Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00432-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2019-00432-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2019-00432-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
Demandado: ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas
Tema: Relación laboral encubierta
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Yamile Carvajal Fernández presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio 03044 del 5 de diciembre de 2018, por medio del
cual el gerente de la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas le negó la
existencia de una relación laboral por sus servicios prestados como auxiliar de
enfermería entre el 1° de enero de 2005 y el 29 de diciembre de 2017, y el pago de
las prestaciones sociales y demás derechos laborales que se derivaban de ella.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral por el período
reclamado; ii) el pago de las prestaciones laborales que se reconocen a los
empleados de la entidad que desempeñan similar labor, tales como salario con
recargos, vacaciones, cesantías y sus intereses, «beneficio familiar por año laborado»,
«bono nutricional» y las primas de servicios, navidad, técnica, antigüedad y
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Yamile Carvajal Fernández
vacaciones; iii) el reconocimiento de la «diferencia del salario devengado por un
empleado de planta con las mismas funciones ejecutadas», y de las sanciones
moratorias por la falta de pago oportuno de los salarios y prestaciones, según lo
previsto por el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, y por el no reconocimiento y
pago de las cesantías, de acuerdo con los artículos 2 de la Ley 244 de 1995 y 13
de la Ley 344 de 1996; iv) el reembolso de las sumas pagadas por concepto de
aportes a la seguridad social «que como trabajador le correspondía pagarlo a la empresa
demandada, durante el tiempo de prestación de servicios» (sic); v) el reajuste e
indexación de las diferencias que surjan de la condena; vi) el cumplimiento de la
sentencia que ponga fin al proceso, en los términos del artículo 192 de CPACA; y
vii) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Yamile Carvajal Fernández prestó sus servicios de auxiliar de enfermería en las
áreas de consulta externa, urgencia y hospitalización de la ESE Hospital Santa
Mónica de Dosquebradas, entre el 1° de enero de 2005 y el 29 de diciembre de
2017, sin solución de continuidad, vinculada a través de las empresas de servicios
temporales y cooperativas de trabajo asociado «UNIÓN TEMPORAL SERVICIOS
PROFESIONALES EN SALUD, UT SALUD Y BIENESTAR, FUNDACIÓN SALUD Y BIENESTAR,
COOPERATIVA MULTIFUNCIONAL DE SERVICIOS PROFESIONALES CTA, TEMPORALES DE
OCCIDENTE SAS, CENTRO DE EMPLEOS TEMPORALES DE COLOMBIA SAS, SERVICIOS TEMPORALES
EMPACAMOS SA, RESULTADOS Y BENEFICIOS TEMPORALES [Y] MISIÓN PLUS SAS» (sic).
3.2. Durante su vinculación con la entidad cumplió funciones y responsabilidades que
también eran desarrolladas en igual forma por los empleados de planta del hospital;
sin embargo, «sin justificación alguna» la remuneración era diferente.
3.3. Prestósus servicios bajo la continua subordinación y dependencia de sus
superiores (jefe profesional de enfermería, médico de turno), dentro de un horario
impuesto en las instalaciones de la entidad, en turnos de 12 horas, según el cuadro
de turnos dispuesto por la ESE; y con una remuneración pactada.
3.4. Las labores ejecutadas son permanentes y propias de la esencia de la entidad.
3.5. Nunca le fueron reconocidas las prestaciones sociales y acreencias laborales a
las cuales por ley tiene derecho.
3.6. El 23 de noviembre de 2018 solicitó a la entidad demandada el reconocimiento
de la relación laboral por sus servicios de auxiliar de enfermería y el pago de las
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prestaciones laborales y sociales que se derivaban de ella; sin embargo, estas
peticiones fueron negadas por el gerente de la entidad a través del acto demandado.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 25, 48, 53 y 209 de la Constitución
Política; 17 de la Ley 6 de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946; 8, 9,10, 11 y 41 del Decreto
3135 de 1968; 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 51 del Decreto 1848 de 1969; 23, 32 y 33
del Decreto 1045 de 1978; 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990; 20 de la Ley 100
de 1993; 13 y 14 de la Ley 344 de 1996; 12 de la Ley 780 de 2002; 7 y 204 de la
Ley 797 de 2003; 67 al 70 del Código Sustantivo del Trabajo2; 3, 138 y 159 del
CPACA; los decretos 1160 de 1947, 3118 de 1968, 451 de 1984, 1582 y 1453 de
1998, 1252 de 2000; 372 de 2006; y las leyes 432 de 1998 y 244 de 1995.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:
5.1. Bajo la figura de tercerización laboral la entidad demandada pretendió desdibujar
el vínculo laboral que rigió durante más de 11 años a favor de la ESE en la que le
fueron asignadas funciones propias del cargo de auxiliar de enfermería, pues desde
su ingreso debió cumplir con un horario, seguir instrucciones y órdenes sobre la
forma en que debía cumplir con sus obligaciones y la entidad le proporcionaba los
elementos oficiales para la prestación del servicio.
5.2. La ESE transgredió la dignidad humana la cual se encuentra protegida
constitucional y convencionalmente, en tanto usó la intermediación laboral para
ocultar la verdadera relación laboral que rigió entre las partes, en la que se evidenció
el ánimo de emplear de forma permanente y continua sus servicios para cumplir su
misión.
5.3. La entidad demandada vulneró el artículo 53 de la Constitución Política, pues
pese a que prestó sus servicios de forma permanente, subordinada y dependiente,
no le fueron reconocidos los derechos mínimos que le corresponden en vigencia del
principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas y el de a trabajo
igual salario igual.
5.4. Se vulneró el derecho a la igualdad pues, pese a haberse configurado los
elementos de la relación laboral, la entidad no le brindó iguales condiciones en
contraste con aquellas en las que se encontraban los servidores de planta que
desarrollaron similares funciones.
2 En lo que sigue CST.
3 Samai del tribunal, índice 21, 11_CUADERNO1(.PDF) NroActua 21, folios 2 al 37.
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Demandante: Yamile Carvajal Fernández
5.5. La labor desarrollada como auxiliar de enfermería es completamente afín con la
actividad principal del hospital y solo era posible ejercerla bajo subordinación, en los
espacios y horarios que determinaba la entidad y según los reglamentos de trabajo.
1.2. Contestación de la demanda
6. La ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes argumentos4:
6.1. Según lo certificado por la Oficina de Talento Humano del hospital, los únicos
lapsos en los que la demandante estuvo vinculada con la entidad fueron los
comprendidos entre el 17 y 18 de diciembre de 2005; el 21 de diciembre de 2005 y
el 11 de enero de 2006; y el 4 y 5 de febrero de 2006, en calidad de supernumeraria.
6.2. La entidad no cuenta con historia laboral de la demandante, tampoco evidencia
actos de vinculación diferentes a los periodos en que la demandante estuvo
vinculada como supernumeraria.
6.3. Según lo dispuesto por las leyes 100 y 80 de 1993 y los estatutos del hospital,
la vinculación del personal al servicio de la ESE solo puede realizarse por medio de
«actos legalmente establecidos, los cuales no pueden ser suplidos por otros actos o hechos,
puesto que desvirtuarían la calidad de entidad pública» (sic). De ahí que, no puede existir
la relación alegada por la demandante, toda vez que por tratarse de actividades que
«no corresponden ejecutar a un trabajador oficial de la entidad, su vinculación debió ser a
través de un acto legal y reglamentario, lo cual no es presumible» (sic).
6.4. Durante el periodo en el cual la demandante afirmó haber prestado los servicios
a favor de la entidad vinculada a través de tercerizadoras de servicios laborales, los
contratos celebraros entre el hospital y las empresas y cooperativas de trabajo
asociado se circunscribieron a «la ejecución de procesos asistenciales con la obligación
de proporcionar personal para realizar actividades de ‹médicos generales›» (sic).
6.5. Por último, propuso las excepciones de: i) falta de legitimación por pasiva; ii)
inexistencia de infracción de disposiciones legales; iii) cobro de lo no debido; iv)
imposibilidad de condenar a la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas; v)
principio de buena fe; vi) prescripción; vii) caducidad; viii) mala fe; y ix) la generica.
4 Ibidem, folios151 al 197.
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Demandante: Yamile Carvajal Fernández
1.4. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia proferida el 2 de noviembre
de 2023 accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda y en
consecuencia dispuso lo siguiente:
«Primero: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva.
Segundo: Declárase probada parcialmente la excepción de prescripción trienal de
los derechos laborales, causados con anterioridad al 01 de julio de 2006, inclusive,
excepto lo atinente a aportes al sistema de pensiones.
Tercero: Se declara la nulidad del acto administrativo número 03044 del 5 de diciembre
de 2018, proferido por el gerente de la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas,
mediante el cual fue negada la relación laboral y el pago de prestaciones no canceladas
solicitadas por la parte demandante.
Cuarto: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, se condena a la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas a pagar en
favor de la señora Yamile Carvajal Fernández:
-. Las diferencias prestacionales entre los valores que fueron reconocidos y pagados
en favor de la demandante en virtud de la vinculación como empleada en misión a través
de las intermediarias UT Servicios Profesionales en Salud, UT Salud y Bienestar,
Fundación Salud y Bienestar, Cooperativa Multifuncional de Servicios Profesionales
C.T.A, Seleccionemos de Colombia S.A.S., Temporales de Occidente S.A.S., Centros
de Empleos Temporales de Colombia S.A.S., Servicios Temporales Empacamos S.A.,
Resultados y Beneficios Temporales S.A.S., y Misión Plus S.A.S., esto es, entre el 01
de julio de 2006 hasta el 29 de diciembre de 2017, y las prestaciones sociales
percibidas por los auxiliares de enfermería de planta de la E.S.E. y que no fueron
cubiertas por el tercero empleador (o ente cooperativo).
-. El valor de las prestaciones sociales, incluyendo las vacaciones, prima de vacaciones,
cesantías, intereses a las cesantías, y las demás prestaciones sociales legales a que
haya lugar, con las salvedades aquí señaladas, durante los períodos comprendidos del
01 de julio de 2006 hasta el 29 de diciembre de 2017, tomando como base los salarios
y/o honorarios contractuales (o cualquiera denominación que se les hubiere dado)
correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de la
relación laboral.
Quinto: La E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas deberá tener en cuenta la
asignación salarial como trabajadora en misión y los honorarios pactados en todos los
contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional de la
señora Yamile Carvajal Fernández, mes a mes, a fin de establecer si existe diferencia
entre los aportes realizados por aquella como trabajador en misión o como contratista y
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los que se debieron efectuar, caso en el cual, se ordena cotizar al respectivo fondo de
pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión, pero solo en el porcentaje
que le correspondía en su calidad de empleador.
Para tales efectos, la señora Yamile Carvajal Fernández deberá acreditar las
cotizaciones que realizó al sistema durante los vínculos contractuales y en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la
carga de cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le incumbía
como trabajador, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.
Sexto: El tiempo laborado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, se
debe computar para efectos pensionales.
Séptimo: Se ordena a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las sumas
que resulten a favor de la demandante según el índice de precios al consumidor de
conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA, para lo cual se observará lo
señalado en la parte motiva de este fallo.
Octavo: Niéguense las demás súplicas de la demanda, por lo considerado.
Noveno: La entidad demandada dará cumplimiento al presente fallo en los términos
referidos en el artículo 192 del CPACA. Para lo anterior se enviará la copia respectiva
del acta a la Procuraduría Regional, para los efectos del artículo 75 numeral 12 del
Decreto 262 de 2000.
Décimo: Sin costas en esta instancia, por lo considerado» (sic).
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente5:
8.1. Comoquiera que las excepciones denominadas «inexistencia de infracción de
disposiciones legales, cobro de lo no debido, imposibilidad de condenar a la ESE Hospital
Santa Mónica de Dosquebradas, principio de la buena fe, mala fe de la demandante y la
genérica» no constituyen una excepción propiamente dicha no se realizó un análisis
de fondo, en tanto que no «atacan la pretensión mediante formulación de hechos nuevos
que por si solos tengan virtud de extinguir, aplazar o modificar los efetos de aquella» (sic).
8.2. Sibien por virtud del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 se facultó a la
administración para celebrar contratos de prestación de servicios, no es menos
cierto que, cuando tal facultad se usa para vincular personal para el ejercicio de
funciones de carácter permanente a través de operadores externos se incurre en
«una desviación de poder en la contratación pública», en tanto que constituye un
desconocimiento a la especial protección del derecho al trabajo «ya que se concreta
5 Samai del tribunal, índice 44, 39_039SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 44.
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Demandante: Yamile Carvajal Fernández
mediante el ocultamiento de verdaderas relaciones laborales, para cuyo cumplimiento de
funciones o actividades la entidad requiere la creación de los empleos o cargos públicos
correspondientes en su planta de personal» (sic).
8.3. De acuerdo con las leyes 50 de 1990, 1233 de 2008 y 1429 de 2010 y los
conceptos 202678 y 202679 de 2013, proferidos por el Ministerio del Trabajo,
aunque «no hay prohibición legal para los terceros usuarios de contratar mediante
cooperativas de trabajo asociado especializados en la prestación de servicios de salud,
siempre que estas no ejerzan intermediación laboral» (sic), en todo caso, cuando la
necesidad originaria que dio lugar la contratación «persiste una vez pasados seis
meses y la prorroga de los mismos, el trabajador tendría que ser contratado directamente
por la compañía usuaria, quien pasaría a ser eventualmente su empleadora» (sic).
8.4. La declaración de parte, el testimonio de Leidy Johana Espinosa Restrepo y los
certificados expedidos por la Oficina Jurídica del hospital y por «Centro de empleos
temporales de Colombia ETEMCO SAS y Misión Plus SAS Servicios Temporales»,
allegados al plenario dieron cuenta de que Yamile Carvajal Fernández prestó sus
servicios personales la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas así: i) como
supernumeraria entre el 17 y 18 de diciembre de 2005, el 21 de diciembre de 2005
al 11 de enero de 2006 y el 4 y 5 de febrero de 2006; y ii) vinculada mediante
contrato de obra o labor a través de empresas de intermediación laboral, desde el
1° de julio de 2006 hasta el 29 de diciembre de 2017.
8.5. El testimonio y la declaración de parte fueron coincidentes al afirmar que no hubo
interrupción en los contratos y que ellos fueron continuos, situación que además
encuentra respaldo probatorio en la historia laboral de cotizaciones al sistema de
seguridad social en pensiones, en la cual se estableció que dichas «intermediarias»
efectuaron aportes desde diciembre de 2005 hasta ese mes del año 2017.
8.6. Según las reglas de la experiencia, la actividad de enfermería debe ser prestada
por sujetos altamente calificados, por tanto, su labor no puede ser delegada o
encomendada a un tercero por parte de quien la ejecuta.
8.7. Los informes de pagos de nómina, la liquidación definitiva del contrato, los
comprobantes de los pagos efectuados a la demandante y de transacciones de las
cuentas bancarias dan cuenta que, de manera periódica, se le pagaron unas sumas
como contraprestación por sus servicios de auxiliar de enfermería.
8.8. Del interrogatorio de parte, el testimonio de Leidy Johana Espinosa Restrepo y
demás elementos probatorios es posible concluir que los servicios de la
demandante se prestaron de manera subordinada en las instalaciones de la ESE,
en cumplimiento de un horario de 12 horas, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., y de 7:00 p.m.
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Demandante: Yamile Carvajal Fernández
a 7:00 a.m. Asimismo, los cuadros de turnos allegados son prueba de que dicho
horario era establecido por la entidad «que exigía su cumplimiento so pena de llamados
estrictos de atención, el cual no era sujeto a modificación , salvo casos especiales en los
cuales debía informar con anticipación y por escrito previo visto bueno y autorización del
jefe de servicio» (sic).
8.9. Las labores ejecutadas no podían prestarse con independencia y autonomía,
toda vez que debía acatar las órdenes directas del jefe de servicio, cumplir con un
horario y similares funciones a las de los auxiliares de enfermería de planta,
aspectos relacionados directamente con el objeto y contenido social de la ESE, que
no es otra que la prestación del servicio de salud.
8.10. Acorde con la jurisprudencia del Consejo de Estado6 es razonable concluir que
«en la práctica, las actividades llevadas a cabo por la demandante excedieron la naturaleza
de los contratos de prestación de servicios, pues esta desempeñó labores de auxiliar de
enfermería en la sede de la E.S.E. Hospital Santa Mónica» (sic).
8.11. Los terceros que obraron como verdaderos empleadores «se erigieron en
facilitadores para enmascarar una verdadera subordinación que fuera ejercida por el
personal de la ESE demandada, pues se alternaban en diferentes de ellas, tratando de
inducir el corte temporal indicado como límite por la Ley 50/90 para el vínculo como
trabajador en misión» (sic).
8.12. Demostrados los elementos de la relación laboral, sumado al ánimo de
permanencia de la prestación del servicio y la «similitud en que se desempeñaron las
funciones durante todo el periodo de contratación de acuerdo con la postura del Consejo
de Estado», permite declarar la existencia de la relación laboral encubierta en el lapso
comprendido entre el 17 de diciembre de 2005 y el 29 de diciembre de 2017.
8.13. Comoquiera que entre la terminación del vínculo y la fecha de la reclamación
administrativa (23 de noviembre de 2018) no transcurrieron más de 3 años no operó
la prescripción; no obstante, en tanto que entre el 5 de febrero y el 1° de julio de
2006 «contrato de prestación de servicios como supernumeraria de la ESE Hospital Santa
Mónica (…) vinculación con la Cooperativa Multifuncional de Servicios Profesionales C.T.A»
hubo una interrupción de 98 días hábiles solo se tendrá en cuenta «los periodos
comprendidos entre el 01 de julio de 2006 hasta el 29 de diciembre de 2017» para el
reconocimiento y orden de pago del reconocimiento de las diferencias salariales y
prestacionales.
8.14. A la demandante le asiste únicamente el derecho al reconocimiento de las
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 13 de abril de 2013, radicado 41001-23-33-
000-2018-00085-01 (0999-2021). M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Demandante: Yamile Carvajal Fernández
prestaciones sociales de carácter legal, tales como vacaciones, primas,
bonificaciones, cesantías y las reconocidas por el sistema integral de seguridad
social, mas no podrán reconocérsele aquellas extralegales, por cuanto comportan
un beneficio para los empleados públicos, condición de la que ella carece.
8.15. Solo se reconocerán las diferencias prestacionales y que no fueron pagadas
por el tercero empleador.
8.16. No procede al reajuste del salario, toda vez que lo devengado por los servidores
de planta depende de las condiciones particulares de cada uno de ellos y porque
aceptada la existencia de la relación laboral encubierta también debe aceptarse
como válido el pacto que las partes hicieron sobre la remuneración, es decir que
para la liquidación de la indemnización se tendrá en cuenta el valor pactado en cada
contrato.
8.17. No le asiste el derecho al reconocimiento y pago del trabajo suplementario,
porque no se allegó prueba alguna que permitiera establecer con claridad y
precisión los turnos en los cuales la demandante prestó sus servicios en horario
nocturno, dominical y festivo.
8.18. Respecto de la caja de compensación familiar, no encontró demostrado que la
demandante cumpliera con los requisitos previstos por la Ley 21 de 1982 «referentes
a las cotizaciones efectuadas a caja de compensación familiar, ni que era beneficiaria de
los planes con que cuentan esas entidades, así como tampoco allegó prueba con la que
acreditara pago alguno por ese concepto, por lo que se evidencia la imposibilidad de
haberlos recibido y, en ese sentido, debe negarse su reconocimiento» (sic).
8.19. No ordenó el reconocimiento de la sanción moratoria por falta de pago de las
cesantías, en atención a que el derecho surge con ocasión de los efectos de esta
sentencia.
8.20. Por la naturaleza parafiscal de los aportes al sistema de seguridad social es
improcedente su devolución, pues dichos dineros son de obligatorio pago y recaudo
para un fin específico y no constituyen crédito a favor del interesado.
8.21. No se condenará en costas toda vez que no se evidenció que la entidad hubiese
actuado procesalmente con manifiesta carencia de fundamento legal.
1.4. El recurso de apelación
9. La ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas solicitó que se revocara la
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Demandante: Yamile Carvajal Fernández
decisión de primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos7:
9.1. No se logró demostrar que con el objetivo de encubrir una verdadera relación
laboral el hospital hubiese obrado con desviación de poder para vincular a la
demandante a través de empresas temporales o cooperativas de trabajo, en tanto
dicha contratación «es una alternativa licita a la cual pueden acudir las entidades
descentralizadas de categoría especial, como lo son las Empresas Sociales del Estado»
(sic).
9.2. El a quo no tuvo en cuenta que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permitió la
contratación entre las entidades estatales prestadoras de servicios de salud y las
cooperativas de trabajo asociado y empresas temporales de servicios; sin embargo,
ello no genera un vínculo laboral ni el derecho a percibir prestaciones sociales.
9.3. Existió una indebida valoración probatoria pues la demandante no aportó copia
de los contratos individuales de trabajo celebrados con las cooperativas de trabajo
asociado y empresas temporales de servicios en los que se evidencien las
condiciones de contratación. Las certificaciones en las que se señaló que la
demandante estuvo vinculada con dichas empresas y enviada en misión no son
suficientes para demostrar los elementos de la relación laboral.
9.4. De manera inadecuada se dio crédito al testimonio de Leidy Johana Espinosa
Restrepo el cual estaba afectado de imparcialidad porque por similares supuestos
fácticos y jurídicos tiene en curso una demanda en contra de la ESE cuya finalidad
es la configuración del «contrato realidad». Además, lo manifestado por ella no resultó
suficiente para dar por sentado que «la auxiliar de enfermería Yamile Carvajal
Fernández haya sido subordinada por el hospital» (sic).
9.5. Los hechos de que la demandante «no podía enviar a otra persona para que
cumpliera con su función, que no tenían ese poder para decir si querían o no ir a turno, que
debían pedir la autorización de la jefe para poder hacer cambio de turno y que ella lo
autorizara» (sic) no son suficientes para configurar el elemento de subordinación,
toda vez que «debe tenerse presente que los contratos de prestación de servicios se
celebran intito personae, es decir, se suscriben en virtud a las calidades de la persona, por
lo cual las entidades acuden a esta figura no pueden aceptar que en virtud de circunstancias
que imposibilitan la ejecución de las actividades del contratistas, éste pueda simplemente
enviar a otro en su lugar» (sic).
9.6. No se logró demostrar que efectivamente Yamile Carvajal Fernández hubiese
prestado sus servicios de forma dependiente y subordinada a favor de la entidad
7 Samai del tribunal, índice 87, 59_059RECURSODEMANDADA(.pdf) NroActua 87.
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Demandante: Yamile Carvajal Fernández
demandada, pues «por más de que no existiera un contrato de trabajo», las actividades
para las cuales «la demandante estaba indirectamente contratada para la atención de
pacientes que acudían por los quebrantos de salud al hospital» debían ser desarrolladas
dentro de unos parámetros mínimos de realización
9.7. De acuerdo con la jurisprudencia del máximo tribunal de lo contencioso
administrativo, no resulta suficiente la acreditación de una prestación personal del
servicio, el cumplimiento de horarios y recibir «indicaciones del personal de la entidad
demandada» para declarar la existencia de una relación laboral encubierta, pues
además, deben existir instrucciones directas revestidas por una subordinación o
dependencia que implicase la posibilidad de exigir el cumplimiento de órdenes a la
demandante.
9.8. El tribunal omitió que, tal y como quedó expuesto en la sentencia de primera
instancia «desde el 5 de febrero de 2006 hasta el 06 de septiembre de 2012, y desde ésta
fecha hasta el 16 de enero de 2013 y a su vez de ésta fecha de 2013 hasta el 01 de enero
de 2017» (sic) hubo interrupciones superiores a 30 días, por lo cual «no resulta de
recibo que el reconocimiento prestacional en el fallo se tome desde 17 de diciembre de
2005» (sic).
1.5. Intervenciones en segunda instancia
10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. Concepto del Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Los problemas jurídicos
12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 8, los
problemas jurídicos consisten en determinar ¿si entre Yamile Carvajal Fernández y
la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas se configuró una relación laboral?
y ¿si aquella tenía derecho al reconocimiento y pago de las indemnizaciones y
prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral?
8 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
11
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2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
13. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3o. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
14. Por su parte, el Decreto 2209 de 19989 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
15. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
16. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
9 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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Demandante: Yamile Carvajal Fernández
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.
17. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).
18. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)10 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 11, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».
19. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»12 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
10 Aprobada el 11 de abril de 1919.
11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
12 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
13
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deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
20. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».
21. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.
22. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación13 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales14». (Resalta la Sala).
23. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.
24. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».
25. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
14 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
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pensional que los hace imprescriptibles.
26. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
27. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202115 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».
28. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».
29. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
16
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80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.2.2. Las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de intermediación
laboral
30. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 79 de 198816 y el Decreto 4588 de
200617, las cooperativas de trabajo asociado son organizaciones sin ánimo de lucro
que pertenecen al sector de la economía solidaria, las que vinculan el trabajo
personal de sus asociados, quienes a su vez son gestores, contribuyen
económicamente a la cooperativa y aportan directamente su capacidad de trabajo
para el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales.
31. Lo anterior, con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes
o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en
general. El principal aporte de los asociados en esta clase de organizaciones es su
trabajo, puesto que los aportes de capital son mínimos.
32. Por su parte, el Decreto 4588 de 2006 en su artículo 17 estableció lo siguiente:
«Artículo 17. Prohibición para actuar como intermediario o empresa de servicios
temporales. Las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar
como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados para
suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros beneficiarios, o remitirlos
como trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios
de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados
se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes.
Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las
empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y Pre
cooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables
por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado».
33. De acuerdo con la anterior prohibición, cuando se configuran esas prácticas de
intermediación propias de las empresas de servicios temporales, las partes
[contratante y cooperativa] deben responder solidariamente por las obligaciones
económicas a favor del trabajador.
34. Al respecto, el Consejo de Estado ha señalado que «dicha figura asociativa no fue
16 «Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa».
17 «Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas
de Trabajo Asociado».
17
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creada por el Legislador para que se desconocieran los derechos de los trabajadores, al
punto que, por mandato legal las cooperativas de trabajo asociado que incurran en prácticas
deshonestas deben responder ante las autoridades correspondientes. En ese sentido, el
trabajo asociado no puede ser utilizado indebidamente para desconocer o eludir las
obligaciones de estirpe laboral con los trabajadores dependientes o subordinados, por ello,
la normatividad consagró la prohibición de que las Cooperativas de Trabajo Asociado
actuaran como empresas de intermediación laboral, disponiendo del trabajo de los
asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o terceros beneficiarios»18.
35. Asimismo, que «es claro que las cooperativas funcionan bajo los lineamientos de la
Ley 79 de 1988, de tal suerte que, cuando el asociado es vinculado con otro ente, pero por
órdenes puntuales y estrictas de la Cooperativa así como del tercero, quien alega la
configuración o existencia del contrato realidad con aplicación del principio de la primacía
de la realidad sobre las formas, tiene el deber probatorio de acreditar el trípode que la
legislación consagra para la configuración de una relación laboral».
36. En este sentido, a las cooperativas de trabajo asociado no les está permitido
disponer del trabajo de sus asociados para suministrar mano de obra a terceros, en
detrimento de los derechos laborales de los cooperados.
2.2.3. En torno a los supernumerarios
37. El artículo 83 del Decreto 1042 de 1978 «(p)or el cual se establece el sistema de
nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades
administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración
correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones», estableció:
«Artículo 83. De los supernumerarios. Para suplir las vacancias temporales de los
empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, podrá vincularse personal
supernumerario.
También podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de carácter
netamente transitorio.
En ningún caso la vinculación de un supernumerario excederá el término de tres meses,
salvo autorización especial del gobierno cuanto se trate de actividades que por su
naturaleza requieran personal transitorio por períodos superiores. [Inciso 3 Declarado
Inexequible mediante sentencia C-401 de 1998.]
La remuneración de los supernumerarios se fijará de acuerdo con las escalas de
18 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 28 de septiembre de 2017.
Radicación 76001-23-31-000-2011-00820-01(1486-15). MP: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
remuneración establecidas en el presente Decreto, según las funciones que deban
desarrollarse.
Cuando la vinculación de personal supernumerario no exceda el término de tres meses,
no habrá lugar al reconocimiento de prestaciones sociales. Sin embargo, las entidades
deberán suministrar al personal supernumerario atención médica en caso de
enfermedad o accidente de trabajo. (Texto subrayado declarado inexequible mediante
Sentencia C-401 de 1998).
La vinculación de supernumerarios se hará mediante resolución administrativa, en la cual
deberá constar expresamente el término durante el cual se prestarán los servicios y la
asignación mensual que vaya a pagarse».
38. Sobre la vinculación de los empleados supernumerarios la Corte Constitucional,
por medio de la sentencia C-401 de 1998, precisó:
«(…) 8. Resulta claro que la vinculación de empleados supernumerarios para llevar a
cabo actividades meramente temporales, constituye un modo excepcional de vinculación
laboral con la Administración Pública. Difiere del contrato de prestación de servicios
profesionales por varios conceptos, especialmente porque en este último, aunque
puede haber cierto grado de sujeción, no se involucra el elemento de
subordinación de tipo laboral que se halla presente en el primero, y porque la
vinculación de personal supernumerario se lleva a cabo mediante resolución, en la cual
deberá expresarse el término durante el cual se prestarán los servicios y el salario que
se devengará, que se fijará teniendo en cuenta las escalas de remuneración establecidas
en la ley. Se trata pues de una verdadera relación laboral regida por normas de derecho
administrativo, que en esencia es temporal.
9. Como estatuto excepcional que es, se desnaturaliza cuando es empleado para cubrir
necesidades distintas de aquellas para las que fue concebido. De esta manera, cuando
la Administración, recurre a esta forma de vinculación de personal para cubrir
necesidades permanentes de servicio, desconoce de facto los principios de rango
constitucional que gobiernan la carrera administrativa, afectando en primer lugar a los
servidores así vinculados, quienes no verán respetada la garantía de estabilidad en el
cargo, y desconociendo también el derecho de acceso de los ciudadanos a la
Administración Pública, de acuerdo con los méritos y capacidades de los aspirantes,
todo lo cual va en detrimento de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad
y honestidad que, por mandato superior, deben regir la función pública». (Resalta la
Sala).
39. Esta sentencia señaló que las normas constitucionales no imponen límite
temporal alguno a la vinculación de personal transitorio a la administración pública,
de manera «que las facultades que el inciso tercero otorga al Gobierno para
autorizar la vinculación de personal transitorio por cualquier período de tiempo, y sin
19
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ninguna restricción, contradicen la normatividad constitucional, que exige una previa
delimitación de esta planta de personal, el señalamiento de las actividades a que se
dedicará que siempre deben corresponder a necesidades extraordinarias, el tiempo
de la vinculación transitoria, y la previa apropiación y disponibilidad presupuestal de
sus salarios y prestaciones sociales».
40. Para la Corte, «el desconocimiento de las prestaciones sociales a los empleados
supernumerarios que se vinculan transitoriamente a la Administración Pública,
resulta contrario a los principios rectores de las relaciones laborales, y a la justicia
que debe presidir dichas relaciones. En efecto, desconoce, en primer término, el
principio de igualdad de oportunidades, por cuanto el hecho de que la vinculación
sea transitoria, no es óbice legítimo para establecer diferencias frente a aquellos
servidores públicos vinculados permanentemente a la Administración. Esta
desigualdad en el trato, no se justifica por ningún objetivo de rango constitucional
que pudiera perseguirse a través de ella. La Corte no encuentra en ella nada distinto
de un mecanismo para reducir la carga prestacional de la Administración, que no
justifica el desconocimiento general del principio de igualdad», aunado a que
vulnera el principio de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales.
41. De conformidad con lo anterior, la vinculación de personal a través de la figura
de supernumerario tiene un carácter netamente temporal, limitado al término de
duración de la vacancia temporal o a la ejecución de la labor ocasional y transitoria
para la cual es requerido. Por lo tanto, aquellos son auxiliares de la administración
que se vinculan para suplir o atender necesidades del servicio y/o para desarrollar
actividades de carácter netamente transitorio.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Documentales
42. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:
expedidas el 2019 y 2120 de enero de 2020 por el técnico
42.1. Certificaciones
operativo de talento humano de la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas,
en la cual se informó que Yamile Carvajal Fernández prestó sus servicios a dicha
entidad «por la modalidad de supernumeraria como auxiliar de enfermería» durante los
periodos comprendidos entre el 17 y 18 de diciembre de 2005; el 21 de diciembre
de 2005 y el 11 de enero de 2006; el 4 y 5 de febrero de 2006. Periodos en los que
19 Samai del tribunal, índice 21, 11_CUADERNO1(.PDF) NroActua 21, folio 203.
20 Ibidem, folios 204 y 205.
20
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Demandante: Yamile Carvajal Fernández
devengó los siguientes factores:
«Año 2005: 24 días de salario, con base a 889.372.oo m/cte., la suma de $711.497.oo.;
Dominicales, festivos, ord. Nocturnas y rec. Nocturnos $76.708.oo; Cesantías
$34.244.oo
Año 2006: días de salario, febrero 4 a 5; con base a 938.287.oo m/cte., la suma de
$62.552.oo m/cte. Dominicales, festivos, ord nocturnas y rec nocturnos $162.442.oo;
cesantías $32.347.oo» (sic)
42.2. Oficio2-0132 expedido el 1° de abril de 2022 por la auxiliar administrativa del
Centro de Empleos Temporales de Colombia21, en la cual se certificó que, desde el
6 de septiembre de 2012 hasta el 16 de enero de 2013, la demandante laboró para
esa entidad «mediante contratos de obra o labor, desarrollando actividades como auxiliar
de enfermería, en cumplimiento de los contratos de prestación de servicios suscritos entre
la empresa ESE Hospital Santa Mónica y Etemco SAS»22.
expedidas el 623 de abril y 1°24 de junio de 2022 por la
42.3. Certificaciones
coordinadora de gestión humana de la empresa de servicios temporales Misión Plus
SAS25 en la que se precisó que la actora laboró para esa empresa en el lapso
comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de diciembre de 2017 «desempeñando el
cargo de auxiliar de enfermería, para nuestra empresa usuaria ESE Hospital Santa Mónica,
con un contrato obra o labor determinada y devengando un salario mensual de $639.259»
(sic).
42.4. Desprendibles de pago nómina de los meses de enero a marzo de 201726.
42.5. Cuadros de turnos correspondientes a los años 2015 a 2017, en el cual aparece
consignado el nombre de la demandante para la prestación de sus servicios de
auxiliar de enfermería en la «unidad de hospitalización»27.
42.6. Certificación expedida el 16 de diciembre de 2018, por el coordinador regional
de operaciones de Medimas en la cual se relacionan los aportes realizados al
sistema general de seguridad social en salud entre el mes de agosto de 2017 al mes
de diciembre de 201828.
21 En lo que sigue Etemco.
22 Samai del tribunal, documento: 31RespuestaOficio248. Pdf.
23 Ibidem, 32RespuestaOficio249. Pdf.
24 Ibidem, 41RespuestaOficio0434. Pdf.
25 En adelante Misión Plus.
26 Samai del tribunal, índice 21, 11_CUADERNO1(.PDF) NroActua 21, folios 48 al 50.
27 Ibidem, folio 51, al 72.
28 Ibidem, folio 73.
21
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
42.7. Historia laboral consolidada de las semanas cotizadas a pensión en Porvenir,
en la cual se precisa que al 28 de noviembre de 2018, la demandante acumuló 695
semanas y en la que para los años 2005 al 2017 registró como empleador a la ESE
Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, Cooperativa Multifuncional de servicios
Profesionales CTA, Seleccionemos de Colombia SAS, Unión Temporal Servicios
Profesionales en Salud, UT salud y bienestar, Fundación salud y bienestar,
Temporales de occidente SAS, Centro de empleos temporales de Colombia,
Servicios temporales Empacamos SA, Resultados y beneficios temporales SAS, y
Misión Plus SA., respectivamente, así29:
Razón social del empleador Periodo
ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas Diciembre de 2005 a marzo de 2006
Cooperativa Multifuncional de servicios Profesionales CTA Julio de 2006 a febrero de 2007
Seleccionemos de Colombia SAS Febrero a junio de 2007
Cooperativa Multifuncional de servicios Profesionales CTA Julio de 2007
Seleccionemos de Colombia SAS Julio de 2007
Cooperativa Multifuncional de servicios Profesionales CTA Agosto de 2007 a diciembre de 2008
Unión Temporal Servicios Profesionales en Salud, Enero de a diciembre de 2009
UT salud y bienestar Enero a diciembre de 2010
Fundación salud y bienestar Diciembre de 2010 a diciembre de
2011
Cooperativa Multifuncional de servicios Profesionales CTA Enero a mayo de 2012
Temporales de occidente SAS Mayo a septiembre de 2012
Centro de empleos temporales de Colombia Septiembre a diciembre de 2012
Servicios temporales Empacamos SA Enero de 2013
Centro de empleos temporales de Colombia Enero de 2013
Servicios temporales Empacamos SA Febrero de 2013 a enero de 2015
Resultados y beneficios temporales SAS Febrero a diciembre de 2015
Servicios temporales Empacamos SA Enero de 2016
Resultados y beneficios temporales SAS Enero de 2016
Servicios temporales Empacamos SA Febrero de 2016 a enero de 2017
Resultados y beneficios temporales SAS Enero a febrero de 2017
Misión Plus SA Marzo a diciembre de 2017
42.8. Certificado expedido el 17 de junio de 2022, por el asesor de talento humano
de la ESE, en el que se relacionan los factores salariales y prestacionales
devengados por el cargo denominado auxiliar de enfermería para las vigencias 2005
a 201730.
42.9. Copia de los contratos de suministro de personal celebrados entre la ESE y las
empresas temporales de servicios y cooperativas de trabajo asociado31 Unión
temporal salud y bienestar32, Fundación salud y bienestar33, Cooperativa de trabajo
29 Ibidem, folios 75 al 87.
30 Ibidem, 41RespuestaOficio0434. Pdf, folios 12 al 17.
31 Samai del tribunal, índice 21, 2_CONTENIDODVDRFOLIO181(.PDF) NroActua 21.
32 Contratos 001, 012, 015 y 020 de 2010.
33 Contratos 019 de 2010, 004, 020 y 034 de 2011.
22
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
asociado multifuncional de servicios profesionales Coomultiserpro CTA34,
Temporales de occidente SAS-Tempoccidente35, Centro de empleos temporales de
Colombia -Etemco SAS36, Servicios temporales Empacamos SAS-Servitemporales
SA37, Resultados y beneficios temporales38, y Misión SAS.39
42.10. El 23 de noviembre de 2018, Yamile Carvajal Fernández le solicitó la ESE
Hospital Santa Mónica de Dosquebradas el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral entre el 1° de enero de 2005 y el 29 de diciembre de 2017, y el pago
de las prestaciones sociales que se derivaran de ello40.
42.11. Con Oficio 03044 del 5 de diciembre de 2018, el gerente de entidad le negó la
solicitud anterior, toda vez que «[revisada nuestra área de talento humano se pudo
constatar que no estuvo vinculada a la planta de empleos de la ESE (…) en las vigencias a
las que se hace referencia»41.
2.3.2. Testimonio e interrogatorio de parte
43. En la audiencia de pruebas celebrada el 26 de abril de 202242, la demandante
manifestó lo siguiente43:
43.1. De forma continua e ininterrumpida laboró al servicio de la ESE Hospital Santa
Mónica de Dosquebradas, vinculada directamente y a través de empresas y
cooperativas temporales de servicios, tiempo (sin especificar lapso temporal) en el
que prestó sus servicios de manera personal y subordinada.
43.2. La jefe de enfermeras, Hermida Cardona era quien estaba encargada de
realizar los cuadros de turnos y verificar el cumplimiento de los horarios asignados
«ella realizaba los cuadros y posteriormente los enviaba a la cooperativa pertinente».
43.3. Las cooperativas y empresas temporales de servicios eran las encargadas de
la remuneración de los servicios y los aportes a la seguridad social.
34 Contratos 012 y 015 de 2012.
35 Contrato 025 de 2012.
36 Contratos 32, 39 y 038 de 2012.
37 Contratos 05, 06 y 026 de 2013, 020 de 2014, 0009 de 2015, 007 y 005 de 2016.
38 Contratos 010 de 2015, 0144, 018 y 020 de 2017.
39 Contrato 047 de 2017.
40. Samai del tribunal, índice 21, 11_CUADERNO1(.PDF) NroActua 21, folios 43 al 47.
41 Ibidem, folios 50 al 68.
42 Samai del tribunal, índice 55,
Url:https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/010bad616b954a39b7e7ef751929e501?vcpubtoken=
703785f6256342618f1a561bb32b3127.
43 Min: Del 0:08:30 al 0:18:16.
23
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Demandante: Yamile Carvajal Fernández
43.4. No podía disponer de su horario porque para ausentarse de sus labores debía
pedir la autorización de la jefe Hermida Cardona.
43.5. El hospital le asignó los uniformes y elementos de trabajo con distintivos del
hospital.
43.6. Recibía órdenes e instrucciones de las jefes del servicio y del personal médico
de turno.
44. Asimismo, en esta oportunidad también se recibió el testimonio de Leidy Johana
Espinosa Restrepo quien manifestó haber compartido en específicos momentos
sitio de trabajo y funciones con la demandante y, sobre el particular, señaló lo
siguiente44:
44.1. Esauxiliar de enfermería de profesión y para la fecha de su declaración
trabajaba en la Clínica Comfamiliar de Pereira.
44.2. Trabajó al servicio de la ESE demandada, vinculada por medio de empresas y
cooperativas de trabajo asociado. Por tanto, también demandó por similares hechos
a los aquí discutidos.
44.3. Cuando ingresó a laborar en la ESE Hospital Santa Mónica la demandante era
auxiliar de enfermería de la entidad «rigiéndose por las normas y todo lo que nos decía
la jefe María Hermida Cardona, que era nuestra jefe inmediata y cumpliendo las funciones
que ella le delegaba».
44.4. Como auxiliares de enfermería debíansuministrar los medicamentos a los
pacientes, entrega y recibo de turnos, y aquellas órdenes de los médicos y,
especialmente, de las jefes de enfermería
44.5. La mayor parte del tiempo en que estuvieron vinculadas con la ESE cumplían
turnos de 12 horas en los cuales se «encontraban de casualidad, pero como la jefe [les]
realizaba turnos, pues en cuadro de turnos uno sabía quién le recibía a quien o ya si había
un cambio de turno, pues había que pedirle permiso directamente a nuestra jefe».
44.6. Para cambiar los turnos se debía seguir un proceso el cual consistía en
«anotarse en una planilla, informarle a la jefe el cambio y con la persona que este se iba a
realizar para que no quedara el hueco», por último, ella lo debía firmar y autorizar.
44.7. Entre la terminación de uno y otro contrato, independiente del cambio de razón
44 Min: Del 0:21:10 al 0:40:09.
24
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Demandante: Yamile Carvajal Fernández
social de la empresa y cooperativa de trabajo asociado, no hubo interrupción en la
prestación del servicio pues «el personal seguía cumpliendo con sus labores
normalmente, independientemente de que cambiara de cooperativa, no había interrupción
de contrato».
44.8. La demandante no podía disponer autónomamente de su tiempo pues debía
seguir el horario programado mes a mes por la jefe del servicio.
44.9. Para la prestación de los servicios como auxiliar de enfermería la ESE les dotó
uniformes y elementos de trabajo «si hacía falta algún elemento, pues se le pedía
directamente a la jefe María Hermida, que ella disponía de materiales en la oficina de ella
para uno sacar guantes y todo lo demás que uno necesitaba para cumplir con sus labores
diarias».
44.10. La jefe de enfermería citaba a reuniones mensuales en los cuales hacia
llamados de atención tendientes a la mejora de la prestación de servicios e indicaba
protocolos que se debían seguir.
44.11. Las únicas diferencias que existían entre el personal de planta y el vinculado
a través de las cooperativas y empresas temporales de servicios era la
remuneración y la intensidad horaria «los de planta trabajaban menos horas y recibían
una mejor paga».
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral
45. Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si en el sub judice se
acreditaron los elementos que permiten configurar una relación de trabajo entre
Yamile Carvajal Fernández y la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas.
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
46. De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que la demandante
prestó sus servicios a favor de la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, a
través de nombramientos como supernumeraria y por intermedio de las
cooperativas de trabajo asociado ETEMCO SAS y Misión Plus SA, así:
Entidad Vinculación Desde Hasta
17 de diciembre de 2005 18 diciembre de 2005
ESE Hospital Santa Mónica
Supernumeraria 21 de diciembre de 2005 11 de enero de 2006
de Dosquebradas
4 de febrero de 2006 5 de febrero de 2006
Etemco SAS Contrato obra o 6 de septiembre de 2012 16 de enero de 2013
25
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
labor
Contrato obra o 1 de marzo de 2017 30 de diciembre de 2017
Misión Plus SAS
labor
47. Ciertamente, las certificaciones expedidas por el hospital y por las cooperativas
de trabajo asociado, dan cuenta que, en efecto, la demandante fue contratada para
prestar su servicio como auxiliar de enfermaría a favor de la ESE Hospital Santa
Mónica de Dosquebradas, tal y como quedó descrito en el cuadro que antecede.
48. Ahora, la Sala encuentra que al estudiar lo relativo al elemento de prestación del
servicio, el a quo, con fundamento en el interrogatorio de la demanda, el testimonio
de Leidy Johana Espinosa Restrepo, las certificaciones expedidas por el hospital y
por las cooperativas de trabajo asociado y la historia laboral de cotizaciones al
sistema de seguridad social en pensiones, concluyó que de manera ininterrumpida
Yamile Carvajal Fernández prestó sus servicios a favor de la ESE desde el 1° de
julio de 2006 hasta el 29 de diciembre de 2017.
49. Inconforme con lo anterior, la entidad demandada apeló la decisión, por cuanto,
al expediente no se allegaron los contratos celebrados por la actora con las
empresas temporales de prestación de servicios de los cuales se pudieran
establecer que, precisamente fue contratada para ser enviada en misión al hospital
con el fin de encubrir una verdadera relación laboral.
50. Al respecto, esta Sala precisa que, si bien por virtud de la valoración probatoria
que le asiste al juez, puede otorgarle el valor que corresponde a cada elemento con
el cual se cuenta, lo cierto es que, contrario a lo concluido por el tribunal, los
elementos probatorios allegados al plenario no dan cuenta, de que, efectivamente,
de manera ininterrumpida entre el 1° de julio de 2006 y el 5 de septiembre de 2012,
y entre el 17 de enero de 2013 y el 28 de febrero de 2017, la demandante hubiese
sido enviada por las cooperativas de trabajo asociado para prestar sus servicios a
favor del hospital demandado.
51. Lo anterior, comoquiera que, en primer lugar, ninguna de las declarantes indicó
extremo temporal alguno de prestación del servicio a favor de la entidad demandada
y, en segundo lugar, los contratos de prestación de servicios celebrados por la ESE
con algunas empresas temporales de servicios por sí solos no tienen el valor
suficiente para demostrar la prestación del servicio45 en los periodos referidos en
anterioridad y los elementos que se proceden a estudiar.
45 Como uno de los elementos determinantes que distinguen la relación laboral de las demás
modalidades de prestación de servicios a través de contratos estatales, los cuales se encuentran
previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
26
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
52. Además, la historia laboral de cotizaciones al sistema de seguridad social en
pensiones no es suficiente para demostrar que en tales periodos fue comisionada
para prestar sus servicios de auxiliar de enfermería en la entidad de salud, máxime
cuando para algunos meses fueron realizadas cotizaciones por varios empleadores.
53. En este punto, no desconoce la Sala que, si bien exigirle a la demandante allegar
los contratos celebrados entre aquella y las cooperativas o empresas temporales de
servicios impondría una tarifa legal probatoria, es evidente que cuando no se
cuentan con estos la carga probatoria es rigurosa en tanto que el juez pueda
encontrar acreditado un hecho a través de otros medios de prueba.
54. Porotra parte, tal y como quedó expuesto en el marco normativo de esta
providencia, se precisa que la vinculación que tuvo como supernumerario es una
verdadera relación laboral de carácter temporal y por ende no debe tenerse en
cuenta para efectos del reconocimiento pretendido.
55. Así las cosas, con fundamento en las certificaciones expedidas por las
cooperativas de trabajo asociado Etemco SAS y Misión Plus SAS, documentos que
no fueron reprochados por su contenido y autenticidad a lo largo de la actuación
judicial y en tanto que las copias de los contratos de suministro de personal
celebrados entre la ESE y dichas empresas coinciden en dichos periodos, esta Sala
adicionará un ordinal a la sentencia de primera instancia para reconocer la
existencia de la relación laboral entre las partes durante los periodos comprendidos
entre el 6 de septiembre de 2012 y el 15 de enero de 2013 y el 1° de marzo y el 29
de diciembre de 2017, salvo las interrupciones.
56. En consecuencia, del testimonio, las certificaciones, los argumentos de la
apelación46 y demás pruebas documentales, se advierte que efectivamente, durante
los lapos mencionados la demandante fue contratada para desarrollar funciones de
auxiliar de enfermería al servicio de la ESE Hospital Santa Mónica de Pereira y no
a través de otra persona, en tanto fue quien ejecutó la labor encomendada por las
cooperativas de trabajo asociado.
2.4.1.2. Remuneración
57. Ahora bien, Yamile Carvajal Fernández percibió una remuneración por el trabajo
realizado, tal y como se evidencia en los certificados expedidos por las cooperativas
46 Particularmente, en tanto resaltó que la labor no podía desempeñarse por otra persona porque los
contratos «se celebran intito personae, es decir, se suscriben en virtud a las calidades de la persona,
por lo cual las entidades acuden a esta figura no pueden aceptar que en virtud de circunstancias que
imposibilitan la ejecución de las actividades del contratistas, éste pueda simplemente enviar a otro
en su lugar» (sic).
27
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
de trabajo asociado ETEMCO SAS y Misión Plus SAS y los desprendibles de pago
de nómina allegados, en los que se advierte que se estipuló el valor y la forma de
pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo
prestado, independientemente de su denominación (honorarios o salario).
2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia
58. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y el
testimonio de Leidy Johana Espinosa Restrepo, se tiene que las funciones
desempeñadas por la demandante no se realizaron de forma autónoma e
independiente, sino que esta estuvo sujeta a instrucciones y órdenes que son de
naturaleza subordinada pues atienden al control de un superior (jefe de enfermeros)
para ejecutar las obligaciones contractuales, por lo que existe una sujeción de ella
hacia la ESE Hospital Santa Mónica de Dosquebradas y, en tal sentido, esta
contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su servicio, y aquella,
a su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio
del ius variandi por parte de la entidad prestadora de servicios de salud.
59. Ciertamente, el testimonio de Leidy Johana Espinosa Restrepo da buena cuenta
de las condiciones bajo las cuales Yamile Carvajal Fernández prestaba sus
servicios a la entidad demandada como auxiliar de enfermería, del que se resalta
que en ejercicio de sus funciones cumplía con un horario, recibía una remuneración
y prestaba sus servicios bajo la subordinación de la ESE y, en general, seguía
órdenes e instrucciones de los jefes de área y de los médicos tratante.
60. En este punto, valga precisar que aun cuando Leidy Johana Espinosa Restrepo
presentó una demanda por similares supuestos fácticos y jurídicos contra el
hospital, sus declaraciones resultan suficientes para esta Sala, pues justamente es
quien se encontraba en iguales condiciones que aquella y podía exponer [por virtud
de su conocimiento propio] las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
desarrolló la labor; además que, de acuerdo con lo expuesto, sus declaraciones
coinciden con los demás documentos allegados, e incluso, en contraste con lo
afirmado por la entidad, resultan coherentes con el desarrollo de la labor de un
servidor del área de la salud.
61. Aunado a lo expuesto, se advierte que la entidad demandada no aportó prueba
adicional para demostrar la parcialidad del testimonio y por el contrario se encuentra
que su dicho está acorde con lo certificado por las cooperativas de trabajo asociado,
además porque, se insiste, era ella quien de primera mano conocía la situación de
Yamile Carvajal Fernández, pues hacía parte del equipo de trabajo dirigido por «la
jefe Herminda».
28
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
62. En efecto, el hospital impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive
con sus propios elementos o instrumentos, para que la trabajadora desarrollara sus
labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.
63. Esto se advierte de las funciones certificadas por las cooperativas de trabajo
asociado, de las cuales se destacan que en el tiempo en que fue enviada a la ESE
demandada debía:
«1. Garantizar la limpieza, desinfección y preparación de la unidad del paciente, para la
admisión, estadía y egreso del mismo en la E.S.E. 2. Revisar las historias clínicas de los
pacientes asignados, conociendo su evolución diaria. 3. Informar al médico tratante y a
la enfermera sobre los cambios del estado clínico de los pacientes asignados en forma
oportuna y adecuada. 4. Ejecutar el procedimiento de disposición de cadáveres según
las normas, guías, procesos y procedimientos institucionales. 5. Cumplir con las
órdenes médicas. 6. Asistir al profesional que realiza procedimientos especiales.
7. Tomar las muestras para exámenes de laboratorio de pacientes en procedimientos,
traumas, hospitalizados y/o en observación. 8. Responder por los inventarios
generales. 9. Responder por el inventario del carro de paros siguiendo los protocolos
para tal fin en el servicio asignado. 10. Realizar procedimientos de enfermería al
paciente durante el tratamiento médico y administrar los medicamentos y
cuidados al paciente de acuerdo con las ordenes medicas, de enfermería e historia
clínica. 11. Revisar diariamente el stock de medicamentos en cada una de las áreas
asignadas y realizar el respectivo pedido a la farmacia. 12. Ejercer las demás
funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza del cargo» (sic)
[se resalta].
64. En ellas se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria
dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una valoración bajo las
reglas de la sana crítica, encuentra que es posible determinar la existencia de una
relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad
contratante de emplear de modo permanente y continuo los servicios de la
demandante.
65. Precisamente, tal y como lo señaló la entidad en el recurso de apelación «se aduce
además, como uno de los elementos de la subordinación a la demandante que, se acreditó
que para el desarrollo de la actividades ésta debía acudir de manera presencial a la sede
de la entidad, argumentación que no se comparte, toda vez que, por más de que no existiera
un contrato de trabajo, la demandante estaba indirectamente contratada para la atención
de pacientes que acudían por los quebrantos de salud al Hospital, y en atención a ello, la
forma idónea de prestación del servicio era en las instalaciones de la entidad y con los
instrumentos que ésta ponía a su disposición, no siendo esto tampoco un indicio de
subordinación, pues no se concibe otra forma en que se ejercieran sus funciones como
auxiliar de enfermería» (sic). [se resalta]
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
66. Así, es claro que la entidad no desconoce que la labor de las auxiliares de
enfermería esta revestida del elemento subordinación, en tanto no puede
desarrollarse con autonomía e independencia, pues deben atender las indicaciones
del médico tratante, en las instalaciones y con el material dotado por la entidad, lo
que refuerza la conclusión según la cual, su labor estaba supeditada a factores
externos, reglamentos y lineamientos que hacían imposible que el contrato se
ejecutara libremente.
67. Asimismo, se advierte que la misión de la ESE Santa Mónica de Dosquebradas
implica «ofrece[r] servicios de salud primarios y complementarios, comprometida con el
mejoramiento continuo y la sostenibilidad financiera, y armonizada con las políticas
públicas. Brindamos atención con calidad, equidad y humanización, siendo nuestro
propósito preservar y recuperar la salud de los ciudadanos. Contamos con talento humano
idóneo, infraestructura y tecnología apropiada. Además, contribuimos a la formación en
salud a través de convenios de docencia-servicio»47 (sic), funciones de carácter
permanente que cumple en desarrollo de su actividad, lo que guarda similitud con
las actividades desempeñadas por la demandante, es decir, esta ejecutaba labores
que permitían el desarrollo del objeto misional de la entidad.
68. Todo lo anterior, denota una sujeción y dependencia de quien ejerce el cargo de
auxiliar de enfermería al servicio de la ESE demandada, al tiempo que corrobora
que no puede dejar de existir imposición de órdenes en la ejecución de su objeto
contractual para desempeñar esa labor, puesto que se trata de funciones que
atañen a la esencia, naturaleza y finalidad de la entidad.
69. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»48.
70. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
47 https://hospitalsantamonica.gov.co/misionvisionfuncionesydeberes/.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
30
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
respecto le asista ningún tipo de independencia»49.
71. De manera que, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación,
puesto que en el ejercicio de las funciones por parte de la demandante estaba
sometida a medidas u órdenes de la ESE demandada, a saber: la imposición de un
horario y/o el cumplimiento de turnos y la sujeción a directrices de la jefe del área
de enfermería o del personal médico, lo que demuestra que la entidad demandada,
en su calidad de empleadora, contaba con la posibilidad de disponer del trabajo de
la actora, lo que, de manera indiscutible, denota la existencia del elemento
subordinación.
72. Ahora bien, echa de menos la Sala que pese a las disposiciones contenidas en
la Ley 909 de 2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas
temporales que atiendan la oferta y la demanda en la prestación del servicio de
salud. Por lo tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones
para las cuales fue contratada la demandante no es un argumento que enerve las
consideraciones expuestas en esta decisión, pues no justifica la ausencia de
planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se
ejercieron bajo la subordinación de la entidad.
73. En este punto, es necesario señalar que los periodos en los que prestó el servicio
a través de empresas de intermediación laboral sí pueden ser tenidos en cuenta a
efectos de acreditar la existencia de una relación laboral y derivar de ello el derecho
a percibir salarios y prestaciones, cuya obligación recae en la entidad que se
benefició de sus servicios.
74. En efecto, en torno a la tercerización laboral, la Corte Constitucional en sentencia
C-330 de 1995, estudió la constitucionalidad del numeral 3 del artículo 77 de la Ley
50 de 199050, y señaló que la finalidad de esta norma es «la protección de los
trabajadores, para que las empresas no abusen de la posibilidad de contratar trabajadores
temporales, haciendo a un lado los permanentes». Asimismo, sostuvo que «al trazar
49 Ibidem.
50 Artículo 77. Los usuarios de las empresas de servicios temporales sólo podrán contratar
con éstas en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo
6o del Código Sustantivo del Trabajo.
2. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por
enfermedad o maternidad.
3. Para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías,
los períodos estacionales de cosechas y en la prestación de servicios, por un término de seis (6)
meses prorrogable hasta por seis (6) meses más.
31
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
límites a la contratación de los servicios temporales, defiende la estabilidad en el trabajo».
Este criterio garantista de los derechos de los trabajadores al servicio de estas
empresas ha sido reiterado por esta corporación en los siguientes términos51:
«Fue muy claro el legislador [Ley 50 de 1990], en la ponencia para segundo debate, en
señalar normas muy precisas tendientes a la protección de los derechos de los
trabajadores temporales, en cuanto a su remuneración, prestaciones sociales y salud
ocupacional; así como en la prescripción de disposiciones relativas a la constitución y
requisitos para el funcionamiento de las empresas temporales, con el fin de eliminar los
abusos contra esta clase de trabajadores, que denominó el legislador “de planta” y “de
misión”; por ello, se estableció taxativamente, con el fin de respetar el principio de “a
igual trabajo igual salario”, que el personal temporal percibirá el mismo salario ordinario
del trabajador contratado directamente por la empresa usuaria y que desempeñe
idénticas funciones, haciendo la salvedad con respecto a diferenciales por razones de
antigüedad.”».
75. En tal sentido, la Sección Segunda de esta corporación ha señalado que la
administración debe restringirse52 de acudir a este tipo de contratación para «el
desarrollo de funciones permanentes o inherentes al objeto social de la entidad, pues en
caso tal, se estarían desconociendo derechos de los servidores públicos, el derecho al
trabajo y los fines de la administración pública, consagrados en los [artículos] 25, 53, 123 y
125»53.
76. Como consecuencia de lo anterior, ha señalado que cuando el debate jurídico
planteado se dirige al tercero beneficiario de la prestación personal del servicio
endilgado [en este caso en particular a la ESE Hospital Santa Mónica de
Dosquebradas], los derechos laborales que se encuentren acreditados «no se
escinden por el hecho de la vinculación con la empresa de servicios temporales, ni
constituye un obstáculo para acceder a las pretensiones de la demanda»54.
77. En igual sentido lo señaló la Corte Constitucional55 al referirse a la existencia de
una relación laboral entre un trabajador asociado a una cooperativa de trabajo y un
tercero que se beneficiaba de sus servicios. En esa oportunidad señaló que este
último está llamado a responder por las obligaciones laborales que se susciten
producto de la relación de trabajo encubierta bajo el acuerdo cooperativo. Al
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo del 2000, radicado 570-98, M.P.
Ana Margarita Olaya Forero
52 En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-774-11, sostuvo que «cuando el usuario
requiera de la contratación permanente del servicio de los trabajadores en misión, debe acudir a otra
forma de contratación diversa a la que se cumple a través de dichas empresas».
53 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de noviembre de 2014,
radicado 05001 23 33 000 2012 00275 01 (3222-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
54 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de marzo de 2022, radicado
66001 23 33 000 2016 00014 01 (3798-2018), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
55 Corte Constitucional, Sentencia C-855 del 25 de noviembre de 2009, M.P. Mauricio González
Cuervo.
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
respecto señaló:
«[S]i por conducto de la Cooperativa de Trabajo Asociado llega a suscitarse una relación
laboral de un trabajador asociado con la cooperativa, para prestarle servicios a un tercero
-con elementos de subordinación, horario y remuneración propios del contrato de
trabajo-, esta relación laboral prevalece sobre el acuerdo cooperativo, y en tal caso
aplican todas las regulaciones laborales, incluyendo, por supuesto, la protección laboral
reforzada a las mujeres embarazadas o lactantes, a las personas en estado de debilidad
manifiesta, o a los discapacitados o disminuidos físicos, caso el cual se impone el
cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de salud, al
sistema de riesgos profesionales, o incluso la muy elemental de reconocer los salarios
pactados con el trabajador».
78. Así las cosas, esta corporación ha aplicado el anterior criterio a los casos de las
empresas de servicios de tercerización laboral en los que se asignan trabajadores
a entidades públicas con fundamento en que «existe un tercero que eventualmente se
beneficia de los servicios prestados por el trabajador temporal, realizando actividades
permanentes, desconociendo sus derechos laborales, por lo que en el evento de
acreditarse los elementos propios de una relación de trabajo, quien está llamado a
responder en esto caso es el tercero que se benefició de los servicios prestados por el
trabajador»56.
79. En tal sentido, si bien la demandante se vinculó con las empresas Etemco SAS
y Misión Plus SAS, según lo probado en el proceso, lo cierto es que prestó sus
servicios a la ESE para cumplir con las obligaciones que esta le imponía, tal y como
se evidenció en lo expuesto en esta decisión.
80. Así las cosas, con fundamento en el material probatorio analizado y la normativa
aplicable al asunto, esta Sala encuentra demostrada la existencia de los elementos
de la relación laboral encubierta en los periodos comprendidos entre el 6 de
septiembre de 2012 y el 15 de enero de 2013 y el 1° de marzo y el 29 de diciembre
de 2017, salvo las interrupciones.
2.3.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
81. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho la demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.
56 Al respecto ver las siguientes providencias: i) auto del 27 de abril de 2016, radicado 66001 23 33
000 2013 00181 01 (4259-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve; ii) sentencia del 27 de noviembre
de 2014, radicado 05001 23 33 000 2012 00275 01 (3222-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve;
auto del 3 de marzo de 2020, radicado 17001 23 33 000 2015 00925 01 (2814-2016), M.P. William
Hernández Gómez.
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
82. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación57 dispuso que:
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».
83. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».
57Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
84. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 58, proferida
por el Consejo de Estado, se dispuso lo siguiente:
«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…).». (Subrayado fuera de texto).
85. Así, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con
el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro
del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual»59.
86. En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud
del reconocimiento fue presentada ante la entidad demandada el 23 de noviembre
de 2018, se establece que respecto del periodo comprendido entre el 1° de marzo
y el 29 de diciembre de 2017 no acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción,
pues no transcurrió un lapso superior a 3 años para solicitar por vía administrativa
el reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y
prestaciones, toda vez que la relación culminó el 30 de diciembre de 2017 y en ese
lapso no hubo interrupciones superiores a 30 días.
87. Sin embargo, comoquiera que entre el 16 de enero de 2013 y el 28 de febrero de
2017, hubo lapsos de interrupción superiores a 30 días hábiles que implicó la
solución de continuidad en la prestación del servicio y la exigencia a la demandante
de presentar la reclamación administrativa en los 3 años siguientes, la Sala
modificará el ordinal segundo de la decisión apelada y en su lugar se declarará la
prescripción de las prestaciones causadas con anterioridad al 1° de marzo de 2017.
58 SUJ2-005-16.
59 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
88. En primer lugar, esta Sala advierte que el a quo ordenó la liquidación de la
condena con base en «los salarios y honorarios contractuales (cualquiera denominación
que se les hubiere dado)»; sin embargo, se resalta que, tal y como se expuso en la
sentencia del 4 de febrero de 201660, los honorarios son el criterio imperante
únicamente cuando el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta
de personal, pues en razón a la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la
única forma de tasar objetivamente la indemnización de perjuicios. Esto señaló en
aquella oportunidad:
«[L]a Sala, ha acudido a los honorarios pactados, como punto de partida para la
reparación de los daños en este tipo de controversias, siendo este el criterio imperante
cuando el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues
en razón a la inexistencia del cargo en la planta de personal, dichos emolumentos son
la única forma de tasar objetivamente la indemnización de perjuicios, ya que de otra
forma se incurría en subjetivismos por parte de la administración, a la hora de definir la
identidad o equivalencia con otro empleo existente en la planta de la entidad, con el
riesgo de reabrir la controversia al momento de ejecutar la sentencia.
No obstante, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, las Subsecciones A
y B de la Sección Segunda, también han tenido en cuenta, de manera excepcional, como
criterio para la reparación del daño, el salario devengado por un empleado de planta de
la entidad, en aquellos casos en que se ha demostrado que el empleo desarrollado por
el contratista demandante existe en la planta de personal y es desempeñado en igualdad
de condiciones que los servidores públicos de planta61, o cuando los honorarios pactados
son inferiores al salario devengado por un empleado de planta de la entidad con las
mismas funciones desarrolladas62.
En este orden de ideas, la Sala considera oportuno y necesario precisar cuál es el criterio
imperante para el reconocimiento de la reparación de los daños derivados de la
existencia del contrato realidad, dependiendo si las actividades contratadas bajo la
modalidad de prestación de servicios son iguales a las funciones asignadas a empleos
existentes en la planta de personal de la entidad o si no lo son, pues según el caso, el
parámetro objetivo para la tasación de perjuicios podrá variar, en aplicación de los
principios laborales de igualdad de oportunidades y remuneración proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, derivados del artículo 53 de la C.P.
60 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de febrero de 2016, radicado
81001-23-33-000-2012-00020-01(0316-14), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
61 Ver entre otras: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. C.P. Gerardo Arenas
Monsalve. Sentencia de 27 de noviembre de 2014, Expediente: 05001-23-33-000-2012-00275-01,
Referencia: 3222-2013, Actor: David Alejandro Jaramillo Arbeláez; Subsección A, sentencia de 4 de
junio de 2009, Referencia 1221-08, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Subsección A,
sentencia de 21 de octubre de 2009, referencia 2725-08, C.P. Luis Rafael Vergara.
62 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de marzo de 2010,
Referencia: 2168-08, C.P. Alfonso Vargas Rincón.
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
En tal sentido, dirá la Sala que los honorarios pactados son el criterio imperante cuando
el cargo desempeñado por el contratista no existe en la planta de personal, pues en
razón a la inexistencia del cargo, dichos emolumentos son la única forma de tasar
objetivamente la indemnización de perjuicios».
89. Por lo expuesto, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 63, la
Sección Segunda dispuso que «en lo que atañe al ingreso sobre el cual han de calcularse
las prestaciones dejadas de percibir por el docente vinculado por contrato de prestación de
servicios, cabe anotar que este corresponderá a los honorarios pactados, ya que no es
dable tener en cuenta, en este caso, el empleo de planta, pues los docentes oficiales
se encuentran inscritos en el escalafón nacional docente que implica
remuneraciones diferenciadas según el grado en el que estén64», esto es, dada la
imposibilidad de calcular la condena con el empleo de planta.
90. Así entonces, las prestaciones sociales derivadas de la relación laboral
reconocida deben liquidarse con fundamento en los salarios devengados por tales
empleados, pues esto le otorga vigencia al principio de «salario igual por un trabajo
de igual valor» que se deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales65 frente al cual la Corte Constitucional ha
señalado que la remuneración de los trabajadores en general debe estar acorde con
los criterios de proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se
encuentren en igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad
de reglas cuando se trata de hipótesis distintas66.
91. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, corresponde reconocer que la
63 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-
33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
64 Decreto 2277 de 1979, “por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente”,
artículo 36: “Derechos de los educadores. Los educadores al servicio oficial gozarán de los siguientes
derechos:
(…)
b. Percibir oportunamente la remuneración asignada para el respectivo cargo y grado del escalafón;
(…)”:
65 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en
particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres,
con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
66 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
labor desempeñada por Yamile Carvajal Fernández debía ser remunerada
conforme con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales
funciones a las suyas correspondiente al periodo mencionado, esto es entre el 6 de
septiembre de 2012 y el 15 de enero de 2013 y el 1° de marzo y el 29 de diciembre
de 2017, salvo las interrupciones, razón por la cual esta Sala considera necesario
modificar la orden proferida por el Tribunal para efectos de precisar que el periodo
a reconocer corresponde es que va del 1° de marzo al 29 de diciembre de 2017.
92. No obstante, comoquiera que en presente asunto la ESE Santa Mónica de
Dosquebradas funge como apelante único, no habrá lugar a modificar la sentencia
apelada, respecto de la remuneración conforme con lo devengado por un empleado
de planta que realizara iguales funciones, en aras de no vulnerar la situación del
apelante único, que en este caso es la entidad demandada.
93. Es importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que
deberán ser reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia 67 que
«el reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones sociales reclamadas en virtud del
aludido principio de «a trabajo igual salario igual».
94. En consideración a esto, a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento
de las prestaciones sociales de carácter legal que devengara un empleado de planta
de la entidad demandada que desarrollaba iguales funciones a las suyas, tales
como vacaciones, primas, bonificaciones y cesantías, entre otras. Empero, sobre el
particular, esta sala encuentra necesario realizar las siguientes precisiones:
95. Si bien como contraprestación por los servicios prestados por la demandante,
Etemco y Misión Plus convinieron un salario mensual y el derecho a prestaciones,
lo cierto es que, comoquiera que las empresas de servicios temporales y la entidad
pública de manera previa celebraron otro contrato con el fin de organizar la
producción de bienes o servicios en beneficio de la última, se impactó el
presupuesto de la entidad contratante, esto es, generó un pago con recursos del
erario.
96. De acuerdo con lo anterior, el pago efectuado a la demandante se derivó de aquel
contrato celebrado con la entidad pública que impactó los dineros del erario; lo que
impone considerar la prohibición de incurrir en un doble pago con recursos públicos.
67 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado
66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
97. En efecto, el artículo 128 Constitucional, señala que «[n]adie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley» y precisó
que por tesoro público debe entenderse el de la nación, el de las entidades
territoriales y descentralizadas.
98. En tal sentido, salvo las excepciones señaladas en el artículo 19 de la Ley 4ª de
1992, nadie está habilitado para percibir más de una asignación con cargo al erario,
pues ello sería contrario a los postulados constitucionales dispuestos en el artículo
citado, lo que, a su turno, representaría un desconocimiento de los presupuestos
legales que sobre la materia ha fijado el legislador.
99. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-133 de 1993, señaló lo
siguiente:
«Si bien es cierto que en el artículo 128 C.P. se consagra una incompatibilidad, no lo es
menos que ésta se encuentra en íntima relación de conexidad con la remuneración de
los servidores estatales; basta ver que en ella se prohíbe la concurrencia de dos o más
cargos públicos en una misma persona, tanto como recibir más de una asignación que
provenga del erario público. El término "asignación" comprende toda clase de
remuneración que emane del tesoro público, llámese sueldo, honorario, mesada
pensional, etc. Siendo así, bien podía el legislador ordinario establecer dicha
incompatibilidad dentro de la citada Ley 4a. de 1992, sin contrariar mandato
constitucional alguno. Aún en el remoto caso de que se hubiere concluido que el régimen
de inhabilidades e incompatibilidades para los funcionarios públicos debía ser regulado
por medio de ley ordinaria, el artículo 19, objeto de acusación, tampoco sería
inconstitucional, por cuanto el legislador estaba perfectamente facultado para hacerlo».
[Se resalta].
100. Asílas cosas, comoquiera que los pagos efectuados a la demandante se
derivaron de aquellos contratos celebrados con la entidad pública, debe
considerarse que esta «asignación» emanó del tesoro público, pues, se insiste,
fueron producto de la celebración de un contrato estatal con la empresa de servicios
temporales.
101. De manera que los pagos que como consecuencia del restablecimiento del
derecho que aquí se ordena podrían implicar un doble reconocimiento con cargo a
los recursos del erario, toda vez que los dineros recibidos por las empresas de
servicios temporales tuvieron origen en el presupuesto del Estado que sirvieron para
satisfacer las obligaciones contractuales, lo que, a fin de no desconocer la
prohibición aludida, implica establecer una orden que evite tal situación.
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Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
102. Así pues, respecto de los pagos realizados por la empresa de servicios
temporales a la demandante, tal y como lo dispuso el a quo, le asiste el derecho a
recibir únicamente las prestaciones que devengaba el personal de planta que
desarrollaba iguales funciones a las suyas que no le fueron reconocidas y que se le
debían pagar por la relación laboral que se encontró acreditada con la entidad
pública.
2.4. Costas
103. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
104. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
105. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma68.
106. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
107. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la parte
demandada.
68En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
40
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
3. Conclusión
108. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que existió una relación
laboral entre Yamile Carvajal Fernández y la entidad demandada durante los
periodos comprendidos entre el el 6 de septiembre de 2012 y el 15 de enero de
2013 y el 1° de marzo y el 30 de diciembre de 2017; no obstante, las acreencias
laborales anteriores al 1° de marzo de 2017, se encuentran prescritas con excepción
de los aportes a pensión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Adicionar un ordinal a la sentencia proferida 2 de noviembre de 2023 por
el Tribunal Administrativo de Risaralda, para declarar declarar la existencia de una
relación laboral entre Yamile Carvajal Fernández y la ESE Santa Mónica de
Dosquebradas durante el periodo comprendido entre 6 de septiembre de 2012 y el
15 de enero de 2013 y el 1° de marzo y el 30 de diciembre de 2017, salvo sus
interrupciones, tiempo que se tendrá en cuenta para efectos pensionales.
Segundo. Modificar los ordinales segundo y cuarto de la sentencia proferida 2 de
noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Risaralda que accedió a las
pretensiones de la demanda, los cuales quedarán así:
«Segundo: Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción trienal de
los derechos laborales, causados con anterioridad al 1° de marzo de 2017, excepto lo
atinente a aportes al sistema de pensiones.
(…)
Cuarto: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, condenar a la E.S.E. Hospital Santa Mónica de Dosquebradas a pagar en favor
de la señora Yamile Carvajal Fernández:
-. Las diferencias prestacionales entre los valores que fueron reconocidos y pagados
en favor de la demandante en virtud de la vinculación como empleada en misión a través
de la intermediaria Misión Plus S.A.S., esto es, entre el 1° de marzo y el 30 de
diciembre de 2017, y las prestaciones sociales percibidas por los auxiliares de
enfermería de planta de la E.S.E. y que no fueron cubiertas por el tercero empleador (o
ente cooperativo). Lo anterior, a fin de no incurrir en la prohibición del artículo 128
constitucional, esto es, efectuar un doble pago con recursos provenientes del Estado.
41
Radicado: 66001-23-33-000-2019-00432-02 (1270-2024)
Demandante: Yamile Carvajal Fernández
-. El valor de las prestaciones sociales, incluyendo las vacaciones, prima de vacaciones,
cesantías, intereses a las cesantías, y las demás prestaciones sociales legales a que
haya lugar, con las salvedades aquí señaladas, durante los períodos comprendidos
desde el 1° de marzo hasta el 30 de diciembre de 2017, tomando como base los
salarios y/o honorarios contractuales (o cualquiera denominación que se les
hubiere dado) correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la
demostró la existencia de la relación laboral».
Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida, de conformidad con lo
expuesto en esta decisión.
Cuarto. No condenar en costas en esta instancia.
Quinto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-
33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
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