Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2018-00241-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2018-00241-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 50001-23-33-000-2018-00241-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 50001-23-33-000-2018-00241-01 (6151-2024)
Demandante: Geny Yulie Guarín Sánchez
Demandada: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
Tema: Relación laboral encubierta
Sentencia de segunda instancia
Asunto
Decide la Sala en segunda instancia los recursos de apelación presentados por las
partes demandante y demandada contra la sentencia del 2 de mayo de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Meta que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Geny Yulie Guarín Sánchez presentó demanda1 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio 0430 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-
COPER-DISAN-DMORI-JUR-1.10 del 7 de marzo de 2018 expedido por el director
del Dispensario médico Oriente del Ministerio de Defensa Nacional, que le negó el
reconocimiento de una relación laboral y de las prestaciones sociales que se
derivaban de ella, así como el reintegro al cargo que desempeñaba como enfermera
jefe.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la declaratoria de la existencia
de una relación «legal y reglamentaria, por la naturaleza de la función encomendada y por
1 Samai, índice 2, «Incorpora Expediente Digitalizado ».
2 En adelante CPACA.
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Demandante: Geny Yulie Guarín Sánchez
haberse presentado todos los elementos de una relación laboral»; ii) el reintegro al cargo
que desempeñaba al momento de su despido o a otro de igual o superior categoría;
iii) el reconocimiento y pago de las diferencias salariales entre que lo recibía
mensualmente una enfermera de planta y lo que ella recibió, de la prestaciones
laborales tales como el auxilio de cesantías, intereses de las cesantías, las primas
de servicios, navidad, vacaciones, técnica, bonificaciones; y vacaciones; iv) el pago
de los aportes a salud, pensión, «ARP», de las horas extras y recargos nocturnos,
dominicales y festivos, de los dineros retenidos en la fuente y demás descuentos
realizados con cada pago mensual; v) la indexación de las sumas anteriores; vi) los
salarios causados desde la fecha del despido hasta la presentación de la demanda
y los que se causen hasta la fecha efectiva de su reintegro al cargo; vii) la
indemnización por mora por no haberse consignado las cesantías de los años 2011
a «2017»; viii) el pago de los perjuicios morales en cuantía de 500 salarios mínimos
legales mensuales vigentes al momento del pago; ix) el cumplimiento de la
sentencia en los términos del artículo 192 y 195 del CPACA; y x) de forma
subsidiaria, en caso de no ordenarse el reintegro al cargo y reconocerse «la primacía
de la realidad sobre las formalidades» el pago de las mencionadas sumas conforme a
las funciones que ejercía.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
3.1. Geny Yulie Guarín Sánchez laboró como enfermera en el área de urgencias y
hospitalización del Hospital Militar de Oriente de la Dirección General de Sanidad
Militar del Ministerio de Defensa, desde el 1 de abril de 2011 hasta el 31 de
diciembre de 2015, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios.
3.2. Suscribió los siguientes contratos: 146 de 2011 con vigencia de 2 meses, 133
de 2012 por 9 meses, 017 de 2013 por 12 meses, 025 de 2014 por 6 meses, 175
de 2014 por 5 meses y 109 de 2015 por 7 meses.
3.3. Cumplió horario de 7:00 pm a 7:00 am de lunes a domingo.
3.4. Las enfermeras de planta del hospital devengaban un salario superior con todas
sus prestaciones y beneficios como empleadas públicas.
3.5. La demandante no tenía ninguna clase de autonomía, pues si necesitaba
retirarse de sus labores durante el cumplimiento de las jornadas establecidas por el
Hospital Militar tenía que pedir permiso a su jefe inmediato.
3.6. Los contratos de prestación de servicios que suscribió se caracterizaban por ser
elaborados de forma unilateral por la demandada y no le era permitido hacer algún
tipo de sugerencia sobre su contenido.
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3.7. Debía realizar los aportes a pensión al Fondo de Pensiones y Cesantías.
3.8. Recibía como salario la suma de $2.130.000, pero le hacían diferentes
descuentos.
3.9. Cumplió con las siguientes funciones que se destacan i) recibir y entregar turno
junto con el personal de auxiliares de enfermería; ii) supervisar el recibo y entrega
diaria del inventario del servicio; iii) exigir al personal de auxiliares de enfermería
orden, limpieza del servicio, «presentación personal» y el uso de uniformes de
acuerdo con lo ordenado por el departamento de enfermería; iv) exigir el oportuno
diligenciamiento de los registros existentes en el servicio (libro de enfermero de
servicio, libro de inventario, registro de pacientes en la base de datos); v) diligenciar
adecuada y oportunamente el libro de ingreso y egreso de pacientes del servicio, al
igual que el listado de los mismos; vi) asistir a las reuniones programadas por la
dirección del «HOMIO» o la enfermera jefe del departamento; vii) apoyar un fin de
semana los servicios de hospitalización, urgencias, sala de partos y cirugía de
acuerdo con las necesidades del «HOMIO»; viii) participar activamente en la
implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y MECI 2005
del Hospital Militar de Oriente, entre otras.
3.10. El 1 de diciembre de 2017, solicitó «en virtud del principio constitucional de la
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación»,
el reintegro al cargo de enfermera que ocupaba al momento de su despido o a uno
de superior categoría sin solución de continuidad y el pago de las prestaciones
sociales a la entidad demandada.
3.11. La demandada mediante Oficio 0430 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-
COPER-DISAN-DMORI-JUR-1.10 del 7 de marzo de 2018 y recibido el 15 del
mismo mes y año, negó la anterior petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 14, 25, 29, 43, 53, 95, 125,
127, 209 y 277 de la Constitución Política; 40, 46 y 61 del Decreto 2400 de 1968; 1
y siguientes de la Ley 65 de 1946; 5 y 71 del Decreto 1250 de 1970; 108, 180, 215,
240, 241, y 242 del Decreto 1950 de 1973; 26 del Decreto 1660 de 1978; 28 de la
Ley 4 de 1992; Decreto 1333 de 1986; Ley 10 de 1990; Ley 50 de 1990; Ley 100 de
1993; Decreto 1582 de 1998; Decreto 1453 de 1998 y Ley 790 de 2002.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente:
5.1. Nodebió vincularse a través de órdenes de prestación de servicios sino
mediante «acto administrativo», comoquiera que resultaba manifiesta la intención del
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Ministerio de Defensa de reconocer las prestaciones laborales de aquella. Razón
por la cual su situación debió darse bajo una relación legal y reglamentaria y
aplicarse la normativa que correspondía.
5.2. Existió falsa motivación en el acto acusado, pues se fundamentó en hechos
inexistentes como eran «los contratos de prestación de servicio lo que desconoció los
elementos universales de la relación laboral que se dieron en la situación fáctica de la
demandante», convirtiéndola en un «servidor público».
5.3. Era evidente que para la entidad demandada sus trabajadores tenían la
categoría de empleados públicos y que con la demandante se habían configurado
todos los elementos esenciales y comunes a «trabajadores particulares, trabajadores
oficiales y empleados públicos», porque prestó de forma personal el servicio hasta el
momento de su desvinculación, siempre estaba a órdenes de la coordinadora del
Departamento de Enfermería, de quien recibió llamados de atención, verbales,
escritos; cumplió con los horarios de trabajo en iguales condiciones a los de las
enfermeras de planta y con sus labores en el Hospital del Ejército Nacional.
Además, recibió un salario mensual como retribución del servicio. Por lo tanto, la
entidad demandada debió vincularla directamente y no a través de contratos de
prestación de servicios, pues tenía funciones permanentes en esa entidad.
5.4. No se configuró la prescripción en el caso bajo examen en relación con los
derechos reclamados, toda vez que con la sentencia que sea proferida se crea una
nueva situación jurídica, es decir, que debería contarse a partir de la ejecutoria del
fallo.
1.2. Contestación de la demanda
6. La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, por los
siguientes motivos:
7. El vínculo entre la contratista independiente y la entidad administrativa no podía
configurar en momento alguno el derecho al reconocimiento de prestaciones
sociales y otra clase de derecho laboral, porque la modalidad de contratación por
prestación de servicios no implicaba vínculo laboral alguno.
8. En el caso específico, era claro que para el desarrollo del objeto contractual se
requería de una prestación personal, máxime si se tenía en cuenta que se trataba
de un servicio profesional que solo podía ser ejecutado mediante la prestación
personal; nunca se presentó una dependencia directa y permanente con el Hospital
Militar de Oriente, por lo cual no podía operar la declaratoria solicitada por la
demandante.
9. No se encontraban reunidos los presupuestos jurídicos para que procediera la
declaratoria del contrato realidad y los contratos de prestación de servicios suscritos
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con el Hospital Militar de Oriente no podían constituirse en el elemento probatorio
suficiente para esa declaratoria, ya que cada uno de los contratos indicaban
claramente la modalidad de los mismos, daban cuenta de la ausencia de
subordinación y de la inexistencia de un vínculo laboral, lo cual fue plenamente
aceptado por la demandante con la suscripción de dichos contratos.
10. El hecho de que Geny Yulie Guarín Sánchez acudiera en unas horas
determinadas a la semana no constituía una relación de sujeción, más bien sí una
relación coordinada entre la entidad y la demandante para efectos de establecer
unas horas de labores, con el fin de armonizar su actividad con la de la entidad.
11. A lo sumo, el personal civil no uniformado vinculado a las Fuerzas Militares,
debía acatar el cumplimiento de unas obligaciones inherentes a la misión
constitucional del Ejército Nacional, lo cual implicaba desde la formación, hasta la
total sujeción al mando militar, requisito que debía analizarse en el caso concreto
para poder concluir que ninguna de estas funciones que eran exigibles al personal
civil vinculado por contrato laboral se cumplieron en la relación contractual con la
demandante.
1.3. La sentencia apelada
12. En sentencia proferida el 2 de mayo de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Meta se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la entidad demandada, por cuanto3:
13. De los testimonios, se evidenció que la demandante cumplió horarios en los
turnos asignados y que le impartían órdenes directas. Las testigos eran «fiables» al
desempeñarse como enfermeras jefas, unas, y auxiliares de enfermería, otras, en
la misma área en que ella trabajó, lo que les daba un conocimiento directo del tipo
de funciones que desempeñó en el hospital.
14. Durante el tiempo que Geny Guarín Sánchez prestó sus servicios como
enfermera jefa del hospital, siempre estuvo bajo la supervisión y órdenes de un
superior que en este caso era un suboficial del Ejército. Esto se corroboró con las
afirmaciones en cuanto a que este superior era quien fijaba los turnos de las
enfermeras jefes y quien otorgaba los permisos para ausentarse del hospital.
15. De lo dicho en las declaraciones recibidas se logró concluir que las funciones
que la demandante debía realizar no podían desarrollarse de forma autónoma e
independiente, puesto que siempre estaba sujeta a órdenes e instrucciones de un
superior del área en la que estaba asignada. Además, se debían realizar dentro de
las instalaciones del hospital, lo que permitió concluir que las circunstancias de
3 Samai, índice 31, archivos «23Sentencia_sentencia _F2500012333000201800 ».
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modo, tiempo y lugar eran iguales a las de las enfermeras jefe de planta.
16. Se rompió el elemento de la temporalidad propio de los contratos de prestación
de servicios, concluyéndose que las labores realizadas por la demandante fueron
permanentes, encontrándose así probado el elemento de subordinación
cuestionado por el hospital demandado.
17. No se podía desconocer que Geny Guarín Sánchez se desempeñó como
enfermera jefe del hospital de la entidad demandada y que, por la actividad de
prestación de servicios de salud del hospital, se podía afirmar que sus funciones
estaban relacionadas directamente con aquella, lo cual llevaba implícito el elemento
de la subordinación, en tanto que tenían carácter permanente, porque hacían parte
integral de la misión de cualquier entidad prestadora de servicios de salud.
18. Se acreditó el elemento de la subordinación porque tuvo la obligación de cumplir
el horario establecido, desempeñar las funciones al interior del hospital y seguir las
directrices y órdenes que le daba la persona designada en relación con la ejecución
de sus labores.
19. Entre la demandante y el hospital demandado sí se configuró una relación
laboral, ininterrumpidamente, en los periodos comprendidos entre el 1 de abril al 30
de junio de 2011 y el 1 de marzo de 2012 al 15 de diciembre de 2015, razón por la
que se declaró la nulidad del acto acusado y la existencia de una relación laboral.
20. Por tanto, tenía derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
ordinarias, liquidadas sobre los honorarios pactados en cada una de las ordenes de
prestación de servicios, de acuerdo con la sentencia de unificación del 25 de agosto
de 2016, proferida por el Consejo de Estado. No se accedió al reconocimiento de
alguna prestación extralegal, porque comportaban un beneficio para los empleados
públicos, condición que la demandante no ostentó.
21. Respecto del pago de las horas extras, recargos nocturnos, dominicales y
festivos, se advirtió que no era procedente ese reconocimiento, pues a pesar de que
se aportaron cuadros de turnos realizados por la demandante, no cumplió con la
carga de explicar de manera clara y precisa la información que ellos contenían,
«pues al juez no le está dado hacer suposiciones para determinar el número probable de
horas extras o de días festivos en que pudo haber laborado la demandante.»
22. En relación con la prescripción, se probó que la demandante perdió la
continuidad de su vinculación con la entidad demandada por el periodo comprendido
«entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de abril de 2013» (sic), pues transcurrieron más de
30 días hábiles, por ende, para efectos de la prescripción debía tomarse cada uno
de los periodos así: i) entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2011, debió efectuar la
reclamación dentro de los tres años siguientes, esto es, hasta el 1 de julio de 2014;
ii) entre el 1 de marzo de 2012 y el 15 de diciembre de 2015, debió efectuar la
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reclamación dentro de los tres años siguientes, esto es, hasta el 16 de diciembre de
2018. En el caso, se evidenció que la demandante efectuó la reclamación por todos
los periodos el 1 de diciembre de 2017, quedando prescripto el periodo comprendido
entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2011.
23. La entidad demandada deberá acreditar el pago de los porcentajes de
cotización a pensión por la cuota parte que esta no trasladó al respectivo fondo de
pensiones, evento el cual deberá determinar mes a mes si existía diferencia entre
los aportes que se debieron efectuar y los realizados por la demandante, durante el
tiempo que duró la vinculación contractual, esto es, desde el 1 de abril de 2011
hasta el 30 de junio de 2011 y desde 1 de marzo de 2012 hasta el 15 de diciembre
de 2015.
24.Por último, se precisa que el tribunal negó las demás pretensiones de la
demanda.
1.4. Los recursos de apelación
1.4.1. Parte demandante
25. Presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y lo
sustentó así4:
26. No se ordenó el reintegro de Geny Yulie Guarín Sánchez al cargo que
desempeñó a pesar de haberse demostrado que era de la planta de personal de la
entidad demandada. Lo que constituía discriminación por la forma en que fue
vinculada.
27. Se dispuso el reconocimiento de las prestaciones tomando para ello el valor de
los honorarios mensuales percibidos por la demandante, cuando lo procedente era
que se ordenaran a partir de lo que devengaba un funcionario de planta que tuviera
el mismo cargo de aquella.
28. No se reconoció el pago de los recargos nocturnos causados durante toda la
vinculación, a pesar de que se demostró el horario que cumplió, lo que se podía
corroborar de la lectura de los contratos.
1.4.2. Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
29. No se encontraron reunidos los presupuestos jurídicos para que procediera la
declaratoria de la relación laboral encubierta. Los contratos de prestación de
servicios suscritos con el Hospital Militar de Oriente no podían constituirse en el
4 Samai, índice 2, archivos «13001233300020190048700 » y «15RecursoApelaciónSentencia487».
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elemento probatorio suficiente para esa declaratoria, ya que cada uno de estos
señalaban la modalidad de los mismos, que existía ausencia de subordinación y por
tanto no había ningún vínculo laboral, lo cual fue plenamente aceptado por la
demandante con la suscripción de dichos contratos.
30. En el caso específico era claro que para el desarrollo del objeto contractual se
requería de una prestación personal del servicio, máxime si se tenía en cuenta que
se trataba de un servicio eminentemente profesional que solo podía ser ejecutado
mediante la prestación personal. Por lo tanto, no existía subordinación permanente
con la entidad contratante, comoquiera que nunca se presentó una dependencia
directa y permanente con el Hospital Militar de Oriente, razón por la cual no podía
operar la declaratoria solicitada.
31. El hecho de que la demandante acudiera un determinado número de horas a la
semana no constituía un elemento para afirmar que existiera una relación de
sujeción, más bien sí una relación coordinada entre la entidad y aquella para efectos
de establecer unas horas de labores, con el fin de armonizar su actividad con la de
la entidad.
32. El personal civil no uniformado vinculado a las Fuerzas Militares, debía acatar el
cumplimiento de unas obligaciones inherentes a la misión constitucional del Ejército
Nacional, lo cual implicaba desde la formación hasta la total sujeción al mando
Militar, requisito que debió analizarse en el caso concreto para poder concluir que
ninguna de estas funciones que eran exigibles al personal civil vinculado por
contrato laboral se cumplieron en la relación contractual con la demandante.
33. De los testimonios practicados se estableció que la demandante prestaba sus
servicios laborales con otras entidades, es decir, que era quien organizaba su
horario, para cumplir con sus funciones como enfermera jefe dentro de la institución
dispuesta en los diferentes contratos.
34. Asimismo, se observó que las testigos, cuyos declaraciones fueron tenidas en
cuenta en la sentencia de primera instancia, se encontraban como demandantes en
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que tenían como finalidad la
búsqueda de las mismas pretensiones, como es el caso de Carmen Andrea Tunjano
Pulecio, quien fungía como demandante en el proceso que cursó en el Tribunal
Administrativo del Meta con radicado 50001233300020180026500 y dentro del cual
Geny Yulie Guarín Sánchez fungió como testigo, por lo que existía un interés propio
en sus testimonios por parte de las testigos a una sentencia favorable dentro del
proceso.
1.5. Trámite en segunda instancia
35. En auto del 29 de noviembre de 2024 se admitieron los recursos de apelación
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presentados por las partes contra la sentencia del 2 de mayo de 2024 proferida por
el Tribunal Administrativo del Meta5.
36. El Ministerio Público no rindió concepto.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
37. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y
demandada, de conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los
cuales «[l]as salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos [...]».
2.2. Problema jurídico
38. De conformidad con el recurso de apelación, se debe resolver los siguientes
interrogantes:
38.1. ¿Entre Geny Yulie Guarín Sánchez y la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, se configuró una relación laboral? En caso de que
la respuesta a este interrogante sea afirmativa:
38.2. ¿La demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral, al pago de las horas
extras reclamadas y al reintegro al cargo?
39. Con el fin de resolver el anterior planteamiento, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial
de las relaciones laborales encubiertas; segundo, se expondrán los hechos
probados; y tercero, se resolverá el caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
40. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
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«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
41. Por su parte, el Decreto 2209 de 19986 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
42. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta.
De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
43. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
44. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución
Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia
laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto
señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
6 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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Demandante: Geny Yulie Guarín Sánchez
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
45. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)7 que previó una garantía al derecho a
la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor». En igual
sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización8, desarrolló el principio
anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor
se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».
46. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»9 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte deben
garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
47. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
7 Aprobada el 11 de abril de 1919.
8 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
9 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
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1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
48. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de
prestación de servicios.
49. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación10 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales11». (Resalta la Sala).
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
11 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
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50. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como
son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.
51. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
52.Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
53. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es, que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
54. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202112 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
55. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».
56. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.4. Hechos probados
57. En el expediente se encuentra probado lo siguiente:
57.1. Geny Yulie Guarín Sánchez suscribió contratos de prestación de servicios
profesionales con la entidad demandada cuyo objeto era prestar sus servicios como
enfermera jefe, principalmente en el Hospital Militar de Oriente de Villavicencio
(Meta), con el fin de brindar atención a los afiliados y beneficiarios del Subsistema
de Salud de las Fuerzas Militares. No obstante, en caso de requerir sus servicios el
contratista estaba obligado a prestarlos en los lugares de la jurisdicción de la
respectiva Unidad Operativa Menor y/o donde así lo requiera. De acuerdo con los
documentos aportados esta vinculación se dio así:
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Interrupción
Contrato Objeto Desde Hasta en días
hábiles
«[p]resta sus
servicios como
enfermera Jefe en el
HOSPITAL MILITAR
DE ORIENTE del
Ministerio de
1 146 de 201113 Defensa Nacional- 1 de abril de 2011 30 de junio de -
Dirección General de 2011
Sanidad Militar, bajo
la modalidad de
contratación de
prestación de
servicios […]»
«EI CONTRATISTA
[…] se compromete
con LA DIRECCIÓN
DE SANIDAD
EJERCITO-
HOSPITAL MILITAR
DE ORIENTE, a
prestar sus servicios
profesionales como
ENFERMERA JEFE
con el fin de brindar
atención a los 1 de marzo de 2012 31 de diciembre Más de 30
HOMIO-201214
afiliados y de 2012 días hábiles
beneficiarios del
Subsistema de
Salud de las Fuerzas
Militares […].
Servicio que se
desarrollará en
forma independiente
y con total
autonomía técnica,
administrativa y
financiera. […]»
2 31 de diciembre
HOMIO-201315 Ibidem 1 de enero de 2013 -
de 2013
3 025-HOMIO- 16 de enero de 30 de junio de
Ibidem 9 días hábiles
2014 «2013» 2014
4 175-HOMIO- 31 de diciembre
Ibidem 1 de julio de 2014 -
2014 de 2014
5 30 de mayo de
HOMIO-201516 Ibidem 1 de enero de 2015 -
2015
«PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES
0109 CENAC- COMO 15 de diciembre
1 de junio de 2015 -
201517 (Adición) ENFERMERA JEFE de 2015
EN EL HOSPITAL
MILITAR DE
ORIENTE»
13 De acuerdo con la certificación del 26 de agosto de 2015 expedida por el jefe de talento humano
del Hospital Militar de Oriente.
14 Es ilegible el número completo del contrato.
15 Es ilegible el número completo del contrato. Se suscribió el 9 de enero de 2013.
16 Es ilegible el número completo del contrato.
17 Suscrito el 10 de junio de 2015.
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57.2. En los contratos de prestación de servicios se pactaron las obligaciones que se
destacan a continuación:
« […]
6. Recibo y entrega de turno junto con el personal de auxiliares de enfermería.
7. Supervisar el recibo y entrega diaria del inventario del servicio.
[…]
16. Asistir a las reuniones programadas por la dirección del HOMIO o la enfermera jefe
del Departamento.
[…]
21. Apoyar un fin de semana los servicios de hospitalización, urgencias, sala de partos
y cirugía de acuerdo con las necesidades del HOMIO.
[…]
30. Conocer las normas, Leyes, Decretos, Acuerdos, Directivas y demás regulaciones
que rigen el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y dar correcta aplicación a las
mismas, dentro del ámbito de sus competencias.
[…]
41.Contribuir con el desarrollo del Establecimiento de Sanidad Familiar donde preste sus
servicios, revisando y mejoran los procesos de atención a fin de ofrecer un servicio
eficiente y de calidad a los usuarios.
41. Dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor del contrato.
[…]
46. Cumplir con los parámetros de productividad establecidos por la DIRECCIÓN DE
SANIDAD DEL EJÉRCITO – HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE y presentar
mensualmente informe de productiva al Supervisor del contrato, indicando el detalle de
tratamientos, consultas, procedimientos o actividades a su cargo, terminados o
ejecutados durante el mes anterior. […]» (sic)
57.2.1. Entre las obligaciones que se establecieron a cargo de la entidad
demandada, se encontraba la de i) vigilar el cumplimiento de las tareas y evaluación
de la productividad a cargo de la contratista; ii) solicitar informes a la contratista
sobre el desarrollo del objeto del contrato; iii) impartir órdenes y sugerencias por
escrito y formular las observaciones que se estimaran convenientes sobre el
desarrollo del contrato; iv) ejercer seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y jurídico sobre el cumplimiento del contrato; v) vigilar el cumplimiento de
las obligaciones del contrato asegurando que el contratista se ciñera a los plazos,
términos, calidades y condiciones previstas en el contrato18.
57.3. Se aportó el certificado de ingresos y retenciones de la demandante del año
2013, expedido por el Hospital Militar de Oriente del Ministerio de Defensa 19.
57.4. Asimismo, un cuadro de turnos de las enfermeras jefes del mes de julio de 2015
del Hospital Militar de Oriente, en el cual aparece consignado el nombre de la
18 Samai, índice 2, «Incorpora Expediente Digitalizado » página 76.
19 Samai, índice 2, «Incorpora Expediente Digitalizado » página 177.
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demandante para la prestación de sus servicios20.
57.5. Mediante certificado expedido el 1 de diciembre de 2015 por el jefe de talento
humano del Hospital Militar de Oriente se indicó que la demandante se
desempeñaba como enfermera bajo la modalidad de contrato de prestación de
servicio en ese hospital desde el 1 de marzo de 2011 al 31 de diciembre de 2015 21.
57.6. A través de certificación del 26 de agosto de 2015, se estableció que Geny
Yulie Guarín Sánchez prestaba sus servicios como enfermera jefe en el Hospital
Militar de Oriente del Ministerio de Defesa, Dirección General de Sanidad Militar,
bajo la modalidad de contratación de prestación de servicios que se relacionan a
continuación22:
Número de contrato Lapso de ejecución
Desde el 1 de abril del 2011 hasta el 30 de
146/2011
junio del 2011
Desde el 1 de marzo del 2012 hasta el 31
133/2012
de diciembre del 2012
Desde 1 de enero del 2013 hasta el 31 de
017/2013
diciembre de 2013
Del 16 de enero de «2013» al 30 junio de
025/2014
2014
Desde el 1 de julio de 2014 al 31 de
175/2014
diciembre de 2014
Del 1 de enero de 2015 al 30 de mayo de
026/2015
2015
Desde el 1 de junio de 2015 hasta el 15 de
109/2015
diciembre de 2015
57.7. Informe del cumplimiento del contrato 0109 del 1 de junio de 2015 por parte de
la demandante, en el que indicó las actividades que realizó de atención
intrahospitalaria durante los turnos asistencial del servicio de hospitalización y
urgencias, cumpliendo con un total de 14 turnos del 16 de septiembre al 15 de
octubre de 201523.
57.8. Mediante informe de supervisión del contrato 0190-CENA-2015 del 1 de junio
de 2015 suscrito por la demandante con el fin de «prestar los servicios profesionales
en el área de enfermería del Hospital Militar de Oriente», se indicó que cumplió con la
asistencia intrahospitalaria de acuerdo con el cuadro de turno de hospitalización y
con todos los procedimientos y requisitos establecidos para el acceso a los servicios
20 Samai, índice 2, «Incorpora Expediente Digitalizado» página 168.
21 Samai, índice 2, «Incorpora Expediente Digitalizado» páginas 180 a 182.
22 Samai, índice 2, «Incorpora Expediente Digitalizado» página 76.
23 Samai, índice 2, «Incorpora Expediente Digitalizado» páginas 173 a 174.
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por parte de los usuarios24.
57.9. La demandante presentó petición ante la entidad demandada, el 1 de diciembre
de 2017, en la que solicitó, «en virtud del principio constitucional de la primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación», el reintegro al
cargo de enfermera que ocupaba al momento de su despido o a uno de superior
categoría sin solución de continuidad; ii) el pago de las diferencias salariales, de las
cesantías y sus intereses, prima de servicios, navidad, vacaciones, bonificaciones
causados durante la relación laboral y los aportes a salud, pensión y «ARP»; ii) la
indexación de esas sumas; iii) la indemnización por no haberse consignado el auxilio
de las cesantías25.
57.10. Mediante Oficio 0430 del 7 de marzo de 2018 la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional, dio respuesta a la anterior petición de forma desfavorable, porque
la vinculación de la solicitante se había realizado bajo la modalidad de contratos de
prestación de servicios y de apoyo a la gestión para desarrollar actividades como
enfermera jefe, sus labores debían ser supervisadas por el profesional de la
medicina que se designara, en aras de garantizar la correcta ejecución del
contrato26.
58. Se practicaron los siguientes testimonios en la audiencia de pruebas celebrada
el 6 de junio de 2023, así:
59. Carmen Andrea Tunjano Pulecio.
59.1. Conoció a la demandante en el Hospital Militar en el año 2011 como enfermera
jefe, porque trabajó con ella como colega.
59.2. La demandante administraba los medicamentos de los pacientes, hacía
curaciones, revisaba y diligenciaba historias clínicas, toma de tensión arterial, todo
lo que es el cuidado de enfermería. Por ser enfermera jefa de la noche Geny recibía
dos servicios.
59.3. La demandante estaba vinculada mediante contrato de prestación de servicios,
igual al suyo.
59.4. Recibía llamados de atención cuando pasaba algo en el servicio, o por mal
diligenciamiento de un formato o por un evento con los pacientes. El jefe de
departamento hacía los llamados de atención que quedaban registrados en una
minuta.
24 Samai, índice 2, «Incorpora Expediente Digitalizado» páginas 180 a 181.
25 Samai, índice 2, «Incorpora Expediente Digitalizado» páginas 62 a 65.
26 Samai, índice 2, «Incorpora Expediente Digitalizado» páginas 67 a 69.
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59.5. La demandante cumplía turnos sobre todo en la noche de 7:00 pm a 7:00 am,
y cuando hacía turnos de día eran de 7:00 am a 7:00 pm, o de 7:00 am a 1:00 pm
o de 1:00 pm a 7:00 am. Esto de acuerdo con los cuadros de turno elaborados por
los jefes de planta o jefes militares.
59.6. No sabía si Geny trabajaba en otro lugar.
59.7. En el hospital había personal de planta que realizaba las mismas funciones de
enfermera jefe que desempeñaba la demandante.
59.8. Como contratistas no intervenían en la elaboración de los cuadros de turnos
que se les asignaba. Estos eran publicados en la cartelera de enfermería en cada
servicio e incluía los turnos del personal de planta y de contratistas.
59.9. No había diferencia entre las funciones de los enfermeros de prestación de
servicios y de planta, la única diferencia era que los de planta no hacían dominicales
ni noches, era la única diferencia.
59.10. Los elementos de trabajo eran suministrados por el hospital.
59.11. En el hospital hacía control de entradas y salidas del personal del hospital.
59.12. Los permisos se solicitaban a la enfermera jefe del departamento, solo
permitían dos o tres cambios de turnos por mes o excepcionalmente ante una
calamidad. Algunas veces no permitían hacer cambios de turnos.
59.13. No tenía conocimiento si Geny laboraba para otra institución. El hospital nunca
restringió al personal de planta o por contratación para que pudiera trabajar en otro
lugar.
59.14. En lo relacionado con el cuidado de los pacientes era autónomo por el
conocimiento que cada uno tenía, pero frente a los protocolos o procedimientos que
fijaba el hospital, los enfermeros debían ceñirse a ellos, no había autonomía en su
seguimiento.
59.15. Como enfermeras jefes recibían órdenes de los jefes del departamento de
enfermería, quienes entregaban los manuales de funciones y procesos e indicaban
cómo se debían cumplir las actividades.
59.16. Elhospital tenía aproximadamente, en el momento en que ella estuvo
vinculada en el hospital, 10 enfermeros contratistas y 3 o 4 de planta.
60. Yinet Ortiz Parrado.
60.1. Conoció a la demandante en el hospital en mayo de 2013, como enfermera
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jefe, porque trabajó como auxiliar en enfermería y ella era su jefe.
60.2. La demandante estaba vinculada mediante contrato de prestación de servicios.
60.3. Recibía llamados de atención cuando pasaba algo en el servicio o por mal
diligenciamiento de un formato o por un evento con los pacientes. El jefe de
departamento o un oficial o suboficial del Ejército hacían los llamados de atención,
algunos verbales y otros escritos que quedaban registrados en una bitácora de
turno.
60.4. Cumplía turnos en la noche de 7:00 pm a 7:00 am, de acuerdo con los turnos
fijados por el jefe del departamento de enfermería. A la demandante siempre la
dejaban en turnos nocturnos y apoyaba fines de semana; no podía elegir los turnos
a realizar.
60.5. En el hospital había personal de planta que realizaba las mismas funciones de
enfermera jefe que desempeñaba.
60.6. Como contratistas no intervenían en la elaboración de los cuadros de turnos
que se les asignaba. Estos eran publicados en la cartelera de enfermería en cada
servicio, en una hoja impresa.
60.7. Los permisos se solicitaban de forma verbal pero también había que firmar un
documento por parte del jefe de departamento de enfermería y la persona que pedía
el permiso, y se debía hacer con 4 o 5 días anticipados. Ese permiso lo decidía el
jefe de departamento.
60.8. Los elementos de trabajo eran suministrados por el hospital.
60.9. Los enfermeros jefes hacían notas de enfermería en un libro de entrega en
donde constaban las novedades, respecto de qué hacía el jefe de enfermería.
60.10. No existía diferencia en las funciones de los enfermeros de planta y
contratista. La única diferencia era que el personal de planta no trabajaba fines de
semana ni noches mientras que los contratistas sí.
60.11. Los enfermeros de planta ingresaban en esa época sobre las 8: 00 am y salían
a las 4:00 pm.
60.12. Había un oficial y un suboficial, quienes estaban a cargo del servicio y quienes
daban las órdenes inmediatas a la demandante e indicaban cómo se debían cumplir
con las actividades.
60.13. La planta de enfermeros jefes estaba conformada, aproximadamente, en 10%
con personal de planta y un 90% por prestación de servicios.
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60.14. Las actividades que realizaba la demandante eran permanentes y necesarias;
no esporádicas.
61. Bleidy Loreni Hortúa Sánchez
61.1. Conoció a la demandante en el hospital de oriente en el 2013, como enfermera
jefe del área de urgencias, pues trabajó con ella como auxiliar de enfermería en ese
año.
61.2. La demandante estaba vinculada mediante contrato de prestación de servicios.
61.3. No tuvo llamados de atención, pues era buena enfermera jefe. Sin embargo, el
demás personal sí era objeto de llamados de atención escritos por parte de un oficial
o suboficial.
61.4. Cumplía turnos en la noche, de 7:00 pm a 7:00 am, o en festivos o dominicales,
de acuerdo con los turnos fijados por el jefe inmediato, que era un sargento del
Ejército en ese momento. No tenían opción de elegir qué turno realizar.
61.5. En el hospital había personal de planta que realizaba las mismas funciones de
enfermera jefe que desempeñaba Geny Yulie, en horarios diferentes.
61.6. Sabía que la demandante trabajaba en ese momento también en la Clínica
Meta, pero no conocía qué turnos hacía ella. De manera general el personal de
enfermería realizaba turnos rotativos mañana, tarde y noche.
61.7. Como contratistas no intervenían en la elaboración de los cuadros de turnos
que se les asignaba. Estos eran elaborados por el jefe, Sargento Saavedra.
61.8. Cuando estaban de turno no se podían ausentar de forma autónoma, si
necesitaban un permiso dependían de que el superior se los diera.
61.9. Las enfermeras jefes debían diligenciar una minuta o libro.
61.10. Las enfermeras jefes, como la demandante, tenían restricciones para trabajar
en otra institución o IPS por razón de los turnos que hacían que eran de ocho horas.
61.11. La planta de enfermeros jefes estaba conformada, aproximadamente, «una de
planta y seis de prestación de servicios.»
61.12. Las labores que realizaba la demandante estaban sujetas a escalas
jerárquicas. El superior era el sargento de servicio y era quien daba las órdenes.
2.5. Análisis sustancial del caso concreto
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62. Con fundamento en lo expuesto, y en consideración a los argumentos de los
recursos de apelación la Sala analizará a continuación si se acreditaron los
elementos que permiten configurar una relación laboral entre Geny Yulie Guarín
Sánchez y la entidad demandada.
2.5.1. Prestación personal del servicio
63. De las pruebas aportadas al expediente se encuentra que la demandante estuvo
vinculada a través de contratos de prestación de servicios con la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección de Sanidad Militar, Hospital Militar
de Oriente, del 1 de abril de 2011 al 30 de junio de 2011, del 1 de marzo de 2012 al
31 de diciembre de 2012, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de
2013, desde 16 de enero de «2013» hasta el 30 de junio de 2014, del 1 de julio de
2014 al 31 de diciembre de 2014, del 1 de enero de 2015 al 30 de mayo de 2015 y
desde el 1 de junio de 2015 hasta el 15 de diciembre de 2015, periodos en los que
prestó sus servicios profesionales como enfermera jefe en el Hospital Militar de
Oriente, de manera que la prestación personal del servicio se encuentra acreditada
por los periodos antes referidos.
2.5.2. Remuneración
64. La demandante percibió una remuneración por el trabajo cumplido, tal como se
evidencia en las cláusulas contractuales, en las que se advierte que se estipuló el
valor y la forma de pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el
servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios
o salario).
2.5.3. Continuada subordinación o dependencia
65. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios recepcionados, se tiene que las funciones desempeñadas por la
demandante no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que esta
estuvo sujeta a horarios, instrucciones y órdenes que son de naturaleza
subordinada porque atienden al control de un superior (jefe del departamento de
enfermería o un oficial o suboficial de control de servicio del Ejército) para ejecutar
las obligaciones contractuales, por lo que existe una sujeción de aquella hacia la
entidad demandada y, en tal sentido, esta contaba en todo momento con la
posibilidad de disponer de su servicio, y aquella, a su vez, tenía la obligación
correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del ius variandi por parte de
la entidad prestadora de servicios de salud.
66. Los testimonios de Carmen Andrea Tunjano Pulecio, Yineth Isidora Ortiz
Parrado y Bleidy Loreni Hortúa Sánchez, compañeras de trabajo de Geny Yulie
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Guarín Sánchez, coincidieron en señalar que i) esta cumplía con unos turnos que
eran establecidos por los jefes del departamento de enfermería o por oficiales u
suboficiales del Ejército, por lo que no tenían la posibilidad de elegir que turno
realizar; ii) cuando requería de algún permiso debía solicitarlo al jefe del
departamento de enfermería; iii) le hacían llamados de atención que provenían de
un oficial o suboficial; y iv) recibía por parte de estos órdenes de cómo se iban a
cumplir las actividades durante el servicio.
67. Es necesario precisar, que si bien se observa del material probatorio que una
de las testigos manifestó que la demandante prestaba servicios laborales a la
Clínica Meta, lo cierto es que también indicó que no sabía que turnos cumplía allá,
lo que demuestra que no tenía suficiente claridad sobre la situación; además, no es
posible establecer si en efecto se trataba de otro vínculo laboral entre aquellos, toda
vez que no se aportó alguna prueba que así lo evidenciara.
68. Lo anterior, da cuenta de las condiciones bajo las cuales la demandante
prestaba sus servicios a la entidad demandada, de las cuales se destaca que en
ejercicio de sus funciones cumplía con un horario y seguía órdenes e instrucciones.
69. En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar,
inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que la trabajadora
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.
70. Esto se advierte luego de constatado el objeto, las obligaciones y las funciones
que se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre los
extremos del presente proceso, de los testimonios recibidos y demás pruebas
documentales aportadas en el caso bajo examen, como el informe de gestión sobre
el cumplimiento del contrato y cuadro de turnos. En ellos se aprecian actividades
que exigen para su ejecución necesaria dependencia y subordinación, por lo que la
Sala, al realizar una valoración bajo las reglas de la sana crítica de tales pruebas,
encuentra que es posible determinar la existencia de una relación laboral
subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear
de modo permanente y continuo los servicios de la demandante.
71. En efecto, Geny Yulie Guarín Sánchez prestó sus servicios como enfermera jefe
en el Hospital Militar de Oriente y cumplió, entre otras funciones, las de: i) recibir y
entregar turno juntos con el personal de auxiliares de enfermería; ii) supervisar el
recibo y entrega diaria del inventario del servicio; iii) apoyar un fin de semana los
servicios de hospitalización, urgencias, sala de partos y cirugía de acuerdo con las
necesidades del hospital; iv) conocer las normas, Leyes, Decretos, Acuerdos,
Directivas y demás regulaciones que rigen el Sistema de Salud de las Fuerzas
Militares y dar correcta aplicación a las mismas, dentro del ámbito de sus
competencias; v) contribuir con el desarrollo del Establecimiento de Sanidad
Familiar donde prestara sus servicios, revisando y mejorando los procesos de
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atención a fin de ofrecer un servicio eficiente y de calidad a los usuarios; y vi) dar
cumplimiento a los requerimientos exigidos por el supervisor del contrato.
72. Asimismo, se advierte que la misión de la Dirección de Sanidad Militar es la de
«Garantizar el apoyo de Sanidad en las operaciones de la Fuerza y la prestación de
servicios integrales de salud en las áreas de promoción, prevención, protección,
recuperación y rehabilitación de los afiliados al Subsistema de Salud de las Fuerzas
Militares, adscritos a los Establecimientos de Sanidad Militar del Ejército Nacional.»27,
función de carácter permanente que cumple en desarrollo de su actividad, lo que
guarda similitud con las actividades desempeñadas por la demandante, es decir, la
ejecución de las labores contratadas por parte de Geny Yulie Guarín Sánchez
permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad.
73. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
enfermera jefe al servicio de Sanidad Militar, Hospital Militar de Oriente, al tiempo
que corrobora que no puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución
de su objeto contractual para desempeñar esa labor, puesto que se trata de
funciones que atañen a la esencia y finalidad de la entidad.
74. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»28.
75. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador
hacia su empleador y, en tal sentido, esta cuenta en todo momento con la posibilidad de
disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle.
En efecto, el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus
propios elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a
este respecto le asista ningún tipo de independencia»29.
76. Por lo tanto, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba sujeto a
medidas u órdenes de la Dirección de Sanidad Militar, Hospital Militar de Oriente, a
saber: la imposición de un horario y/o el cumplimiento de turnos y la sujeción a
directrices del jefe del departamento de enfermería y el oficial u suboficial de control
de servicio, lo que demuestra que la demandada, en su calidad de empleadora,
contaba con la posibilidad de disponer del trabajo de la demandante, lo que denota
27https://www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co/direccion-sanidad-ejercito-nacional/institucional/entidad/mision-
vision-1
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
29 Ibidem.
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la existencia de una indiscutible subordinación.
77. Así las cosas, para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2011 y el 15
de diciembre de 2015 se encuentra demostrado, conforme con la copia de los
contratos de prestación de servicios, certificación laboral y las demás pruebas
documentales y testimoniales, la existencia de los elementos de la relación laboral.
78. Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909
de 2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio de salud. Por lo tanto,
la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue
contratada la demandante no es un argumento que enerve las consideraciones
expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de
la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la
subordinación de la entidad.
2.4.2. En relación con la prescripción de los derechos en litigio
79. Sobre el particular, en primer lugar, la Sala debe referirse a que el a quo declaró
la existencia de la relación laboral entre Geny Yulie Guarín Sánchez y la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Sanidad Militar durante el periodo
comprendido «entre el 1° de abril y el 30 de junio de 2011 y el 1° de marzo de 2012 y el
15 de diciembre de 2015», y la prescripción del periodo del 1 de abril de 2011 y el 30
de junio de 2011, por cuanto la reclamación solo la efectuó hasta el 1 de diciembre
de 2017.
80. En efecto se evidencia que la demandante presentó la solicitud del
reconocimiento del derecho en cuestión el 1 de diciembre de 2017, por lo que
transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar vía administrativa el
reconocimiento laboral y el pago de los salarios y prestaciones del periodo
comprendido entre 1 de abril de 2011 y el 30 de junio de 2011, en el cual existió una
interrupción superior a los 30 días entre ese contrato y el que inició el 1 de marzo
de 2012, razón por la cual le asiste razón al tribunal en declarar la prescripción del
anterior periodo.
2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
81. Se advierte que el tribunal ordenó el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales ordinarias liquidadas sobre los honorarios pactados en cada uno de los
contratos de prestación de servicios de acuerdo con la sentencia de unificación del
25 de agosto de 201630, sin embargo, esta Subsección ha considerado, lo
30 Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.
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siguiente31:
«[e]l demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores que por
concepto de prestaciones legales derivadas de la relación laboral debieron liquidarle, y
el criterio de la Sala es que la liquidación tendría que realizarse en consideración al
salario de un empleado de planta que desarrollara iguales funciones a las que ejecutó.
86. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración de los
trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de proporcionalidad, cantidad
y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en igualdad de condiciones, sin
desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando se trata de hipótesis distintas .
87. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, correspondería reconocer que la
labor desempeñada por Joan Sebastián Rodríguez Moreno debía ser remunerada
conforme con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales funciones
a las suyas.»
82. Por lo dicho, la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de los valores
que por concepto de prestaciones sociales legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, tomando como base el salario de un empleado de planta que
desarrollaba iguales funciones, correspondiente al periodo mencionado, salvo sus
interrupciones.
83.Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas a la demandante se sostuvo en anterior providencia32 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre la formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público, por lo que no
es posible reconocer prestaciones sociales de carácter extralegal que devenguen otros
funcionarios de la planta de personal del ente territorial demandado (…)». En
consideración a esto, a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento de las
prestaciones sociales de carácter legal que devengue un empleado de planta de la
entidad demandada que desarrollaba iguales funciones, tales como vacaciones,
primas, bonificaciones, cesantías entre otras, mas no podrán reconocérsele
aquellas extralegales, por cuanto comportan un beneficio para los empleados
públicos, condición de la que aquella carece. En ese sentido y en cuanto al reajuste
salarial, la Subsección reitera lo señalado en un pronunciamiento anterior, según el
cual el reconocimiento de una relación laboral no otorga la calidad de empleado
público y por eso «no surge el derecho al reconocimiento y pago de las diferencias
salariales»33.
31 Expediente 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023). MP Juan Enrique Bedoya Escobar.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado
66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014). MP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
33 Ibidem.
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84. En relación con lo anterior, encuentra la Sala que en el caso bajo examen no se
aportó un certificado mediante el cual se relacionaran los ingresos de un empleado
de planta que desarrollara iguales funciones que Geny yulie Guarín Sánchez. Por
tal razón, se ordenará que la entidad calcule las prestaciones sociales de orden
legal, para lo cual tomará como referente los salarios de un empleado de planta que
desarrollara funciones de enfermera jefe en el periodo reclamado, y solo en caso de
no existir se tendrá como base los honorarios pactados en los contratos de
prestación de servicios, entre las partes.
85. En cuanto al reintegro al cargo, esta Corporación ha considerado34 que la
declaratoria de una relación laboral encubierta entre las partes no implica que la
demandante obtenga la condición de empleada pública, porque no median los
componentes de una relación de carácter legal y reglamentaria, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 12235 de la Constitución Política, por lo tanto no puede
hablarse de un injustificado despido, además el contrato por ella suscrito tenía fecha
de finalización del cual tenía pleno conocimiento. Razón por la cual resulta
improcedente el reintegro pretendido.
86. De acuerdo con lo antes expuesto, tampoco es de recibo para esta Sala el
argumento de la entidad demandada consistente en que debió verificarse si Geny
Yulie Guarín Sánchez cumplía con las funciones que eran exigibles al personal civil
vinculado por «contrato laboral» a esa entidad, relacionadas con la misión
constitucional del Ejército Nacional, porque el estudio del caso bajo examen se
circunscribía a establecer si encontraban configurados los 3 elementos esenciales
de una relación laboral encubierta, más no si la demandante tenía calidad de
empleada pública con vinculación legal y reglamentaría, razón por la cual no hay
lugar a entrar a examinar las funciones del personal civil vinculado a esa entidad.
87. Ahora, frente a pago de los recargos nocturnos que asegura se causaron
durante su vinculación, se encuentra de las pruebas aportadas en el expediente un
cuadro de turnos correspondientes al mes de julio de 2015 y de los testimonios se
evidencia que cumplían con rotación de turnos diurnos y nocturnos, no obstante no
es posible establecer si estos fueron en efecto ejecutados, si existió compensación
o no y se le autorizó para tal efecto, por tanto, las simples afirmaciones de la
demandante no son suficientes para verificar y cuantificar esta pretensión.
88. Por último, en lo relativo al interés propio de las testigos alegado por la entidad
demandada en especial de Carmen Andrea Tunjano Pulecio, de quien indicó que
fungía como demandante en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con iguales pretensiones a las del presente asunto, al respecto el artículo 211 del
34 Sentencia del 7 de julio de 2022. Expediente 680001-23-33-000-2014-00384-01 (3316-2017).
35 «No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer
los de carácter remunerado se requiere que esten contemplados en la respectiva planta y previstos
sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.[…]»
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Código General del Proceso dispone:
«Artículo 211. Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el
testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su
credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o
interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras
causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez
analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de
cada caso»
89. De conformidad con lo anterior, se evidencia que lo que pretende la demandada
es tachar los testimonios practicados en el caso bajo examen, sin embargo, no hay
lugar a acceder a esa solicitud, comoquiera que si bien es cierto que Carmen Andrea
Tunjano Pulecio fungía como demandante en un proceso que se tramitó ante esta
jurisdicción36 en el cual se discutió el reconocimiento de una relación laboral entre
ella y la entidad aquí demandada, lo cierto es que ello no es motivo suficiente para
restarle valor probatorio a su declaración, pues no se advierte en qué medida se
puede ver afectada su imparcialidad en el proceso de la referencia, además, se
precisa que el mencionado proceso culminó en el año 2023.
90. Frente a las otras 2 testigos, la entidad acusada no sustentó ni acreditó el
presunto interés de estas, razón por la cual se desestimará tal cargo.
2.6. Costas
91. Al respecto, la norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
92. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
93. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
36Expediente 50001-23-33-000-2018-00265-01 (0298-2021).
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medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma37.
94. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
95. En el caso concreto, como no se evidenció que, la parte demandada actuara
con temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala revocará la condena en costas de primera
insta y se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Meta el 2 de mayo de 2024, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda presentada por Geny Yulie Guarín Sánchez, contra la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. Modificar el ordinal 4° de la sentencia proferida en primera instancia por
el Tribunal Administrativo del Meta, el cual quedará así:
4. A título de restablecimiento del derecho ORDENAR al Ministerio de Defensa
Nacional, Dirección General de Sanidad Militar-Hospital Militar de Oriente, que
reconozca y pague a Geny Yulie Guarín Sánchez, el valor equivalente a las
prestaciones sociales comunes devengadas por una enfermera jefe de planta
vinculada a dicha entidad, durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo
de 2012 y el 15 de diciembre de 2015, liquidadas sobre los salarios de un
empleado de planta que desarrollara funciones de enfermera jefe en el periodo
reclamado, y solo en caso de no existir se tendrá como base los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios, sumas que serán ajustadas
conforme con lo señalado en la parte motiva de esta providencia, debidamente
indexadas.
37En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Geny Yulie Guarín Sánchez
Las sumas que resulten a favor de la demandante se ajustarán a su valor, dando
aplicación a la siguiente fórmula:
R=Rh x índice final
índice inicial
El valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el
que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir el
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha
de ejecutoria de esta sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha en que
debería efectuarse el pago).
Tercero. Revocar la condena en costas impuesta en primera instancia.
Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.
Quinto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KBV
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