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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2021-00001-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2021-00001-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR los ORDINALES TERCERO y CUARTO de la parte resolutiva de la providencia del 9 de marzo de 2023, los cuales quedarás de la siguiente manera: TERCERO: DECLARAR que en el presente caso no se configuró el fenómeno de la prescripción respecto de los períodos comprendidos entre el 16 de diciembre de 2011 y el 28 de febrero de 2013, el 1.º de mayo de 2013 y el 31 de marzo de 2016, y el 1.º de octubre y el 31 de diciembre de 2016. CUARTO: CONDENAR al Hospital Regional de la Orinoquia E. S. E. a pagar al señor Alexander Gómez Méndez la suma de ciento dieciocho millones quinientos dieciocho mil ochocientos treinta y ocho pesos ($118.518.838), por concepto de las prestaciones sociales incluidas en la liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. REVOCAR el ordinal sexto de la parte resolutiva de la providencia del 9 de marzo de 2023. TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. CUARTO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad demandada en los términos expuestos en la parte resolutiva de la presente sentencia. QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 85001-23-33-000-2021-00001-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 85001-23-33-000-2021-00001-01 (3634-2023)
Demandante: Alexander Gómez Méndez
Demandado: Hospital Regional de la Orinoquia E.S.E

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.

Decisión: Modifica la sentencia de primera instancia en lo relativo al
cómputo de la prescripción y en lo atinente a los factores que
se reconocen a título de restablecimiento del derecho.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 9 de marzo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El señor Alexander Gómez Méndez interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se
declare la nulidad del Oficio GER-26.2-2020-049 de 3 de febrero de 2020,
expedido por la entidad demandada, por medio del cual se negó la existencia de
una relación laboral durante los siguientes periodos: 16 de diciembre de 2011 al
28 de febrero de 2013, 1 de mayo de 2013 al 31 de marzo de 2016, y del 1 de
octubre al 31 de diciembre de 2016.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) declarar la existencia de
una relación laboral equivalente a una relación legal y reglamentaria; ii) pagar a
su favor los salarios y las prestaciones sociales causadas1, así como la
indemnización de perjuicios por la falta de pago y la sanción moratoria por el no
pago oportuno de las cesantías; iii) declarar que la entidad demandada actuó de
mala fe; iv) ordenar el reintegro de los aportes efectuados al sistema de seguridad
social y de riesgos laborales, de las sumas descontadas por concepto de
retención en la fuente, de los valores pagados por ICA y de los montos

1
Salarios con recargos, trabajo suplementario y horas extras, vacaciones, prima de vacaciones,
auxilio de cesantías, intereses de cesantías, prima de navidad, bonificación por servicios,
bonificación por recreación, y subsidio familiar.

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Demandante: Alexander Gómez Méndez

cancelados para la legalización de los contratos de prestación de servicios; v)
indexar las sumas reconocidas; vi) condenar en agencias en derecho y costas;
vii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA;
y viii) reconocer los intereses moratorios conforme a lo establecido en el artículo
195 del CPACA.

3. El demandante expuso como hechos relevantes que estuvo vinculado al
Hospital Regional de la Orinoquia, en calidad de médico general, mediante
contratos de prestación de servicios celebrados para los siguientes periodos: del
16 de diciembre de 2011 al 28 de febrero de 2013; del 1 de mayo de 2013 al 31
de marzo de 2016; y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016.

4. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió
normas superiores2, por cuanto la vinculación contractual no correspondió a la
realidad del servicio prestado. Afirmó que durante los periodos objeto de
demanda se configuró una verdadera relación laboral, lo que le otorga derecho
al reconocimiento integral de las prestaciones propias de una vinculación legal y
reglamentaria. Indicó, además, que la entidad demandada omitió su pago
mediante prácticas que califica de engañosas y orientadas a ocultar la naturaleza
laboral del vínculo.

Contestación de la demanda

5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones y sostuvo que la
vinculación del actor correspondió a una relación contractual de prestación de
servicios, conforme al numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Afirmó que
en su ejecución no se configuraron los elementos propios de una relación laboral,
en especial el de la subordinación continuada.

6. Propuso como excepciones: i) la inexistencia de los elementos
constitutivos del contrato de trabajo; ii) la prevalencia del contrato de prestación
de servicios por inexistencia de subordinación; iii) prescripción trienal; iv)
compensación; y v) la innominada.

Sentencia apelada

7. Mediante sentencia del 9 de marzo de 2023, el Tribunal declaró la nulidad
del acto acusado y reconoció la existencia de una relación laboral entre el actor
y la entidad demandada desde el 16 de diciembre de 2011 hasta el 31 de
diciembre de 2016, con las interrupciones correspondientes a los periodos en los
que no se celebraron contratos.

2
Artículos 1,2,25,53,93, 122 y 125 de la Constitución Política; 23 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
1 del Convenio C111; 1 del Convenio C122; 1,y 2 del Convenio C149; 12 del Convenio C158;
Decreto 1042 de 1978; Decreto 1045 de 1978; Ley 50 de 1990; Ley 244 de 1995; Ley 344 de
1996; Ley 1071 de 2006; Ley 995 de 2005; Decreto 404 de 2006; y Decreto 13754 de 2010.

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Demandante: Alexander Gómez Méndez

8. Adicionalmente, declaró la prescripción de las acreencias laborales
causadas con anterioridad al 1 de septiembre de 2016; ordenó a la entidad
demandada pagar al actor las prestaciones sociales correspondientes al período
comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2016 (salvo los
lapsos en los que existieron interrupciones), liquidadas con base en los
honorarios pactados; dispuso que la entidad efectuara los aportes pensionales
en el porcentaje que le corresponde como empleadora y que, en caso de existir
diferencias frente a las cotizaciones realizadas por el demandante, este asumiera
el porcentaje correspondiente al trabajador, tomando como base los honorarios
pactados para los períodos del 16 de diciembre de 2011 al 28 de febrero de 2013,
del 1 de mayo de 2013 al 28 de febrero de 2016 y del 1 de septiembre al 31 de
diciembre de 2016; negó las demás pretensiones y se abstuvo de imponer
condena en costas.

9. El Tribunal consideró que en el proceso se demostró que el demandante
suscribió contratos de prestación de servicios con el Hospital Regional de la
Orinoquia E.S.E. entre el 16 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2016
para desempeñarse como médico general bajo la supervisión del coordinador
médico. Señaló que los testigos coincidieron en afirmar que el actor cumplía
turnos previamente asignados, circunstancia que permite tener por acreditada la
prestación personal del servicio.

10. En relación con la subordinación, sostuvo que, conforme a la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016 del Consejo de Estado, la subordinación
constituye el elemento estructural de toda relación laboral, en tanto implica la
facultad del empleador de impartir órdenes dirigidas a orientar la actividad del
trabajador, quien se encuentra obligado a acatarlas. Sin embargo, precisó que,
dado que en los contratos de prestación de servicios celebrados con entidades
públicas no se presume la existencia de vínculo laboral, es necesario demostrar
que el contratista se sometió efectivamente a las instrucciones del superior
jerárquico.

11. Agregó que las funciones desarrolladas por el actor exigían su
permanencia y disponibilidad en la entidad, donde atendía a los pacientes
utilizando las instalaciones, elementos y equipos del hospital. Indicó que cumplía
los turnos asignados, circunstancia respaldada por las planillas correspondientes
y por los testimonios de Daniel Armando Ardila, Germán Barrera Hernández y
Lilia Andrea Navas, quienes manifestaron de manera uniforme que no existía
diferencia funcional entre los médicos contratistas y los de planta, lo cual refuerza
la conclusión sobre la forma en que el actor desempeñó sus labores como médico
general.

12. Añadió que el demandante carecía de autonomía en la ejecución de sus
actividades, pues, aunque laboraba por turnos, la programación y distribución de
estos dependía en todo momento de las instrucciones impartidas por el área de
coordinación.

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Demandante: Alexander Gómez Méndez

13. Con fundamento en lo anterior, concluyó que en el caso se configuró el
elemento de subordinación, dado que las funciones desarrolladas por el actor no
se ejecutaban de manera autónoma, sino conforme a las órdenes impartidas por
su superior inmediato.

14. En cuanto a la remuneración, sostuvo que quedó acreditado que el
demandante pactó un valor para cada contrato, en el cual se estipularon tanto el
monto como la forma de reconocimiento. Señaló que la contraprestación por el
servicio prestado se efectuó inicialmente mediante desembolsos mensuales, de
conformidad con lo establecido en cada orden contractual.

15. Señaló que entre la finalización del contrato ejecutado entre el 16 de
diciembre de 2011 y el 28 de febrero de 2013 y la suscripción del celebrado el 1
de mayo de 2013 se presentó una interrupción superior a cuarenta y dos (42)
días hábiles, con lo cual se superó el término orientador de treinta (30) días fijado
en la sentencia de unificación del 21 de septiembre de 2021. En consecuencia,
para obtener el reconocimiento de dichos períodos, la parte actora debió formular
la reclamación administrativa a más tardar el 27 de febrero de 2016, lo cual no
ocurrió.

16. Precisó que el contrato 0323 del 1 de enero de 2016 fue suspendido por
mutuo acuerdo durante 127 días, entre el 1 de marzo y el 30 de agosto de 2016,
y que su ejecución se reanudó el 1 de septiembre del mismo año. Indicó que ese
lapso constituye una solución de continuidad superior al término orientador de
treinta (30) días hábiles al que se refiere la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 2021 y que, al no existir prestación personal del servicio durante
ese período, no concurren los elementos necesarios para configurar una relación
laboral ininterrumpida, lo que tiene incidencia en el cómputo de la prescripción.

17. En consecuencia, concluyó que los periodos anteriores al 1 de septiembre
de 2016 —fecha de reanudación del contrato 0323— se encuentran prescritos.

18. Negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, al considerar que las obligaciones relacionadas con prestaciones
sociales solo se causan una vez declarada la existencia de una relación laboral.
De igual forma, negó el reembolso de los aportes al sistema de seguridad social
asumidos por el demandante en la proporción que correspondería a la entidad,
en atención a lo dispuesto en la tercera regla de la sentencia de unificación del 9
de septiembre de 2021, según la cual dichos recursos tienen naturaleza
parafiscal, lo que impide ordenar su devolución.

19. Precisó que no procede la devolución de los valores descontados por
concepto de retención en la fuente, y que, si el actor considera que existe alguna
diferencia entre lo retenido por la entidad y lo que debía descontarse, podrá
adelantar los trámites correspondientes ante la DIAN.

Recurso de apelación

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Radicación: 85001-23-33-000-2021-00001-01 (3634-2023)
Demandante: Alexander Gómez Méndez

20. El demandante interpuso recurso de apelación, centrando su
inconformidad en tres aspectos: i) la declaración de prescripción respecto de los
periodos anteriores al 1 de septiembre de 2016; ii) la exclusión de determinados
lapsos de prestación efectiva del servicio; y iii) la negativa a reconocer el trabajo
suplementario, recargos, devoluciones e indemnizaciones reclamadas.

21. Al respecto, sostuvo que el Tribunal realizó una aplicación indebida de la
sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, al emplear el término de
treinta (30) días hábiles como un parámetro rígido para determinar la solución de
continuidad entre contratos sucesivos.

22. Afirmó que dicho lapso constituye únicamente un criterio orientador,
motivo por el cual la suspensión del contrato ocurrida entre el 1 de marzo y el 31
de agosto de 2016 no configura una interrupción que afecte la continuidad del
vínculo. En consecuencia, sostuvo que no operó la prescripción respecto de los
periodos anteriores al 1 de septiembre de 2016.

23. Resaltó que la entidad actuó de mala fe, al utilizar contratos de prestación
de servicios para encubrir una relación laboral, durante la cual el actor cumplió
turnos asignados, se sometió a supervisión, utilizó dotación institucional y
desempeñó funciones idénticas a las de los médicos de planta. A partir de ello,
afirmó que la declaratoria de una relación laboral exige el reconocimiento de los
recargos nocturnos, dominicales y festivos, acreditados mediante planillas y
testimonios obrantes en el proceso.

24. Señaló que al no operar la prescripción, la entidad debe devolver los
valores retenidos y los pagos de seguridad social que correspondían al
empleador por constituir una forma de restablecimiento del derecho.

25. Finalmente, solicitó el reconocimiento y pago de recargos nocturnos,
bonificación por servicios, bonificación por recreación, dominicales y festivos,
compensación de dominicales, sanción moratoria por no pago de prestaciones
sociales, y sanción moratoria por no pago de las cesantías. Así como las
devoluciones de los pagos de seguridad social y las retenciones.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

25. Por auto del 12 de octubre de 2023 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia.

26. Las partes guardaron silencio en esta fase procesal y el Ministerio Público
no rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

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Radicación: 85001-23-33-000-2021-00001-01 (3634-2023)
Demandante: Alexander Gómez Méndez

27. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

28. El problema jurídico se limita a establecer si, de conformidad con las
reglas fijadas en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, se
configuró una solución de continuidad en la ejecución de los contratos celebrados
entre el actor y la entidad demandada y, de ser así, determinar las consecuencias
jurídicas derivadas de ello en lo relativo a la prescripción, al reconocimiento de
salarios y prestaciones sociales y a los aportes al Sistema de Seguridad Social.

Análisis del problema jurídico

29. La Sala modificará la decisión apelada, al constatar que las interrupciones
no superaron el lapso razonable al que hace referencia la sentencia del 9 de
septiembre de 2021 y que la suspensión en la ejecución contractual no puede
tomarse como fundamento de una solución de continuidad, dado que obedeció a
la intención de preservar el vínculo.

30. Por otra parte, se advierte que la primera instancia omitió pronunciarse
sobre el reconocimiento de la bonificación por servicios prestados y la
bonificación por recreación, por lo que resulta necesario efectuar el análisis
correspondiente en esta sede, en la medida en que ello no implica un perjuicio
para el apelante único.

31. En el caso concreto se presentaron las siguientes interrupciones en el
desarrollo de la relación contractual:

Interrupción
No. Contrato Objeto del Servicio Duración en días Valor
hábiles
Prestar servicios de salud en
medicina general en el servicio 16 de
3 social obligatorio en las áreas de diciembre de Sin
2042 de 2011 $3.874.543
cirugía y/o urgencias y 2011 al 16 de interrupción
hospitalización del Hospital de enero de 2012
Yopal E.S.E.
0364 de 20124 Prestar servicios de salud en
medicina general en el servicio 17 de enero al
social obligatorio en las áreas de 13 de Sin
$43.898.569
cirugía y/o urgencias y diciembre de interrupción
hospitalización del Hospital de 2012
Yopal E.S.E.
2197 de 20125 14 de
Prestar servicios de salud en
diciembre al 31 Sin
medicina general en el Hospital de $2.261.441
de diciembre interrupción
Yopal E.S.E
de 2012

3
Índice 2 de SAMAI. Archivo «002.PRUEBAS». Folios 27 a 28.
4
Ibidem. Folios 31 a 32.
5
Ibidem. Folios 36 a 39.

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Radicación: 85001-23-33-000-2021-00001-01 (3634-2023)
Demandante: Alexander Gómez Méndez

0002 de 20136 Prestar servicios de salud en 1 de enero al
Sin
medicina general en el Hospital de 28 de febrero $9.000.000
interrupción
Yopal E.S.E de 2013
0786 de 20137 Prestar servicios de salud en 1 de mayo al
Interrupción 40
medicina general en el Hospital de 30 de junio de $9.000.000
días hábiles
Yopal E.S.E 2013
0945 de 20138 Prestar servicios de salud en 1 de julio al 31
Sin
medicina general en el Hospital de de diciembre $27.000.000
interrupción
Yopal E.S. de 2013
0293 de 20149 Prestar servicios de salud como 1 de enero al
médico general en el Hospital de 30 de Sin
$28.890.000
Yopal E.S.E septiembre de interrupción
2014
0877 de 201410 1 de octubre al
Prestar servicios de salud como
31 de Sin
médico general en el Hospital de $14.445.000
diciembre de interrupción
Yopal E.S.E
2014
0039 de 201511 Prestar servicios de salud como 1 de enero al
Sin
médico general en el Hospital de 30 de abril de $14.733.900
interrupción
Yopal E.S.E 2015
0853 de 201512 Prestar servicios de salud como 1 de mayo al
Sin
médico general en el Hospital de 30 de junio de $9.822.600
interrupción
Yopal E.S.E 2015
1189 de 201513 Prestar servicios de salud como 1 de julio al 30
Sin
médico general en el Hospital de de septiembre $14.733.900
interrupción
Yopal E.S.E de 2015
1952 de 201514 1 de octubre al
Prestar servicios de salud como
31 de Sin
médico general en el Hospital de $14.733.900
diciembre de interrupción
Yopal E.S.E
2015
0323 de 201615
Prestar servicios de salud como 1 de enero al 1
Interrupción
médico general en el Hospital de de marzo de $9.822.60017
122 días
Yopal E.S.E 201616
hábiles
0323 de 201618 Prestar servicios de salud como 1 al 30 de
Sin
médico general en el Hospital de septiembre de $4.911.30019
interrupción
Yopal E.S.E 2016
1710 de 2016 y 1 de octubre al
Prestar servicios de salud como
adición 20 31 de Sin
médico general en el Hospital de $14.733.900
diciembre de interrupción
Yopal E.S.E
2016

32. Al analizar las interrupciones presentadas en la ejecución contractual,
se advierte que la primera, comprendida entre el 28 de febrero de 2013 y el 1 de
mayo de 2013, tuvo una duración de cuarenta (40) días hábiles. La segunda
corresponde a la suspensión del contrato 0323 de 2016, ocurrida entre el 1 de

6
Ibidem. Folios 43 a 48.
7
Ibidem. Folios 49 a 52.
8
Ibidem. Folios 54 a 58.
9
Ibidem. Folios 61 a 66.
10
Ibidem. Folios 71 a 77.
11
Ibidem. Folios 79 a 87.
12
Ibidem. Folios 95 a 101.
13
Ibidem. Folios 106 a 113.
14
Ibidem. Folios 119 a 126.
15
Ibidem. Folios 132 a 138.
16
Ibidem. Folios 144 a 145. Fecha inicial de ejecución del contrato hasta el 30 de septiembre de
2016, mediante solicitud radicada el 25 de febrero de 2016 ante la entidad solicitó la suspensión
del contrato a partir de 1 de marzo de 2016.
17
Ibidem. Folios 17 a 18.
18
Ibidem. Folios 146 a 147. Solicitud de reanudación de contrato 0323 de 2016, y acta de reinicio
del mismo.
19
Valor que surge de la división de los meses ejecutados del contrato, es decir $ 14.733.900
divido en 3 meses.
20
Ibidem. Folios 148 a 154.

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marzo y el 30 de agosto de 2016, la cual se extendió por ciento veintidós (122)
días hábiles.

33. En relación con la primera, le asiste razón a la parte demandante al
señalar que la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 fijó un lapso
orientador que no opera de manera automática, sino que debe apreciarse en
conjunto con las circunstancias del caso.

34. En el asunto concreto, si bien la interrupción se prolongó por cuarenta
(40) días, lo cierto es que no se modificaron ni el objeto contractual ni las
condiciones en que se prestaban los servicios. Por esta razón, dicho intervalo no
será tenido en cuenta para efectos de establecer la existencia de una solución
de continuidad.

35. Distinto análisis merece la suspensión del contrato 0323 de 2016. Al
respecto, es necesario precisar la diferencia entre esta figura y la interrupción en
la ejecución contractual.

36. La suspensión no implica la terminación del vínculo contractual, pues el
contrato permanece jurídicamente vigente, aunque la ejecución de las
obligaciones se detenga temporalmente; se trata, en consecuencia, de una pausa
en la ejecución de las prestaciones a cargo de las partes que no afecta la
existencia del vínculo.

37. La interrupción, por el contrario, supone una ruptura en la continuidad
contractual, ya que durante ese lapso no existe contrato vigente, razón por la cual
no surgen obligaciones recíprocas ni es posible computar ese tiempo como
período ejecutado o como continuidad contractual.

38. En consecuencia, al haber sido presentada la reclamación
administrativa el 10 de diciembre de 2019, y constatado que no existió una
solución de continuidad con entidad suficiente para interrumpir el término
prescriptivo, se modificará el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia,
en cuanto no operó la prescripción de las prestaciones sociales reclamadas.

39. Por lo anterior, en esta instancia se reconocerá y ordenará pagar a favor
del actor el valor correspondiente a las prestaciones sociales causadas entre el
16 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2016, esto es: vacaciones, prima
de vacaciones, prima de Navidad, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías
y prima de servicios.

40. No obstante, en el recurso de apelación el demandante solicitó,
además, el reconocimiento y pago de recargos nocturnos y dominicales, de la
sanción moratoria por el no pago de prestaciones sociales, de la sanción
moratoria por falta de consignación de las cesantías, así como de la bonificación
por servicios prestados y la bonificación por recreación.

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Demandante: Alexander Gómez Méndez

41. Ahora bien, la Sala considera que el Tribunal acertó al negar el
reconocimiento de horas extras o trabajo suplementario, porque si bien la jornada
máxima legal es de aplicación general, las horas extras y los recargos por trabajo
dominical y festivo no constituyen una consecuencia automática del exceso sobre
dicha jornada, sino que hacen parte de un régimen que presupone la existencia
previa de una relación laboral reconocida, dentro de la cual el empleador pueda
ejercer y se le pueda exigir las facultades de autorización y compensación propias
que se exige.

42. Pretender imponer esa obligación implica atribuirle al empleador un
incumplimiento normativo respecto de una carga que, en ese momento, no le era
exigible, con lo que se desconoce el principio de legalidad.

43. Ahora bien, dado que la constatación de los elementos propios de una
relación laboral no transforma al contratista en empleado público, esta
Subsección ha precisado que, en los eventos en los que se constata la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios, el reconocimiento
económico se circunscribe a las prestaciones mínimas previstas en los Decretos
1042 y 1045 de 1978, las cuales deben liquidarse con base en los honorarios
pactados en cada contrato21.

44. Se precisa que la bonificación por servicios prestados fue creada
mediante el Decreto 2418 de 2015, el cual dispuso que los empleados públicos
del nivel territorial devengarían dicho beneficio a partir del 1 de enero de 2016.
En consecuencia, la Sala reconocerá este emolumento por el periodo
comprendido en los contratos números 0323 de 2016 y 1710 de 2016.

45. En cuanto a la bonificación especial de recreación, se advierte que se
negará la pretensión porque no tiene la naturaleza de prestación social, pues el
Decreto 451 de 1984 la define como un beneficio económico que se paga al
empleado público al momento de iniciar el disfrute del respectivo periodo
vacacional o en el momento en que se compensan las vacaciones en dinero.

37. Respecto al reconocimiento de la sanción moratoria por falta de
consignación de las cesantías, no es procedente su reconocimiento, toda vez que
la relación laboral que da lugar al restablecimiento del derecho apenas se declara
con esta sentencia. En esa medida, no puede predicarse una mora imputable a
la E.S.E. demandada.

38. Tampoco procede la devolución del porcentaje de pago de seguridad
social en cuenta la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de
septiembre de 202122, estableció que esos recursos del sistema integral de
seguridad social son de obligatorio pago y recaudo para fines específicos y no

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 20 de marzo de 2025, expediente 05001-23-33-000-2016-00363-01 (0404-2021).
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ-
025-CE-S2-2021 del 9 de diciembre de 2021, expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01
(1317-2016).

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Demandante: Alexander Gómez Méndez

constituyen un crédito a favor del contratista, motivo por el cual no es posible que
se entreguen directamente al interesado, razón suficiente para no disponer el
reembolso por los mencionados conceptos.

39. La Sala advierte que no procede ordenar la devolución de los valores
descontados por concepto de retención en la fuente, dado que dichos recursos
no constituyen un ingreso propio de la entidad demandada ni un pago que esta
pueda restituir directamente. La retención en la fuente es un mecanismo de
recaudo anticipado del impuesto sobre la renta, administrado por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN—, razón por la cual cualquier ajuste,
devolución o compensación debe tramitarse ante dicha autoridad tributaria,
conforme a los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario.

40. En mérito de lo expuesto, la Sala modificará el numeral tercero y cuarto
de la sentencia de primera instancia, conforme a la liquidación que se detalla a
continuación:

SALAR INTERE
Desde IPC IPC #
IO S PRIMA
Dia #
PROME TOTAL CESAN SOBRE PRIMA DE PRIMA
s meses
D. ANUAL CESAN TIA LA DE SERVIC DE
po compl
FIN INICI MENSU SALARI TIA INDEXA CESAN SERVI IO NAVID
Año r por
AL AL AL OS DA TIA CIO INDEXA AD
añ año
POR INDEXA DA
o
AÑO DA
2011 (CTO 155, 76,19 1.937.2 1.033.21
16 0,52
2042) 7 71 1 86.728 177.270 945 0 0 84.256
2012 (CTO 155, 76,75 1.937.2 1.033.21
16 0,52
2042) 7 71 1 86.728 175.976 939 0 0 84.256
2012 (CTO 155, 76,75 33 4.027.3 44.569.7 4.305.8 8.736.77 3.942.5
10,9
0364) 7 2 91 94 34 5 966.870 0 0 57
2012 (CTO 155, 78,05 2.261.4 1.356.86 109.75
18 0,58
2197) 7 41 5 113.993 227.446 1.365 0 0 1
155, 78,28 4.500.0 8.850.00 1.508.11 760.36
2013 (002) 59 2
7 00 0 758.077 7 29.660 0 0 5
155, 79,21 4.500.0 9.150.00 1.541.28 760.54
2013 (0786) 61 2
7 00 0 783.955 7 31.339 0 0 0
155, 79,43 18 4.500.0 27.600.0 2.497.8 4.897.23 2.345.7
2013 (0945) 6
7 4 00 00 32 5 300.364 0 0 90
155, 79,95 27 3.210.0 29.211.0 2.751.4 5.359.47 2.561.1
2014 (0293) 9
7 3 00 00 92 3 487.712 0 0 82
155, 82,14 4.815.0 14.766.0 1.282.7 2.431.94 1.229.2
2014 (0877) 92 3
7 00 00 35 9 74.580 0 0 40
155, 12 3.683.4 14.733.9 1.297.2 2.433.94 613.91 1.151.86 1.262.1
2015 (0039) 83,00 4
7 0 75 00 28 4 97.358 3 3 68
155, 4.911.3 9.986.31 1.565.36 409.27 830.05
2015 (0853) 85,12 61 2
7 00 0 855.609 6 31.829 5 748.783 4
155, 4.911.3 15.061.3 1.308.3 2.386.73 613.91 1.119.88 1.253.8
2015 (1189) 85,37 92 3
7 00 20 90 5 73.193 3 5 25
155, 4.911.3 15.061.3 1.308.3 2.342.55 613.91 1.099.15 1.253.8
2015 (1952) 86,98 92 3
7 00 20 90 6 71.838 3 6 25
155, 4.913.0 9.989.76 1.502.26 433.29 834.68
2016 (0323) 89,19 61 2
7 00 7 860.381 6 30.546 9 756.561 4
2016 (CTO 154, 92,68 4.911.3 4.911.30 210.60 413.16
30 1
0323-2016) 1 00 0 416.031 691.605 6.916 6 350.109 2
2016 (CTO 154, 92,62 4.911.3 15.061.3 1.319.0 2.194.12 667.63 1.110.57 1.264.0
92 3
1710-2016) 1 00 20 12 8 67.287 0 8 04

SALA BONIFI
Desde IPC IPC #
# RIO PRIMA PRIMA BONIFI CA-
Di TOTAL
mese PROM DE VACA PRIMA DE CA- CIÓN
as ANUA
s ED. NAVID VACA CION DE VACA CIÒN POR
po L
FIN INICI compl MENS AD CION INDEX VACA CION POR SERVI
Año r SALA
AL AL por UAL INDEX ADA CION INDEX SERVI CIO
añ RIOS
año POR ADA ADA CIO INDEX
o
AÑO ADA
2011 (CTO 155, 76,1 1.937. 1.033.2 172.21
16 0,52
2042) 7 9 271 11 6 43.128 88.153 43.128 88.153 0 0
2012 (CTO 155, 76,7 1.937. 1.033.2 170.96
16 0,52
2042) 7 5 271 11 0 43.128 87.509 43.128 87.509 0 0

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Demandante: Alexander Gómez Méndez

2012 (CTO 155, 76,7 33 4.027. 44.569. 7.999.6 1.927.3 3.910.7 1.927.3 3.910.7
10,9
0364) 7 5 2 391 794 67 60 20 60 20 0 0
2012 (CTO 155, 78,0 2.261. 1.356.8 218.98 113.03 113.03
18 0,58
2197) 7 5 441 65 2 56.650 1 56.650 1 0 0
155, 78,2 4.500. 8.850.0 1.512.6 371.31 738.68 371.31 738.68
2013 (002) 59 2
7 8 000 00 69 1 5 1 5 0 0
155, 79,2 4.500. 9.150.0 1.495.2 383.89 754.75 383.89 754.75
2013 (0786) 61 2
7 1 000 00 52 8 8 8 8 0 0
155, 79,4 18 4.500. 27.600. 4.599.1 1.173.9 2.301.6 1.173.9 2.301.6
2013 (0945) 6
7 3 4 000 000 42 58 56 58 56 0 0
155, 79,9 27 3.210. 29.211. 4.988.7 1.255.1 2.444.8 1.255.1 2.444.8
2014 (0293) 9
7 5 3 000 000 79 60 54 60 54 0 0
155, 82,1 4.815. 14.766. 2.330.5 621.65 1.178.6 621.65 1.178.6
2014 (0877) 92 3
7 4 000 000 28 9 09 9 09 0 0
155, 83,0 12 3.683. 14.733. 2.368.1 622.43 1.167.8 622.43 1.167.8
2015 (0039) 4
7 0 0 475 900 62 9 61 9 61 0 0
155, 85,1 4.911. 9.986.3 1.518.6 418.98 766.54 418.98 766.54
2015 (0853) 61 2
7 2 300 10 12 6 9 6 9 0 0
155, 85,3 4.911. 15.061. 2.287.1 634.09 1.156.6 634.09 1.156.6
2015 (1189) 92 3
7 7 300 320 99 2 96 2 96 0 0
155, 86,9 4.911. 15.061. 2.244.8 634.09 1.135.2 634.09 1.135.2
2015 (1952) 92 3
7 8 300 320 63 2 86 2 86 0 0
155, 89,1 4.913. 9.989.7 1.457.3 421.32 735.65 421.32 735.65 286.59 500.40
2016 (0323) 61 2
7 9 000 67 97 3 0 3 0 2 3
2016 (CTO 154, 92,6 4.911. 4.911.3 686.83 205.86 342.22 205.86 342.22 143.24 238.13
30 1
0323-2016) 1 8 300 00 5 6 9 6 9 6 1
2016 (CTO 154, 92,6 4.911. 15.061. 2.102.6 639.24 1.063.3 639.24 1.063.3 429.73 714.85
92 3
1710-2016) 1 2 300 320 25 0 52 0 52 9 5

CONSOLIDADO

INTERES PRIMA DE PRIMA DE PRIMA DE BONIFICACIÒN
CESANTIAS CESANTIA SERVICIO NAVIDAD VACACIONES VACACIONES POR SERVICIO
INDEXADA INDEXADO INDEXADA INDEXADA INDEXADAS INDEXADA INDEXADA

$ $ $ 17.972.346 $
$ 38.172.127 $ 6.336.935 36.153.888 17.985.598 $ 1.453.388
2.272.740

TOTAL PRESTACIONES SOCIALES INDEXADAS: $ 118.518.838

Condena en costas

41. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

42. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos.

43. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188
del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia impondrá
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y

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Demandante: Alexander Gómez Méndez

ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

44. Así las cosas, se condenará en costas de segunda instancia a la
demandada, debido a que se acogieron los argumentos del recurso de apelación.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de
Casanare.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR los ORDINALES TERCERO y CUARTO de la parte
resolutiva de la providencia del 9 de marzo de 2023, los cuales quedarás de la
siguiente manera:

TERCERO: DECLARAR que en el presente caso no se configuró el fenómeno de la
prescripción respecto de los períodos comprendidos entre el 16 de diciembre de 2011
y el 28 de febrero de 2013, el 1.º de mayo de 2013 y el 31 de marzo de 2016, y el 1.º
de octubre y el 31 de diciembre de 2016.

CUARTO: CONDENAR al Hospital Regional de la Orinoquia E. S. E. a pagar al señor
Alexander Gómez Méndez la suma de ciento dieciocho millones quinientos dieciocho
mil ochocientos treinta y ocho pesos ($118.518.838), por concepto de las
prestaciones sociales incluidas en la liquidación realizada en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. REVOCAR el ordinal sexto de la parte resolutiva de la providencia
del 9 de marzo de 2023.

TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

CUARTO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad demandada
en los términos expuestos en la parte resolutiva de la presente sentencia.

QUINTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

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Demandante: Alexander Gómez Méndez

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACPC

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