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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01425-01

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01425-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Modificar el ordinal 1° de la sentencia proferida el 13 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y en su lugar se dispone: PRIMERO. DECLARAR la nulidad de los actos fictos derivados de la falta de respuesta a las peticiones del 19 de febrero de 2016, del 2 de marzo de 2017, y el oficio de 27 de mayo de 2019, por medio de [los] cual[es] la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE negó la existencia de la relación laboral y el pago de prestaciones sociales al demandante. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, proferida el 13 de julio de 2023, en tanto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por Joan Sebastián Rodríguez Moreno contra la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 36 Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023) Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno 37

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01425-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

5 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno
Demandado: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE

Tema: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 13 de julio de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual accedió a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Joan Sebastián Rodríguez Moreno presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad del «acto administrativo ficto o presunto derivado
de la falta de respuesta clara y concreta de la petición del 18 de Enero de 2016 relacionada
con el aumento del sueldo del demandante, pago de sus prestaciones sociales, pago y
disfrute de vacaciones, etc.; y de la petición de Marzo 2 de 2017, con la que solicitó el
restablecimiento de su lugar de trabajo, horario y sueldo que traía, con el aumento de ley;
radicada ante la Sede Administrativa del Hospital Centrooriente; respuesta que no se hizo
en el término de ley, ni en forma concreta, ni mediante resolución, siendo así despedido,
igualmente no recibió respuesta en término de la petición de Noviembre 28 de 2018 en la

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

cual pidió la liquidación de las prestaciones sociales y demás derechos laborales al no
restablecérsele sus condiciones laborales solicitadas y darse así terminado el contrato de
trabajo (…) habiendo tenido que acudir a la tutela para recibir respuesta tardía que niega
los derechos laborales del trabajador, "amparándose" la entidad en el "contrato de
prestación de servicios" que fueron sucesivos, con otrosí y adiciones, para mantenerlo
permanente 6 años y 9 meses como Tecnólogo de Radiología, labor misional y con equipos
propios del Hospital» (sic).

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral desde el 15 de junio
de 2010 hasta el 28 de febrero de 2017; ii) el reconocimiento de los conceptos
salariales y prestacionales que de ello se derivaran, tales como salario y su reajuste,
cesantías y sus intereses, primas semestral y vacacional, bonificaciones por
recreación y servicios prestados, vacaciones, dotación, horas extras, auxilio de
alimentación y la indemnización por despido sin justa causa; iii) el pago de las
cotizaciones por concepto de salud y pensión conforme con el salario que le
correspondía recibir y el aporte especial por ejecutar una labor de alto riesgo, según
lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo2 y el artículo 5 del Decreto 2090
de 2003; iv) el reintegro de las sumas descontadas por concepto de retención en la
fuente y aportes a la seguridad social en salud y pensión; v) el ajuste del valor de la
condena de acuerdo con el índice de precios al consumidor; y vi) el cumplimiento
de la sentencia en los términos de los artículos [192 y 195 del CPACA]3.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Joan Sebastián Rodríguez Moreno prestó sus servicios como tecnólogo en
radiología en el Hospital Centro Oriente desde el 15 de junio de 2010 hasta el 28 de
febrero de 2017 de forma sucesiva e ininterrumpida.

3.2. Trabajó en horario de 1 a 7 pm de lunes a viernes, y de 7am a 7 pm los sábados,
domingos y festivos, con descanso de un fin de semana cada 15 días.

3.3. Desarrolló su labor bajo continua subordinación, en cumplimiento de los
reglamentos, de las órdenes del líder de la sede del hospital, del personal médico y
administrativo, atendiendo a los estándares de calidad de la institución. Debía rendir
informes, tomar las placas de RX, presentar las estadísticas de su labor y asear su
sitio de trabajo.

2 En lo que sigue CST
3 En tanto, la demanda fue radicada el 1° de octubre de 2019

2

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

3.4. Junto con otros compañeros de trabajo, interpuso acción de tutela con la
finalidad de obtener respuesta a las peticiones presentadas en los años 2015 y 2016
en las que solicitó el reconocimiento de un «contrato realidad», sin embargo, la
entidad sólo se refirió a la naturaleza del contrato de prestación de servicios y la
norma que facultaba la vinculación a través de esa modalidad, sin que con ello se
atendiera la petición de fondo.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 6, 12, 25, 53, 121 a 128, y 315 de la
Constitución Política; 252 de la Ley 4 de 1913; 7, 9 y 10 del Decreto 1950 de 1973;
y el CST.

5. En cuanto al concepto de violación expuso que «el demandado no acogió las
reclamaciones y/o peticiones del trabajador, no le dio respuesta concreta, ni en término
legal, incurrió así en violación de norma superior por falta de aplicación de la ley, aplicación
indebida e interpretación errónea de la misma; con lo cual omitió la vinculación laboral y
reglamentaria mediante acta de nombramiento, con el propósito de "ahorrar" y no
reconocerle los reajustes de sueldo, prestaciones sociales y demás derechos laborales,
aquí pretendidos. El acto acusado incurrió en falta de respuesta mediante acto o resolución,
respuesta con falsa motivación porque negó el reconocimiento de las prestaciones sociales,
a sabiendas que los contratos de prestación de servicios fueron simulados, pues en todo
momento estuvieron presentes los elementos laborales: a) actividad personal, b)
subordinación o dependencia al exigirse el cumplimiento de órdenes por un superior; c)
remuneración mensual del servicio» (sic)4.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE se opuso a las
pretensiones de la demanda con fundamento en lo siguiente5:

6.1. La vinculación con el demandante fue a través de contratos de prestación de
servicios, en virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993. Se ejecutaron en el plazo
acordado y bajo las condiciones pactadas, esto es, el desarrollo de las labores con
autonomía, independencia y coordinación de las obligaciones específicas
contratadas. En esa medida, toda vez que la naturaleza de la vinculación obedeció
a una relación contractual, no se generó una relación laboral ni el reconocimiento
de prestaciones sociales.

6.2. El contratista suscribió de forma libre y voluntaria los contratos cuyo objeto

4 Folios 1 a 6 del cuaderno 1.
5 Folios 189 a 198 del cuaderno 1.

3

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

ejecutó de forma autónoma, independiente y sin subordinación, «sin que en el
transcurso de la relación hubiese manifestado inconformidad alguna» (sic).

6.3. Los contratos de prestación de servicios suscritos con el demandante estuvieron
fundados en la falta de personal de planta en la Empresa Social del Estado, que por
la importancia del servicio que presta y al gozar de autonomía administrativa,
presupuestal y financiera estaba en la capacidad de celebrar los contratos que
considerara pertinente para el desarrollo de su misión.

6.4. El cumplimiento de un horario o el hecho de recibir instrucciones de un superior
no significaba la configuración del elemento de subordinación, sino la manifestación
de concertación o coordinación de actividades contractuales que debe existir entre
las partes.

6.5. Propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia del derecho y de la
obligación; ii) ausencia de vínculo de carácter laboral; iii) cobro de lo no debido; iv)
«el demandante es parcialmente coautor»; v) legalidad de los contratos suscritos entre
las partes; y vi) prescripción.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia proferida el 13 de julio de 2023 declaró la nulidad «del oficio de 27 de mayo
de 2019, por medio del cual la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E negó la existencia de la relación laboral y el pago de
prestaciones sociales al demandante», y a título de restablecimiento del derecho
ordenó:

«TERCERO. CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la SUBRED
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E., a reconocer y
pagar al señor JOAN SEBASTÍAN RODRÍGUEZ MORENO (C.C. 1.010.190.149) una
indemnización que se cuantifica con el valor de las prestaciones sociales de orden legal,
incluidas las cesantías y los intereses a las cesantías que debió recibir y que por la
irregular vinculación no fueron pagadas; tomando como base el monto de los honorarios
pactados por el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2010 a 31 de marzo de
2017, descontando los tiempos en que existieron interrupciones y que se compute ese
tiempo para efectos pensionales.

Así mismo, la entidad condenada deberá tomar el IBC de la demandante y verificar ante
la respectiva Administradora de Fondos Pensionales, si existió diferencia entre los
aportes pensionales que se debieron efectuar y los efectivamente realizados, por todo el
tiempo en que al señor JOAN SEBASTÍAN RODRÍGUEZ MORENO desarrolló labores
en la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
(15 de junio de 2010 a 31 de marzo de 2017), y en caso de ser así, cotizar al fondo la
suma faltante en el porcentaje que le corresponda como empleador.

4

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO. INDEXAR la condena como lo ordena el artículo 187 del C.P.A. C.A. y cumplir
la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 de la misma obra» (sic).

8. Para tal efecto, en primer lugar precisó que «pese a que en las pretensiones de la
demanda se impetra la nulidad de actos fictos negativos, existieron respuestas expresas
que negaron las peticiones de la existencia de una relación laboral y por consiguiente el
reconocimiento de prestaciones; pese a ello con el propósito de garantizar el derecho de
acceso a la justicia se entrará a conocer de la demanda de la manera propuesta y porque
además las respuestas fueron negativas y la entidad se defendió entendiendo el problema
jurídico de manera exacta. Además, debe dejarse evidenciado que si bien es cierto presentó
varias peticiones, entre ellas, una cuestionando el cambio de sitio de trabajo y otra criticando
el valor de los honorarios; lo cierto es que la única que refiere a la declaratoria de un contrato
de trabajo y el consecuente pago de prestaciones sociales fue la de 28 de noviembre de
2018, se tendrá como único acto acusado en consecuencia, el oficio de 27 de mayo de
2019, el cual respondió negativamente la solicitud del actor. Relevándose que la respuesta
se dio por fuera del término legal» (sic).

9. En segundo lugar, y luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable
al asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente6:

9.1. El objeto de todos los contratos suscritos por el demandante fue principalmente
la toma de radiografías, el mantenimiento de los espacios y equipos pertenecientes
al área de RX y el manejo de desechos y material contaminante, labores que
guardaban estrecha relación con la misión de la institución hospitalaria, tanto fue
así, que en el año 2020 la planta de personal contaba con 16 cargos denominados
técnico área de salud y dentro de sus funciones se incluyó la toma y revelado de
radiografías. Luego, el ejercicio de la actividad que desarrolló el demandante hacía
parte del objeto misional de la ESE pues, se trató de un servicio asistencial en salud.

9.2. Se
desconoció la prohibición de permanencia y excepcionalidad ya que el
demandante prestó sus servicios durante 6 años, 8 meses y 15 días.

9.3. Se acreditaron los elementos de la relación laboral, esto es i) la prestación
personal del servicio, en tanto no se discutía la celebración de los contratos y fue el
demandante quien prestó el servicio, además, los contratos incluyeron una cláusula
que prohibía la cesión sin el consentimiento de la entidad contratante; ii) la
remuneración, pues percibió el pago de honorarios; y iii) la subordinación o
dependencia porque de acuerdo con la naturaleza de las funciones que desempeñó
fue claro que contribuyó al desarrollo de la misión institucional, estaba sujeto a

6 índice 41 Samai del tribunal.

5

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

protocolos estrictos que no permitían decisiones autónomas, era un servicio
asistencial que se prestaba las 24 horas de los 7 días de la semana que conllevaba
a un sistema de turnos que permitió inferir la inexistencia de diferencias entre
personal de planta y contratista para su cumplimiento.

9.4. No procedía la condena en costas debido a que no hubo conducta dilatoria o de
mala fe en la actuación de la entidad demandada.

1.4. El recurso de apelación

10. La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE recurrió la
sentencia de primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos7:

10.1. El hecho de que el demandante hubiese realizado personalmente y en la sede
de la institución las actividades contratadas, ello no daba lugar a la declaración de
la existencia de la relación laboral, en tanto lo que se garantizó fue el cumplimiento
del objeto contractual.

10.2. No se acreditó la subordinación debido a que no probó que le fuesen impartidas
órdenes operativas o misiones de trabajo en las que se especificara las
instrucciones particulares sobre la labor a desarrollar, ni la equidad o similitud como
parámetro de comparación con los demás empleados de planta, o de las que se
pudiera afirmar que dependía de un superior jerárquico pues, tal y como lo manifestó
en el interrogatorio, le fue designado fue un supervisor.

10.3. Para el ejercicio de la actividad desarrollada era necesario emitir pautas,
instrucciones y turnos, como se advirtió de los contratos y las pruebas; sin embargo,
ello no implicó una subordinación, toda vez que tales aspectos estaban orientados
a una relación de coordinación de las diferentes actividades a cargo del contratista
y constituía una obligación constitucional y legal de la ESE, encaminada al
cumplimiento del contrato y a salvaguardar los recursos públicos. Así lo ha
considerado el Consejo de Estado en las sentencias del 10 de diciembre de 20158
y del 28 de marzo de 20199.

10.4. Las pruebas testimoniales no demostraron la subordinación ni el cumplimiento
de horario, ya que los testigos no presenciaron de manera directa las circunstancias
de tiempo y modo en que el demandante prestó sus servicios, toda vez que no
compartían igual espacio físico durante el desarrollo de sus respectivas obligaciones
contractuales.

7 índice 44 Samai del tribunal.
8 Radicado: 25000232500020110104001(0725-2014), C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
9 Radicado: 52001233300020130008401(1415-14), C.P. William Hernández Gómez.

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

10.5. Si bien el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 contiene una presunción «iuris
tamtum», según la cual los contratos de prestación de servicios no generan, en
ningún caso, relación laboral ni dan lugar al reconocimiento de prestaciones
sociales, dicha presunción puede ser controvertida y desvirtuada. No obstante, en
el presente caso, quien alegó la existencia de la relación laboral no logró
desvirtuarla.

10.6. Se debió tener en cuenta que toda reclamación debe efectuarse en los 3 años
posteriores a la causación del derecho, tal y como lo indicó la sentencia del 18 de
febrero de 201010 del Consejo de Estado.

1.5. Trámite en segunda instancia

11. Joan Sebastián Rodríguez Moreno presentó una «replica» al recurso de
apelación, en que señaló que i) a diferencia de lo señalado por la accionada sí se
presentó la subordinación en su relación con aquella; ii) no existió la prescripción
aludida por la demandada; y iii) no hubo interrupción del vínculo entre los días 11 y
31 de enero de 201311.

12. Con el anterior memorial, que a su vez fue adicionado el 26 de febrero de 202412,
se aportaron los siguientes documentos: i) captura de pantalla de un correo enviado
al demandante el 28 de febrero de 2017 a través del cual se fijaron los turnos de
trabajo; ii) fotografía de un «hace contar» del 9 de marzo de 2017, a través del cual
se relacionan los contratos celebrados entre el demandante y la demandada,
suscrito por el jefe de la oficina jurídica de la Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.; iii) fotografías del libro de actas de entrega de turnos del
Hospital Centro Oriente; iv) acta de entrega del puesto por parte del técnico
radiólogo Ernesto Vergara al demandante; v) copia del contrato de prestación de
servicios 838 de 2012 celebrado entre el demandante y la entidad demandada para
prestar sus servicios como técnico en RX; vi) fotografía de un documento en el cual
se relacionan los siguientes contratos: 643 de 2012; 838 de 2012; prórroga del 838
de 2012; 838 de 2013; 208 de 2013 y 142 de 2014; vii) acta de adición al contrato
383 de 2012 celebrado entre el demandante y la entidad demandada; y viii)
documento enviado al demandante en el que se le convocó a una reunión para el
28 de junio de 2011 de carácter obligatorio como miembro del personal de salud del
hospital.

10 «Sección Segunda, Subsección B. C.P. Gerardo Arenas Monsalve, proceso 25000-23-25-000-

2003-09269-02 1741-08); Consejo de Estado Sección Segunda, sentencia del 27 de enero de 1994,
Proceso o 8847, C.P. Clara Forero de Castro».
11 índice 3 de Samai.
12 Índice 9 de Samai.

7

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

13. Mediante auto del 14 de julio de 202513, este despacho negó la solicitud
probatoria en segunda instancia, debido a que el demandante no señaló ninguna de
las causales previstas en el artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo 53
de la Ley 2080 de 2021, para decretar como pruebas los documentos señalados;
sin embargo, encontró que estos reunieron los requisitos de pertinencia, utilidad y
conducencia para ser considerados como tales y que podían contribuir a
comprender de mejor manera la situación jurídica respecto de la relación laboral
encubierta que invocaba, razón por la cual se decretaron de oficio. De los anteriores
documentos se corrió traslado por el término de 3 días, de conformidad con el
artículo 110 del Código General del Proceso. No obstante, no hubo pronunciamiento
alguno.

14. Por medio del auto del 15 de octubre de 202514 se concedieron 10 días para que
las partes presentaran sus alegatos por escrito, de conformidad con el numeral 5
del artículo 247 del CPACA.

15. En virtud de lo anterior, Joan Sebastián Rodríguez Moreno se pronunció al
respecto, de lo que se extrae15:

15.1. Existió subordinación, debido a que al iniciar con sus funciones [15 de junio de
2010], asumió la responsabilidad del departamento de radiología del hospital (que
en aquel entonces no era la Subred Integrada de Servicios de Salud, sino el hospital
Centro Oriente), que solo contaba con ese servicio en la sede Perseverancia, el cual
era prestado por un tecnólogo en radiología [Ernesto Vergara] que estaba vinculado
a la planta de personal de la institución. En esas condiciones, cuando ingresó lo
hizo para suplir un cargo permanente del hospital, a través de sucesivos contratos
de prestación de servicios que se extendieron por varios años y para cumplir con
idénticas funciones, responsabilidades y horarios a los del trabajador de planta que
lo antecedió.

15.2. Ahora, una clínica u hospital no puede operar sin departamento de imágenes
diagnósticas (radiología), el cual constituye uno de los requisitos previos que estas
instituciones deben acreditar para la habilitación de otros servicios. Por
consiguiente, estuvo obligado a cumplir con horarios de atención, inicialmente, en
la sede de la Perseverancia de 8 am a 5 pm y, posteriormente, en la sede Guavio.

1.6. Concepto del Ministerio Público

13 Índice 21 de Samai
14 Índice 31 de Samai.
15 Índice 33 de Samai.

8

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

16. Elprocurador delegado solicitó que se revocara la sentencia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda bajo la consideración de que las
pruebas recaudadas en el proceso no fueron suficientes y contundentes para
demostrar el elemento de la subordinacióncon y que se hubiese limitado la
autonomía del actor para cumplir con sus funciones16.

16.1. Encuanto a las declaraciones juramentadas aportadas se extrajo que el
demandante laboró en la toma de RX y cumplió con un horario, pero no que
ejecutara sus obligaciones bajo subordinación, «pues es un dicho somero de
circunstancias que sucedían en el ejercicio de sus obligaciones y no se evidencian con
profundidad detalles contundentes que prueben tal elemento».

16.2. Los Acuerdos Distritales 17 del 10 de diciembre de 1997 y 641 del 6 de abril de
2016 no son pruebas idóneas para acreditar la existencia de la relación laboral,
porque solo contienen la decisión de la administración de cambiar la naturaleza
jurídica de los establecimientos públicos que prestaban servicios de salud en
Bogotá.

16.3. En torno a los actos administrativos de nombramiento con los cuales el
demandante pretendió probar la existencia de personal de planta que se
desempeñaba como técnico de imágenes diagnósticas en hospitales de Bogotá, de
ellos no se demostró que los empleos tuvieran asignadas funciones iguales o
similares a las ejecutadas por él. Además, las vinculaciones fueron anteriores a la
del demandante en el año 2010 y a la expedición del Acuerdo Distrital 641 del 6 de
abril de 2016 que determinó organizar el sector salud y, a su vez, dispuso crear las
nuevas cuatro subredes de salud como Empresas Sociales del Estado.

17. Finalmente, los demás documentos aportados no permitieron acreditar la
subordinación, pues: i) la transcripción de conversaciones no debía tenerse en
cuenta porque no se respetó su cadena de custodia; ii) las firmas relacionadas en
las minutas de turnos entre el 9 de enero de 2013 y el 4 de febrero de esa misma
anualidad no eran legibles y en pocas estaba la anotación «Joan R», y tampoco
daba certeza de que se trataba de un control del horario; iii) el acta de entrega de
materiales de consumo remitida por Ernesto Vergara Quintero al demandante no
evidenciaba subordinación; iv) la convocatoria a una actividad obligatoria no
específica que este dirigida al actor, y los documentos allegados por el Ministerio
Público tampoco otorgaban certeza de que la entidad demandada le exigiera a Joan
Sebastián Rodríguez Moreno el cumplimiento de órdenes, jornada y horario.

2. Consideraciones

16 Índice 36 de Samai.

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

2.1. Cuestión previa -Actos administrativos demandados

18. Según la demanda, los actos administrativos demandados son: actos fictos
producto del silencio administrativo negativo por la falta de respuesta a las
peticiones i) del 18 enero de 2016 [presentada el 19 de febrero de ese año] radicado
R-883/2016; y del 1 de marzo de 2017 [presentada el 2 de marzo de igual año]
radicado 201770001102; y ii) de «[n]oviembre 28 de 2018 en la cual pidió la liquidación
de las prestaciones sociales y demás derechos laborales al no restablecérsele sus
condiciones laborales solicitadas y darse así terminado el contrato de trabajo (…) habiendo
tenido que acudir a la tutela para recibir respuesta tardía que niega los derechos laborales
del trabajador» (sic).

19. En la contestación de la demanda la Subred se opuso a las pretensiones de esta
y aunque no cuestionó los actos acusados propuso la excepción de caducidad del
medio de control con fundamento en que el demandante había presentado múltiples
peticiones para que se le reconociera la existencia de una relación laboral con las
que pretendió revivir términos. Sobre el particular, relacionó las respuestas
otorgadas por la ESE a diferentes quejas y solicitudes presentadas por el
demandante ante las entidades como la Dirección de Análisis de las Entidades
Distritales del Sector Salud, la Personería de Bogotá, el Senado de la República, la
Secretaría Distrital – Control Interno, la Defensoría del Pueblo y al peticionario, entre
otros.

20. Específicamente, sobre los actos demandados señaló:

«Cabe la pena aclarar que la petición que alude el Demandante presentó el 18 de enero
de 2016. fue recibida en la sede Administrativa del antes Hospital Centro Oriente II Nivel
ESE, el día 19 de febrero de 2016, con Radicado R-883/2016, con firma de los señores
HERMES LEONARDO REINOSO T, con Cédula de Ciudadanía No. 1120564854 y
JOAN SEBASTIÁN RODRÍGUEZ. M. con Cédula de Ciudadanía No. 1010190149.

El día 1 de marzo de 2016, la oficina de Gerencia Participativa y Atención al Usuario
recibe respuesta al requerimiento, desde la Oficina Jurídica por correo electrónico,
contratación@esecentrooriente.gov.co, con firma de gerencia.

El día 2 de marzo de 2016, se fija edicto en la sede Administrativa por 5 días hábiles,
dando respuesta al requerimiento, en razón a que los peticionarios no suministraron
dirección de notificación ni datos de contacto, tal y como ese observa en el petitorio. Por
lo que la petición, se atendió y resolvió mediante escrito publicado en la sede
Administrativa, dada la imposibilidad de comunicarla directamente al peticionario por
ausencia de dirección en el escrito petitorio.

Situación que fue de conocimiento de la secretaría común de asuntos disciplinarios de
la Personería de Bogotá, por queja que presentó el Señor Joan Sebastián Rodríguez.

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

En relación, con la petición que refiere de fecha 02 de marzo de 2017, la Entidad en igual
sentido, dio contestación mediante radicado E-641/2017.

Finalmente, frente a la petición del 28 de noviembre de 2018 que refiere el actor, se
aclara: Mediante petición de fecha 01 de noviembre de 2018, radicado interno
201800248492. el Señor JOAN SEBASTIÁN RODRÍGUEZ, peticiona:

(...) “PRIMERO: Se declare que entre el HOSPITAL CENTRO ORIENTE, contratante y.
el trabajador JUAN SEBASTIÁN RODRÍGUEZ MORENO existe un contrato realidad
laboral.
SEGUNDO: En consecuencia, se ordene a la demandada, al reconocimiento y pago de
los reajustes de sueldo anual desde Enero 01 de 2011 a la fecha en que se produzca la
sentencia” (…).

Mediante radicado interno 20181 100317081 del 27 de noviembre de 2018, la Entidad
emite contestación a la petición elevada por el ciudadano.

A través de petición de fecha 28 de noviembre de 2018, radicado interno
20183500267882, el peticionario insiste en la petición anterior, señalando entre otras:
"pues NO CONTESTARON CADA NUMERAL y argumentan erróneamente que ya
dieron respuesta anterior”

Mediante radicado interno 20193500106572, de fecha 17 de mayo de 2019, la
personería de Bogotá, peticiona: "acudo a usted respetuosamente para solicitarle al
amparo de lo preceptuado por la Ley 1755 del 2015, se sirva informarme el trámite que
surtió en su despacho frente a la petición del Ciudadano Joan Sebastián Rodríguez
Moreno", haciendo referencia a la precitada petición.

Mediante radicado 20191100161581, de fecha 27 de mayo de 2019, la Entidad dio
contestación a la petición de fecha 28 de noviembre de 2019, elevada por el Señor JOAN
SEBASTIÁN RODRÍGUEZ; petición, que también había sido contestada a través del
radicado 20191100074051, de fecha 14 de marzo de 2019, y que así lo confirma el
ciudadano en los anexos a la precitada petición elevada por la personería de Bogotá,
radicado 20183500267882» (sic).

21. Posteriormente, en la audiencia inicial se estableció el problema jurídico en torno
a la legalidad de los actos administrativos relacionados en la demanda. No obstante,
en la sentencia de primera instancia se declaró la nulidad de la respuesta del 27 de
mayo de 2019 [esto es a la solicitud del 28 de noviembre de 2019], pero en ella solo
se indicó que la subred había cumplido con sus obligaciones de otorgar respuestas
a las múltiples solicitudes presentadas por el demandante y las relacionó a partir de
la interpuesta el 4 de mayo de 2017 y hasta la del 9 de mayo de 2019. En cuanto a
la notificación de la respuesta a la petición de febrero de 2016 señaló que
correspondía al peticionario indicar la dirección y, ante tal omisión, la ley permite
publicar la citación para la notificación de la respuesta en la página electrónica,
como afirma lo realizó [sin que se observe anexo o documento que lo pruebe].

22. Adicionalmente, obra incompleta la sentencia de tutela de segunda instancia del

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

10 de junio de 2019, en el que se ampararon los derechos de Joan Sebastián
Rodríguez Moreno y se le ordenó a la subred que diera respuesta a la petición del
28 de noviembre de 2018.

23. Ahora bien, según consta en el auto que resuelve excepciones previas la
demanda fue presentada ante la jurisdicción ordinaria el 28 de junio de 2017,
remitida por falta de jurisdicción y competencia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca con radicado del 1° de octubre de 2018 y admitida el 8 de noviembre
de 2019.

24. De acuerdo con lo anterior y lo allegado al proceso, se tiene:

Petición Respuesta Notificación o Decisión
comunicación
18 de enero de 2016 Oficio 0010 2 de marzo de 2016 se Negó el
radicada el 19 de (incompleto)17 fijó en edicto en la reconocimiento de la
febrero de 2016 Rad. sede administrativa relación laboral y el
R-883/2016 por 5 días hábiles, en pago de las
razón a que en la prestaciones sociales
petición no se dejó y demás
dato de contacto18 emolumentos.
1 de marzo de 2017 Oficio E-641/2017 del 3 de abril de 201720 Negó el
radicada el 2 de marzo 29 de marzo de 2017 19 reconocimiento de la
de 2017 Rad. relación laboral y el
201770001102 pago de las
prestaciones sociales
y demás
emolumentos.
28 de noviembre de Oficio 28 de mayo de 201922 Refiere que ha
2018 radicada ese 20191100161581 del contestado las
mismo día Rad. 27 de mayo de 201921 múltiples peticiones
20183500267882 presentadas por el
demandante

25. Así las cosas, pese a que las pretensiones de la demanda se dirigieron contra
actos fictos negativos, lo cierto es que la entidad demandada sí profirió actos
administrativos expresos; sin embargo, las comunicaciones mediante las cuales se
pretendió su notificación no garantizaron de manera efectiva el acceso del
demandante a tales decisiones, razón por la que le fueron inoponibles. Lo anterior,
porque para la fecha de expedición de los oficios 010 y E-641/2017 aquel aún

17 Folio 149 del cuaderno 1
18 Folio 148 del cuaderno 1
19 Folios 131 a 134 del cuaderno 1
20 Folio 131 del cuaderno 1 firma de recibido del demandante
21 Folio 137 revés y 138 del cuaderno 1
22 Folio 137 revés del cuaderno 1 firma de recibido del demandante

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

prestaba sus servicios para la ESE, de modo que, pese a no haber suministrado
una dirección de notificación, desarrollaba su labor en sus instalaciones,
circunstancia que hacía viable la notificación personal. En ese contexto, la
notificación por edicto del oficio 010 resultó insuficiente para asegurar el
conocimiento oportuno de la decisión administrativa, motivo por el cual Joan
Sebastián Rodríguez Moreno demandó el acto ficto negativo derivado de la petición
del 19 de febrero de 2016.

26. Así pues, la notificación de los actos administrativos, como garantía del debido
proceso, constituye uno de los instrumentos mediante los cuales la actuación
administrativa materializa el principio de publicidad. A través de ella no solo se pone
en conocimiento de los interesados las decisiones que concluyen una actuación
administrativa, sino que, además, a partir de su realización efectiva, aquellos
pueden ejercer de manera plena y oportuna su derecho de defensa.

27. En ese orden de ideas, en el caso concreto, comoquiera que los actos
administrativos expresos no fueron notificados al demandante y, por ende, no
produjeron efectos jurídicos frente a este, resultaron inoponibles. En consecuencia,
demandó el acto ficto derivado del silencio administrativo negativo, con lo cual
ejerció su derecho de defensa y acceso a la administración de justicia.

28. Ahora, si bien la ESE emitió una respuesta con radicado E-641/2017 la cual fue
notificada al demandante, lo cierto es que la decisión fue dirigida a la Personería de
Bogotá en respuesta a un trámite iniciado por aquel en esa entidad y en su asunto
se dio contestación a «[d]erecho de Petición. Radicado SINPROC 360279 v 360062
Radicado: 2017EE635924 - 2017EE637654 SDQS 487772017 - 472522017 - 523492017»
y no directamente a la petición con radicado 201770001102 del 2 de marzo de 2017
presentada por el demandante ante la ESE y frente al cual señaló que se había
configurado el silencio administrativo negativo.

29. En relación con la petición presentada el 28 de noviembre de 2018 se tiene que
la entidad adujo que fue contestada el 27 de mayo de 2019 y se allegó junto con la
contestación de la demanda. Así pues, pese a que en su contenido solo se indicó
que ya se había otorgado respuesta a las solicitudes presentadas por el
demandado, se infiere que reitera la negativa y, comoquiera que, se emitió con
anterioridad a que se admitiera la demanda, se integrará y se incluirá su análisis de
legalidad.

30. En consecuencia, se tendrán como demandados los actos fictos negativos
derivados de la falta de respuesta a las peticiones del 19 de febrero de 2016 y del
2 de marzo de 2017 y el oficio de 27 de mayo de 2019, mediante el cual la Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE reiteró la negativa sobre la

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

existencia de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales reclamadas
por el demandante.

2.2. Los problemas jurídicos

31. Se circunscriben a determinar ¿si entre Joan Sebastián Rodríguez Moreno y la
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE se configuró una
relación laboral? y si ¿aquel tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

32. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

33. Por su parte, el Decreto 2209 de 199823 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

34. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para

23 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

35. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.

36. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

37. Así,cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)24 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 25, desarrolló el

24 Aprobada el 11 de abril de 1919.
25 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».

38. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»26 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

39. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».

40. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o

26 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

41. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación27 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales28». (Resalta la Sala).

42. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

43. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
28 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

44. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

45. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es, que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

46. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202129 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los

29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

47. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».

48. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.3. Caso concreto

49. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

2.3.1. Documentales

50. Durante el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2010 y el 31 de marzo de
2017, Joan Sebastián Rodríguez Moreno estuvo vinculado con la Subred Integrada
de Servicios de Salud Centro Oriente ESE mediante los siguientes contratos de
prestación de servicios30:

Contrato Objeto Desde Hasta Interrupción
en días
hábiles
1 444-2010 «EI 15 de junio de 31 de julio de -
CONTRATISTA se 2010 2010
obliga para con el
HOSPITAL a
prestar servicios
independientes,
como TECNICO en
RX»
2 617-2010 EI CONTRAIISTA 2 de agosto de 30 de -
se obliga para con 2010 septiembre de
el HOSPITAL a 2010
prestar servicios
independientes,

30 certificado del 3 de noviembre de 2021 visible a folio 409 y contratos de prestación de servicios a

folios 400 a 408 del cuaderno 2

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

como TECNICO en
RX
3 780-2010 EI CONTRAIISTA 1° de octubre 30 de -
se obliga para con de 2010 noviembre de
el HOSPITAL a 2010
prestar servicios
independientes,
como TECNICO en
RX
4 903-2010 EI CONTRATISTA 1° de 31 de diciembre -
se obliga para con diciembre de de 2010
el HOSPITAL a 2010
prestar servicios
independientes,
como TECNICO en
RX
5 1084-2010 Técnico en el área 31 de 30 de abril de -
de rayos X31 diciembre de 2011
2010
6 203-2011 1° de mayo de 31 de mayo de -
2011 2011
7 247-2011 1° de junio de 31 de agosto de -
2011 2011
8 473-2011 1° de 30 de -
septiembre de septiembre de
2011 2011
9 574-2011 1° de octubre 30 de -
de 2011 noviembre de
2011
10 854-2011 «EI CONTRAIISTA 1° de 31 de enero de -
se obliga para con diciembre de 2012
el HOSPITAL a 2011
prestar servicios
independientes,
como TECNICO en
RX»

11 137-2012 EI CONTRATISTA 1° de febrero 30 de abril de -
se obliga para con de 2012 2012
el HOSPITAL a
prestar servicios
independientes,
como TECNICO en
RX
12 324-2012 EI CONTRATISTA 1° de mayo de 31 de mayo de -
se obliga para con 2012 2012
el HOSPITAL a
prestar servicios
independientes,
como TECNICO en
RX

31 Pese a que no se aportaron los contratos suscritos en estos periodos, ello se infiere de la
certificación del 3 de noviembre de 2021 en el cual constan las obligaciones específicas, visible a
folio 409

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

13 450-2012 Prestación de 1° de junio de 31 de julio de -
servicios del perfil 2012 2012
de técnico en rayos
14 643-2012 1° de agosto 10 de -
X, con el fin de
de 2012 septiembre de
realizar las
2012
actividades de
15 838-2012 11 de 10 de enero de -
radiología propias
del servicio de la septiembre de 2013
Sede Asistencial El 2012
16 208-2013 Guavio Hospital 1° de febrero 31 de enero de 15
Centro Oriente II de 2013 2014
17 142-2014 Nivel ESE 1° de febrero 31 de enero de -
[posteriormente, de 2014 2015
18 195-2015 Sede Asistencial 1° de febrero 9 de enero de -
Jorge Eliecer de 2015 2017
Gaitán]32
19 PS0762-2017 «Prestar sus 10 de enero de 31 de marzo de -
servicios 2017 2017
personales de
apoyo, en su
condición de
técnico en auxiliar
de radiología para
la ejecución de
actividades
asistenciales en los
diferentes servicios
conforme a las
necesidades de la
Subred Integrada
de Servicios de
Salud Centro
Oriente E.S.E.»

51. El 25 de noviembre de 2015 el subgerente de servicios de salud del Hospital
Centro Oriente expidió la circular SGS 028-2015 dirigido a los líderes de sedes y
contratistas asistenciales, así como a los funcionarios del macroproceso misional
con una directriz frente al «cubrimiento permanente en los servicios asistenciales» en
los siguientes términos33:

«De acuerdo a directriz de la Gerencia y dadas las múltiples manifestaciones por parte
de usuarios, lideres de procesos, así como requerimientos de entes de control, donde se
viene evidenciando el riesgo a que es sometida la institución cuando por diversas
razones lo profesionales que reciben turno en especial en áreas prioritarias donde no se
cuenta con perfil capacitado para dar cubrimiento en caso de una eventualidad o
urgencia vital para asumir las funciones derivadas de su experticia como es el caso de
los servicios de salas de cirugía y urgencias, solicito a los lideres de sede sean
implementadas las estrategias pertinentes que permitan minimizar los riesgos aquí
referidos, pues es evidente que en varias oportunidades el profesional que requiere

32 Según los informes de cumplimiento de actividades visibles a folios 349 a 376 del cuaderno 2.
33 folio 34 del cuaderno 1

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Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

entregar turno no encuentra a su homólogo para derivar en este la responsabilidad del
servicio y dar continuidad en la atención requerida.

Es de aclarar que entre nuestras obligaciones misionales y contractuales en caso de los
vinculados por orden prestación de servicios refiere entre otras en su consideración
tercera, en determinados casos el cumplimiento de un (horario es sencillamente la
manifestación de una concertación contractual) entre las partes, administración y
particular, para desarrollar el objeto del contrato en forma coordinada con los usos y
condiciones generalmente aceptadas y necesarias para llevar a cabo el cumplimiento de
la labor..., y en el caso de personal de planta institucional como lo estipula el reglamento
interno de trabajo.

Así las cosas, solicito publicar y difundir esta directriz al personal asistencial de planta y
contratista, reiterando su estricto cumplimiento dados los riesgos referidos que nos
pueden conllevar a sanciones morales, éticas y pecuniarias. En caso de no evidenciar
cambios comportamentales al respecto notificar a esta Subgerencia para tomar las
medidas adicionales que sean pertinentes».

52. Se aportaron las siguientes declaraciones extraprocesales rendidas: i) el 23 de
agosto de 2018 ante la Notaría 59 del círculo de Bogotá por Evaristo Bustos
Candia34; ii) el 24 de agosto de 2018 ante la Notaría 50 del círculo de Bogotá por
Hermes Leonardo Reinoso Tibaquira35; y iii) el 10 de septiembre de 2018 ante la
Notaría 31 del círculo de Bogotá por Julio César Gutiérrez León36, quienes
manifestaron que:

52.1. Eran compañeros de Joan Sebastián Rodríguez Moreno y que al ingresar al
hospital este ya laboraba allí como tecnólogo en el departamento de radiología, y
junto con los demás realizaba turnos para la toma de placas de rayos X según las
órdenes e indicaciones del personal médico, jefes del hospital y de la gerencia de
este.

52.2. La labor del demandante se desarrollaba en el puesto fijo de radiología y, en
ocasiones, debían trasladar el equipo portátil de RX para diferentes salas para la
toma de las imágenes diagnósticas. Indicaron que el actor cumplía con un horario
que consistía en un turno de 6 horas de lunes a viernes y de 12 horas los sábados,
domingos y festivos, horario que era estrictamente vigilado, pues era un servicio
permanente y que no podía quedar descubierto por la llegada constante de
pacientes de urgencia. Los descansos eran 1 fin de semana cada 15 días y no se
permitían ausencias ni retrasos porque se exponían a que les terminaran el contrato.

52.3. Junto con el demandante y otros trabajadores solicitaron vacaciones, primas,
cesantías, reajustes salariales y demás prestaciones; sin embargo, el hospital les

34 Folio 42 del cuaderno 1
35 Folios 38 y 39 del cuaderno 1
36 Folios 40 y 41 del cuaderno 1

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Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

respondió que no tenían derecho a estos beneficios por estar vinculados mediante
contratos de prestación de servicios. Por esa razón debieron trabajar de manera
permanente con contratos sucesivos de 6 meses, y para tener vacaciones les
proponían que las tomaran como licencia no remunerada por 15 días, es decir, se
las descontaban.

52.4. Ni a ellos, ni al demandante les pagaron prestaciones sociales ni recargos
dominicales. Además, que, a comienzos del año 2017 les redujeron el pago a
$8.300 por hora de trabajo y les exigieron varios vistos buenos para pasar la cuenta
de cobro. También que fueron obligados a aceptar un cambio de lugar de trabajo
bajo la advertencia de que, si no firmaban, no les renovarían los contratos. Lo que
a juicio de los declarantes tuvo como objeto la desmejora laboral para facilitar el
retiro del personal sin el pago de prestaciones sociales ni indemnizaciones.

52.5. Trabajaron subordinados a los médicos, a los jefes del hospital, a la gerencia y
al personal enviado por esta, cumplían con las órdenes, los horarios y las
condiciones de trabajo impartidas, bajo constante vigilancia. Aunque suscribían
contratos de prestación de servicios en realidad existía una subordinación propia de
las relaciones laborales.

52.6. Los contratos eran elaborados unilateralmente por la gerencia del hospital para
que los contratistas los suscribieran sin negociación alguna. Adujeron que, en varias
ocasiones, trabajaron sin contrato porque el hospital no los elaboraba de forma
oportuna. Joan Sebastián Rodríguez Moreno trabajó en condiciones de continuidad,
con un horario estricto, subordinado y de manera permanente en labores misionales
del hospital.

53. En la audiencia inicial celebrada el 14 de septiembre de 2021 se decretó como
prueba documental que se oficiara al demandado para que «certifi[cara] el número de
tecnólogos de radiología que estuvieron vinculados entre 2010 y 2017 a su servicio,
indicando la modalidad de vinculación, y remitiendo copia de la totalidad de los documentos
que conforma[ra]n sus antecedentes administrativos y hojas de vida, igualmente, se ordena
a la entidad arrimar el expediente administrativo contentivo de los contratos, soportes de
pagos, pólizas, tensiones, y demás, toda vez que no ha[bía] cumplido con esta carga
procesal»37.

54. En respuesta al requerimiento anterior, el 16 de octubre de 2021 el director
operativo de talento humano de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro
Oriente ESE certificó que revisada la planta de personal y el manual de funciones y
competencias laborales del centro no existía el empleo de tecnólogo en radiología38.

37 Folios 299 a 301 del cuaderno 2
38 folio 418 del cuaderno 2

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Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

Asimismo, aportó el expediente administrativo del demandante, con la hoja de vida,
los informes de cumplimiento de actividades y algunos contratos de prestación de
servicios. Así como, resúmenes generales de pagos en el que obra como aportante
de seguridad social Joan Sebastián Rodríguez Moreno39.

55. Se allegó el Acuerdo 02 del 29 de diciembre de 2020 « [p]or el cual se modifica el
manual específico de competencias laborales de la Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente y se dictan otras disposiciones».

56. A través de los escritos del 18 de enero de 2016 [radicado el 19 de febrero de
ese año]40 y del 1 de marzo de 2017 [radicado el 2 de marzo de igual año]41 Joan
Sebastián Rodríguez Moreno solicitó, respectivamente, a la ESE lo siguiente: i) «el
reajuste del salario», el pago de las primas de mitad de año y navidad, las cesantías
y sus intereses, vacaciones y el reconocimiento del «contrato realidad»; y ii) el
restablecimiento del lugar, horario de trabajo y el «salario» que venía devengando.

57. Finalizada la relación contractual [31 de marzo de 2017], el demandante radicó
las peticiones del 142 y el 2843 de noviembre de 2018 en las que solicitó el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales que de ella se derivaran.

2.3.2. Interrogatorio de parte

58. En la audiencia de pruebas celebrada el 3 de febrero de 202344, se recibió el
interrogatorio de la parte actora, Joan Sebastián Rodríguez Moreno, quien señaló
lo siguiente:

58.1. La relación laboral transcurrió entre el 15 de junio de 2010 y el 28 de febrero de
2017. Empezó su labor en la sede asistencial de la perseverancia y, posteriormente,
fue trasladado a la del Guavio (que cambió de nombre a sede Jorge Eliécer Gaitán),
en donde desarrolló las funciones de toma de exámenes de radiografía a los
pacientes de la subred. En ese momento, para la toda la subred, la sede del Guavio
era la única que prestaba el servicio. Tenía que tomar las radiografías a los
pacientes de urgencias, hospitalizados, medicina interna, pediatría, en general,
prestaba el servicio de radiología a todos los pacientes de la subred.

39 folios 349 a 409 del cuaderno 2
40 Folios 12 a 14 del cuaderno 1
41 Folios 19 a 23 del cuaderno 1
42 Folio 28 del cuaderno 1
43 Folios 29 y 30 del cuaderno 1
44 Folio 459 del cuaderno 2

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Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

58.2. Conocía las condiciones del contrato al momento de suscribirlo, pero no fue un
acuerdo de voluntades entre las partes pues este ya estaba prestablecido. Lo
suscribió por necesidad.

58.3. No fue objeto de llamado de atención alguno y menos escrito.

58.4. En el periodo en el que reclamó la existencia de la relación laboral no suscribió
otro contrato ni se presentaron interrupciones en la prestación del servicio. Lo
anterior obedeció, entre otras razones, a la naturaleza propia del servicio
«hospitalario», el cual es constante, continuo y requiere de atención inmediata ante
situaciones de urgencias.

58.5. Debía cumplir con un horario, pese a que no se utilizaba un «marcador
biométrico» para el registro, sí había controles, por ejemplo, el libro en el que se
relacionaba el servicio con la fecha, hora, e información del paciente. Además, el
horario era impuesto por el líder asistencial de cada sede, en el de la Perseverancia
ello estuvo a cargo de la Dra. Claudia Marcela Melo y lo cumplió de 8 am a 5 pm, y
en la del Guavio por los Dres. Álvaro Cuervo y Pineda. En la sede el Guavio el
horario funcionaba por turnos en la mañana, tarde y noche; allí ejecutó sus labores
en las diferentes franjas, esto es de 7 am a 1 pm, de 1 a 7 pm y, en alguna ocasión
cuando el otro compañero que prestaba el servicio se retiró, debió cubrir el de 8 am
a 5 pm.

58.6. Los turnos eran impuestos y no se podían modificar por los tecnólogos que
llegaban a cumplir con la labor, pues estos eran prestablecidos y se les enviaban
unos cuadros por parte de la dirección a cargo de la Dra. Vivian Márquez de cómo
estaban estructurados. Al ingresar a la ESE le informaron que el horario sería de 8
am a 5 pm y en la medida en que se vinculó más personal se ajustó el horario en
las diferentes jornadas según las necesidades del servicio y las directrices del
hospital.

58.7. No desarrolló labores diferentes a la radiología.

58.8. En términos generales, llegaba y le recibía el turno al compañero, quien a veces
estaba en salas de cirugía o en la de rayos X. Posteriormente, llegaban los pacientes
ambulatorios con la documentación [orden médica y la factura], también atendía
pacientes de urgencias ya fuera en las salas de reanimación o en la de rayos X
cuando eran trasladados allí en camillas, a niños provenientes de pediatría, o acudía
también a medicina interna u hospitalización.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

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2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

59. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos del recurso de
apelación, la Sala analizará si en el sub judice se acreditaron los elementos que
permiten configurar una relación de trabajo entre Joan Sebastián Rodríguez Moreno
y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, en el periodo
reclamado, esto es entre el 15 de junio de 2010 y el 31 de marzo de 201745.

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

60. De las pruebas relacionadas se tiene que en efecto entre el 15 de junio de 2010
y el 31 de marzo de 2017 el demandante se vinculó y prestó sus servicios a la
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE mediante contratos de
prestación de servicios para desempeñarse como «técnico en Rayos X», lo que
implica que a él le correspondió suministrar el servicio en forma personal y que no
lo hizo a través de otra persona, en tanto fue quien ejecutó la labor contratada.

61. Ciertamente, de dichos contratos se advierte que se le contrató por razón de su
idoneidad y experiencia para cumplir con los objetos contractuales. Además, no
existía la posibilidad de que otra persona pudiera cumplir con esta labor, tal y como
se extrae de la cláusula incluida en los contratos en la que se manifestó que eran
«intuito personae» y, por lo tanto, no podría cederlos sin autorización previa,
expresa y escrita del contratante, lo que no se probó o alegó que hubiese ocurrido;
de lo que se sigue que, respecto de los objetos contractuales relacionados, era él y
no otra persona quien ejecutó las obligaciones pactadas.

2.4.1.2. Remuneración

62. Ahora bien, Joan Sebastián Rodríguez Moreno percibió una remuneración por el
trabajo cumplido, tal como se evidencia en las cláusulas contractuales, en las que
se advierte que se estipuló el valor y la forma de pago, lo que se entiende como la
remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de
su denominación (honorarios o salario).

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

63. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y el

45 Si bien en la demanda se solicitó el reconocimiento de la relación laboral hasta el 28 de febrero de

2017, en el certificado del 3 de noviembre de 2021[ visible a folio 409] y en los contratos de prestación
de servicios [a folios 400 a 408 del cuaderno 2] se hizo constar que la prestación del servicio fue
hasta el 31 de marzo de 2017.

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Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

interrogatorio de parte, se tiene que las funciones desempeñadas por el
demandante no se realizaron de forma autónoma e independiente, sino que este
estuvo sujeto a horarios, instrucciones y órdenes que son de naturaleza
subordinada pues atienden al control de un superior (personal médico, lideres de
las sedes y la gerencia del hospital) para ejecutar las obligaciones contractuales,
por lo que existe una sujeción de él hacia la entidad demandada y, en tal sentido,
esta contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su servicio, y aquel,
a su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio
del ius variandi por parte de la entidad prestadora de servicios de salud.

64. Ciertamente, las declaraciones extraprocesales de Evaristo Bustos Candia,
Hermes Leonardo Reinoso Tibaquira y Julio César Gutiérrez León46, dan cuenta de
las condiciones bajo las cuales el actor prestaba sus servicios a la entidad
demandada, de las que se resalta que en ejercicio de sus funciones cumplía con un
horario y seguía órdenes e instrucciones del personal médico y de la gerencia del
hospital. Además, que no podía ausentarse libremente de su lugar de trabajo, ni
retrasarse en recibir el turno, pues el servicio era permanente y no podía quedar
descubierto por la llegada constante de pacientes de urgencia. Cumplía con las
órdenes, los horarios y las condiciones de trabajo impartidas, bajo constante
vigilancia, subordinado, entre otras razones, por la naturaleza del servicio que era
asistencial y hacia parte de la misión del hospital.

65. En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar,
inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.

66. Esto se advierte luego de contrastado el objeto, las obligaciones y las funciones
que se establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre los
extremos procesales, el interrogatorio de parte y las demás pruebas documentales
aportadas, como las certificaciones. En ellos se aprecian actividades que exigen
para su ejecución necesaria dependencia y subordinación, por lo que la Sala al
realizar una valoración bajo las reglas de la sana crítica, encuentra que es posible
determinar la existencia de una relación laboral subordinada, siendo incuestionable
el ánimo de la entidad contratante de emplear de modo permanente y continuo los
servicios del demandante, pues la labor se desarrolló por espacio de más de 6 años
y 9 meses, aproximadamente.

67. Lo expuesto se funda en que Joan Sebastián Rodríguez Moreno prestó sus
servicios como tecnólogo en el Departamento de Radiología de la ESE Subred

46 Frente a los que no se solicitó la ratificación por parte del demandado, de acuerdo con lo previsto

en los artículos 183, 188 y 222 del C.G.P.

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Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente y cumplió las siguientes
obligaciones especificas47:

«1. Realizar toma de las placas de radiología conforme a la programación de las
actividades 2. Cumplir con las normas establecidas en el manejo de desechos y material
contaminante del área de RX 3. Velar por el uso racional y adecuado de los elementos
y material reactivo 4. Velar por que todas actividades que se realicen sean facturadas y
cargadas a las respectivas cuentas de los usuarios 5. Llevar el control diario de las placas
dañadas, anotando en el libro 6. Elaborar la estadística diaria de las imágenes
diagnósticas que se toman 7. Elaborar consolidado mensual y entregarlo el primer día
hábil a la Coordinación del área» (sic).

68. Asimismo, en las consideraciones de los contratos se adujo que «es necesario
consignar, que, dadas las actividades a cumplir por el contratista, éste las cumplirá de
acuerdo a la demanda de servicios por parte de la ciudadanía, dentro de los horarios
laborables comúnmente aceptados, pues es en estos horarios que se presenta la
mencionada demanda de servicios. Al respecto por vía jurisprudencial, "Se ha sostenido
que entre contratante y contratista puede existir una relación de coordinación en sus
actividades, de manera que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el
desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un
horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que
reportar informes sobre sus resultados, pero ello no significa necesariamente la
configuración de un elemento de subordinación» (sic).

69. Las anteriores obligaciones y consideraciones ponen en evidencia que no realizó
sus labores en forma autónoma e independiente, pues estas tienen relación de
correspondencia con el ejercicio del poder subordinante por parte del empleador,
en la medida en que ejecutó una actividad que constituía un servicio asistencial que
exigía permanencia, continuidad y sujeción estricta a protocolos técnicos y
administrativos, así como al cumplimiento de las obligaciones dentro de los horarios
y la programación preestablecida, llevar un control diario, elaborar estadísticas y
hacer uso razonable de los elementos y material de trabajo. Asimismo, se advirtió,
sin que fuese cuestionado por la entidad demandada, que se efectuaban cambios
en las sedes en donde debía ejecutar la labor lo que permitió el ejercicio del ius
variandi.

70. Se resalta que el horario es apenas un indicio de la subordinación, y en cada
caso deben analizarse las particularidades en que el servicio se prestó para
determinar si aun cuando se acreditó el cumplimiento de este, ello es constitutivo o
no del ejercicio del poder subordinante del empleador. En el sub judice, en el
interrogatorio de parte, en las declaraciones extra proceso, en el contenido de los
contratos, y tal y como fue reconocido por la parte demandada, con la salvedad de

47 Folio 409 del cuaderno 2

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que no constituía subordinación, se advierte que es un indicio que junto con los
demás hechos probados en el proceso permiten inferir que no desarrolló sus
obligaciones de forma autónoma e independiente.

71. Aunado a lo expuesto, se advierte que la misión de la ESE Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente, como «Institución Prestadora de Servicios de Salud
en todos los niveles de complejidad»48, presta integralmente los servicios de salud,
dentro de los cuales se encuentran los servicios asistenciales, entre ellos el de
radiología y toma de imágenes diagnósticas, orientado a la identificación de
problemas de salud en los pacientes, la atención de urgencias, la orientación de
tratamientos y seguimiento de su evolución, de lo que se infiere que el demandante
con las actividades desempeñadas permitió el desarrollo del objeto misional de la
entidad.

72. Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerció el cargo de
tecnólogo en rayos X al servicio de la ESE, al tiempo que corrobora que no puede
dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual para
desempeñar esa labor, puesto que se trata de funciones que atañen a la esencia y
finalidad de la entidad.

73. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»49.

74. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»50.

75. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte del demandante estaba sujeto a
medidas u órdenes de la ESE demandada, a saber: la imposición de un horario, el
cumplimiento de turnos, y la sujeción a directrices del personal médico, de los

48 https://www.subredcentrooriente.gov.co/?q=transparencia/organizacion#mision
49 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
50 Ibidem.

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lideres de las sedes y de la gerencia, lo que demuestra que la entidad, en su calidad
de empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, lo que
denota la existencia de una indiscutible subordinación.

76. Echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley 909
de 2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de plantas temporales que
atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio. Por lo tanto, la
ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue
contratado el demandante no es un argumento que enerve las consideraciones
expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación y desconoce
que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de la entidad.

77. Por último, se precisa que en el proceso no se probó que el demandante hubiese
prestado de manera simultánea sus servicios a otra entidad; no obstante, si así lo
hubiese realizado, la Sala no puede desconocer que de acuerdo con lo previsto por
el artículo 2 de la Ley 269 de 199651, también se debía acreditar que en una y otra
entidad excedió el máximo de la jornada de trabajo para el personal asistencial de
salud, independientemente del tipo de vinculación.

78. Así las cosas, tal y como fue determinado por el tribunal de instancia se
encuentran demostrados los elementos constitutivos de una relación laboral y por
tanto de su existencia para el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2010 y el
31 de marzo de 2017. No obstante, de acuerdo con lo expuesto en el acápite de
cuestión previa se modificará el ordinal 1° de la sentencia de primera instancia para
incluir la declaratoria de nulidad de los actos fictos negativos producto de la falta de
respuesta a las peticiones elevadas el 19 de febrero de 2016 y el 2 de marzo de
2017 y se confirmará lo demás.

2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

79. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral.

51 «ARTÍCULO 2o. GARANTÍA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
SALUD. Corresponde al Estado garantizar la atención en salud como un servicio público esencial, y
en tal carácter el acceso permanente de todas las personas a dicho servicio, razón por la cual el
personal asistencial que preste directamente servicios de salud podrá desempeñar más de un
empleo en entidades de derecho público.

La jornada de trabajo del personal que cumple funciones de carácter asistencial en las entidades
prestadoras de servicios de salud podrá ser máximo de doce horas diarias sin que en la semana
exceda de 66 horas, cualquiera sea la modalidad de su vinculación».

30

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Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

80. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación52 dispuso que:

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

81. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

52Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

82. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:

«(…)

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…)». (Se subraya).

83. Así las cosas, a juicio de la Sala, «(q)uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su
vínculo contractual»53.

84. En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la primera
solicitud acreditada dentro del proceso, que tuvo como objeto el reconocimiento de
la relación laboral, fue presentada ante la entidad demandada el 19 de febrero de
2016 y la demanda se presentó el 28 de junio de 2017, se establece que no acaeció
el fenómeno jurídico de la prescripción, pues no transcurrió un lapso superior a 3
años para solicitar por vía administrativa el reconocimiento de la relación laboral y
por ende el pago de los salarios y prestaciones, toda vez que la relación culminó el
31 de marzo de 2017 y que entre una vinculación y otra no se presentaron
interrupciones superiores a 30 días hábiles que implicaran la solución de
continuidad en la prestación del servicio y le exigieran presentar la reclamación
administrativa, tal y como se observa en el cuadro visible en el párrafo 43.

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

53 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

85. Por lo dicho, el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de prestaciones legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendría que realizarse
en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollara iguales
funciones a las que ejecutó.

86. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales54 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas55.

87. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, correspondería reconocer que
la labor desempeñada por Joan Sebastián Rodríguez Moreno debía ser remunerada
conforme con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales
funciones a las suyas.

88. Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendría que
reconocer el reajuste salarial, esto es, las diferencias entre lo devengado por un
empleado de planta y lo percibido por concepto de honorarios. Al respecto, es
importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que deberán ser
reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia56 que «el
reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público (…)», lo que no

54 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
55 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
56 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

impide que se reconozcan las prestaciones reclamadas en virtud del aludido
principio de «a trabajo igual salario igual».

89. Esto, en aplicación de las garantías de orden constitucional que impone a las
autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales57. Con fundamento en ello, esta Sala ha señalado
que, en asuntos relativos a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el
reconocimiento y pago de las diferencias que resulten entre lo que recibió el
demandante por concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de
condiciones de dicho cargo de la entidad.

90. Lo explicado con anterioridad, es la posición adoptada por la Sala para la
liquidación de las prestaciones laborales a las cuales tendría derecho el
demandante y para el cálculo del ingreso base de cotización (IBC); sin embargo,
comoquiera que el director operativo de talento humano de la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente ESE certificó que revisada la planta de personal
y el Manual de Funciones y Competencias Laborales del centro no existía el empleo
de tecnólogo en radiología, en otras palabras no había un empleado de planta que
desarrollara iguales funciones a las que ejecutó el demandante, se confirmará la
sentencia de primera instancia en lo que corresponde a este punto.

91. Valga aclarar que, tal y como fue objeto de unificación por esta corporación 58 el
consecuente reconocimiento de las prestaciones por la nulidad del acto
administrativo que niega la existencia de la relación laboral y del tiempo de servicios
con fines pensionales proceden a título de restablecimiento del derecho y no
indemnizatorio.

2.5. Costas

92. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

57 Artículo 53 de la Constitución Política.
58 Sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-

SUJ2-005-16, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

93. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

94. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma59.

95. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

96. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

97. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que, durante los periodos
comprendidos entre el 15 de junio de 2010 y el 31 de marzo de 2017, salvo su
interrupción, entre Joan Sebastián Rodríguez Moreno y la Subred Integrada de
Servicios de Salud Centro Oriente ESE existió una relación laboral y, en
consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones de orden legal
a que haya lugar para lo cual la entidad tomará como referente los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios.

98. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

59En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

FALLA

Primero. Modificar el ordinal 1° de la sentencia proferida el 13 de julio de 2023 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y en
su lugar se dispone:

PRIMERO. DECLARAR la nulidad de los actos fictos derivados de la falta de respuesta
a las peticiones del 19 de febrero de 2016, del 2 de marzo de 2017, y el oficio de 27 de
mayo de 2019, por medio de [los] cual[es] la Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente ESE negó la existencia de la relación laboral y el pago de prestaciones
sociales al demandante.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, proferida el 13 de julio de 2023,
en tanto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por Joan
Sebastián Rodríguez Moreno contra la Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente ESE.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

MAG

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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023)
Demandante: Joan Sebastián Rodríguez Moreno

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