Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2019-00079-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2019-00079-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2019-00079-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
5 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026).
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001-23-33-000-2019-00079-01 (1437-2021)
Demandante: José Elmer López Restrepo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación (PGN)
Tema: sanción disciplinaria a curador urbano. Subtema 1: facultad de revocatoria directa
de la PGN. Efectos. Subtema 2: competencia de la jurisdicción de lo contencioso–
administrativo para estudiar la legalidad de fallos disciplinarios que han sido revocados
por el procurador general de la Nación. Subtema 3: nulidad de las actuaciones y trámites
en el proceso disciplinario. Efectos.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 29 de
mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se negaron
sus pretensiones.
I. Síntesis del caso
José Elmer López Restrepo demandó la nulidad del fallo disciplinario de primera
instancia del 13 de diciembre de 2018, por el cual la Procuraduría Provincial de Armenia
lo sancionó con multa de 600 SMLMV, e inhabilidad de 10 años. También, del fallo
disciplinario de segunda instancia contenido en la Resolución 003 del 11 de abril de 2019,
mediante la cual, la Procuraduría Regional del Quindío modificó la sanción inicialmente
impuesta, por destitución e inhabilidad de 8 años. Sostuvo que: (i) el juicio de adecuación
típica elaborado por la PGN en el pliego de cargos y en los fallos sancionatorios, fue
ambiguo, impreciso y contradictorio, por lo tanto, la conducta que se le reprochó es
atípica; y (ii) la autoridad disciplinaria vulneró su derecho al debido proceso porque (a)
desconoció la prohibición de la no reformatio in pejus, (b) omitió darle traslado para
presentar alegatos de conclusión, y (c) no le notificó adecuadamente el fallo disciplinario
de segunda instancia.
El Tribunal Administrativo del Quindío negó las pretensiones de la demanda. Si bien
reconoció que, mediante auto del 17 de junio de 2019, la PGN revocó el fallo disciplinario
de segunda instancia, y declaró la nulidad de lo actuado en el proceso disciplinario, a
partir del fallo sancionatorio de primera instancia del 13 de diciembre de 2018, ello no
impedía el control de legalidad de los referidos actos administrativos demandados,
porque produjeron efectos jurídicos, ya que, durante la vigencia de la sanción, estuvo
registrada en el SIRI. Sin embargo, concluyó que no se acreditó una lesión actual y
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Demandante: José Elmer López Restrepo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación
concreta a un derecho subjetivo del demandante, que habilitara el restablecimiento y la
indemnización de perjuicios reclamada.
El Consejo de Estado confirma la sentencia de primera instancia, porque al declararse –
en el proceso disciplinario– la nulidad de todo lo actuado, incluso desde el fallo
disciplinario de primera instancia, los actos demandados fueron sustraídos del
ordenamiento jurídico. En ese sentido, no procede el estudio integral de fondo de los
fallos disciplinarios acusados, debido a que hoy son inexistentes, pero sí de las
pretensiones inherentes a la reparación de los perjuicios que pudieran haberse causado
durante el lapso transcurrido entre la ejecutoria de la decisión disciplinaria de segunda
instancia del 13 de abril de 2019 que ordenó la destitución, y su revocatoria el 17 de junio
de 2019, más aún porque la sanción permaneció registrada en las bases de datos de la
PGN hasta que el auto del 8 de julio de 2019, que resolvió la solicitud cautelar, ordenó
su eliminación. Finalmente, la corporación concluyó que no están demostrados los
perjuicios reclamados, por lo tanto, no hay lugar a su reconocimiento.
II. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El 28 de mayo de 2019, José Elmer López Restrepo presentó1 demanda2 de nulidad
y restablecimiento del derecho de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos
jurídicos que a continuación se exponen.
2.1.1. Pretensiones
2. Solicitó que se declarara la nulidad de: (i) el fallo disciplinario de primera instancia del
13 de diciembre de 2018, proferido por la Procuraduría Provincial de Armenia, por medio
del cual fue sancionado con multa de 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes
(SMLMV), e inhabilidad de 10 años para ejercer empleo público o función pública, prestar
servicios a cargo del Estado, o contratar con este; y (ii) la Resolución 003 del 11 de abril
2019 emitida por la Procuraduría Regional del Quindío, en la cual se modificó la sanción
inicialmente impuesta, por destitución e inhabilidad de 8 años.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó lo siguiente:
«4. Que se condene a la entidad demandada a pagar[le] una indemnización equivalente a
50 [SMLMV…], por los daños a su reputación y a su dignidad, causados durante el trámite
del proceso disciplinario, e incluso en forma posterior a su terminación.
5. Que se condene a la entidad demandada a pagar[le] una indemnización equivalente a
50 [SMLMV], por concepto de […] perjuicios morales que está soportando, en razón de la
investigación [...] y la sanción que le fue impuesta.».
2.1.2. Hechos
1 Según el «acta individual de reparto», visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado 63001-23-33-000-2019-00079-
01 / archivo pdf «84ED_ACTADEREPARTO(.PDF) NroActua 2».
2 Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado 63001-23-33-000-2019-00079-01 / archivo pdf
«79ED_1DEMANDAPODER(.PDF) NroActua 2».
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4.José Elmer López Restrepo, luego de superar el respectivo concurso, fue designado
como curador urbano núm. 2 de Armenia, para el periodo 2012-2015.
5. La Contraloría General de la República, mediante oficio 1000-0072 del 24 de enero de
2017, trasladó a la PGN el hallazgo fiscal con posible incidencia disciplinaria, relacionado
con la expedición de la licencia de construcción 1-142022 del 30 de diciembre de 2014,
en la modalidad de obra nueva, otorgada por la Curaduría Urbana núm. 2 del municipio
de Armenia para intervenir el edificio de los ferrocarriles de esa ciudad. La Contraloría
indicó que, presuntamente, el curador urbano no realizó una revisión minuciosa de los
documentos del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), pese a tratarse de un
bien de interés cultural de la Nación (BICN), a cargo del Ministerio de Cultura, y que al
parecer, se habrían efectuado intervenciones no autorizadas.
6.Con fundamento en ello, mediante auto del 28 de mayo de 2017 la Procuraduría
Provincial de Armenia ordenó abrir indagación preliminar.
7. Mediante auto del 12 de junio de 2018, la referida autoridad disciplinaria resolvió
adelantar la actuación por el procedimiento disciplinario especial verbal, previsto en el
Título XI del Libro IV de la Ley 734 de 2002, artículo 175 y siguientes. Por consiguiente,
citó a audiencia pública a José Elmer López Restrepo, en su calidad de curador urbano
núm. 2 de Armenia.
8. En el pliego de cargos contenido en dicha providencia, le fue atribuida a título de culpa
gravísima, la comisión de la falta gravísima contenida en el artículo 55.3 de la Ley 734
de 2002, que alude a «[d]esatender las instrucciones o directrices contenidas en los actos
administrativos de los organismos de regulación, control y vigilancia o de la autoridad o
entidad pública titular de la función».
9. La autoridad disciplinaria profirió fallo de primera instancia el 13 de diciembre de 2018,
mediante el cual declaró acreditada la responsabilidad del investigado, al considerar que
expidió varias licencias urbanísticas sin verificar el cumplimiento del requisito consistente
en la autorización previa de los usos específicos en el área intervenida, conforme al
proyecto de intervención del BINC, que debía ser aprobado por el Ministerio de Cultura.
Según se indicó en la decisión, la mencionada autorización era necesaria para viabilizar
los proyectos de intervención en la Estación del Ferrocarril de Armenia, por tratarse de
un inmueble declarado BINC. En consecuencia, fue sancionado con multa de 600
SMLMV, e inhabilidad de 10 años «para ejercer empleo público o función pública, prestar
servicios a cargo del Estado, o contratar con este».
10. Contra la anterior decisión el demandante presentó recurso de apelación, el cual fue
resuelto a través de Resolución 003 del 11 de abril de 2019, por medio de la cual se
modificó la decisión de primera instancia y, en su lugar, se le impuso sanción de
destitución del cargo e inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar
servicios a cargo del Estado o contratar con este por el término de 8 años.
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Demandante: José Elmer López Restrepo
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11. Según la demanda, durante el curso del proceso disciplinario, José Elmer López
Restrepo fue «puesto en la palestra pública», tanto así, que el día 12 de abril de 2019,
sin que aún se le hubiera notificado el fallo de segunda instancia, el procurador general
de la Nación, en intervención que hizo en evento realizado en la ciudad de Armenia, con
cobertura de los medios de comunicación locales y nacionales, hizo pública la decisión
de la entidad de destituir[lo] e inhabilitar[lo] […], cuando ni tan siquiera en la citación que
se le remitió al abogado le fue informada la decisión, «mostrándolo como un trofeo de
batalla en [la] lucha contra la corrupción». [sic].
12. Como consecuencia de las decisiones disciplinarias, la sanción fue registrada en el
sistema de antecedentes administrado por la PGN.
13. En la demanda se manifestó que «[a]l momento de la presentación [de la misma], al
no haberse ejecutado la sanción impuesta, [el] proceso [es] de cuantía cero (0)».
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
14. José Elmer López Restrepo citó como normas violadas los artículos 29, 31 y 116 de
la Constitución.
15. Sostuvo que, el auto de citación a audiencia, así como los fallos disciplinarios, son
ambiguos e imprecisos, pues, no es claro si lo que se le reprochó fue omitir: «(a) verificar
la existencia de la autorización de los usos específicos, (b) la existencia de un
anteproyecto de usos específicos en el área afectada, o (c) un proyecto de usos
específicos en el área afectada, (d) o autorización previa del Ministerio de Cultura».
16. Manifestó que las decisiones disciplinarias incurrieron en falsa motivación, en razón a
la indebida valoración probatoria, en la medida en que, según afirmó, la fundamentación
fáctica y jurídica contenida en los fallos no correspondía a la realidad de los hechos ni a
las funciones ejercidas en su condición de curador urbano núm. 2 de Armenia.
17. Indicó que se configuró vulneración al debido proceso porque en segunda instancia la
PGN agravó la pena impuesta, sin tener en cuenta que él era apelante único.
18. Manifestó que en el trámite de la segunda instancia se le violó el debido proceso, por
cuanto no se le corrió traslado para alegar de conclusión, tal como lo establece el inciso
7 del artículo 180 de la Ley 734 de 2002.
19. Alegó indebida notificación del fallo disciplinario de segunda instancia porque: (i) en la
comunicación que se le remitió a su apoderado el 11 de abril de 2019, por medio de la
cual fue citado para ser notificado de dicha providencia, no se le indicó la decisión tomada
y la fecha de la providencia, como lo mandan los artículos 103 y 109 de la Ley 734 de
2002; y (ii) el edicto al que alude el artículo 107 de la Ley 734 de 2002, fue fijado sin que
hubieran transcurrido en su totalidad los 8 días que el referido artículo otorga al
disciplinado, o a su defensa, para comparecer a notificarse de manera personal del fallo
disciplinario.
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2.2. Trámite cautelar
20. José Elmer López Restrepo solicitó medida cautelar de urgencia con fundamento en
el artículo 234 del CPACA.
21. La solicitud consistió en la suspensión provisional de los efectos de los fallos
disciplinarios de primera y segunda instancia, del 13 de diciembre de 2018 y 11 de abril
de 2019, mediante los cuales se le impuso sanción de destitución del empleo de curador
urbano 2 de Armenia.
22. El actor sostuvo que: «[...] de no suspenderse los mencionados actos administrativos,
podrían ser ejecutados de inmediato, cesando […] funciones, con lo cual se le estaría
vulnerando sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social y al mínimo
vital».
23. La PGN se opuso a la solicitud, para lo cual informó que mediante auto del 17 de junio
de 2019, el procurador general de la Nación revocó directamente el fallo de segunda
instancia del 11 de abril de 2019 y decretó la nulidad de la actuación disciplinaria a partir
del fallo de primera instancia del 13 de diciembre de 2018, inclusive, razón por la cual los
actos sancionatorios no estaban produciendo ningún efecto.
24. Mediante auto del 8 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo del Quindío declaró la
carencia de objeto de la solicitud de suspensión provisional, al considerar que, en virtud
del acto de revocatoria directa, los actos sancionatorios no estaban produciendo efectos.
No obstante, verificó que, al 5 de julio de 2019, el sistema oficial de consulta de
antecedentes disciplinarios de la PGN, aún registraba las sanciones impuestas en el fallo
de segunda instancia del 11 de abril de 2019 que había sido revocado por el procurador
general de la Nación, circunstancia que podía perjudicar gravemente al demandante. En
consecuencia, ordenó al procurador general de la Nación, proceder de inmediato a
actualizar el sistema de antecedentes disciplinarios, incorporando la decisión de
revocatoria adoptada el 17 de junio de 2019.
25. Contra dicha providencia el actor interpuso recurso de reposición, el cual fue decidido
de manera negativa mediante auto del 29 de julio de 2019.
2.3. Contestación de la demanda
26. La PGN contestó la demanda para oponerse a la prosperidad de las pretensiones 3.
27. Sostuvo que, «[…] los actos administrativos demandados fueron objeto de revocatoria
directa (fallo de segunda instancia) y declaratoria de nulidad (fallo de primera instancia),
conforme se decidió en auto del 17 de junio de 2019, expedido por el procurador general
de la Nación»; por lo tanto «se presenta una carencia actual de objeto por sustracción
de materia, teniendo en cuenta que las causas que originaron el ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, han desaparecido, esto es, los fallos
3 Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado 63001-23-33-000-2019-00079-01 / archivo pdf
«29ED_82CONTESTACIONDEMANDA(.PDF) NroActua 2».
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disciplinarios sancionatorios expedidos en primera y segunda instancia por parte de la
Procuraduría General de la Nación».
28. Señaló que, como consecuencia de dichas determinaciones, los actos administrativos
demandados fueron retirados del ordenamiento jurídico.
29. Insistió en precisar que, la sanción impuesta nunca se hizo efectiva, lo cual es
indicativo de que ningún efecto jurídico nocivo fue producido. En ese sentido, recalcó
que la PGN no emitió comunicación alguna para que el demandante fuese destituido, es
decir, la decisión disciplinaria no fue cumplida. En ese sentido, agregó que la anotación
en el sistema informático de la entidad es un acto de registro pero no es su ejecución, en
tal virtud, el demandante no probó que con ello se le impidió acceder a otro cargo público,
así como «no acreditó el impacto en la psique que pudo haberle causado el informe del
Procurador General de la Nación respecto de la sanción cuestionada».
30. Manifestó que el registro en el sistema de antecedentes disciplinarios fue cancelado
como consecuencia de la revocatoria directa y de lo ordenado en el auto del 8 de julio de
2019, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Quindío resolvió la solicitud de
medida cautelar.
31. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se declarara la terminación del proceso,
de conformidad con el artículo 180.6 del CPACA.
32. Propuso como excepción la de «sustracción de materia por carencia actual de objeto».
2.4. Concepto del Ministerio Público ante el Tribunal Administrativo del Quindío
33. El Ministerio Público conceptuó en la primera instancia, que los actos acusados
produjeron efectos en el mundo jurídico al publicitarse la sanción en la página web de la
entidad, y que al estar plenamente acreditada la vulneración a la garantía de la no
reformatio in pejus, resulta suficiente para declarar su nulidad. Sin embargo, concluyó
que la parte actora no logró acreditar los perjuicios concretos que pudo habérsele
causado en su esfera moral.
2.5. Sentencia de primera instancia
34. El Tribunal Administrativo del Quindío4, mediante sentencia del 29 de mayo de 20205,
negó las pretensiones de la demanda, y declaró no probada la excepción de «sustracción
de materia por carencia actual de objeto» propuesta por la PGN, sin condena en costas.
35. Como cuestión previa el tribunal se planteó la necesidad de estudiar «si los actos
administrativos demandados produjeron efectos jurídicos, y por tanto, a pesar de haber
sido revocados son susceptibles de control de legalidad por parte de esta jurisdicción».
4 En Sala integrada por los magistrados Alejandro Londoño J. (ponente), Rigoberto Reyes G. y Juan C. Botina G.
5 Visible a índice 2 de Samai Consejo de Estado 63001-23-33-000-2019-00079-01 / archivo pdf
«11ED_96SENTENCPRIMERINSTANCIA(.PDF) NroActua 2».
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36. Sobre el particular, esa corporación concluyó que «aun cuando los actos demandados
y revocados directamente por la accionada sí son susceptibles de control jurisdiccional,
toda vez que alcanzaron a producir efectos jurídicos, no procede su anulación, habida
cuenta que no se acreditó que con ellos efectivamente se hubiera causado una
afectación o vulneración de los derechos subjetivos del demandante, lo que constituye
un requisito fundamental para la prosperidad de las pretensiones que se eleven en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho».
37. Para arribar a esta conclusión el a quo argumentó en primer lugar, que «de acuerdo a
la jurisprudencia del órgano de cierre de esta jurisdicción, el estudio de la legalidad de
actos administrativos que han sido retirados del ordenamiento jurídico, bien sea por
revocatoria directa, derogatoria o aquellos que simplemente han perdido fuerza
ejecutoria, procede únicamente si entre su expedición y derogatoria y/o revocatoria
alcanzaron a producir efectos jurídicos, circunstancia que en el caso concreto se verifica
al corroborar tal y como se indicó en el auto que resolvió la medida cautelar, que para el
5 de julio de 2019, las sanciones impuestas al demandante aún se encontraban
registradas en el sistema de consulta de antecedentes disciplinarios de la [PGN], razón
por la cual se procederá a declarar no probada la excepción denominada “sustracción de
materia por carencia de objeto” propuesta por la entidad […]».
38. Adicionalmente, señaló que no se evidencia que los actos demandados hubieran
lesionado un derecho subjetivo en forma actual y concreta, ni que existiera interés en la
pretensión u oposición para una sentencia de mérito; por ello, reiteró que, al no haberse
probado una lesión atribuible a los actos impugnados y al haber sido retirados del
ordenamiento de forma concomitante a la notificación del auto admisorio de la demanda,
el demandante carecía de interés para impugnarlos a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
39. Reiteró que, si bien los actos habían sido retirados del ordenamiento, ello no impedía
su control porque produjeron efectos jurídicos; sin embargo, estimó que en el expediente
no se acreditó una lesión concreta y actual derivada de dichos actos. En particular, indicó
que no se demostró la configuración de perjuicios ciertos en la esfera moral del actor, ni
la existencia de una afectación específica susceptible de indemnización.
40. En línea con lo expuesto en el párrafo anterior, la sentencia de primera instancia
señaló que:
«[…] una vez efectuada la revisión de las pruebas allegadas y recaudadas, y aun cuando
del ejercicio del control judicial integral que ejerce la jurisdicción contenciosa
administrativa sobre las decisiones disciplinarias, se desprende que en el presente caso
resultó transgredida la garantía de la “no reformatio in pejus”, que comporta que por
tratarse de apelante único, el superior no pueda agravar la sanción impuesta al
disciplinado en primera instancia, toda vez que aun cuando la Procuraduría Provincial de
Armenia por medio del fallo de primera instancia del día 13 de diciembre de 2018,
sancionó disciplinariamente a […] José Elmer López Restrepo con sanción principal
consistente en multa equivalente a 600 SMLMV; al interponer el hoy demandante el
recurso de apelación, la Procuraduría Regional del Quindío [...] decidió modificar la
sanción, determinando que lo procedente era la imposición de una destitución, en lugar
de la referida multa, [...] denota una […] alteración y agravación de la situación jurídica
del apelante único, es decir, la resolución de la segunda instancia comportó que de una
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sanción pecuniaria, el disciplinado obtuviera el retiro definitivo de su cargo, decisión que
ni siquiera fue justificada, o motivada, en el acto demandado.
Aunado a lo anterior, se observa que una de las razones, expuestas por el procurador
general de la Nación como sustento de su decisión de revocatoria directa del fallo de
segunda instancia y nulidad del fallo de primera instancia […], fue el que se adoptó sin
previamente otorgar el traslado para alegar de conclusión, es decir, una vulneración
adicional al debido proceso que debió ser garantizada al disciplinado; transgresión que el
Tribunal constata en la actuación acusada […], la misma que está consagrada en el
artículo 180 de la Ley 734 de 2002».
41. A renglón seguido, adujo que «al encontrarse acreditadas las violaciones anotadas
podría considerarse que procede la declaratoria de nulidad de los actos acusados, pues
aun cuando fueron revocados directamente por la autoridad disciplinaria, alcanzaron a
producir efectos jurídicos, no obstante, […] para la Sala en el sub examine no se
encuentra acreditado que durante el periodo que tuvieron vigencia los citados actos se
le haya causado afectación alguna al demandante, requisito que como se señaló
previamente[, es] indispensable para la prosperidad de las pretensiones del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho».
42. En tal sentido, señaló que «no solo no se encuentra que la sanción disciplinaria emitida
irregularmente por la entidad accionada hubiese sido ejecutada, es decir, que el
accionante haya sido separado en forma definitiva del cargo de curador urbano No. 2 del
municipio de Armenia, ni siquiera de manera temporal, pues antes de que ello ocurriera
se revocó el [fallo] de segunda instancia y nulitó la decisión definitiva de primera
instancia, sino que adicionalmente tampoco se cuenta con pruebas que sustenten las
afirmaciones de la demanda, esto es, las referentes a que por una presunta difusión
pública de la emisión de la sanción disciplinaria acusada por parte de la entidad
accionada, se hubiere generado [al demandante] dolor o aflicción en su psique y en
general sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que
lo habrían invadido; ello no fue objeto de prueba por la parte actora a efectos de que el
Tribunal lo corrobore y de ello infiera la configuración de un perjuicio. Tampoco se tiene
probanza [de] que de la temporal anotación en el registro de sanciones de la entidad, se
hubiese afectado su reputación o dignidad, por ejemplo, por la frustración real de no
poder acceder a un empleo por dicho reporte».
43. Finalmente concluyó que «al no evidenciarse que los actos administrativos
demandados […] durante el período que estos surtieron efectos le hayan lesionado un
derecho subjetivo en forma actual y concreta, y que por tanto exista un interés en la
pretensión […] para la sentencia de fondo o mérito, la Sala procederá a negar las
pretensiones de la demanda, reiterando que al no haberse probado la causación de una
lesión al demandante con los actos impugnados y al ser estos retirados del ordenamiento
en forma concomitante a la notificación del auto admisorio de la demanda, el señor José
Elmer López Restrepo carece de interés para impugnarlos vía medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, pues como se señaló previamente […], además
del restablecimiento del orden jurídico quebrantado, debe ejercerse con la finalidad de
hacer cesar o reparar la vulneración o afectación de un derecho subjetivo del que es
titular el destinatario del acto administrativo acusado».
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Demandante: José Elmer López Restrepo
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2.5.1. Salvamento de voto
44. El magistrado Juan Carlos Botina Gómez salvó voto frente a la sentencia de primera
instancia proferida el 29 de mayo de 2020, al manifestar su desacuerdo con la decisión
adoptada por la mayoría de la Sala.
45. Señaló que la ponencia inicialmente presentada para discusión en Sala proponía
declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, al estimar que estaban
acreditados los cargos de violación expuestos en la demanda.
46. Indicóque, en su criterio, los actos disciplinarios alcanzaron a producir efectos
jurídicos subjetivos y particulares mientras estuvieron vigentes, y que la revocatoria
directa únicamente produce efectos hacia el futuro, razón por la cual procedía declarar
su nulidad desde su nacimiento.
47. Precisó que dentro del trámite disciplinario se vulneró la garantía de la no reformatio
in pejus, en tanto el disciplinado actuó como apelante único y, sin embargo, en segunda
instancia se agravó su situación jurídica al modificarse la sanción inicialmente impuesta
de multa equivalente a 600 SMLMV a destitución. Agregó que dicha decisión no fue
debidamente justificada o motivada en el acto de segunda instancia, lo que, en su criterio,
configuró una transgresión al debido proceso.
48. Señaló igualmente que una de las razones expuestas por el procurador general de la
Nación para revocar directamente los fallos disciplinarios fue la omisión del traslado para
alegar de conclusión, garantía prevista en el artículo 180 de la Ley 734 de 2002,
irregularidad que consideró probada en el proceso, y que también daba lugar a declarar
la nulidad de los actos administrativos demandados.
49. Con fundamento en lo anterior, sostuvo que debía declararse la nulidad de los actos
demandados, porque mientras estuvieron vigentes produjeron efectos.
50. No obstante, consideró que no había lugar a las condenas solicitadas, en la medida
en que no se probó la ejecución de la sanción disciplinaria, ni la existencia y cuantía de
los perjuicios alegados.
2.6. Recurso de apelación
51. José Elmer López Restrepo interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 29
de mayo del 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, solicitó que se
revocara la sentencia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente6:
52. Indicó que el restablecimiento del derecho es consecuencia directa de la anulación de
un acto administrativo afectado por alguno de los vicios, por lo que «no era exigible una
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«12ED_98RECURSOAPELACIONSENTENCIA(.PDF) NroActua 2».
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prueba adicional del perjuicio para efectos de declarar la nulidad de los actos
disciplinarios».
53. Señaló que el Tribunal reconoció que los actos disciplinarios produjeron efectos
jurídicos, en particular el registro de la sanción en el sistema de antecedentes
disciplinarios de la PGN, pero aun así negó las pretensiones, lo que consideró
contradictorio.
54. Alegó que la revocatoria directa de los actos disciplinarios no impedía el
pronunciamiento judicial sobre su legalidad, en la medida en que los actos alcanzaron a
producir efectos mientras estuvieron vigentes.
55. Manifestó que el fallo de primera instancia desconoció la finalidad del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, al supeditar la prosperidad de la acción a la
demostración de un perjuicio adicional.
56. Indicó que el Tribunal interpretó de manera restrictiva los artículos 137 y 138 del
CPACA.
57. Cuestionó igualmente la validez de la revocatoria directa dispuesta por el procurador
general de la Nación, porque esta se produjo en forma concomitante a la notificación del
auto admisorio de la demanda, por lo que planteó que la PGN ya no mantenía
competencia para revocar las sanciones que le impuso la Procuraduría Regional del
Quindío.
2.7. Intervenciones en segunda instancia
2.7.1 Procuraduría General de la Nación
58. La PGN presentó alegatos de conclusión, en los cuales se ratificó en los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda y en los antecedentes administrativos que
dieron origen a la controversia7.
59. Señaló que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se rige por
el artículo 138 del CPACA y que las causales de nulidad se encuentran previstas en el
artículo 137 ibídem.
60. Indicó que los actos administrativos demandados fueron objeto de revocatoria directa
conforme a la Ley 734 de 2002 y al CPACA, por lo que fueron retirados del ordenamiento
jurídico.
61. Sostuvo que la sanción disciplinaria no fue ejecutada y que el propio demandante
manifestó en la demanda que al momento de su presentación no se había hecho efectiva
la sanción impuesta.
7 Visible a índice 17 de Samai Consejo de Estado 63001-23-33-000-2019-00079-01 / archivo pdf
«115_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf) NroActua 17».
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62. Afirmó que no se demostró daño alguno ni afectación concreta derivada del registro
temporal de la sanción en el sistema de antecedentes disciplinarios.
63. Señaló que el certificado de antecedentes disciplinarios constituye un acto de registro
y no implica por sí mismo la ejecución de una sanción.
64. Concluyó que no se probó la existencia de daño ni la configuración de las causales de
nulidad invocadas, razón por la cual solicitó confirmar la sentencia apelada.
2.7.2 José Elmer López Restrepo
65. José Elmer López Restrepo reiteró la solicitud de que se realizara un control judicial
integral de la actuación disciplinaria que dio origen a los actos administrativos
demandados8.
66. Indicó que en la sentencia de primera instancia se reconoció la existencia de
irregularidades en los actos disciplinarios, en particular la vulneración del principio de no
reformatio in pejus y la omisión del traslado para alegatos de conclusión.
67. Sostuvo que, aun cuando los actos administrativos fueron objeto de revocatoria
directa, ello no impedía su control jurisdiccional, en tanto la presunción de legalidad solo
desaparece mediante sentencia judicial que declare su nulidad.
68. Señaló que para declarar la nulidad de un acto administrativo basta verificar su
contradicción con el ordenamiento jurídico, y que la acreditación del perjuicio es exigible
únicamente para efectos indemnizatorios.
69. Finalmente, afirmó que no existe discusión sobre el hecho de que la sanción
disciplinaria estuvo vigente y registrada en el sistema de antecedentes disciplinarios de
la PGN.
2.8. Concepto del Ministerio Público
70. El delegado del Ministerio Público ante esta corporación, rindió concepto en los
siguientes términos9:
71. Señaló que el problema jurídico consistía en determinar la competencia del juez
contencioso administrativo frente a fallos disciplinarios revocados por la autoridad que
los expidió, así como los efectos de la revocatoria directa en el trámite disciplinario.
72. Expuso el marco normativo de la revocatoria directa en el CPACA y en la Ley 734 de
2002, especialmente los artículos 122, 123, 124 y 125 ibídem.
8 Visible a índice 16 de Samai Consejo de Estado 63001-23-33-000-2019-00079-01 / archivo pdf
«113_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 16».
9 Visible a índice 16 de Samai Consejo de Estado 63001-23-33-000-2019-00079-01 / archivo pdf
«113_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 16».
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73. Indicó que, al haberse revocado el fallo de segunda instancia y declarado la nulidad
del fallo de primera instancia, mediante decisión del procurador general de la Nación del
17 de junio de 2019, los actos disciplinarios fueron sustraídos del ordenamiento jurídico.
74. Señaló que no procedía el estudio integral de legalidad de los fallos disciplinarios
inexistentes, pero sí el análisis de las pretensiones de restablecimiento del derecho y de
reparación del daño, por los efectos que eventualmente pudieron producir durante el
tiempo en que estuvieron vigentes.
75. Precisó además, que correspondía determinar la existencia del daño y el nexo causal
entre la actuación disciplinaria y la afectación alegada.
76. Indicó que el demandante no aportó, ni solicitó la práctica de prueba testimonial o
pericial para acreditar el daño moral reclamado.
77. Concluyó que no se demostró efectivamente la existencia del daño cuya
indemnización se pretendía.
78. En consecuencia, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Quindío.
III. Consideraciones
3.1. Competencia
79. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problemas jurídicos y metodología de su resolución
80. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir de los
siguientes problemas jurídicos:
81. Es procedente efectuar el control de legalidad de los fallos disciplinarios demandados,
pese a que mediante auto del 17 de junio de 2019, la PGN dispuso decretar la nulidad
de todo lo actuado, inclusive del fallo disciplinario de primera instancia, y respecto del de
segunda instancia, el mencionado auto ordenó su revocatoria.
82. En caso de que la respuesta a dicho interrogante sea afirmativa, la Sala deberá
establecer, además, como segundo problema jurídico, si los actos administrativos
acusados deben ser o no anulados porque, no edificaron adecuadamente la tipicidad de
la conducta del demandante, y como tercer problema jurídico, si quebrantaron garantías
del debido proceso, relacionadas con la no reformatio in pejus y la notificación de los
fallos disciplinarios.
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83. Finalmente, el cuarto problema jurídico consiste en determinar si durante el tiempo
que estuvieron en firme, los actos administrativos demandados causaron al demandante
los perjuicios que reclama.
3.3. Estudio y resolución del primer problema jurídico
84. Como viene expuesto, en el presente caso, el procurador general de la Nación,
mediante el auto del 17 de junio de 2019, dispuso: (i) revocar el fallo disciplinario de
segunda instancia proferido el 11 de abril de 2019, y (ii) declarar la nulidad de la actuación
disciplinaria a partir del fallo de primera instancia del 13 de diciembre de 2018, inclusive.
85. En ese orden de ideas, la Sala considera necesario realizar las siguientes precisiones
respecto de los efectos de esas dos figuras, es decir, de la revocatoria directa de las
sanciones disciplinarias y de la declaratoria de nulidad de lo actuado en el marco del
proceso disciplinario.
3.3.1. Revocatoria directa de las sanciones disciplinarias
86. En materia disciplinaria, la revocatoria directa fue regulada íntegramente en el capítulo
IV del título V de la Ley 734 de 2002. De esta forma, entre los artículos 122 y 127 ibídem
quedó consignado lo relativo a la procedencia, la competencia, las causales, los
requisitos y los efectos de esta figura:
«Artículo 122. Procedencia. (Modificado por el artículo 47 de la Ley 1474 de 2011). Los
fallos sancionatorios podrán ser revocados de oficio o a petición del sancionado, por el
Procurador General de la Nación o por quien los profirió.
«Artículo 123. Competencia. (Modificado por el artículo 48 de la Ley 1474 de 2011). Los
fallos sancionatorios podrán ser revocados por el funcionario que los hubiere proferido o
por su superior funcional.
Parágrafo. El Procurador General de la Nación podrá revocar de oficio los fallos
sancionatorios expedidos por cualquier funcionario de la Procuraduría, o asumir
directamente el conocimiento de la petición de revocatoria, cuando lo considere
necesario, caso en el cual proferirá el fallo sustitutivo correspondiente».
87. Como se aprecia, la Ley 734 de 2002 confiere a la misma autoridad que emitió la
providencia sancionatoria, su superior funcional o al procurador general de la Nación, la
facultad de revocatoria directa ya sea a petición de parte o de oficio, ante la configuración
de causales como la infracción manifiesta del ordenamiento jurídico (Constitución, ley o
reglamento) o, la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, en los términos
del artículo 124 ibídem:
«Artículo 124. Causal de revocación de los fallos sancionatorios. (Modificado por el
artículo 49 de la Ley 1474 de 2011). En los casos referidos por las disposiciones
anteriores, los fallos sancionatorios, los autos de archivo y el fallo absolutorio, son
revocables solo cuando infrinjan manifiestamente las normas constitucionales, legales o
reglamentarias en que deben fundarse. Igualmente cuando con ellos se vulneren o
amenacen manifiestamente los derechos fundamentales.».
88. Ahora bien, la revocatoria directa a petición de parte se encuentra establecida en el
artículo 125 ibídem según el cual, puede formularse aun cuando el sancionado haya
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acudido a la jurisdicción contencioso–administrativa, siempre y cuando no se hubiere
proferido sentencia definitiva. Si se hubiere proferido, podrá solicitarse la revocatoria de
la decisión por causa distinta a la que dio origen a la decisión jurisdiccional:
«Artículo 125. Revocatoria a solicitud del sancionado. El sancionado podrá solicitar la
revocación total o parcial del fallo sancionatorio, siempre y cuando no hubiere interpuesto
contra el mismo los recursos ordinarios previstos en este código.
La solicitud de revocatoria del acto sancionatorio es procedente aun cuando el
sancionado haya acudido a la jurisdicción contencioso administrativa, siempre y cuando
no se hubiere proferido sentencia definitiva. Si se hubiere proferido, podrá solicitarse la
revocatoria de la decisión por causa distinta a la que dio origen a la decisión jurisdiccional.
La solicitud de revocación deberá decidirla el funcionario competente dentro de los tres
meses siguientes a la fecha de su recibo. De no hacerlo, podrá ser recusado, caso en el
cuál la actuación se remitirá inmediatamente al superior funcional o al funcionario
competente para investigarlo por la Procuraduría General de la Nación, si no tuviere
superior funcional, quién la resolverá en el término improrrogable de un mes designando
a quién deba reemplazarlo. Cuando el recusado sea el Procurador General de la Nación,
resolverá el Viceprocurador».
89. Sobre el tema, la Corte Constitucional, en la sentencia C-306 de 2012, expuso:
«4.2.2. En materia disciplinaria, la revocatoria directa constituye una excepción a la
estabilidad de la decisión ejecutoriada que pone fin al proceso, y se justifica por la
importancia de los valores que busca proteger. No se trata de una instancia para
controvertir de fondo las providencias, ni un recurso de la vía gubernativa: es un
mecanismo de que dispone la administración para el control y la rectificación de sus
propios actos, sin que sea preciso para ello acudir a la jurisdicción contencioso
administrativa.
4.2.3. La revocación directa de los actos administrativos tiene un carácter extraordinario,
en especial cuando están de por medio situaciones jurídicas individuales y concretas
fundadas en el mismo, debiendo reunir al menos los requisitos mínimos que el legislador
considere necesarios para proteger los derechos de quienes han sido favorecidos a partir
de su vigencia y también con miras a la realización de la seguridad jurídica. Dadas las
causales previstas en la ley, de oficio o a petición de parte, la administración está
facultada para hacerlo en cualquier momento, incluso cuando el acto administrativo ya ha
sido demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
4.2.5. Al garantizar tanto el imperio de la Constitución como los derechos fundamentales,
sin duda que la revocatoria, como figura dentro de nuestro ordenamiento, está asociada
a la supremacía de la Constitución.».
90. A partir de lo anterior, es claro que según los artículos 122 a 127 de la Ley 734 de
2002, las decisiones sancionatorias pueden ser revocadas por el procurador general de
la Nación, cuando infrinjan manifiestamente las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias en que debían fundarse, o cuando con ellas se vulneren o amenacen los
derechos fundamentales. Asimismo, es procedente aun cuando el sancionado haya
acudido a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, siempre que no se hubiere
proferido sentencia definitiva. Y en el evento que se hubiere proferido, podrá solicitarse
la revocatoria de la decisión por causa distinta a la que dio origen a la decisión
jurisdiccional.
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91. Bajo ese entendido, la Sala considera que el Código Disciplinario Único10 contaba con
una regulación propia y completa que, en virtud del criterio de especialidad, excluiría la
integración normativa que prevé su artículo 2111. Por consiguiente, sería inviable predicar
la aplicación de los artículos 93 a 97 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto se ocupan del
régimen general de la revocación directa de actos administrativos12.
92. Sobre esta institución procesal en materia disciplinaria, esta corporación, Sección
Segunda, Subsección B, en sentencia de 23 de febrero de 2011, expediente
11001032500020050011400(4983- 05), tuvo oportunidad de indicar que «[...]constituye
una excepción a la estabilidad de la decisión ejecutoriada que pone fin al proceso
disciplinario, y su existencia se justifica por la importancia de los valores que busca
proteger relacionados con la legalidad, la libertad de los administrados y la justicia. Esta
consagración normativa busca garantizar el debido proceso del disciplinado y previene
el abuso de la potestad sancionatoria del Estado, sobre la base de que los derechos al
non bis in idem y la cosa juzgada no son absolutos y pueden ser limitados cuando las
circunstancias especiales del caso lo requieran.».
93. En sentencia del 26 de octubre de 2017, también emitida por esta Subsección en el
expediente 11001-03-25-000-2012-00173-00(0749-12), se indicó:
«Ahora bien, la revocación de actos sancionatorios es posible realizarla porque, como lo
ha sostenido la jurisprudencia, ni el principio de seguridad jurídica, ni el principio de
justicia material tienen valor absoluto. El primero, porque la imposibilidad absoluta de
remover del mundo jurídico un fallo disciplinario, conduciría en muchos supuestos al
sacrificio de la justicia material. […] Y el segundo, porque en aras de la promoción de un
orden justo, a la administración no le está dado desconocer el efecto vinculante de sus
propios fallos disciplinarios pues ello desconocería el principio de ejecutoriedad de los
actos administrativos y vulneraría el principio de seguridad jurídica. Piénsese, en este
caso, en la incertidumbre generada por la revocatoria generalizada de los fallos
disciplinarios. […].
La tensión entre, por una parte, el principio de seguridad jurídica y su manifestación a
través del non bis in ídem y del principio de ejecutoriedad, y, por otra, el mandato de
promoción de un orden justo y de realización de la justicia material, fue resuelta, en el
ámbito del derecho disciplinario, permitiendo la revocatoria directa de los fallos
sancionatorios […] (sentencia C- 014 de 2004).
Resulta pertinente hacer mención de los recientes pronunciamientos de esta Colegiatura
en torno a los efectos hacia el futuro (ex nunc) de la revocación directa de actos
administrativos. Esta Sala, en sentencia de 17 de noviembre de 2016, recordó que la
revocatoria directa es una figura que le permite a la administración excluir del mundo
jurídico los efectos de una decisión que nació a través de medios contrarios al
ordenamiento jurídico. Lo anterior, únicamente con efectos ex nunc, esto es hacía el
futuro, de manera que la revocatoria de un acto administrativo per se no trae consigo el
resarcimiento de perjuicios a favor de quien se ha visto afectado en un derecho durante
el tiempo que el acto permaneció vigente.
10 Ley derogada a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo
73 de la Ley 2094 de 2021, salvo el artículo 30 que continuó vigente hasta el del 28 de diciembre de 2023.
11 Artículo 21. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán
los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constitución Política. En lo no previsto en esta ley se aplicarán
los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por
Colombia, y lo dispuesto en los códigos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de
Procedimiento Civil en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de octubre de 2018,
expediente110010325000201100279 00 (1006-2011).
Radicación: 63001-23-33-000-2019-00079-01 (1437-2021)
Demandante: José Elmer López Restrepo
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Para poner de manifiesto la evolución del precedente sobre el tema, en la misma
providencia se remitió la Sala a pronunciamientos anteriores de esta Corporación; así,
citó la sentencia de 15 de agosto de 2013, expediente 166-2007, de la sección Segunda
en la que sostuvo […] que la revocatoria de actos administrativos por parte de la
administración constituye un claro ejemplo del ejercicio del principio de la autotutela. […]
No obstante […] no trae consigo los efectos de la clásica declaración de ilegalidad o
inconstitucionalidad, a saber, del control judicial, sino que constituye un “juicio de valor
intrínseco” que se traduce […] en la exclusión del ordenamiento jurídico de los efectos
del acto administrativo objeto de dicha medida únicamente hacia el futuro, esto es, ex
nunc. […] Tal como lo sostiene, en forma mayoritaria, la doctrina y la jurisprudencia, la
revocatoria directa de un acto administrativo no puede proyectar sus efectos de manera
retroactiva, esto es, hacia el pasado, ex tunc, en primer lugar, porque el acto revocatorio,
o a través del cual se revoca, tiene el carácter constitutivo de nuevas situaciones jurídicas,
lo que implica que sus efectos se producen a partir de su existencia, esto es, hacía el
futuro y, en segundo lugar, porque en virtud del principio de legalidad no hay duda de que
el acto administrativo ha cumplido sus efectos, a lo que se suma su ejecutividad y
ejecutoriedad, entendidas éstas como la eficacia que el acto comporta de cara a su
cumplimiento, así como la capacidad que tiene la administración para hacerlo cumplir sin
necesidad de la intervención de autoridad distinta; recordó también la sentencia de 16 de
julio de 2002 de la Sala Plena del Consejo de Estado, expediente IJ 029, C.P. Ana
Margarita Olaya Forero, en la que manifestó “… el acto de revocación es una decisión
administrativa que rige hacia el futuro. En esa medida, la recuperación de los dineros
indebidamente pagados sólo es posible lograrlo por conducto del juez, que es el
competente para definir bien el restablecimiento del derecho y/o la reparación del daño o
éste solamente, según se trate de la acción contenciosa que sea precisa instaurar.».
94. De acuerdo con lo expuesto, por regla general, la revocatoria directa de los actos
administrativos sancionatorios de carácter disciplinarios produce efectos ex nunc, esto
es hacía el futuro, por consiguiente, no trae consigo el resarcimiento de perjuicios a favor
de quien se ha visto afectado en un derecho durante el tiempo que el acto permaneció
vigente.
3.3.2. Posibilidad de pronunciarse en sede judicial sobre la legalidad de las
decisiones disciplinarias que han sido revocadas
95. Frente a la posibilidad de pronunciarse en sede judicial sobre la legalidad de las
decisiones disciplinarias que han sido revocadas, la Sala resalta tres posiciones
jurisprudenciales que se han presentado al interior de esta corporación13.
A). Tesis restrictiva
96. En primer lugar, la tesis restrictiva, tal como fue planteada en sentencia del 26 de
octubre de 2017 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda, en el expediente
11001-03-25-000-2012-00173-00 (0749-12), en la cual estimó lo siguiente:
«Con la revocación de los actos acusados quedó sin sustrato jurídico y material la
demanda, razón por la cual se torna improcedente realizar examen de legalidad sobre
ellos, por cuanto fueron excluidos del mundo jurídico en el curso de la presente actuación
judicial.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 2 de agosto de 2013, expediemte 11001-03-
25-000-2011-00536-00 (2077-11).
Radicación: 63001-23-33-000-2019-00079-01 (1437-2021)
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Esta Corporación ha expresado que «..cuando un Acto administrativo ilegal desaparece
del mundo jurídico por virtud de la revocatoria directa o bien como consecuencia de la
prosperidad de los recursos interpuestos en su contra, deja de existir como objeto de
acción jurisdiccional de nulidad [...]».
97. Endesarrollo de esta postura restrictiva, el Consejo de Estado ha planteado la
hipótesis de la sustracción de materia por carencia de objeto de la siguiente manera:
«De la sustracción de materia:
Como regla general se entiende por sustracción de materia la desaparición de supuestos,
hechos o normas que sustentan una acción, lo cual ocasiona que el juez no pueda
pronunciarse porque se ha extinguido la causa que originó acudir a la jurisdicción. Como
sucedería sí una persona interpone una acción de tutela contra una entidad por no haber
dado respuesta a un derecho de petición, y durante el curso de la acción ésta lo responde,
al juez no le es posible pronunciarse ya que la causa que originó la acción desapareció,
es decir, ha operado la sustracción de materia.
Al respecto esta Corporación a través de la Sentencia de 17 de noviembre de 2006,
proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, CP: Héctor
Romero Díaz, dijo:
“(...) frente a los actos particulares demandados, la Sala ha sostenido que es
posible que se presente la sustracción de materia por no existir pretensiones que
atender, motivo que conduciría a dictar fallo inhibitorio, dado que carece de objeto
cualquier pronunciamiento de fondo. Lo anterior, habida cuenta de que la
sustracción de materia, admitida como causal para inhibirse, en este caso aparece
por cuanto la relación sustancial o material que originó la litis ha variado de sentido
al punto de ubicarse en el restablecimiento deprecado en el libelo”.
En síntesis, sí las causas que originaron el ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho desaparecen, el juez debe declararse inhibido para resolver
el asunto ya que no hay objeto que se sujete a una sentencia. […].
De las pruebas señaladas, encuentra la Sala que respecto de los actos demandados
operó la sustracción de materia, por cuanto éstos, fueron revocados por la entidad
demandada. No obstante, esta determinación trae consigo el fenecimiento de la presente
acción, por cuanto al desaparecer del ordenamiento dichas decisiones, como
consecuencia de una determinación tomada por el Procurador General de la Nación por
mandato expreso del artículo 122 de la Ley 734 de 2002; se alteró la relación sustancial
que originó la litis.
Sobre este último aspecto, se debe advertir, tal y como lo señaló oportunamente el
Ministerio Público tanto en la contestación de la demandada como en el concepto, que al
no existir pretensiones que atender es inane cualquier consideración adicional.
Así las cosas, carece de objeto hacer algún pronunciamiento de fondo respecto a los
actos acusados, motivo por el cual la Sala, por sustracción de materia, se declarará
inhibida para fallar sobre la legalidad del Fallo de primera instancia de 3 de diciembre de
2007 proferido por la Procuraduría Provincial de Garzón que sancionó al actor con
destitución del cargo e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por un término
de 10 años y 3 meses y de la decisión de segunda instancia de 28 de marzo de 2008
expedido por la Procuraduría Regional del Huila que confirmó la sanción impuesta»14.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de febrero de 2013, expediente 11001-03-
25-000-2010-00088-00(0798-10).
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B). Tesis amplia
98. En segundo lugar, la Sala destaca una posición favorable a efectuar el control de
legalidad de los actos sancionatorios que han sido revocados, como se advierte en la
sentencia de la Subsección B del 13 de noviembre de 2020, expediente 23001-23-33-
000-2015-00094-01(4866-19), en la cual se indicó que la jurisdicción de lo contencioso–
administrativo tiene competencia para pronunciarse sobre la legalidad de actos
administrativos revocados directamente y el medio de control que se ha de ejercitar a fin
de evaluar su legalidad durante el tiempo que estuvieron vigentes, es el de nulidad y
restablecimiento del derecho. Con base en ello determinó:
«[...] Para la Sala, no es de recibo lo alegado por la entidad recurrente respecto de que no
es procedente el control jurisdiccional de los actos sancionatorios por haber sido revocados
y haber desaparecido del mundo jurídico, lo cual es contrario a la posición jurídica de esta
Corporación, pues ésta ha sido reiterativa al señalar que, la presunción de legalidad no
acaba con la revocatoria directa de un acto administrativo sea de contenido particular o
general, sino que ésta termina con el pronunciamiento que haga el juez administrativo al
declararlo nulo, y ello obedece a que hasta tanto no se produzca dicha decisión los actos
demandados conservan la presunción de legalidad de que gozan, habiendo podido
producir efectos o perjuicios durante todo el tiempo que estuvieron vigentes, lo que torna
necesario el pronunciamiento del juez administrativo sobre su legalidad, y a su vez, se
determine en sede jurisdiccional el tipo y el monto de los perjuicios a resarcir. [...]».
C). Tesis intermedia
99. Finalmente, la tesis intermedia, plasmada en sentencia igualmente de esta
Subsección, del 9 de marzo de 2020 dentro del proceso 11001-03-25-000-2011-00655-
00 (2546-11) en la que se señaló que para determinar el momento desde el cual se
producen los efectos de la decisión de revocatoria frente a los actos sancionatorios, es
necesario identificar las razones que sirvieron de sustento para que el ente de control
haya decidido retirarlos del ordenamiento jurídico, comoquiera que si se trató de
situaciones de hecho o de derecho que existían al momento en que se produjeron los
fallos sancionatorios, los efectos son ex tunc, es decir, que rigen hacia atrás, de manera
que a través de una ficción jurídica, se retrotrae la situación y los hace desaparecer del
mundo jurídico como si no hubieran existido; mientras que si se trata de circunstancias
de hecho o de derecho sobrevinientes al acto revocado, se predican efectos ex nunc, es
decir, posteriores a la revocatoria. De acuerdo con ese criterio, para ese caso, la
Subsección estimó:
«[...] comoquiera que la razón que llevó a la administración a revocar los actos
disciplinarios sancionatorios consistió en que las normas que sirvieron de sustento a la
sanción no eran aplicables para resolver el caso concreto, es forzoso concluir que las
circunstancias de hecho y de derecho que dieron origen a la revocatoria existían al
momento de expedir los actos revocados y bajo tal circunstancia, se puede concluir que
los efectos de tal revocatoria deben ser ex tunc, de manera que se retrotraiga la situación
al estado en que estaba al momento de expedir las decisiones entonces, [hay lugar] de
restablecer el derecho a favor de quienes se vieron afectados, [durante el tiempo] en que
estuvieron vigentes los actos revocados, […].».
100. Como se advierte, esta tesis parte de los efectos de la revocatoria, ex tunc o ex
nunc, para con ello determinar si las pretensiones de restablecimiento del derecho
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quedaron satisfechas con la revocatoria, o si debe efectuarse el análisis de las demás
peticiones formuladas en la demanda.
3.3.3. La declaratoria de nulidad de lo actuado en el marco del proceso disciplinario
y sus efectos
101. En el ámbito del proceso disciplinario, en vigencia de la Ley 734 de 2002, las
nulidades estuvieron reguladas en los artículos 143 a 147, de la siguiente manera:
«Artículo 143. Causales de nulidad. Son causales de nulidad las siguientes:
1. La falta de competencia del funcionario para proferir el fallo.
2. La violación del derecho de defensa del investigado.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
Parágrafo. Los principios que orientan la declaratoria de nulidad y su convalidación,
consagrados en el Código de Procedimiento Penal, se aplicarán a este procedimiento.
Artículo 144. Declaratoria oficiosa. En cualquier estado de la actuación disciplinaria,
cuando el funcionario que conozca del asunto advierta la existencia de alguna de las
causales previstas en la norma anterior, declarará la nulidad de lo actuado.
Artículo 145. Efectos de la declaratoria de nulidad. La declaratoria de nulidad afectará la
actuación disciplinaria desde el momento en que se presente la causal. Así lo señalará el
funcionario competente y ordenará que se reponga la actuación que dependa de la
decisión declarada nula.
La declaratoria de nulidad de la actuación disciplinaria no invalida las pruebas allegadas
y practicadas legalmente.
Artículo 146. Requisitos de la solicitud de nulidad. La solicitud de nulidad podrá
formularse antes de proferirse el fallo definitivo, y deberá indicar en forma concreta la
causal o causales respectivas y expresar los fundamentos de hecho y de derecho que la
sustenten.
Artículo 147. Término para resolver. El funcionario competente resolverá la solicitud de
nulidad, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su recibo».
102. De acuerdo con lo expuesto, en vigencia de la Ley 734 de 2002, en cualquier
estado de la actuación disciplinaria, cuando el funcionario que conozca del asunto
advierta la existencia de alguna de las causales previstas en la norma anterior, declarará
la nulidad de lo actuado (artículo 144 de la Ley 734 de 2002). De igual manera, la
declaratoria de nulidad afectará la actuación disciplinaria desde el momento en que se
presente la causal. Por consiguiente, el funcionario competente ordenará que se reponga
la actuación que dependa de la decisión declarada nula (artículo 145 ibídem).
3.3.4. Caso concreto
103. En el sub judice, la Sala encuentra acreditado que mediante fallo disciplinario de
primera instancia del 13 de diciembre de 2018, la Procuraduría Provincial de Armenia
sancionó al demandante con multa de 600 SMLMV, e inhabilidad de 10 años para ejercer
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empleo público o función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con
este.
104. Posteriormente, la Procuraduría Regional del Quindío, a través de la Resolución
003 del 11 de abril 2019, al resolver el recurso de apelación presentado por el accionante
contra el fallo disciplinario de primera instancia, modificó la sanción inicialmente
impuesta, y la modificó por destitución e inhabilidad de 8 años, también para para ejercer
empleo público o función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con
este.
105. Luego, a través de oficio PPA-1208 sin fecha, la Procuraduría Provincial de
Armenia puso en conocimiento del procurador regional del Quindío, «la irregularidad
encontrada en el fallo de segunda instancia […] consistente en que […] se obvió el
traslado para alegatos en segunda instancia de que trata el artículo 180 en el inciso 8 de
la Ley 734 de 2002 […]».
106. En tal virtud, el 27 de mayo de 2019, la Procuraduría Regional del Quindío, solicitó
al procurador general de la Nación, la revocatoria directa del fallo disciplinario de
segunda instancia porque, «este aspecto que en principio se podría considerar
meramente procedimental, [es importante considerarlo] a fin de prevenir de forma
eficiente el daño antijuridico de la entidad, por lo que resulta propicio acudir a la
prerrogativa de la revocatoria directa del fallo que permita adecuar el procedimiento y
corregir el yerro expuesto».
107. El procurador general de la Nación mediante auto del 17 de junio de 2019, resolvió
la solicitud de revocatoria directa formulada por el procurador regional del Quindío. En
dicha decisión dispuso: (i) revocar el fallo disciplinario de segunda instancia proferido el
11 de abril de 2019, y (ii) declarar la nulidad de la actuación disciplinaria a partir del fallo
de primera instancia del 13 de diciembre de 2018, inclusive, ordenando igualmente
realizar las anotaciones pertinentes en el sistema de información de la entidad y las
comunicaciones de rigor.
108. Para la Sala es importante anotar que, pese a que la Procuraduría Provincial de
Armenia y la Procuraduría Regional del Quindío le señalaron a la PGN que el defecto
procedimental consistente en la omisión de la etapa de alegatos se produjo en la segunda
instancia, el referido auto del 17 de junio de 2019, dispuso de manera errada la nulidad
de la actuación disciplinaria a partir del fallo de primera instancia del 13 de diciembre de
2018, inclusive, porque consideró, que
«[…] la irregularidad que conlleva a la vulneración del debido proceso y a la infracción
palmaria del derecho a la defensa se presentó cuando la Procuraduría Provincial de
Armenia omitió correr traslado para alegar de conclusión al señor José Elmer López
Restrepo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 180 inciso 8 de la Ley 734 de 2002».
109. En efecto, la Sala revisó la actuación disciplinaria en su integridad y constató que,
durante el trámite de la primera instancia, la Procuraduría Provincial de Armenia en el
marco de la audiencia desarrollada en virtud del procedimiento verbal concedió al
demandante la oportunidad de presentar alegatos de conclusión; mientras que, durante
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el trámite de la segunda instancia, la Procuraduría Regional del Quindío obvió por
completo esa etapa, la cual, para la época de los hechos estaba señalada en el artículo
59 de la Ley 1474 de 2011, que modificó el artículo 180 de la Ley 734 de 2002, cuando
establece que «antes de proferir el fallo [disciplinario de segunda instancia], las partes
podrán presentar alegatos de conclusión, para lo cual dispondrán de un término de
traslado de dos (2) días [...]».
110. Por consiguiente, la PGN se equivocó cuando en el auto del 17 de junio de 2019,
además de revocar el fallo disciplinario de segunda instancia, declaró la nulidad de la
actuación disciplinaria a partir del fallo de primera instancia del 13 de diciembre de 2018,
inclusive, so pretexto de que durante la primera instancia no se permitió al demandante
presentar alegatos de conclusión, porque como quedó expuesto, dicha omisión solo se
presentó en el curso de la segunda instancia.
111. En todo caso, pese a los errores anteriormente señalados, en los que incurrió la
PGN al declarar la nulidad de todo actuado en el proceso disciplinario, a partir del fallo
de primera instancia, lo cierto es que como consecuencia de esa determinación, los actos
demandados fueron sustraídos del ordenamiento jurídico. En ese sentido, no procede el
estudio integral de los fallos disciplinarios acusados, porque hoy son inexistentes, y en
esa medida, la relación sustancial o material que originó la litis desapareció, y en ese
orden, no hay acto ni actuación que controlar en sede jurisdiccional.
112. La Sala recalca que, en el sub judice, la imposibilidad de realizar el examen de
legalidad de los actos demandados, deviene de la declaratoria de nulidad de todo lo
actuado desde el fallo de primera instancia –inclusive–, y no por el hecho de la
revocatoria de la decisión disciplinaria de segunda instancia.
113. Sin embargo, en atención a las particularidades de este caso, la corporación
considera que sí resulta procedente el estudio de fondo de las pretensiones
indemnizatorias de los daños que pudieran haberse ocasionado durante el lapso
transcurrido entre la ejecutoria de la decisión disciplinaria de segunda instancia del 13
de abril de 2019, que ordenó la destitución del demandante, y su revocatoria fechada el
17 de junio de 2019.
114. Ello porque en primer lugar, al momento de presentar la demanda, el 28 de mayo
de 2019, los fallos disciplinarios aún estaban vigentes y produciendo efectos, y en
consecuencia el medio de control idóneo que en ese momento el demandante tenía a su
disposición para reclamar la protección del «derecho subjetivo» que creía lesionado, era
el de nulidad y restablecimiento del derecho, regulado en el artículo 138 del CPACA, en
virtud del cual «[t]oda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado
en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que
se le repare el daño[…]».
115. En segundo lugar, porque pese a que, como ya se ha expresado, mediante auto
del 17 de junio de 2019, la PGN dispuso: (i) revocar el fallo disciplinario de segunda
instancia proferido el 11 de abril de 2019, y (ii) declarar la nulidad de la actuación
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disciplinaria a partir del fallo de primera instancia del 13 de diciembre de 2018, inclusive,
la Sala no puede desconocer que en este caso, la realidad material de los hechos
evidencia una particularidad concreta, consistente en que la sanción permaneció
registrada en las bases de datos de la PGN hasta que el auto del 8 de julio de 2019, que
resolvió la solicitud cautelar en el curso de este proceso, ordenó su eliminación.
116. Y en tercer lugar, en garantía del derecho al acceso a la administración de justicia,
porque la PGN al disponer la revocatoria del acto sancionatorio de segunda instancia, y
la nulidad de lo actuado, incluyendo el acto sancionatorio de primera instancia, no analizó
el reconocimiento de perjuicios a favor del demandante durante el tiempo que la sanción
permaneció vigente, lo cual tampoco era su deber porque, como se expuso, por regla
general, la revocatoria directa de los actos administrativos sancionatorios produce
efectos ex nunc, esto es hacía el futuro, de manera que de suyo, no trae consigo el
resarcimiento de perjuicios a favor de quien se ha visto afectado en un derecho durante
el tiempo que el acto permaneció vigente.
117. Es en ese sentido, debido a las particularidades del caso concreto antes
expuestas, que la Sala considera que resulta procedente el estudio de fondo de las
pretensiones indemnizatorias de los daños que pudieran haberse ocasionado durante el
lapso transcurrido entre la ejecutoria de la decisión de segunda instancia que ordenó la
destitución del 13 de abril de 2019, y su revocatoria fechada el 17 de junio de 2019; sin
que pueda llegar a entenderse que con ocasión de esta decisión, la Subsección se
plantea una nueva regla interpretativa de los presupuestos del medio de control aludido,
que desligue el restablecimiento del derecho y la reparación del daño, de la nulidad de
los actos administrativos, o que posibilite el estudio de estos elementos como
pretensiones autónomas e independientes unas de otras, porque con ello se
desnaturalizaría la esencia del medio de control.
118. Definido lo anterior, la Sala emprende el estudio de las pretensiones de reparación
del daño, formuladas en la demanda.
3.5. De la indemnización de perjuicios
119. La Sala recuerda que el demandante solicitó que se condenara a la PGN a pagar a
su favor: (i) 50 SMLMV «por concepto de indemnización por los daños a su reputación y
a su dignidad, causados durante el trámite del proceso disciplinario, e incluso en forma
posterior a su terminación», y (ii) 50 SMLMV «por concepto de indemnización por
perjuicios morales que está soportando, en razón de la investigación [...] y la sanción que
le fue impuesta.».
120. En lo que tiene que ver con el daño reputacional, siguiendo la jurisprudencia de la
Sección Tercera de esta corporación15, dicha categoría se subsume en lo que se ha
denominado como daño a bienes constitucional y convencionalmente protegidos. En ese
sentido, se encuentra que el manejo de la información personal relevante o sensible en
poder del Estado puede representar para el administrado, de ser indebido ese registro,
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, expediente 66001-23-31-
000-2001-00731-01(26251).
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la vulneración de bienes jurídicos tales como al buen nombre, a la reputación y a la honra,
como resultado del deber positivo de protección de esos bienes jurídicos constitucionales
y convencionales, reconocidos en los artículos 11 de la Convención Americana de
Derechos Humanos y en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos16.
121. El derecho al buen nombre consagrado en el artículo 15 de la Constitución 17,
alude: «(…) al concepto que del individuo tienen los demás miembros de la sociedad en
relación con su comportamiento, honestidad, decoro, calidades, condiciones humanas y
profesionales, antecedentes y ejecutorias. Representa uno de los más valiosos
elementos del patrimonio moral y social de la persona y constituye factor indispensable
de la dignidad que a cada uno debe ser reconocida […]»18.
122. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el derecho «al buen nombre» 19,
hace referencia a «la buena opinión o fama adquirida por un individuo en razón de la
virtud y el mérito, como consecuencia necesaria de las acciones protagonizadas por
él»20. Se trata entonces de un derecho que gira alrededor de la conducta que observe la
persona en su desempeño dentro de la sociedad21, al punto de no ser posible el reclamo
de su afectación, cuando el comportamiento de la persona misma es el que impide a los
asociados «considerarla digna o acreedora de un buen concepto o estimación»22. Por su
parte, la honra alude a la reputación de la persona en un sentido de valoración
intrínseca23 por cuanto «la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como
ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente
se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y otro
el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros –honra–»24.
16 El derecho a la honra y la reputación está reconocido expresamente en tratados internacionales de derechos
humanos tanto universales como regionales, así como en algunas de las constituciones políticas de América Latina.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su Artículo 17 que: 1. Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales
a su honra y reputación; 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
Por su parte, el Artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone: Artículo 11. Protección
de la Honra y de la Dignidad 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio
o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección
de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
17 El derecho al buen nombre y a la honra se encuentra protegido internacionalmente en los siguientes instrumentos:
Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos (Ley 74 de 1968) Artículo 17 No. 1: Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra
y reputación. Convención Americana sobre derechos humanos «Pacto San José de Costa Rica», (Ley 16 de 1972)
Artículo 11: 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede
ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la
ley contra esas injerencias o esos ataques. Declaración universal de los derechos humanos, artículo 12: Nadie será
objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
18 Tal concepción se puede ver en sentencias de la Corte Constitucional T-412 de 1992; T-047 de 1993; T-097 de
1994; T- 228 de 1994; T- 259 de 1994; SU.056 de 1995; SU.082 de 1995; SU.089 de 1995; T-189 de 1995; T-360 de
1995; T-355 de 2002, T- 1198 de 2004.
19 Sentencia SU - 1723 de 2000 y T- 437 de 2004.
20 Corte Constitucional. Sentencia T-411 de 1995.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-1319 de 2001.
22 Corte Constitucional. Sentencia SU-056 de 1995.
23 Corte Constitucional. Sentencia C-063 de 1994.
24 Corte Constitucional. Sentencia T-260 de 2010.
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123. Luego, la protección debida a los bienes constitucionales y convencionales del
buen nombre y a la honra, no se limita sólo a la forma en que se emite la información,
sino que comprende el contenido que la misma pueda ofrecer y que implique la
vulneración de la imagen, la fama, el crédito y la reputación externa que la persona
afectada pueda tener en la sociedad, o en una comunidad determinada, y cuya
protección también procede en sede contencioso–administrativa25.
124. Por otra parte, esta Subsección ha señalado que el perjuicio moral se configura una
vez satisfechas las condiciones generales para su reconocimiento, a saber: que sea
particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un
bien jurídicamente tutelado26. Asimismo, se ha detenido en la necesidad de que, quien
pretende el reconocimiento de perjuicios morales, debe acreditar su ocurrencia.
125. Asimismo, la Sección Tercera de esta corporación tiene definido que el concepto
de perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los
sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden
a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo27.
126. En ese orden, para que proceda el reconocimiento de la indemnización por
concepto de perjuicios morales generados por una sanción disciplinaria ilegal, es
necesario convencer plenamente al juez de la existencia de un padecimiento causado
con ocasión de la sanción y la publicidad de aquella, de tal manera que este, dentro de
su discrecionalidad judicial, determine la magnitud del dolor, aflicción, tristeza o congoja
y, con fundamento en ello, la indemnización a reconocer28.
127. En el caso concreto, la Sala no encuentra demostrado el daño a la «reputación», ni
a la «dignidad» de la persona, que alegó el demandante; así como tampoco los perjuicios
morales reclamados.
128. En efecto, el actor no requirió del a quo la práctica de prueba testimonial y/o
pericial a fin de que se estableciera el grado de aflicción y daño moral reclamado.
Además, en criterio de la Sala, la afectación padecida por el demandante se entiende
restablecida en su totalidad con la revocatoria de acto sancionatorio de segunda
instancia, y la nulidad de lo actuado, incluyendo el acto sancionatorio de primera
instancia, ordenada por la entidad demandada en el auto del 17 de junio de 2019, y por
supuesto, con la cancelación de todas las anotaciones y registros realizados en su contra
en el Sistema de Sanciones y Causas de Inhabilidad –SIRI– de la PGN, en virtud de lo
ordenado en el auto que resolvió la solicitud cautelar, emitido por el Tribunal
Administrativo del Quindío, el 8 de julio de 2019.
129. Además, para la Sala, la sola vinculación a un proceso disciplinario no genera, per
se, la obligación de indemnizar por parte del Estado, sino, en tanto, se demuestre que,
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2012, expediente 76001-
23-31-000-1998-01510-01(25506).
26 Sentencia del 13 de abril de 2023, expediente 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-2020).
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de noviembre de 2012, expediente 76001-
23-31-000-1998-01510-01(25506).
28 Subsección B, sentencia del 10 de julio de 2014, expediente 52001-23-31-000-2006-00268-01(0354-09).
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el sometimiento a la autoridad disciplinaria genera al administrado un daño de
características anormales, el cual sobrepasa la carga pública que supone el deber de
sujeción al ordenamiento jurídico; en razón a que, el hecho de desempeñar función
pública implica que sus actuaciones profesionales son susceptibles de investigaciones
disciplinarias.
130. Aunado a lo anterior, en el caso concreto, la Sala resalta que en todo caso, el
demandante no se vio afectado en su esfera laboral porque continuó desempeñándose
como curador urbano núm. 2 de Armenia.
131. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
3.6. Conclusión
132. De acuerdo con lo expuesto, no es viable estudiar de fondo los fallos disciplinarios
demandados, porque no existen, por virtud de la declaratoria de nulidad de lo actuado
en el proceso disciplinario, incluido el fallo disciplinario de primera instancia, pero sí es
procedente el análisis de las pretensiones inherentes a la reparación de los perjuicios
que pudieran haberse causado durante el lapso transcurrido entre la ejecutoria de la
decisión disciplinaria de segunda instancia del 13 de abril de 2019 que ordenó la
destitución, y su revocatoria el 17 de junio de 2019, y cuyo registro permaneció en las
bases de datos de la PGN hasta que el auto del 8 de julio de 2019, que resolvió la solicitud
cautelar, ordenó cancelar su anotación. Finalmente, la corporación concluyó que no
están demostrados los perjuicios reclamados, por lo tanto, no hay lugar a su
reconocimiento.
3.7. Costas
133. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 29 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no presupone
la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino que es
necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la conducta
procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte vencida actuó
de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta oportunidad no
29 La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del cpaca mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del cgp, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por
el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del cgp, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad
patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio
objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público,
antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación
finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del
cpaca. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el cpaca indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no
tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en
el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-14).
Radicación: 63001-23-33-000-2019-00079-01 (1437-2021)
Demandante: José Elmer López Restrepo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación
se condenará en costas, porque no se advierte que la parte demandante haya incurrido
en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Confirmar, pero por las razones expuestas, la sentencia del 29 de mayo de
2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se negaron
las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo: No condenar en costas en esta instancia.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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