Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2019-00233-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 54001-23-33-000-2019-00233-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2019-00233-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2019-00233-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
14 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicado: 54001 23 33 000 2019 00233 01 (2478-2023)
Demandante: Gloria Teresa Fuentes Trigos
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP1
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente en
plazas del orden territorial y nacionalizado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de 16 de febrero de 2023 emanada del Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda; anunciando desde ya
que dicha decisión será confirmada.
I. ANTECEDENTES
Demanda2
2. El 5 de agosto de 2019 la demandante ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho encaminado a que se declare la nulidad de las
Resoluciones RDP 035518 del 22 de septiembre de 2016 y RDP 007557 del 27 de
febrero de 2017 expedidas por la UGPP, que le negaron el reconocimiento y pago de
una pensión gracia.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) condenar a la demandada al
reconocimiento y pago de una pensión gracia efectiva a partir del 20 de diciembre de
2006; ii) aplicar los reajustes previstos en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993; iii)
actualizar el valor de las condenas conforme al IPC de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 187 del CPACA; iv) cumplir el fallo que ponga fin al proceso y reconocer los
intereses moratorios en los términos del artículo 192 ibidem; y, v) pagar las costas
procesales.
4. Como sustento de sus pretensiones expuso que nació el 14 de octubre de 1952
y fue nombrada seccional de la Escuela Urbana de Niñas No. 2 «Llanadas» mediante
el Decreto 1 – 275 del 12 de abril de 1973 emitido por el gobernador del departamento
1 En adelante UGPP.
2 Ver el siguiente link: 54001-23-33-000-2019-00233-00 - OneDrive
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 54001 23 33 000 2019 00233 01 (2478-2023)
Demandante: Gloria Teresa Fuentes Trigos
de Norte de Santander, cargo ejercido entre el 30 de abril de 1973 y el 7 de marzo de
1978 (4 años, 7 meses, 7 días) con carácter departamental.
5. Luego se vinculó como profesora departamental en el Colegio Departamental
«Sagrado Corazón de Jesús» mediante designación realizada a través de Decreto 228
de 1 de marzo de 1978 expedida por el gobernador de Norte de Santander, entre el 9
de marzo de 1978 y el 31 de julio de 1983 (5 años, 4 meses y 23 días).
6. Por medio de la Resolución 9751 del 22 de junio de 1983, el Ministerio de
Educación Nacional designó a la demandante como profesora de secundaria para
laborar en el municipio de Cúcuta (Norte de Santander), con vínculo nacional hasta el
19 de diciembre de 1996.
7. Señaló que el vínculo laboral de carácter nacional descrito mutó a departamental
por mandato de la Ley 60 de 1993, al haber sido certificado el departamento de Norte
de Santander para la prestación del servicio educativo en virtud de la Resolución 4267
del 18 de septiembre de 1996 emitida por el Ministerio de Educación Nacional, a través
de la cual se le entregó la educación al departamento (acta del 20 de diciembre de
1996). Como consecuencia de la descentralización, los tiempos de servicio desde el 20
de diciembre de 1996 hasta el 1 de enero de 2004 ostentan el carácter de territorial –
departamental, válidos para el reconocimiento de la pensión gracia.
8. Posteriormente en virtud de la Ley 715 de 2001 el vínculo laboral de carácter
departamental mutó a municipal dado que el municipio de Cúcuta fue certificado en
virtud de los dispuesto en el artículo 41 ibidem, por medio de la cual el departamento
entregó la educación al municipio según acta del 2 de enero de 2004, por lo que los
servicios docentes prestados por la demandante entre el 2 de enero de 2004 y el 31 de
enero de 2015 ostentan el carácter de territorial – municipal, aptos para acceder a la
prestación pretendida.
9. El 25 de mayo de 2016 presentó petición escrita ante la entidad demandada en
orden a que se le reconociera la pensión gracia, en la cual señaló que «del tiempo
certificado como Nacional solo se podía tomar para el reconocimiento invocado el
prestado desde el 07 de marzo de 1997, (sic) debió decir 20 de diciembre de 1996),
fecha de entrega de la educación, que consta en acta suscrita entre la Nación –
Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Norte de Santander (…) por ser
tiempo de carácter Departamental».
10. Por medio de la Resolución RDP 035518 del 22 de septiembre de 2016,
confirmada por la Resolución RDP 007557 del 27 de febrero de 2017, la UGPP negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia en consideración a que los tiempos de
servicios aportados fueron prestados con nombramiento del orden nacional.
Contestación de la demanda3
3 Ver archivo en el siguiente link: 54001-23-33-000-2019-00233-00 - OneDrive
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 54001 23 33 000 2019 00233 01 (2478-2023)
Demandante: Gloria Teresa Fuentes Trigos
11. La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda. Consideró que revisado
el expediente administrativo la demandante entre el 30 de abril de 1973 y el 7 de marzo
de 1978 y entre el 9 de marzo de 1978 y el 31 de julio de 1983 ostentó vinculación
docente del orden nacionalizado y entre el 1 de agosto de 1983 y el 30 de enero de
2015 su designación fue nacional, que le impiden acceder al reconocimiento de la
pensión gracia pretendida.
12. Refirió que, no es procedente tener como departamentales los servicios
prestados por la demandante al servicio del departamento de Norte de Santander a
partir del 7 de marzo de 1997 con ocasión de la descentralización toda vez que
corresponden a una vinculación del orden nacional, los cuales no se pueden computar
para efectos de la prestación en virtud de lo establecido en la Ley 114 de 1913 que solo
lo permite a nombramientos como docente de carácter departamental, distrital,
municipal o nacionalizado.
13. Propuso como excepciones de fondo las de prescripción de los derechos
laborales aplica a todos y cada uno de los conceptos reclamados por el demandante e
inexistencia de la obligación.
II. SENTENCIA APELADA4
14. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander dictó sentencia del 16 de
febrero de 2023 mediante la cual declaró probada la excepción denominada
«inexistencia de la obligación» propuesta por la UGPP y negó las pretensiones de la
demanda. Explicó que la demandante prestó sus servicios como docente nacionalizada
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, desde el 30 de abril de 1973 hasta el 7 de
marzo de 1978 y del 9 de marzo de 1978 al 31 de julio de 1983 (10 años, 3 meses).
Empero, su vinculación posterior no resulta apta para acceder al reconocimiento de la
pensión gracia por tener la condición de nacional.
15. Señaló que los períodos comprendidos entre el 20 de diciembre de 1996 y el 1
de enero de 2004 y desde 2 de enero de 2004 hasta el 31 de enero de 2015 si bien son
prestados al departamento de Norte de Santander y al municipio de San José de
Cúcuta, respectivamente, como producto de la descentralización de la educación, ello
no implica «revivir el cálculo de tiempos de servicio computables para adquirir el
derecho a la pensión gracia», en el entendido que con ello no se cambia la naturaleza
de los nombramientos realizados con anterioridad a los docentes.
16. Consideró que la descentralización de la educación involucró el traslado del
personal docente a las entidades territoriales certificadas en educación, primero a los
entes departamentales conforme a la Ley 60 de 1993 y después a los municipales en
virtud de lo dispuesto en la Ley 715 de 2001, sin que ello implicara la mutación del
nombramiento nacional a territorial, ni el correspondiente cómputo de tiempos de
servicios para adquirir el derecho a la pensión gracia.
4 Ver archivo en el siguiente link: 54001-23-33-000-2019-00233-00 - OneDrive
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 54001 23 33 000 2019 00233 01 (2478-2023)
Demandante: Gloria Teresa Fuentes Trigos
III. RECURSO DE APELACIÓN5
17. La demandante presentó recurso de apelación al considerar que después de la
descentralización de la educación no trabajó en un plantel del orden nacional en cuanto
estos dejaron de existir al pasar a los departamentos y/o municipios, por lo que los
tiempos de servicio han debido computarse y tenerse como válidos para el
reconocimiento del derecho litigioso.
18. Señaló como contradictorio el aceptar que se prestaron unos servicios docentes
al departamento de Norte de Santander y al municipio de San José de Cúcuta como
producto de la descentralización de la educación y al mismo tiempo que dichos tiempos
no puedan contabilizarse para el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
19. Mencionó que la sentencia no tuvo en cuenta que la planta en donde laboró a
partir de la descentralización de la educación perdió el carácter de nacional, para pasar
a ser una planta de carácter departamental y luego municipal, ya que el colegio para el
cual laboró no es de propiedad de la Nación sino del departamento de Norte de
Santander y luego del municipio de Cúcuta. Insistió que la plaza ocupada después del
20 de diciembre de 1996 corresponde a una departamental y a partir del 2 de enero de
2004 a municipal por efectos de la descentralización, tiempos de servicio aptos para el
reconocimiento prestacional.
20. Mencionó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que en
un caso similar (25000233300020190060700) se accedió al reconocimiento de la
pensión gracia, al considerar que la vinculación mutó de nacional a departamental.
21. Alegó que el vínculo laboral mutó porque operó el fenómeno de la sustitución
patronal por mandato de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, en las cuales se
estableció que los maestros pasarían a las plantas departamentales, distritales o
municipales con ocasión de la descentralización de la educación.
22. Reiteró que los servicios prestados desde el 1 de agosto de 1983 hasta el 19 de
diciembre de 1996 fueron de carácter nacional, no aptos para el reconocimiento de la
pensión gracia. Sin embargo, con relación al tiempo laborado desde el 20 de diciembre
de 1990 al 1 de enero de 2004 ostentan el carácter departamental y desde el 2 de enero
de 2004 hasta el 31 de enero de 2015 fueron municipales, los cuales pueden ser tenidos
en cuenta para este reconocimiento pensional.
IV. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
23. Mediante auto del 3 de agosto de 20236 se admitió el recurso de apelación y se
informó a la demandada que disponía hasta la ejecutoria de esta providencia para
pronunciarse en torno a la alzada.
5 Ver archivo en el siguiente link: 54001-23-33-000-2019-00233-00 - OneDrive
6 Índice 6 registrado en Samai, ver archivo
10_10_540012333000201900233011AUTOQUEADMITE20230809231226.pdf
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 54001 23 33 000 2019 00233 01 (2478-2023)
Demandante: Gloria Teresa Fuentes Trigos
24. La UGPP7 solicitó que se confirme la decisión de primera instancia reiterando los
argumentos de hecho y de derecho que se explicaron en los actos administrativos y en
el curso de la primera instancia, dado que la demandante no demostró el tipo de
vinculación como docente en una plaza territorial o nacionalizada durante 20 años
conforme lo establece la ley para acceder a la pensión gracia pretendida.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO8
25. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia al
considerar que el cambio de la naturaleza de vinculación por efectos de la
descentralización de la educación, si bien involucró el traslado del personal docente a
las entidades territoriales certificadas en educación, no se puede entender que dicha
departamentalización y posterior municipalización implicó una mutación en la
naturaleza de los nombramientos anteriores o que dichos tiempos sean computables
para acceder a la pensión gracia. Evidenció que los argumentos carecen de
fundamentos fácticos y jurídicos para ser tenidos en cuenta, por lo que no está
comprobado el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la prestación
reclamada.
VI. CONSIDERACIONES
Competencia
26. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, esta Corporación es competente para abordar el análisis de esta controversia.
Problema jurídico
27. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación9, le
corresponde a la Sala establecer si la vinculación como docente nacional que ostentó
la demandante mutó a departamental con ocasión del proceso de descentralización y
certificación de la educación, en virtud de la Ley 60 de 1993 y luego a municipal
conforme a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001. En caso afirmativo, se deberá
establecer si este tiempo puede ser computado para acceder a la pensión gracia
pretendida y si se acreditaron los demás requisitos conforme a la Ley 114 de 1913 y
demás normas concordantes.
Marco legal y jurisprudencial sobre la pensión gracia
7 Índice 11 registrado en Samai, ver archivo 12_540012333000201900233014MemorialWeb20238300209.pdf
8 Índice 12 de Samar, ver archivo 15_540012333000201900233012MemorialWeb2023911215730.pdf
9 Pues así lo establece el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 54001 23 33 000 2019 00233 01 (2478-2023)
Demandante: Gloria Teresa Fuentes Trigos
28. Para desatar tal cuestionamiento, la Sala verificará si la parte demandante
acreditó las exigencias establecidas por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933, 91 de 1989 para otorgarle la pensión gracia, como son: i) contar con más de 50
años de vida; ii) haberse vinculado como docente nacionalizado y/o territorial (municipal
o departamental) antes del 31 de diciembre de 1980; iii) haberse desempeñado en tal
calidad durante 20 años, que pueden ser continuos o discontinuos; iv) haberse
desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; v) no
haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.
29. Igualmente, se tendrán en cuenta las reglas contenidas en tres sentencias de
unificación jurisprudencial emanadas de la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que se resumen a continuación:
i) Sentencia de unificación jurisprudencial S-699 del 26 de agosto de 199710,
en la que se clarificó que los docentes nacionales no son beneficiarios de la
pensión gracia.
ii) Sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de
junio de 201811, que estableció las siguientes subreglas que permiten determinar
la naturaleza del vínculo docente: a) que los recursos del situado fiscal, aunque
eran de origen nacional, se convertían en propiedad exclusiva de las entidades
territoriales al incorporarse a sus presupuestos; b) los entes territoriales son
propietarios de los recursos que reciben de la Nación, según el artículo 356 de la
Constitución de 1991; c) la financiación de los fondos educativos regionales
dependía de los recursos de la Nación y de los presupuestos locales, por ende,
cubrían gastos de docentes nacionales, nacionalizados y territoriales; d) los
docentes territoriales/nacionalizados no se convierten en nacionales solo por la
intervención del Ministerio de Educación o por el origen de los recursos; e) se
requiere prueba del vínculo administrativo para acreditar la calidad de docente
territorial o nacionalizado, que puede ser mediante el acto administrativo de
nombramiento o a través de certificaciones que demuestren de manera
inequívoca el tipo de vinculación; f) para el reconocimiento de la pensión gracia,
es crucial demostrar que la plaza es territorial o nacionalizada ya que el pago
proviene de rentas endógenas de la entidad territorial o de las exógenas
provenientes del situado fiscal o el Sistema General de Participaciones,
respectivamente.
Caso concreto
30. El a quo negó las pretensiones de la demanda con el argumento de que la
demandante no acreditó los requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia, en
especial, por no contar con 20 años de servicios como docente territorial o
nacionalizado.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado: 25000-23-42-
000-2013-04683-01 (3805-2014).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 54001 23 33 000 2019 00233 01 (2478-2023)
Demandante: Gloria Teresa Fuentes Trigos
31. La Sala realizará un análisis de lo probado en el proceso, en los siguientes
términos:
i) La señora Gloria Teresa Fuentes Trigos nació el 14 de octubre de 195212,
es decir, cumplió 50 años el 14 de octubre de 2002.
ii) La Secretaría de Educación Municipal de San José de Cúcuta13 certificó
que la demandante prestó sus servicios en el nivel básica secundaria, mediante
vinculación en propiedad como docente nacionalizada, en forma continua, en la
que se observa que a través del Decreto 1-275 del 12 de abril de 1973 fue
designada docente en la Escuela Urbana de Niñas No. 2 «Llanadas» del municipio
de Ocaña (Norte de Santander), cargo del cual tomó posesión el 30 de abril de
197314. Luego fue nombrada mediante Decreto 228 del 1 de marzo de 1978 como
docente en el Colegio Departamental Sagrado Corazón de Jesús del municipio de
San José de Cúcuta, tomando posesión el 9 de marzo de 197815 hasta el 1 de
agosto de 1983 (cuando presentó la renuncia voluntaria).
iii) La Secretaría de Educación de San José de Cúcuta expidió el Formato
Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 26 de noviembre
de 201516, en el cual se registra la condición de docente con régimen de pensiones
nacionalizado y las diferentes situaciones administrativas por las cuales atravesó
durante su vinculación desde el 30 de abril de 1973 hasta el 7 de marzo de 1978,
cuando se retiró del servicio por renuncia voluntaria.
iv) Mediante certificado de tiempo de servicios 2481 del 14 de octubre de
2005, la Secretaría de Educación Municipal de San José de Cúcuta hizo constar
que la demandante prestó sus servicios en el nivel básica secundaria, con
vinculación en propiedad como nacional en forma continua, mediante designación
realizada a través de la Resolución 9751 del 22 de junio de 1983 para el
departamento de idiomas en la Institución Educativa Instituto Nacional de
Enseñanza Media Diversificada INEM José Eusebio Caro, cargo del cual tomó
posesión el 1 de agosto de 1983 hasta el 31 de enero de 2015.
v) El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio emitió el
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Consecutivo 28 del
16 de julio de 202117, en el cual se registró que la demandante ostenta vinculación
de orden nacional y régimen de cesantías anualizado, por los servicios prestados
como docente en secundaria entre el 1 de agosto de 1983 y el 31 de enero de
2015, cuando le fue aceptada la renuncia18.
12 Índice 2 de Samai, ver expediente digital, 4_540012333000201900233011EXPEDIENTEDIGI20230425100249,
archivo 002AnexosDemanda ANEXOS DEMANDA, folio 122 – registro civil de nacimiento.
13 Ibidem, folio 45.
14 Ibidem, folio 148 – acta de posesión.
15 Ibidem, folio 149 – acta de posesión.
16 Ibidem, folios 126 a 127.
17 Ver respuesta al oficio No. A – 00556 del 18 de noviembre de 2021 por la Alcaldía de San José de Cúcuta, archivo
040RtaSEcEduación 19-00233, folios 7 a 9
18 Mediante Decreto 0021 del 8 de enero de 2015 – ver archivo 033RtaSecEducacion 19-00233, folio 14.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 54001 23 33 000 2019 00233 01 (2478-2023)
Demandante: Gloria Teresa Fuentes Trigos
vi) El 25 de mayo de 2016 la demandante radicó petición de reconocimiento y pago
de la pensión gracia ante la entidad de previsión19.
vii) Mediante la Resolución RDP 035518 del 22 de septiembre de 201620, la UGPP
resolvió en forma negativa la solicitud con fundamento en que los tiempos de servicio
aportados por la interesada fueron prestados con nombramiento del orden nacional.
Decisión confirmada mediante la Resolución RDP 007557 del 27 de febrero de 201721.
32. En atención al recuento fáctico expuesto y en concordancia con el marco
normativo y jurisprudencial analizado, la Sala confirmará la decisión del a quo al no
demostrarse el cumplimiento del requisito de los 20 años de servicio en cargos
docentes de naturaleza territorial y/o nacionalizada.
33. En efecto, las certificaciones aludidas informan que la demandante laboró como
docente nacionalizada entre el 30 de abril de 1973 y el 7 de marzo de 1978 por los
servicios docente prestados en la Escuela Urbana de Niñas No. 2 «Llanadas» del
municipio de Ocaña (Norte de Santander); sin embargo, en 1973 no había sido
publicada la Ley 43 de 1975, mediante la cual se dio el proceso de nacionalización de
los docentes.
34. Por tanto, para esa fecha no era posible que el nombramiento aludido fuera en la
calidad de docente nacionalizada, sino nacional o territorial por ser los únicos
existentes. En el expediente no existen pruebas adicionales que esclarezcan la calidad
del nombramiento en ese periodo, por ejemplo, brilla por su ausencia el Decreto 1-275
del 12 de abril de 1973 o el acta de posesión. En consecuencia, la Sala descarta este
interregno para efectos del reconocimiento de la pensión gracia toda vez que de las
pruebas obrantes en el plenario no se puede determinar inequívocamente su carácter
territorial.
35. En lo que respecta al periodo comprendido entre el 9 de marzo de 1978 y el 31
de julio de 1983, se allegó el acta de posesión del 1 de agosto de 1978 mediante la cual
la demandante asumió el empleo de profesora grado 8° del departamento de idiomas
del Instituto Nacional de Enseñanza Media Diversificada “INEM” José Eusebio Caro de
Cúcuta, nombrada mediante Resolución 9751 del 22 de junio de 1983, suscrita por el
Ministerio de Educación Nacional y la rectoría de la institución educativa.
36. Para la Sala es evidente que este periodo es de carácter nacional puesto que no
se avizora la intervención de alguna autoridad territorial en el nombramiento o en el acto
de posesión. Tampoco se observa que se hayan delegado las funciones del Ministerio
de Educación para el ejercicio de las funciones de nacionalización de la educación
consagradas en la Ley 43 de 1975; antes bien, lo que se avizora es el ejercicio de la
facultad nominadora del Gobierno Nacional.
37. Ocurre lo mismo con los años de servicio comprendidos entre el 1 de agosto de
1983 y el 31 de enero de 2015 (retiro) ya que fueron del orden nacional, pues así lo
19 Se extrae del contenido de la Resolución RDP 035518 del 22 de septiembre de 2016.
20 Ibidem, folios 163 a 167.
21 Ibidem, folios 183 – 186.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 54001 23 33 000 2019 00233 01 (2478-2023)
Demandante: Gloria Teresa Fuentes Trigos
demuestran el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Consecutivo
28 del 16 de julio de 2021 y el certificado de tiempo de servicios 2481 del 14 de octubre
de 2005.
38. Adicionalmente, del contenido del Formato Único para a Expedición de Certificado
de Historia Laboral de la Secretaría de Educación Municipal de San José de Cúcuta
(Norte de Santander) se infiere que la educadora fue designada en tal fecha y con
posterioridad no se expidieron nuevos actos de nombramiento, sino que se dieron
traslados a la vinculación nacional con la que inició sus labores en el año 198322 hasta
el 31 de enero de 2015, fecha en que se retiró del servicio.
39. Ahora bien, como argumento de la apelación, la demandante afirmó que a partir
del 19 de diciembre de 1996 -por virtud de la Ley 60 de 1993- ostenta una vinculación
del orden territorial, circunstancia que en su sentir le otorga el derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.
40. La naturaleza del vínculo nacional es aceptada por la demandante, quien refiere
que tuvo dicha condición por designación realizada por el Ministerio de Educación
Nacional desde el 1 de agosto de 1983 hasta el 19 de diciembre de 1996; sin embargo,
a partir del 20 de diciembre siguiente estima que mutó a territorial teniendo en cuenta
que el departamento de Norte de Santander fue certificado en esa fecha por el
Ministerio de Educación Nacional para asumir la administración de la prestación de los
servicios educativos.
41. Frente a dicho argumento, esta Sala ha precisado23 que la descentralización de
la educación involucró el traslado del personal docente a las entidades territoriales
certificadas en educación, primero a los entes departamentales (como lo determinó la
Ley 60 de 1993) y después a los municipales (en virtud de lo dispuesto en la Ley 715
de 200124). En ese sentido resulta consistente sostener que luego de la expedición de
las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 la administración tanto del personal docente como
del servicio educativo quedó radicada en cabeza de los entes territoriales certificados
en educación; con todo, lo cierto es que tales condiciones no generaron un cambio en
la naturaleza de la vinculación inicial de los educadores que habían sido nombrados
con anterioridad a dicho proceso, particularmente para aquellos que continuaron su
relación legal y reglamentaria sin interrupción, como sucede en el caso de la
demandante.
42. En ese orden, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 dispuso:
«[…] El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución
de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las
prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otras
22 A través de la Resolución 6426 del 1 de agosto de 1974.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado: 73001-
23-33-000-2019-00120-01 (1887-2022), consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
24 Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado 66001233300020120012701, del 21 de junio de
2016; radicado 2014-00136; del 10 de mayo de 2018, radicado. 73001233300020140018501; Sala de Consulta y
del Servicio Civil, Concepto del 14 de diciembre de 2016, radicado 110010306000020160010900.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 54001 23 33 000 2019 00233 01 (2478-2023)
Demandante: Gloria Teresa Fuentes Trigos
clases de remuneraciones. […].»
43. Por su parte, en los artículos 34 y 38 de la Ley 715 de 2001 se reiteró que «los
docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles educativos, que fueron
nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de
continuidad.»
44. Luego, so pretexto de la descentralización de la educación no puede soslayarse
dicha regulación y mucho menos dejar de lado que las características de la vinculación
laboral con la Administración se adquieren al momento en que se profiere el acto de
nombramiento y en este se establecen las condiciones jurídicas del cargo a
desempeñar y las repercusiones a las cuales queda sometido el servidor 25. De este
modo, la cesión de la administración de las plantas de personal a las entidades
territoriales certificadas en educación, así como las demás competencias que les fueron
trasladadas, no implicó, por lo menos para efectos del reconocimiento de la pensión
gracia, un cambio en la naturaleza de la vinculación primigenia de los docentes.
45. Al tiempo que, debe recordarse que en la sentencia de unificación del 21 de junio
de 2018 el Consejo de Estado explicó la forma en que se acredita el tipo de vinculación,
sin que el traspaso de las plantas docentes a los entes territoriales conlleve implícita la
modificación de su vínculo, de nacional a territorial, para los efectos del reconocimiento
de la pensión objeto de controversia.
46. Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación nacional de la demandante no
se modificaron, comoquiera que el nombramiento efectuado por el Ministerio de
Educación por medio de la Resolución 9751 del 22 de junio de 1983 se mantuvo
incólume, al no existir ruptura del vínculo laboral26. En consecuencia, el lapso laborado
a partir del 1 de agosto de 1983 no resulta válido para reconocer la pensión gracia, por
su carácter nacional, lo cual conlleva al incumplimiento del requisito de los 20 años de
servicio como docente departamental, municipal, distrital y/o nacionalizado.
47. Esto por cuanto ninguno de los periodos aludidos resultó probado como de
carácter territorial o nacionalizado en aras de resultar válidos para el cómputo
correspondiente al reconocimiento de la pensión gracia. Es más, conforme al análisis
probatorio expuesto en párrafos anteriores la demandante no probó inequívocamente
la vinculación como docente territorial y/o nacionalizada antes del 31 de diciembre de
1980 habida cuenta que no se pudo determinar la naturaleza del periodo comprendido
entre el 30 de abril de 1973 y el 7 de marzo de 1978 y el que iba del 9 de marzo de
1978 y el 31 de julio de 1983 resultó nacional.
48. Por su parte, tampoco tiene vocación de prosperidad el reparo de la parte
demandante consistente en haberse configurado una sustitución patronal que implique
el cambio de plaza nacional a territorial, pues las referidas Leyes 60 de 1993 y 715 de
25 Al respecto, las sentencias proferidas por la Sección Segunda, Subsección B del 5 de agosto de 2010, radicación
2079-2009, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; del 29 de marzo de 2012, radicación 1146-2010 C.P. Gerardo
Arenas Monsalve y del 16 de junio de 2015, radicación 68001233100020040276201.
26 En el mismo sentido esta Sala se ha pronunciado en sentencias del 23 de marzo de 2023, radicación 17001 23
33 000 2015 00695 01 (4210–2017) y del 30 de marzo de 2023, radicación 66001 23 33 000 2016 00084 01 (1985–
2018).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 54001 23 33 000 2019 00233 01 (2478-2023)
Demandante: Gloria Teresa Fuentes Trigos
2001 dispusieron que los docentes nombrados con anterioridad mantendrían su tipo de
vinculación sin solución de continuidad. Es así como, conforme se ha explicado, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia la alegada sustitución patronal no
implica de manera alguna el cambio de la plaza docente nacional que venía
desempeñando la demandante antes del proceso de descentralización de la
educación.
49. Finalmente, la demandante alega que en sentencia del 20 de septiembre de
202227 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió al reconocimiento de la
pensión gracia en un asunto de similares contornos; no obstante, dicha decisión fue
revocada mediante fallo de segunda instancia del 8 de febrero de 202428 emanado de
esta Corporación, en el entendido de que «los maestros nacionales incorporados a los entes
territoriales con ocasión de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 no pueden ser acreedores de
la pensión gracia, puesto que, además de que no existe sinonimia entre los términos
nombramiento («nominación») y homologación, en todo caso esta no comporta cambio del tipo
de vinculación, pues fue sin solución de continuidad29».
50. De tal manera, el cuestionamiento de fondo viene siendo el mismo al expuesto
en este proceso, esto es, que su vinculación nacional mutó a territorial, frente a lo cual
la Sala líneas atrás explicó su inviabilidad.
Condena en costas en segunda instancia
51. A partir del precitado artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, que introdujo un inciso
al artículo 188 del CPACA, el legislador precisó que «[e]n todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
52. Con fundamento en lo anterior, realizada la valoración preceptuada en el artículo
47 de la Ley 2080 de 2021, no se observa la carencia de fundamento legal en el recurso
de apelación, pues la demandante actuó bajo la convicción de contar con razonable
respaldo legal, jurisprudencial y probatorio para obtener un pronunciamiento favorable
a sus intereses. Por tanto, esta Sala se abstendrá de imponer la condena en costas de
segunda instancia.
VII. DECISIÓN
53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
27 Expediente No. 25000233300020190060700 con ponencia de la doctora Beatriz Helena Escobar Rojas.
28 Con ponencia del doctor Jorge Edison Portocarrero Banguera dentro del expediente 25000234200020190060701
(0791 – 2023)
29 Sentencia de 25 de agosto de 2022, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César
Palomino Cortés: «De modo que, como la accionante […], al ser incorporada a la planta del municipio de Cali sin
solución de continuidad, mantuvo su calidad de docente con vinculación nacional […]».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 54001 23 33 000 2019 00233 01 (2478-2023)
Demandante: Gloria Teresa Fuentes Trigos
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de febrero de 2023 expedida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por medio de la cual negó las
pretensiones de la demanda presentada por Gloria Teresa Fuentes Trigos contra la
UGPP, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI” y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.