Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-001-2020-00148-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-33-33-001-2020-00148-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 63001-33-33-001-2020-00148-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 63001 33 33 001 2020 00148 01 (4519-2022)
Demandante: Nelly Amparo Bedoya Hoyos
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales
de la Protección Social (UGPP1)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. El traslado no cambia la
naturaleza de la relación legal y reglamentaria. Hora cátedra.
Prescripción trienal. Costas.
Decisión: Revoca la decisión de primera instancia porque la demandante
acreditó 20 años de servicios como docente territorial y nacionalizada
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de
la sentencia de primera instancia proferida el 12 de mayo de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Quindío.
I. ANTECEDENTES
Demanda2
1. La actora ejercitó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
pretendiendo la nulidad de las Resoluciones RDP 036416 del 2 de diciembre de 2019 y
RDP 003225 del 5 de febrero de 2020 por medio de las cuales la entidad demandada le
negó el reconocimiento de una pensión gracia y resolvió el recurso de apelación,
respectivamente.
2. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad
demandada reconocer la prestación desde el 3 de septiembre de 2007 equivalente al
75% del salario promedio de todos los factores salariales devengados durante el último
año de servicio y con efectos fiscales a partir del 13 de septiembre de 2016, en aplicación
del fenómeno de la prescripción dado que la solicitud fue radicada ante la entidad el 13
de septiembre de 2019.
3. Asimismo, requirió su inclusión en la nómina de pensionados y el pago de las
1 En adelante UGPP.
2
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 002DemandaNellyAmparoBedoya.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 63001 33 33 000 2020 00148 01 (4519-2022)
Demandante: Nelly Amparo Bedoya Hoyos
mesadas atrasadas desde la consolidación del derecho. Adicionalmente, reclamó los
reajustes conforme a las Leyes 71 de 1988 y 100 de 1993 desde la adquisición del estatus
pensional, así como el reconocimiento de intereses moratorios y la condena en costas a
la entidad demandada.
4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, expuso que inició labores en los
servicios educativos estatales el 23 de agosto de 1978 como profesora en el
departamento del Quindío, desempeñándose en el Centro Comercial de Educación
Media (RR Adoratrices) de Armenia, en reemplazo de Nora Arboleda Cadavid, quien
renunció, y durante la licencia concedida a Luz Dary Alvis Ángel, titular del cargo, con
derecho a dictar 7 horas semanales de cátedra; con efectos fiscales a partir del 2 de
agosto de 1978 y por un término de 56 días. Indicó que, al convertir este tiempo a jornada
completa, los 56 días laborados equivalen a 20 días.
5. Posteriormente, prestó sus servicios como docente al departamento del Quindío
en calidad de catedrática externa, de la siguiente manera:
• Entre el 8 de febrero y el 30 de noviembre de 1982, en el Bachillerato Nocturno
Alfredo Guzmán de Armenia y en otros colegios de enseñanza media, con 14
horas semanales, previo nombramiento mediante el Decreto 0106 del 28 de
febrero de 1982.
• Desde el 27 de febrero de 1984 y por tres meses, fue nombrada provisionalmente
en los niveles de básica secundaria y media vocacional, con 24 horas semanales
en el Colegio Santa Teresita de Pijao, mediante el Decreto 063 del 22 de febrero
de 1984.
• Del 1° de junio de 1984 al 30 de noviembre de 1984, fue nombrada en el Colegio
Santa Teresita de Pijao, en básica secundaria y media vocacional, con 24 horas
semanales, a través del Decreto 346 del 31 de julio de 1984.
• Entre el 20 de febrero y el 30 de noviembre de 1985, fue nombrada en el Instituto
de Rehabilitación para la Audición y Lenguaje de Armenia, en básica secundaria
y media vocacional, con 12 horas semanales, mediante el Decreto 083 del 15 de
febrero de 1985.
• Del 18 de marzo al 30 de noviembre de 1986, en el Instituto de Rehabilitación y
Lenguaje de Armenia, en básica secundaria y media vocacional, con 12 horas
semanales, a través del Decreto 136 del 12 de marzo de 1986.
• Desde el 9 de marzo hasta el 30 de noviembre de 1987, en el Instituto Quindiano
de Educación Especial de Armenia, con 14 horas semanales, en virtud del Decreto
129 del 3 de marzo de 1987.
• Entre el 28 de abril y el 30 de noviembre de 1988, en el Colegio Adoratrices de
Armenia, con 14 horas semanales, conforme al Decreto 277 del 25 de abril de
1988.
6. Luego, se desempeñó como docente al servicio del municipio de Armenia, en
virtud del Decreto 366 del 21 de agosto de 1991, por el periodo comprendido entre el 29
de agosto de 1991 y el 30 de abril de 2016, acumulando 24 años, 8 meses y 2 días de
servicio.
7. La demandante manifestó haber nacido el 30 de marzo de 1957, haber adquirido
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Demandante: Nelly Amparo Bedoya Hoyos
el estatus pensional el 3 de septiembre de 2007 y retirarse del servicio el 30 de abril de
2016, acreditando más de 28 años de servicio a la educación oficial como docente
territorial.
8. En virtud de lo anterior, indicó que el 13 de septiembre de 2017 presentó solicitud
para el reconocimiento de la pensión gracia, la cual fue negada mediante los actos
administrativos demandados bajo el argumento de que no cumplía con los requisitos
legales para acceder a dicha prestación pues sus vinculaciones se realizaron como
docente del orden nacional.
Contestación de la demanda3
9. La entidad demandada manifestó su oposición a la prosperidad de las
pretensiones argumentando que la parte actora no cumple con los requisitos legales
exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia, dado que su vinculación a partir de
1991 tuvo carácter nacional. Además, indicó que la vinculación previa al 30 de diciembre
de 1980 realizada durante 20 días en el Colegio Adoratrices, no permite establecer la
naturaleza de dicha vinculación, al igual que los períodos intermitentes comprendidos
entre 1982 y 1988.
10. Señaló que, con la expedición de la Ley 29 de 1989, las entidades territoriales
asumieron la administración del personal docente y administrativo de los
establecimientos educativos nacionales y nacionalizados. En el caso concreto, no se
acreditó que la vinculación a partir de 1991 correspondiera a una plaza de las previstas
como territoriales.
11. Propuso las excepciones de fondo que denominó: «inexistencia del derecho
reclamado», «cobro de lo debido», «no acreditar la totalidad de los requisitos exigidos
para acceder a la pensión gracia», «legalidad de los actos administrativos acusados»,
«buena fe» y «prescripción».
Sentencia apelada4
10. El Tribunal Administrativo del Quindío dictó sentencia el 12 de mayo de 2022, a
través de la cual negó las pretensiones de la demanda, fundamentándose en que el
vínculo docente de la demandante en su mayor parte fue de carácter nacional. Asimismo,
decidió no imponer condena en costas.
11. El a quo identificó una contradicción en las pruebas respecto a la naturaleza del
último cargo ocupado por la demandante. Por tal motivo, solicitó información a la
Secretaría de Educación Municipal, la cual confirmó que la demandante únicamente
trabajó en la Institución Educativa del Ecuador Rufino J. Cuervo y en la Institución
Educativa CASD Hermógenes Maza, siendo esta última la sede donde ejerció sus
funciones desde su traslado en 2005.
3
Ibidem, archivo 019ContestacionDda/Contestacion.
4 Ibidem, archivo 055Sentencia1Inst.
3
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12. Con base en lo anterior, el tribunal determinó que el servicio prestado en el CASD
se extendió por más de 10 años, lo que afectó negativamente el tiempo de servicios
requerido para acceder a la pensión gracia dado que dicha institución está certificada
como nacional desde su creación, conforme a lo establecido en el Decreto 327 de 1979.
13. Finalmente, concluyó que los CASD y su personal están adscritos al Ministerio de
Educación Nacional, por lo que el tiempo laborado por la demandante entre el 31 de
enero de 2005 y el 30 de abril de 2016 fue de naturaleza nacional y esta condición no
mutó a raíz del proceso de descentralización del servicio educativo.
Recurso de apelación5
14. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia
manifestando su desacuerdo con la conclusión relativa a la naturaleza nacional de la
vinculación durante el periodo laborado en el CASD. Señaló que no se tuvo en cuenta el
proceso de descentralización de la educación, iniciado con la promulgación de la Ley 29
de 1989.
15. Expuso que fue nombrada como docente al servicio del municipio de Armenia
mediante el Decreto 366 del 21 de agosto de 1991 en calidad de docente nacionalizada,
desempeñándose entre el 29 de agosto de 1991 y el 30 de abril de 2016 en la Escuela
Nacionalizada República de Ecuador. Subrayó en que fue trasladada a la Institución
Educativa CASD Hermógenes Maza por medio de la Resolución 074 del 31 de enero de
2005 —ante la necesidad de docentes en algunas instituciones educativas— ejerciendo
dicho cargo desde el 31 de enero de 2005 hasta el 30 de abril de 2016, fecha en la que
se produjo su retiro.
16. Indicó que el a quo incurrió en error al considerar que el tiempo laborado en el
CASD tenía connotación nacional, pues, aunque la institución tuvo ese carácter en
determinado momento, a raíz del proceso de descentralización su administración y
naturaleza pasaron a ser competencia del municipio de Armenia, conforme a la
Ordenanza 029 del 7 de diciembre de 1995 y las Resoluciones 0312 del 12 de julio de
2002 y 0330 del 16 de julio de 2004, lo que permite catalogar la plaza como de carácter
territorial.
17. Sostuvo que las funciones desempeñadas por la actora en el CASD no derivaron
de una nueva vinculación en la que interviniera el Ministerio de Educación Nacional, sino
de un traslado sin solución de continuidad, realizado mediante la Resolución 074 del 31
de enero de 2005 expedida por la alcaldesa de Armenia, en atención a las necesidades
del servicio educativo. Por ello, la vinculación mantuvo el carácter territorial que ostentaba
desde 1991, conservando la condición de docente nacionalizada.
18. En consecuencia, argumentó que logró acreditar los requisitos exigidos para
acceder a la pensión gracia, tales como haber prestado servicios como docente territorial
por más de 20 años, estar vinculada antes del 31 de diciembre de 1980, contar con al
menos 50 años de edad y mantener buena conducta.
5
Índice 46 del Tribunal Administrativo del Quindío, archivo
6_630013333001202000148004RECIBEMEMORIAL20220531105327.
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Demandante: Nelly Amparo Bedoya Hoyos
II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
19. Mediante auto del 7 de diciembre de 20226 se admitió el recurso de apelación.
Luego, a través de auto del 3 de agosto de 20237 se negó la solicitud de incorporación
de pruebas documentales presentada por la parte demandante en segunda instancia, al
concluir que dicha petición no se ajustaba a ninguna de las causales previstas en el
artículo 212 del CPACA.
20. En esta etapa procesal, la parte actora, la entidad demandada y el Ministerio
Público optaron por no emitir pronunciamiento alguno.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
21. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.
Problema jurídico
22. Conforme a los reparos concretos contenidos en el recurso de apelación, la Sala
analizará si el período trabajado por la actora en el CASD Hermógenes Maza, ubicado
en el municipio de Armenia, desde el 31 de enero de 2005 hasta el 30 de abril de 2016,
corresponde a una vinculación docente de carácter nacional; o si, por el contrario, dicho
tiempo resulta válido para ser computado en el reconocimiento de la pensión gracia
considerando que fue de nivel territorial o nacionalizado.
23. Lo anterior tiene como finalidad verificar si la actora acreditó el requisito previsto
en el artículo 1° de la Ley 114 de 1913, referente al cumplimiento de 20 años de servicios
como docente oficial de carácter territorial y/o nacionalizado.
24. En caso de que se cumpla lo anterior, la Sala procederá a constatar si se han
acreditado los demás requisitos exigidos por las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933 y 91 de 1989, tales como: i) haber sido vinculada como docente nacionalizada y/o
territorial (municipal o departamental) antes del 31 de diciembre de 1980; ii) tener más de
50 años de edad; iii) ejercer la docencia con honradez, dedicación y buena conducta; iv)
no haber recibido ni estar recibiendo otra pensión o recompensa de carácter nacional.
Análisis del problema jurídico
25. Del análisis del expediente se desprende que el alcalde municipal de Armenia, en
uso de las facultades otorgadas por el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 y conforme a lo
dispuesto en los Decretos 2277 de 1979 y 1706 de 1989, expidió el Decreto 366 del 21
6
Índice 6 de Samai, archivo 8_630013333001202000148011AUTOQUEADMITE20221213173830.
7 Índice 12 de Samai, 12_12_630013333001202000148011AUTOQUENIEGA20230911232945.
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Demandante: Nelly Amparo Bedoya Hoyos
de agosto de 19918. Mediante este acto administrativo, se nombró en propiedad a la
demandante para ocupar el cargo de docente de básica primaria en la Escuela
Nacionalizada República de Ecuador, en reemplazo de Libia Marín de Franco. De
acuerdo con el acta de posesión, la demandante asumió el cargo el 29 de agosto de
19919.
26. En la parte considerativa del acto administrativo, se dejó constancia de que el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo
Regional (FER) certificó la existencia de disponibilidad presupuestal, la vacancia del
cargo y la aplicación del artículo 16 del Decreto 1706 de 1939; además, se ordenó remitir
copia del acto de nombramiento al referido delegado permanente del Ministerio de
Educación Nacional ante el FER.
27. Seguidamente, por medio de la Resolución 0074 del 31 de enero de 2005 10, la
alcaldesa de Armenia, ante la necesidad de contar con docentes para garantizar la
prestación del servicio educativo, dispuso el traslado de la demandante desde la
Institución Educativa Rufino J Cuervo Centro hacia el CASD Hermógenes Maza.
28. Se avizora el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
emitido por la Secretaría de Educación Municipal de Armenia el 19 de septiembre de
2018, en el que se consigna la vinculación de la demandante con el mencionado ente
territorial desde el 29 de agosto de 1991, conforme al nombramiento realizado mediante
el Decreto 366 del 21 de agosto de 1991. Asimismo, se registra el traslado ordenado por
la Resolución 0074 del 31 de enero de 2005, una licencia no remunerada de tres meses
y un día (del 1 de febrero de 2016 al 1 de mayo de 2016) y el retiro del servicio el 30 de
abril de 2016. El certificado acredita un total de 24 años, 5 meses y 1 día de servicios,
incluyendo las ausencias mencionadas. Se detalla que el régimen de pensiones es de
carácter nacional.
29. El 17 de noviembre de 2021, la Secretaría de Educación Municipal de Armenia11,
en atención al requerimiento formulado durante la primera instancia, presentó un informe
detallado sobre las distintas situaciones administrativas experimentadas por la
demandante desde su nombramiento, efectuado mediante el Decreto 0366 del 21 de
agosto de 1991. En dicho informe, se destacó el traslado de la docente desde la
Institución Educativa Rufino J. Cuervo hacia la Institución Educativa CASD Hermógenes
Maza, donde permaneció en ejercicio hasta su retiro. Además, se precisó que el régimen
de pensiones aplicable es de carácter nacional.
30. Adicionalmente, la Secretaría señaló que, conforme a los registros, es posible
establecer que la docente prestó sus servicios en las siguientes instituciones educativas
del municipio: República del Ecuador, donde fue inicialmente nombrada; la Institución
Educativa Rufino J. Cuervo; y el CASD Hermógenes Maza.
8 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 002DemandaNellyAmparoBedoya, folios 73 a 74.
9
Ibidem, folio 75.
10
Ibidem, folios 76 a 77.
11 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 033RespuestaActa11-11-2021/RespuestaSecretariaEdu.
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31. Valoradas estas pruebas en conjunto, para la Sala es claro que el nombramiento
público efectuado por el alcalde de Armenia mediante del Decreto 366 del 21 de agosto
de 1991 encuadra en la definición que el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 tiene para el
personal nacionalizado, puesto que fue realizado por la entidad territorial atendiendo la
autorización presupuestal previa del delegado del Ministerio de Educación Nacional que
consagran los artículos 6 y 10 Ley 43 de 1975.
32. En efecto, la participación de dicho delegado no implicó que se trate de un docente
nacional, sino que atiende a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, que
estableció que «[e]n adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito
Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de
maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar
la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en
ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».
33. En relación con este tema, la Sala Plena de esta Sección, en sentencia de
unificación jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201812, determinó que la
condición de docente nacional no se adquiere simplemente por la participación de un
delegado del Ministerio de Educación en el acto administrativo de nombramiento, ni por
el hecho de que los salarios sean financiados con recursos del situado fiscal. De igual
forma, no se considera relevante que las autoridades territoriales actúen como
presidentes de las Juntas Administradoras de los Fondos Educativos Regionales. Lo que
realmente importa es la plaza que se va a ocupar13. El criterio interpretativo se unificó en
estos términos:
«v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto
con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados
para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.»
34. En este contexto, se evidencia el carácter nacionalizado de la vinculación de la
actora a partir del 29 de agosto de 1991, dado que su designación fue efectuada por el
alcalde del municipio de Armenia, quien actuó en ejercicio de sus atribuciones legales
como máxima autoridad administrativa del ente territorial, contando además con la
autorización presupuestal otorgada por el delegado del Ministerio de Educación (artículos
6 y 10 de la Ley 43 de 1975).
35. Por otra parte, del Decreto 366 del 21 de agosto de 1991 se desprende que el
fundamento normativo para el nombramiento de la demandante fue la Ley 29 de 1989.
Dicha ley confirió a los representantes legales de las entidades territoriales la facultad de
nombrar, trasladar, remover, supervisar y, en general, administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
13
Reiterado en las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23 de marzo
de 2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023, radicado 54001 23 33 000
2017 00661 01 (0605– 2019).
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Radicación: 63001 33 33 000 2020 00148 01 (4519-2022)
Demandante: Nelly Amparo Bedoya Hoyos
36. Así pues, la Ley 29 de 198914 delegó la competencia a los alcaldes para nombrar
docentes nacionales o nacionalizados. En otras palabras, el ejercicio de esta facultad
lleva a concluir que el nombramiento realizado mediante el Decreto 366 del 21 de agosto
de 1991 solo pudo ser nacional o nacionalizado. De tal suerte que, según lo estipulado
en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989, el personal nacional se refiere a los docentes
designados por nombramiento del Gobierno Nacional, situación que no se ajusta a dicho
nombramiento; por lo tanto, al descartarse el carácter nacional, se confirma que tal
designación ostentó naturaleza nacionalizada.
37. Ahora, la Sala advierte que ambas certificaciones señalan que la demandante está
adscrita a un régimen de pensiones de carácter nacional. No obstante, este aspecto no
resulta determinante para establecer la naturaleza jurídica del vínculo docente, conforme
a las definiciones previstas en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia de
esta Corporación respecto al personal nacional. La información consignada tiene como
propósito indicar el régimen de seguridad social aplicable a la profesora en materia de
pensión de vejez o jubilación, cuestión que dista de los requisitos especiales para acceder
a la pensión gracia que son de interés para la Sala15.
38. En relación con la apelación, la parte demandante sostuvo que el tribunal de
primera instancia cometió un error al considerar que el tiempo servido en el Centro
Auxiliar de Servicios Docentes – CASD Hermógenes Maza debía calificarse como tiempo
nacional. Según la demandante, tras el proceso de descentralización, dicho tiempo
adquirió la naturaleza de tiempo territorial dado que el municipio de Armenia asumió la
administración de los servicios educativos oficiales. Esta circunstancia, a su juicio, le
confiere el derecho al reconocimiento de la pensión gracia.
39. A propósito, esta Sala16 ha reconocido que la descentralización de la educación
involucró el traslado del personal docente a las entidades territoriales certificadas en
educación, primero a los entes departamentales (como lo determinó la Ley 60 de 1993)
y después a los municipales (en virtud de lo dispuesto en la Ley 715 de 200117).
40. En ese sentido, resulta consistente sostener que luego de la expedición de las
Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 la administración tanto del personal docente como del
servicio educativo quedó radicada en cabeza de los entes territoriales certificados en
educación; con todo, lo cierto es que tales condiciones no generaron un cambio en la
naturaleza de la vinculación inicial de los educadores que habían sido nombrados con
anterioridad a dicho proceso, particularmente para aquellos que continuaron su relación
legal y reglamentaria sin interrupción, como sucede en el caso de la demandante.
14
Por la cual se modificó el artículo 54 de la Ley 24 de 1988.
15 Esta Subsección ha sostenido dicho criterio en la siguientes providencias: i) sentencia del 4 de septiembre de 2025,
rad. 66001 23 33 000 2020 00004 01 (1470-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; ii) sentencia del 21 de agosto de
2021, rad. 13001 23 33 000 2017 00756 01 (6606-2019), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicado: 73001-23-
33-000-2019- 00120-01 (1887-2022), consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández.
17
Sección Segunda, sentencias del 22 de julio de 2014, radicado 66001233300020120012701, del 21 de junio de
2016; radicado 2014-00136; del 10 de mayo de 2018, radicado. 73001233300020140018501; Sala de Consulta y del
Servicio Civil, Concepto del 14 de diciembre de 2016, radicado 110010306000020160010900.
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Radicación: 63001 33 33 000 2020 00148 01 (4519-2022)
Demandante: Nelly Amparo Bedoya Hoyos
41. En esa misma línea, en el plenario se encuentra demostrado que, mediante la
Resolución 0074 del 31 de enero de 2005, la alcaldesa municipal de Armenia 18 trasladó
a la demandante de la Institución Educativa Rufino J Cuervo Centro al CASD
Hermógenes Maza, en respuesta a la necesidad de reubicar docentes, directivos
docentes y/o administrativos en los planteles oficiales de dicha localidad.
42. En este sentido, para la Sala, el traslado ordenado mediante el mencionado acto,
si bien se realizó al Centro Auxiliar de Servicios Docentes – CASD19 Hermógenes Maza,
dicha situación administrativa no alteró el tipo de vinculación nacionalizada que ostentaba
ininterrumpidamente la demandante desde el 29 de agosto de 1991, previo
nombramiento efectuado mediante el Decreto 366 del 21 de agosto de 1991, por lo que
el traslado se llevó a cabo bajo la misma calidad, sin que se haya contemplado el cambio
de naturaleza de la plaza docente.
43. Conviene precisar que la Secretaría de Educación Municipal de Armenia, tanto en
el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido el 19 de
septiembre de 201820 como en la respuesta dirigida al tribunal el 17 de noviembre de
202121 durante el desarrollo de la primera instancia, reconoció que la actora prestó sus
servicios de manera ininterrumpida por más de 24 años en las instituciones educativas
oficiales República del Ecuador, Rufino J. Cuervo y CASD Hermógenes Maza. Dicho
reconocimiento certifica su labor docente desde el 29 de agosto de 1991 hasta la fecha
de su retiro, el 30 de abril de 2006.
44. En virtud de lo expuesto, el periodo comprendido entre el 29 de agosto de 1991
y el 30 de abril de 2016, equivalente a 24 años, 5 meses y 1 día 22, será contabilizado
como tiempo de servicio en calidad de docente nacionalizada y permite acreditar al
menos 20 años de servicios como docente territorial y/o nacionalizada.
45. Respecto a la vinculación territorial y/o nacionalizada anterior a 1980, en el
expediente consta que la gobernadora del Quindío, mediante el Decreto 0407 del 3 de
agosto de 197823, nombró a la actora como docente interina de enseñanza secundaria
en el Centro Comercial de Educación Media RR. Adoratrices de Armenia. Este
nombramiento se realizó en reemplazo de Nora Arboleda Cadavid, quien presentó su
renuncia, y mientras se mantuviera la licencia otorgada a Luz Dary Alvis Ángel. La actora
obtuvo el derecho a impartir 7 horas semanales de cátedra, a partir del 2 de agosto de
1978 y por un periodo de 56 días. Tomó posesión del empleo el 23 de agosto de 1978 y
se extendió hasta el 19 de octubre de 197824.
18 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 002DemandaNellyAmparoBedoya, folios 76 a 77.
19 El Presidente de la República expidió el Decreto 327 del 19 de febrero de 1979 a través del cual se estableció en el
país como unidades administrativas especiales dependientes del Ministerio de Educación Nacional a los Centros
Auxiliares de Servicios Docentes – CASD con el propósito de ofrecer servicios educativos en el ciclo de educación
media vocacional a los planteles que adopten el currículo de Educación Media Diversificada, los cuales funcionaran en
las ciudades de Florencia, Sabanalarga, Villavicencio, Medellín, Cúcuta, Manizales, Barrancabermeja y Armenia.
20
Ver párrafo 28 de esta sentencia.
21 Ver párrafos 29 y 30 de esta sentencia.
22
En este cómputo se descontó la licencia concedida a la actora mediante la Resolución 0251 del 18 de enero de
2016, entre el 1 de febrero al 1 de mayo de 2016, de acuerdo con el Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral.
23
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 002DemandaNellyAmparoBedoya, folios 53 a 55.
24
Este extremo temporal se define sumando los 56 días siguientes a la fecha de posesión ocurrida el 23
de agosto de 1978.
9
Radicación: 63001 33 33 000 2020 00148 01 (4519-2022)
Demandante: Nelly Amparo Bedoya Hoyos
46. Del acto administrativo mencionado se desprende que la demandante inició la
prestación de servicios docentes en la institución educativa denominada Centro
Comercial de Educación Media Adoratrices el 23 de agosto de 1978, bajo un vínculo de
carácter territorial (departamental). Esta vinculación se realizó mediante designación
por parte del gobernador, quien actuó en ejercicio de sus facultades como máxima
autoridad administrativa dentro de la planta de personal del ente territorial, sin
intervención, aprobación ni delegación del Ministerio de Educación Nacional.
47. Cabe destacar que el nombramiento se ajustó a lo dispuesto en el artículo 1° de la
Ley 91 de 1989, relativo al personal territorial, específicamente a los docentes vinculados
por nombramiento de entidad territorial a partir del 1 de enero de 1976, sin que se hubiera
cumplido el requisito previsto en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
48. De esta manera, la Sala considera demostrado que la demandante mantuvo una
vinculación como docente territorial desde el 23 de agosto de 1978 hasta el 19 de
octubre de 1978. Por lo tanto, se cumple con el requisito de haber ejercido en dicha
calidad antes del 31 de diciembre de 1980. Este periodo, correspondiente a 56 días
(pero que se convertirán más adelante a horas cátedra), es acumulable dentro del conteo
de los 20 años de servicio en aras de determinar la fecha de adquisición del estatus
pensional
49. A continuación, se observa en el expediente que la Secretaría de Educación
Departamental del Quindío certificó25 que la demandante prestó sus servicios como
catedrática externa, así:
a). Por el Decreto 0106 del 28 de febrero de 1982, entre el 8 de febrero al 30 de
noviembre de 1982, con 14 horas semanales en el Bachillerato Nocturno Alfredo
Guzmán de Armenia.
b). Mediante el Decreto 138 del 16 de marzo de 1983 en los centros docente de
básica secundaria y media vocacional, con 24 horas semanales en el Colegio Santa
Teresita de Pijao, entre el 5 de abril al 30 de noviembre de 1983.
c). Por el Decreto 063 del 22 de febrero de 1984 fue nombrada provisionalmente
por un período de 3 meses en los niveles de básica secundaria y media vocacional,
con 24 horas semanales en el Colegio Santa Teresita de Pijao, a partir del 27 de
febrero de 1984.
d). A través del Decreto 346 del 31 de julio de 1984 fue nombrada en el Colegio
Santa Teresita de Pijao en el nivel básica secundaria y media vocacional con 24
horas semanales, entre el 1 de junio al 30 de noviembre de 198426.
e). Por medio del Decreto 083 del 15 de febrero de 1985 27, fue designada en el
Instituto de Rehabilitación para la Audición y Lenguaje de Armenia en los niveles
básica secundaria y media vocacional, con 12 horas semanales, entre el 20 de
febrero al 30 de noviembre de 1985.
25
Ibidem, folio 59
26
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 019ContestacionDda/ 41886166 UNIFICADO, folios 42 a 43.
27 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 002DemandaNellyAmparoBedoya, folios 62 a 65.
10
Radicación: 63001 33 33 000 2020 00148 01 (4519-2022)
Demandante: Nelly Amparo Bedoya Hoyos
f). A través del Decreto 136 del 12 de marzo de 198628 fue nombrada en el Instituto
de Rehabilitación y Lenguaje de Armenia en los niveles de básica secundaria y
media vocacional con 12 horas semanales, entre el 18 de marzo al 30 de noviembre
de 1986.
g). En virtud del Decreto 129 del 3 de marzo de 198729 fue designada en el Instituto
Quindiano de Educación Especial de Armenia, con 14 horas semanales, entre el 9
de marzo al 30 de noviembre de 1987.
h). Mediante el Decreto 277 del 25 de abril de 1988 30 en el Colegio Adoratrices de
Armenia, con 14 horas semanales, entre el 28 de abril al 30 de noviembre de 1988.
50. De las referidas pruebas documentales se deduce que la demandante estuvo
vinculada como docente de carácter nacionalizado en distintos intervalos comprendidos
entre los años 1982 a 1988. Esto se concluye porque los nombramientos fueron
realizados por el gobernador del departamento en su calidad de presidente del Fondo
Educativo Regional del Quindío y se contó con la aprobación y suscripción del delegado
del Ministerio de Educación Nacional, lo cual se dio cumplimiento al requisito previsto en
los artículos 6 y 10 de la Ley 43 de 1975.
51. En este punto, es necesario totalizar el tiempo desempeñado bajo la modalidad de
hora cátedra, por corresponder a jornadas laborales incompletas. Esta Corporación ha
decantado que se debe aplicar la fórmula establecida en el artículo 1° de la Ley 33 de
198531, que consiste en sumar las horas de trabajo real y dividir el total entre cuatro (4)
para determinar los días efectivamente trabajados. Además, se deben añadir los días de
descanso remunerado correspondientes (sábados y domingos) y las vacaciones (7
semanas anuales), en proporción al periodo en que se prestó el servicio bajo dicha
modalidad.
52. Aunado a ello, para la liquidación del tiempo efectivamente laborado, es
fundamental tener en cuenta los siguientes criterios: i) de acuerdo con el artículo 33 de
la Ley 100 de 1993, «se entiende por semana cotizada el período de siete (7) días
calendario»; b) en el ámbito laboral, el salario se calcula sobre la base de un mes,
equivalente a 30 días, lo que, al multiplicarse por los 12 meses del año, resulta en un total
de 360 días anuales32; iii) asimismo, es importante entender que un año laboral está
compuesto por 51,42 semanas, lo cual se obtiene al dividir los 360 días entre los 7 días
calendario que conforman una semana33.
53. En consecuencia, en el presente caso se tendrá que la demandante laboró como
docente hora cátedra por un lapso de 1 año, 11 meses y 12 días, tal como se detalla en
la siguiente gráfica:
28 Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 002DemandaNellyAmparoBedoya, folios 66 a 67.
29
Ibidem, folios 68 a 70.
30 Ibidem, folios 71 a 72.
31
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de enero de 2023, radicado 08001 23 33
000 2016 00149 01 (4526-2021).
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 1999, radicado 12503.
33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de octubre de 2016, radicado 05001 23 33
000 2014 01754 01 (5073-15).
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Radicación: 63001 33 33 000 2020 00148 01 (4519-2022)
Demandante: Nelly Amparo Bedoya Hoyos
Horas al Días
Días laborados
mes laborado Semanas
Horas Horas laboradas Días de + días de
Meses (horas s (horas laboradas
Desde Hasta Días cátedra (de meses * vacaciones descanso
(días / 30) cátedra cátedra para 35
semana horas al mes) remunerado y
• 4,29 laborada vacaciones34
vacaciones
semana) s) /4)
30,03 55,855 13,963 15,86
02/08/1978 27/09/1978 56 7 1,86 0,271 1,897
60,06 586,185 146,546 2,849 19,943 166,489
08/02/1982 30/11/1982 293 14 9,76
20/02/1985 30/11/1985 281 12 9,36 51,48 481,852 120,463 2,342 16,394 136,857
18/03/1986 30/11/1986 253 12 8,43 51,48 433,976 108,494 2,109 14,763 123,257
09/03/1987 30/11/1987 262 14 8,73 60,06 524,323 131,080 2,548 17,836 148,916
28/04/1988 30/11/1988 213 14 7,1 60,06 426,426 106,606 2,072 14,504 121,11
Total, días laborados: 712,489 (Aproximados a 712)
Total: 1 años, 11 meses y 12 días36
54. Advierte la Sala que, con relación a los períodos correspondientes entre el 5 de
abril de 1983 al 30 de noviembre de 1983 (7 meses y 26 días), 27 de febrero de 1984 al
27 de mayo de 1984 (3 meses y 1 días) y 1° de junio de 1984 al 30 de noviembre de 1984
(6 meses), laborados como catedrática externa durante 24 horas semanales, se
entenderán como prestados en la modalidad de tiempo completo, en aplicación a la
sentencia de unificación del 22 de enero de 201537, que a su vez cita la sentencia del 8
de agosto de 200338.
55. Con base en lo expuesto, se encuentra probado que la actora laboró en la
modalidad de hora cátedra tiempo completo durante 1 año, 4 meses y 27 días, que
contabilizados con los ejercidos como docente de hora cátedra incompleta (1 año, 11
meses y 12 días), equivalen a 3 años, 4 meses y 9 días, que resultan aptos para el
cómputo de la pensión gracia.
56. Así las cosas, para la Sala, la demandante cumplió con todos los requisitos
necesarios para acceder a la pensión gracia de jubilación. No solo ha demostrado la
vinculación territorial antes de 1980 y los 20 años como docente nacionalizada, sino que
también ha probado haber cumplido 50 años de vida el 30 de marzo de 200739. Asimismo,
no se han encontrado reproches que cuestionen su desempeño en el ámbito educativo,
lo que permite concluir que también se ha satisfecho la exigencia de honradez, dedicación
y buena conducta. Por último, no se evidencia que reciba una doble compensación o
erogación nacional que sea incompatible con esta prestación.
Análisis del estatus pensional y la prescripción
57. Esta Corporación40 ha señalado que la configuración de la prescripción de
mesadas pensionales requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no
34 Surge de multiplicar el número de días laborados por el 7 y dividirlo en 360.
35
Surge de multiplicar el número de semanas de vacaciones, domingos y festivos, por 49 (correspondiente al número
de días laborales que hay en 7 semanas) y dividirlo en 7.
36
Tomando como base que un año laboral equivale a 360 días y un mes laboral, a 30 días.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación del 22 de
enero de 2015, proferida dentro del expediente 25000 23 42 000 2012 02017 01 (0775-14), con ponencia del consejero
Alfonso Vargas Rincón.
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 8 de agosto de 2003, expediente No. 0396-03, con ponencia
del consejero Jesús María Lemos Bustamante.
39
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 002DemandaNellyAmparoBedoya, folios 50 a 52.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15 de
noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
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Radicación: 63001 33 33 000 2020 00148 01 (4519-2022)
Demandante: Nelly Amparo Bedoya Hoyos
se hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se haya
hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso igual, tal como
lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al presente caso.
58. Así las cosas, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a
restablecer, a partir del cual debe iniciarse el cómputo del término mencionado, es
necesario considerar que esta fecha se concretó el 19 de abril de 2007, cuando la
demandante acreditó su estatus pensional tras cumplir 20 años de servicio como docente
nacionalizada; esta fecha es posterior a la que corresponde a su cumpleaños número 50,
es decir, el 30 de marzo de 2007.
59. De las pruebas presentadas en el expediente se desprende que la actora solicitó
el reconocimiento pensional el 13 de septiembre de 201941, lo que dio origen a la
expedición de los actos administrativos acusados.
60. La actora presentó la demanda el 6 de octubre de 202042, es decir, fuera del plazo
de los 3 primeros años contados desde la fecha de la adquisición del estatus (19 de abril
de 2007), pero dentro del periodo de interrupción causado por la presentación de la
solicitud (del 13 de septiembre de 2019 al 13 de septiembre de 2022); razón por la cual
se debe declarar probada la prescripción de las mesadas causadas a su favor antes del
13 de septiembre de 2016.
61. Sobre la forma de interrupción y análisis de la referida figura, esta Colegiatura 43
ha entendido que una vez se haga exigible el derecho y ante la presentación de la
solicitud de reconocimiento pensional, la parte interesada debe presentar en el término
de los 3 años la demanda judicial, de lo contrario, se somete a la activación del término
prescriptivo y la pérdida del derecho de las prestaciones periódicas causadas.
62. En conclusión, se revocará la sentencia apelada y se declarará la nulidad de los
actos administrativos acusados. Subsiguientemente, se ordenará el reconocimiento y
pago de la pensión gracia en favor de la actora, en cuantía equivalente al 75% del
promedio de los factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación del
estatus pensional, esto es, el 19 de abril de 2007, pero con efectos a partir del 13 de
septiembre de 2016, en aplicación al fenómeno de la prescripción.
63. La liquidación se realizará con fundamento en los artículos 4° de la Ley 4 de 1966,
5° del Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
Corporación relacionadas con el monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia
debe liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional»44.
41
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 002DemandaNellyAmparoBedoya, folios 29 a 31.
42. Ibidem, archivo 003ActaRepartoJuzgado1ª.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 2 de febrero de 2012, radicado:
150012333000201300718 01 (1218-2015); Subsección A, del 17 de marzo de 2021, radicado: 76001-23-33-000-2016-
00438-01 (2939-2019); 2 de marzo de 2023, radicado: 05001233300020140102501 (1239-2016).
44 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i) del 25
de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018, radicado: 25000-
23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33- 000-2014-00462-01 (1644-
19).
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Radicación: 63001 33 33 000 2020 00148 01 (4519-2022)
Demandante: Nelly Amparo Bedoya Hoyos
64. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
65. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte actora por concepto de mesadas pensionales,
por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado
por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el índice vigente a la fecha en
que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por tratarse de prestaciones de tracto
sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por mes.
66. La Sala destaca que no se reconocerán los intereses moratorios solicitados en la
demanda, habida cuenta que esta Corporación ha establecido que, de acuerdo con el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, dichos intereses solo son aplicables «en los casos
en los que el pago de las mesadas pensionales no se discute porque está en firme el
reconocimiento de la prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo que se
presenta es una negativa de la entidad a efectuar el pago»45.
67. Con base en esta premisa, no es viable decretar intereses de mora cuando el
derecho pensional aún no ha sido reconocido, como ocurre en el presente caso, debido
a que, hasta el momento de esta decisión, el derecho se encontraba en discusión 46.
Condena en costas
68. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
69. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de
agosto de 2020, radicado: 76001-23-33-000-2016-01824-01 (2923-2019)
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de
julio de 2020, radicado: 76001-23-33-000-2014-00581-01 (2162-2019).
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Demandante: Nelly Amparo Bedoya Hoyos
70. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
71. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada en ambas
instancias, por cuanto se revoca totalmente la sentencia apelada y se accede a las
peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del
Quindío.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 12 de mayo de 2022 emitida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de la demanda incoada por la
señora Nelly Amparo Bedoya Hoyos contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Parafiscales de la Protección Social.
SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones RDP 036416 del 2 de diciembre
de 2019 y RDP 003225 del 5 de febrero de 2020, expedidas por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social, a través de las
cuales negó el reconocimiento de una pensión gracia a la señora Nelly Amparo Bedoya
Hoyos.
TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento
del derecho, CONDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social a reconocer y pagar una pensión
gracia a favor de la señora Nelly Amparo Bedoya Hoyos, en cuantía del 75 % del
promedio de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición
de su estatus pensional, esto es, del 19 de abril de 2006 y el 18 de abril de 2007, pero
con efectos fiscales a partir del 13 de septiembre de 2016 en aplicación de la
prescripción extintiva de las mesadas anteriores a esa fecha, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los
índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula
matemática indicada en la parte motiva de esta sentencia.
QUINTO. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo
señalado en el artículo 192 del CPACA.
SEXTO. CONDENAR en costas en ambas instancias a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Para
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Demandante: Nelly Amparo Bedoya Hoyos
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Quindío.
SÉPTIMO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
16
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