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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-31-000-2011-00154-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-31-000-2011-00154-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia proferida el 26 de marzo de 2021, por el Tribunal Administrativa de Arauca, los cuales quedarán así: SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, declarar la existencia de una relación laboral entre Luz Marina Alvarado Nagles y la Empresa Social del Estado del municipio de Villavicencio, en el período comprendido entre el 31 de agosto de 2007 y el 31 de mayo de 2009, de conformidad con los lineamientos expuestos en la parte motiva. TERCERO: Como restablecimiento del derecho, ordenar a la Empresa Social del Estado del municipio de Villavicencio a pagar a Luz Marina Alvarado Nagles las sumas que por concepto de prestaciones laborales legales devengan los empleados de planta de la entidad en el cargo de auxiliar de enfermería, vinculado a esa entidad legal y reglamentariamente, liquidadas conforme a los honorarios pactados en los contratos por el tiempo comprendido entre 1 de agosto de 2007 al 31 de mayo de 2009. Respecto de los pagos realizados por la cooperativa a la demandante, le asiste el derecho a recibir únicamente las prestaciones que devengaba el personal de planta que desarrollaba iguales funciones a las suyas y que no le fueron reconocidas y que se le debían pagar por la relación laboral que se encontró acreditada con la entidad pública. Las anteriores sumas deberán ajustarse conforme lo dispuesto en el artículo 178 del CCA, con aplicación de la fórmula establecida en la jurisprudencia dispuesta en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: Condenar a título de restablecimiento del derecho a la Empresa Social del Estado del municipio de Villavicencio a efectuar los aportes con destino al sistema de seguridad social en pensiones, para lo cual deberá tomar el ingreso base de cotización o IBC pensional de la demandante, dentro de los periodos laborados, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante en concepto de aportes, pero solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-31-000-2011-00154-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles
Demandados: Municipio de Villavicencio y ESE del municipio
Villavicencio
Llamados en garantía: Liberty Seguros SA, Aseguradora Solidaria de Colombia
Entidad Cooperativa, Seguros Cóndor SA Liquidada y
Cooperativa de Trabajo Asociado Servisocial1

Tema: Relación laboral encubierta

Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la Aseguradora Solidaria
de Colombia Entidad Cooperativa, la Cooperativa de Trabajo Asociado Servisocial y,
en adhesión, por la ESE del municipio de Villavicencio, contra la sentencia proferida
el 26 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Arauca2 mediante la cual
se accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Luz Marina Alvarado Nagles presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso

1 Todas llamadas en garantía en auto del 4 de junio del 2013, proferido por el Tribunal Administrativo

del Meta. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «SIN CARATULA.pdf», folios 3 a 7.
2 En virtud de los acuerdos PCSJA19-11448, PCSJA20-11596, PCSJA20-11678 expedidos por la Sala

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en los cuales se dispuso remitir los procesos del
sistema escritural que se encontraban para sentencia en el Tribunal Administrativo del Meta a ese
tribunal.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad del Oficio 100.25.347 del 5
de octubre de 2010, por medio del cual el gerente de la ESE del municipio de
Villavicencio le negó la existencia de una relación laboral por el servicio prestado
como auxiliar de enfermería entre el 1 de agosto de 2007 y el 31 de mayo de 2009;
y el consecuente pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre ella y la ESE
demandada por el periodo en que se desempeñó como auxiliar de enfermería; ii) el
pago de las prestaciones sociales tales como la diferencia salarial, las cesantías y
sus intereses, las primas extralegales, de servicios, de navidad y de vacaciones, las
bonificaciones, las vacaciones y los recargos nocturnos, dominicales y festivos, en
consideración a lo que devengaba un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las suyas; iii) el reembolso de las sumas pagadas por concepto de
aportes a la seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y retenciones; iv) el
reconocimiento de la indemnización por la no consignación de las cesantías, de los
perjuicios morales y de los intereses moratorios a los que haya lugar; v) la indexación
de los valores que resultaren de lo que llegare a resolverse; y vi) el cumplimiento de
la sentencia según lo previsto en el artículo 176 del CCA.

3. De manera subsidiaria pidió i) la declaratoria de nulidad de los contratos de
prestación de servicios que suscribió por haber sido expedidos de manera irregular
y con desviación de poder; y ii) el otorgamiento de la condición de empleada pública.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:

4.1. Luz Marina Alvarado Nagles prestó su servicio como auxiliar de enfermería en la
ESE del municipio de Villavicencio entre el 1 de agosto de 2007 y el 31 de mayo de
2009 de manera continua y permanente a través de contratos de prestación de
servicios, periodo en el que realizó sus funciones de forma personal, bajo la
subordinación de la coordinadora de enfermería, con una remuneración pagada
mensualmente y dentro de un horario por turnos de lunes a domingo de 7:00 pm a
7:00 am y viceversa, de 7:00 am a 2:00 pm y de 2:00 a 7:00 pm, impuesto por dicha
funcionaria y en ocasiones por la gerente de la entidad

4.2. Las prestaciones sociales y acreencias laborales a las cuales tenía derecho por
ley, propias de los empleados de planta que ejercían sus funciones, no le fueron
reconocidas y tuvo que pagar por cuenta propia la seguridad social.

3 En adelante CCA.

2

Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

4.3. El 11 de octubre de 2010, solicitó a la ESE del municipio de Villavicencio el
reconocimiento de una relación laboral por el tiempo en que se desempeñó como
auxiliar de enfermería y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de
ella; sin embargo, esta petición fue negada por el gerente de la entidad a través del
oficio acusado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 14, 25, 29, 95, 125, 127, 209 y
277 la Constitución Política; 2, 3, 36 y 84 del CCA; 26, 40, 46 y 61 del Decreto 2400
de 1968; 5 y 71 del Decreto 1250 de 1970; 108, 180, 215, 240, 241 y 242 del Decreto
1950 de 1973; y 8 de la Ley 4ª de 1990; las leyes 65 de 1946; 10 de 1990; 100 de
1993; y 790 de 2002; y los decretos 1660 de 1978; y 1333 de 1986.

6. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente4:

6.1. La entidad demandada desconoció el principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades, no obstante haberse configurado los elementos propios de una
relación laboral; además, vulneró el artículo 53 de la Constitución Política, toda vez
que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de forma personal en las
instalaciones de la ESE demandada, de manera similar a los empleados de planta
de la entidad, de forma permanente, subordinado o dependiente; esto último
consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartirle
órdenes e instrucciones a través de sus superiores (coordinador de enfermería) en
relación con la labor contratada, bajo la fijación de un horario de trabajo asignado
para la prestación de su servicio y con una remuneración mensual como retribución
por las labores que realizaba.

6.2. Se vulneró el derecho a la igualdad pues la entidad se benefició de las labores
prestadas de manera ininterrumpida y subordinada, pero no le brindó iguales
condiciones en las que se encontraban los funcionarios de planta que desarrollaban
similares funciones a las suyas.

6.3. A pesar de que han existido formalidades sustanciales para el ingreso a la carrera,
el Estado las ha vulnerado regularmente al haber acudido a los contratos de
prestación de servicios.

4 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 1.pdf», folios 19 a 37.

3

Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

1.2. Contestaciones de la demanda

7. El municipio de Villavicencio se opuso a la prosperidad de las pretensiones al
considerar que lo pretendido en el asunto era la declaración de la existencia de una
relación laboral entre la demandante y la ESE del municipio de Villavicencio, más no
con el municipio, por tanto, se presentó una falta de legitimación en la causa por
pasiva en su respecto. Aunado a ello, la ESE se encontraba dotada de personería
administrativa y autonomía administrativa y presupuestal. Propuso como excepción
la que llamó «falta de legitimación por pasiva»5.

8. La ESE del municipio de Villavicencio se opuso a las súplicas bajo los siguientes
argumentos6:

8.1. La mayor parte del tiempo estuvo vinculada a través de cooperativas de trabajo
asociado y solo por un periodo corto directamente con la ESE, en donde la relación
contractual entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
la cual autorizó a las entidades públicas para celebrar contratos de prestación de
servicios, sin que esto haya generado un vínculo laboral y el derecho a recibir
prestaciones sociales.

8.2. Propuso como excepciones las que denominó i) inexistencia de la relación legal
y reglamentaria; y ii) buena fe patronal.

1.2.2. Llamados en garantía

9. La Compañía de Seguros Generales en Liquidación Condor SA se opuso a las
pretensiones al considerar que era inexistente algún vínculo que la obligara a ser
parte dentro de lo debatido, pues no expidió ninguna de las pólizas en los contratos
que suscribió la ESE del municipio de Villavicencio con las cooperativas de trabajo
asociado Surge CTA, Servisocial y Coopgenerali. Propuso como excepciones i)
inexistencia de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual; y
ii) genérica7.

5 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 1.pdf», folios 111, 113, 115 y 117.
6. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 1.pdf», folios 128 a 139.
7. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 3.pdf», folios 193 a 205.

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

10. Liberty Seguros SA se opuso a la prosperidad de las súplicas con fundamento en
las siguientes consideraciones8:

10.1. La póliza de cumplimiento que la ESE del municipio de Villavicencio pretendió
afectar fue la suscrita con la Cooperativa Surge CTA, correspondiente al concepto
de salarios y prestaciones sociales; no obstante, no se configuró el siniestro en tanto
que la Cooperativa no era parte demandada dentro del proceso.

10.2. La actora pretendió que se declarara su vinculación legal y reglamentaria y en
consecuencia el pago de salarios y demás prestaciones sociales, en relación con la
ESE del municipio de Villavicencio y no con respecto a la Cooperativa Surge CTA,
riesgo que no se encuentra asegurado dentro de la póliza de Liberty Seguros SA.

10.3. Propuso como excepciones las que denominó i) prescripción de las acreencias
laborales; ii) inexistencia de relación legal y reglamentaria; iii) indebido ejercicio de la
acción Contencioso-administrativa; y iv) inexistencia de contrato estatal.

11. La Cooperativa de Trabajo Asociado Servisocial se opuso a la prosperidad de las
pretensiones con fundamento en las siguientes consideraciones9:

11.1. La Cooperativa no participó ni intervino en la relación laboral que la demandante
solicitó fuera declarada a su favor, situación oponible a la ESE del municipio de
Villavicencio. Asimismo, fue ajena a los hechos y circunstancias del asunto, pues la
relación era entre aquella y la ESE.

11.2. Propuso como excepciones las que denominó i) caducidad; ii) prescripción; iii)
cláusula compromisoria; iv) inepto llamamiento en garantía; v) falta de legitimación
den la causa por pasiva; vi) pago; vii) «ABUSO DEL DERECHO DE LLAMAR EN
GARANTÍA. TEMERIDAD EN EL LLAMAMIENTO. LLAMAMIENTO INFUNDADO»; viii)
buena fe; ix) hechos exclusivos y excluyentes de demandada; x) «AUSENCIA DE
RECLAMACIÓN O DE DENUNCIA DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA POR PARTE DE
LA DEMANDANTE COMO MIEMBRO O ASOCIADA DE MI REPRESENTADA Y AUSENCIA
DE AVISO O DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LA DEMANDADA, xi) ausencia de
intervención de la llamada en garantía en las circunstancias que conforman la causa
petendi; y xii) innominada.

8. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 3.pdf», folios 3 a 27.
9. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 3.pdf», folios 371 a 376.

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Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

12. La Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda, Entidad Cooperativa, contestó la
demanda de manera extemporánea, tal y como se advirtió en auto de 21 de febrero
de 2018 dictado por el Tribunal Administrativo del Meta10.

1.3. La sentencia apelada

13. El Tribunal Administrativo de Arauca en sentencia del 26 de marzo de 2021
accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas. Al efecto dispuso lo siguiente11:

«PRIMERO: DECLARESE la nulidad del oficio No. 100.25-347 del 5 de octubre de 2010,
proferido por la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DECLÁRASE la existencia de la relación
laboral entre LUZ MARINA ALVARADO NAGLES y la Empresa Social del Estado del
Municipio de Villavicencio y Cooperativa de Trabajo Asociado SERVISOCIAL, en el
período comprendido entre el 1° de agosto de 2007 al 31 de mayo de 2009, de
conformidad con precisos lineamientos expuestos en la parte motiva.

TERCERO: Como restablecimiento del derecho, ORDÉNESE en forma solidaria a la
Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio y a la Cooperativa de Trabajo
Asociado SERVISOCIAL, a pagar a LUZ MARINA ALVARADO NAGLES el valor
equivalente a las prestaciones sociales comunes que devengan los empleados de planta
de la entidad en el cargo de AUXILIAR DE ENFERMERIA, liquidadas conforme a los
honorarios pactados en los contratos, por el tiempo comprendido entre 1° de agosto de
2007 al 31 de mayo de 2009, liquidados conforme al valor en que fue contratado, sumas
que serán ajustadas conforme lo dispuesto en el artículo 178 del C.C.A., aplicando la
fórmula establecida en la jurisprudencia dispuesta en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: CONDENESE a título de restablecimiento del derecho a la EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO y la COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO SERVISOCIAL de manera compartida, a efectuar los aportes con destino al
sistema de seguridad social en pensiones, constatando mes a mes los aportes que aquel
debió realizar con base en el señalado 40% de Ingreso Base de Cotización y los
realizados por la contratista. Y en caso de existir diferencia en contra de la demandante,
esto es, que cotizó sobre una suma menor a la que le correspondía por ese 40%, la
entidad debe aportar al respectivo fondo o Administradora de pensiones, su cuota parte -
La de la ESE o COOPERATIVA- que le correspondería como empleadora sobre esa
fracción no cotizada.

10. Providencia que fue proferida con anterioridad a que los acuerdos PCSJA19-11448, PCSJA20-

11596, PCSJA20-11678 expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
dispusieran remitir los procesos del sistema escritural que se encontraban para sentencia en el
Tribunal Administrativo del Meta al de Arauca. Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL»,
documento «ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip)
NroActua 2», archivo «CUADERNO 4.pdf», folios 37 a 43.
11 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «01.RecepciónOPublicaciónDeProvidencias.pdf»,

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

QUINTO: ORDENESE a la Aseguradora Solidaria de Colombia, llamada en garantía, a
reembolsar a favor de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio el valor
de las condenas aquí impuestas por el periodo del 1° de junio de 2008 hasta el 31 de
mayo de 2009, hasta el límite y porcentaje del valor asegurado en la póliza de
cumplimiento No. 994000004802.

SEXTO: Dese cumplimiento a lo aquí dispuesto dentro del término previsto en los artículos
176 y 177 del C.C.A.

SEPTIMO: NIEGUENSE las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.

OCTAVO: Abstenerse de condenar en costas en esta instancia.

(…)» (sic).

14. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente:

14.1. En atención a los elementos de juicio allegados al expediente, era posible
declarar la relación laboral entre la actora y la ESE del municipio de Villavicencio por
el periodo en el que prestó sus servicios como auxiliar de enfermería a través de
contratos de prestación de servicios y por medio de una cooperativa de trabajo
asociado, es decir por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2007 y el 31
de mayo de 2009, pues se acreditaron los elementos para su configuración, esto es,
la prestación personal del servicio, la continua subordinación en relación con la
entidad empleadora y la remuneración como contraprestación por las labores
realizadas.

14.2. Lo anterior, toda vez que Luz Marina Alvarado Nagles i) realizó sus actividades
de forma personal como auxiliar de enfermería en el Área de Urgencias de diferentes
centros de salud adscritos a la ESE; ii) por las labores que desarrolló recibió una
remuneración; iii) ejerció funciones inherentes al objeto desarrollado por la entidad;
iv) no tenía autonomía e independencia para realizar las actividades encomendadas,
las que fueron prestadas en un horario por turnos, los cuales eran asignados; y iv)
utilizó los elementos y bienes suministrados por la ESE para desempeñar sus tareas.

14.3. Asíentonces, la actora tenía derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales legales generadas con ocasión de sus servicios, las que se
debían liquidar con base en la remuneración pactada en los contratos de prestación
de servicios.

14.4. La ESE del Municipio de Villavicencio y la Cooperativa de Trabajo Asociado
Servisocial de manera compartida, debían «efectuar los aportes con destino al sistema
de seguridad social en pensiones, constatando mes a mes los aportes que aquel debió

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Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

realizar con base en el señalado 40% de Ingreso Base de Cotización y los realizados por la
contratista. Y en caso de existir diferencia en contra de la demandante, esto es, que cotizó
sobre una suma menor a la que le correspondía por ese 40%, la entidad debe aportar al
respectivo fondo o Administradora de pensiones, su cuota parte -La de la ESE o
COOPERATIVA- que le correspondería como empleadora sobre esa fracción no cotizada»
(sic).

14.5. Comoquiera que durante el lapso comprendido entre el 1 de agosto de 2007 y el
31 de mayo de 2009 la prestación del servicio se realizó a través de intermediación
laboral, según lo dispuesto por el Consejo de Estado12, es indiscutible que cuando
se ha declarado la relación laboral encubierta «se pregona una responsabilidad solidaria,
de allí que, tanto la Cooperativa y la entidad pública donde se prestan los servicios, asumen
como empleadores, cualquiera de los dos» (sic).

14.6. Haber reconocido una relación laboral no concedía el estatus de empleado
público y, por consiguiente, la pretensión de reintegro no resultaba procedente,
puesto que «no puede reintegrarse a quien no ha sido desvinculado de un empleo
público13».

14.7. No operó el fenómeno jurídico de la prescripción, puesto que la solicitud de
reconocimiento de las prestaciones sociales que se derivaban de la relación laboral
se presentó el 1 de octubre de 2010, es decir dentro del término de 3 años siguientes
a la culminación de las relaciones contractuales respectivas.

14.8. Era improcedente el reconocimiento de i) las horas extras, recargos nocturnos,
dominicales, festivos y dineros retenidos, pues no se logró demostrar su existencia;
ii) de la sanción moratoria, toda vez que es solo a partir de la sentencia que surge el
derecho y la obligación; y iii) de los perjuicios morales, de las diferencias salariales,
salarios debidos y primas extralegales pues no se probaron, aunado que frente a los
últimos 3 su reclamo no correspondía a este tipo de proceso.

14.9. La condena durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2008 al 31 de
mayo de 2009, estaba debidamente cubierta por la póliza expedida por la
Aseguradora Solidaria de Colombia, «siendo aplicable el amparo de "pago de salarios y
prestaciones sociales e indemnizaciones", sin que se haya demostrado por parte de la
llamada en garantía alguna causal de exclusión o exoneración, al no haberse aportado
dentro del trámite del proceso las condiciones generales de dicha póliza, que no es cosa
distinta, al marco de referencia para el seguro a contratar, el cual contiene las regulaciones
y estipulaciones por las que se rige dicho contrato» (sic).

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de febrero 2011, radicado 25000-23-25-

000-2007-00041-01 (0260-2009-). M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
13 «C.E. Sección Segunda, Subsección A, CP. Alfonso Vargas Rincón, sentencia de 17 de abril de

2013, expediente 1001-2012.

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Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

14.10. Así las cosas, el pago de las prestaciones sociales estuvo incluido dentro de los
riesgos asegurados por la llamada en garantía en la póliza de cumplimiento
994000004802 y sus respectivas prórrogas, por tanto, en virtud de esta, era
procedente ordenar el reintegro a favor de la entidad demandada los dineros que se
pagaran con ocasión de la condena hasta el límite del valor asegurado, en relación
al tiempo transcurrido del 1 de junio de 2008 al 31 de mayo de 2009.

14.11. La condena en costas era improcedente, pues la parte vencida no asumió en el
proceso una conducta que la hiciera merecedora a esa sanción, tales como
temeridad, irracionalidad absoluta a su pretensión, dilación sistemática del trámite o
deslealtad.

1.4. Los recursos de apelación

15. La ESE del municipio de Villavicencio interpuso recurso de apelación al considerar
lo siguiente14:

15.1. La actora estuvo vinculada a la Cooperativa de Trabajo Asociado Servisocial
durante el tiempo que se reclamó, sin que hubiera tenido un vínculo contractual con
la ESE del municipio de Villavicencio. Aquella prestó sus servicios como auxiliar de
enfermería a la cooperativa de la cual era socia, quien le pagaba mensualmente su
salario y demás emolumentos a los que por ley tenía derecho, por lo tanto, quien tuvo
una relación contractual con la ESE fue la cooperativa.

15.2. A la demandante durante su vinculación se le pagaron todos los emolumentos
económicos a que tenía derecho, en consideración a su vinculación con la
cooperativa y su naturaleza jurídica.

15.3. Era improcedente concluir que la cooperativa de trabajo asociado actuó como un
simple intermediario entre la demandante y la ESE, toda vez que el contrato suscrito
por la ESE con aquella se celebró conforme con la normativa vigente.

15.4. Si bien es cierto que las empresas sociales del Estado se encuentran facultadas
para desarrollar sus funciones mediante contratación con operadores externos, como
las cooperativas de trabajo asociado (CTA), la vinculación de los trabajadores
asociados no generaba ningún tipo de relación con la entidad contratante.

14 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «05.AgregarMemorial_.pdf».

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Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

15.5. No se demostró en el proceso el elemento de la subordinación para haber
acreditado la relación laboral que se reclamó, y si bien se hizo mención a los turnos
que desarrollaba Luz Marina Alvarado en la ESE del municipio de Villavicencio, en
ningún momento se acreditó que fueran impuestos por esta, en cambio no podía
pasarse por alto que dentro de la obligación que tenía la ESE estaba la de ejercer
supervisión al contrato suscrito con la cooperativa, lo que permitió revisar turnos y
coordinarlos para garantizar la prestación del servicio de salud durante las 24 horas.

16. La Cooperativa de Trabajo Asociado Servisocial apeló la decisión de primera
instancia, con fundamento en los siguientes argumentos15:

16.1. Nole asistía responsabilidad solidaria, pues durante el tiempo en que la
demandante estuvo vinculada con la cooperativa siempre se le pagó los salarios y
prestaciones a los que tenía derecho; además, efectuó todos los aportes y pagos al
sistema de seguridad social. Por tanto, le resultaba inoponible la condena en cuanto
al reconocimiento de mayores, diferentes o adicionales valores o conceptos, por
derechos que se derivaran de la eventual anulación del acto administrativo
demandado, en el cual ninguna intervención tuvo Servisocial, porque esta cumplió
con las obligaciones que emanaron tanto del contrato estatal suscrito con la ESE
demandada como de la vinculación de la demandante con dicha cooperativa.

16.2. No había prueba que demostrara que en el lapso comprendido entre el 1 de
agosto de 2007 y el 31 de mayo de 2009 la demandante hubiera estado subordinada
a la ESE del municipio de Villavicencio; por el contrario, durante dicho lapso «hay
suficiente información y prueba, tanto documental como testimonial, de que la relación entre
la CTA Servisocial y el demandante en efecto se desarrolló, tuvo ejecución y vida propia, no
se trató pues de una mera apariencia, realmente esta cooperativa tuvo una relación cotidiana
y viva con el demandante, de modo que los hechos de esta cooperativa indican que cumplió
con las obligaciones que le correspondían» (sic).

17. La Aseguradora Solidaria Colombiana con su recurso de apelación solicitó revocar
la condena que se le impuso, toda vez que la póliza 99400004802 que aseguró el
contrato 178 de 2008 solo cubría los eventuales incumplimientos en el pago de
salarios, prestaciones e indemnizaciones del personal que laboró para la ejecución
del mencionado contrato y no «de ningún otro tipo de relación laboral, como se indicó en
el fallo de primera instancia, donde se indica la existencia de un contrato laboral (contrato
realidad) entre la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio y la Señora LUZ

15 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «04.AgregarMemorial.pdf».

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

MARINA ALVARADO NAGLES»16 (sic).

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

18. La Aseguradora Solidaria Colombiana Entidad Cooperativa17, Liberty Seguros
SA18, la ESE del municipio de Villavicencio19 y la cooperativa de trabajo asociado
Servisocial20 reafirmaron lo expuesto en sus actuaciones a lo largo del proceso.

19. La demandante, el municipio de Villavicencio y Seguros Cóndor SA Liquidada
guardaron silencio.

1.6. Concepto del Ministerio Público

20. El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia, toda vez que, de acuerdo a la naturaleza de las actividades y
funciones ejercidas por la actora y algunos elementos probatorios interpretados de
conformidad con el reciente pronunciamiento de unificación por parte de la Sección
Segunda del Consejo de Estado21, es posible verificar la concurrencia de los
elementos de una relación laboral, en especial el relativo a la subordinación.22.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

21. De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso23, la competencia
del juez de segunda instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en los
recursos de apelación, en esas condiciones, los problemas jurídicos que se deben
resolver en esta instancia se contraen a determinar:

16 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «03.AgregarMemorial.pdf».
17 Samai, índice 24, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«23_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 24».
18 Samai, índice 25, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«25_MemorialWeb_AlegatosdeLibertySeguros(.pdf) NroActua 25».
19 Samai, índice 27, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«28_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 27».
20 Samai, índice 29, actuación «RECIBE MEMORIALES ONLINE», documento
«31_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 29».
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicado 23001-23-

33- 000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16
22 Samai, índice 31, actuación «RECIBE MEMORIALES POR CORREO ELECTRONICO», documento

«Memorial_FLF_35CONCEPTO(.pdf) NroActua 31».
23 En lo que sigue CGP.

11

Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

21.1. ¿si entre Luz Marina Alvarado Nagles y la ESE del municipio de Villavicencio se
configuró una relación laboral?, en caso afirmativo,

21.2. ¿si
tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
derivadas de esa relación laboral?

21.3. ¿si la Cooperativa de trabajo asociado Servisocial es solidariamente responsable
del valor de la condena impuesta por el periodo comprendido entre el 1° de mayo de
2007 al 31 de mayo de 2009?

21.4. ¿si
la Aseguradora Solidaria Colombiana debe reembolsar a la ESE del
municipio de Villavicencio el valor de las condenas impuestas por el periodo
comprendido entre el 1° de junio de 2008 y el 31 de mayo de 2009, hasta el límite y
porcentaje del valor asegurado en la póliza 99400004802?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

22. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

23. Por su parte, el Decreto 2209 de 199824 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

24 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

24. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar
labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De allí que la
consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación laboral y con
ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

25. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y
«en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio de
tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración no la
utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada y
dependiente.

26. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y
el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

27. Así,
cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la

13

Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

Organización Internacional del Trabajo (OIT)25 que previó una garantía al derecho a
la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor». En
igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 26, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de
trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a
este respecto».

28. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»27 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

29. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señaló los
elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que
faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto
al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse
por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad
y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios
internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».

30. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece

25 Aprobada el 11 de abril de 1919.
26 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
27 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

31. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación28 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados
en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales29». (Resalta la Sala).

32. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

33. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado, se
excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de

28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
29 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

15

Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
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aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente
la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de
reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los
derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas
al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios».

34. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

35. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

36. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202130 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en
los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera,
con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de
continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las
especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos
de naturaleza parafiscal».

37. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado público
a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de
la Carta Política».

38. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.2.2. Las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de intermediación
laboral

39. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 79 de 198831 y el Decreto 4588 de
200632, las cooperativas de trabajo asociado son organizaciones sin ánimo de lucro
que pertenecen al sector de la economía solidaria, las que vinculan el trabajo
personal de sus asociados, quienes a su vez son gestores, contribuyen
económicamente a la cooperativa y aportan directamente su capacidad de trabajo
para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales.

40. Lo anterior, con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes
o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en
general. El principal aporte de los asociados en esta clase de organizaciones es su
trabajo, puesto que los aportes de capital son mínimos.

41. Por su parte, el Decreto 4588 de 2006 en su artículo 17 estableció lo siguiente:

«Artículo 17. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios
temporales. Las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar
como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para
suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, o remitirlos como
trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios de un

31 «Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa».
32 «Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas

de Trabajo Asociado».

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se
generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes.

Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las
empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y Pre
cooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables
por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado»
[se resalta].

42. De acuerdo con la anterior prohibición, cuando se configuran esas prácticas de
intermediación propias de las empresas de servicios temporales, las partes
[contratante y cooperativa] deben responder solidariamente por las obligaciones
económicas a favor del trabajador.

43. Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que «dicha figura asociativa no fue
creada por el Legislador para que se desconocieran los derechos de los trabajadores, al
punto que, por mandato legal las cooperativas de trabajo asociado que incurran en prácticas
deshonestas deben responder ante las autoridades correspondientes. En ese sentido, el
trabajo asociado no puede ser utilizado indebidamente para desconocer o eludir las
obligaciones de estirpe laboral con los trabajadores dependientes o subordinados, por ello,
la normatividad consagró la prohibición de que las Cooperativas de Trabajo Asociado
actuaran como empresas de intermediación laboral, disponiendo del trabajo de los asociados
para suministrar mano de obra temporal a usuarios o terceros beneficiarios»33.

44. Asimismo, que «es claro que las cooperativas funcionan bajo los lineamientos de la Ley
79 de 1988, de tal suerte que, cuando el asociado es vinculado con otro ente, pero por
órdenes puntuales y estrictas de la Cooperativa así como del tercero, quien alega la
configuración o existencia del contrato realidad con aplicación del principio de la primacía de
la realidad sobre las formas, tiene el deber probatorio de acreditar el trípode que la legislación
consagra para la configuración de una relación laboral».

45. En este sentido, a las cooperativas de trabajo asociado no les está permitido
disponer del trabajo de sus asociados para suministrar mano de obra a terceros, en
detrimento de los derechos laborales de los cooperados.

2.3. Lo probado dentro del proceso

46. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:

46.1. Acuerdo 04 del 28 de diciembre de 200534, «(p)or medio del cual se modifica el

33 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 28 de septiembre de 2017.

Radicación 76001-23-31-000-2011-00820-01(1486-15). MP: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
34 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 4.pdf», folios 93 a 97.

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de Planta de
Personal de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio, aprobado mediante
Acuerdo No. 002 del 26 de octubre de 2005». En el documento se señalaron las
funciones y competencias del empleo de auxiliar de salud de la siguiente manera:

«
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES
(…)
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar labores auxiliares de enfermería directamente relacionadas con la atención
de los usuarios, individuos, familia y comunidad, en los diferentes Centros de Salud y
en las ambulancias de la Entidad.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESCENCIALES
1. Arreglar la unidad y ambiente físico del paciente, tanto para la admisión como para
la estadía del mismo en el Centro de Salud.
2. Esterilizar, preparar y responder por el material, equipo, y elementos a su cargo.
3. Preparar los servicios de consulta, controles médicos y de enfermería para la
prestación del servicio.
4.Preparar al paciente y colaborar en los medios de diagnóstico y tratamientos
especiales que se requieran.
5.Realizar labores de enfermería bajo normas y procedimientos establecidos por el
plan de acción de enfermería de la Institución.
6. Dar atención de enfermería al paciente durante el tratamiento medicoquirúrgico y
administrar los medicamentos y cuidados que se requieran de acuerdo con órdenes
médicas y de enfermería.
7. Consignar en la historia clínica de cada paciente en todos los servicios, además,
diligenciar óptimamente los anexos, tales como, evolución, hoja de enfermería, control
de signos vitales y demás que correspondan con la periodicidad pertinente.
8. Instruir al paciente y a la familia en el proceso de rehabilitación y en el procedimiento
a seguir del servicio prestado.
9. Brindar cuidado directo a los pacientes que requieran atención especial.
10. Revisar las historias clínicas e instrucciones médicas de todos los casos de
hospitalización o ambulatorios a su cargo.
11. Apoyar los programas y proyectos a desarrollar por la institución según
necesidades del servicio.
12. Manipular correcta y racionalmente el equipo e instrumental teniendo en cuenta
las normas de bioseguridad.
13. Utilizar los elementos de seguridad y vestuario adecuado, en el contacto con el
paciente y equipos.
14. Informar oportunamente al profesional responsable sobre situaciones de
emergencia y riesgos que observe en los pacientes, familia, comunidad o medio
ambiente.
15. Participar en la organización y actualización del archivo de historias clínicas.
16. Diligenciar los registros estadísticos pertenecientes a su trabajo.
17. Actualizar oportunamente el Kardex de los medicamentos y elementos
medicoquirúrgicos bajo su custodia.
18. Informar a los usuarios, individuos y grupos de la comunidad, sobre la existencia
y utilización de servicios de salud que presta la entidad.
19. Promover en su área de trabajo la participación de la comunidad en actividades
de salud e impulsar la conformación de los comités de salud, liga de usuarios y
formación de líderes comunitarios en salud.

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

20. Participar en reuniones, seminarios, capacitaciones o eventos programados por la
entidad.
21. Establecer y mantener buenas relaciones interpersonales e interdisciplinarias
necesarias para lograr una eficaz prestación de los servicios de salud.
22. Manejar adecuadamente el almacenamiento provisional de los RHYS.
23. Realizar y preparar los informes respectivos de acuerdo con las instrucciones
recibidas, bajo los parámetros y plazos establecidos.
24. Apoyar la actualización del Manual de Normas y Procedimientos de su área, y
aplicar los manuales y procedimientos aprobados para el desarrollo de sus funciones.
25. Responder por el buen uso de los equipos, materiales y elementos que le sean
asignados para el cumplimiento de sus funciones.
26. Ejecutar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo
con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

(…)» (sic).

46.2. Contrato 133 de 200735, junto con sus acuerdos modificatorios36., suscrito entre
la ESE del municipio de Villavicencio y la Cooperativa de Trabajo Asociado
Servisocial, por el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de mayo de 2008.
El objeto era el siguiente:

«La COOPERATIVA se obliga para con la ESE, a brindarle por conducto de sus asociados
o cooperados, todos los servicios integrales especializados en el sector de la salud,
requeridos o necesarios para el funcionamiento de las diversas IPS de la entidad,
comprendiendo las actividades o especialidades y horas de labores que se reseñan mas
adelante.

(…)

SERVICIOS ESPECIALIZADOS.

ACTIVIDAD / PROFESION TIEMPO DE SERVICIO REQUERIDO
AUXILIAR DE ENFERMERIA 90.720 horas

(*) El servicio debe ser prestado en forma tal que cada cooperado preste labore un total
de 180 horas mensualmente» (sic).

46.3. Pólizas de los seguros de cumplimiento en favor de la entidad, expedida por la
compañía de seguros Condor SA, que amparaba los riesgos del contrato 133 de
2007 y sus respectivas modificaciones37.

35 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 1.pdf», folios 201 a 207.
36 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 1.pdf», folios 215 a 226, 233, 241, 249 y 250.
37 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 1.pdf», folios 209, 211, 227, 229, 235, 237, 243, 245, 251 y 253.

20

Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

46.4. Acuerdo cooperativo de trabajo asociado celebrado entre la actora y la
Cooperativa de Trabajo Asociado Servisocial38, en el que se estableció el ingreso de
aquella a partir del 1 de mayo de 2007, a efectos de que desempeñara labores dentro
del contrato de prestación de servicios 133 de 2007. En este acuerdo se señaló que
la asociada percibiría un pago (compensación) de $433.700, dentro del cual se
«encuentra incluida la compensación ordinaria y complementaria, de los descansos
obligatorios y festivos de que trata el régimen de compensación» (sic).

46.5. Contrato 178 de 200839, junto con sus acuerdos modificatorios40, suscrito entre
la ESE del municipio de Villavicencio y la Cooperativa de Trabajo Asociado
Servisocial, por el periodo comprendido entre el 1 de junio al 31 de mayo de 2009. El
objeto era el siguiente:

«La COOPERATIVA se obliga para con la ESE, a brindarle por conducto de sus asociados
o cooperados, todos los servicios integrales especializados en el sector de la salud,
requeridos o necesarios para el funcionamiento de las diversas IPS de la entidad,
comprendiendo las actividades o especialidades y horas de labores que se reseñan mas
adelante.

(…)

SERVICIOS ESPECIALIZADOS.

ACTIVIDAD / PROFESION TIEMPO DE SERVICIO REQUERIDO
AUXILIAR DE ENFERMERIA 93.240 horas

(*) El servicio debe ser prestado en forma tal que cada cooperado preste sus servicios un
total de 180 horas mensualmente» (sic).

46.6. Pólizas de los seguros de cumplimiento en favor de la entidad, expedida por la
Aseguradora Solidaria de Colombia, en las que se amparaba los riesgos del contrato
178 de 2008 y sus respectivas modificaciones41.

46.7. En el desarrollo de los contratos 133 de 2007 y 178 de 2008, suscritos entre la

38 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 3.pdf», folios 385 y 387.
39 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 1.pdf», folios 257 a 266.
40 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 1.pdf», folios 273 a 275, 283, 284. 291, 292, 299, 300, 307 y 308.
41 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 1.pdf», folios 267, 269, 277, 279, 285, 287, 293, 295, 301, 303, 309 y 311.

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

ESE del municipio de Villavicencio y la Cooperativa de Trabajo Asociado Servisocial,
entre otras, se pactaron las siguientes actividades:

«2) Prestar los servicios administrativos, la atención médica o los servicios de apoyo
requeridos, ejecutando las actividades contenidas en las agendas o turnos de trabajo. con
estricta sujeción a las mismas. Para el recurso asistencial y el personal que desarrolle
actividades por el modelo de turnos, la atención deberá ser realizada en las fechas y horas
señaladas dentro de cada actividad a ejecutar, realizando las actividades y acciones
objeto de la orden de servicios. 3) Responder por las irregularidades y reclamaciones que
se presente, en desarrollo de la atención que se obliga a prestar a los usuarios y aplicar
las medidas correctivas. Cumplir con actividades señaladas en las agendas de trabajo,
las orientaciones, directrices, normas administrativas asistenciales y políticas de la ESE
Municipal de Villavicencio, el reglamento interno de la ESE y los protocolos, guías de
atención, normas técnicas establecidas por la institución y además los procesos de
seguridad de riesgo, para cada uno de los servicios que se contrata. 5) Respetar los
reglamentos y normas establecidas por la ESE (…). 7) Garantizar que el servicio integral
ofrecido, será permanente y no se interrumpirá bajo ninguna circunstancia (…), 13) Acatar
las directrices que durante et desarrollo del contrato le imparta la ESE a través del
funcionario que ejercerá el control de ejecución» (sic).

46.8. Cuadros de los turnos, unos con membrete de la ESE del municipio de
Villavicencio y otros de la Cooperativa de Trabajo Asociado Servisocial, de los
auxiliares de enfermería sin distinción de vinculación, entre las cuales se encontraba
la demandante, en las áreas de Urgencias y Apoyo del Centro de Salud Recreo para
marzo a septiembre de 2008 y enero de 2009, y en el Área de Triage del Centro de
Salud Esperanza para marzo de 2009, ambos centros salud adscritos a la ESE. En
estos consta que la actora ejercía sus actividades en los turnos de la mañana, tarde
o noche, de lunes a domingo42.

46.9. Comprobantes de los pagos efectuados por la Cooperativa de Trabajo Asociado
Servisocial a la actora por el tiempo en el que se desempeñó como auxiliar de
enfermería en la ESE municipal de Villavicencio, comprendido entre mayo a
diciembre de 2007, enero a diciembre de 2008 y enero a mayo de 2009. En estos se
consignó que aquella percibió i) compensación ordinaria mensual; ii) ayuda de
transporte; iii) aporte social; iv) compensación anual; v) intereses sobre
compensación anual; vi) compensación semestral; vii) compensación vacaciones;
viii); fondo de alimentación; y ix) fondo transporte. Asimismo que se realizaron
aportes al Sistema de Seguridad Social por salud y pensión43.

42 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivos «CUADERNO 1.pdf», folios 69, 71, 73, 75, 77 y 79 y «CUADERNO 4.pdf», folio 235.
43 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 3.pdf», folio 399, 417 y 443.

22

Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

46.10. Escrito del 1 de junio de 200944, por medio del cual la demandante solicitó a la
Cooperativa de Trabajo Asociado Servisocial aceptara su retiro voluntario como
asociada a partir del 31 de mayo de 2009.

del 7 de febrero de 201245, expedida por la gerente de la
46.11. Certificación
Cooperativa de Trabajo Asociado Servisocial, a través de la cual se informó que «(l)a
señora LUZ MARINA ALVARADO NAGLES, con Cédula de Ciudadanía No. 40.399.130, es
trabajador asociada de la Cooperativa desde el 01 de Mayo de 2007, desempeñando las
labores en el desarrollo de un contrato de prestación de servicios como Auxiliar de
Enfermería con una compensación ordinaria y extraordinaria promedio de NOVECIENTOS
TREINTA Y UNMIL RESCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE
($931.237.oo)» (sic).

46.12. Solicitud del 1 de octubre de 201046, por medio de la cual la actora solicitó a la
ESE del municipio de Villavicencio el reconocimiento de la existencia de una relación
laboral por el tiempo en que se desempeñó como auxiliar de enfermería y el pago de
las prestaciones sociales que se derivaban de ella.

46.13. Oficio 100.25-374 del 5 de octubre de 201047, suscrito por el jefe de la entidad,
a través del cual se negó la anterior petición bajo los siguientes argumentos:

«1. Usted nunca ha sido funcionaria pública de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, ni ha tenido vínculo laboral alguno con dicha Empresa,
jamás fue nombrada ni tomó posesión del cargo asignado.

2. Los servicios que prestó a la ESE Municipal lo hizo en su condición de contratista para
la prestación de SERVICIOS TECNICOS sin que implicara relación laboral.

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito informarle que no se accede a su solicitud
plasmada en el oficio de la referencia para el reconocimiento y pago de prestaciones
sociales y demás emolumentos señalados en su comunicación, pues nunca estuvo
vinculada a la ESE Municipal, por consiguiente no se generaron prestaciones sociales ni
derechos laborales» (sic).

44 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 3.pdf», folio 389.
45 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 1.pdf», folio 315.
46 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 1.pdf», folio 51.
47 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 1.pdf», folio 53.

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

40. En la audiencia de pruebas celebrada el 15 de mayo y el 19 de junio de 201848,
se recibieron los testimonios de Claribeth Rodríguez Guerrero y Angélica Toledo
Charry, pedidos por la Cooperativa de Trabajo Asociado Servisocial, de los cuales
se extrae lo siguiente:

40.1. Claribeth Rodríguez Guerrero contadora pública independiente y de la
empresa Gestión y Servicios Integrales. No tenía ningún vínculo con la demandante
ni con el municipio de Villavicencio o la ESE de la entidad territorial.

40.1.1. Conoció que la actora prestó el servicio en la ESE del municipio de Villavicencio
como auxiliar de enfermería, cuya vinculación se dio a través de la Cooperativa
Servisocial a la cual ella era asociada, entre el 1 de mayo de 2007 y el 30 de mayo
de 2009. Esto le constaba en virtud a que ocupó el cargo de coordinadora en la
cooperativa y por tanto estaba al tanto de los asociados.

40.1.2. Las actividades de los auxiliares de enfermería asociados a Servisocial se
desarrollaban a través de turnos que eran coordinados por la cooperativa según las
necesidades de cada centro de salud. Asimismo, recibían una compensación con
base en un número de horas que establecía directamente la cooperativa.

40.1.3. La demandante recibía instrucciones de la Cooperativa Servisocial, a la que a
su vez debía solicitar los permisos o incapacidades; sin embargo, en esto último, no
recordaba si Luz Marina en alguna ocasión lo hizo.

40.1.4. La cooperativa tenía coordinadores asignados a cada centro de salud de la
ESE, quienes eran los que vigilaban el cumplimiento de las labores. Asimismo, era
la que le entregaba la dotación de trabajo a los asociados.

40.1.5. La ESE no tenía injerencia en las decisiones o en la administración de la
cooperativa y no tenía ningún vínculo o participación en el trato con las personas que
hacían parte de esta. Los asociados no recibían órdenes por parte de la ESE.

40.1.6. La cooperativa contaba con su propia sede y oficinas, desde allí era en donde
la testigo desarrolló su trabajo. En el lugar se coordinaban las actividades y se
atendían las necesidades de los asociados.

40.2. Angélica Toledo Charry contadora pública y se desempañaba como
independiente. No tenía vínculo con la demandante, con las entidades demandadas

48 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documentos
«ED_ONEDRIVE_2_1992022(.zip) NroActua 2» y «ED_TESTIMONIO2011154(.zip) NroActua 2»,
archivos «1. Test e Interr Pte 2011-154 15-05-2018.mp3», «2. Test e Interr Pte 2011-154 15-05-
2018.mp3» y «Testimonio 2011-154.mp3», respectivamente.

24

Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

o las llamadas en garantía.

40.2.1. No recordaba ni distinguía a la actora y trabajó en la Cooperativa de Trabajo
Asociado Servisocial como auxiliar contable y contadora entre el 2008 y el 2017, por
lo que le constaba que algunos de los asociados prestaron su servicio en los centros
de salud de la ESE del municipio de Villavicencio.

40.2.2. Servisocial
contaba con personal (coordinadores) que supervisaba las
actividades que desarrollaban sus trabajadores asociados en los centros de salud de
la ESE demandada. Estos dependían únicamente de la cooperativa.

40.2.3. Los trabajadores asociados recibían un pago (compensaciones) directo por
parte de la Cooperativa Servisocial por las labores que desarrollaban en la ESE, el
cual incluía prestaciones sociales.

40.2.4. La ESE no daba órdenes a los trabajadores asociados ni les asignaba los
cuadros de turnos, así como tampoco tenía incidencia o participación en las
decisiones, dirección, funcionamiento o administración de la cooperativa.

40.2.5. La cooperativa contaba con su propia sede en donde su personal laboraba,
dentro del cual recuerda a Claribeth Rodríguez Guerrero, Carolina Malamba y Javier
Cely, entre otros.

41. En la audiencia de pruebas celebrada el 15 de mayo de 201849, se realizó el
interrogatorio a la demandante, del cual se extrae lo siguiente:

41.1.1. Entre el 2007 y el 2009, prestó su servicio como auxiliar de enfermería a través
de órdenes de prestación de servicio suscritas con la ESE del municipio de
Villavicencio y de la Cooperativa de Trabajo Asociado Servisocial.

41.1.2. Su trabajo fue desarrollado en los centros de salud adscritos a la ESE de
acuerdo a los horarios por turnos, los que eran fijados por las jefes de enfermería,
unas vinculadas por órdenes de prestación de servicios y otras que eran de la planta
de personal de la entidad, de quienes recibía instrucciones y ejercían el poder
disciplinario.

41.1.3. Recibió
capacitaciones y un salario pagado por la cooperativa por las
actividades que desarrolló como auxiliar de enfermería.

49 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_ONEDRIVE_2_1992022(.zip) NroActua 2», archivos «1. Test e Interr Pte 2011-154 15-05-
2018.mp3» y «2. Test e Interr Pte 2011-154 15-05-2018.mp3».

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

2.3.3. Sobre la existencia de una relación laboral encubierta

42. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos de los recursos
de apelación, la Sala analizará a continuación si se acreditaron los elementos que
permitan configurar una relación laboral entre Luz Marina Alvarado Nagles y la ESE
del municipio de Villavicencio por su servicio como auxiliar de enfermería entre el 1
de agosto de 2007 y el 31 de mayo de 2009.

2.3.3.1. Prestación personal del servicio

43. De las pruebas relacionadas se tiene que la demandante prestó sus servicios
como auxiliar de enfermería en los centros de salud Recreo y Esperanza de la ESE
del municipio de Villavicencio como trabajadora asociada de la Cooperativa de
Trabajo Asociado Servisocial, entre el 1 de mayo de 2007 y el 31 de mayo de 2009.

44. Ahora, si bien la demandante se desempeñó entre las fechas establecidas,
también lo es que con la demanda expuso y solicitó como extremos temporales para
el reconocimiento de la relación laboral entre el 1 de agosto de 2007 y el 31 de mayo
de 2009, por tanto, este será el periodo a tener en cuenta en caso de una posible
demostrada relación laboral. Reconocer otros tiempos por fuera de esas fechas sería
desmejorar la situación de la parte demandada que fue la única que apeló, lo que
desconocería el del principio de la non reformatio in pejus.

45. En consecuencia, de los testimonios, la certificación, las copias de los contratos y
de los acuerdos cooperativos y demás pruebas documentales, se advierte que
efectivamente la demandante fue contratada para desarrollar funciones de auxiliar
de enfermería en los Centros de Salud Recreo y Esperanza de la ESE del municipio
de Villavicencio, de manera ininterrumpida, entre el 1 de agosto de 2007 y el 31 de
mayo de 2009.

46. Tal consideración, es producto de una valoración probatoria basada en la sana
crítica, según la cual el juez puede otorgarle el valor que corresponde a cada
elemento con el cual se cuenta, y al ejercicio del derecho de defensa y contradicción
del que, a lo largo del proceso, se han valido las partes.

2.3.1.2. Remuneración

47. Ahora bien, aquella percibió una remuneración por el trabajo realizado, tal y como
se evidencia de los testimonios, la certificación, comprobantes de pago y las demás
pruebas documentales, en los que se advierte que se estipuló el valor y la forma de

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo
prestado, independientemente de su denominación (honorarios o salario).

2.3.1.3. Continuada subordinación o dependencia

48. De las pruebas recaudadas en el proceso se puede apreciar que la Cooperativa
de Trabajo Asociado Servisocial y la ESE del municipio de Villavicencio celebraron
los contratos 133 de 2007 y 178 de 2008, mediante los cuales la cooperativa debía
prestar los servicios administrativos, la atención médica o los servicios de apoyo
requeridos, ejecutando las actividades contenidas en las agendas o turnos de trabajo
«con estricta sujeción a las mismas», adicionalmente debía «[c]umplir con actividades
señaladas en las agendas de trabajo, las orientaciones, directrices, normas administrativas
asistenciales y políticas de la ESE Municipal de Villavicencio, el reglamento interno de la
ESE y los protocolos, guías de atención, normas técnicas establecidas por la institución y
además los procesos de seguridad de riesgo, para cada uno de los servicios».

49. Asimismo, la demandante suscribió un acuerdo cooperativo de trabajo asociado
con el fin de desempeñar las labores de los contratos suscritos por la Cooperativa de
Trabajo Asociado Servisocial.

50. Como puede apreciarse, la ESE era la que debía brindar las orientaciones,
directrices, normas administrativas y políticas que la Cooperativa de Trabajo
Asociado Servisocial debía acatar para el cumplimiento de su objeto contractual y
que esta, a su vez, asignaba a sus «asociados». De lo que se desprende que las
labores ejecutadas por ellos obedecían a las que impartía directamente la ESE del
municipio de Villavicencio.

51. Ahora bien, se encontró acreditado que i) Luz Marina Alvarado Nagles prestó sus
servicios como auxiliar de enfermería en las áreas de Urgencias y Triage de los
centros de Salud Recreo y Esperanza de la ESE municipal de Villavicencio entre el
31 de agosto de 2007 y el 31 de mayo de 2009; ii) para desarrollar sus labores debía
cumplir con los turnos asignados directamente por la ESE y en otras ocasiones por
la Cooperativa de trabajo Servisocial; iii) debía brindar todos los servicios de salud
requeridos o necesarios para el funcionamiento de los centros de salud a los que
fuera asignada, lo que evidencia que le fueron impuestas las condiciones bajo las
cuales debía prestar el servicio.

52. Por lo anterior, la Sala encuentra acreditado que las labores de enfermería
ejercidas por la demandante estuvieron sujetas a instrucciones y órdenes que son
de naturaleza subordinada, pues atienden al control de la ESE del municipio de
Villavicencio para ejecutar las actividades, por lo que existe una sujeción de ella hacia
la entidad y, en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

disponer de su servicio, y aquella, a su vez, tenía la obligación correlativa de
obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi por parte de la entidad
prestadora de servicios de salud.

53. Asimismo, se resalta que la misión de la ESE municipal de Villavicencio es la de
prestar los servicios «de salud a la población de Villavicencio, a través de una amplia red,
cuyo modelo de atención oferta servicios ambulatorios y de internación»50(sic), función de
carácter permanente que cumple en desarrollo de su actividad, lo que guarda
similitud con las actividades desempeñadas por la demandante, es decir, esta
ejecutaba labores que permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad.

54. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de auxiliar
de enfermería al servicio de la ESE demandada, al tiempo que corrobora que no
puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual
para desempeñar esa labor, puesto que se trata de funciones que atañen a la esencia
y finalidad de la entidad.

55. Respecto de la continuada subordinación en labores de enfermería esta
Corporación señaló lo siguiente51:

«La labor de Enfermera Jefe no puede considerarse prestada de forma autónoma porque
esta no puede definir en qué lugar presta sus servicios ni en que horario, es más,
su labor de coordinación de las demás enfermeras y la obligación de suministro de
medicación y vigilancia de los pacientes no puede ser suspendida sino por justa
causa, previamente informada, pues pondría en riesgo la prestación del servicio de
salud, o sea, que existe una relación de subordinación. En otras palabras, como ya lo
ha señalado esta Corporación dada la naturaleza de las funciones se puede deducir la
existencia de una prestación de servicios de forma subordinada amparable bajo la
primacía de la realidad frente a las formas».

56. A su vez en sentencia del 16 de junio de 2022, sostuvo52:

(…) se ha considerado que la labor de enfermera no puede desempeñarse de forma
autónoma, ya que quienes ejercen dicha profesión no pueden definir ni el lugar ni el
horario en que prestan sus servicios. Además de lo anterior, la actividad que desarrollan
no se puede suspender sin justificación pues se pone en riesgo la prestación del servicio
de salud.

Adicionalmente, se debe tener en consideración que en términos generales le
corresponde a los médicos dictar las directrices y órdenes respecto de los cuidados
especiales que requiere cada paciente, así como establecer condiciones respecto de

50 https://www.ese-villavicencio-meta.gov.co/entidad/mision-y-vision.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del 3 de

junio de 2010, expediente 2384-07. Magistrada ponente: Bertha Lucía Ramírez de Páez.
52 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 16 de junio de 2022. Radicación

50001-23-33-000-2014-00227-01 (4679-2019). MP. Gabriel Valbuena Hernández.

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

cómo asistirlos en todo procedimiento médico y cómo se debe realizar el control de los
pacientes en los centros de salud. Lo anterior implica que la relación entre médicos y
enfermeras por lo general va más allá de la simple coordinación y pasa a ser de
subordinación.

Lo expuesto no impide que en determinados casos éstas puedan actuar de manera
independiente puesto que se pueden presentar excepciones». (se resalta)

57. Como puede apreciarse, esta corporación ha considerado que quienes ejercen la
labor de enfermera, salvo algunas excepciones, no pueden definir ni el lugar ni el
horario en que prestan sus servicios. Además de lo anterior, la actividad que
desarrollan no se puede suspender sin justificación pues se pone en riesgo la
prestación del servicio de salud.

58. Por otra parte, se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde
a la que es propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de
las actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las cuales
esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»53.

59. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»54.

60. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba sujeto a los
requerimientos o necesidades de la ESE municipal de Villavicencio, a saber: la
imposición de un horario y/o el cumplimiento de turnos, la asignación del centro de
salud en el que las ejecutaría, y la sujeción a directrices; lo que demuestra que la
entidad, en su calidad de empleadora, contaba con la posibilidad de disponer de su
trabajo, por ende, se acreditó la existencia de una indiscutible subordinación.

61. Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909 de
2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio de salud. Por tanto, la
ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue

53 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
54 Ibidem.

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

contratado la demandante no es un argumento que enerve las consideraciones
expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de
la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la
subordinación de la entidad.

62. De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, la actora haya
aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en los contratos
de prestación de servicios, y que se acudiera a su celebración ante la insuficiencia
de personal de planta que desarrollara esas labores, resulta indiferente en una
situación como la expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse como
argumento válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que la ley
prevé en su favor»55, tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución Política.

63. Además, valga precisar que la posibilidad de contratar con terceros a que aluden
los artículos 32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede ser
entendida como una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías
laborales, pues lo cierto es que tal y como se advirtió en esta decisión, la naturaleza
contractual con la cual se revistió la vinculación de la demandante y la ESE, a través
de terceros, se desnaturalizó al desarrollarse sin autonomía ni independencia, las
cuales se constituyen en las características propias de la referida relación
contractual.

64. En este punto en particular es necesario señalar que los periodos en los que la
demandante prestó el servicio a través de la cooperativa de trabajo asociado sí
pueden ser tenidos en cuenta a efectos de acreditar la existencia de una relación
laboral y derivar de ello el derecho a percibir salarios y prestaciones, cuya obligación
recae en la entidad que se benefició de sus servicios.

65. En efecto, en torno a la tercerización laboral, la Corte Constitucional en sentencia
C-330 de 1995, estudió la constitucionalidad del numeral 3 del artículo 77 de la Ley
50 de 199056, y señaló que la finalidad de esta norma es «la protección de los
trabajadores, para que las empresas no abusen de la posibilidad de contratar trabajadores
temporales, haciendo a un lado los permanentes». Asimismo, sostuvo que «al trazar

55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,

radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
56 «Artículo 77. Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo podrán contratar con éstas

en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo
6o del Código Sustantivo del Trabajo.
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por
enfermedad o maternidad.
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías,
los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6)
meses prorrogable hasta por seis (6) meses más».

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

límites a la contratación de los servicios temporales, defiende la estabilidad en el trabajo» .
Este criterio garantista de los derechos de los trabajadores al servicio de estas
empresas ha sido reiterado por esta Corporación en los siguientes términos57:

«Fue muy claro el legislador [Ley 50 de 1990], en la ponencia para segundo debate, en
señalar normas muy precisas tendientes a la protección de los derechos de los trabajadores
temporales, en cuanto a su remuneración, prestaciones sociales y salud ocupacional; así
como en la prescripción de disposiciones relativas a la constitución y requisitos para el
funcionamiento de las empresas temporales, con el fin de eliminar los abusos contra esta
clase de trabajadores, que denominó el legislador “de planta” y “de misión”; por ello, se
estableció taxativamente, con el fin de respetar el principio de “a igual trabajo igual salario”,
que el personal temporal percibirá el mismo salario ordinario del trabajador contratado
directamente por la empresa usuaria y que desempeñe idénticas funciones, haciendo la
salvedad con respecto a diferenciales por razones de antigüedad».

66. Como consecuencia de lo anterior, la corporación ha señalado que cuando el
debate jurídico planteado se dirige al tercero beneficiario de la prestación personal
del servicio endilgado [en este caso en particular a la ESE municipal de Villavicencio],
los derechos laborales que se encuentren acreditados «no se escinden por el hecho de
la vinculación con la empresa de servicios temporales, ni constituye un obstáculo para
acceder a las pretensiones de la demanda»58.

67. En igual sentido lo señaló la Corte Constitucional59 al referirse a la existencia de
una relación laboral entre un trabajador asociado a una cooperativa de trabajo y un
tercero que se beneficiaba de sus servicios. En esa oportunidad señaló que este
último está llamado a responder por las obligaciones laborales que se susciten
producto de la relación de trabajo encubierta bajo el acuerdo cooperativo. Al respecto
señaló:

«[S]i por conducto de la Cooperativa de Trabajo Asociado llega a suscitarse una relación
laboral de un trabajador asociado con la cooperativa, para prestarle servicios a un tercero
-con elementos de subordinación, horario y remuneración propios del contrato de trabajo-
, esta relación laboral prevalece sobre el acuerdo cooperativo, y en tal caso aplican todas
las regulaciones laborales, incluyendo, por supuesto, la protección laboral reforzada a las
mujeres embarazadas o lactantes, a las personas en estado de debilidad manifiesta, o a
los discapacitados o disminuidos físicos, caso el cual se impone el cumplimiento de las
obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de salud, al sistema de riesgos
profesionales, o incluso la muy elemental de reconocer los salarios pactados con el
trabajador».

57 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo del 2000, radicado 570-98, M.P.

Ana Margarita Olaya Forero
58 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de marzo de 2022, radicado

66001 23 33 000 2016 00014 01 (3798-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
59 Corte Constitucional, Sentencia C-855 del 25 de noviembre de 2009, M.P. Mauricio González

Cuervo.

31

Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

68. Así las cosas, esta corporación ha aplicado el anterior criterio a los casos de las
empresas de servicios de tercerización laboral en los que se asignan trabajadores a
entidades públicas con fundamento en que «existe un tercero que eventualmente se
beneficia de los servicios prestados por el trabajador temporal, realizando actividades
permanentes, desconociendo sus derechos laborales, por lo que en el evento de acreditarse
los elementos propios de una relación de trabajo, quien está llamado a responder en este
caso es el tercero que se benefició de los servicios prestados por el trabajador»60.

69. En tal sentido, si bien la demandante se vinculó con la Cooperativa Servisocial,
según lo probado en el proceso, lo cierto es que prestó sus servicios a la ESE para
cumplir las obligaciones que esta le imponía, tal y como se evidenció en lo expuesto
en esta decisión.

70. En estas condiciones, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de
una relación laboral y por tanto de su existencia para los periodos comprendidos
entre el 1 de agosto de 2007 y el 31 de mayo de 2009, afirmación que se desprende
de los contratos de prestación de servicios, los acuerdos cooperativos de trabajo, las
certificaciones y las demás pruebas documentales analizadas.

2.3.4. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

71. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.

72. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación61 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección Segunda
aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe computarse
la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales consecutivas hace
necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer si se presentó o no la
solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese sentido, la Sala considera
adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador temporal
de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación de

60 Al respecto ver las siguientes providencias: i) auto del 27 de abril de 2016, radicado 66001 23 33

000 2013 00181 01 (4259-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve; ii) sentencia del 27 de noviembre
de 2014, radicado 05001 23 33 000 2012 00275 01 (3222-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve; auto
del 3 de marzo de 2020, radicado 17001 23 33 000 2015 00925 01 (2814-2016), M.P. William
Hernández Gómez.
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de

septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez
contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro
del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa
laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades.(Subrayado
fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

73. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no hay
solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

74. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201662, proferida por
el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:

«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente
la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez
verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de
reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger los
derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas
al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los

62 SUJ2-005-16.

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).

75. Así, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el
Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del
término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»63.

76. En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 1 de octubre de
201064, se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues no
transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía administrativa el
reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que la relación culminó el 31 de mayo de 2009 y que entre
una vinculación y otra no se presentaron interrupciones superiores a 30 días hábiles
que implicaran la solución de continuidad en la prestación del servicio y le exigieran
presentar la reclamación administrativa.

2.3.5. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del derecho

77. Por lo analizado, la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de prestaciones laborales legales derivadas de la relación
laboral debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendrá que
realizarse en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba
iguales funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, correspondientes al
periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2007 y el 31 de mayo de 2009.

78. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales65 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración

63 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.
64 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_EXP:5_500012331000201100154012EXPEDIENTEDIGI20220926105419(.zip) NroActua 2»,
archivo «CUADERNO 1.pdf», folio 51.
65 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce

de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas66.

79. Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendrá que
calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional. De manera que se deberá
cotizar al respectivo fondo pensional en el porcentaje que le correspondía al
empleador. Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó
al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que
en caso de no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga
de pagar o completar el porcentaje que le correspondía como empleada.

80. Esimportante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas a la demandante se sostuvo en anterior providencia67 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones laborales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».

81. En consideración a esto, a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento
de las prestaciones laborales de carácter legal que devengara un empleado de planta
de la ESE del municipio de Villavicencio que desarrollaba iguales funciones a las
suyas, tales como vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, entre otras.
Empero, sobre el particular, esta sala encuentra necesario realizar las siguientes
precisiones:

82. Debido a la naturaleza de las cooperativas, la retribución que reciben los
asociados por su trabajo no se denomina salario sino compensación, por razón del
convenio asociativo celebrado. A su vez, la cooperativa y la entidad pública celebran
otro contrato con el fin de organizar la producción de bienes o servicios en beneficio
de la última, lo que impactó en el presupuesto de la entidad contratante, esto es,

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
66 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
67 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

generó un pago con recursos del erario.

83. De acuerdo con lo anterior, el pago efectuado a título de compensación a la
demandante se derivó de aquel contrato celebrado con la entidad pública que
impactó los dineros del erario; lo que impone considerar la prohibición de incurrir en
un doble pago con recursos públicos.

84. En efecto, el artículo 128 Constitucional, señala que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley» y precisó que
por tesoro público debe entenderse el de la nación, el de las entidades territoriales y
descentralizadas.

85. En tal sentido, salvo las excepciones señaladas en el artículo 19 de la Ley 4ª de
1992, nadie está habilitado para percibir más de una asignación con cargo al erario,
pues ello sería contrario a los postulados constitucionales dispuestos en el artículo
citado, lo que, a su turno, representaría un desconocimiento de los presupuestos
legales que sobre la materia ha fijado el legislador.

86. Alrespecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-133 de 1993, señaló lo
siguiente:

«Si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo es
menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración de los
servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más cargos
públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que provenga
del erario público. El término "asignación" comprende toda clase de remuneración
que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada pensional, etc.
Siendo así, bien podía el legislador ordinario establecer dicha incompatibilidad dentro de
la citada Ley 4a. de 1992, sin contrariar mandato constitucional alguno. Aún en el remoto
caso de que se hubiere concluido que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades
para los funcionarios públicos debía ser regulado por medio de ley ordinaria, el artículo
19, objeto de acusación, tampoco sería inconstitucional, por cuanto el legislador estaba
perfectamente facultado para hacerlo». [Se resalta].

87. Así las cosas, comoquiera que los pagos efectuados a título de compensación a
la demandante se derivaron de aquel contrato celebrado con la entidad pública, debe
considerarse que esta «asignación» emanó del tesoro público, pues, se insiste, fueron
producto de la celebración de un contrato estatal con la cooperativa.

88. De manera que los pagos que como consecuencia del restablecimiento del
derecho que aquí se ordena podrían implicar un doble pago con recursos del erario,
toda vez que los pagos recibidos por la cooperativa Servisocial tuvieron origen en el

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

presupuesto del Estado que sirvieron para satisfacer las obligaciones contractuales,
lo que, a fin de no desconocer la prohibición aludida, implica establecer una orden
que evite tal situación.

89. Así pues, respecto de los pagos realizados por la cooperativa a la demandante, le
asiste el derecho a recibir únicamente las prestaciones que devengaba el personal
de planta que desarrollaba iguales funciones a las suyas y que no le fueron
reconocidas y que se le debían pagar por la relación laboral que se encontró
acreditada con la entidad pública.

90. Lo explicado con anterioridad, que es la posición adoptada por la Sala para la
liquidación de las prestaciones laborales a la cuales tendría derecho la actora y para
el cálculo del ingreso base de cotización (IBC), daría lugar a la modificación de la
orden proferida por el a quo que dispuso que la entidad demandada debía realizar
ello con base en «los honorarios pactados en los contratos, por el tiempo comprendido
entre 1° de agosto de 2007 al 31 de mayo de 2009, liquidados conforme al valor en que fue
contratado»; no obstante, al haber apelado la sentencia únicamente la parte
demandada no se modificará la providencia en este aspecto a efectos de no
desmejorar su situación en virtud del principio de la non reformatio in pejus.

91. En igual sentido, si bien en aplicación de las garantías de orden constitucional que
impone a las autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para
los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre las formas establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales, esta Sala ha señalado que en asuntos relativos a las
relaciones laborales encubiertas, es procedente el reconocimiento y pago de las
diferencias que resulten entre lo que recibió el demandante por concepto de
honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de condiciones de dicho cargo de la
entidad; no es menos cierto que, en el presente asunto la entidad demandada funge
como apelante único, razón por la cual en virtud del mencionado principio no habrá
lugar a modificar la sentencia en este aspecto y, en consecuencia, bajo ese entendido
se confirmará.

92. Por lo hasta aquí analizado, con fundamento en el material probatorio valorado y
la normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta entre la demandante y la
ESE del municipio de Villavicencio entre el 1 de agosto de 2007 y el 31 de mayo de
2019 y, por lo tanto, tiene derecho al consecuente pago de las prestaciones laborales
que surjan de esta.

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

2.3.6. En torno a la orden de reembolso como consecuencia de la suscripción
de una póliza de cumplimiento

93. En lo que respecta al motivo de inconformidad planteado por la Aseguradora
Solidaria Colombiana, relacionado con la condena impuesta a su favor, la Sala
encuentra que, si bien el a quo consideró que era procedente el reintegro a favor de
la ESE de los dineros que se paguen con ocasión de la condena impuesta por estar
amparados en la Póliza de Cumplimiento 99400004802 que aseguró el contrato 178
de 2008, lo cierto es que tal y como lo ha precisado la jurisprudencia de esta
Corporación, comoquiera que, en materia de contratación estatal, el contrato de
seguro de responsabilidad «participa de una misma y común finalidad con el contrato
estatal, la cual se encuentra directa e inmediatamente relacionada con la satisfacción del
interés general y de los cometidos estatales, de manera que sus regulaciones son
especiales»68 dichos asuntos, en primer lugar, deben ser resueltos a través del
procedimiento administrativo y, por vía judicial, mediante el ejercicio oportuno de los
medios de control, toda vez que en ellos la administración debe a través de un acto
administrativo declarar ocurrido el siniestro y ordenar hacer efectiva la garantía.

94. Así lo ha considerado esta corporación, por ejemplo, en sentencia del 12 de
febrero de 2015, dispuso que en materia del seguro de responsabilidad derivada del
cumplimiento en los contratos estatales: «la administración tiene la facultad de hacer
efectiva [la indemnización en el seguro de cumplimiento], a través de acto administrativo,
en ejercicio de la potestad consagrada en el artículo 68 (numerales 4 y 5) del C.C.A., la
garantía que ha sido constituida a su favor (…) la objeción de la aseguradora se surte a
través de la interposición de los recursos procedentes contra los mencionados actos
administrativos y, en últimas, con la impugnación por vía judicial»69. [Se resalta].

95. Esto permite un pronunciamiento previo de la administración y garantiza los
derechos de defensa y contradicción, esto es un debido proceso dentro del trámite
administrativo, que a la postre redundará en un procedimiento administrativo y un
proceso judicial con respeto de los derechos y garantías de las partes.

96. Así las cosas, la Sala encuentra que es improcedente la orden de reembolso
ordenada, en tanto, tal y como fue expuesto por el tribunal, el problema jurídico se
subsumió en determinar si entre la demandante y la ESE del municipio de
Villavicencio se configuraron los elementos que permiten establecer la existencia de
una relación laboral encubierta por contratación a través de intermediación laboral;
de manera que la discusión en torno a la póliza de cumplimiento resulta ajena a la

68 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de febrero de 2009, radicado:

05001-23-31-000-2000-01720-01 (24609), M.P. Mauricio fajardo Gómez.
69 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2015, radicado 25000-23-26-

000-2003-00874-01 (28278), M.P. Carlos Alberto Zambrano.

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

propuesta en sede judicial, lo que impide un pronunciamiento en ese sentido. Por
tanto, se revocará la sentencia en este aspecto.

2.3.7. Respecto de la responsabilidad solidaria

97. Ahora, frente al periodo en que la demandante estuvo vinculada con la ESE a
través de la Cooperativa Servisocial, el a quo declaró la responsabilidad solidaria
entre ambas, por cuanto encontró configurada la existencia de una intermediación
laboral que menoscabó los derechos laborales y prestacionales a que tenía derecho
Luz Marina Alvarado Nagles.

98. La Cooperativa Servisocial apeló la anterior decisión al considerar que no le asistía
responsabilidad solidaria, toda vez que durante el periodo en que la demandante
estuvo vinculada con dicha cooperativa siempre le pagó los salarios y prestaciones
a los cuales tenía derecho por ley.

99. Al respecto, tal y como quedó expuesto en el marco normativo de esta providencia,
la Sala encuentra que no le asistió razón al tribunal al declarar la responsabilidad
solidaria de la ESE y la cooperativa, comoquiera que la entidad demandada fue la
beneficiaria directa de los servicios personales de la demandante, lo cual lo hizo su
verdadero empleador, pues frente a ella se materializaron las condiciones de
subordinación típicas de una relación laboral.

100. Sobre este particular, esta corporación en sentencia de unificación70 concluyó:

«201. En ese sentido, la existencia de un contrato de prestación de servicios, en favor de
un tercero ajeno a este contrato, no impide que, encontrándose reunidos los requisitos de
la relación laboral, se declare su existencia, pues dicha decisión se ampara en el principio
constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas, como una verdadera garantía
de los derechos de los trabajadores.

202. En el sub lite, como se verá más adelante, la prueba recaudada es reveladora
respecto de la realidad oculta tras los contratos de prestación de servicios suscritos entre
la señora Gloria Luz Manco Quiroz y el Instituto Tecnológico Metropolitano,
concluyéndose que la beneficiaria directa de los servicios de la demandante era la
Personería de Medellín y frente a ella se materializaron las condiciones de subordinación
típicas de una relación laboral. Sin embargo, si bien la entidad que fungió como
contratante fue el ITM, su rol frente a la demandante fue el de simple intermediario,
sin que tal condición pueda subsumirse dentro de la responsabilidad solidaria de
que trata el artículo 35 del CST. A juicio de esta Sala, su actuación estuvo cobijada por

70Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

el principio de la buena fe, en tanto no pudo demostrarse que mantuviera una relación de
subordinación con la demandante; por lo tanto, no entró en ningún momento en la relación
que ahora se desvela como laboral, entre la Personería de Medellín y la señora Manco
Quiroz.

203. Adicionalmente, en casos como el presente, donde la figura del empleador está
representada por la Administración Pública, es cuando menos justificable que el tercer
inciso del artículo 35 del CST no se aplique para el intermediario, pues, a diferencia
de los empleadores privados, la Administración está regida por los principios de la
función pública71 y, además, tiene a su alcance una pluralidad de instrumentos
jurídicos para vincular personal de manera temporal. De ahí que deba exigírsele una
mayor diligencia a la hora de vincular al personal en sus entidades. En especial a
los contratistas por prestación de servicios, a quienes no puede, bajo ningún
pretexto, imponerles el mismo tratamiento laboral que a sus empleados. De hacerlo,
deberá estar dispuesta a asumir las consecuencias plenas de su actuación, sin que
medie una responsabilidad compartida o solidaria, como pretende la demandada al
amparo de la precitada norma del Código Sustantivo del Trabajo.

204. En ese orden de ideas, si la Personería de Medellín sobrepasó los límites de la
relación contractual con la señora Gloria Luz Manco Quiroz, al punto de constituir una
auténtica relación laboral con ella, el Instituto Tecnológico Metropolitano no puede verse
afectado por esta actuación, comoquiera que solo sirvió de enlace entre ese organismo,
que se invistió de empleador, y la contratista que tuvo que desarrollar sus actividades
como si fuese empleada suya.72» [se resalta].

101. Así las cosas, en aquellos casos en los que las tercerizadoras e intermediadoras
laborales funjan como simples intermediarios entre el empleado y la Administración
Pública es necesario desvirtuar la presunción de buena fe en su actuar, de lo
contrario es imposible declarar una responsabilidad solidaria o compartida, toda vez
que no puede verse afectada por la actuación irregular de la administración que
conllevó al reconocimiento de una verdadera relación laboral encubierta o
subyacente.

102. En consecuencia, se revocará la decisión de declarar la responsabilidad solidaria
de la ESE con Servisocial y en su lugar, se dispondrá a ordenar la condena plena en
contra de la ESE del municipio de Villavicencio por ser quien se benefició de los
servicios prestados por la demandante.

2.4. Costas

103. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, para el caso en concreto, es el artículo 171 del CCA que dispuso:

71 Artículo 2 de la Ley 909 de 2004: 1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios

constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia,
celeridad y publicidad.
72 Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de 27 de noviembre de 2014; radicado 012-00275-

01 (3222-2013); C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

«Artículo 171. Modificado por el art. 55, Ley 446 de 1998. <El nuevo texto es el siguiente>
Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el
juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en
costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de
Procedimiento Civil». [Se resalta].

104. De acuerdo con la norma transcrita, la imposición de costas tiene en
consideración, «la conducta asumida por las partes». Por ello, a diferencia de lo que
acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo contencioso-
administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de esa conducta
procesal, previa imposición de la medida.

105. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

106. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte demandante actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

107. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre Luz Marina Alvarado Nagles y la ESE del municipio de Villavicencio
durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2009 y el 31 de mayo de
2009. En consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones
laborales de orden legal; sin embargo, se modificarán las órdenes en cuanto al título
de la condena y la liquidación de las prestaciones.

108. De otra parte, por tratarse de un aspecto de naturaleza contractual, no hay lugar
a ordenar a la Aseguradora Solidaria Colombiana a reembolsar el valor de las
condenas impuestas por el periodo comprendido entre el 1° de junio de 2008 y el 31
de mayo de 2009, toda vez que esa consideración se aleja del problema jurídico
planteado.

109. Por último, comoquiera que, no se desvirtuó la presunción de la buena fe en el
actuar de Sevisocial, no es posible predicar su responsabilidad solidaria del valor de
la condena impuesta por el periodo comprendido entre el 31 de agosto de 2007 al 31
de mayo de 2009, en el cual Luz Marina Alvarado Nagles estuvo vinculada con la
ESE a través de esta tercerizadora.

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Radicado: 50001-23-31-000-2011-00154-01 (5009-2022)
Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia proferida
el 26 de marzo de 2021, por el Tribunal Administrativa de Arauca, los cuales
quedarán así:

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, declarar la existencia de una relación
laboral entre Luz Marina Alvarado Nagles y la Empresa Social del Estado del municipio
de Villavicencio, en el período comprendido entre el 31 de agosto de 2007 y el 31 de mayo
de 2009, de conformidad con los lineamientos expuestos en la parte motiva.

TERCERO: Como restablecimiento del derecho, ordenar a la Empresa Social del Estado
del municipio de Villavicencio a pagar a Luz Marina Alvarado Nagles las sumas que por
concepto de prestaciones laborales legales devengan los empleados de planta de la
entidad en el cargo de auxiliar de enfermería, vinculado a esa entidad legal y
reglamentariamente, liquidadas conforme a los honorarios pactados en los contratos por
el tiempo comprendido entre 1 de agosto de 2007 al 31 de mayo de 2009. Respecto de
los pagos realizados por la cooperativa a la demandante, le asiste el derecho a recibir
únicamente las prestaciones que devengaba el personal de planta que desarrollaba
iguales funciones a las suyas y que no le fueron reconocidas y que se le debían
pagar por la relación laboral que se encontró acreditada con la entidad pública.

Las anteriores sumas deberán ajustarse conforme lo dispuesto en el artículo 178 del CCA,
con aplicación de la fórmula establecida en la jurisprudencia dispuesta en la parte motiva
de esta providencia.

CUARTO: Condenar a título de restablecimiento del derecho a la Empresa Social del
Estado del municipio de Villavicencio a efectuar los aportes con destino al sistema de
seguridad social en pensiones, para lo cual deberá tomar el ingreso base de cotización o
IBC pensional de la demandante, dentro de los periodos laborados, mes a mes, y si existe
diferencia entre los aportes realizados y los que se debieron efectuar, deberá cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante en concepto de aportes, pero solo en el
porcentaje que le correspondía como empleador.

Para tales efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al sistema
durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o
existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de completar, según sea el caso, el
porcentaje que le incumbía como trabajadora, de acuerdo con las consideraciones de esta
providencia.

Segundo. Revocar el ordinal quinto de la sentencia proferida el 26 de marzo de
2021, por el Tribunal Administrativo de Arauca y, en su lugar, se dispone negar la

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Demandante: Luz Marina Alvarado Nagles

orden de reembolso de los dineros que se paguen con ocasión de la condena
impuesta por estar amparados en la Póliza de Cumplimiento 99400004802 que
aseguró el contrato 178 de 2008, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de
esta decisión.

Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 26 de marzo de 2021, por
el Tribunal Administrativo de Arauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda presentada por Luz Marina Alvarado Nagles contra la ESE del municipio
de Villavicencio, de conformidad con lo expuesto en esta decisión.

Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.

Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 173 del CCA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.05001-23-
33-000-2020-00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta.

LAVM

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