Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2021-00158-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2021-00158-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-23-33-000-2021-00158-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho- Ley 1437 de 2011
Radicado: 63001-23-33-000-2021-00158-01 (5743-2022)
Demandante: Rocío Pachón Fajardo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación de docente – Ley
71 de 1988.
Decisión: Adiciona la sentencia de primera instancia.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte
demandada contra la sentencia de primera instancia del 28 de julio de 2022
dictada por el Tribunal Administrativo del Quindío que acogió las pretensiones.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La señora Rocío Pachón Fajardo interpuso demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se
declare la nulidad del acto ficto, producto del silencio administrativo negativo, que
se configuró por la omisión en atender la petición presentada el 28 de julio de
2021 relativa al reconocimiento de su pensión de jubilación por aportes.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó reconocer la prestación
social, equivalente al 75% del sueldo y demás factores salariales devengados a
partir del 8 de abril de 2020, fecha en la que adquirió el estatus pensional;
reliquidar su pensión de conformidad con lo consagrado en el artículo 1 de la Ley
33 de 1985 y 9 de la Ley 71 de 1988; dar cumplimiento a la sentencia en los
términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; ajustar los valores a que haya
lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo; condenar al pago de
intereses moratorios desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia; y
condenar en costas a la entidad demandada.
3. Como hechos relevantes de la demanda expuso que nació el 26 de abril de
1962 y prestó sus servicios docentes en la Secretaría de Educación del Municipio
de Armenia y en la Secretaría Departamental del Quindío a través de contratos
de prestación de servicios y de nombramientos en provisionalidad1.
1
i) Resolución núm. 0506 del 14 de abril de 1999: del 1 de abril al 30 de noviembre de 1999;
ii) Resolución núm. 0169 del 30 de marzo de 2000: del 21 al 30 de marzo de 2000;iii) Contrato de
prestación de servicios núm. 0225 de 2000: del 17 de agosto al 14 de septiembre de 2000; iv)
Contrato de prestación de servicios núm. 0200 de 2001: del 1 de agosto al 30 de noviembre de
2001; v) Contrato de prestación de servicios núm. 0125 de 2002: del 7 de febrero al 14 de junio
de 2002; vi) Contrato de prestación de servicios núm. 0785 de 2002: del 15 de julio al 30 de
noviembre de 2002; vii) Contrato de prestación de servicios núm. 0348 de 2003: del 7 de febrero
1
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Radicado: 63001-23-33-000-2021-00158-01 (5743-2022)
Demandante:Rocío Pachón Fajardo
4. El 7 de mayo de 2007 se posesionó como docente en propiedad en la
Secretaría de Educación Municipal de Armenia.
5. Desde entonces y hasta la fecha de presentación de la demanda ha
continuado ejerciendo dicho cargo.
6. Afirmó haber cumplido con los requisitos establecidos en la Ley 71 de 1988
para acceder a la pensión de jubilación. Por tal razón, el 28 de julio de 2021
presentó ante la Secretaría de Educación Municipal de Armenia una solicitud de
reconocimiento y pago de dicha prestación con efectos a partir del 8 de abril del
2020, fecha en la que adquirió el estatus pensional.
7. Sin embargo, al no obtener respuesta consideró que operó el silencio
administrativo negativo.
8. Como concepto de violación argumentó que se desconocieron las
disposiciones invocadas2 teniendo en cuenta que se desempeñó como docente
oficial vinculada mediante contratos de prestación de servicios antes de que
entrara en vigor la Ley 812 de 2003, por lo cual tiene derecho a que se le
reconozca y pague una pensión de jubilación conforme a la Ley 71 de 1988,
prestación que es compatible con el salario.
Contestación de la demanda
9. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones de la demanda
porque el régimen pensional aplicable a la demandante correspondía al
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, debido a que se vinculó al
servicio público oficial con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de
2003.
10. Igualmente, precisó que los tiempos como contratista no le otorgan la
calidad de empleado público, puesto que a la fecha no se ha declarado
judicialmente la existencia de una relación laboral con la Secretaría de Educación
del Municipio de Armenia.
11. Como excepción propuso las siguientes: falta de integración del
contradictorio por no vincular a la Secretaría de Educación de Manizales; cobro
de lo no debido; prescripción de mesadas; legalidad de los actos atacados; y
genérica.
Decisión de las excepciones previas
al 27 de junio de 2003; viii) Contrato de prestación de servicios núm. 0916 de 2003: del 14 de julio
al 27 de agosto de 2003; ix) Resolución núm. 0424 de 2003: del 1 de septiembre de 2003 al 2 de
mayo de 2005; x) Resolución núm. 0532 de 2006: del 15 de mayo al 16 de junio de 2006;
xi) Resolución núm. 0884 de 2006: del 17 de julio de 2006 al 6 de mayo de 2007;y
xii) Resolución núm. 0366 de 2007: desde el 7 de mayo de 2007 hasta la fecha.
2
Artículos 7 de la Ley 71 de 1988; numerales 1 y 2 del 15 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60
de 1993; 115 de la Ley 115 de 1993; 279 de la Ley 100 de 1993; 81 de la Ley 812 de 2003; y 1 y
2 del Decreto 3752 de 2003.
2
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Radicado: 63001-23-33-000-2021-00158-01 (5743-2022)
Demandante:Rocío Pachón Fajardo
12. Mediante auto del 11 de febrero de 2022, se desestimó la excepción previa
de falta de integración del contradictorio, propuesta por la parte demandada,
quien alegó la omisión en la vinculación de la Secretaría de Educación de
Manizales, entidad que debía comparecer al proceso por ser la encargada de
proyectar el acto de reconocimiento de las prestaciones sociales, porque el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) es el
responsable del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de la
demandante, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 91 de 1989 y en
la Ley 962 de 2005.
13. Esta decisión fue objeto de recurso de reposición, el cual fue resuelto
confirmando la decisión inicial, dado que la entidad no planteó ningún reproche a
la decisión y se limitó a reiterar los argumentos propuestos en la contestación de
la demanda.
14. El auto no fue objeto de recursos.
Sentencia apelada
12. El Tribunal Administrativo del Quindío accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda3 mediante la sentencia del 28 de julio de 2022.
13. En desarrollo del análisis, estableció que la señora Rocío Pachón Fajardo
nació el 26 de abril de 1962; prestó sus servicios al sector oficial mediante
contratos de prestación de servicios y actos de nombramiento en calidad de
docente en provisionalidad; acreditó un total de 239,14 semanas cotizadas ante
Colpensiones y 1.097,55 semanas en el FOMAG, equivalentes a 21 años, 3
meses y 29 días de servicio; y que cumplió 55 años el 26 de abril de 2017.
14. En consecuencia, consideró que es beneficiaria de la disposición
contenida en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y en el parágrafo transitorio 1º
del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que tiene derecho a pensionarse con las
normas a las que remite la Ley 91 de 1989.
15. Esta condición constituye el fundamento jurídico para la aplicación del
régimen previsto en la Ley 71 de 1988, en tanto se acreditó que la señora Pachón
Fajardo tuvo un primer vínculo con el servicio docente oficial con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 812, específicamente desde el 15 de febrero de
1999, según consta en la Resolución 0506 del 14 de abril de 1999.
16. Por tal razón, señaló que se debe reconocer la prestación social a partir
del 7 de marzo de 2020, con el 75% de los factores salariales enlistados en las
Leyes 33 y 62 de 1986 cotizados en el año inmediatamente anterior a la
consolidación de su estatus pensional, esto es, entre el 8 de marzo de 2019 y el
7 de marzo de 2020.
3
Índice 31 de SAMAI de Tribunal.
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Demandante:Rocío Pachón Fajardo
17. Indicó que no se configuró el fenómeno de la prescripción, puesto que las
mesadas reclamadas se causaron el 7 de marzo de 2020; la solicitud pensional
fue radicada el 28 de julio de 2021, y, dado que no se contestó, se radicó la
demanda el 8 de noviembre de 2021, cuando no se había presentado el referido
fenómeno.
18. Precisó que la pensión consagrada es compatible con la asignación
salarial como docente.
19. Por último, no condenó en costas a la entidad demanda.
Recurso de apelación
20. La apoderada de la entidad demandada interpuso recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia, argumentando que la señora Pachón
Fajardo no es beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de
1993, dado que la demandante no registra afiliación válida al FOMAG con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que no le son
aplicables las disposiciones a las que remite la Ley 91 de 1989.
21. Al respecto afirmó que los contratos de prestación de servicios
celebrados con el Municipio de Armenia no puede considerarse como afiliación
válida para acceder a la pensión en tanto no existió una relación laboral entre las
partes.
22. En consecuencia, sostuvo que no puede predicarse responsabilidad de
la entidad territorial respecto del pago de cotizaciones al sistema pensional.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
23. Mediante auto del 13 de abril de 20234, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada. Posteriormente, en providencia del 24 de
agosto de 20235, se negó el decreto de las pruebas solicitadas en segunda
instancia.
24. La parte demandante reiteró los argumentos de la demanda6.
25. la entidad demandada y el agente del Ministerio Público no emitieron
pronunciamiento alguno7.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
4
Índice 4 de SAMAI Consejo de Estado
5
Índice 12 de SAMAI Consejo de Estado
6
Índice 9 de SAMAI Consejo de Estado
7
Índice 7 de SAMAI Consejo de Estado
4
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Demandante:Rocío Pachón Fajardo
26. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación.
Problema jurídico:
27. Corresponde a la Sala determinar si la demandante tiene derecho al
reconocimiento y pago de la pensión de vejez bajo el régimen previsto en la Ley
71 de 1988, con fundamento en el tiempo de servicios prestado como docente
mediante órdenes de prestación de servicios y nombramientos en provisionalidad
antes del 27 de junio de 2003.
Análisis del problema jurídico
28. Con el fin de adoptar la decisión correspondiente, la Sala estima necesario
relacionar los siguientes hechos, los cuales fueron probados con los documentos
aportados al proceso:
i) La señora Rocío Pachón Fajardo nació el 26 de abril de 19628 y laboró
como docente en la Secretaría de Educación de Manizales y del
Quindío durante los siguientes periodos:
Tipo de vinculación Desde - Hasta Tiempo de
servicios
Resolución 506 de 19999 15 de febrero hasta el 30 de 289 días
(nombramiento provisional) noviembre de 1999
Resolución 0169 de 200010 21 al 30 de marzo de 2000 10 días
Contrato de trabajo 0225 de 17 de agosto al 14 de septiembre 29 días
200011 de 2000
Contrato de trabajo 0200 de 1 de agosto de 2001 al 30 de 122 días
200112 noviembre de 2001
Contrato de trabajo 0125 de 7 de febrero al 14 de junio de 2002 128 días
200213
Contrato de trabajo 785 de 15 de julio a 30 de noviembre de 139 días
200214 2002
Contrato de prestación de 7 de febrero al 27 de junio de 2003 141 días
prestación de servicio 0348 de
200315
Contrato de prestación de 14 de julio al 27 de agosto de 2003 45 días
prestación de servicio 0916 de
200316
8
Índice 50 de SAMAI de Tribunal. Folios 15 y 16. Archivo 003AnexosDemanda
9
Índice 50 de SAMAI de Tribunal. Folio 19. ibidem.
10
Índice 50 de SAMAI de Tribunal. Folio 21. ibidem.
11
ibidem.
12
ibidem.
13
ibidem.
14
ibidem.
15
ibidem.
16
ibidem.
5
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Demandante:Rocío Pachón Fajardo
Resolución 0424 de 2 de septiembre de 2003 al 1 de 700 días
17
2003 (nombramiento agosto de 2005
provisional)
Resolución 0532 de 2006 18 15 de mayo al 16 de junio de 2006 33 días
(nombramiento provisional)
Resolución 0884 de 2006 19 17 de julio de 2006 al 6 de mayo 294 días
(periodo de prueba) de 2007
Resolución 0366 de 2007 20 7 de mayo de 2007 al 6 de julio de 5.175 días
(nombramiento en propiedad) 2021 (fecha de expedición del
certificado)21
6.811 días,
equivalentes a
18 años, 11 meses y
1 día
ii) La actora también registra 239.14 semanas de cotización en
Colpensiones22, producto de labores realizadas en el sector privado
entre el 17 de mayo de 1994 y el 29 de febrero de 2004, de manera
discontinua, equivalentes a 1.673 días.
29. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, el régimen
prestacional de los maestros nacionales, nacionalizados y territoriales «que se
encuentren vinculados» a la docencia pública es el previsto para el magisterio en
las disposiciones vigentes con anterioridad a dicha ley. A su turno, los maestros
que se vinculen al servicio educativo oficial a partir del 27 de junio de 2003 gozan
de los derechos pensionales del régimen de prima media con prestación definida
de que tratan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con sus requisitos, salvo el
de la edad que es de 57 años para hombres y mujeres.
30. Ahora bien, ello se predica incluso de quienes no se encontraban
vinculados estrictamente el 27 de junio de 2003 (fecha de la entrada en vigor de
la Ley 812 de 2003), pero que en todo caso hayan ejercido como maestros antes
de la expedición de la norma.
31. Lo anterior, en atención al principio de la condición más beneficiosa, el
cual se distingue por:
«(i) opera en el tránsito legislativo, y ante la ausencia de un régimen
de transición; (ii) se debe cotejar una norma derogada con una
vigente, y (iii) el destinatario posee una situación jurídica concreta,
la cual es protegida, dado que con la nueva ley se le desmejora»23.
32. En ese sentido, es necesario señalar que, debido a que la Ley 812 de 2003
no consagró un régimen de transición para quienes tuvieran una expectativa
17
ibidem
18
ibidem
19
ibidem
20
ibidem
21
Índice 2 del aplicativo Samai. Folio 49. ibidem.
22
Folios 17. ibidem.
23
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 15 de febrero de 2011,
Radicación: 40.662.
6
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legítima de pensionarse como docentes, es necesario recurrir a las normas
anteriores que regían la materia, las cuales se aplicarán de forma ultractiva en
virtud del aludido principio de condición más beneficiosa.
33. Para resolver el caso es preciso tener en cuenta adicionalmente que el
parágrafo transitorio 1 del artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por
el Acto Legislativo 01 de 2005, dispuso que el régimen pensional de los maestros
nacionales, nacionalizados y territoriales «vinculados» a la docencia oficial es el
establecido para el magisterio en las normas legales vigentes antes del 27 de
junio de 2003, cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, mientras que los que se
vinculen a partir de la fecha mencionada son beneficiarios de los derechos del
régimen de prima media con prestación definida regulados por las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003.
34. A través de la Sentencia SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, la
Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en el sentido
de precisar que el régimen pensional de los docentes vinculados al servicio
educativo oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de
junio de 2003) es el previsto en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, mientras que
el derecho pensional de los maestros públicos que se vinculen después de esa
fecha, afiliados al FOMAG, está sometido al régimen de prima media definido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en cuanto al requisito de la edad,
que es de 57 años para hombres y mujeres.
35. Adicionalmente, en la citada sentencia de unificación se precisó que, si el
derecho pensional está regido por la Ley 33 de 1985, la mesada correspondiente
debe liquidarse con los factores «sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985»,
lineamiento que se ha complementado en razón a normas posteriores que han
dispuesto que otros emolumentos también deben incluirse en el cálculo de la
mesada pensional24, como ocurre con la bonificación pedagógica25 y la
bonificación mensual de docentes y directivos docentes26, por ejemplo.
36. A su vez, la sentencia de unificación determinó que cuando el derecho
pensional se establece conforme con las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, los
factores salariales computables para liquidar la mesada son los previstos en el
Decreto 1158 de 1994, sobre los que se efectuaron los aportes.
37. Esta directriz debe interpretarse en conjunto con las normas posteriores
que han establecido el carácter salarial para efectos pensionales de ciertos
emolumentos (como es el caso de las bonificaciones mencionadas), teniendo en
24
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 8 de agosto de 2024, expediente 44001-23-40-000-2018-00143-01
(5066-2022); y sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00174-01
(0506-2022).
25
El Decreto 2354 de 2018 creó la bonificación pedagógica y estableció que constituye factor
salarial para tofos los efectos legales (artículo 3, numeral 4).
26
El Decreto 1566 de 2014 creó la bonificación mensual docente y dispuso que constituye factor
salarial para todos los efectos legales (artículo 1, inciso 2). Este decreto fue derogado por normas
posteriores, las cuales han señalado que en el valor de las asignaciones básicas está incluida la
bonificación mensual docente.
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consideración que se trata de disposiciones expedidas en ejercicio de las
facultades señaladas en el artículo 150, numeral 19, literal e), de la Constitución
Política y en la Ley 4.ª de 1992.
38. Ahora bien, resulta importante precisar que en la Sentencia SUJ-014-CE-
S2-19 del 25 de abril de 2019 se indicó que el régimen pensional de los docentes
vinculados al servicio educativo oficial antes del 27 de junio de 2003 es el previsto
en las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, pero nada se dijo en torno a la posibilidad
de aplicar o no la Ley 71 de 1988.
39. Tal circunstancia se produjo porque en esa oportunidad se analizó la
situación pensional de una persona beneficiaria de la Ley 33 de 1985, por lo que
el estudio acerca de las normas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003 se limitó a aquella27.
40. Sin embargo, como el régimen pensional de los maestros que ingresaron
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 está previsto en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 15 (numeral 2, inciso 2) remite al régimen jurídico de los
pensionados del sector público nacional (en el caso de los docentes nacionales
y nacionalizados vinculados a partir del 1.° de enero de 1981 y de los maestros
que ingresaron al servicio desde el 1.° de enero de 1990), aquellos no solo
pueden ser beneficiarios de la Ley 33 de 1985, sino también de la Ley 71 de
1988. Así se desprende de los antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989,
teniendo en cuenta que en la ponencia para primer debate en el Senado de la
República se expresó lo siguiente:
EXPLICACIÓN DEL ARTICULADO Y DEL PLIEGO DE MODIFICACIONES
[…]
Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley 71 de
1988 sobre pensiones de jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento
pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la repetición en este texto. El
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización
legal de extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando
su situación financiera lo permite.28
41. Así las cosas, dentro del escenario pensional que tuvo en cuenta el
legislador para elaborar el texto de la Ley 91 de 1989 estuvo la aceptación de
que la Ley 71 de 1988 beneficia al personal del magisterio, hecho que se dio
27
En sentencia del 19 de enero de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado indicó que la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019 «solo
desarrolló la determinación de los regímenes para los casos de docentes oficiales cuyo tiempo
de servicio hubiese sido prestado únicamente en el sector público y cotizado exclusivamente al
FNPSM. No obstante, dicha providencia se abstuvo de plantear el supuesto cuando, por ejemplo
como sucede en el sub iudice, el educador también tiene acumulados tiempos cotizados como
contratista y aportados a otra administradora como lo era el entonces ISS (hoy Colpensiones).
Para esta clase de eventos, la normativa aplicable necesariamente correspondía a la Ley 71 de
1988 que regulaba lo propio en lo que respecta a la denominada ‘pensión por aportes’ y no la Ley
33 de 1985». Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 19 de enero de 2023, expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01
(3083-2022).
28
Gaceta del Congreso de la República 103 del 17 de octubre de 1989.
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Demandante:Rocío Pachón Fajardo
por sentado e hizo innecesaria la reproducción o previsión expresa de la
posibilidad de aplicar dicha ley a los docentes oficiales.
42. Por otra parte, en la Sección Segunda del Consejo de Estado existe una
jurisprudencia pacífica y reiterada según la cual los períodos en los que un
docente hubiere laborado en el sector público a través de contratos de
prestación de servicios, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, son válidos para efectos de acceder al régimen pensional anterior al
que se refieren los artículos 81 ibidem y 48 de la Constitución Política (parágrafo
transitorio 1), y para acreditar el tiempo de servicio que se exige para adquirir el
derecho a una pensión de jubilación, teniendo en cuenta que la labor
desarrollada en dichos lapsos es propia e inherente a la condición de docente
oficial y se ejecuta en el marco de verdaderos vínculos de naturaleza laboral,
con independencia de la denominación contractual que se les designe29.
43. En relación con el argumento según el cual no deben tenerse en cuenta
los periodos en los que la demandante prestó sus servicios mediante contratos
de prestación de servicios, la jurisprudencia de esta corporación30 ha sido
consistente en señalar que la labor docente se desarrolla en el marco de
verdaderas relaciones de naturaleza laboral, con independencia de la
denominación contractual que se les atribuya.
44. En ese contexto, la demandante demostró que tuvo vinculaciones a la
docencia oficial antes del 27 de junio de 2003, fecha en que entró en vigencia
la Ley 812 de 2003, concretamente entre el 15 de febrero de 1999 y el 17 de
julio de 2006 en periodos discontinuos, mediante nombramientos y órdenes de
prestación de servicios. Es decir, incluso hay vinculaciones que no tienen
naturaleza contractual, pese a que estas también son válidas para computar los
tiempos de servicios.
45. Por consiguiente, su régimen pensional está regulado por la Ley 91 de
1989, la cual habilita la remisión a la Ley 71 de 1988.
46. Definido que el régimen aplicable a la actora es el previsto en la Ley 71 de
1988, conforme a lo establecido en la Ley 91 de 1989, corresponde a la Sala
verificar el cumplimiento de los requisitos que esta norma exige para acceder a
la pensión de jubilación por aportes.
29
Al respecto, ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de noviembre de 2020, expediente 66001-23-
33-000-2016-00082-01 (4676-2017); sentencia del 24 de febrero de 2022, expediente 63001-23-
33-000-2018-00183-01 (4650-2019); y sentencia del 20 de junio de 2024, expediente 17001-23-
33-000-2019-00174-01 (0506-2022).
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de
Unificación CE-SUJ2- n.° 5 del 25 de agosto de 2016, expediente 23001-23-33-000-2013-00260-
01 (0088-2015). En dicha providencia se indicó que «[…] la actividad docente no se desarrolla en
virtud de la coordinación imperante en los contratos de prestación de servicios, comoquiera que
se cumple conforme a las instrucciones, directrices y orientaciones de sus superiores en el centro
escolar, la secretaría de educación territorial y el Ministerio de Educación Nacional, es decir, no
bajo su propia dirección y gobierno, de lo cual se infiere que la subordinación y la dependencia
se encuentran inmersas en dicha labor, esto es, connaturales al ejercicio docente sujeto a los
reglamentos propios del magisterio».
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47. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, la aludida prestación
se reconoce a quienes acrediten 20 años de servicios, continuos o discontinuos,
y hayan cumplido 60 años de edad, en el caso de los hombres, o 55 años, en el
de las mujeres.
48. En este asunto, se encuentra demostrado que la señora Rocío Pachón
Fajardo cumple con ambos requisitos, pues: (i) según copia del registro civil de
nacimiento, nació el 26 de abril de 1962, por lo que alcanzó la edad de 55 años
el 26 de abril de 2017; y (ii) las certificaciones laborales aportadas acreditan que
para esa fecha acumulaba más de 20 años de servicio en los sectores público
y privado.
49. Es importante señalar que el Tribunal ordenó el reconocimiento de la
mesada pensional con base en los factores establecidos en las Leyes 33 de
1985 y 62 de 1986; sin embargo, no dispuso el cobro de las cuotas partes
pensionales contra Colpensiones, conforme a lo establecido en el artículo 11
del Decreto 2709 de 1994.
50. Por lo expuesto, esta Sala adicionará la sentencia de primera instancia31.
Condena en costas
51. El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, establece que la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, la condena al
respecto se impondrá «cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal».
52. Al revisar el caso concreto se considera que los razonamientos expuestos
por la parte demandada no carecen de fundamento legal, sino que comportan
argumentaciones válidas y coherentes dirigidas a defender sus intereses, lo que
lleva a no imponer condena en costas de segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. ADICIONAR la sentencia dictada el 28 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Quindío, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda. En el sentido de ORDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio que adelante las actuaciones administrativas necesarias
para realizar el cobro de las cuotas partes que correspondan por todos los
aportes pensionales que Colpensiones ha recibido a nombre de la señora Rocío
Pachón Fajardo, gestión que no comprometerá el pago de la mesada pensional.
31
No hay lugar a pronunciarse respecto de los factores a tener en cuenta, toda vez que no fue
un asunto objeto de apelación.
10
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SEGUNDO. Sin condena en costas de segunda instancia.
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes
y devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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