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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2017-00608-01

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2017-00608-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2017-00608-01 (0703-20231)
Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
Demandada: Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá
Litisconsorte: Asosindisalud

Tema: relación laboral encubierta. Subtema 1: técnico de rayos x. Subtema 2:
elementos de la relación laboral. Subtema 3: prescripción.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, el 31 de agosto de
2022, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Síntesis del caso

El demandante solicitó la nulidad de Oficio AJ-1200-09-28-16 del 15 de noviembre
de 2016, que le negó el reconocimiento de su relación laboral. En primera instancia,
el Tribunal negó pretensiones porque no tuvo por acreditada la subordinación.
Inconforme con esta decisión, el actor apeló porque, a su parecer, los testimonios
eran válidos para demostrar la subordinación. La Subsección revocará la sentencia
y, en su lugar, accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2. Antecedentes
2.1. La demanda

1. El señor Hugo Fernando González Jaramillo, mediante apoderado, presentó
demanda3 el 5 de mayo de 20174, en ejercicio del medio de control de nulidad y

1 Expediente híbrido.
2 En Sala integrada por los magistrados Jhon Erick Chaves Bravo, Fernando Augusto García Muñoz y Ronald

Otto Cedeño Blume.
3 La demanda obra en el C. Principal, folios 1 a 10. La subsanación de la demanda, obra en C. Principal, folios

79 a 88.
4 C. Principal, folios 10 y 73.

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00608-01 (0703-2023)
Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
Demandada: Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá
Litisconsorte: Asosindisalud

restablecimiento del derecho, contra el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe
de Tuluá, con las siguientes pretensiones:

2. Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio AJ-1200-09-
28-16, del 15 de noviembre de 2016, dictado por el gerente del Hospital
Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, que le negó el reconocimiento de la
relación laboral y el pago de las acreencias a favor del actor.

3. Como consecuencia, declarar que entre el Hospital Departamental Tomás
Uribe Uribe de Tuluá y el accionante existió una relación laboral durante el período
comprendido del 1.° de febrero de 2012, y hasta la fecha de presentación de la
demanda.

4. Declarar que entre el 1.° de marzo de 2016 y el 23 de julio de 2016, período
en el cual el demandante estuvo desvinculado del Hospital Departamental Tomás
Uribe Uribe de Tuluá, no existió solución de continuidad en la relación contractual,
por la orden de reintegro emitida en sede de tutela, con efectividad a partir del 24
de julio de 2016.

5. Ordenarle al Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá la
vinculación legal y reglamentaria del accionante.

6. A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar al Hospital
Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá a pagarle al señor Hugo Fernando
González Jaramillo, a modo de indemnización, los siguientes valores por concepto
de acreencias de orden laboral:

• El valor de $10.486.667 correspondiente a los ingresos dejados de percibir desde el
1.° de marzo de 2016 hasta el 23 de julio de 2016, período de tiempo que estuvo
desvinculado del Hospital.
• Primas de servicios por valor de $10.816.667 de conformidad con el siguiente
detalle, teniendo en cuenta que la condena deberá incluir las primas de servicios que se
causen mientras que la relación laboral continúe vigente. […]
• El valor de $5.916.667 correspondiente a los períodos de vacaciones no disfrutados,
conforme al siguiente detalle, teniendo en cuenta que la condena deberá incluir los períodos
vacacionales que se sigan causando. […].
• El valor de $5.916.667 correspondientes a las primas de vacaciones, conforme al
siguiente detalle, teniendo en cuenta que la condena deberá incluir los períodos que se
sigan causando. […]
• El valor de $11.875.231 correspondiente a las primas de navidad, conforme al
siguiente detalle, teniendo en cuenta que la condena deberá incluir los períodos que se
sigan causando. […]
• El valor de $733.333 correspondiente a la bonificación por recreación, conforme al
siguiente detalle, teniendo en cuenta que la condena deberá incluir los períodos que se
sigan causando. […]

2

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00608-01 (0703-2023)
Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
Demandada: Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá
Litisconsorte: Asosindisalud

• El valor de $13.461.776 correspondiente al auxilio de cesantías, conforme al
siguiente detalle, teniendo en cuenta que la condena deberá incluir los períodos que se
sigan causando. […]
• El valor de $1.591.778 correspondiente a los intereses de las cesantías, conforme
al siguiente detalle, teniendo en cuenta que la condena deberá incluir los períodos que se
sigan causando. […].
• El valor de $13.640.000 correspondiente a los aportes especiales de pensión por
desarrollar una actividad de alto riesgo, conforme al siguiente detalle, teniendo en cuenta
que la condena deberá incluir los períodos que se sigan causando. […].
• El valor de $111.540.000 correspondiente a la indemnización por no consignación
de las cesantías, conforme al siguiente detalle, teniendo en cuenta que la condena deberá
incluir los períodos que se sigan causando. […].
• El valor de $1.591.778 correspondiente a la indemnización por no consignación de
las cesantías, conforme al siguiente detalle, teniendo en cuenta que la condena deberá
incluir los períodos que se sigan causando […].
• El valor de $15.068.222 correspondiente al reembolso de aportes a la seguridad
social como independiente, conforme al siguiente detalle […].

7. El accionante solicitó que se condenara en costas a la ESE demandada, en
los términos del artículo 188 del CPACA y que las condenas se actualizarán de
acuerdo con los artículos 192 y subsiguientes de dicho código.

2.1.1. Hechos

8. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

9. El señor Hugo Fernando González Jaramillo, tecnólogo en radiología, se
vinculó con el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe ESE de Tuluá, desde el
1.° de febrero de 2012 a través de contratos de prestación de servicios. Se
desempeñó como técnico en rayos x, atendió pacientes que acudían a la institución
y recibió una contraprestación de $2.200.000 mensuales.

10. Una vez terminado el plazo pactado en el primer contrato suscrito entre las
partes, se celebraron nuevos contratos ininterrumpidamente entre el accionante y
la ESE demandada, para el desarrollo de la misma actividad y con una
contraprestación de $2.200.000 mensuales.

11. El día 29 de febrero de 2016, la ESE le informó al actor que su contrato no
sería prorrogado.

12. Al momento de la desvinculación con la ESE, el accionante se encontraba
incapacitado por un diagnóstico de linfoma de Hodgkin, que lo ha obligado a
someterse a procedimientos de quimioterapias y radioterapias. También ha sido
tratado psicológicamente.

13. El actor radicó tutela para obtener el reintegro sin solución de continuidad. Al
efecto, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tuluá profirió sentencia el 13 de julio
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Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
Demandada: Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá
Litisconsorte: Asosindisalud

de 2016, en la que amparó sus derechos fundamentales y le ordenó a la ESE
reintegrar al tutelante dentro de las 48 horas, en un cargo acorde con su estado de
salud. En esa oportunidad, el Juzgado consideró que los rayos ionizantes, propios
de la actividad desempeñada, eran incompatibles con su patología. El Tribunal
Superior de Buga confirmó el fallo de tutela en segunda instancia.

14. Desde el 1.° de marzo de 2016 al 23 de julio de 2016, el accionante no
percibió ingresos.

15. Luego, el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe ESE de Tuluá suscribió
con el señor Hugo Fernando González Jaramillo un nuevo contrato de prestación
de servicios, por un período de 4 meses, comprendido del 24 de julio de 2016 al 24
de noviembre de 2016, por un valor de $8.800.000, es decir, $2.200.000 mensuales.
Antes de terminar este contrato, el demandante fue informado sobre que prestaría
sus servicios a través de la agremiación sindical Asosindisalud.

16. El accionante, el 21 de octubre de 2016, radicó reclamación ante el Hospital
Departamental Tomás Uribe Uribe ESE de Tuluá en la que pidió el pago de sus
acreencias laborales.

17. La ESE demandada le negó al actor lo pedido mediante el Oficio núm. AJ-
1200-09-28-16 del 15 de noviembre de 2016. Este acto administrativo se le notificó
el 23 de noviembre de 2016.

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

18. El demandante citó las siguientes normas vulneradas: Constitución Política,
artículos 13 y 53; Decreto 1042 de 1978, artículos 58 y 60; Decreto 1045 de 1978,
artículos 17 y 33; Decreto 1848 de 1969; Decreto 3156 de 1968; Decreto 1950 de
1973, artículo 1 y subsiguientes; Decreto 2400 de 1968, artículo 2.

19. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que el acto
administrativo vulnera los principios mínimos de carácter laboral, como la igualdad,
la irrenunciabilidad, la primacía de la realidad sobre las formas y la garantía de
seguridad social, dado que la entidad demandada se negó a reconocer la existencia
de una relación laboral entre él y la ESE demandada. Al respecto, el actor destacó
que se acreditaron los elementos de subordinación, prestación personal del servicio
y pago de una contraprestación.

20. El demandante añadió que cumplió iguales funciones y horario y estaba
subordinado en el ejercicio de su labor. A ello agregó que el acto administrativo
desconoció no solo el período de reclamación, a partir del 1.° de febrero de 2012,
sino la dependencia económica del demandante con la ESE.

21. Asimismo, sostuvo que la entidad demandada se negó a reconocer las
prestaciones sociales, como la prima especial de servicios, la prima de navidad,
4

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Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
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Litisconsorte: Asosindisalud

vacaciones y demás que hacen parte de los derechos mínimos de los servidores
públicos. Por último, indicó que la administración incurrió en la prohibición de
celebrar contratos de prestación de servicios para funciones permanentes, como la
de técnico en rayos x que ejercía el demandante, hacía parte del objeto social de la
entidad demandada, y era de ejecución permanente.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá

22. El Hospital se opuso a todas las pretensiones de la demanda. Mencionó que
no era cierto que el demandante se desempeñara como técnico de rayos x, ya que
como se evidenciaba de los contratos suscritos con la entidad también apoyó en el
área asistencial, así, los objetos contractuales no fueron iguales. Al respecto, agregó
que la vinculación del actor no fue ininterrumpida y que a este no le asiste derecho
al pago reclamado, ya que su contrato terminó el 29 de febrero de 2016.

23. La ESE demandada expresó que el demandante incumplió los requisitos
propios de la relación laboral porque su vinculación con la entidad fue mediante
contratos de prestación de servicios. Planteó, como excepciones, la inexistencia de
un contrato de trabajo; el cobro de lo no debido; la inexistencia de la obligación, ya
que el demandante ejerce la labor en el horario de su elección y con total autonomía
e independencia; la prescripción; la buena fe; y la innominada5.

2.2.2. Asosindisalud

24. Asosindisalud6, por conducto de apoderada judicial, se opuso a las súplicas
de la demanda. Precisó que el señor Hugo Fernando González Jaramillo radicó
solicitud de afiliación a Asosindisalud el 1.° de diciembre de 2016, y prestó sus
servicios desde enero de 2017 al 4 de junio de 2019, mediante convenio de trabajo
asociado con una contraprestación inicial de $1.032.728, en el cual el actor debía
pagar su seguridad social. Esta situación, a juicio del litisconsorte, se demostró con
el reporte de novedad de ingreso de Colmena, con fecha del 30 de diciembre de
2016.

25. Al respecto, la asociación manifestó que durante el tiempo en el cual el actor
prestó sus servicios – de enero de 2017 al 4 de junio de 2019– no estuvo
subordinado ni cumplió órdenes del gerente y sus representantes. En ese sentido,
expresó que los contratos sindicales gozan de características propias contenidas en

5 C. Principal, folios 99 a 102.
6 El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto del 30 de septiembre

de 2020, vinculó al presente proceso como litisconsorte necesario a la asociación sindical Asosindisalud, a quien
ordenó emplazar en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. En esa misma providencia, resolvió no
impartirle trámite a la solicitud de reintegro de los dineros embargables y levantamiento del embargo radicada
por el apoderado de la entidad demandada, toda vez que en el proceso no se decretó el embargo de dineros y
con la demanda no se pidió el decreto de medida cautelar. Samai, exp. 76001233300520170060800, índice 49,
76001-23-33-000-2017-00608-00, 001AUTOVinculación.pdf.
5

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Litisconsorte: Asosindisalud

el Decreto 1429 del 2010, que desvirtúan la existencia de una subordinación propia
de la relación laboral. Igualmente, aclaró que no está obligada a efectuar los aportes
en 10 puntos adicionales, en los términos del Decreto 2090 de 2003, en razón al
régimen que la regula y a que no es empleadora de sus afiliados.

26. Expresó que desconoce el tipo de vinculación que tuvo el accionante en el
año 2012 con la ESE demandada y pidió ser absuelta de todos los cargos
formulados en su contra. Planteó, como excepciones, la prescripción; la carencia
del derecho y la inexistencia de la obligación; y la innominada7.

2.3. Sentencia de primera instancia

27. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 31 de
agosto de 2022, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
parte vencida.

28. Como fundamento de la decisión, encontró acreditada la vinculación del
señor Hugo Fernando González Jaramillo con el Hospital Tomás Uribe Uribe ESE
de Tuluá, a través de los siguientes contratos de prestación de servicios con la ESE:

Tabla 1.

Contrato Período Objeto Remuneración
1200-06-02-92-12 1 mes, a partir del 1.° Prestar servicios en $2.200.000
de febrero de 2012 calidad de Técnico en
rayos x
1200-06-02-152-12 1 mes, a partir del 1.° Prestar servicios en $2.200.000
de marzo de 2012 calidad de Auxiliar
rayos x
1200-06-02-212-12 1.° abril de 2012 al 30 Prestar servicios en $6.600.000
de junio de 2012 calidad de Técnico
rayos x
1200-06-02-560-15 1 mes, a partir del 1.° Prestar servicios en $2.200.000
de septiembre de 2015 calidad de Tecnólogo
en rayos x
1200-06-02-111-16 1 mes, a partir del 1.° Prestar servicios en $2.200.000
de febrero de 2016 calidad de Técnico en
rayos x
1200-06-02-441-16 Entre el 25 de julio de Prestar servicios en $8.800.000
2016 y el 24 de calidad de apoyo en el
noviembre de 2016 área asistencial o
administrativa

29. Del mismo modo, el Tribunal encontró demostrada la contraprestación
recibida con ocasión de los referidos contratos para laborar en calidad de técnico,
tecnólogo, auxiliar de rayos x y apoyo en el área asistencial o administrativa. Al
efecto, indicó que el accionante recibía la remuneración a través de consignación
en su cuenta, como lo mencionó en su interrogatorio.

7 Samai, exp. 76001233300520170060800, índice 49, 76001-23-33-000-2017-00608-00, 005CONTESTACIÓN

DEMANDA.

6

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Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
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Litisconsorte: Asosindisalud

30. Sobre el elemento de la subordinación, el Tribunal sostuvo que los
testimonios de las señoras Luz Adriana Cárdenas y Martha Lucía Miranda, a pesar
de que dieron cuenta de la presencia del demandante en la ESE y la prestación de
los servicios, con la utilización de los instrumentos y equipos del Hospital, refieren
una inferencia frente a las órdenes que el accionante recibía del coordinador del
área o jefe encargado. En ese sentido, para el Tribunal no existió certeza sobre la
subordinación, porque ambas testigos se basaron en suposiciones.

31. El Tribunal añadió que no se aportaron más pruebas tendientes a acreditar
el elemento de la subordinación y que la comprobación de la vinculación fue
discontinua con largos períodos de interrupción. En consecuencia, no se podía tener
por demostrado que entre el demandante y la ESE demandada existió una relación
laboral, lo que justificaba negar las pretensiones de la demanda.

32. El Tribunal aclaró que, aunque en la contestación de la demanda
Asosindisalud allegó copia de la afiliación del demandante a dicha entidad, desde
el 1.° de diciembre de 2016, refirió que prestó sus servicios de enero de 2017 a
febrero de 2019, y aportó comprobantes de pago por esos años, no se tiene certeza
de dónde prestó sus servicios. Lo anterior, ya que no se aportaron los contratos ni
las órdenes suscritas8.

2.4. Recurso de apelación

33. El accionante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, para que se revoque y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la demanda, así:

34. El recurrente insistió en que cumplió con los elementos de la relación laboral.
Expresó que ejerció una función propia del objeto social de la ESE demandada, al
desempeñarse como técnico de rayos x en las instalaciones propias de la entidad.

35. Las pruebas testimoniales permiten tener por acreditada la subordinación,
dado que la testigo Luz Adriana Cárdenas Restrepo puso de presente que el
accionante ejecutaba sus funciones en las instalaciones de la ESE demandada, no
contaba con autonomía en sus horarios, dado que debía obedecer un cuadro de
turnos asignado por el área, los insumos utilizados para su labor le pertenecían al
Hospital, y el actor estaba bajo la subordinación del jefe del área de la sección de
rayos x, quien se había vinculado directamente con la ESE.

36. Está probado que el demandante se encontraba bajo la supervisión,
coordinación y cumplimiento de órdenes por parte del jefe directo del área de rayos
x de la entidad demandada. Esto lo afirmó la testigo Martha Lucía Miranda Pérez,
quien aseguró que el actor ejercía sus funciones con los instrumentos que le

8 Samai, índice 60.

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entregaba la entidad, además, que cumplía horarios establecidos en un cuadro de
turnos y que se hallaba en estricta supervisión del jefe del área.

37. El actor destacó que los medios de prueba testimoniales gozan de validez,
en tanto se trató de trabajadoras de la ESE al momento de los hechos, lo que les
otorgó un conocimiento directo. Asimismo, resaltó que en la declaración de parte
que rindió en el proceso no declaró algo contrario a lo pretendido, y que la vinculada
Asosindisalud ejerció como simple intermediaria en la relación laboral9.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

38. Mediante auto del 27 de julio de 202310, se admitió el recurso de apelación
conforme al artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y se prescindió del periodo de correr
traslado a las partes. El expediente ingresó al despacho para dictar sentencia el 19
de octubre de 202311.

3. Consideraciones
3.1. Competencia

39. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es
competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de
conformidad con el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

40. Teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del CGP, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso, corresponde a la Sala definir si:

41. ¿Se acreditó el elemento de la subordinación y, por tanto, la existencia de
una relación laboral encubierta entre el actor y la ESE demandada respecto de los
contratos de prestación de servicios suscritos entre 2012 y 2016?

42. Para resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: i)
relación laboral encubierta; ii) coordinación, subordinación y carga de la prueba; iii)
hechos probados relevantes; y iv) caso concreto.

9 Samai, índice 62.
10 C. Principal, folio 150.
11 Samai, índice 9.

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3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. Relación laboral encubierta. Reiteración jurisprudencial

43. La jurisprudencia unificada de esta corporación12 abordó la relación laboral
encubierta al indicar que aunque el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de
1993 establece expresamente que los contratos de prestación de servicios no
constituyen una fuente de relación laboral ni generan la obligación de reconocer y
pagar prestaciones sociales, tanto el Consejo de Estado como la Corte
Constitucional han reconocido que dicha regla no aplica cuando se acreditan los
elementos esenciales propios de un vínculo laboral.

44. Lo anterior encuentra sustento en el mandato constitucional contenido en el
artículo 53 de la Carta Política, conforme al cual debe privilegiarse la realidad sobre
las formalidades. En consecuencia, cuando bajo la apariencia formal de un contrato
de prestación de servicios se oculta una verdadera relación laboral, surge para la
administración la obligación de reconocer las prestaciones sociales y derechos
laborales derivados de dicha relación.

45. Sin embargo, aun cuando se constate la existencia de los elementos que
configuran una relación laboral, no puede atribuirse la condición de empleado
público a quien haya prestado sus servicios en estas circunstancias.

46. Por lo tanto, la Sección resaltó que «el Código Sustantivo de Trabajo, en sus
artículos 23 y 24, recoge a nivel legal, como elementos que configuran la relación
laboral, los siguientes: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada
subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario
como retribución del servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha
determinado la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios,
pues a falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece
el ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior,
para hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado».

47. Ahora bien, dicho fallo de unificación expuso los criterios para identificar la
existencia de una relación laboral encubierta, los cuales, al ser valorados en
conjunto bajo los principios de la sana crítica, permiten al juez verificar la
subordinación continuada y, en consecuencia, declarar la relación laboral oculta
detrás del ropaje formal del contrato de prestación de servicios.

48. Entre ellos, los elementos que determinan la existencia de la subordinación
son que el lugar de prestación del servicio corresponda a las instalaciones de la
entidad, con la imposición de un horario o turnos, con la dirección y control que se
materializa en las órdenes sobre modo, tiempo y cantidad del trabajo, la
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con

radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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Litisconsorte: Asosindisalud

participación en reuniones obligatorias y el seguimiento de superiores jerárquicos.
También son elementos indicativos de la subordinación que las actividades
contratadas correspondan al objeto misional de la entidad con funciones
equivalentes a los empleados de planta de personal.

49. En este orden de ideas, la Sección consideró en cuanto a la definición de la
subordinación y su carácter determinante que «de acuerdo con el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador
constituye el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario»13.

50. Así mismo, la dirección y control efectivo por parte de la administración son
formas de subordinación cuando se alejan del ejercicio normal de la coordinación
con el contratista. Por otra parte, no puede descartarse prima facie la existencia de
una relación laboral en los eventos donde el objeto contratado consiste en el
desempeño de carreras profesionales liberales «pues, en la práctica, tales
actividades son requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la
entidad»14.

51. En contraposición, la Sección expuso cuáles son las características del
contrato estatal de prestación de servicios, según la jurisprudencia, así:

[…] Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

88. (ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en
estos casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, por qué las
actividades «no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».15

89. (iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la
labor encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta
subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de
1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales».16

13 Idem.
14 Idem.
15 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un

apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
16 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que

en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para perfeccionarlo
rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia

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Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
Demandada: Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá
Litisconsorte: Asosindisalud

90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes
sobre sus resultados.17

91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores
episódicos y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o
acompañamiento transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de
su vinculación algún ánimo o vocación de permanencia.

52. A partir del análisis normativo y jurisprudencial, la providencia de unificación
del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda determinó que los contratos de
prestación de servicios no pueden celebrarse para cumplir funciones permanentes
de la entidad, y que su objeto debe atender únicamente necesidades temporales,
contingentes o excepcionales. Por tanto, con estos contratos «no pueden suplirse,
de manera definitiva, las funciones permanentes o misionales de las entidades,
pues su ejercicio solo corresponde a vinculaciones legales y reglamentarias». De
tal suerte, cuando se acredite que el contratista cumplió de forma subordinada
funciones misionales, permanentes y propias del personal de planta, debe
reconocerse la existencia de una relación laboral encubierta.

53. Así pues, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la mencionada
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, unificó la jurisprudencia en el
sentido de precisar las siguientes reglas en las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es
el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo
con el principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la
prestación del servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente
temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no
solución de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse
en atención a las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro
del expediente.

C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del numeral 3º del artículo 32,
indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley exequibles, salvo que se
acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,

Rad. IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

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(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la
Seguridad Social en Salud, por parte de la Administración, es improcedente la
devolución de los valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se
recaudaron como recursos de naturaleza parafiscal.

54. La Sección Segunda estableció «un término de treinta (30) días hábiles como
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Un término que no debe entenderse como «una camisa de
fuerza» que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupción, sino como un
marco de referencia para la Administración, el contratista y el juez de la controversia,
de cara a determinar la no solución de continuidad; en especial para este último,
que en cada caso concreto habrá de sopesar los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, cuando el tiempo entre cada contrato sea más extenso del aquí
indicado».

55. En otras palabras, corresponde al juez evaluar en cada caso concreto si
existen interrupciones justificadas entre cada contrato superiores a 30 días hábiles.
Esta regla de la sentencia de unificación se sustenta en los siguientes argumentos:

i) Continuidad del vínculo laboral pese a interrupciones breves: La Sala
consideró que, si se suspende la prestación del servicio por un periodo de hasta 30
días hábiles, no se rompe la relación laboral previamente reconocida, lo que permite
mantener la unidad del vínculo laboral para efectos legales.

ii) Conformidad con la evolución jurisprudencial de la relación laboral
encubierta. La jurisprudencia ha venido afinando los criterios sobre la prescripción
en casos de relaciones laborales encubiertas, y este plazo de 30 días hábiles es el
que más protege los derechos del trabajador, y por eso se considera el más
adecuado para cumplir el fin de la jurisdicción contenciosa.

iii) Razonabilidad del plazo para evaluar la naturaleza del nuevo contrato:
En la práctica, 30 días hábiles es un tiempo razonablemente suficiente «para
determinar si lo que se pacta es un nuevo contrato, una adición o una prórroga de
otro anterior, puesto que en muchos casos en los que se ha encontrado que existe
la relación laboral encubierta o subyacente, se ha advertido que se presentan tales
interrupciones, superiores, incluso, a un mes».

56. Ahora bien, en qué casos se ha establecido que el término de interrupción
entre los contratos puede ser superior a 30 días hábiles. Al respecto, la Sección
Segunda, Subsección B, en sentencia del 13 de junio de 2025 18, frente a un
instructor del SENA, determinó que no existió solución de continuidad en una
interrupción de 34 días, con fundamento en que coincidió con el tiempo vacacional
de los aprendices.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 05001-23-33-000-2019-02300-

01 (5263-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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3.3.2. Coordinación, subordinación y carga de la prueba

57. La coordinación en los contratos de prestación de servicios implica que el
contratista ejecute sus tareas con independencia y autonomía, de modo que no
debe recibir órdenes para el ejercicio de sus actividades. Lo que no excluye «que
se puedan fijar horarios, solicitar informes o establecer medidas de supervisión o
vigilancia, siempre que dichas acciones no desborden su finalidad, y conviertan tal
coordinación en la subordinación propia del contrato de trabajo»19.

58. Asimismo, esta corporación consideró, en el fallo de unificación del 9 de
septiembre de 202120, que entre el contratante y contratista existe «una relación de
coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como
puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados21».

59. En cuanto a la subordinación, esta providencia de unificación precisó que
implica órdenes obligatorias, imposición de jornada, protocolos internos y poder
disciplinario. La presencia de estos elementos evidencia la existencia de una
relación laboral encubierta, sobre todo si las actividades contratadas son las mismas
que desarrollan los empleados de planta.

60. Ahora bien, la jurisprudencia identifica varios aspectos o criterios para
detectar la subordinación: (i) uso de instalaciones de la entidad; (ii) cumplimiento de
horarios rígidos; (iii) dirección y control efectivo por parte de la entidad; y (iv) similitud
entre funciones del contratista y las del personal de planta. Se reitera que incluso
en profesiones liberales (como abogados), puede haber subordinación si se pierde
la autonomía técnica propia de la contratación independiente. Para mejor ilustración
se traen a colación los apartes pertinentes del fallo de unificación:

«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta
Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá
de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una jornada
de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral
y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades
de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.)

19 Corte Suprema de Justicia, sentencia SL1577-2023.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, proceso con radicado 05001-

23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo; sentencia de 18 de noviembre de 2003,

Rad. IJ-0039, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de
trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,22 la dirección y control efectivo de las actividades
del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la
existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar
el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la
entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las
condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier
medio probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal
de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal contratado
consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación
laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se refiere el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, incumbe al actor
demostrar, además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o dependencia, en
las que el representante de la entidad contratante o la persona que él designe, ostentó
la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria
observancia. Por consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la
permanencia de sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto
misional de la entidad».

3.3.3. De la carga de la prueba y los indicios frente al elemento de
subordinación

61. Cuando se trata del elemento de subordinación que el contratista debe
demostrar para que proceda la declaratoria de la relación laboral la jurisprudencia
ha expuesto una serie de indicios que prueban la subordinación oculta tras un
contrato de prestación de servicios.

62. Ciertamente, las partes en el proceso tienen el deber de acreditar los
supuestos de hecho de las normas cuya aplicación invocan ante la autoridad

22 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs. 54

y 55.
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judicial, por ello, ese interés en la causa conlleva a la obligación de «procurar que
la pruebas se practiquen o se aporten»23, y materializa la regla procesal regulada
en el artículo 167 del Código General del Proceso consistente en que «incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen». Esta norma se lee en consonancia con el artículo 164
idem que regula el principio de necesidad de la prueba al indicar que «toda decisión
judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al
proceso».

63. Así pues, cuando se trata de la declaratoria de la existencia de una relación
laboral, la parte interesada debe acreditar la prestación personal del servicio, la
remuneración y la subordinación. En cuanto a este último elemento, en sede de
unificación, la providencia de 2021 identificó los indicios construidos
jurisprudencialmente que llevan a demostrar la subordinación, previamente
expuestos.

64. En este punto, resulta importante advertir que «la palabra indicio denota “el
fenómeno que permite conocer o inferir la existencia de otro no percibido”»24, de
modo que «el indicio es un hecho que tiene la especial propiedad de mostrar otro
desconocido». Pero ese hecho conocido a partir del cual se realiza la inferencia
debe estar debidamente probado (art. 240 CGP) «requisito central para que a partir
del mismo pueda el juez arribar al hecho desconocido»25.

65. Cabe destacar que el artículo 242 del CGP prevé que el juez apreciará los
indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia y
convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso. Lo
cual remite a la obligación de apreciar las pruebas en conjunto, acorde con las
reglas de la sana crítica (art. 176 CGP).

66. En consecuencia, estos preceptos hacen énfasis en que el indicio es un
hecho conocido que permite inferir, a través de una deducción lógica, la existencia
de otro hecho desconocido, siempre que el hecho base esté debidamente probado
y las inferencias sean razonables y concatenadas con otras pruebas del proceso.

67. Adicionalmente, la carga probatoria sobre los elementos constitutivos de la
relación laboral se debe entender armónicamente con el principio de carga dinámica
de la prueba, dada la condición de parte débil que ostenta el trabajador frente al
empleador. En tanto, tal como lo regula el artículo 167 del CGP, el juez puede
distribuir la carga de la prueba según las particularidades del caso, en cualquier
momento antes de fallar, por la «cercanía con el material probatorio, por tener en
su poder el objeto de prueba, […], o por estado de indefensión o de incapacidad en
la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares».

23 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, pág. 45.
24 López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso, Pruebas, Edit. Dupre, págs. 415 a 416.
25 Idem.

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3.4. Hechos probados relevantes

68. Según las pruebas que obran en el expediente, se establece lo siguiente:

3.4.1. Documentales

69. Durante el período comprendido del 1.° de febrero de 2012 al 24 de
noviembre de 2016, el señor Hugo Fernando González Jaramillo suscribió los
siguientes contratos con el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá26:

Tabla 2.

Contrato Objeto Vigencia Desde Hasta Remunerac Interrupción
ión en días
hábiles
1 1200-06-02- «prestación de 1 mes 1.° de 29 de $2.200.000 -
92-12 del los servicios febrero de febrero de
1.° de como técnico 2012 2012
febrero de de rayos x».
201227
2 1200-06-02- «prestación de 1 mes 1.° de marzo 31 de marzo $2.200.000 -
152-12 del los servicios de 2012 de 2012
1.° de como auxiliar
marzo de de rayos x».
201228
3 1200-06-02- «prestación de Tres 1.° de abril 30 de junio $6.600.000 -
212-12 del los servicios meses de 2012 de 2012 -
30 de marzo como técnico $2.200.000
de 201229 de rayos x». mensuales
-
4 1200-06-02- «prestar 1 mes 1.° de 1.° de $2.200.000 774 días
560-15 del servicios […] septiembre octubre de hábiles
31 de como de 2015 2015
agosto de tecnólogo en
201530 rayos x».

5 1200-06-02- «prestación de 1 mes 1.° de 29 de $2.200.000 80 días
111-16 del los servicios febrero de febrero de hábiles
1.° de como técnico 2016 2016
febrero de rayos x».
201631
6 1200-06-02- «prestación de 4 meses 25 de julio 24 de $8.800.000 97 días
441-16 del los servicios de 2016 noviembre - hábiles
25 de julio para apoyar el de 2016 $2.200.000
de 201632 cabal mensuales-
cumplimiento
de las
competencias
de la entidad y
el

26 C. Principal, folios 16 a 45.
27 C. Principal, folios 16 a 20.
28 C. Principal, folios 21 a 25.
29 C. Principal, folios 26 a 30.
30 C. Principal, folios 31 a 35.
31 C. Principal, folios 36 a 40.
32 C. Principal, folios 41 a 45.

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mejoramiento
continuo de su
área
asistencial»33.

70. En los contratos celebrados del 1.° de febrero de 2012 al 30 de junio de 2012,
con el objeto de prestar «los servicios como técnico y […] auxiliar de rayos x», se
pactaron las siguientes obligaciones contractuales a cargo del contratista34:

Tabla 3.

Prestar los servicios como técnico de rayos X con relación a la propuesta adjunta.
Prestar los servicios contemplados en la cláusula primera, aplicando todos los conocimientos y habilidades
e idoneidad necesaria.
Responder por cualquier situación que implique omisión o negligencia del profesional en el cumplimiento de
sus obligaciones.
Respetar las normas, procedimientos y reglamentos establecidos en el Hospital Tomás Uribe Uribe.
Darles buen uso a los equipos, instrumental y dotación que es propiedad del Hospital.
Conservar rigurosamente una moral estricta, así como las normas que la ética le impone al ejercicio de su
profesión.
Acatar las normas y reglamentaciones, no solo del sector salud, sino en especial las que emanen de la
Gerencia del Hospital, así como las de carácter general.

71. Por su parte, en los contratos suscritos entre el 31 de agosto de 2015 y el 1.°
de febrero de 2016, cuyo objeto fue «prestar servicios […] como tecnólogo en rayos
x», se suscribieron las siguientes obligaciones a cargo del contratista 35:

Tabla 4.

Realizar todas las actividades propias del servicio ambulatorio, como son: atención de pacientes que asistan
por dicho servicio, que requieran la atención por el técnico de rayos x, elaborar informes, consolidados de
actividades y dar adecuado manejo de los equipos a su cargo, ejecutar todos los procedimientos técnicos
administrativos definidos por la institución para la atención adecuada de todos los usuarios, con principios de
calidad y eficiencia.

72. Finalmente, en el contrato firmado entre las partes el 25 de julio de 201636,
las obligaciones estipuladas para el contratista fueron las siguientes:

Tabla 5.

Realizar todas las actividades que pueda desempeñar dadas sus condiciones de salud; que le sean
designadas por parte del supervisor del contrato, dando adecuado manejo de los equipos a su cargo,
ejecutando todos los procedimientos técnicos administrativos definidos por la institución, para la prestación
de servicio de salud de la ESE, con principios de calidad y eficiencia.

73. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, el 7 de
junio de 2016, emitió el dictamen de determinación de origen o pérdida de la

33 Este contrato se suscribió con ocasión a la sentencia proferida el 13 de julio de 2016 por el Juzgado Primero

Civil del Circuito de Tuluá, que en sede de tutela amparó los derechos fundamentales del accionante y le ordenó
a la ESE demandada reintegrar al actor a una actividad que pudiera desempeñar dadas sus condiciones de
salud. C. Principal, folio 42.
34 C. Principal, folios 17, 22 y 27.
35 C. Principal, folios 32 y 37.
36 C. Principal, folio 43.

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capacidad laboral y ocupacional, número 6199915-2182, en el que calificó al señor
Hugo Fernando González Jaramillo, con el siguiente diagnóstico:

Diagnóstico actual: (C851) linfoma de células b sin otra especificación – (I427)
cardiomiopatía debida a drogas y a otros agentes externos – (J704) trastornos
pulmonares intersticiales no especificados inducidos por drogas – (N083) trastornos
glomerulares en diabetes mellitus- (E039) hipotiroidismo, no especificado37.

74. Por las patologías del accionante, la junta calificó la enfermedad como de
origen común y cuantificó su pérdida de la capacidad laboral en 71.68%.

75. El señor Hugo Fernando González Jaramillo interpuso tutela el 29 de junio
de 2016, en contra del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, con el
objeto de obtener el amparo transitorio de sus derechos fundamentales, toda vez
que la entidad decidió no prorrogar su contrato terminado el 29 de febrero de 2016,
sin tener presente que el accionante se encontraba incapacitado38.

76. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Tuluá profirió sentencia el 13 de julio
de 2016, en la que tuteló los derechos del accionante y le ordenó al Hospital
Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá reintegrar al señor Hugo Fernando
González Jaramillo a una actividad que pudiera desempeñar, dadas sus
condiciones de salud. Igualmente, le puso de presente a este último que dentro de
los 4 meses siguientes debía acudir a la jurisdicción laboral para que se declarara
la existencia de una relación laboral y se le reconocieran sus prestaciones, si a ello
hubiera lugar, so pena de que cesaran los efectos de dicha providencia 39.

77. Como consecuencia de esta orden, la ESE suscribió con el actor el contrato
núm. 1200-06-02-441-16 del 25 de julio de 201640.

78. Finalmente, el señor Hugo Fernando González Jaramillo, el 21 de octubre de
201641 radicó reclamación ante la ESE en la que pidió:

• Su vinculación legal y reglamentaria o mediante contrato de trabajo, según la
normativa aplicable;
• El reconocimiento de las acreencias laborales a las que tiene derecho
durante el tiempo de su relación contractual, tales como prestaciones sociales
legales y extralegales, vacaciones, vacaciones especiales previstas en el numeral
2 del artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo (para trabajadores de rayos x);
• El pago de la indemnización por no consignación de las cesantías y no pago
de los intereses a las cesantías;
• La indemnización por despido injustificado en caso de mantener la
vinculación mediante contrato de prestación de servicios suscrito hasta el 25 de

37 C. Principal, folio 46, reverso.
38 C. Principal, folios 50 a 54.
39 C. Principal, folios 55 a 64.
40 C. Principal, folios 41 a 45.
41 Fecha que obra en el Oficio-AJ-1200-09-28-16 del 15 de noviembre de 2016. C. Principal, folio 12.

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noviembre de 2016;
• El reembolso de los valores aportados al sistema de seguridad social y
parafiscales durante la relación contractual;
• El reembolso de la retención en la fuente descontada de los honorarios
durante la relación contractual;
• Realizar los aportes especiales al sistema general de seguridad social en
pensiones de 10 puntos adicionales durante el término de la relación contractual,
como lo prevé el Decreto 2090 de 2003, dada su condición de trabajador de alto
riesgo;
• Reconocer el pago de 100 SMLMV por daño moral y 200 SMLMV por daño
a la vida en relación por culpa patronal de la ESE, al no cumplir las herramientas y
no acatar las precauciones necesarias para generar la patología que padece el
actor;
• Todas las acreencias a las que tenga derecho, debidamente indexadas;
• Por último, el accionante pidió las pruebas de dosimetría desde el año 2012
hasta la fecha, relativas a las áreas de rayos x, equipos de rayos x y el personal
expuesto42.

79. El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá expidió el Oficio núm.
AJ-1200-09-28-16 del 15 de noviembre de 201643 en el que expresó que no
procedía el reconocimiento de acreencias laborales, dado que el peticionario y la
ESE aceptaron de común acuerdo la celebración de un contrato civil, por ende, no
reconoció la existencia de una relación laboral entre las partes.

80. El señor Hugo Fernando González Jaramillo radicó solicitud de afiliación a
Asosindisalud44. Con ocasión a esto, Colmena Seguros generó el reporte de ingreso
del trabajador a partir del 30 de diciembre de 201645.

81. Igualmente, obran recibos de pagos emitidos por Asosindisalud, a favor del
demandante, por concepto de lo devengado en el período laborado de enero de
2017 a enero de 2019 en el cargo de «apoyo a la facturación – tutela»46 y «auxiliar
de facturación» en el lugar de trabajo «Tomás Uribe Uribe»47. Esta asociación
sindical también allegó al proceso los certificados de aportes al sistema de
protección social por parte de Asosindisalud, a favor del actor, por los períodos
comprendidos de julio de 2018 a diciembre de 201848.

42 C. Principal, folios 65 a 68.
43 C. Principal, folios 12 a 15.
44 Samai, exp. 76001233300520170060800, índice 49, 76001-23-33-000-2017-00608-00, PRUEBAS, páginas

113 y 114 del archivo digital.
45 Samai, exp. 76001233300520170060800, índice 49, 76001-23-33-000-2017-00608-00, PRUEBAS, páginas

116 y 117 del archivo digital.
46 Samai, exp. 76001233300520170060800, índice 49, 76001-23-33-000-2017-00608-00, PRUEBAS, páginas

123 a 139.
47 Samai, exp. 76001233300520170060800, índice 49, 76001-23-33-000-2017-00608-00, PRUEBAS, páginas

140 a 145 del archivo digital.
48 Samai, exp. 76001233300520170060800, índice 49, 76001-23-33-000-2017-00608-00, PRUEBAS, páginas

120 a 122 del archivo digital.
19

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00608-01 (0703-2023)
Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
Demandada: Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá
Litisconsorte: Asosindisalud

3.4.2. Testimoniales

82. Luz Adriana Cárdenas Restrepo: Indicó que es auxiliar administrativa y
labora en el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Mencionó que
lleva 20 años trabajando en el Hospital y que conoce al señor Hugo Fernando
González Jaramillo porque fueron compañeros de trabajo en el Hospital hace
algunos años, por un período de «distinguirlo de hace varios años atrás». Relató
que es auxiliar administrativa y que en el tiempo en el que conoció a Hugo se
encontraba en el área de urgencias, porque hacía procesos administrativos allí. Lo
conoció siendo tecnólogo en esa área, porque tomaba todo lo relativo a rayos x.

83. Aclaró que ella era funcionaria de planta, pero que, a diferencia suya, Hugo
estaba vinculado por prestación de servicios, «la verdad desconozco el tipo de
vinculación que se hace con cada persona, pero sí sé que estuvo un tiempo
vinculado, salió un período de tiempo del Hospital y después volvió». Al respecto,
expresó que en el reintegro se reencontraron y «creo que le hicieron un cambio de
vinculación». Contó que en el período en el cual laboró en Urgencias, «todas las
personas que trabajaban en procesos asistenciales lo hacen por turnos, ya sea una
mañana, por la tarde, por la noche o por el día».

84. En ese sentido, expresó que coincidió con el señor Hugo en varios turnos
porque «se entenderá que en urgencias es normal que lleguen personas que
requieren rayos x [...] y debe estar pendiente si lo llamaban a tomar imágenes en
urgencias o estar pendiente de algún pendiente». Agregó que luego que ella salió
de urgencias en 2017, se volvieron a encontrar en el área de facturación de la
entidad «cuando el señor se encontraba en un proceso administrativo, no sé bien,
ahí fue que nos volvimos a encontrar».

85. El magistrado indagó sobre a qué se refería con los turnos, frente a lo cual la
testigo manifestó que «cuando le hablo de turnos me refiero a que si se pasa una
programación de turnos hay que cumplir unos horarios específicos […] si se designa
un turno en la mañana es un turno que va de 7 de la mañana a 1 de la tarde, si se
designa un turno de la tarde es un turno que va de 1 de la tarde a 7 de la noche, si
se designa un turno noche es un turno que iba de 7 de la noche a 7 de la mañana,
eso sí es relativo dependiendo de la programación de cada servicio».

86. El magistrado indagó a la testigo sobre «si conoció si él estaba bajo la
dirección de alguna dependencia, a qué dependencia le prestaba los servicios, si le
consta que recibía órdenes o instrucciones o prestaba sus servicios de forma
independiente». En torno a esto, la señora Cárdenas Restrepo mencionó que «no,
independiente no, porque todos estamos sujetos a unas directrices, a una
coordinación en cada proceso, él en su proceso de imágenes (rayos x) siempre tuvo
un coordinador, y las personas que trabajaban ahí tienen que cumplir las órdenes y
la programación que el coordinador entregue y directamente pues son órdenes
propias que se tienen que asumir porque las administraciones o gerencias tienen
20

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00608-01 (0703-2023)
Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
Demandada: Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá
Litisconsorte: Asosindisalud

una programación para que cada servicio funcione de x forma […] tenía un jefe
directo coordinador del proceso de imágenes, en este momento no recuerdo quien
era, y bajo esa jefatura las propias direcciones del Hospital como tal».

87. El magistrado volvió a interrogar a la testigo sobre lo pertinente, puntualmente
frente al señor Hugo Fernando González Jaramillo «sí vio que esté bajo la orden de
algún funcionario o alguna dependencia de la entidad, en concreto, si vio, si
observó, o infiere usted». Al respecto, la declarante mencionó que «asumo, infiero,
vi que imágenes diagnósticas tiene un coordinador, así que él tuvo que estar bajo
la coordinación de un jefe directo, porque no podía mandarse solo».

88. Seguidamente, el magistrado le preguntó a la testigo «a usted le consta si
para el ejercicio de las labores qué instrumentos utilizaba el señor Hugo Fernando
González Jaramillo, si eran del Hospital o si eran de la propiedad de él». La testigo
respondió que «para prestar servicios de imágenes diagnósticas son equipos
propios del Hospital, porque el paciente tiene que llegar a un sitio específico donde
le realizan la radiografía o los estudios de rayos x que requiera». El magistrado le
contra preguntó si «lo presume o lo vio», frente a lo cual la señora Cárdenas
Restrepo manifestó que «yo sé que hay un sitio donde se toman las radiografías,
claro, todas las personas que requieren de ese servicio las llevan a rayos x […] lo
que él hacía en torno a las imágenes diagnósticas era en un sitio específico, los
equipos están en rayos x y cuando tienen que tomar un estudio de pacientes que
no se pueden desplazar el técnico los debe llevar hasta el sitio, pero esos equipos
pertenecen a las instalaciones del Hospital […] sí me consta eso, hacen parte de
los activos del Hospital […] sí señor los equipos que utilizaba el señor Hugo
Fernando González Jaramillo siempre han estado en el Hospital».

89. Posteriormente, se le dio la palabra al apoderado de la parte demandante,
quien solicitó la prueba para efectos de interrogar a la testigo. Le preguntó a la
señora Luz Adriana Cárdenas Restrepo «quién suministraba los turnos que usted
manifestó tenía que cumplir el señor Hugo Fernando González Jaramillo». Esta
respondió que lo hacía el «coordinador del área es quien entrega el plan de trabajo
mensual a las áreas, lo que me hace entender por lógica que el coordinador era
quien pasaba esos cuadros de turnos». De manera precisa el apoderado le interrogó
si Hugo Fernando podía negarse a atender esos turnos o debía cumplirlos, frente a
lo cual la testigo mencionó que «no, todos tenemos que cumplir los horarios de
acuerdo con lo que nos plantea la institución […] y en el caso del señor Hugo asumía
que operaba exactamente igual».

90. La apoderada de Asosindisalud indagó a la testigo sobre la asociación que
empezó a operar en el Hospital, frente a lo cual la señora Luz Adriana informó que
se trató de «Asosindisalud». También le preguntó si «conocía usted si el señor Hugo
Fernando fue vinculado con esta asociación» y la testigo respondió que «creo que
tuvo una vinculación en el último tiempo con la asociación, porque las personas que
no eran directamente del Hospital pasaron a tener vinculación con la asociación
cuando empezó a funcionar en el Hospital».
21

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00608-01 (0703-2023)
Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
Demandada: Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá
Litisconsorte: Asosindisalud

91. Se le pidió que precisara si «lo vio de manera directa o lo asume», y la
declarante mencionó que «mi respuesta es porque sé que las personas que no
pertenecen a la planta del Hospital tienen vinculación con la asociación o con los
outsourcing, entonces sé que eso ocurrió con las personas […] no tengo una línea
de tiempo precisa […] es difícil identificar estos procesos en una línea de tiempo
porque no hacen parte del diario». Se le preguntó si «tuvo conocimiento de, durante
el tiempo en que el señor pasó a hacer parte de la asociación, quién tuvo a su cargo
la retribución, qué entidad tuvo a su cargo el pago por razón de los servicios» y la
testigo respondió que «no tengo conocimiento, yo asumo que, si se hizo un paso a
la Asociación, pues la Asociación le pagaba, pues así funciona». Finalmente, la
testigo manifestó que desconocía hasta que fecha prestó servicios el señor Hugo.

92. El Ministerio Público le preguntó a la testigo quién hacía los aportes a
Seguridad Social. La señora Luz Adriana Cárdenas Restrepo sostuvo que no tenía
conocimiento sobre lo preguntado, «en este caso específico yo no sé qué tipo de
vinculación tenía Hugo Fernando, si era por prestación de servicios o si era
directamente con la Asociación o estaba directamente con el Hospital por contrato
con ellos». También le indagó si la coordinación a la que se ha hecho referencia la
ejercía el Hospital, la asociación o un outsourcing, aspecto frente al cual la
declarante indicó que «antes de que entrara la Asociación a pertenecer al Hospital,
a tener manejo de personal, la coordinación era directamente del Hospital, había
una persona encargada del área de imágenes, que era directamente el Hospital,
después de que entró la asociación desconozco si la persona que estaba allí
pertenecía al Hospital o era alguien que llegaba por la Asociación».

93. En línea con esto, le formuló la pregunta a la testigo de «si tuvo conocimiento
quién era la persona que directamente le daba las órdenes de trabajo al señor Hugo
Fernando, si era alguien del Hospital o de la asociación o él autónomamente tomaba
las decisiones». Frente a esto, la señora dio cuenta de que durante el tiempo en el
cual estuvo en rayos x, dependía del coordinador de rayos x, y cuando estaba en el
área administrativa porque después estuvo en proceso administrativo, al jefe del
área en el proceso en el que estaba, en facturación. Finalmente, la testigo afirmó
que no tuvo conocimiento sobre la iniciación de alguna actuación disciplinaria y que
conoció al accionante de vista, por lo cual dio cuenta de lo que le constaba sin
fechas precisas.

94. Martha Lucía Miranda Pérez: Indicó que es empleada en el Hospital
Departamental Tomás Uribe Uribe ESE, en el cual labora en calidad de auxiliar
administrativa. Indicó que conoce al señor Hugo Fernando González Jaramillo
porque «fuimos compañeros de trabajo hace ya varios años, yo llevo laborando en
la institución hace 27 años y conozco a Hugo hace unos 10 años más o menos».
Relató que conoció a Hugo Fernando «cuando él se desempeñaba en el Hospital
como funcionario en el área de radiología […] lo distinguí solamente como
compañero de trabajo […] y que desde que lo conoció trabajaba en el área de
radiología como técnico, luego hubo un tiempo en el que dejó de laborar acá y ya,
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00608-01 (0703-2023)
Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
Demandada: Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá
Litisconsorte: Asosindisalud

al tiempo se reintegró ya a otra área que era como a un área administrativa».
Precisó, sobre su vinculación, que el señor Hugo Fernando «no era de planta, él
supongo que era por contratación de servicio o no sé, pero él no estaba vinculado
directamente al Hospital […] de eso no tengo conocimiento».

95. La testigo dio cuenta de que ella laboraba en facturación de Urgencias y el
señor Hugo en radiología, áreas distintas, pero había turnos en los que a veces
coincidían o «lo veía en el área de urgencias haciendo su proceso, pero no
siempre». El magistrado le indagó sobre las labores realizadas, específicamente si
el accionante «estaba adscrito a una dependencia, tenía jefe, cómo era la labor de
él». Frente a esto, la testigo afirmó que no sabía quién era el jefe, «pero como todo
empleado debía tener uno que le otorgara sus turnos y le indicara cómo iba a
laborar». También se le preguntó a la testigo sobre «si usaba los instrumentos de él
o del Hospital», frente a lo cual la testigo dio cuenta de que los equipos eran de la
institución, si después fueron adquiridos en alquiler venían siendo igual del Hospital,
no eran de Hugo.

96. Seguidamente, el apoderado de la parte demandante le preguntó si el señor
Hugo estaba sometido a turnos o si podía elegir que días trabajar. Frente a esto, la
señora Martha Lucía Miranda Pérez relató que «en todas las áreas siempre hemos
tenido unos cuadros de turnos que debemos respetar, yo creo que con el área de
radiología sucedía lo mismo, él no podía manejarlos a su antojo, no sé como los
manejaban ellos, pero sí se que todas las áreas se debían seguir al cuadro de turnos
y a un cumplimiento de horarios». Finalmente, se preguntó a la testigo si el
accionante era «autónomo en la prestación del servicio o tenía que obedecer a las
instrucciones dadas por las directivas del Hospital». La testigo manifestó que «él
tenía que obedecer, porque sí tenía un jefe, debía respetarlo» y precisó que solo
tenía conocimiento de lo que veía y sabía en condición de compañera de trabajo.

3.4.3. Interrogatorio de parte

97. Hugo Fernando González Jaramillo: se identificó como tecnólogo en
radiología, tecnólogo en radioterapia y profesional de marketing de servicios de
salud y precisó que en la actualidad es coordinador de una clínica en la ciudad de
Popayán. Dio cuenta de que tuvo vinculación con Asosindisalud desde 2016 a «junio
de 2017» y que firmó solicitud de asociación. También mencionó que no fueron
claras las condiciones porque lo cambiaron a diferentes áreas, lo que lo llevó a pasar
su carta de renuncia. Manifestó que «debido a mi enfermedad me tuvieron que
cambiar de mi trabajo normal que era imagenología y me pasaron a servicios de
facturación, auditoría, archivo, me pusieron a cargar cajas, nunca tuve un trabajo
como estable y se suponía que la sentencia del reintegro ordenó que se hiciera a
uno igual o mejor, pero nunca tuve esa posibilidad». Además, expresó que su
cambio se debió a una recomendación médica y que quien fijó las actividades a
desarrollar fue la Junta, debido al cáncer que padecía, el cual le impedía estar en
contacto con radiaciones ionizantes.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00608-01 (0703-2023)
Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
Demandada: Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá
Litisconsorte: Asosindisalud

98. El declarante expresó que durante el tiempo en el cual estuvo vinculado a
Asosindisalud se le informó la forma en que se le pagaría la retribución de sus
servicios y recibió pagos por concepto de compensación, equivalentes a honorarios
de labor. Mencionó que Asosindisalud era quien le pagaba y establecía los turnos.
No obstante, afirmó que no se le otorgó valor alguno por transporte y que durante
el período de 2016-2017 Asosindisalud asumió el pago de los aportes a Seguridad
Social. Por último, relató que se retiró debido a «hostigamiento laboral».

3.5. Caso concreto

99. En el asunto bajo análisis, el accionante solicita que se declare la existencia
de una relación laboral, puesto que celebró contratos de prestación de servicios con
la ESE del 1.° de febrero de 2012 al 24 de noviembre de 2016 para prestar sus
servicios como técnico, auxiliar y tecnólogo de rayos x, y para el apoyo en el área
asistencial.

100. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda, porque, aunque encontró
acreditada la prestación personal del servicio y la remuneración, no tuvo por
probada la subordinación, porque los testimonios de las señoras Luz Adriana
Cárdenas y Martha Lucía Miranda se basaron en inferencias. El Tribunal precisó
que frente al período supuestamente laborado por el actor de 2017 a 2019, solo
obró su afiliación a Asosindisalud, sin que existiera certeza de dónde prestó sus
servicios.

101. Inconforme con esta decisión, la parte accionante apeló con el objeto de que
la sentencia se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda.
Insiste en que cumplió con los elementos de la relación laboral, hizo énfasis en que
las pruebas testimoniales permitían acreditar la subordinación y refirió que
Asosindisalud ejerció como simple intermediaria de la relación laboral.

102. Para resolver el recurso de apelación, la Sala estudiará los elementos de la
relación laboral. Hará mención a la prestación personal y la remuneración – que el
Tribunal tuvo por acreditadas– y efectuará las precisiones que resulten procedentes
frente a los períodos laborados en el área asistencial o administrativa, y a través de
Asosindisalud.
• Elementos de la relación laboral
103. Respecto de la prestación personal del servicio. Está acreditado que el
señor Hugo Fernando González Jaramillo suscribió seis contratos de prestación de
servicios con la ESE para laborar en el período comprendido del 1.° de febrero de
2012 al 24 de noviembre de 2016, como se evidencia en la siguiente tabla:

24

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00608-01 (0703-2023)
Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
Demandada: Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá
Litisconsorte: Asosindisalud

Tabla 6.
Contrato Objeto Vigencia Desde Hasta Remuneración Interrupción
en días
hábiles
1 1200-06-02- «prestación de 1 mes 1.° de 29 de $2.200.000 -
92-12 del los servicios febrero de febrero de
1.° de como técnico 2012 2012
febrero de de rayos x».
201249
2 1200-06-02- «prestación de 1 mes 1.° de marzo 31 de $2.200.000 -
152-12 del los servicios de 2012 marzo de
1.° de como auxiliar 2012
marzo de de rayos x».
201250
3 1200-06-02- «prestación de Tres 1.° de abril 30 de junio $6.600.000 - -
212-12 del los servicios meses de 2012 de 2012 $2.200.000
30 de marzo como técnico mensuales -
de 201251 de rayos x».

4 1200-06-02- «prestar 1 mes 1.° de 1.° de $2.200.000 774 días
560-15 del servicios […] septiembre octubre de hábiles
31 de como de 2015 2015
agosto de tecnólogo en
201552 rayos x».

5 1200-06-02- «prestación de 1 mes 1.° de 29 de $2.200.000 80 días
111-16 del los servicios febrero de febrero de hábiles
1.° de como técnico 2016 2016
febrero de rayos x».
201653
6 1200-06-02- «prestación de 4 meses 25 de julio 24 de $8.800.000 - 97 días
441-16 del los servicios de 2016 noviembre $2.200.000 hábiles
25 de julio para apoyar el de 2016 mensuales-
de 201654 cabal
cumplimiento
de las
competencias
de la entidad y
el
mejoramiento
continuo de su
área
asistencial»55.

49 C. Principal, folios 16 a 20.
50 C. Principal, folios 21 a 25.
51 C. Principal, folios 26 a 30.
52 C. Principal, folios 31 a 35.
53 C. Principal, folios 36 a 40.
54 C. Principal, folios 41 a 45.
55 Este contrato se suscribió con ocasión a la sentencia proferida el 13 de julio de 2016 por el Juzgado Primero

Civil del Circuito de Tuluá, que en sede de tutela amparó los derechos fundamentales del accionante y le ordenó
a la ESE demandada reintegrar al actor a una actividad que pudiera desempeñar dadas sus condiciones de
salud. C. Principal, folio 42.
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00608-01 (0703-2023)
Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
Demandada: Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá
Litisconsorte: Asosindisalud

104. Los primeros cinco se pactaron con el objeto de prestar servicios como
técnico, auxiliar y tecnólogo en rayos x y el último como consecuencia de una
sentencia de tutela en la que se ordenó el reintegro del actor. En razón a esto, la
totalidad de los contratos firmados por las partes pactaron la prestación personal,
dada la imposibilidad que tenía el contratista de ceder los contratos o subcontratar
a otra persona, salvo previa autorización del contratante56.

105. Remuneración. Está probado que, por los seis contratos de prestación de
servicios suscritos para laborar en el período comprendido del 1.° de febrero de
2012 al 24 de noviembre de 2016, el actor recibió una contraprestación pactada de
manera expresa en las cláusulas contractuales, con independencia de su
denominación.

106. Continuada subordinación o dependencia. Ahora bien, valoradas en
conjunto las pruebas documentales, los testimonios y el interrogatorio de parte
rendido en el curso de este proceso, la Sala analiza lo siguiente:
• Frente al período laborado como técnico, auxiliar o tecnólogo de rayos x

107. En efecto, la labor desempeñada por el accionante hace parte de las
funciones propias del objeto social de la ESE, como se desprende del artículo cuarto
de la Ordenanza núm. 005 del 12 de enero de 1996 «por medio de la cual se crean
los Hospitales Departamentales de Sevilla, Departamental de Cartago y
Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, como Empresas Sociales del Estado
del orden Departamental»57. El citado artículo previó como objeto de las ESE el
siguiente:
Artículo cuarto – Objeto. El objeto de las Empresas Sociales del Estado que se crean
por virtud de esta Ordenanza será la prestación de servicios de salud, entendidos
como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de
Seguridad Social en Salud. En consecuencia, en desarrollo de este objeto,
adelantarán acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la
salud.

108. Las funciones desempeñadas por el accionante durante el interregno en el
que ejerció como técnico, auxiliar y tecnólogo de rayos x de la ESE, de conformidad
con las obligaciones específicas pactadas en los contratos, consistieron en atender
pacientes en el servicio de radiología. Lo anterior, se desprende del objeto de la
ESE, sustentado en la prestación de servicios de salud, que comprende la práctica
de imágenes diagnósticas y el servicio de radiología, orientado a los problemas que
padezcan los pacientes. En ese sentido, se tiene que el accionante ejerció una labor
que constituía un servicio asistencial y, de ese modo, se exigía permanencia,
continuidad y sujeción estricta a los protocolos y directrices impartidas por la entidad
demandada.

56 C. Principal, folios 19, 24, 28, 33 38 y 44.
57 /www.hospitaltomasuribe.gov.co/web/wp-content/uploads/2022/09/Ordenanza-005_1996-Creacion-
HDTUU.pd.
26

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00608-01 (0703-2023)
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Litisconsorte: Asosindisalud

109. Aunque algunos contratos refirieron la labor como técnico, otros como auxiliar
y otros como tecnólogo en rayos x, estos términos se utilizaron indistintamente en
ambos contratos, a tal punto que las obligaciones contractuales pactadas entre el
1.° de febrero de 2012 y el 1.° de febrero de 2016, guardan homogeneidad.

110. Los contratos consignaron que estos se pactaron con la finalidad de que la
prestación de servicios se diera en las instalaciones del Hospital Tomás Uribe Uribe
ESE y que el servicio de radiología tenía que ejercerse en respuesta a la «demanda
del servicio, para cumplir con la atención de pacientes en urgencias, ambulatorios y
hospitalizados»58.

111. Estos documentos deben valorarse en conjunto con los testimonios rendidos
por las señoras Luz Adriana Cárdenas Restrepo y Martha Lucía Miranda Pérez,
según los cuales el señor Hugo Fernando González Jaramillo no ejerció su labor de
forma autónoma e independiente, dado que cumplió un horario regido por el sistema
de turnos, estaba sujeto a un coordinador o jefe directo, bajo las directrices del
Hospital y para el servicio de imágenes diagnósticas utilizaba los equipos propios
del Hospital.

112. Las pruebas testimoniales rendidas por las señoras Luz Adriana Cárdenas
Restrepo y Martha Lucía Miranda Pérez gozan de valor probatorio en el presente
proceso, acorde con las reglas de la sana crítica se advierte que fueron coherentes
y consistentes en la información sobre la cual declararon y se desempeñaron para
el momento de los hechos como auxiliares administrativas en el Hospital
Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, lo que les otorgó un conocimiento
directo. En razón a ello, afirmaron distinguir al actor por varios años, dada su
permanencia en la institución.

113. Los testimonios tienen valor probatorio en cuanto al elemento de
subordinación, aunque las declarantes no hayan precisado el nombre del
funcionario que estaba a cargo en la entidad - brindaron información relevante sobre
los horarios, el hospital, y en general, la forma en la cual el accionante prestaba sus
servicios-.

114. Así pues, se evidencia el ejercicio del poder subordinante de la entidad, pues
el demandante se encontraba sujeto a horarios, órdenes y la utilización de los
insumos brindados por el Hospital para el ejercicio de su labor, lo que implicaba que
la ESE podía disponer de su servicio y el accionante tenía la obligación de
obedecerle. En particular, existía una asignación concreta de turnos que el actor no
podía desconocer, así quisiera, derivada de la naturaleza de su labor que exigía una

58 C. Principal, folio 27.

27

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00608-01 (0703-2023)
Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
Demandada: Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá
Litisconsorte: Asosindisalud

atención permanente, bajo constante vigilancia y en cumplimiento de la misión por
la cual se creó el Hospital, lo que desacredita la independencia del contratista59.
• Frente al período laborado como auxiliar de servicios asistenciales y
administrativos

115. La Sala considera que frente a los extremos comprendidos del 25 de julio de
2016 al 24 de noviembre de 2016, que la señora Luz Adriana Cárdenas Restrepo
expresó que «todas las personas que trabajaban en procesos asistenciales lo hacen
por turnos, ya sea una mañana, por la tarde, por la noche o por el día» y que «todos
tenemos que cumplir los horarios de acuerdo con lo que nos plantea la institución
[…] y en el caso del señor Hugo asumía que operaba exactamente igual».
Asimismo, la testigo afirmó que el actor cuando estaba en el área administrativa
recibía las órdenes del jefe.

116. Lo anterior debe valorarse en atención a las particularidades del asunto, en
concreto que el demandante obtuvo un amparo transitorio con ocasión de su
situación de salud, lo que dio lugar a que la ESE celebrara el contrato de prestación
de servicios núm. 1200-06-02-441-16 del 25 de julio de 2016, que incluyó la
siguiente consideración:
j) Que mediante sentencia judicial 062 del Juzgado Primero Civil del Circuito de
Tuluá del 13 de julio de 2016, notificado al hospital el día 14 de julio de 2016; se
resolvió: tutelar los derechos al trabajo, a la seguridad social, a la vida digna, y a la
estabilidad laboral reforzada, invocados por el señor Hugo Fernando González
Jaramillo que han sido vulnerados por el Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Valle,
y ordenó a la ESE que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de
la sentencia proceda a reintegrar al señor Hugo Fernando González Jaramillo a una
actividad que pueda desempeñar dadas sus condiciones de salud. Igualmente, el
juez de tutela ordenó, que dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de
la sentencia Hugo Fernando González Jaramillo deberá acudir a la jurisdicción
laboral para solicitar que se declare la existencia de su relación laboral y se le
reconozcan las prestaciones si a ello hubiere lugar, so pena de que cesen los efectos
de esta sentencia.

117. En este contexto, la valoración integral de las pruebas refleja que, frente al
periodo laborado como auxiliar de servicios asistenciales o administrativos, el actor
cumplió un horario y recibió órdenes, lo cual resulta acorde con el objeto del contrato
núm. 1200-06-02-441-16, en el cual se estipuló como obligación del contratista:
Realizar todas las actividades que pudiera desempeñar dadas sus condiciones de
salud; que le sean designadas por parte del supervisor del contrato, dando
adecuado manejo de los equipos a su cargo, ejecutando todos los procedimientos

59 Para el análisis del elemento de subordinación, se tuvieron en cuenta los siguientes antecedentes de la Sala

de Subsección: i) sentencia del 5 de febrero de 2026, exp. 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023) M.P.
Juan Enrique Bedoya Escobar; y ii) sentencia del 12 de diciembre de 2023, exp. 25000-23-42-000-2015-03662-
02 (2328-2021) M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00608-01 (0703-2023)
Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
Demandada: Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá
Litisconsorte: Asosindisalud

técnicos administrativos definidos por la institución, para la prestación del servicio
de salud de la ESE, con principios de calidad y eficiencia60.

118. Bajo este entendido, está acreditada la subordinación en el periodo objeto de
estudio, máxime porque el contrato núm. 1200-06-02-441-16 estipuló que el actor
debía ejecutar las actividades compatibles con su estado de salud que fueran
designadas por el supervisor, aplicar los procedimientos técnicos y administrativos
definidos por la institución y prestar sus servicios conforme a las necesidades de la
ESE.

119. De esto se concluye que el accionante fue vinculado nuevamente con el
Hospital, en virtud de la orden de tutela, y por ello, ingresó a laborar en funciones
asistenciales que no comprometieran su estado de salud, ya que su experiencia era
como tecnólogo en radiología, y tecnólogo en radioterapia, como dio cuenta en su
interrogatorio.

120. Estas circunstancias evidencian que la entidad conservó la facultad de
determinar las tareas que debía ejecutar el contratista y la forma en que debía
desarrollarlas.

121. En consecuencia, está probada la subordinación en el período objeto de
estudio.

• Frente a la vinculación con Asosindisalud

122. Seguidamente, aunque según la demanda la relación laboral con el Hospital
se mantuvo hasta la fecha de presentación de la demanda, el 5 de mayo de 2017,
el Tribunal negó la vinculación de 2017, en adelante, ante la ausencia de pruebas
en el expediente. Al respecto, la Sala precisa que en la reclamación administrativa
el actor hizo referencia a los contratos suscritos en el período comprendido del 1.°
de febrero de 2012 al 25 de noviembre de 2016, sin los tiempos de la vinculación
con Asosindisalud.

123. Además de ello, aunque el actor en su apelación indicó que Asosindisalud
ejerció como simple intermediaria, no reprochó de manera concreta el argumento
del Tribunal según el cual no se probó con certeza dónde prestó sus servicios.

124. Precisado lo anterior, la Sala advierte que el demandante no cumplió con el
requisito de pedir en sede administrativa la declaración de la relación laboral por el
tiempo prestado con Asosindisalud. En las pretensiones de la demanda tampoco
incluyó dicho tiempo. En consecuencia, esto impediría un pronunciamiento en sede
judicial, al desconocerse el privilegio de la decisión previa.

60 C. Principal, folio 43.

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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00608-01 (0703-2023)
Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
Demandada: Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá
Litisconsorte: Asosindisalud

• En cuanto a la prescripción

125. Como la Sala encontró demostrada la relación laboral del 2012 al 2016, salvo
interrupciones, se analizará la prescripción de las prestaciones a las que tiene
derecho el demandante. En el caso objeto de estudio, el señor Hugo Fernando
González Jaramillo radicó reclamación el 21 de octubre de 2016 (cuando no se
había terminado el último contrato, el cual finalizó el 24 de noviembre de 2016) y
presentó demanda el 5 de mayo de 2017, de modo que operó la prescripción
respecto de los derechos exigibles con más de tres años de antelación a la
reclamación, en este caso los causados antes del 1.° de septiembre de 2015 (del
1.° de febrero de 2012 al 30 de junio de 2012).

126. Ahora bien, la Sala constata que en el caso concreto se presentaron las
siguientes interrupciones: i) del 1.° de octubre de 2015 al 1.° de febrero de 2016 (80
días hábiles); y ii) del 29 de febrero de 2016 al 25 de julio de 2016 (97 días hábiles).

127. En este orden, el actor tiene derecho al pago de las prestaciones sociales
causadas entre el 1.° de septiembre de 2015 y el 24 de noviembre de 2016 (salvo
interrupciones). Igualmente, se hace la salvedad de que los aportes a pensión son
imprescriptibles, por lo que su reconocimiento se hará desde el 1.° de febrero de
2012, salvo las interrupciones.

• Del restablecimiento del derecho

128. Como la sentencia de primera instancia negó las pretensiones de la
demanda, y a juicio de la Sala sí están acreditados los elementos de la relación
laboral del 1.° de febrero de 2012 al 24 de noviembre de 2016, salvo interrupciones,
debe revocarse la sentencia, para, en su lugar, declarar la nulidad del Oficio AJ-
1200-09-28-16, del 15 de noviembre de 2016. Por tanto, la Sala se pronunciará
expresamente sobre todas las pretensiones de la demanda:

129. Declaratoria de la existencia de una relación laboral. En los términos
expuestos, la Sala declarará la existencia de una relación laboral entre el señor
Hugo Fernando González Jaramillo y el Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá
durante el período comprendido del 1.° de febrero de 2012 al 24 de noviembre de
2016, sin incluir las interrupciones, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos
pensionales.

130. Declaratoria de no solución de continuidad en la relación contractual
desde el 1.° de marzo de 2016 al 23 de julio de 2016 con ocasión de la orden de
tutela. La Sala no accederá a lo pretendido, porque esto no se solicitó en la
reclamación administrativa. Además, no existió una relación contractual en ese
período, de modo que no hubo prestación del servicio. Por otro lado, la orden de
tutela no consideró que este periodo se debía tener como laborado, sino que el
amparo consistió en que procedía el «reintegro» en actividades que pudiera
desempeñar dadas sus condiciones de salud.
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00608-01 (0703-2023)
Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
Demandada: Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá
Litisconsorte: Asosindisalud

131. Declaratoria de vinculación legal y reglamentaria. No se puede acceder a
esta pretensión, porque como lo ha reiterado la Subsección, en otras decisiones, el
reconocimiento de la relación laboral no le otorga al demandante la calidad de
empleado público61.

132. Asimismo, el accionante pidió el reconocimiento de varias acreencias de
orden laboral, a título de indemnización, sin embargo, frente a esto la Sala precisa
que como fue objeto de unificación por la corporación62, y lo ha reiterado la
Subsección, las prestaciones sociales derivadas de la nulidad del acto que niega la
existencia de la relación laboral no se conceden a título indemnizatorio sino como
un restablecimiento del derecho63. En razón a esto, se efectúan las siguientes
precisiones:

133. Ingresos dejados de percibir desde el 1.° de marzo de 2016 al 23 de julio
de 2016. La Sala no accederá a esta pretensión, dado que no fue solicitada de
manera expresa en la petición del 21 de octubre de 2016, en la cual se reclamaron
las acreencias laborales derivadas de la «relación contractual con la entidad».

134. En todo caso, aunque se superara este presupuesto procesal, no hubo
prestación del servicio por ese tiempo del 1.° de marzo de 2016 al 23 de julio de
2016.

135. Asimismo, la declaratoria de la existencia de la relación laboral no le otorga
al accionante la calidad de empleado público, por ello, en su condición de contratista
no tiene derecho al pago de periodos en los cuales no prestó el servicio.
Adicionalmente, el juez de tutela no ordenó que dicho periodo se tuviera como
laborado.

136. Primas de servicios, vacaciones, primas de vacaciones, primas de
navidad, bonificación por recreación, auxilio de cesantías e intereses a las
cesantías. Al respecto, la Sala considera que el demandante tiene derecho al
reconocimiento y pago de los valores por concepto de prestaciones laborales
legales derivadas de la relación laboral que debieron liquidarle, como vacaciones,
primas, bonificaciones y cesantías, entre otras, pero no las extralegales.

137. Para ello, en cuanto a la base para la liquidación de las prestaciones sociales
cuyo pago se ordenará, como consecuencia de la declaratoria de la existencia de la
relación laboral, se determinará que por regla general y en virtud del principio a
trabajo igual salario igual, debe corresponder al salario del cargo que exista en la
planta de personal con funciones iguales o equivalentes. En caso contrario, cuando

61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5

de febrero de 2026, exp. 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023).
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Sentencia del 25 de agosto de

2016, radicado: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE- SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5

de febrero de 2026, exp. 25000-23-42-000-2019-01425-01 (6219-2023).
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Litisconsorte: Asosindisalud

no exista el cargo en la planta, la base para calcular las prestaciones deben ser los
honorarios.

138. Frente a los aportes especiales de pensión por desarrollar actividad de
alto riesgo. De conformidad con el artículo 2, numeral 3 del Decreto 2090 de 2003
se considera una actividad de alto riesgo, los «trabajos con exposición de
radiaciones ionizantes». Por ende, en consonancia con lo pedido en sede
administrativa, la Sala reconocerá el monto de cotización especial para actividades
de alto riesgo, previsto en la Ley 100 de 1993, más 10 puntos adicionales a cargo
del empleador64.

139. Ello implica que, de manera general, la parte demandada debe calcular el
Ingreso Base de Cotización (IBC) pensional que corresponde a los salarios de un
empleado de planta que haya desarrollado sus funciones en todo el período de
vinculación, del 1.° de febrero de 2012 al 24 de noviembre de 2016 (salvo sus
interrupciones), porque estos son imprescriptibles. En caso de que no lo haya, el
correspondiente a los honorarios pactados en los contratos.

140. A estos valores, en específico, deberá sumarle 10 puntos adicionales por
actividad de alto riesgo, solo en los períodos concretos en los que el actor estuvo
sometido a la exposición de radiaciones por su actividad como técnico en rayos x
del 1.° de febrero de 2012 al 29 de febrero de 2016 (salvo interrupciones). La entidad
deberá cotizar al respectivo fondo pensional el porcentaje que le correspondía como
empleador.

141. Indemnización por no consignación de las cesantías y no consignación
de los intereses a las cesantías. La Sala no accederá a esto, ya que la relación
laboral que da lugar al restablecimiento del derecho se declara con la presente
sentencia, en esta medida no puede imputársele a la ESE una mora65.

142. Reembolso de aportes a seguridad social como independiente. Como lo
ha puesto de presente la Sección no procede la devolución del porcentaje de pago
de seguridad social, en los términos de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-
2021, porque estos recursos del sistema integral no son un crédito que se constituye
a favor del contratista66.

4. Conclusión

143. Se debe declarar la existencia de la relación laboral entre la entidad y el actor

64 El artículo 5 del Decreto 2090 de 2003 prevé que: «Artículo 5º Monto de la cotización especial. El monto

de la cotización especial para las actividades de alto riesgo es el previsto en la Ley 100 de 1993, más diez (10)
puntos adicionales a cargo del empleador».
65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

19 de marzo de 2026, exp. 85001-23-33-000-2021-00001-01 (3634-2023).
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del

19 de marzo de 2026, exp. 85001-23-33-000-2021-00001-01 (3634-2023). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de abril de 2023, exp. 25000-
23-42-000-2019-00236-01 (3212-2022).
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Radicación: 76001-23-33-000-2017-00608-01 (0703-2023)
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por el período comprendido del 1.° de febrero de 2012 al 24 de noviembre de 2016.
Sin embargo, operó la prescripción de los derechos causados antes del 1.° de
septiembre de 2015.

144. En consecuencia, procede revocar la sentencia apelada para, en su lugar,
declarar la nulidad del Oficio AJ-1200-09-28-16 del 15 de noviembre de 2016, que
negó la declaratoria de la relación laboral.

145. A título de restablecimiento del derecho, se declarará la existencia de la
relación laboral y se reconocerán las prestaciones laborales legales en los períodos
indicados (salvo sus interrupciones), más no las extralegales. En cuanto a la base
para la liquidación de estas, se determina con el salario del cargo que exista en la
planta de personal con funciones iguales o equivalentes. En caso contrario, de no
existir el cargo en la planta, la base para calcular las prestaciones deben ser los
honorarios.

146. Seguidamente, se reconocerán los aportes pensionales liquidados con la
base del salario de un empleado de planta que haya desarrollado las funciones
contratadas con el accionante en todo el período de vinculación, del 1.° de febrero
de 2012 al 24 de noviembre de 2016 (salvo sus interrupciones). En caso de que no
lo haya, el correspondiente a los honorarios pactados en los contratos.

147. A estos valores, en específico, deberá sumarle 10 puntos adicionales por
actividad de alto riesgo, solo en los períodos concretos en los que el actor estuvo
sometido a la exposición de radiaciones por su actividad como técnico en rayos x
del 1.° de febrero de 2012 al 29 de febrero de 2016 (salvo interrupciones). La entidad
deberá cotizar al respectivo fondo pensional el porcentaje que le correspondía como
empleador. Finalmente, se negarán las demás pretensiones de la demanda.

5. Costas

148. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 67 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio,
67 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse

a un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la
regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo
188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas
«cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o
mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de
determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en
los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas
«cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los
parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas,
sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia
con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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sino que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe
verificarse que la parte vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria,
etc. Así las cosas, en esta instancia no se condenará en costas en las dos
instancias, porque no se advierte que la parte vencida haya incurrido en las
anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Revocar la sentencia apelada, que negó las pretensiones de la demanda,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. En su lugar, se dispone:

Segundo: Declarar la nulidad del Oficio AJ-1200-09-28-16 del 15 de noviembre de
2016, expedido por el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, que
negó la declaratoria de la relación laboral.

Tercero: Como consecuencia de lo anterior declarar, a título de restablecimiento
del derecho, la existencia de una relación laboral entre el señor Hugo Fernando
González Jaramillo y el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, en el
período comprendido entre el 1.° de febrero de 2012 al 24 de noviembre de 2016,
sin incluir las interrupciones, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos
pensionales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Cuarto: Declarar de oficio la prescripción de los derechos laborales causados antes
del 1.° de septiembre de 2015.

Quinto: Condenar al Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá a
reconocer las prestaciones de orden legal a las cuales tiene derecho Hugo
Fernando González Jaramillo, desde el 1.° de septiembre de 2015 al 24 de
noviembre de 2016, sin incluir las interrupciones, para lo cual tomará como referente
el salario de un empleado de planta por el tiempo en el cual se probó la existencia
de una relación laboral. En caso contrario, de no existir el cargo en la planta, la base
para calcular las prestaciones deben ser los honorarios pactados en los contratos.

De igual manera, también a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la
entidad demandada, en caso de existir diferencias entre los aportes realizados por
el demandante como contratista y los que efectivamente se debieron cumplir en
razón de la relación laboral, que efectúe las cotizaciones al respectivo fondo de
pensiones en el porcentaje que le incumbía al empleador, por el periodo en que se
acreditó la relación laboral, dada su naturaleza imprescriptible.

En específico, la entidad deberá sumarle 10 puntos adicionales por actividad de alto
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riesgo, solo en los períodos concretos en los que el actor estuvo sometido a la
exposición de radiaciones por su actividad como técnico en rayos x del 1.° de
febrero de 2012 al 29 de febrero de 2016 (salvo interrupciones). La entidad deberá
cotizar al respectivo fondo pensional el porcentaje que le correspondía como
empleador.

Por su parte, el demandante para estos períodos deberá acreditar las cotizaciones
realizadas al mencionado sistema durante el vínculo contractual y si no las hubiese
hecho, o si se verificara algún faltante, tendrá la obligación de completar o pagar
según corresponda, el porcentaje que le concernía como empleado.

Las sumas adeudadas que deberá cancelar la entidad condenada se actualizarán
de acuerdo con la fórmula según la cual el valor presente (R) se determinará
multiplicando el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice
final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la
sentencia) por el índice inicial (vigente a la fecha de la causación). La fórmula que
debe aplicar es la siguiente:

R = Rh. índice final
índice inicial

Sexto: Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo en los términos del artículo 192
del CPACA.

Séptimo: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Octavo: Sin condena en costas en ambas instancias.

Noveno: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

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Demandante: Hugo Fernando González Jaramillo
Demandada: Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá
Litisconsorte: Asosindisalud

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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