecho privado, las partes convengan que ante la falta de acuerdo para liquidar el contrato, una
de ellas pueda proceder a liquidarlo unilateralmente, siempre y cuando que esa posibilidad haya
sido prevista y autorizada dentro del pliego de condiciones o acordada en el mismo contrato, que
no vaya en contra de normas de carácter imperativo, y que no se afecte la prestación los servicios
públicos o el cumplimiento de las finalidades estatales”. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de febrero de 2017, rad. 56562,
C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa
53 Artículos 16 y 1524 del Código Civil.

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Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

94. Así mismo, esta Corporación ha indicado que este tipo de acuerdos es
procedente en el escenario de los contratos exceptuados del EGCAP y ha
enfatizado en la necesidad de que aquellos se plasmen de manera expresa,
clara e inequívoca.

95. Al respecto, esta Subsección54 al analizar el término de caducidad del
medio de control de controversias contractuales frente a un convenio
interadministrativo, concluyó que no basta con las remisiones genéricas o
abstractas a cuerpos normativos para entender que se pactó convencionalmente
la facultad para liquidarlo unilateralmente (se transcribe in extenso):

“(…) Aunque en dicho parágrafo se hizo mención -genéricamente- al procedimiento de
las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y del Decreto 019 de 2012, lo cierto es que no
se identificó de manera clara cuál era el procedimiento que debía seguirse ante la no
comparecencia del municipio de San Bernardo a la liquidación, de lo cual no puede
inferirse que una parte acordó con la otra la imposición de una liquidación.

En efecto, con la sola mención abstracta a esos cuerpos normativos no puede
entenderse que las partes hayan pactado un procedimiento convencional para
que una de ellas liquide unilateralmente el acuerdo, en tanto las facultades
convencionales de carácter unilateral deben ser pactadas de manera expresa y
con claridad, en el que se evidencie un consentimiento pleno, cuestión que brilla por
su ausencia en el clausulado del convenio. (…)

Esta Corporación, en cuanto al ejercicio de las unilateralidades en un contrato que se
rige por las reglas derecho privado, ha señalado, por ejemplo, que para la validez de la
cláusula de terminación unilateral por incumplimiento se requiere, entre otras cosas,
que aquella sea pactada expresamente y que lo estipulado no aparezca bajo el
ejercicio de una posición dominante55. (…)

Con las anteriores precisiones, la Sala recuerda que la liquidación unilateral de los
contratos es de carácter subsidiario, pues solamente resulta procedente cuando no se
haya podido llevar a cabo la liquidación bilateral56. Se insiste que en los convenios
interadministrativos resulta válido que las partes convengan que, ante la falta de
acuerdo para liquidarlo, una de ellas pueda proceder a liquidarlo unilateralmente,
“siempre y cuando esa posibilidad haya sido prevista y autorizada dentro del pliego de
condiciones o acordada en el mismo contrato”57 (se destaca).

En el parágrafo tercero de la cláusula cuarta del convenio en cuestión las entidades
públicas acordaron que, en el caso en que el municipio de San Bernardo no se
presentara a la liquidación de dicho acuerdo o no aportara los documentos requeridos
para ello, “se acudirá al procedimiento previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007
y Decreto 019 de 2012”. Nótese la mención abstracta y genérica que se hace al
procedimiento consagrado en esos cuerpos normativos, sin especificar cuál, de
manera que no hay lugar a entender que se hubiese autorizado a una de las
partes la imposición de una liquidación, tanto así que en ese aparte transcrito ni
siquiera se hizo mención a la expresión “liquidación unilateral”.

En suma, del clausulado del convenio interadministrativo no puede inferirse que una de
las entidades públicas que suscribió dicho acuerdo tenga la facultad de liquidarlo
de manera unilateral, pues no se evidencia pacto expreso y claro al respecto. Esto

54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de octubre de 2021, rad. 65.978. M.P. Martha Nubia Velasquez Rico
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 24 de agosto de 2016, expediente No. 41.783, M.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa (e).
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 19 de julio de 2017, expediente No. 57.394, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 24 de abril de 2017, expediente No. 55.836, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

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Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

significa que, ante la carencia de expresividad y claridad, no puede extraerse que las
partes hayan pactado convencionalmente el ejercicio de esa unilateralidad.

Las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, a las que se hizo mención en el parágrafo
tercero de la cláusula cuarta del convenio, consagran normas para la liquidación de los
negocios jurídicos y su trámite, tanto para la bilateral como para la unilateral. Ahora, sin
que de lo pactado se desprenda la facultad para liquidarlo unilateralmente ni el
procedimiento convencional para ello, con la alusión a esas normas no puede
interpretarse que una parte acordó con la otra la imposición de la liquidación, de
acuerdo con el procedimiento previsto en dichas disposiciones para la liquidación
unilateral, toda vez que ese trámite supone la expedición de un acto administrativo,
cuestión que, como se explicará más adelante, no es posible en estos convenios, en
tanto los entes que los suscriben se relacionan en posición de igualdad.

En efecto, de acuerdo con las reglas de interpretación de los contratos y teniendo en
cuenta que las partes no expresaron su voluntad de pactar convencionalmente un
procedimiento para liquidar unilateralmente el convenio objeto de estudio, el parágrafo
tercero de la cláusula cuarta “deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la
naturaleza del contrato”, tal como lo dispone en el artículo 1621 del Código Civil. De
este modo, no puede entenderse que con dicho parágrafo las partes hayan convenido la
imposición de la liquidación unilateral a través de acto administrativo, en tanto ello no
resulta compatible con la naturaleza del convenio.

Lo que debe entenderse, entonces, es que con la mención a las Leyes 80 de 1993
y 1150 de 2007 y al Decreto 019 de 2012 el convenio interadministrativo se debe
liquidar conforme con esas normas, pero no de manera unilateral, sino de
conformidad con el trámite previsto para la liquidación bilateral.

Por todo lo expuesto, debe advertirse que no es posible tener en cuenta los 2 meses a
los que se refiere el artículo 164 precitado -que debe contarse a partir del vencimiento
del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente-, porque ese lapso, tal
como lo ha indicado la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación58,
tiene relación con la oportunidad con la que cuenta la Administración para liquidar
unilateralmente los negocios jurídicos, facultad que no fue pactada convencionalmente
para ser ejercida por alguna de las entidades públicas que suscribieron el respectivo
convenio interadministrativo, como ya se vio atrás.” (Resaltado de la Sala)

96. Considera la Sala, que si bien existen diferencias entre los convenios
interadministrativos y los convenios de asociación, también es igual de cierto que
esta Corporación59 en múltiples ocasiones, ha referido que en negocios jurídicos
que se caractericen por la asociación de esfuerzos, donde se presente un nivel de

58 En auto del 2 de marzo de 2017, expediente No. 51.689, proferido por la Subsección B de la

Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, se
señaló: “Por otra parte, cuando el contrato requiere liquidación, una vez vencido el plazo de
ejecución contractual se debe proceder a liquidarlo en la forma convenida en el contrato y, a falta
de estipulación, el señalado por la ley, como lo preceptúa el inciso v) del literal j) del numeral 2º del
artículo 164 ídem. Es decir que los contratos que requirieran de liquidación deben ser liquidados
bilateralmente dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación y si ésta no se hace en
esa oportunidad, la entidad estatal debe liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del término anterior y, una vez finalizados estos términos el
interesado podrá acudir ante la jurisdicción dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de
los seis (6) meses antes referidos” (se destaca). En este mismo sentido, en auto del 12 de junio de
2017, expediente No. 57.142, proferido por la Subsección A de la Sección Tercera de esta
Corporación, con ponencia del entonces magistrado Hernán Andrade Rincón, luego de hacer
referencia al artículo 164, numeral 2, literal j), apartado v), del CPACA, se indicó: “Al revisar el
acervo probatorio, encuentra la Sala que las partes establecieron un plazo de 4 meses para
realizar la liquidación bilateral, término al cual es preciso añadirle el plazo legal de 2 meses para
realizar la liquidación unilateral, para un total de 6 meses”.
59 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, en

sentencia del 12 de diciembre de 2022, radicación número: 85001-23-33-000-2017-00074-02
(66.729) y Sentencia del 21 de noviembre de 2022, radicado: 25000-23-36-000-2018-01193-01
[68.616].

27

Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

igualdad entre los sujetos contratantes y que estén exceptuados del EGCAP, las
cláusulas que establezcan potestades unilaterales deben presuponer un pacto
expreso, claro e inequívoco de las partes, por lo que emerge de la regla
interpretativa, que no basta con remisiones genéricas o abstractas, lo cual sería
aplicable al sub examine.

97. En el presente caso, se advierte que en la cláusula vigésima primera se
hizo una remisión abstracta y genérica al artículo 11 de la ley 1150 de 2007, sin
establecer si era (i) una remisión al trámite procedimental para liquidar el convenio
o (ii) a la facultad unilateral de la Administración para liquidarlo.

98. Así las cosas, dado que la regla convencional en cita no especificó con
detalle cuál sería la modalidad -bilateral y/o unilateral- en la que se adelantaría la
liquidación del Convenio No. 002 de 2011, la Subsección estima que, en la medida
en que al acuerdo de voluntades que aquí se analiza se gobernó por las
disposiciones y las dinámicas negociales propias del derecho privado, es dable
concluir que el ejercicio liquidatario debía materializarse de mutuo acuerdo.

99. En consecuencia, y atendiendo que las partes del convenio No. 002 de
2011 no pactaron de forma expresa, clara e inequívoca que el Municipio de
Maicao podía liquidarlo unilateralmente, en caso de que no se hubiera podido
hacer de forma bilateral, la Sala concluye que no resulta procedente contabilizar
los dos (02) meses siguientes con los que cuenta la entidad para este tipo de
liquidación60.

100. En ese orden de ideas, el término de cuatro (04) meses siguientes que
tenían las partes para liquidar el convenio por mutuo acuerdo venció el 29 de
marzo de 201261; y el término de caducidad de dos (2) años para interponer la
demanda, operaba el 30 de marzo de 2014, razón por la cual, por haberse
presentado la solicitud de conciliación extrajudicial el 20 de mayo de 201462,
(expedido la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad el 02 de
julio de la misma anualidad); y radicada la demanda el 08 de julio de 201463, se
concluye que operó el fenómeno de la caducidad del medio de control de
controversias contractuales en el sub lite.

60 En un asunto similar, en el que las partes no pactaron la liquidación unilateral del convenio, la

Corporación hizo el conteo de la caducidad desde el vencimiento del plazo que tenían los
contratantes para liquidarlo de manera bilateral (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto del 30 de septiembre de 2020, expediente No.
65.358, M.P. Guillermo Sánchez Luque).
61 La Sala reitera que el convenio de asociación finalizó el 28 de noviembre de 2011.
62 Folios 140-141 archivo denominado ED_00220140012600CU índice 2 SAMAI.
63 Folio 168 – Acta Individual de Reparto - archivo denominado ED_00220140012600CU índice 2

SAMAI.

28

Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

101. Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará los numerales segundo,
tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia, y en su lugar, declarará, de
manera oficiosa64, la excepción de caducidad del medio de control de
controversias contractuales.

Costas y agencias en derecho65.

102. De conformidad con el artículo 18866 del CPACA y con la disposición
especial del artículo 36567 del CGP, procede la condena en costas a cargo de la
parte que resulte vencida en el proceso.

103. El artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por
las agencias en derecho.

104. El artículo 365 ejusdem, en el numeral 5, dispone que “Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.”.

64 La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al unificar su jurisprudencia en

relación con el marco de competencia del juez ad quem en virtud del recurso de apelación, aceptó
y reiteró que dicho juez puede analizar de manera oficiosa la caducidad. Esto dijo “19. Este
entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el
recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que, si se apela un aspecto
global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen
parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el
apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de
pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para
proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa
y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante
como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada” (se destaca) (Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de
unificación del 6 de abril de 6 de 2018, expediente No. 46.005, M.P. Danilo Rojas Betancourth).
65 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para demandar en costas a la

demandada (no así a la demandante vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual
en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde
no procede, o en actuaciones gobernadas con reglas especiales, como los recursos
extraordinarios), corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento
legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla y sin perjuicio de exponer,
vía aclaración, el anterior discernimiento- acogerá la actual posición mayoritaria de la Sección
Tercera, que se inclina por mantener un criterio objetivo.
66 Artículo 188. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá

sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (…).
67 Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a
la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (subrayado fuera del texto).

29

Radicación: 44001234000020140012601 (70470)
Demandante: Unión Temporal Ayatal II Wayuu
Demandado: Municipio de Maicao
Referencia: Controversias Contractuales (Ley 1437 de 2011)

104. En el caso bajo estudio, si bien es cierto, no prosperan las súplicas de la
demanda, no es menos cierto, que con ocasión de la alzada se revoca
parcialmente la sentencia de primera instancia en los ordinales solicitados por el
recurrente, por lo tanto, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
demandante.

105. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia
proferida el 06 de diciembre de 2022, por el Tribunal Administrativo de La Guajira
y, en su lugar, DECLARAR PROBADA, de oficio, la excepción de caducidad del
medio de control de controversias contractuales, por las razones advertidas en la
parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen, previa la anotación respectiva en el aplicativo SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

VF

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