RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 50001-23-33-000-2018-00265-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2018-00265-01

Fecha
14 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2018-00265-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Modificar los ordinales tercero y cuarto de la sentencia proferida el 2 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral 1, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por Carmen Andrea Tunjano Pulecio, los cuales quedarán así: Tercero. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Dirección de Sanidad, a título de restablecimiento del derecho, a pagar a favor de Carmen Andrea Tunjano Pulecio, la totalidad de las acreencias laborales y prestaciones sociales ordinarias en virtud de la declaración de la existencia del contrato realidad, para lo cual tomará como referente los salarios de un empleado de planta que desarrollara funciones de enfermera jefe en el periodo reclamado, y solo en caso de no existir se tendrá como base los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios del periodo comprendido entre el 4 de enero de 2008 y el 15 diciembre de 2015, con la inclusión del pago de los días dominicales y festivos que la demandante acreditó como laborados conforme se concluyó en la parte pertinente. Las sumas se reconocerán y ajustarán de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de la providencia. Cuarto. Ordenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Dirección de Sanidad, a calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de Carmen Andrea Tunjano Pulecio, que corresponde a los salarios de un empleado de planta que desarrollara funciones de enfermera jefe en el periodo reclamado, y solo en caso de no existir se tendrá como base los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, en los periodos descritos en el numeral primero de la providencia, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, se deberá cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para lo cual, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en caso de […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2018-00265-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

14 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional

Tema: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 2 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo del Meta,
Sala de Decisión Oral 1, por medio de la cual se accedió de manera parcial a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Carmen Andrea Tunjano Pulecio presentó demanda, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)1, en orden a que se declarara la nulidad del acto ficto o presunto
negativo derivado de la omisión de la entidad demandada de resolver la solicitud
del 1° de diciembre de 2017, en el sentido de reconocer la existencia de una
relación laboral entre las partes por el período comprendido entre el 1° de enero
de 2008 y el 15 de diciembre de 2015 y de las prestaciones sociales que se
derivaban de ella, así como el reintegro al cargo que ejercía como enfermera jefe.

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó que: i) se declarara la existencia de la relación laboral por el periodo en
que se desempeñó como enfermera jefe entre el 1º de enero de 2008 y el 15 de
diciembre de 2015; ii) se reintegrara a ese cargo o a otro de igual o superior
categoría; iii) se concedieran las prestaciones sociales e indemnizatorias que
surjan, tales como cesantías y sus intereses, vacaciones, las primas de navidad,
de vacaciones, de servicios y técnica, horas extras y recargos nocturnos
dominicales y festivos, de acuerdo con lo devengado por un empleado de planta
que desarrollara iguales funciones; iii) se pagara la diferencia salarial, los aportes
efectuados a seguridad social y la retención en la fuente; iv) se reconocieran los
perjuicios morales y la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99
de la Ley 50 de 1990; v) se indexaran las sumas que resultaren de la condena; y
vi) se cumpliera la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Carmen Andrea Tunjano Pulecio laboró como enfermera jefe en el Hospital
Militar de Oriente, en las áreas de consulta externa, urgencias, hospitalización y
programas de alto costo, del 4 de enero de 2008 al 15 de diciembre de 2015 a
través de contratos de prestación de servicios, tiempo en el que realizó sus
funciones de manera personal, bajo la continua dependencia y subordinación,
dentro de unos turnos impuestos y con una remuneración pactada.

• Las prestaciones sociales y acreencias laborales a las cuales tenía derecho por
ley, propias de los empleados que ejercían sus mismas funciones, no le fueron
reconocidas y tuvo que pagar por cuenta propia la seguridad social.

• El 1° de diciembre de 2017 solicitó a la entidad demandada el reconocimiento
de la relación laboral existente entre las partes por el período comprendido entre
el 1° de enero de 2008 y el 15 de diciembre de 2015 y de las prestaciones sociales
que se derivaban de ella, así como el reintegro al cargo que ejercía como
enfermera jefe, la cual no se resolvió con lo que se configuró un acto
administrativo ficto o presunto negativo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 14, 25, 29, 43, 53, 95, 125,
127, 209 y 277 de la Constitución Política; 2 de la Ley 197 de 1938; 1 de la Ley

2

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

65 de 1946; 8 de la Ley 4ª de 1992; 26, inciso 2, 40, 46 y 61 del Decreto 2400 de
1968; 21 del Decreto 3135 de 1968; 5 y 71 del Decreto 1250 de 1970; 108, 180,
215, 240, 241 y 242 del Decreto 1950 de 1950; y 2, 3, 44 y 138 del CPACA; las
leyes 50 de 1990, 10 de 1990, 100 de 1993 y 790 de 2002; y los decretos 1333
de 1986, 1582 de 1998 y 1543 de 1998.

En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente2:

• La entidad omitió aplicar el principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, no obstante haberse configurado los elementos propios de una
relación laboral; además, vulneró el artículo 53 de la Constitución Política, toda
vez que se acreditó la existencia de un trabajo desarrollado de manera personal,
de forma permanente, subordinado o dependiente, consistente en la actitud por
parte de la administración contratante de impartirle órdenes en relación con la
labor contratada, bajo la fijación de un horario de trabajo en las instalaciones del
Hospital Militar de Oriente para la prestación de sus servicios y con una
remuneración mensual como retribución por las labores que realizaba.

• Bajo la modalidad del contrato de prestación de servicios se pretende desdibujar
el vínculo laboral que rigió durante la prestación de servicios a favor de la entidad,
en la que se le asignaron las funciones propias de un cargo de enfermera jefe,
pues debió atender instrucciones, cumplir horarios ordinarios y extras nocturnos
en días festivos y dominicales, así como asistir a reuniones y coordinar un equipo
de trabajo, de acuerdo con la constante dirección e instrucción de la coordinación
del departamento de enfermería del Hospital Militar de Oriente.

• Así entonces, entre Carmen Andrea Tunjano Pulecio y el ente demandado
existió una relación laboral en el periodo reclamado, toda vez que se estructuraron
los 3 elementos para su configuración, esto es la prestación personal del servicio,
la subordinación, la dependencia y la remuneración o retribución de ese servicio,
lo que le otorga el derecho al pago de las prestaciones sociales de ley.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, se opuso a la
prosperidad de las pretensiones con fundamento en las siguientes
consideraciones3:

• La relación contractual entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la

2 Samai, índice 2, documento 4_ED_CuadernoPrincipal_04Demanda.pdf(.PDF) NroActua 2.
3 Ibidem, documento 3_ED_CuadernoPrincipal_03cuaderno.pdf(.PDF) NroActua 2, folios 7 a 17.

3

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

Ley 80 de 1993, la cual autorizó a las entidades públicas para celebrar contratos
de prestación de servicios con el objeto de realizar actividades no solamente de
carácter permanente, sino las que de manera excepcional se requieran para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad y estas no puedan realizarse con el personal de planta o requieran
conocimientos especializados, sin que genere un vínculo laboral y el derecho a
recibir prestaciones sociales.

• Si bien el desarrollo del objeto contractual requería de una prestación del servicio
de manera personal, lo cierto es que no se ejecutó de manera subordinada, pues
no se presentó una dependencia directa con el Hospital Militar de Oriente.

• El hecho de que Carmen Andrea Tunjano Pulecio prestara sus servicios durante
un número determinado de horas a la semana, no es un aspecto que configurara
una relación de subordinación entre las partes, toda vez que se trató de una
relación coordinada entre la contratista y la contratante con el fin de armonizar las
actividades.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral 1, en sentencia del 2
de julio de 20204 accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda. Al
efecto dispuso lo siguiente:

«Primero.- Declarar la nulidad del acto administrativo ficto o presunto, que ha operado
por la no contestación al derecho de petición radicado el 1 de diciembre de 2017,
mediante el cual solicitaba el reconocimiento de la existencia del contrato realidad
entre el 4 de enero de 2008 y el 15 de diciembre de 2015, así como el pago de las
acreencias laborales como enfermera jefe.

Segundo.- Declarar que entre Carmen Andrea Tunjano Pulecio y la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección de Sanidad, existió una relación
laboral conforme los elementos de la estructuran, entre el 4 de enero de 2008 y el 15
de diciembre de 2015.

Tercero.- Condenar a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional –
Dirección de Sanidad, a título de restablecimiento del derecho, a pagar a favor de la
señora Carmen Andrea Tunjano Pulecio, la totalidad de las acreencias laborales y
prestaciones sociales ordinarias que devenga un profesional jefe de enfermería en
dicha entidad, en virtud de la declaración de la existencia del contrato realidad, del
periodo comprendido entre el 4 de enero de 2008 y el 15 diciembre de 2015,
incluyendo el pago de los días dominicales y festivos que la demandante acreditó
como laborados conforme se concluyó en la parte pertinente. Las sumas se

4 Ibidem, documento 20_ED_CuadernoPrincipal_20Sentencia.pdf(.PDF) NroActua 2.

4

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

reconocerán y ajustarán de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de
esta providencia.

Cuarto: Ordenar al Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección de
Sanidad a calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la señora Carmen
Andrea Tunjano Pulecio, que corresponde a los honorarios pactados, mes a mes – en
los periodos descritos en el numeral primero de esta providencia, y si existe diferencia
entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, se deberá
cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para lo cual, la
actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante
sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en caso de no haberse realizado
o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar el
porcentaje que le correspondía como trabajadora. Teniendo encuenta (sic) que frente
a dicha prestación no opera la prescripción.

Quinto: Ordenar al Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Dirección de
Sanidad a calcular el ingreso base de cotización (IBC) en salud y de Riesgos
profesionales de la señora Carmen Andrea Tunjano Pulecio, sobre los honorarios
pactados, mes a mes –en el periodo comprendido entre el 4 de enero de 2008 al 15
diciembre de 2015 y a reintegrar los valores que correspondían al empleador y que
fueron asumidos por la demandante. Para lo cual, la actora deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales.

Sexto: Negar las demás pretensiones de la demanda, por lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia».

Como fundamento de su decisión señaló lo siguiente:

• En atención a los testimonios y la prueba documental, es posible declarar la
relación laboral entre las partes por el periodo comprendido entre el 4 de enero
de 2008 y el 15 de diciembre de 2015, toda vez que se acreditaron los elementos
para su configuración, esto es la prestación personal del servicio, la remuneración
y la subordinación o dependencia.

• Lo anterior, toda vez que Carmen Andrea Tunjano Pulecio i) prestó sus servicios
en el Hospital Militar de Oriente, principalmente, en el servicio de hospitalización
y de acuerdo con los cuadros de turnos fijados; ii) las actividades que debía
cumplir eran misionales de la entidad demandada, en tanto que están
directamente relacionadas con la prestación del servicio de salud a los miembros
de la institución castrense; iii) dichos servicios los prestó en un horario
determinado en el hospital; iv) en los contratos de prestación de servicios se
pactaron honorarios mensuales; y v) las actividades que desarrolló como
enfermera jefe fue conforme con las directrices impartidas por sus superiores, las
que no podían ser ejecutadas de manera autónoma.

5

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

• No hay lugar al reconocimiento del recargo nocturno, puesto que la demandante
laboraba de forma ordinaria en el Hospital Militar de Oriente por el sistema de
turnos, es decir, que la jornada ordinaria laboral incluía horas diurnas y nocturnas
(jornada mixta), la cual de conformidad con lo señalado en el artículo 3541 del
Decreto 1042 de 2008, puede ser compensado con periodo de descanso, como
en efecto ocurrió en el caso particular.

• La demandante, durante el vínculo laboral, no excedió el tope máximo mensual
de 188 de horas que la ley ha fijado a los servidores públicos, toda vez que las
horas de servicio asignadas durante la vinculación fue de máximo 168 mensuales,
como dan cuenta los cuadros de turnos que obran en el expediente. Por lo tanto,
no hay lugar a ordenar el reconocimiento de las horas extras pretendidas en la
demanda.

• Carmen Andrea Tunjano Pulecio laboraba de manera excepcional los
dominicales y festivos, pues de acuerdo con los cuadros de turnos fijados por la
entidad, es posible deducir que no era habitual que prestara sus servicios en estos
como enfermera jefe en el Hospital Militar de Oriente y en consecuencia tenía
derecho a un día de descanso o la retribución igual al doble de la remuneración
de un día de trabajo, a su elección. Sin embargo, dada la forma de vinculación
con la entidad demandada dicho pago no se materializó, como lo dispone el
artículo 40 del Decreto 1042 de 1978, pues estuvo vinculada bajo la modalidad
de un contrato de prestación de servicios, en virtud del cual este era
improcedente.

• Así las cosas, comoquiera que dicha relación contractual fue desvirtuada, la
entidad debe reconocer la remuneración por el trabajo dominical y festivo que
prestó durante 70 días, en consideración a los honorarios fijados en el
correspondiente año.

• El reconocimiento de la relación laboral no tiene la virtud de otorgar a la
demandante el carácter de servidora pública, pues dicha condición requiere del
cumplimiento de los presupuestos que establece la ley, esto es el nombramiento
y la correspondiente posesión, previa superación del concurso de méritos. Por lo
tanto, no resultaba procedente que dentro del presente proceso se accediera a la
solicitud de reintegro.

• Cuando se discuten derechos laborales, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no resulta idóneo para reclamar la devolución de
dineros descontados por conceptos tributarios.

6

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

• No hay lugar al reconocimiento de los perjuicios morales, pues estos no fueron
probados dentro del trámite del proceso. Asimismo, de la indemnización moratoria
por el no pago del auxilio de cesantía, prevista en el numeral 3 del artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, en consideración a que su causación se genera en virtud del
incumplimiento de consignarlas dentro de una relación laboral, lo que no procede
en este caso, en razón a que es la sentencia la constitutiva del derecho y es a
partir de esta que nace la obligación.

• Frente al pago de seguridad social en salud y riesgos laborales, la entidad
demandada deberá devolver a la actora el valor que por este concepto le
correspondía pagar como empleadora, por lo cual esta debe acreditar las
cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos
contractuales, con la salvedad de que en caso de no haberse realizado o de existir
diferencia en su contra, tiene la carga de pagar o completar el porcentaje que le
correspondía como trabajadora.

• A pesar de la posible existencia de un interés directo de las testigos Francy Astrid
Lugo Castro y Geny Yulie Guarín Sánchez, en lo que tiene que ver con la
declaratoria de la relación laboral objeto de este proceso, bajo el entendido de
que adelantan demandas con pretensiones similares a las reclamadas en este
asunto en contra de la entidad demandada, ello no impide que se valore la prueba
testimonial, la que se analiza en conjunto con la documental arrimada al plenario
a efectos de confrontar las versiones rendidas y los hechos que se pretenden
demostrar.

• La condena en costas es improcedente en la medida en que la demanda
prospera de manera parcial, en consideración a las previsiones de los artículos
188 del CPACA y 365 del Código General del Proceso (CGP).

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, interpuso
recurso de apelación5 con fundamento en los siguientes argumentos:

• Los contratos de prestación de servicios celebrados con la actora se celebraron
al amparo de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y, en
consideración a lo dicho en la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado
del 18 de noviembre de 2003 con radicado IJ-0039, eventualmente el contratista
puede desarrollar actividades similares a las funciones del servidor público,

5 Ibidem, documento 21_ED_CuadernoPrincipal_21RecursoApelacionDemandada.pdf(.PDF)
NroActua 2.

7

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

puesto que la ausencia de personal suficiente permite este tipo de contratos, que
en la ejecución de las obligaciones del contratista debe sujetarse a pautas y
directrices básicas, sin que de ello se deduzca plenamente la subordinación y
dependencia.

• Se debe declarar la prescripción de los derechos laborales, toda vez que durante
varios períodos se interrumpió la contratación, lo que implicó la solución de
continuidad en la prestación del servicio. Por lo tanto, deben liquidarse y
ordenarse los pagos indemnizatorios y obligaciones causadas dentro de los 3
años anteriores al 2015.

1.4.2. Carmen Andrea Tunjano Pulecio recurrió6 la sentencia de primera instancia
al considerar que se desconoció que para la liquidación de los beneficios
reconocidos se debe tener en cuenta lo devengado por un funcionario de planta,
correspondiente al cargo que desempeñó como enfermera jefe del Hospital Militar
de Oriente, y no el valor de los honorarios mensuales percibidos como lo
determinó el a quo.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

Las partes no se pronunciaron en la instancia procesal.

1.6. El Ministerio Público

El procurador segundo delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar de
manera parcial la sentencia apelada, pues si bien es cierto que se demostraron
los elementos para la configuración de la relación laboral y en consecuencia el
pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella, también lo es que es
improcedente el reintegro de los valores asumidos por la actora relativos a los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y riesgos profesionales,
por constituir recursos de naturaleza parafiscal.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia
del juez de segunda instancia está enmarcada por los argumentos expuestos en
el recurso de apelación; no obstante, cuando ambas partes discutan toda la

6 Ibidem, documento 22_ED_CuadernoPrincipal_22RecursoApelacionDemandante.pdf(.PDF)
NroActua 2.

8

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

providencia el superior resolverá sin limitaciones. En esas condiciones, los
problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia se resumen a
determinar si ¿entre Carmen Andrea Tunjano Pulecio y la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional, se configuró una relación laboral? y si
¿aquella tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
derivadas de esa relación laboral?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 posibilita celebrar contratos de
prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

Por su parte, el Decreto 2209 de 19987 precisó que «(l)os contratos de prestación de
servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal
de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

7 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

9

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta
o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas
en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el
ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral
personal subordinada y dependiente.

De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral,
entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la
norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad
social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial
a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)8 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 9, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se
halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los

8 Aprobada el 11 de abril de 1919.
9 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

10

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».

Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»10 y que
también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la
Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el
honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los
tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la
materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».

Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos
o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que

10 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

11

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación11 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación
laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de
la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos
mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en
juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la
actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes
y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación
respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y
subordinación propia de las relaciones laborales12». (Resalta la Sala).

Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación
y dependencia del trabajador respecto del empleador.

Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual, para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales” (artículo 53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las
prestaciones que se deriven de aquella, pues dicha situación se traduciría en su
desinterés, que no puede soportar el Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente

11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
12 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,

en sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-
23-31-000-1998-03542-01(0202-10)».

12

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que
será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en
aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las
autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios».

Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202113 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales
de prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que
se declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la
improcedencia de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en
Salud efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el
señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el
principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del
servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9

de septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez
Vargas.

13

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre
las formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».

En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada
y dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado,
para que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.3. Lo probado dentro del proceso

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

• Carmen Andrea Tunjano Pulecio y la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, Dirección de Sanidad Militar, Hospital Militar de Oriente,
suscribieron los siguientes contratos de prestación de servicios:

Contrato de
Valor Interrupción
prestación de Duración Objeto
mensual días hábiles
servicios
«(…) prestar sus servicios
PROFESIONALES como
ENFERMERA JEFE, servicio que
desarrollará en forma
independiente y con total
autonomía técnica, administrativa
y financiera, son sus propios
medios, todo ello de acuerdo con
las obligaciones contenidas en el
075-HOMIO- 04-01-2008
$1.650.000 texto del presente contrato, -
200814 a
dejando de presente que tales
30-06-2008
actividades deberán ser
desarrolladas en el Hospital Militar
de Oriente, Cantón Militar de
Apiay, ubicado en el kilómetro 7 vía
Puerto López. EL HOSPITAL
MILITAR DE ORIENTE por su
parte pagará AL CONTRATISTA,
como retribución por los servicios

14 Samai, índice 2, documento 5_ED_CuadernoPrincipal_05ExpedienteAdministrativo.pdf(.PDF)

NroActua 2, folios 1 a 9.

14

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

prestados, una contraprestación
económica según las tarifas y
forma de pago acordada en virtud
del presente contrato».
02-07-2008
265-HOMIO-
$1.650.000 a Ibidem 1
200915
31-12-2008
16-01-2009
25-HOMIO-
$1.650.000 a Ibidem 9
200916
15-04-2009
17-04-2009
216-HOMIO- $1.650000 a
200917 16-10-2009
Ibidem 1
Adición18 $1650.000 Hasta
31-12-2009
06-01-2010
57-HOMIO- $1.650.000 a
201019 06-06-2010
Ibidem 2
Adición20 $1.650.000 Hasta
30-09-2010
«LABORES RELACIONADAS
01-10-2010
236-HOMIO- CON LA PRESTACIÓN DE LOS
$1.932.000 a -
201021 SERVICIOS COMO ENFERMERA
30-12-2010
JEFE HOMIO (…)».
13-01-2011
11-HOMIO- $1.932.000 a
201122 30-01-2011
Ibidem 8
Adición23 $1.932.000 Hasta
30-08-2011
16-09-2011
272-HOMIO- $1.932.000 a
201124 31-12-2011
Ibidem 12
Adición25 $1.932.000 Hasta
15-01-2012
«(…) prestar sus servicios
16-01-2012
81-HOMIO- profesionales como ENFERMERA
$1.932.000 a -
201226 JEFE con el fin de brindar atención
31-12-2012
a los afiliados y beneficiarios del

15 Ibidem, folios 10 a 17.
16 Ibidem, folios 18 a 25.
17 Ibidem, folios 26 a 33.
18 Según informe del contrato 216-HOMIO-2009, Sami, índice 2,
9_ED_CuadernoPrincipal_09pruebas.pdf(.PDF) NroActua 2, folios 17 a 22.
19 De conformidad con la adición al contrato 57-HOMIO-2012, Samai, índice 2, documento

5_ED_CuadernoPrincipal_05ExpedienteAdministrativo.pdf(.PDF) NroActua 2, folios 34 y 35.
20 Samai, índice 2, documento 5_ED_CuadernoPrincipal_05ExpedienteAdministrativo.pdf(.PDF)

NroActua 2, folios 34 y 35.
21 Conforme con el informe del contrato 236-HOMIO-2010, Samai, índice 2, documento

13_ED_CuadernoPrincipal_13pruebas.pdf(.PDF) NroActua 2.
22 Samai, índice 2, documento 5_ED_CuadernoPrincipal_05ExpedienteAdministrativo.pdf(.PDF)

NroActua 2, folios 36 a 41.
23 Ibidem, folios 24 y 43.
24 Ibidem, folios 46 a 53.
25 Ibidem, folio 54.
26 Ibidem, folios 55 a 63.

15

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

Subsistema de Salud de las
Fuerzas Militares en el
Establecimiento de Sanidad Militar
Hospital Militar de Oriente, Servicio
que se desarrollará de forma
independiente y con total
autonomía técnica, administrativa
y financiera. PARÁGRAFO
PRIMERO-: Tales actividades
deberán ser desarrolladas
principalmente en el HOSPITAL
MILITAR DE ORIENTE en la
ciudad de Villavicencio. No
obstante en caso de requerir sus
servicios EL CONTRATISTA se
obliga a prestarlos en los lugares
de la jurisdicción respectiva Unidad
Operativa Menor y/o donde así lo
requiera LA DIRECCION DE
SANIDAD EJERCITO.
PARAGRAFO SEGUNDO-: LA
DIRECCION DE SANIDAD
EJERCITO, pagará AL
CONTRATISTA, como retribución
por los servicios prestados, una
contraprestación económica según
las tarifas y forma acordada en
virtud del presente contrato».
08-01-2013
11-HOMIO-
$1.990.000 a Ibidem 3
201327
15-12-2013
16-01-2014
20-HOMIO-
$1.990.000 a Ibidem 20
201428
30-06-2014
02-07-2014
174-HOMIO-
$1.990.000 a Ibidem 1
201429
15-12-2014
06-01-2015
22-HOMIO-
$2.139.250 a Ibidem 14
201530
31-05-2015
«PRESTACIÓN DE SERVICIOS
01-06-2015 PROFESIONALES COMO
100-CENAC-
$2.139.250 a ENFERMERA JEFE EN EL -
201531
15-12-2015 HOSPITAL MILITAR DE
ORIENTE».

En los contratos de prestación de servicios se pactaron algunas obligaciones
como las siguientes:

«(…) en cumplimiento de este contrato el contratista deberá cumplir con las siguientes
obligaciones:
1. Supervisar entrega de turno de los servicios de urgencias y hospitalización.
2. Coordinar las actividades de urgencias, hospitalización, sala de partos, urgencias.

27 Ibidem, folios 64 a 74.
28 Ibidem, folios 75 a 85.
29 Ibidem, folios 86 a 96.
30 Ibidem, folios 97 a 108.
31 Ibidem, folios 109 a 123.

16

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

(…)
8. Presentar oportunamente a los Jefes de las diferentes dependencias las situaciones
de emergencia y riesgos que se presenten.
(…)
11. Estar un fin de semana de acuerdo a las necesidades programadas por el
Departamento de Enfermería.
12. Cumplir todos los procedimientos y requisitos establecidos por el HOSPITAL
MILITAR DE ORIENTE para el acceso a los servicios por parte de los usuarios, así
como con todos y cada uno de los requisitos y políticas de calidad en el servicio
exigidos (…) así como todas aquellas relacionadas con la atención del usuario y de
calidad en el servicio establecidas por el HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE.
(…)
15. Desarrollar programas de prevención a los usuarios del Hospital Militar de Oriente,
de acuerdo con las condiciones establecidas por esta última.
(…)
18. Apoyar al HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE y suministrar oportunamente con
toda seriedad y veracidad del caso, la información que esta última requiera para la
resolución adecuada y oportuna de quejas, requerimientos y acciones judiciales
interpuestas por los usuarios por causa o por ocasión de servicio prestado en virtud
del presente contrato; todo aquello dentro de los límites y términos establecidos para
tal fin por el HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE.
(…)».

• Informes de los contratos 75-HOMIO-2008 y 216-HOMIO-200932, 22-HOMIO-
201533, 11-HOMIO-201334, 57-HOMIO-2010, 236-HOMIO-201035, 272-HOMIO-
2011, 81-HOMIO-201236, 174-HOMIO-201437 y 11-HOMIO-201138.

• Cuadros de turnos de Carmen Andrea Tunjano Pulecio en el cargo de enfermera
jefe de febrero y junio a octubre de 2011, mayo a diciembre de 2012, enero a
diciembre de 2013, enero y marzo a diciembre de 2014 y enero y marzo a
septiembre de 201539.

• Formatos de autorización de personal de enfermería 40, en los que constan los
cambios de turnos, permisos y devoluciones de Carmen Andrea Tunjano Pulecio.

32 Ibidem, documentos 9_ED_CuadernoPrincipal_09pruebas.pdf(.PDF) NroActua 2 y
8_ED_CuadernoPrincipal_08pruebas.pdf(.PDF) NroActua 2.
33 Ibidem, documento 15_ED_CuadernoPrincipal_15pruebas.pdf(.PDF) NroActua 2.
34 Ibidem, documento 14_ED_CuadernoPrincipal_14pruebas.pdf(.PDF) NroActua 2.
35 Ibidem, documento 13_ED_CuadernoPrincipal_13pruebas.pdf(.PDF) NroActua 2.
36 Ibidem, documento 12_ED_CuadernoPrincipal_12pruebas.pdf(.PDF) NroActua 2.
37 Ibidem, documento 11_ED_CuadernoPrincipal_11pruebas.pdf(.PDF) NroActua 2.
38 Ibidem, documento 10_ED_CuadernoPrincipal_10pruebas.pdf(.PDF) NroActua 2.
39 Ibidem, documento 16_ED_CuadernoPrincipal_16pruebas.pdf(.PDF) NroActua 2, folios 1 a 61.
40 Ibidem, folios 62 a 91.

17

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

• Comprobantes de pagos41 realizados a Carmen Andrea Tunjano Pulecio de
enero a abril, junio a octubre y diciembre de 2008 y de enero, febrero, abril y mayo
de 2009.

• A través de escrito del 1° de diciembre de 201742, Carmen Andrea Tunjano
Pulecio solicitó a la entidad demandada reconocer la existencia de una relación
laboral entre las partes por el período comprendido entre el 1° de enero de 2008
y el 15 de diciembre de 2015 y de las prestaciones sociales que se derivaban de
ella, así como el reintegro al cargo que ejercía como enfermera, la cual no se
resolvió con lo que se configuró un acto administrativo ficto o presunto negativo.

• En la audiencia de pruebas celebrada el 29 de mayo de 2019, se recibieron los
testimonios de Francy Astrid Lugo Castro, Geny Yulie Guarín Sánchez y Yineth
Isidora Ortiz Parrado, solicitados por la demandante, de los cuales se extrae lo
siguiente43:

Francy Astrid Lugo Castro se desempeñaba como enfermera; no tenía una
relación de parentesco con la demandante; laboró en el Hospital Militar de Oriente
del 2011 al 2015, en donde fue compañera de Carmen Andrea Tunjano Pulecio,
quien ya se encontraba trabajando desde el 2008 hasta tiempo después de su
retiro.

Carmen Andrea Tunjano Pulecio tenía a cargo el servicio de urgencias; no
obstante, estuvo la mayor parte del tiempo en hospitalización como coordinadora.
Dentro de las funciones de aquella se encontraban la organización de personal y
servicio, la realización del inventario de insumos y equipos, la asistencia a
reuniones convocadas por la parte administrativa y las de enfermería; cumplía un
horario de acuerdo con el cuadro de turnos asignado de forma mensual, los cuales
eran de 6 horas (6:00 am a 1:00 pm o de 1:00 pm a 7:00 pm) o de 12 (7:00 pm a
7:00 am). Ella realizaba los 3, incluso en dominicales y festivos.

El cuadro de turnos para las enfermeras profesiones era realizado por el jefe del
departamento, quien era un militar, el de las auxiliares lo hacía la demandante en
el área que coordinaba. No le consta si esta laboraba en otra entidad y la cifra
que devengaba el personal de planta por sus servicios; sin embargo, era superior

41 Ibidem, folios 92 a 106.
42 Samai, índice 2, documento 4_ED_CuadernoPrincipal_04Demanda.pdf(.PDF) NroActua 2,
folios 33 a 36.
43 Ibidem, documento 17_ED_CuadernoPrincipal_17LINKS AUDIENCIAS INICIAL Y
PRUEBAS.pdf(.PDF) NroActua 2.

18

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

a la percibida por las personas vinculadas mediante contratos de prestación de
servicios.

Carmen Andrea Tunjano Pulecio tenía unos superiores que le impartían
instrucciones y órdenes, el oficial control del servicio y el jefe del departamento
de enfermería.

La forma de vinculación de las dos era a través de contratos de prestación de
servicios continuos y sobre los cuales no se pagaban acreencias laborales
diferentes del valor allí pactado. Debían asistir a diferentes capacitaciones, dentro
de las que se encontraban la de manejo de heridas y normas de bioseguridad.
Tenían una ficha de ingreso para poder ingresar al hospital, así como para salir.

Dentro del hospital existían enfermeras profesionales y auxiliares de planta,
quienes ejercían las mismas funciones que las personas vinculadas a través de
contratos de prestación de servicios. Las primeras no prestaban labores en turnos
nocturnos, dominicales o festivos, ellos los cubrían las segundas. El equipo y los
suministros para desarrollar las funciones era entregado por el Hospital Militar de
Oriente. Debían solicitar con anticipación los cambios de turno o permisos para
ausentarse. El pago a la seguridad social lo asumía el contratista, sobre el monto
estipulado en el contrato de prestación de servicios.

Carmen Andrea Tunjano Pulecio tuvo llamados de atención por parte del jefe del
departamento de enfermería y el oficial control, por los diferentes sucesos que
surgían en la prestación del servicio. Su retiro se produjo por voluntad propia.

Tiene un proceso en contra del hospital por las mismas circunstancias por las que
se encuentra declarando, en el que Carmen Andrea Tunjano Pulecio es testigo.

Geny Yulie Guarín Sánchez era enfermera jefe asistencial, laboró en el Hospital
Departamental de Villavicencio y en Cepain, que es una EPS domiciliaria, y no
tenía relación de parentesco con Carmen Andrea Tunjano Pulecio.

Trabajó en el Hospital Militar de Oriente desde el 2011 hasta el 2015 como
enfermera asistencial en el servicio de urgencias y hospitalización, en donde
conoció a Carmen Andrea Tunjano Pulecio, quien en ese entonces se
desempeñaba como jefe coordinadora de enfermería de esa área. El vínculo de
las dos era como compañeras de trabajo.

19

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

Carmen Andrea Tunjano Pulecio cumplía labores administrativas y asistenciales,
realizaba cuadros de turnos de las auxiliares de enfermería, estaba pendiente de
inventarios, supervisaba el servicio, básicamente eso era lo que ella realizaba.

Los turnos que la demandante realizaba eran de 6 horas (de 7:00 am a 1:00 pm
y de 1:00 pm a 7:00 Pm) y de 12 horas (7:00 am a 7:00 pm y de 7:00 pm a 7:00
am), los cuales eran de lunes a domingo y festivos, diurnos y nocturnos.

Carmen Andrea Tunjano Pulecio únicamente prestaba sus servicios en el Hospital
Militar de Oriente, del cual se retiró en diciembre de 2015 por terminación de
contrato.

La forma de vinculación de las dos era a través de contratos de prestación de
servicios. Ellas pagaban la seguridad social y no recibieron prebenda o beneficio
laboral.

Carmen Andrea Tunjano Pulecio se encontraba bajo órdenes o supervisión de los
diferentes jefes del departamento de enfermería, todos eran dependencia militar.

En el hospital existían enfermeras y auxiliares de planta, quienes laboraban en el
día por alrededor de 8 horas de lunes a viernes, solo las de «P y P» los sábados
hasta las 12:00 am, los turnos nocturnos, en fines de semana y en festivos eran
cubiertos por el personal vinculado a través de contratos de prestación de
servicios.

Contaban con carné y fichero para ingresar al hospital, siempre debían mostrarlos
y no recibían algún tipo de bonificación o remuneración adicional por los turnos
realizados en la jornada nocturna, dominical o festiva.

La remuneración que percibía el personal de planta del hospital era superior a la
que recibían las personas vinculadas por medio de contratos de prestación de
servicios.

Los medios o los instrumentos para desarrollar las actividades eran suministrados
por el Hospital Militar de Oriente. Ellas tuvieron llamados de atención, ya fueran
por escrito o verbales, por situaciones que ocurrían en la prestación de sus
servicios, siempre había un oficial de control.

La dos recibieron capacitaciones, charlas y protocolos por diferentes temas, que
eran para el personal de planta y el vinculado por contratos de prestación de
servicios. El objeto era actualizar conocimientos.

20

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

Tiene un proceso en contra del hospital por las mismas circunstancias por las que
se encuentra declarando, en el que Carmen Andrea Tunjano Pulecio es testigo.

Yineth Isidora Ortiz Parrado era auxiliar de enfermería, no laboraba y no tenía
relación de parentesco con Carmen Andrea Tunjano Pulecio. Ingresó a trabajar
como auxiliar de enfermería en el Hospital Militar de Oriente en mayo de 2013,
cuando conoció a la demandante como jefe de hospitalización, quien le contó que
ingresó a laborar allí desde el 2008.

Carmen Andrea Tunjano Pulecio prestó sus servicios en el hospital hasta el 15 de
diciembre de 2015 y ella hasta el 2017. Las funciones de aquella eran las de
coordinar un grupo de auxiliares de enfermería, administrar medicamentos, estar
pendiente de que el servicio funcionara, hacer pedidos de insumos, toma de
signos vitales, realizar curaciones y demás procedimientos que realiza una jefe
de enfermería.

Carmen Andrea Tunjano Pulecio tenía horarios rotativos de 6 horas y de 12 horas,
fueran en la mañana, tarde o noche entre semana y los fines de semana. Le
consta ya que coincidían en los turnos.

Ella y la demandante no recibieron acreencia laboral o beneficio diferente del valor
estipulado en los contratos de prestación de servicios, a través de los cuales era
su forma de vinculación.

Los contratos de prestación de servicios eran continuos, fueran a 6 meses, a 1
año o a 3 meses. Los costos de la seguridad social eran asumidos por ellas.

En el hospital existían enfermeras y auxiliares de planta, las que trabajaban de
lunes a viernes por 8 horas, los fines de semana y festivos eran cubiertos por las
personas que laboraban por contratos de prestación de servicios.

El coordinador del departamento de enfermería era quien daba órdenes e
instrucciones a Carmen Andrea Tunjano Pulecio, él era militar.

Los instrumentos o materiales para desarrollar sus labores eran suministrados por
el hospital.

Contaban con un fichero para ingresar a laborar al hospital, de no mostrarlo no lo
podían hacer.

21

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

Las personas que trabajaban por medio de contratos de prestación de servicios
recibían llamados de atención, fueran verbales o por escrito, y órdenes por parte
del coordinador de enfermería, quien era militar.

No tiene acción judicial en contra del Hospital Militar de Oriente.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará a continuación si se acreditaron
los elementos que permiten configurar una relación laboral entre Carmen Andrea
Tunjano Pulecio y la entidad demandada.

2.4.1. Prestación personal del servicio

De las pruebas relacionadas, se advierte que la demandante se vinculó a través
de contratos de prestación de servicios con la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, Dirección de Sanidad Militar, Hospital Militar de
Oriente, del 4 de enero al 6 de junio de 2008, del 2 de julio al 31 de diciembre de
2008, del 16 de enero al 15 de abril de 2009, del 17 de abril al 31 de diciembre de
2009, del 6 de enero al 30 de septiembre de 2010, del 1º de octubre al 30 de
diciembre de 2010, del 13 de enero al 30 de agosto de 2011, del 16 de septiembre
de 2011 al 15 de enero de 2012, del 16 de enero al 31 de diciembre de 2012, del
8 de enero al 15 de diciembre de 2013, del 16 de enero al 30 de junio de 2014,
del 2 de julio al 15 de diciembre de 2014, del 6 de enero al 31 de mayo de 2015 y
del 1º de junio al 15 de diciembre de 2015, periodos en los que realizó varias
funciones, entre ellas, prestar sus servicios profesionales como enfermera jefe en
el Hospital Militar de Oriente.

En consecuencia, fue contratada por la entidad demandada para prestar sus
servicios profesionales como enfermera jefe en el Hospital Militar de Oriente; de
manera que la prestación personal del servicio se encuentra acreditada por los
periodos antes referidos.

2.4.2. Remuneración

Ahora bien, Carmen Andrea Tunjano Pulecio percibió una remuneración44 por el
trabajo realizado, tal y como se evidencia en los comprobantes de pagos, informes
y los contratos que suscribió con la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, Dirección de Sanidad, Hospital Militar de Oriente, en los que se

44 $1.650.000, $1.932.000, $1.990.000 y $2.139.250.

22

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

advierte que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la
remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente
de su denominación (honorarios o salario).

2.4.3. Continuada subordinación o dependencia

Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios recepcionados, se tiene que las funciones desempeñadas por la
demandante no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que esta
estuvo sujeta a horarios, instrucciones y órdenes que son de naturaleza
subordinada pues atienden al control de un superior (jefe del departamento de
enfermería y oficial de control de servicio) para ejecutar las obligaciones
contractuales, por lo que existe una sujeción de aquella hacia la entidad
demandada y, en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de
disponer de su servicio, y aquella, a su vez, tenía la obligación correlativa de
obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi por parte de la entidad
prestadora de servicios de salud.

Los testimonios de Francy Astrid Lugo Castro, Geny Yulie Guarín Sánchez y
Yineth Isidora Ortiz Parrado dan cuenta de las condiciones bajo las cuales la
actora prestaba sus servicios a la entidad demandada, de las que se resalta que
en ejercicio de sus funciones cumplía un horario y seguía órdenes e instrucciones.

En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive
con sus propios elementos o instrumentos, para que la trabajadora desarrollara
sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.

Esto se advierte luego de constatado el objeto, las obligaciones y las funciones
que se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre
los extremos procesales, de los testimonios recibidos en el proceso y demás
pruebas documentales aportadas, como los informes de los contratos, cuadros de
turnos y formatos de autorización. En ellos se aprecian actividades que exigen
para su ejecución necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al
realizar una valoración bajo las reglas de la sana crítica de tales pruebas,
encuentra que es posible determinar la existencia de una relación laboral
subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear
de modo permanente y continuo los servicios de la demandante.

En efecto, Carmen Andrea Tunjano Pulecio prestó sus servicios como enfermera
jefe en el Hospital Militar de Oriente y cumplió, entre otras funciones, las de:
«(s)upervisar entrega de turno de los servicios de urgencias y hospitalización»,

23

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

«(c)oordinar las actividades de urgencias, hospitalización, sala de partos, urgencias »,
«(p)resentar oportunamente a los Jefes de las diferentes dependencias las situaciones
de emergencia y riesgos que se presenten.», «(e)star un fin de semana de acuerdo a las
necesidades programadas por el Departamento de enfermería», «(c)umplir todos los
procedimientos y requisitos establecidos por el HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE para
el acceso a los servicios por parte de los usuarios, así como con todos y cada uno de los
requisitos y políticas de calidad en el servicio exigidos (…) así como todas aquellas
relacionadas con la atención del usuario y de calidad en el servicio establecidas por el
HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE», «(d)esarrollar programas de prevención a los
usuarios del Hospital militar de Oriente, de acuerdo con las condiciones establecidas por
esta última» y « Apoyar al HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE y suministrar
oportunamente con toda seriedad y veracidad del caso, la información que esta última
requiera para la resolución adecuada y oportuna de quejas, requerimientos y acciones
judiciales interpuestas por los usuarios por causa o por ocasión de servicio prestado en
virtud del presente contrato; todo aquello dentro de los límites y términos establecidos
para tal fin por el HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE».

Asimismo, se advierte que la misión de la Dirección de Sanidad Militar es la de
«(a)segurar la prestación de los servicios integrales de salud y los servicios de Salud
Operacional, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios
afiliados al SSFM»45, función de carácter permanente que cumple en desarrollo de
su actividad, lo que guarda similitud con las actividades desempeñadas por la
demandante, es decir, la ejecución de las labores contratadas por parte de
Carmen Andrea Tunjano Pulecio permitían el desarrollo del objeto misional de la
entidad.

Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
enfermera jefe al servicio de Sanidad Militar, Hospital Militar de Oriente, al tiempo
que corrobora que no puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución
de su objeto contractual para desempeñar esa labor, puesto que se trata de
funciones que atañen a la esencia y finalidad de la entidad.

Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»46.

45https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/transparencia-acceso-informacion-publica/1-

informacion-entidad/1-1-mision-vision-funciones-deberes/1-1-1-mision-vision-1.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

24

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de
disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle.
En efecto, el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con
sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin
que a este respecto le asista ningún tipo de independencia»47.

Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba sujeto a
medidas u órdenes de la Dirección de Sanidad Militar, Hospital Militar de Oriente,
a saber: la imposición de un horario y/o el cumplimiento de turnos y la sujeción a
directrices del jefe del departamento de enfermería y el oficial de control de
servicio, lo que demuestra que la demandada, en su calidad de empleadora,
contaba con la posibilidad de disponer del trabajo del demandante, lo que denota
la existencia de una indiscutible subordinación.

Así las cosas, para el periodo comprendido entre el 4 de enero de 2008 y el 15 de
diciembre de 2015 se encuentra demostrado, de la copia de los contratos de
prestación de servicios, pruebas documentales y testimoniales, la existencia de
los elementos de la relación laboral.

Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909 de
2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio de salud. Por lo
tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las
cuales fue contratada la demandante no es un argumento que enerve las
consideraciones expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de
planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se
ejercieron bajo la subordinación de la entidad.

Ahora bien, establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la
prescripción de las prestaciones sociales a que tiene derecho la demandante, en
consonancia con la declaratoria del reconocimiento de la relación laboral
encubierta.

Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación48 dispuso que:

47 Ibidem.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de

septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:

25

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días
hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre
contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya
una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con
los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se
presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la
Ley 80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con
una misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos
de una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad
entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en
que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles,
siempre y cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones
emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En
el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo
respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no
procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de
aquellos hubiesen podido generarse».

Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del
9 de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que
no hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos
de la prescripción de derechos laborales».

Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:

Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

26

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

«(…)

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente
a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que
será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en
aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las
autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a
los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional,
que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y
salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado
fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales (…).».
(Subrayado fuera de texto).

Así las cosas, a juicio de la Sala, «(q)uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de
esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades,
deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación
de su vínculo contractual» 49.

En consideración a lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud del
reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 1º de diciembre de
201750, se establece que no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción, pues
no transcurrió un lapso superior a tres años para solicitar por vía administrativa el
reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que la relación culminó el 15 de diciembre de 2015 y que
entre una vinculación y otra no se presentaron interrupciones superiores a 30 días
hábiles que implicaran la solución de continuidad en la prestación del servicio y le
exigieran presentar la reclamación administrativa.

Por lo dicho, la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores que
por concepto de prestaciones sociales legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, tomando como base el salario de un empleado de planta que

49 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por

el Consejo de Estado.
50 Samai, índice 2, documento 4_ED_CuadernoPrincipal_04Demanda.pdf(.PDF) NroActua 2, folio

33.

27

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

desarrollaba iguales funciones, correspondiente al periodo mencionado, salvo sus
interrupciones.

Ahora, la entidad demandada, en caso de existir diferencias entre los aportes
realizados por el demandante como contratista y los que efectivamente se
debieron cumplir en razón de la relación laboral acá demostrada, deberá efectuar
las cotizaciones por tales valores al respectivo fondo de pensiones en
consideración al porcentaje que le incumbía como empleador, por el periodo del
4 de enero de 2008 al 15 de diciembre de 2015, sin incluir las interrupciones.

Para estos efectos, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de
que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora.

Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas a la demandante se sostuvo en anterior providencia51
que «el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre la formalidades que conlleva
a la declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de
prestación de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público,
por lo que no es posible reconocer prestaciones sociales de carácter extralegal que
devenguen otros funcionarios de la planta de personal del ente territorial demandado
(…)». En consideración a esto, a la actora le asiste el derecho al reconocimiento
de las prestaciones sociales de carácter legal que devengue un empleado de
planta de la entidad demandada que desarrollaba iguales funciones, tales como
vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías entre otras, mas no podrán
reconocérsele aquellas extralegales, por cuanto comportan un beneficio para los
empleados públicos, condición de la que aquella carece. En ese sentido y en
cuanto al reajuste salarial, la Subsección reitera lo señalado en un
pronunciamiento anterior, según el cual el reconocimiento de una relación laboral
no otorga la calidad de empleado público y por eso «no surge el derecho al
reconocimiento y pago de las diferencias salariales»52.

Al respecto se advierte que no se aportó un certificado mediante el cual se
relacionaran los ingresos de un empleado de planta que desarrollara iguales
funciones que Carmen Andrea Tunjano Pulecio. Por tal razón, se ordenará que la
entidad calcule las prestaciones sociales de orden legal, para lo cual tomará como
referente los salarios de un empleado de planta que desarrollara funciones de

51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016,

radicado 66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
52 Ibidem.

28

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

enfermera jefe en el periodo reclamado, y solo en caso de no existir se tendrá
como base los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios,
entre el 4 de enero de 2008 y el 15 de diciembre de 2015.

En relación con la orden del a quo en el sentido de devolver los aportes en salud
y parafiscales a la contratista, debe decirse que esta es improcedente, toda vez
que, tal como lo ha venido señalado esta corporación53, a pesar de que se haya
declarado a su favor la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente,
en función de su naturaleza parafiscal54, estos recursos son de obligatorio pago y
recaudo para un fin específico y, por tanto, independientemente de que se haya
prestado o no el servicio de salud, no constituyen un crédito a favor del interesado,
pues su finalidad era garantizar la prestación de los servicios sanitarios para los
dos regímenes que integran el sistema, «lo que excluye la posibilidad de titularidad
que sobre los mismos pretenda el actor ejercer»55.

En ese orden de ideas, con fundamento en el material probatorio analizado y la
normativa aplicable al asunto, esta Sala concluye que se demostraron los
elementos constitutivos de una relación laboral encubierta y el consecuente pago
de las prestaciones sociales que surjan de esta, para lo cual tomará como
referente los salarios de un empleado de planta que desarrollara funciones de
enfermera jefe en el periodo reclamado, y solo en caso de no existir se tendrá
como base los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios;
no obstante, no hay lugar a devolver los aportes en salud y parafiscales a la
contratista.

Así entonces, la Sala confirmará parcialmente la sentencia apelada y se revocará
la orden contenida en el ordinal quinto de la decisión apelada relativa a la
devolución de los aportes en salud y riesgos profesionales.

2.5. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

53 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288

01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
54 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 28 de septiembre de 2016. Radicación

76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
55 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288

01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

29

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma56.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se
causaron dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a
la parte demandada.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación laboral
entre Carmen Andrea Tunjano Pulecio y la entidad demandada durante el periodo
comprendido entre el 4 de enero de 2008 y el 15 de diciembre de 2015, tiempo
que se tendrá en cuenta para efectos pensionales, salvo sus interrupciones. En
consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales de
orden legal, para lo cual tomará como referente los salarios de un empleado de
planta que desarrollaba iguales funciones a las ejecutadas por la demandante en
el periodo reclamado, y solo en caso de no existir, se tendrá como base los

56 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

30

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios. Sin embargo, se
revocará la orden de devolver los aportes en salud y parafiscales a la contratista.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Modificar los ordinales tercero y cuarto de la sentencia proferida el 2 de
julio de 2020 por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral 1, que
accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por Carmen
Andrea Tunjano Pulecio, los cuales quedarán así:

Tercero. Condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
Dirección de Sanidad, a título de restablecimiento del derecho, a pagar a favor
de Carmen Andrea Tunjano Pulecio, la totalidad de las acreencias laborales y
prestaciones sociales ordinarias en virtud de la declaración de la existencia del
contrato realidad, para lo cual tomará como referente los salarios de un
empleado de planta que desarrollara funciones de enfermera jefe en el periodo
reclamado, y solo en caso de no existir se tendrá como base los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios del periodo comprendido
entre el 4 de enero de 2008 y el 15 diciembre de 2015, con la inclusión del pago
de los días dominicales y festivos que la demandante acreditó como laborados
conforme se concluyó en la parte pertinente. Las sumas se reconocerán y
ajustarán de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de la
providencia.

Cuarto. Ordenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
Dirección de Sanidad, a calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional
de Carmen Andrea Tunjano Pulecio, que corresponde a los salarios de un
empleado de planta que desarrollara funciones de enfermera jefe en el periodo
reclamado, y solo en caso de no existir se tendrá como base los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios, en los periodos descritos
en el numeral primero de la providencia, y si existe diferencia entre los aportes
realizados como contratista y los que se debieron efectuar, se deberá cotizar
al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para lo
cual, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado
sistema durante sus vínculos contractuales, con la salvedad de que en caso de
no haberse realizado o de existir diferencia en su contra, tendrá la carga de

31

Radicado: 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021)
Demandante: Carmen Andrea Tunjano Pulecio

cancelar o completar el porcentaje que le correspondía como trabajadora.
Teniendo en cuenta que frente a dicha prestación no opera la prescripción.

Segundo. Revocar el numeral quinto de la sentencia del 2 de julio de 2020 por el
Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión Oral 1, en cuanto ordenó la
devolución de los aportes en salud y riesgos profesionales, conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida.

Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

32

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.