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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2019-00092-01

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2019-00092-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 30 de mayo de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Meta, negó las pretensiones de la demanda presentada y, en su lugar: SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo No. E-3705-2017 Id: 136194 del 27 de junio de 2018, por medio del cual la entidad demandada negó el reconocimiento de la relación laboral subordinada y la correspondiente liquidación y pago de las prestaciones sociales reclamadas por el señor Diego Orlando Urbano Eraso, de acuerdo con lo expuesto en precedencia. TERCERO: Declarar la existencia de una relación laboral encubierta entre el señor Diego Orlando Urbano Eraso, identificado con cédula de ciudadanía 5.340.775, y el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, ocurrida entre el 1° de febrero de 2012 y el 30 de septiembre de 2016, conforme a las consideraciones que anteceden. CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR al Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, pagar al señor Diego Orlando Urbano Eraso, identificado con cédula de ciudadanía 5.340.775, las correspondientes prestaciones sociales de orden legal devengadas por un servidor de la misma 27 Número Interno: 6003-2024 Demandante: Diego Orlando Urbano Eraso Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E categoría, terapeuta respiratorio, vinculado laboralmente a la planta de la entidad, liquidadas sobre el salario de estos, o en defecto de lo anterior, sobre el valor mensual de los contratos y en proporción a los periodos laborados entre el 1° de febrero de 2012 y el 30 de septiembre de 2016. ORDENAR a la accionada el reconocimiento y pago del reajuste salarial, es decir, entre lo percibido por concepto de honorarios y lo devengado por un terapeuta respiratorio de planta, si la hubiere. QUINTO: COTIZAR, las diferencias entre los aportes pensionales realizados, si los hubiere, de los periodos comprendidos entre el 1° de febrero de 2012 y el 30 de septiembre de 2016, en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia. SEXTO: DECLARAR que el tiempo laborado por el demandante en el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, bajo la modalidad de contrato de prestación […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2019-00092-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

8 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 50001-23-33-000-2019-00092-01 (6003-2024)
Demandante : Diego Orlando Urbano Eraso
Demandado : Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Relaciones laborales encubiertas tras contratos
administrativos de prestación de servicios
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 30 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Meta, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda1

1.1.1 Pretensiones

El señor Diego Orlando Urbano Eraso, por intermedio de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad del acto
administrativo No. E-3705-2017 Id: 136194 del 27 de junio de 2018, expedido por el
agente especial interventor del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.

1
Samai, índice 2, Tribunal Administrativo del Meta, archivo: ExpedienteDigitalizado, pp. 4 a 24.

Número Interno: 6003-2024
Demandante: Diego Orlando Urbano Eraso
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare que entre las partes
existió una relación laboral, entre el mes de febrero de 2012 al 31 de julio de 2016,
y se condene al hospital a pagar: (i) las prestaciones sociales de ley, tales como
cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, y seguridad
social, (ii) el reembolso de los aportes a seguridad social, (iii) el cumplimiento de la
sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del CPACA, y (iv) los
intereses moratorios.

1.1.2 Hechos

El señor Diego Orlando Urbano Eraso, indicó que prestó sus servicios como
terapeuta respiratorio del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, mediante
contratos de prestación de servicios entre el mes de febrero de 2012 al 31 de julio
de 2016.

Dice que los contratos celebrados fueron sucesivos y sin interrupción y las funciones
confiadas eran «[…] propias de la Empresa Social del Estado, como son la asistencia y
rehabilitación física y respiratoria de los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivo
Adultos, Hospitalización, Urgencias y demás servicios o dependencias del Hospital Departamental
de Villavicencio»; labores que cumplía en las instalaciones, con herramientas de

propiedad del ente departamental y en el horario impuesto por el hospital.

Expone que, presentó reclamación administrativa para el reconocimiento de la
existencia de la relación laboral y el pago de las acreencias laborales adeudadas,
negados a través del acto acusado.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación

La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes:
Constitución Política: artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 53, 58, 83, 90, 123 y 125, la Ley
50 de 1990, artículo 99 y el Código Sustantivo del Trabajo: artículos 55, 65 y 306.

Afirmó que, en el presente asunto, no existe ninguna discusión en relación con los
elementos de prestación personal del servicio como terapeuta respiratorio y la
remuneración que recibió, al aportar como pruebas, los contratos.

2

Número Interno: 6003-2024
Demandante: Diego Orlando Urbano Eraso
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E

Adujo que estuvo sometido al cumplimiento de órdenes y horarios establecidos por
el hospital, razón por la cual, se encuentran reunidos los elementos esenciales de
toda relación de trabajo subordinada.

1.2 Contestación de la demanda2

La entidad accionada se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que
la relación con el demandante se derivó de contratos de prestación de servicios
celebrados con «interrupciones en la prestación del servicio», y no se configuró una relación
de carácter laboral como este pretende, toda vez que, «entre el libelista y la entidad
accionada hubo una relación de coordinación, que no permite configurar la existencia de una
subordinación».

Propuso las excepciones que denominó «inexistencia de la relación laboral», «presunción
de legalidad del acto administrativo que neg[ó] el reconocimiento […]», «ausencia de requisitos para
solicitar la indemnización […]», «buena fé», «cobro de lo no debido», «prescripción extintiva», y

«gen[é]rica».

1.3 La sentencia de primera instancia3

El Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia de 30 de mayo de 2024,
negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante.

Como sustento de su decisión, luego de estudiar las pruebas recaudadas, el
Tribunal indicó con relación a la prestación del servicio y la remuneración que «[…]
encuentra demostrado que el demandante prestó sus servicios de manera personal en el HOSPITAL
DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E., de manera continua e ininterrumpida, en calidad
de Terapeuta Respiratorio desde el 1 de febrero de 2012 hasta el 31 de julio de 2016. Ahora, en lo
que respecta al segundo elemento, esto es, el de la remuneración, advierte la Sala que el mismo
también se encuentra acreditado a partir del valor estipulado en cada uno de los contratos de
prestación de servicios suscritos entre el demandante y la entidad demandada y las copias de
algunos de los CDP allegados al plenario».

Ahora bien, frente a la subordinación, señaló que «[…] el demandante no acreditó […] la
subordinación en cabeza del HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E., pues, si
bien es cierto que la testigo HAIDY CASTRO MURCIA y el propio actor al absolver el interrogatorio

2
Samai, índice 2, Tribunal Administrativo del Meta, archivo: ExpedienteDigitalizado, pp. 146 a 156.
3
Samai índice 51, Tribunal Administrativo del Meta.

3

Número Interno: 6003-2024
Demandante: Diego Orlando Urbano Eraso
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E

de parte, indicaron que cumplían con unos turnos que iban entre las 07:00 am y la 1:00 pm, la 1:00
pm y las 07:00 pm y las 07:00 pm y las 07:00 a.m., a la luz de la jurisprudencia del H. Consejo de
Estado, el cumplimiento de un horario constituye apenas un indicio que debe ser valorado en
conjunto con el resto del material probatorio, a efectos de determinar si se constituye el referido
elemento».

En ese sentido, expuso que «[…] no obran pruebas documentales que, valoradas en conjunto
con el interrogatorio del demandante y los testimonios recepcionados dentro del plenario,
demuestren que el HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. ejerció sobre el actor
un poder disciplinante o de dirección durante el periodo que prestó los servicios en sus instalaciones,
que denote subordinación. Por el contrario, a partir de la certificación allegada por la testigo ELSA
LIGIA FIGUEROA SARAY deduce la Sala que la ejecución de los contratos de prestación de
servicios suscritos entre el demandante y la entidad demandada entre el 1 de febrero de 2012 y el
31 de julio de 2016, se llevó a cabo de manera coordinada, puesto que los turnos fueron fijados de
tal forma que pudiera prestar sus servicios en otras clínicas de la ciudad, toda vez que según la
referida certificación laboró como Fisioterapeuta en la Clínica Primera desde el 10 de abril de 2013
hasta el 10 de abril de 2019».

Respecto a la temporalidad, señaló que «[…] si bien es cierto que, en términos generales,
prestó sus servicios como Terapeuta Respiratorio en favor de la entidad demandada por alrededor
de 4 años, también lo es que los contratos de prestación de servicios se celebraron por espacios de
1, 2, 3 y hasta 4 meses, es decir de acuerdo con la necesidad del servicio». Con relación al

mismo cargo en la planta del Hospital, resaltó que, «[…] tampoco se acreditó que las
actividades o tareas que desarrolló el actor correspondieran a las que tenían asignados los
servidores de planta de la entidad, pues, no se demostró con el manual de funciones o cualquier otra
documental que el cargo de Terapeuta Respiratorio efectivamente existía en la planta de personal
de la institución; por el contrario, la entidad demandada a traves (sic) de las documentales allegadas
con la contestación de la demanda, sumado a la declaración de la testigo ELSA LIGIA FIGUEROA
SALAY demostró que el referido cargo no existía en la planta global del Hospital». Por lo tanto,

concluyó que, «[…] los contratos de prestación de servicios suscritos entre el demandante y la
entidad demandada se enmarcan en las previsiones del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, puesto que
se suscribieron para realizar una actividad que no podía realizarse con personal de planta y que,
además, requería de conocimientos especializados, ligados a mejorar las capacidades respiratorias
de los pacientes que demandaban los servicios de salud».

Por lo anterior, el a quo negó las pretensiones de la demanda, por no encontrar
configurados la totalidad de los elementos del contrato realidad, concretamente el
de la subordinación y condenó en costas al demandante.

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Número Interno: 6003-2024
Demandante: Diego Orlando Urbano Eraso
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E

1.4 El recurso de apelación4

Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte actora interpuso recurso
de apelación, en el que solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, se
acceda a las pretensiones de la demanda. Lo anterior, toda vez que no existe duda
respecto a la prestación del servicio y la remuneración, pues prestó sus servicios de
manera personal a través de contratos de prestación de servicio en el hospital de
manera continua e ininterrumpida, en calidad de terapeuta respiratorio desde el 1
de febrero de 2012 hasta el 31 de julio de 2016.

Por otro lado, con relación a la subordinación indicó que «[…] dentro de los testimonios
de HAIDY CASTRO MURCIA la (sic) evidencia que cumplían turnos entre las 07:00 am y la 1:00 pm,
la 1:00 pm y las 07:00 pm y las 07:00 pm y las 07:00 a.m., señalando el indicio de la subordinacion
(sic) como lo establecio (sic) la SUJ-025-CE-S2-202: “105.ii) El horario de labores……… la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación
subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido […]».

Finalmente, resaltó que «[…] la mala interpretacion (sic) que se realiza al tenor de los turnos
supuestamente concertados, lo cual es (sic) si mismo es una contradiccion, (sic) pues si son turnos
no son concertados son impuestos y existe un horario establecido para la totalidad de los empleados
del HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO y son de 07:00 am y la 1:00 pm, la 1:00 pm
y las 07:00 pm y las 07:00 pm y las 07:00 a.m por lo tanto no existen (sic) otro horario que se pueda
escoger para laborar, siendo claro que frente al horario existe una subordinacion (sic) indiscutible».

1.5 Trámite de segunda instancia

Con auto de 10 de febrero de 20255, el consejero ponente admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021 y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al
Despacho para fallo.

Por su parte, el Ministerio Público emitió concepto y solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia, al concluir que, «[…] i) las pruebas documentales y testimoniales carecen
de claridad, certeza y veracidad. Lo que impide establecer circunstancias de tiempo, modo y lugar
desarrolladas por el demandante en cumplimiento de los contratos celebrados con la Ese Hospital
de Villavicencio, ii) no fue demostrado con prueba tan siquiera sumaria o indiciaria que al señor

4
Samai índice 54, Tribunal Administrativo del Meta.
5
Índice 06 Samai.

5

Número Interno: 6003-2024
Demandante: Diego Orlando Urbano Eraso
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E

Urbano Eraso, se le hayan impartido medidas correctivas, ordenes (sic) o alguna otra accion (sic)
que alterara la ejecucion (sic) autónoma (sic) de la prestacion (sic) del servicio como terapeuta, lo
que impide develar que existio (sic) una posible subordinacion (sic) y iii) no se efectuo (sic) una
comparacion (sic) entre las labores contratadas y cumplidas, con las de otro trabajador de planta
del hospital, que permitiera determinar el cumplimiento de funciones similares a las de otro Terapeuta
Respiratorio».

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.

De igual forma, cabe destacar qué, de conformidad con el artículo 328 6 del Código
General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación presentado por la parte demandante,
corresponde a la Sala establecer si hay lugar a la declaratoria de existencia de una
relación laboral subordinada entre el demandante y el Hospital Departamental de
Villavicencio E.S.E, habida cuenta de los servicios que prestó en el mes de febrero
de 2012 al 31 de julio de 2016, en condición de contratista, o si, por el contrario, al
celebrar y dar ejecución a dichos contratos, la accionada dio cumplimiento a la
normativa aplicable.

Para resolver el anterior problema jurídico, la Sala desarrollará los siguientes temas:
2.3 Marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad; 2.4 Medios de prueba;

6
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.»

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Demandante: Diego Orlando Urbano Eraso
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2.5 Caso concreto; 2.6 Alcance del restablecimiento del derecho cuando se
reconoce la existencia de la relación laboral con fundamento en el principio de la
primacía de la realidad y 2.7 Condena en costas.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad

En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de prestación
de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula
excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal de planta y
que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que
debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato
y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso […] general
relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el precitado numeral 3 del artículo

32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154 de 1997, precisó las diferencias entre
el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se
requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio,
en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada,
puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la

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Demandante: Diego Orlando Urbano Eraso
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subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en
la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación
de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes,
de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se
hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto
de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la
diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano
legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el
previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la
calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario
sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de
impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se
le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios
independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia
al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni
pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del
contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la
actividad del mandato respectivo.»

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968 7, «[p]or el cual se modifican las
normas que regulan la administración del personal civil […]» , dispone:

«Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la
ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por
una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha
tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como

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Modificado por el Decreto 3074 del mismo año.

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los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros
contratadas por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares
de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por
no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos
correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de
servicios para el desempeño de tales funciones.»

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la
Corte Constitucional en sentencia C-614 de 2009, al señalar que la permanencia,
entre otros criterios, es un elemento más que indica la existencia de una relación
laboral. En esa oportunidad, la Corte expuso:

«La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar
contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter
permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección
a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones
laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato
de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo
excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que
no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo
parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran
conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios
constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado,
en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública
debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que
ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.»

De lo anterior se colige que, el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor
del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo
53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los
derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la
materia.

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Demandante: Diego Orlando Urbano Eraso
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en
juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la
actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias
dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de
órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de
coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar
dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales 8.

De igual manera, la Subsección B de la Sección Segunda9 recordó que (i) la
subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público
el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse
durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia,
es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el
parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos
necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia
del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el
hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse
derechos económicos laborales a quien fue vinculada bajo la modalidad de
contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no
se le puede otorgar la calidad de empleado público, elementos de juicio que
enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto
sub examine.

2.4 Medios de prueba

A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de
juzgamiento, en atención al material probatorio traído al plenario, por lo que se
destaca:

a. Acto administrativo No. E-3705-2017 Id: 136194 del 27 de junio de 201810,
expedido por el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, a través del

8
En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de
2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).
9
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-
00020-01 (316-2014).
10
Samai, índice 2, Tribunal Administrativo del Meta, archivo: ExpedienteDigitalizado, pp. 27 a 30.

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Número Interno: 6003-2024
Demandante: Diego Orlando Urbano Eraso
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E

cual niega el reconocimiento de la existencia de la relación laboral con el
demandante, solicitada mediante radicado R-4024-2018 Id: 135708.
b. Copia de contratos celebrados 11 , entre el Hospital Departamental de
Villavicencio E.S.E y el señor Diego Orlando Urbano Eraso.
c. Certificación expedida por la Profesional Especializada de la Unidad
Funcional de Talento Humano del Hospital Departamental de Villavicencio
E.S.E, a través de la cual hace constar que el demandante prestó sus
servicios como terapeuta respiratorio de dicho ente departamental desde el
1° de febrero de 2012 hasta el 31 de julio de 201612.
d. Testimonio de Haidy Castro Murcia13, indicó que trabaja en el Hospital como
contratista coordinadora de la Unidad Funcional de Apoyo, Diagnóstico
Terapéutico, con profesión de enfermera desde mayo de 2013 y manifestó
que conoció al demandante a partir de diciembre de 2015, ya que se
desempeñaba como terapeuta respiratorio. Expuso que el demandante era
de la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto, dijo que distribuía las tareas y los
turnos a cubrir de acuerdo a las necesidades del servicio las 24 horas, en los
horarios de 7:00 am a 1:00 pm, 1:00 pm a 7:00 pm y de 7:00 pm a 7:00 am.
Señaló que el accionante laboraba en otra entidad y que casi todo el talento
humano laboraba en otras entidades. Finalmente, mencionó que cada unidad
brindaba todos los elementos que se requerían para prestar el servicio.
e. Testimonio de Elsa Ligia Figueroa Saray14, señaló que es de planta como
profesional especializada del área de talento humano en encargo, indicó que
no recuerda al accionante y que solo tuvo conocimiento al revisar la historia
laboral, donde evidenció que el demandante estuvo vinculado desde el año
2012 hasta septiembre de 2016 por contrato de prestación de servicios.
Resaltó que en la planta de personal no se encuentra el cargo de terapeuta
respiratorio y que por la necesidad del servicio se celebró el contrato en la
Unidad de Apoyo y Diagnóstico Terapéutico. Agregó que el Hospital para la
prestación del servicio tiene unos horarios asignados que pueden ser de 7:00
am a 1:00 pm, 1:00 pm a 7:00 pm, o 7:00 pm a 7:00 am, pero que es potestad
de los supervisores del contrato la concertación de los horarios para la
prestación del servicio. Manifestó que pudo comprobar que el accionante
trabajaba en la Clínica Primavera y que tiene constancia que laboró desde el

11
Samai, índice 2, Tribunal Administrativo del Meta, archivo: ExpedienteDigitalizado, pp 32 a 81, 89 a 101.
12
Samai, índice 2, Tribunal Administrativo del Meta, archivo: ExpedienteDigitalizado, pp 82 a 88
13
Samai índice 28, Tribunal Administrativo del Meta.
14
Ibid.

11

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Demandante: Diego Orlando Urbano Eraso
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E

mes de abril de 2013 hasta el 10 de abril de 2019, lo cual coindice con los
tiempos de prestación de servicio que tuvo en el Hospital como terapeuta
respiratorio, información que le fue suministrada por la líder de gestión
humana de esa entidad. Certificación que fue requerida por el Tribunal al
correo electrónico.
f. Interrogatorio de parte del señor Diego Orlando Urbano Eraso15, expuso
que es fisioterapeuta, que prestó sus servicios como terapeuta respiratorio
en el Hospital en la Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios y que
también cubría servicios de urgencias, en casos eventuales. Señaló que
estuvo vinculado con contratos de prestación de servicios celebrados de
manera ininterrumpida desde el año 2012 al 2016. Señaló que los turnos eran
coordinados, los cuales podían ser mañanas, tardes o noches, de 7:00 am a
1:00 pm, 1:00 pm a 7:00 pm, o 7:00 pm a 7:00 am según el cuadro de turnos
asignado a toda la planta del Hospital por parte de la coordinación de terapia
respiratoria, turnos que no podían ser modificados, por lo tanto, si debía
ausentarse por ejemplo en caso de enfermedad, tenía que realizar el cambio
de turno con otro compañero para cumplir la prestación del servicio.
Finalmente, indicó que debía realizar un informe al final del mes de los
pacientes que atendió. Señaló que no tuvo llamados por escrito, sin embargo,
que hacen retroalimentaciones verbales.
g. Certificación del 19 de abril del 2022,16 que hace constar que el demandante
laboró para la Clínica Primavera como fisoterapeuta desde el 10 de abril del
2013 hasta el 10 de abril del 2019.

2.5 Caso concreto

El demandante pretende obtener la declaración de existencia de una relación de
trabajo subordinada con el Hospital, con ocasión de los servicios que prestó como
terapeuta respiratorio desde el mes de febrero de 2012 al 31 de julio de 2016, bajo
la modalidad de contratación administrativa de prestación de servicios. Como
consecuencia de lo anterior, persigue que se declare que entre las partes existió
una relación laboral, entre el mes de febrero de 2012 al 31 de julio de 2016, y se
condene al demandado a pagar: (i) las prestaciones sociales de ley, tales como
cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, y seguridad

15
Samai índice 28, Tribunal Administrativo del Meta.
16
Samai, índice 2, Tribunal Administrativo del Meta, archivo 27: ExpedienteDigitalizado.

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social, (ii) el reembolso de los aportes a seguridad social, (iii) el cumplimiento de la
sentencia en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del CPACA, y (iv) los
intereses moratorios.

Por su parte, el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E asegura que la
modalidad contractual utilizada se encuentra conforme a derecho, y nunca se
generó el vínculo laboral que alega la parte actora.

Planteado el objeto y alcance del litigio, y a partir de las pruebas recaudadas,
procede la Sala a efectuar el análisis crítico que corresponde, para lo cual, empieza
por señalar que, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda y la respuesta
a los mismos dada por el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, no existe
controversia alguna en cuanto a la prestación personal del servicio por parte del
señor Diego Orlando Urbano Eraso y la contraprestación que recibía por esa
actividad.

En efecto, una vez revisado el expediente, se tiene que obra copia de los contratos
celebrados17 y certificaciones sobre los extremos temporales de estos18, medios de
prueba de los cuales es posible concluir la prestación personal y remuneración del
servicio, durante los lapsos y por los valores que siguen:

Inicio Finalización Días calendario Días hábiles
Año Contrato Valor transcurridos transcurridos entre
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) entre contratos contratos
1556-2012 1/02/12 29/02/12 $2.184.000 n/a n/a
1656-2012 1/03/12 31/03/12 $2.184.000 0 Sin interrupción
2375-2012 1/04/12 30/04/12 $2.184.000 0 Sin interrupción

3079-2012 1/05/12 30/06/12 $4.368.000 0 Sin interrupción

3079-2012
1/07/12 31/07/12 $2.184.000 0 Sin interrupción
adición
2012 3079-2012
1/08/12 31/08/12 $2.184.000 0 Sin interrupción
adición
3079-2012
1/09/12 30/09/12 $2.184.000 0 Sin interrupción
adición
3079-2012
1/10/12 31/10/12 $2.184.000 0 Sin interrupción
adición
3079-2012
1/11/12 30/11/12 $2.184.000 0 Sin interrupción
adición
3079-2012
1/12/12 31/12/12 $2.184.000 0 Sin interrupción
adición
148-2013 1/01/13 31/01/13 $2.184.000 0 Sin interrupción
2013 148-2013
1/02/13 28/02/13 $2.184.000 0 Sin interrupción
adición

17
Samai, índice 2, Tribunal Administrativo del Meta, archivo: ExpedienteDigitalizado, pp 32 a 81, 89 a 101.
18
Samai, índice 2, Tribunal Administrativo del Meta, archivo: ExpedienteDigitalizado, pp 82 a 88.

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148-2013
1/03/13 31/03/13 $2.184.000 0 Sin interrupción
adición
148-2013
1/04/13 30/04/13 $2.184.000 0 Sin interrupción
adición
148-2013
1/05/13 31/05/13 $2.184.000 0 Sin interrupción
adición
148-2013
1/06/13 30/06/13 $2.184.000 0 Sin interrupción
adición
148-2013
1/07/13 31/07/13 $2.184.000 0 Sin interrupción
adición
1945-2013 1/08/13 31/08/13 $2.184.000 0 Sin interrupción

2513-2013 1/09/13 30/11/13 $6.552.000 0 Sin interrupción
2513-2013
1/12/13 31/12/13 $2.184.000 0 Sin interrupción
adición
166-2014 1/01/14 30/06/14 $15.600.000 0 Sin interrupción

2072-2014 1/07/14 30/09/14 $7.800.000 0 Sin interrupción

3231-2014 1/10/14 31/10/14 $2.600.000 0 Sin interrupción
2014
4079-2014 1/11/14 30/11/14 $2.600.000 0 Sin interrupción
4079-2014
1/12/14 15/12/14 $1.300.000 0 Sin interrupción
adición
4079-2014
16/12/14 31/12/14 $1.300.000 0 Sin interrupción
adición

726-2015 1/01/15 31/01/15 $2.600.000 0 Sin interrupción

1588-2015 1/02/15 31/05/15 $10.400.000 0 Sin interrupción

2015 3050-2015 1/06/15 31/10/15 $13.000.000 0 Sin interrupción
3050-2015
1/11/15 30/11/15 $2.600.000 0 Sin interrupción
adición
3050-2015
1/12/15 31/12/15 $2.600.000 0 Sin interrupción
adición
352-2016 1/01/16 31/01/16 $2.600.000 0 Sin interrupción

837-2016 1/02/16 30/04/16 $8.100.000 0 Sin interrupción
2016
1978-2016 1/05/16 31/07/16 $8.100.000 0 Sin interrupción

2915-2016 1/08/16 30/09/16 $5.400.000 0 Sin interrupción

Por lo tanto, resulta cierto que, el señor Diego Orlando Urbano Eraso estuvo
vinculado al Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, a través de contratos de
prestación de servicios ejecutados entre el 1° de febrero de 2012 al 30 de
septiembre de 2016, en mérito de los cuales, según los documentos obrantes en el
expediente, recibió unos honorarios de forma mensual, en contraprestación por los
servicios prestados, conforme a la suma acordada en cada contrato, así en la
demanda el accionante haya relacionado su vinculación hasta el 31 de julio de 2016,
toda vez que, la misma entidad mediante el acto administrativo No. E-3705-2017 Id:
136194 del 27 de junio de 2018, tuvo en cuenta el último periodo contractual al 30
de septiembre de 2016, para negar el reconocimiento de la existencia de la relación
laboral.

Pese a que en la solicitud y la demanda el actor relacionó los siguientes tiempos:
entre el mes de febrero de 2012 al 31 de julio de 2016, se acreditó que prestó

14

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servicios hasta el 30 de septiembre de 2016, por tanto, se impone concluir que
prestó sus servicios entre 1° de febrero de 2012 y el 30 de septiembre de 2016,
conclusión que no es trasgresora del derecho de defensa y contradicción de la
entidad, pues el acto administrativo y la contestación de la demanda acepta los
periodos de prestación de servicios.

Ahora bien, para efecto de establecer la eventual interrupción entre vinculaciones,
la Sala reitera la regla adoptada en la sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-
025-CE-S2-202119, en la cual esta Sección Segunda estableció «un periodo de treinta
(30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos
de prestación de servicios».

En el presente caso no se presentaron interrupciones mayores a 30 días hábiles.
En consecuencia, es viable determinar que la vinculación del actor con el Hospital
Departamental de Villavicencio E.S.E accionado tuvo ocasión durante los siguientes
períodos:

Inicio Finalización
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa)
1/02/12 29/02/12
1/03/12 31/03/12
1/04/12 30/04/12
1/05/12 30/06/12
1/07/12 31/07/12
1/08/12 31/08/12
1/09/12 30/09/12
1/10/12 31/10/12
1/11/12 30/11/12
1/12/12 31/12/12
1/01/13 31/01/13
1/02/13 28/02/13
1/03/13 31/03/13
1/04/13 30/04/13
1/05/13 31/05/13
1/06/13 30/06/13
1/07/13 31/07/13
1/08/13 31/08/13
1/09/13 30/11/13
1/12/13 31/12/13
1/01/14 30/06/14
1/07/14 30/09/14
1/10/14 31/10/14
1/11/14 30/11/14
1/12/14 15/12/14
16/12/14 31/12/14
1/01/15 31/01/15
1/02/15 31/05/15
1/06/15 31/10/15
1/11/15 30/11/15
1/12/15 31/12/15
1/01/16 31/01/16
1/02/16 30/04/16
1/05/16 31/07/16
1/08/16 30/09/16

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de
septiembre de 2021. Expediente núm. 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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Establecido lo anterior, se encamina la Subsección al estudio del elemento de
continua subordinación o dependencia, para lo cual empieza por señalar que
todas las vinculaciones tuvieron como objeto la ejecución de labores como terapeuta
respiratorio.

En ese sentido, cabe anotar que las funciones prestadas por el demandante fueron
de manera regular y repetida, así:

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Sobre este aspecto, cabe resaltar que los contratos describen imperativos tales
como: (i) revisar, valorar y observar permanentemente el estado de salud de los
pacientes de acuerdo a las historias clínicas, instrucciones médicas, muestras,
exámenes y medicamentos aplicados, sintomatología presentada en su fase de
control y recuperación, (ii) mantener en orden y listos los equipos de monitoreo
respiratorio y ventilación mecánica en cada uno de los cubículos para el ingreso de
pacientes, (iii) hacer la valoración inicial del paciente que ingresa al Hospital
Departamental de Villavicencio y establecer un plan de manejo terapéutico y
profiláctico respiratorio, (iv) establecer, instaurar y evaluar las medidas de
oxigenoterapia, inhaloterapia, actividades de kinesioterapia torácica, postural,
percusión, vibración y aceleración de flujos en los pacientes que tengan indicación,
(v) garantizar una adecuada oxigenación y ventilación durante la realización de los
procedimientos realizados al paciente, (vi) Instaurar las medidas de soporte
ventilatorio invasivo y no invasivo, (vii) tomar muestras sanguíneas y de secreciones
pulmonares, (viii) realizar la limpieza y desinfección de los equipos de terapia
respiratoria, (ix) revisar, valorar y observar permanentemente el estado de salud de
los pacientes de acuerdo con las historias clínicas, instrucciones médicas, muestras,
exámenes y medicamentos aplicados, (x) revisar historias clínicas e instrucciones
médicas, (xi) asistir al supervisor inmediato para efectos de presentación de
informes y gestión y programación de reuniones, y (xii) presentar informes
mensuales de ejecución del objeto contractual, entre otras funciones.

Visto lo anterior, se advierte que la misión del Hospital Universitario de Villavicencio
E.S.E, es ser «[…] la empresa social del estado líder en la región en la prestación de servicios de
salud de mediana y alta complejidad, contamos con procesos enfocados en la atención humanizada

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y segura del usuario y su familia, con tecnología adecuada, talento humano competente y vocación
académica y científica»20.

Al respecto, se tiene que, las funciones desempeñadas por el accionante, en su
condición de terapeuta respiratorio corresponden, a no dudarlo, al objeto misional
de la entidad demandada. Por ende, es claro que se trata de actividades misionales
permanentes, dado que componen elementos fundamentales en la estructura de
dichas instituciones.

La condición de los ámbitos funcionales asignados al demandante permite ver que
no contaban con autonomía técnica, pues sus labores responden a la necesidad de
ejecución de procedimientos e instrucciones médicas de la ESE demandada, que
como es natural, constituía el marco restringido de acción de su desempeño, sin
que tuvieran opción de emprender acciones de manera libre en uso de su arbitrio.

Sobre el particular, esta Corporación21 ha aceptado que el elemento de
subordinación en la vinculación de terapeutas respiratorios subyace del objeto
mismo y las funciones pactadas, dado que tal oficio es desarrollado bajo
instrucciones médicas de superiores en el desarrollo de su labor, así:

«Asimismo, se advierte que la misión de la ESE Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo de Neiva es ser un «(h)ospital universitario confiable,
humanizado y seguro, al servicio de su salud y la de su familia», función de carácter
permanente que cumple en desarrollo de su actividad, lo que guarda similitud con las
actividades desempeñadas por la demandante, quien ejecutaba labores que permitían
el desarrollo del objeto misional de la entidad.

Lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de terapeuta
respiratoria al servicio de la ESE demandada, al tiempo que corrobora que no puede
dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto contractual para
desempeñar esa labor, puesto que se trata de funciones que atañen a la esencia y
finalidad de la entidad.

Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es propia
del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las actividades que ejerce
el contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente y eficaz del

20
https://www.hdv.gov.co/paginas/mision-y-vision.
21
En similar sentido se ha pronunciado esta Subsección, en sentencias de (i) 21 de julio de 2023, radicado 25000-23-42-000-
2016-05587-01 No interno: 2736 – 2020; (ii) 19 de enero de 2023, expediente 25000-23-42-000-2015-01235-01 Nº interno:
1381 – 2021; y (iii) 3 de noviembre de 2022, expediente 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022).

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contrato, por lo que es indispensable que exista una concertación contractual, en la que aquel
cumple su contrato con independencia, pero en armonía con las condiciones necesarias
impuestas por su contraparte, respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia
al pacto suscrito»29 .

Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia su
empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer del
trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto, el
empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos
o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este respecto le asista
ningún tipo de independencia»30 .

Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto que el
desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba sujeta a medidas u
órdenes de la ESE demandada, a saber: la imposición de un horario y/o el cumplimiento
de turnos y la sujeción a directrices de los médicos, coordinadores y jefes de las
unidades de cuidados intensivos y urgencias, lo que demuestra que la entidad, en su
calidad de empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo de la actor
(sic), lo que denota la existencia de una indiscutible subordinación.

Ahora bien, echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en la Ley
909 de 2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas temporales que
atiendan la oferta y la demanda en la prestación del servicio de salud. Por lo tanto, la
ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones para las cuales fue
contratada la demandante no es un argumento que enerve las consideraciones
expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de planeación por parte de la
entidad y desconoce que las labores desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación
de la entidad».22

En este punto, de la valoración del material probatorio allegado al sub judice, no
puede predicarse que se deba a un evento temporal o necesidad contingente de la
entidad accionada, ni que haya acudido a esa forma jurídica de vinculación «por el
término estrictamente indispensable», tal como lo preceptúa la Ley 80 de 1993, sino que

revela una situación continuada y sistemática a partir de la cual, bajo una cierta
situación de indeterminación temporal, aprovechó los servicios personales del
demandante para desarrollar su misión y objeto.

En ese sentido, la señora Elsa Ligia Figueroa Saray, en calidad de profesional
especializada encargada del área de talento humano del Hospital demandado,

22
C.P.: Juan Enrique Bedoya Escobar, quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), Radicado 41001-23-33-000-
2012-00044-01 (6184-2018).

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aceptó en el testimonio que se acudió a la figura de contratación de prestación de
servicios al no contar con suficiente personal de planta para realizar las funciones
de terapeuta respiratorio, por eso la necesidad de contratar otras personas.

Empero, aun cuando el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E haya
justificado cada vinculación en la falta de personal para realizar las funciones
contratadas, lo cierto es que dicha deficiencia en el diseño y confección de su planta
de empleos no comporta una patente de corso que le autorice a desconocer, de
manera sucesiva y continuada, las garantías y prerrogativas laborales mínimas
previstas por la Constitución y la ley. En ese sentido, en sentencia T-366 de 202323,
la Corte Constitucional discurrió:

«50. En la sentencia C-154 de 1997 esta corporación se pronunció sobre la
constitucionalidad del concepto de contrato de prestación de servicios contenido en el
artículo 32 ib, y consagró las características de este tipo de vinculación, en especial,
sus diferencias con el contrato de trabajo, así:

(i) El contratista adquiere una obligación de hacer, para ejecutar labores en razón a
su experiencia, capacitación y formación profesional en determinada materia.
Entonces, el objeto contractual consiste en la realización temporal de actividades
relacionadas con el objeto y finalidad para la cual fue creada y organizada la
entidad.

(ii) El contratista goza de autonomía e independencia desde el punto de vista técnico
y científico. Lo anterior implica que dispone de un margen de discrecionalidad en
relación con la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado, según las
estipulaciones acordadas.

(iii) Se trata de un tipo de vinculación excepcional, motivo por el cual su
vigencia es temporal, es decir, por el tiempo indispensable para ejecutar el
objeto contractual convenido. Por consiguiente, en caso de que las
actividades que se desarrollen por medio de estos contratos demanden una
permanencia indefinida, que exceda su carácter excepcional y temporal, la
entidad tiene la obligación de adoptar las medidas y provisiones pertinentes
para dar cumplimiento al artículo 122 de la Carta Política.

(iv) Este tipo de contratación no da derecho al reconocimiento de las prestaciones
derivadas del contrato de trabajo. No obstante, si se acreditan las características

23
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión; Sentencia T-366 de 14 de septiembre de 2023; M. P. Paola Andrea Meneses
Mosquera.

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esenciales de la relación laboral (prestación personal del servicio, salario y
subordinación), se desvirtuará la presunción establecida en la norma y surgirá el
derecho al pago de las prestaciones sociales en favor del contratista, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formas.

51. De lo anterior, se puede concluir que el contrato de prestación de servicios no
está constituido para desempeñar funciones públicas permanentes, por el
contrario, debe contar con un tiempo limitado e indispensable para ejecutar el
objeto contractual convenido24. De esta manera, si las actividades demandan una
permanencia mayor, estarían excediendo el carácter temporal y excepcional de
los contratos de prestación de servicios y, en ese caso, le corresponde a la
Administración crear el cargo e incorporarlo a la planta de personal.» (Resalta la
Sala)

Siendo así, la Sala encuentra probado el ejercicio continuamente subordinado y
dependiente de las funciones de terapeuta respiratorio por el señor Diego Orlando
Urbano Eraso, lo que, sumado a los elementos de prestación personal del servicio
y remuneración previamente decantados, impone concluir que, entre el accionante
y el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E existieron sendas relaciones
laborales subordinadas, entre el 1° de febrero de 2012 y el 30 de septiembre de
2016.

Por último, la Sala advierte que, si bien es cierto que existe alguna sospecha de que
el actor prestó sus servicios de manera simultánea a la Clínica Primavera, también
lo es que el artículo 2 de la Ley 269 de 1996 previó que “[c]orresponde al Estado garantizar
la atención en salud como un servicio público esencial, y en tal carácter el acceso permanente de
todas las personas a dicho servicio, razón por la cual el personal asistencial que preste directamente
servicios de salud podrá desempeñar más de un empleo en entidades de derecho público”, siempre

y cuando no se genere concurrencia de horarios, circunstancia que no fue
acreditada en el plenario.

Finalmente, en lo atinente a la extinción de los derechos que se derivan de la
declaratoria de existencia de la relación laboral, en la sentencia de unificación de 25
de agosto de 201624, esta Sección estimó:

«quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio

24
Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.

21

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de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del
término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual
(…) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión,
en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los
derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad» [se
resalta].

Ahora bien, en la mencionada sentencia del 9 de septiembre de 2021 25 de la
Sección Segunda de esta Corporación, sobre el término y el momento a partir del
cual debe computarse la prescripción extintiva, se determinó que la existencia de
vinculaciones contractuales consecutivas hace necesario el examen de sus
interrupciones, con el fin de comprobar si se presentó o no solución de continuidad
en la relación laboral declarada. En ese sentido, se reitera que la Sala consideró
adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles como indicador
temporal de la no solución de continuidad entre contratos sucesivos de prestación
de servicios, sin que este constituya una «camisa de fuerza» para el juez
contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren
dentro del plenario, habrá de examinar si hubo o no la ruptura del vínculo que se
reputa laboral.

Bajo esa perspectiva, observa la Sala que el accionante prestó sus servicios así:

Inicio Finalización Días
calendario Días hábiles
transcurridos transcurridos entre
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) entre contratos
contratos
1/02/12 29/02/12 n/a n/a
1/03/12 31/03/12 0 Sin interrupción
1/04/12 30/04/12 0 Sin interrupción

1/05/12 30/06/12 0 Sin interrupción
1/07/12 31/07/12 0 Sin interrupción
1/08/12 31/08/12 0 Sin interrupción
1/09/12 30/09/12 0 Sin interrupción
1/10/12 31/10/12 0 Sin interrupción
1/11/12 30/11/12 0 Sin interrupción
1/12/12 31/12/12 0 Sin interrupción
1/01/13 31/01/13 0 Sin interrupción
1/02/13 28/02/13 0 Sin interrupción
1/03/13 31/03/13 0 Sin interrupción
1/04/13 30/04/13 0 Sin interrupción
1/05/13 31/05/13 0 Sin interrupción
1/06/13 30/06/13 0 Sin interrupción

25
Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-16), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Número Interno: 6003-2024
Demandante: Diego Orlando Urbano Eraso
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E

1/07/13 31/07/13 0 Sin interrupción
1/08/13 31/08/13 0 Sin interrupción
1/09/13 30/11/13 0 Sin interrupción
1/12/13 31/12/13 0 Sin interrupción
1/01/14 30/06/14 0 Sin interrupción
1/07/14 30/09/14 0 Sin interrupción
1/10/14 31/10/14 0 Sin interrupción
1/11/14 30/11/14 0 Sin interrupción

1/12/14 15/12/14 0 Sin interrupción

16/12/14 31/12/14 0 Sin interrupción
1/01/15 31/01/15 0 Sin interrupción
1/02/15 31/05/15 0 Sin interrupción
1/06/15 31/10/15 0 Sin interrupción

1/11/15 30/11/15 0 Sin interrupción
1/12/15 31/12/15 0 Sin interrupción
1/01/16 31/01/16 0 Sin interrupción
1/02/16 30/04/16 0 Sin interrupción

1/05/16 31/07/16 0 Sin interrupción

1/08/16 30/09/16 0 Sin interrupción

Por consiguiente, se reconocerán los emolumentos económicos propios de una
relación laboral durante el interregno comprendido entre el 1° de febrero de 2012 y
el 30 de septiembre de 2016, sin que haya lugar a predicar la prescripción, toda vez
que, a pesar de que no hay soporte de la fecha de radicación de la reclamación al
Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, lo cierto es que si obra respuesta de
la parte demandada mediante acto administrativo No. E-3705-2017 Id: 136194 del
27 de junio de 2018 y la fecha de radicación de la demanda fue el 22 de marzo del
2019, es decir, dentro de los tres años siguientes a la finalización del vínculo
contractual.

2.6 Restablecimiento del derecho cuando se reconoce la existencia de la
relación laboral con fundamento en el principio de la primacía de la realidad.

Referente al pago de prestaciones sociales a que tiene derecho el accionante es
consecuencia de la nulidad del acto acusado, como se determinó en la referida
sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, de la Sección Segunda de esta
Corporación, la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base
de quien debe asumirlas.

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Número Interno: 6003-2024
Demandante: Diego Orlando Urbano Eraso
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E

Para que ello ocurra, se requiere la existencia jurídica del cargo, que se haya
ejercido en la misma forma y apariencia como lo hubiera desempeñado una persona
designada regularmente.

En lo referente al pago de las prestaciones sociales, esta Sala, en sentencia de 4
de febrero de 2016, precisó que «con el fin de determinar cuáles son las prestaciones
sociales que se deberán reconocer […] al declararse una relación de carácter laboral, […]
acude a la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base de quien debe
asumirlas. En ese orden de ideas, se encuentran las que son asumidas por el empleador
directamente y las que se prestan o se reconocen de forma dineraria por el Sistema de
Seguridad Social Integral. Dentro de las prestaciones sociales que están a cargo directamente
del empleador se encuentran las ordinarias o comunes como son entre otras las primas, las
cesantías; y las prestaciones sociales que se encuentran a cargo del Sistema Integral de
Seguridad Social son la salud, la seguridad social, los riesgos profesionales y el subsidio
familiar, que para ser asumidas o reconocidas por cada sistema debe mediar una cotización»
[negrillas para resaltar]. Asimismo, en providencia de 6 de octubre siguiente, aclaró
que «el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre la formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación de
servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público, por lo que no es
posible reconocer prestaciones sociales de carácter extralegal que devenguen otros
funcionarios de la planta de personal del ente territorial demandado, máxime cuando el
accionante no acreditó dentro del proceso cuales son las prestaciones a las que considera
tener derecho ni el origen de las mismas» [negrillas de la Sala].

Respecto de las vacaciones, el artículo 8° del Decreto 1045 de 1978 determina que
corresponde a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios,
salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales, al comportar la
condición de prestación social y de derecho como expresión de una garantía laboral
del artículo 53 superior. Por lo anterior, al declararse la existencia de la relación
laboral, procede la compensación del derecho al descanso, en virtud de las
previsiones de los artículos 20 del Decreto Ley 1045 de 1978 y la Ley 995 de 2005.

Tomar mes a mes el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante-
apelante, con fundamento en el salario legalmente sufragado a quienes
desempeñaban el empleo en la planta de personal del Hospital Departamental de
Villavicencio E.S.E, conforme lo anotado en precedencia, en cada uno de los
periodos contratados con el accionante y si existe diferencia entre los aportes
realizados por el contratista y los que efectivamente debió cumplir, cotizar al

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Demandante: Diego Orlando Urbano Eraso
Demandado: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E

respectivo fondo de pensiones el valor faltante de aportes a pensión en el porcentaje
que le incumbía como empleador. Por su parte, el actor acreditará las cotizaciones
efectuadas al mencionado sistema durante estos vínculos contractuales y si no las
hubiese hecho o se verificara diferencia alguna en su contra, tendrá la obligación de
completar o cancelar, según corresponda, el porcentaje que le concernía como
trabajador, según lo analizado en los acápites pertinentes de la sentencia de
unificación.

En lo relacionado con la devolución de los aportes efectuados por el demandante a
pensión y salud, lo cierto es que, esos recursos del sistema integral de seguridad
social son de obligatorio pago y recaudo para fines específicos y no constituyen un
crédito a favor del contratista, por lo tanto, no es dable que se le sufraguen
directamente al interesado. En consecuencia, resulta improcedente que se
disponga el reembolso por los mencionados conceptos.

Asimismo, en la controversia sub judice, el pago de los derechos económicos
laborales reconocidos al reclamante durante el período comprendido entre el 1° de
febrero de 2012 y el 30 de septiembre de 2016, procede a título de restablecimiento
del derecho y, en tal sentido, de acuerdo con las sentencias de unificación, SUJ2-
005-16 de 25 de agosto de 2016 y SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de
2021 de esta sección y la jurisprudencia imperante en esta Sala, se deben tener en
cuenta las prestaciones sociales de orden legal percibidas por los servidores
públicos de planta de la entidad de igual categoría vinculado laboralmente a dicha
planta como terapeutas respiratorios, liquidadas sobre el salario de estos, o en
defecto de lo anterior, sobre el valor mensual de los contratos.

Precisamente en igual sentido, debe decirse que en este caso se debe condenar a
la entidad al pago del reajuste salarial, es decir, la diferencia entre lo percibido por
concepto de honorarios y lo devengado por un empleado de planta en el cargo de
terapeuta respiratorio, si la hubiere.

En efecto, la Subsección es del criterio que el reconocimiento de una relación laboral
encubierta apareja también el de la diferencia entre lo que devenga un empleado
de la entidad y los honorarios pagados a los contratistas.

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Esta Sala ha discurrido que pese a ejecutar las mismas funciones de los empleados
de planta, los contratistas solo reciben los honorarios, por lo que resulta una
consecuencia propia de la declaración de contrato realidad la de equipararlos.

Por consiguiente, se reconocerá el reajuste salarial para, de esta forma, materializar
los mandatos constitucionales de dar prevalencia al derecho sustancial.

Por último, sin perjuicio de que pueda declararse la existencia de la relación laboral
y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación
laboral, por este sólo hecho no se le puede otorgar la calidad de empleado
público.

Las sumas que resulten a favor del demandante, deberán actualizarse de acuerdo
con la fórmula según la cual, el valor presente (R) se determina multiplicando el
valor histórico (Rh) por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia) por el índice
inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago), así:

R = Rh * (Índice inicial / Índice final)

La condena se guiará conforme a la anterior fórmula y generará los intereses
moratorios en los términos previstos en el CPACA.

2.7 Sobre la condena en costas

No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el artículo 365 del
Código General del Proceso, pues esta Sala ha sostenido que dichas normas
otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual implica
examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su
causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No
es suficiente el simple resultado adverso del proceso26.

26
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-33-
000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

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En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo
largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, no se impondrá
condena en costas.

III. DECISIÓN

Visto lo anterior, la Sala revocará la sentencia de primera instancia del Tribunal
Administrativo del Meta y, en su lugar se accederá parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 30 de mayo de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo del Meta, negó las pretensiones de la demanda
presentada y, en su lugar:

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo No. E-3705-2017 Id:
136194 del 27 de junio de 2018, por medio del cual la entidad demandada negó el
reconocimiento de la relación laboral subordinada y la correspondiente liquidación
y pago de las prestaciones sociales reclamadas por el señor Diego Orlando Urbano
Eraso, de acuerdo con lo expuesto en precedencia.

TERCERO: Declarar la existencia de una relación laboral encubierta entre el señor
Diego Orlando Urbano Eraso, identificado con cédula de ciudadanía 5.340.775, y el
Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, ocurrida entre el 1° de febrero de
2012 y el 30 de septiembre de 2016, conforme a las consideraciones que
anteceden.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR al Hospital
Departamental de Villavicencio E.S.E, pagar al señor Diego Orlando Urbano Eraso,
identificado con cédula de ciudadanía 5.340.775, las correspondientes
prestaciones sociales de orden legal devengadas por un servidor de la misma

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Número Interno: 6003-2024
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categoría, terapeuta respiratorio, vinculado laboralmente a la planta de la entidad,
liquidadas sobre el salario de estos, o en defecto de lo anterior, sobre el valor
mensual de los contratos y en proporción a los periodos laborados entre el 1° de
febrero de 2012 y el 30 de septiembre de 2016.

ORDENAR a la accionada el reconocimiento y pago del reajuste salarial, es decir,
entre lo percibido por concepto de honorarios y lo devengado por un terapeuta
respiratorio de planta, si la hubiere.

QUINTO: COTIZAR, las diferencias entre los aportes pensionales realizados, si los
hubiere, de los periodos comprendidos entre el 1° de febrero de 2012 y el 30 de
septiembre de 2016, en los términos indicados en la parte motiva de esta
providencia.

SEXTO: DECLARAR que el tiempo laborado por el demandante en el Hospital
Departamental de Villavicencio E.S.E, bajo la modalidad de contrato de prestación
de servicios, entre el 1° de febrero de 2012 y el 30 de septiembre de 2016, se debe
computar para efectos pensionales.

SÉPTIMO: ORDENAR al Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, realizar
sobre los valores que resulten de la presente condena, la actualización referida en
la parte motiva de esta sentencia.

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas.

NOVENO: Sin condena en costas en ambas instancias.

DÉCIMO: DAR cumplimiento a este proveído dentro de los términos establecidos
para ello por los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

UNDÉCIMO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

29

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