Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00016-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2020-00016-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2020-00016-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
Demandados: Nación, Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional
Temas: Relación laboral encubierta
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual accedió a las pretensiones de
la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. María Yasmidt Soto Ocampo presentó demanda en ejercicio del medio de -
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del-
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo, en
orden a que se declarara la nulidad del Oficio S-2019-003080/DIBIE-ASJUD 15.1
del 5 de febrero de 2019, por medio del cual la Policía Nacional le negó la
existencia de una relación laboral encubierta entre el 3 de febrero de 2015 y el 1°
de diciembre de 2017 y el reconocimiento de las prestaciones sociales que se
derivaban de ella.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
solicitó i) la declaratoria de la existencia de la relación laboral desde el 3 de febrero
de 2015 hasta el 1° de diciembre de 2017; ii) el reconocimiento de los conceptos
salariales y prestacionales que de ello se derivaban, tales como las primas de
servicios y de navidad, el auxilio de transporte, la dotación, las cesantías y sus
intereses, las vacaciones, el subsidio de alimentación, la bonificación por
recreación y el trabajo suplementario; iii) las cotizaciones a la caja de
compensación por el periodo reclamado; iv) el reajuste salarial, esto es el
reconocimiento de las diferencias que resulten entre lo recibido por concepto de
honorarios y lo que debió percibir según los empleos de planta con iguales o
similares funciones a las ejecutadas por ella; v) «el pago reajustado a salud, ARL, y
pensiones»; vi) el reconocimiento del tiempo laborado para efectos pensionales; vii)
el pago de la sanción moratoria; y viii) la condena en costas a la entidad
demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. María Yasmidt Soto Ocampo prestó sus servicios a la Policía Nacional desde el
3 de febrero de 2015 hasta el 30 de abril de 2017 a través de contratos de prestación
de servicios suscritos directamente con la entidad y entre el 2 de mayo y el 1° de
diciembre de 2017 por intermedio de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, con fundamento en el contrato interadministrativo 049 de 2017 celebrado
entre el fondo rotario de la Policía Nacional y dicha universidad.
3.2. Desarrolló sus labores como docente en el Colegio Nuestra Señora de Fátima
de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional.
3.3. Cumplió con los horarios preestablecidos por la institución y según el calendario
académico, por lo que, en muchas ocasiones por órdenes de la rectoría prestó el
servicio sin que mediara un contrato. Inicialmente, laboró en la jornada de la mañana
de 5:45 a 12:45 am y, posteriormente, en la de la tarde de 12:00 am a 6:45 pm.
3.4. Recibió órdenes de la rectoría de la institución y ejecutó iguales funciones a las
desarrolladas por los docentes de planta, tal y como consta en el Oficio del 10 de
mayo de 2018 expedido por el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y
Desarrollo Humano IDEXUD de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
pero percibió una remuneración inferior a aquellos.
3.5. El 10 de enero de 2019, solicitó a la Policía Nacional el reconocimiento de la
relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella; sin
embargo, esta petición fue negada mediante el acto administrativo demandado.
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Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 43, 48, 53, 90, 122, 123,
124, 125 y 209 de la Constitución Política; 9, 10 14, 16, y 23 del Código sustantivo
del Trabajo; 1 y 5 de la Ley 443 de 1998; y 1, 7, 8, 9, 10, 42, 49, 50, 76, 77, 78, 113,
117, 118, 134, 154, 155, 165, 168, 172, 176, 181 y 185 del Decreto 407 de 1994.
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 1:
5.1. El
acto administrativo acusado fue expedido con desconocimiento de las
disposiciones legales que lo regulan y con aplicación indebida de lo previsto en la
Ley 80 de 1993.
5.2. Se acreditaron los elementos configurativos de una relación laboral.
5.3. Desarrolló las funciones propias del personal docente directamente vinculado a
la Policía Nacional para la prestación del servicio educativo en distintos
establecimientos, en cumplimiento de un horario preestablecido y bajo la sujeción
de las órdenes impartidas por los rectores. Como retribución del servicio, percibió
una remuneración.
5.4. Prestó la labor docente de forma continua e ininterrumpida, tal y como consta en
los objetos contractuales de los instrumentos jurídicos suscritos, los cuales fueron
idénticos entre sí y celebrados de manera sucesiva. La anterior situación, fue
contraria al artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que permite la celebración de este tipo
de contratos siempre que se trate de una labor temporal o transitoria.
5.5. Con la expedición del acto demandado se quebrantó el principio de igualdad, en
la medida en que a situaciones fácticamente idénticas no puede dárseles un trato
discriminatorio. Como consecuencia de ello, se vulneraron el derecho al trabajo, los
derechos adquiridos y el principio de primacía de la realidad sobre las formas, según
lo prevé el artículo 53 de la Constitución política.
5.6. El personal docente que presta sus servicios en los establecimientos educativos
de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional es considerado como educador
oficial, pero de régimen especial, según lo establece la Resolución 6500 de 1994.
De tal suerte que, se rigen por lo establecido en cada una de las entidades
propietarias de los colegios, situación que fue reiterada en el concepto del 23 de
1 Índice 10 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivos
«17_660012333000202000016004EXPEDIENTEDIGI20210827110052» y
«23_6600123330002020000160010EXPEDIENTEDIGI20210827110052»
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Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
mayo de 2005 radicado 2015-ER-066448 emitido por el Ministerio de Educación
Nacional.
5.7. A través de la Resolución 010 del 18 de enero de 2017, la rectora del Colegio
Nuestra Señora de Fátima de Pereira le impuso la carga académica que debía
cumplir y para ello se fundamentó en el Decreto 1850 de 2002 2. Es decir, se le
asignaron las obligaciones de conformidad con las normas dispuestas para los
docentes oficiales y fueron los directores o rectores de las instituciones quienes
fijaron su horario laboral.
5.8. Los elementos de trabajo fueron suministrados por la Dirección de Bienestar
Social de la Policía Nacional.
5.9. La misión de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional es
«[p]romover el desarrollo y la integración de la familia, a través de estrategias y programas
organizacionales, que fortalezcan la construcción del tejido social humano, favoreciendo la
prestación de un efectivo servicio de Policía» y dentro de sus programas y proyectos
esta la prestación del servicio de educación básica, entre otro, para lo cual la entidad
cuenta con 22 instituciones educativas.
5.10. El contratante estableció su lugar de trabajo, esto es el colegio en el que prestó
sus servicios y el que realizaba la inducción y el entrenamiento para el desarrollo de
sus obligaciones. El supervisor del contrato fue el rector de la institución.
5.11. De acuerdo con la jurisprudencia fijada tanto por la Corte Constitucional como
por el Consejo de Estado3 la labor docente no puede ser prestada mediante
contratos de prestación de servicios pues, su ejecución requiere de la existencia de
los elementos que determinan una relación laboral, especialmente, la
subordinación.
5.12. La sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, en la que la sección
segunda del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia sobre los factores de
liquidación de las pensiones de jubilación de las personas a quienes en virtud del
régimen de transición de la ley 100 de 1993 se les aplica la ley 33 de 1985, adoptó
una tesis menos restrictiva de los derechos de las personas en régimen de
transición y para ello se apoyó en los principios de igualdad material, favorabilidad
y primacía de la realidad sobre las formas lo que indica que «la tesis expuesta en este
proveído privilegia el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, cuya
2 «[p]or el cual se reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada laboral de directivos
docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal,
administrados por los departamentos, distritos y municipios certificados, y se dictan otras
disposiciones»
3 Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter
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Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
observancia es imperativa en tratándose de beneficios laborales» y es la que se debe
aplicar en el presente asunto.
1.2. Contestación de la demanda
6. La Policía Nacional se opuso a la prosperidad de las pretensiones con fundamento
en lo siguiente4:
6.1. La vinculación de María Yasmidt Soto Ocampo tuvo por objeto la prestación de
sus servicios como «licenciada en pedagogía infantil para el Colegio de la Policía Nacional
de la ciudad de Pereira Risaralda», con un plazo fijo de ejecución y de conformidad
con lo establecido en el inciso segundo del numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, que en ningún caso generó una relación laboral ni el reconocimiento de
prestaciones sociales.
6.2. El uso de la figura de la prestación de servicios se justificó por la insuficiencia
del personal de planta para atender las necesidades de los afiliados y beneficiarios
de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional lo que «impedía cumplir con
la función de garantizar la atención integral y la cobertura en esta materia de bienestar,
motivo por el cual resultaba imperioso suscribir contratos de prestación de servicios con
profesionales calificados por el tiempo estrictamente indispensable, [y] era necesario
brindarlo por intermedio de un profesional con la formación específica». En todo caso, la
demandante no probó la existencia de personal de planta con idénticas obligaciones
a las desarrolladas por ella.
6.3. Entre la suscripción de los diferentes hubo interrupciones que no permitieron que
el tiempo reclamado se tomara sin solución de continuidad.
6.4. El cumplimiento de un horario laboral no implica la configuración del elemento
de subordinación o que el contratista hubiese ejercido una posición dominante
respecto de la demandante. De todos modos, la organización de este resultaba
imprescindible para la correcta ejecución del contrato de prestación de servicios; así
pues, la demandante no cumplió un horario de trabajo, sino que desarrolló su
función de acuerdo con el objeto contractual y durante las horas convenidas.
6.5. No es cierto que recibió órdenes para desarrollar su labor. Contrario a ello, se le
brindaron instrucciones para la adecuada prestación del servicio, lo que se enmarcó
en el principio de coordinación de actividades y responsabilidades entre las partes
contratantes.
4 Índices 16 y 10 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«24_6600123330002020000160011EXPEDIENTEDIGI20210827110052»
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Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
6.6. Se brindaron las pautas de cumplimiento de los contratos suscritos sin que
hubiese manifestado inconformidad o imposibilidad de ejecución.
6.7. Hubo falta de legitimación en la causa respecto a las pretensiones derivadas del
contrato de prestación de servicios 921-1-2017 del 2 de mayo de 2017, en virtud del
cual la contratista se obligó con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a
prestar sus servicios como docente en el marco del contrato interadministrativo 049
de 2017 celebrado entre esta y el Fondo Rotario de la Policía Nacional desde el 2
de mayo hasta el 1° diciembre de 2017.
6.8. No era procedente el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago de
las cesantías, toda vez que es la sentencia judicial que reconoce la prestación es la
que se tiene como constitutiva del derecho. Por lo tanto, no puede haber
incumplimiento de la entidad sino hasta cuando queda en firme decisión que
eventualmente reconoce la relación laboral.
7. Propuso la excepción de prescripción.
1.3. La sentencia apelada
8. El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, en sentencia
proferida el 16 de noviembre de 2023 declaró la nulidad del oficio demandado y la
prescripción de los derechos prestacionales derivados de la relación laboral
«causados con anterioridad al 10 de enero de 2016, esto es, la vinculación comprendida
entre el 3 de febrero de 2015 y el 2 de diciembre de 2015, inclusive, excepto lo atinente a
aportes al sistema de pensiones», y a título de restablecimiento del derecho dispuso:
«QUINTO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho, se condena a la Policía Nacional a pagar en favor de la señora María
Yasmidt Soto Ocampo, el valor de las prestaciones sociales, incluyendo las vacaciones,
prima de vacaciones, prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, y las
demás prestaciones sociales de orden legal a que haya lugar, con las salvedades aquí
señaladas, durante los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación
laboral, es decir entre el 1º de marzo de 2016 hasta el 1º de diciembre de 2017, tomando
como base los honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de
servicios correspondientes a dichos períodos, todo ello conforme a los precisos términos
establecidos en esta sentencia.
SEXTO: La entidad demandada deberá tener en cuenta los honorarios pactados en
todos los contratos celebrados y calcular el ingreso base de cotización (IBC) pensional
de la señora María Yasmidt Soto Ocampo, mes a mes, a fin de establecer si existe
diferencia entre los aportes realizados por aquel como contratista y los que se debieron
efectuar, caso en el cual, se ordena cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
faltante por concepto de aportes a pensión, pero solo en el porcentaje que le
correspondía en su calidad de empleador.
Para tales efectos, la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
sistema durante los vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según
sea el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador, de acuerdo con las
consideraciones de esta providencia» (sic).
9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos5:
9.1. De los objetos contractuales y los testimonios se demostró la prestación personal
del servicio, toda vez que dieron cuenta de que María Yasmidt Soto Ocampo fue
contratada debido a su perfil y calidades como licenciada en pedagogía infantil, sin
que le fuera posible delegar o encomendar a un tercero su labor, en atención a que
la actividad docente debe ser prestada por sujetos calificados. Igualmente, en el
contenido de los contratos se estableció una remuneración periódica, lo cual fue
certificado mediante la relación de pagos expedida por la tesorería.
9.2. En cuanto a la subordinación, según los lineamientos previstos en la sentencia
de unificación del SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, se advirtió
que: i) las actividades desarrolladas por la demandante se prestaron en las
instalaciones físicas del colegio Nuestra Señora de Fátima de Pereira, incluso en la
época en la que la vinculación se dio a través de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas; ii) debió cumplir con un horario distribuido en las jornadas de la
mañana o de la tarde; iii) recibió indicaciones y direccionamiento por parte del rector
y la coordinadora académica de la institución [quienes brindaron su testimonio] y
aunque se le respetó su autonomía de cátedra, estuvo sujeta al manual de
convivencia y a las órdenes de quienes ejercían la línea de autoridad. Además,
debía solicitar permisos para ausentarse de sus actividades y era el contratista el
que le suministraba los elementos de trabajo.
9.3. Existe personal vinculado para desarrollar la actividad docente en la planta de la
Policía Nacional. La demandante ante la ausencia de servidores públicos idóneos
para ejecutar funciones indispensables para el desarrollo de la actividad educativa
del establecimiento desarrolló tal actividad, sin que existiera distinción sustancial
entre las obligaciones asignadas a ella y las que desempeñaba un «docente
nombrado».
9.4. De acuerdo con el criterio del Consejo de Estado los docentes, por la labor que
desarrollan, carecen de autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.
5 Índice 58 de Samai de Tribunales y Juzgados.
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Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
9.5. La relación contractual no tuvo carácter temporal, sino que fue permanente en la
medida en que se desarrolló por más de 2 años.
9.6. Se acreditó la existencia de la relación laboral entre María Yasmidt Soto Ocampo
y la Policía Nacional en el periodo comprendidos entre el 3 de febrero del 2015 y el
1 de diciembre de 2017, es decir, incluido el tiempo en el que aquella prestó sus
servicios por intermedio de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, debido
a que las actividades desarrolladas fueron iguales a las de los demás contratos, en
la misma institución y bajo la dirección y control de la Policía Nacional.
9.7. Solo procedía el reconocimiento de las diferencias de orden prestacional y no el
reajuste del salario, en tanto este concepto depende de las condiciones particulares
acreditadas en cada caso concreto. Así, el reconocimiento de la existencia de una
relación laboral implicó tener por «válido» el acuerdo entre las partes en relación
con la remuneración pactada.
9.8. La
demandante devengó un monto superior a 2 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, razón por la cual no le asistía el derecho al reconocimiento y
pago en dinero de las dotaciones de vestido y calzado.
9.9. Tenía derecho a la prima de servicios de acuerdo con el régimen salarial
establecido por el Decreto 1042 de 1978, dentro del cual aquella figura como factor
salarial y se dirige de forma exclusiva a los empleados del orden nacional. En tal
sentido, teniendo en cuenta que la Policía Nacional pertenece a tal orden, a la
demandante le asistía el derecho a la referida prestación.
9.10. No hubo lugar al pago de la sanción moratoria por la falta de pago de las
cesantías, en tanto que, el derecho al pago de la prestación surge de la ejecutoria
de la sentencia que la reconoce.
9.11. La indemnización moratoria por falta de pago de los salarios y prestaciones
debidas está prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y, por ende,
no resulta aplicable, «toda vez que regula relaciones propias del derecho laboral
individual, esto es, de trabajadores particulares; entretanto, al declararse la existencia de
una relación laboral entre las partes, se genera en favor de la parte demandante el
reconocimiento del conjunto de emolumentos prestacionales propios de la relación legal y
reglamentaria que rige a un empleado público, aun sin otorgársele tal calidad».
9.12. No se aportó prueba que acreditara el trabajo suplementario.
9.13. Tenía derecho a las vacaciones, sin embargo, al habérsele impedido su goce
efectivo, procedía el reconocimiento y pago de la respectiva compensación en
dinero, conforme con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 1045 de 1978 y de la
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Ley 995 de 2005.
9.14. Tal y como ha sido la posición jurisprudencial, era improcedente el reembolso
de los aportes que el contratista hubiese efectuado para atender contingencias de
salud, pensión y riesgos laborales los cuales eran obligatorios y de naturaleza
parafiscal.
9.15. La demandante no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Ley 21 de 1982, en particular lo relativo al pago de cotizaciones a la caja de
compensación familiar durante el tiempo que perduró la relación laboral, razón por
la cual no resultaba procedente el reconocimiento de la indemnización reclamada
por tal concepto.
9.16. No procede la condena costas al no hallarse probadas, de conformidad con el
criterio objetivo valorativo aplicado por el Consejo de Estado
1.4. El recurso de apelación
10. La Policía Nacional recurrió la sentencia de primera instancia en escrito en el cual
reiteró los argumentos y los hechos expresados en la demanda6.
1.5. Pronunciamiento en segunda instancia
11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto fue necesario el decreto de pruebas se corrió
traslado para alegar de conclusión, no obstante, no se recibieron pronunciamientos
de las partes7.
1.6. El Ministerio Público
12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio8.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
13. Se circunscribe a establecer ¿si entre María Yasmidt Soto Ocampo y la Policía
Nacional se configuró una relación laboral? y si, en consecuencia, ¿aquella tiene
6 Índice 62 de Samai de Tribunales y Juzgados.
7 Según consta en el auto del 22 de abril de 2024 visible a índice 4 de Samai.
8 Según se advierte de la constancia secretarial del 19 de junio de 2024 visible a índice 8 de Samai
de Tribunal y Juzgados.
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derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de esa
relación laboral?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas
14. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público así:
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:
(…)
3º. Contrato de Prestación de Servicios.
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».
15. Por su parte, el Decreto 2209 de 19989 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».
16. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas
naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o
para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta.
De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una
relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.
17. La Corte Constitucional, en la sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta
o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas
en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el
ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la
9 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».
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administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral
personal subordinada y dependiente.
18. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución
Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia
laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto
señala la norma:
«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [Se resalta].
19. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)10 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización11, desarrolló el
principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los
métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».
20. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»12 y
10 Aprobada el 11 de abril de 1919.
11 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
12 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.
11
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
21. Estas obligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:
«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1º. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>
1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:
a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;
b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y
c. Un salario como retribución del servicio.
2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que
existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de
otras condiciones o modalidades que se le agreguen».
22. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia
laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del
empleador, caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los
servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa
carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de
prestación de servicios.
23. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación13 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:
«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
12
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales14». [se resalta].
24. Asíentonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se
acrediten fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo,
como son la prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la
subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador.
25. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación
laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:
«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.
Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios». (sic)
26. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.
14 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».
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27. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.
28. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202115 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii)
la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud
efectuados por el contratista. Al efecto se señaló:
«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los
estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.
(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.
(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».(sic)
29. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el
artículo 122 de la Carta Política».
30. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que demostrar
que aun cuando la relación contractual se originó en las disposiciones contenidas
en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esta situación en realidad encubría una
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de
septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
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relación laboral. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.
2.2.2. En torno a los contratos interadministrativos suscritos por entidades
estatales con universidades públicas
31. Para el cumplimiento de los fines estatales y la satisfacción del interés general,
las entidades públicas deben proveerse de bienes, servicios u obras, lo cual
realizan a través de contratos, ya sea con particulares o con otras entidades
públicas. En este contexto, el contrato interadministrativo es el negocio jurídico
celebrado entre dos entidades estatales, mediante el cual una de ellas se obliga a
ejecutar una prestación a cambio de una remuneración o precio.
32. La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación ha indicado que tales
contratos implican el pago de una remuneración en desarrollo de un fin estatal,
cuya titularidad recae en la entidad estatal contratante. Por su parte, la entidad
contratista actúa en función de su propio interés institucional, dentro del marco de
una relación jurídica de carácter patrimonial, que incide directamente sobre los
derechos subjetivos de las partes16.
33. Sobre el particular, la Ley 1150 de 2007 estableció lo siguiente en el literal c del
numeral 4 de su artículo 2, lo siguiente:
«Artículo 2o. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección
abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:
(…)
4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente
procederá en los siguientes casos:
(…)
c.) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus
reglamentos.
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública
cuando las instituciones de educación superior públicas sean las ejecutoras. Estos
contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de
licitación pública o de selección abreviada de acuerdo con lo dispuesto en los numerales
1 y 2 del presente artículo.
16 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 9 de diciembre de 2016,
Radicado: Rad.: 11001-03-06-000-2016-00129-00 (2.308), C.P Álvaro Namén Vargas.
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
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En aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993,
la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a los principios de la
función administrativa a que se refiere el artículo 209 de la Constitución Política, al deber
de selección objetiva y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de
1993 salvo que se trate de Instituciones de Educación Superior Públicas, caso en el cual
la celebración y ejecución podrán realizarse de acuerdo con las normas específicas de
contratación de tales entidades, en concordancia con el respeto por la autonomía
universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política.
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las
actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar
o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración
de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato
principal.
Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro
de las entidades estatales»
34. De lo transcrito se observa que la disposición condiciona la celebración de
contratos interadministrativos a que las obligaciones derivadas de estos tengan
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus
reglamentos; adicionalmente, exceptúa del sistema de contratación directa y sujeta
a licitación pública o contratación abreviada a aquellos contratos
interadministrativos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuando
las instituciones de educación superior públicas, sean las ejecutoras. En todo caso,
el inciso segundo de la norma en cita seguía permitiendo que, en el caso de dichas
instituciones, la ejecución de los respectivos contratos se rigiera por el derecho
propio de tales instituciones, esto es, el derecho privado.
35. Loanterior, debido a la autonomía de la que gozan las instituciones de
educación superior públicas, su régimen especial contractual y la no sujeción al
Estatuto General de Contratación Pública.
36. En efecto, por una parte, el artículo 28 de la Ley 30 de 1992 señala que las
instituciones de educación superior tanto públicas como privadas tienen derecho
a arbitrar y aplicar autónomamente sus recursos para el cumplimiento de su misión
social y de su función institucional. Por otra parte, el artículo 57 ejusdem establece
que los entes universitarios del Estado contarán con un régimen contractual propio:
«ARTÍCULO 57. Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes
universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación
Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo.
16
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: Personería
jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y
podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le
corresponden.
Modificado por el art. 1, Ley 647 de 2001. El nuevo texto es el siguiente: El carácter
especial del régimen de las universidades estatales u oficiales, comprenderá la
organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el sistema
de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de
contratación y control fiscal y su propia seguridad social en salud, de acuerdo con la
presente ley» (sic) [se resalta]
37. En concordancia con lo anterior, el artículo 93 prevé que, salvo las excepciones
previstas en la ley, los contratos de las universidades del Estado se rigen por el
derecho privado. Tales disposiciones fueron declaradas exequibles por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-547 de 1994, en la que se señaló que esta
remisión al derecho privado en materia contractual para los entes universitarios del
Estado no desconoce la Constitución y, por el contrario, tiene fundamento en la
autonomía. Sin embargo, también es cierto que cuando las universidades públicas
actúan como contratistas de otras entidades estatales regidas por el Estatuto
General de Contratación Pública, se sujetan, sin que ello afecte su autonomía, a
las reglas y restricciones que el mencionado estatuto contenga para ese tipo de
situaciones17.
38. Ahora bien, los 2 primeros incisos del literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la
Ley 1150 fueron modificados por los artículos 92 y 95 la Ley 1474 de 201118, así:
«ARTÍCULO 92. Contratos interadministrativos. Modificase el inciso primero del
literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:
c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus
reglamentos.
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación
de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y
fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades
de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin
ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones
de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por
las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación
abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo.
(…)
17 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, del 28 de junio de 2012, radicado 11001-03-
06-000-2012-00016-00(2092), C.P. William Zambrano Cetina
18 Estatuto Anticorrupción
17
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Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
ARTÍCULO 95. Aplicación del Estatuto Contractual. Modifíquese el inciso 2 del literal
c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:
En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora
no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso
sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en
competencia con el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo
tenga relación directa con el desarrollo de su actividad».
39. En esa medida, la ejecución de los contratos interadministrativos quedó
sometida, por regla general, al Estatuto General de Contratación Pública, aún si la
entidad ejecutora está sometida a un régimen especial y diferente al de Ley 80 de
1993; y se exceptúan únicamente los casos en que la entidad ejecutora actúa en
régimen de competencia o cuando el contrato tenga relación directa con su
actividad.
2.3. Caso en concreto
40. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
2.3.1. Documentales
41. Se aportaron los siguientes documentos:
41.1. María Yasmidt Soto Ocampo celebró los siguientes contratos de prestación de
servicios con la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, tal y como
consta en los diferentes instrumentos jurídicos aportados, tales como certificados,
actas de liquidación bilateral y contratos de prestación de servicios y sus anexos19:
Contrato Objeto Desde Hasta
08-7-10074-2015 prestar sus servicios 3 de febrero de 2015 2 de octubre de
profesionales como 2015
Adición licenciado (a) en 3 de octubre de 2 de diciembre de
educación básica, para
2015 2015
el Colegio Nuestra
Señora de Fátima de la
Dirección de Bienestar
Social de la Policía
Nacional ubicado en la
ciudad de Pereira
08-7-10094-2016 prestar sus servicios 1° de marzo de 2016 1° de noviembre de
profesionales como 2016
Adición licenciado (a) en 1° de noviembre de 30 de noviembre de
pedagogía infantil, 2016 2016
19 Índice 10 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«15_660012333000202000016002EXPEDIENTEDIGI20210827110052», página 1 a 57.
18
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
08-7-10043-2017 para el Colegio 1° de febrero de 30 de abril de 2017
Nuestra Señora de 2017
Fátima de la Dirección
de Bienestar Social de
la Policía Nacional
ubicado en la ciudad
de Pereira
41.2. Se aportaron las relaciones de pagos detallados mes a mes de los contratos
08-7-10074-2015, 08-7-10094-2016 y 08-7-10043-201720.
41.3. A través de los oficios S-2015-015371/RECRI-CORAC-29-25 del 29 de julio de
2015, S-2016-009187/RECRI-CORAC-29-25 del 19 de febrero de 2016 y S-2017-
008406/RECRI-CORAC-29-25 del 14 de febrero de 2017, suscritos por los rectores
y coordinadores académicos del Colegio Nuestra Señora de Fátima de Pereira, se
le notificó a la demandante la carga docente asignada en lo referente a las
actividades que debía desarrollar durante los años escolares 2015, 2016 y 2017,
respectivamente21.
41.4. El 10 de mayo de 2018 el director del Instituto de Extensión y Educación para
el Trabajo y Desarrollo Humano (Idexud) Universidad Distrital Francisco José de
Caldas certificó que la demandante suscribió el contrato de prestación de servicios
921-I-2017 que inició el 2 de mayo y terminó el 1° de diciembre de 2017, cuyo objeto
fue «[e]n virtud del presente contrato de prestación de servicios el contratista se obliga con
la universidad por sus propios medios y con plena autonomía /i prestar sus servicios como
docente en el marco del contrato interadministrativa No. 049 de 2017 celebrado entre el
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas»
y relacionó las actividades desarrolladas en cumplimiento de este22.
41.5. Se aportaron los informes de cumplimiento en los que se describieron las
acciones realizadas durante los diferentes periodos de reporte de actividades en
desarrollo del contrato 921-I-201723.
41.6. El 10 de enero de 201924 María Yasmidt Soto Ocampo solicitó a la Policía
20 Índice 10 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«15_660012333000202000016002EXPEDIENTEDIGI20210827110052», página 59 a 67.
21 Índice 10 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«24_6600123330002020000160011EXPEDIENTEDIGI20210827110052», páginas 118 a 120.
22 Índice 10 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«15_660012333000202000016002EXPEDIENTEDIGI20210827110052», páginas 75 y 76.
23 Índice 10 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«15_660012333000202000016002EXPEDIENTEDIGI20210827110052», páginas 77 a 100.
24 Fecha de admisión referenciada en la factura de la transportadora Envía e indicada en la demanda,
sin que se observe en otro documento el día de radicación en la entidad pues, en el correo remitido
19
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
Nacional el reconocimiento de la relación laboral desde el 3 de febrero de 2015
hasta el 1° de diciembre de 2017 y el pago de las prestaciones sociales que se
derivaban de ella25.
41.7. El 5 de febrero de 2019, mediante el oficio S-2019-003080/DIBIE-ASJUD 15.1
el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dirección de Bienestar Social y de Familia
(Dibie), negó la anterior solicitud, con fundamento en que «[e]l contrato de prestación
de servicios, forma parte de una amplia variedad de contratos en el cual, a criterio de los
interesados y con base en las disposiciones legales existentes, se acordarán aspectos
como objeto, remuneración por los servicios prestados, tiempo de ejecución de las
actividades contratadas y las causas de terminación del contrato, sin que ellos exista una
relación de carácter laboral, por lo tanto no le son aplicables las disposiciones del Código
Sustantivo del Trabajo, sobre el reconocimiento y pago de la liquidación de prestaciones
sociales como sucede cuando se diere la terminación de un contrato de trabajo» (sic)26
41.8. En la audiencia inicial celebrada el 25 de mayo de 2022 se decretaron las
siguientes pruebas documentales solicitadas por la parte demandante:
«5.2.1.2. Solicita que se oficie a la Policía Nacional para que remita con destino a este
proceso copia de los siguientes documentos:
• Copia de todos los informes contractuales presentados por la demandante.
• Copia del convenio interadministrativo 049-5-17 celebrado entre el Fondo Rotario de la
Policía Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
5.2.1.3. Solicita que se oficie a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para
que remita:
• Nombre, cargo y funciones del jefe inmediato o interventor de la señora María Yasmith
Soto.
• Resolución o manual por medio del cual se establece el horario de la jornada laboral
del personal docente.
• Certificado del horario cumplido por la demandante durante el tiempo de duración de
los contratos de prestación de servicios.
• Informe qué entidad era la encargada de dar los materiales de dotación, para realizar
las labores de docencia y demás funciones encomendadas.
5.2.1.4. Solicita que se oficie a la institución educativa Nuestra Señora de Fátima para
que remita:
• Nombre, cargo y funciones del jefe inmediato o interventor de la señora María Yasmith
Soto.
• Resolución o manual por medio del cual se establece el horario de la jornada laboral
del personal docente.
• Certificación del horario que deben cumplir los docentes de la institución educativa.
para dar respuesta a la petición se señaló «me permito adjuntar respuesta a su petición de fecha
222 de enero de 2019» sin que sea posible establecer una diferente a la mencionada.
25 Índice 10 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«19_660012333000202000016006EXPEDIENTEDIGI20210827110052», pagina 13 a 31.
26 Índice 10 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo
«19_660012333000202000016006EXPEDIENTEDIGI20210827110052», pagina 38 a 42.
20
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
• Informe qué entidad era la encargada de dar los materiales de dotación, para realizar
las labores de docencia y demás funciones encomendadas.
• Informe sí todos los días del año el colegio debía tener docentes.
• Copia del manual docente o proyecto educativo de la planta docente.
• Informe cuál es la asignación salarial de un docente de la institución educativa» (sic)27
41.9. El 24 de agosto de 2022 mediante el oficio EE1394-2022 el director deI Idexud28
dio respuesta al requerimiento del a quo sobre el vínculo contractual contenido en
el CPS 921- I de 2017 entre el instituto y la demandante en el desarrollo del contrato
interadministrativo 049-5 de 2017 celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y, en tal sentido,
manifestó que: i) la supervisión del contrato de prestación de servicios 921-I de 2017
celebrado con María Yasmidt Soto Ocampo estaba a cargo de Mauricio Bueno
Pinzón; ii) «dentro de las obligaciones contractuales se encontraba en primer lugar la
participación en la elaboración, planeamiento y programación de las actividades del área a
la cual pertenecía, así como realizar la programación de actividades de las asignaturas a
su cargo de acuerdo con la programación a nivel de área y la asistencia a los planteles
educativos cuando esto fuese requerido»; iii) no tenía establecido un horario de trabajo
en atención a la naturaleza del contrato y, por lo tanto, no le era dable certificarlo
«en tanto este factor se encontraba determinado por ella y la entidad contratante, según los
requerimientos del proyecto en la cual desarrollaba las actividades contempladas en su
contrato»; y iv) no le asistía el deber a la Universidad o a la Policía Nacional de
entregar dotación a la contratista29.
41.10. Con el anterior oficio se anexó el contrato interadministrativo 049-5 del 25 de
abril de 2017 cuyo objeto fue «[p]restación de servicios de personal (docente) en misión
para el desarrollo de actividades docentes en las diferentes áreas básicas específicas para
los colegios de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional, en todo el territorio
nacional». En las obligaciones específicas del contratista se estipularon «[r]estituir al
FORPO, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto
contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan
suministrado. [p]restar sus servicios de acuerdo con las normas pedagógicas propias de su
profesión. [r]ealizará las gestiones profesionales encomendadas, respetando las normas y
reglamentos del proyecto educativo institucional de cada colegio y las políticas de la Policía
Nacional. (…) Su comportamiento deberá corresponder a los principios de la ética
profesional docente que le asiste y los principios y valores de la Policía Nacional. En Las
demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993,
así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la
actuación contractual. [e]l contratista está obligado a desarrollar el plan de estudios
asignado según el perfil de conformidad con el modelo pedagógico establecido en el
27 Índice 30 de Samai de Tribunales y Juzgados
28 Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano -Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
29 Índice 45 de Samai de Tribunales y Juzgados
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Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
proyecto educativo institucional y los lineamientos del proceso de gestión curricular»30 (sic).
41.11. Con el contrato interadministrativo se allegó el Anexo 1 de especificaciones
técnicas que, entre otros aspectos, indicó que el personal docente debía cumplir
con las siguientes actividades:
«[p]articipar en la elaboración del planeamiento y programación de actividades del área
básica específica respectiva. Programar y organizar las actividades de enseñanza y
aprendizaje de las asignaturas a su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en
la programación a nivel de área. Dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para
lograr el desarrollo de su personalidad y darles tratamiento y ejemplo formativo.
Participar activamente en eventos complementarios de educación. Controlar y evaluar la
ejecución de actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje. Aplicar
oportunamente en coordinación con el jefe de departamento o el coordinador académico,
las estrategias metodológicas a que dé lugar el análisis de resultados. Presentar al jefe
del departamento escolar o coordinador académico informe del rendimiento de
estudiantes a su cargo, al término de cada uno de los periodos de evaluación,
certificando las calificaciones con su firma. Participar en la administración de estudiantes
conforme lo determine el reglamento de la institución y presentar los casos especiales a
los coordinadores, al director de grupo y/o, consejería para su tratamiento. Presentar
periódicamente informe al jefe de departamento escolar o en su defecto al fr.,
coordinador académico, sobre el desarrollo de las actividades propias de su cargo.
Ejercer la dirección de grupo cuando le sean asignadas. Dar cumplimiento con el plan
de estudio de la asignatura asignada. Asistir de acuerdo a los requerimientos propios de
cada plantel educativo, no superior a las 48 horas legales. Cuidar de los elementos y
equipos asignados para el desarrollo de las clases. Las demás asignadas de acuerdo
con la naturaleza de las funciones docentes» (sic)
41.12. El
mencionado instituto adjuntó la copia de los informes contractuales
presentados por la demandante, así como las autorizaciones de giro, órdenes de
pago y los informes de cumplimiento presentados en virtud del contrato 921- I de
201731.
41.13. Se aportaron los reportes de actividades durante los períodos comprendidos
entre el 1° y el 30 de junio, el 1° y el 31 de agosto, el 1° y el 30 de septiembre, el 1°
y el 31 de octubre, y el 1° de noviembre y el 1° de diciembre de 2017, suscritos por
la rectora del Colegio Nuestra Señora de Fátima de Pereira32.
41.14. Através del Oficio GS-2022-046806/NUSEFA-RECRI-1.10 el rector del
Colegio Nuestra Señora de Fátima dio respuesta al requerimiento efectuado por el
a quo en el que indicó que «en la planta de personal de la Dirección de Bienestar Social
de la Policía, no existe cargo alguno de docente, por lo cual no es posible atender al
requerimiento. No obstante, lo anterior el personal No uniformado que presta sus servicios
30 Ibidem
31 Ibidem
32 Ibidem
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en los planteles educativos están catalogados como orientadores de defensa, y su escala
salarial para la anualidad 2017, está contemplada en el Decreto 1007 de 2017, que se
adjunta a la presente, es de señalar que la naturaleza de tales cargos es de empleado
público, varios en carrera administrativa, y otros de libre nombramiento y remoción»33.
41.15. Junto con la anterior respuesta se anexó el proyecto educativo institucional
año lectivo 2017 del colegio; el instructivo 016/DIPON - OFPLA del 15 de mayo de
2018, mediante el cual se establece la jornada de trabajo para el personal no
uniformado de la Policía Nacional, suscrito por el director general de la institución;
la carga académica para el año escolar 2015; y la Resolución 010 del 18 de enero
de 2017, por medio de la cual se establece la carga académica para el año 2017
del colegio en el que se relaciona la de la demandante34.
2.3.2. Testimoniales
42. En la audiencia de pruebas celebrada el 9 de agosto de 202235, se recibieron los
testimonios de Nancy del Socorro Romero Monsalve y Héctor Trujillo Rodríguez
solicitados por la parte demandante y de Rodolfo Cubillos León por parte de la
demandada, de los cuales se extrae lo siguiente:
42.1. Nancy del Socorro Romero Monsalve es psicóloga y esta pensionada como
uniformada de la Policía Nacional desde el 6 de diciembre de 2017. Trabajó en el
Colegio Nuestra Señora de Fátima en el que ocupó varios cargos, entre ellos,
coordinadora académica del año 2012 al 2017.
42.2. María Yasmidt Soto Ocampo laboró en el mencionado colegio como docente
del 2015 al 2017 en las áreas de transición y básica primaria en las que direccionó
varias de las asignaturas propias de esos grados.
42.3. Se iniciaban las actividades al comienzo del año escolar y el proceso de
contratación empezaba a finales de diciembre para dar curso a las obligaciones a
finales de enero. Algunos docentes se vinculaban por contratos de prestación de
servicios, lo que le correspondía efectuar al área administrativa, en su momento, al
intendente Borja y, otros eran nombrados por la Policía Nacional a través de la
Dirección de Bienestar Social y el área educativa, a su juicio estos últimos eran en
proporción un poco más del 50%.
42.4. Ella era coordinadora académica
por lo que tenía relación directa con los
docentes que, en ese periodo eran más o menos 33 y le correspondía dirigir o
33 Índice 43 de Samai de Tribunales y Juzgados, archivo «40_040RESPUESTAOFICIO0540(.pdf)
NroActua 43»
34 Ibidem
35 Acta visible a índice 40 de Samai de Tribunales y Juzgados.
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realizar el direccionamiento o la asignación de la carga académica que les
correspondería a los docentes en cada grado, definir los roles de directores de
grupo, de jefes de proyectos y de departamento, guiar con ellos los consejos
académicos, de padres, de promoción y evaluación, y en algunos casos con los
representantes de los docentes y los consejos directivos.
42.5. No existía diferencia entre las funciones que cumplían la actora y los docentes
nombrados porque a ambos se les asignó una carga académica y debían cumplir
con el horario de direccionar la primera clase desde el inicio de la jornada escolar
de los estudiantes, tal vez a los nombrados se les extendía un poco más la jornada
y se comprometían mayoritariamente en reuniones y responsabilidades.
42.6. La demandante cumplía un horario entre las 6 y 6:30 am que iniciaba con la
preparación de trabajos, de revisiones, de material, recibía a los estudiantes a las
7:30 u 8 am y terminaba la jornada más o menos a las 12:30 del mediodía. En la
época en que dictó clases en la tarde su horario era desde el medio día hasta las 6
pm.
42.7. Las reuniones o comités se programaban en la jornada laboral y, para ello se
suspendían clases o se convocaban de acuerdo con el horario que manejara el
docente y se enviaba al reemplazo si era necesario. En otras ocasiones, se citaban
a los docentes en «contrajornada» para darles formación, instrucciones o para
informarles de los cambios del currículum académico.
42.8. Los elementos de trabajo de los que María Yasmidt hacía uso pertenecían a la
Policía Nacional y el lugar de trabajo durante todo el periodo reclamado fue el
Colegio Nuestra Señora de Fátima de Pereira. Igualmente, se le asignaba el salón
de clases donde se encontraba todo el material que requería.
42.9. Aunque no tenía a su disposición los contratos tiene entendido que en el último
periodo prestó sus servicios por intermedio de la Universidad Francisco José de
Caldas, pero ella siempre cumplió iguales funciones de acuerdo con la asignación
académica que le correspondía a cada grupo y en cada grado.
42.10. Aunque las órdenes estaban dirigidas al personal uniformado por estar
nombrados con la Policía, sí había un direccionamiento y asignaciones de
actividades respecto de la contratista frente a las actividades que debían cumplir y,
eran instrucciones que provenían desde la Rectoría que estaba a cargo de un
uniformado y de la Dirección de Bienestar Social, pasaban por el área educativa y,
luego, a través de la coordinación académica se le transmitía a la docente.
42.11. Entre las 33 personas que coordinaba había docentes nombrados. Se les
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entregaba la carga académica, las asignaturas, las actividades que debían realizar
con los estudiantes y con los padres de familia, se les convocaba a las reuniones o
las denominadas de desarrollo institucional en las que se preparaban las clases, se
hacían exposiciones, se asignaban y hacia seguimiento a los proyectos, se
socializaban temas.
42.12. En algunas semanas en las que no estaba dedicada a labores docentes, debía
acudir en la mañana para realizar el desarrollo institucional. Pudo presentarse que
a María Yasmidt Soto Ocampo se le hubiese asignado el acompañamiento de los
estudiantes en los desfiles de semana santa, por ejemplo.
42.13. Si un docente no cumplía con sus funciones se le hacía saber al rector o se le
entregaba el plan de trabajo y era él quien socializaba con el docente su
incumplimiento.
42.14. Debía informar al rector de las situaciones que se le presentara para suspender
el contrato pues no podía enviar a otra persona para que la reemplazara. Si las
ausencias o permisos eran por horas debía informarle al rector o, a ella como
coordinadora quien, a su vez, se lo hacía saber a aquel y viceversa para que se
supliera la necesidad del servicio. Ello fue así en todo el periodo reclamado, incluso
en el que la universidad fue intermediaria, aunque como fue en el último año no
recuerda la metodología usada por esta.
42.15. Las asignaturas que dictaba la demandante estaban en el plan de estudio de
la institución y eran asignadas junto con las responsabilidades de acuerdo con el
plan de estudio con el que debía cumplir cada colegio enviado por el área educativa
de la Policía Nacional y el perfil del docente.
42.16. Las actividades de nivelaciones, formulación de actividades de refuerzo y
mejoramiento de planes individuales se hacían en las semanas de desarrollo
institucional, antes de iniciar el periodo y las reuniones de promoción y evaluación
al finalizar para identificar los estudiantes que aprobaban o quedaban en refuerzo o
reprobaban el año o un periodo. Es decir, las de desarrollo institucional se
realizaban al inicio del año escolar, pues en ellas se asignaban a los docentes las
asignaturas o el grado, la dirección de un grupo, se elegían los jefes de proyectos
de departamento y a los docentes que harían parte de los consejos académicos, de
padres, y el Directivo durante el año. Al final de cada periodo se realizaba la semana
institucional o se destinaban 1 o 2 días para hacer esta clase de trabajo con los
docentes y que ellos prepararan el plan de estudio que iban a direccionar con los
estudiantes durante ese periodo siguiente.
42.17. También se participaba de capacitaciones con el Sena, se programaban
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reuniones al término de la jornada con los estudiantes para definir actividades
propias como las fiestas del colegio, el día de la familia y del niño, los juegos Inter
clases, las que debían coordinarse con los docentes.
42.18. HéctorTrujillo Rodríguez es pensionado del Magisterio. Nunca estuvo
vinculado con la Policía Nacional. En la actualidad es amigo de la demandante, sin
embargo, fue su pareja sentimental.
42.19. MaríaYasmidt Soto Ocampo trabajaba en el Colegio Nuestra Señora de
Fátima como docente en grupos de primaria y en preescolar a través de contrato de
prestación de servicios celebrados con la Policía Nacional.
42.20. Como él la transportaba le consta que ingresaba a la institución a las 6 am y
regresaba a las 12:45 m. Cuando trabajó en la jornada de la tarde salía del
apartamento a las 12 m y regresaba a las 6:30 pm. La prestación del servicio era en
la planta física y no a través de medios tecnológicos o virtuales.
42.21. No suspendió sus labores en el periodo reclamado y nunca tuvo conocimiento
de que le pagaran prestaciones sociales.
42.22. La llevaba a la institución cuando tenía que asistir a alguna reunión o
capacitación sin estudiantes, lo que sabe pues eran en los lapsos en los que los
alumnos no habían empezado clase o después de que habían salido a vacaciones.
Estas reuniones normalmente eran después de que se vinculaba y en otras
ocasiones cuando finalizaban las labores académicas, o lectivas, también debía ir
a la evaluación institucional.
42.23. Rodolfo Cubillos León es oficial de la Policía desde hace 13 años y 7 meses,
en el grado de capitán, licenciado en idiomas, con especialización en gerencia
educativa. Entre el año 2013 y el 2016 fue rector de la institución educativa Nuestra
Señora de Fátima.
42.24. La Dirección de Bienestar Social de la Policía era la encargada de suscribir
con la persona el contrato de prestación de servicios, durante el tiempo en el que él
estuvo como rector de dicha institución.
42.25. No tiene presente cual era el objeto contractual de la demandante, pero
partiendo de su profesión, de su pregrado en licenciatura en pedagogía infantil,
estaría dirigido a dictar clases a los niños de preescolar y primaria.
42.26. Recuerda que en el colegio se manejaban 2 jornadas, una en la mañana, que
abarcaba a preescolar y primaria y, otra en la tarde, en la que se dictaba bachillerato.
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En la mañana las clases eran desde las 6:00 am hasta las 12 m.
42.27. Cumplía funciones como cualquier docente pues, aparte de direccionar sus
asignaturas, se encargaba de llevar registros de control de clases, atender a los
padres de familia, participar en las actividades del colegio, aunque debido al objeto
contractual hacerlo era optativo porque estaba por fuera de su jornada académica
y de no asistir desde la rectoría o la coordinación académica se ubicaba a quien
pudiera asumir lo que correspondiera con sus estudiantes.
42.28. Durante el tiempo en el que estuvo como rector del 2013 a octubre de 2015 la
contratación fue directa con la Dirección de Bienestar Social, no hubo
intermediarios. Desde los colegios de la Policía Nacional se identificaban las
necesidades, en qué asignatura se tenía la falencia, se recopilaban las hojas de
vida de acuerdo con el perfil requerido, se realizaba una entrevista y se enviaban a
la mencionada dirección ubicada en Bogotá en donde se tomaba la decisión de
contratar.
42.29. La docente para ausentarse por motivos familiares, alguna calamidad o, asistir
a una cita médica debía informar a la coordinadora académica de manera inmediata
para que desde esa área se dispusiera de un reemplazo. «no podía tomar la decisión
autónoma de decir no voy hoy, porque pues no quiero o siento que no puedo ir hoy, pero
hay un compromiso también con unos niños, pues que estaban esperando una clase por
parte de esa persona, pues obviamente hay que informarle ya sea normalmente como en
todo colegio, hay un coordinador académico, un coordinador de disciplina, un rector y pues
obviamente los docentes dependen directamente de un coordinador académico».
42.30. En cuanto a la asistencia a las reuniones y capacitaciones se le hacia la
invitación pues al ingresar a una institución educativa se debe conocer de su
estructura, su misión, visión y de cómo es la doctrina que va a impartir durante las
clases que va a dirigir. Sin embargo, como eran actividades extracurriculares se le
invitaba, pero como estaba vinculada por OPS tenía la facultad de ir o no.
42.31. En el caso de la Resolución 010 de 2017 «todo empleado que llegue a cualquier
entidad debe conocer el funcionamiento de esta, porque no puede llegar de manera
autónoma a decir esto sí lo voy a hacer, esto no lo va a hacer porque independiente donde
ingrese un funcionario y tiene que acogerse a una serie de responsabilidades que le atañen
pues como empleado, en este caso, pues como docente que era la función que iban a
desempeñar estas personas», así pues, la persona firmó un contrato y al leerlo
entiende y asume las responsabilidades y lo acepta al suscribirlo.
42.32. La demandante contaba con el perfil de licenciada en pedagogía infantil, lo que
le permitía cubrir, tanto en los grados de preescolar como de primaria, las áreas
básicas del conocimiento: español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias
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sociales y religión. No obstante, la Policía Nacional, con el propósito de fortalecer el
componente de bilingüismo, contaba adicionalmente con docentes licenciados en
idiomas.
42.33. La carga académica era asignada por la coordinación académica, teniendo en
cuenta la cantidad de docentes disponibles, por lo que debía existir una
organización previa de los horarios y de las asignaturas, con el fin de evitar cruces
entre ellas. En el caso de la demandante, su jornada dependía de la programación
académica correspondiente a los grados de preescolar y primaria.
42.34. Los elementos de trabajo eran suministrados por la institución a través del
coordinador logístico.
42.35. Como en toda institución se daban unos parámetros «porque pues ellos son
conocedores que estaban entrando a laborar a un Colegio de la Policía Nacional, por lo
tanto hay una serie de directrices muy puntuales dadas desde Bogotá para los 22 colegios
de la Policía Nacional, por eso digamos, ninguno de los docentes o personal de planta o
prestación de servicios pueden ser ruedas sueltas, porque es un único horizonte
institucional, al cual, pues todos los que estábamos desde el rector hasta el último policía o
persona que trabaje en el colegio, pues debe acogerse a pues a ese tipo de misionalidad
de la institución educativa». Sin embargo, los docentes eran autónomos en sus
cátedras, lo cual no los eximía del deber de conocer el manual de convivencia y el
horizonte institucional.
42.36. En épocas como semana santa y vacaciones los docentes brindaban apoyo
en actividades propias de la institución, en tanto, el pago era mes a mes y el ejercicio
de la docencia no solo se cumple al interior de las aulas, sino también, entre otras,
con la preparación de las clases.
2.4. Análisis sustancial del caso concreto
2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral
43. Con fundamento en lo expuesto, la Sala analizará si se acreditaron los elementos
que permiten configurar una relación de trabajo entre María Yasmidt Soto Ocampo
y la Policía Nacional.
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
44. De acuerdo con los elementos de prueba que obran en el expediente, se advierte
que entre el 3 de febrero de 2015 y el 30 de abril de 2017 María Yasmidt Soto
Ocampo prestó sus servicios profesionales a la Policía Nacional mediante contratos
de prestación de servicios como licenciada en pedagogía infantil para el Colegio
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Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
Nuestra Señora de Fátima de la Dirección de Bienestar Social de dicha entidad
ubicado en Pereira, lo que implica que fue ella quien suministró el servicio en forma
personal y no a través de otra persona, en tanto fue quien ejecutó la labor
contratada.
45. Así se advierte de las consideraciones de los contratos 08-7-10074-2015, 08-7-
10094-2016 y 08-7-10043-2017 al señalar que «habiéndose dado cumplimiento a los
trámites y requisitos que exige la contratación administrativa y verificado por parte del Jefe
del Área de Educación la hoja de vida allegada por EL CONTRATISTA cumple con los
requisitos de idoneidad y experiencia para desarrollar el objeto del contrato, es procedente
la celebración del presente contrato de prestación de servicios profesionales».
46. Ciertamente, de los enunciados instrumentos jurídicos se observa que fue
contratada por razón de su perfil profesional como licenciada en pedagogía infantil,
su idoneidad y experiencia para cumplir con los objetos contractuales. Además, no
existía la posibilidad de que otra persona pudiera cumplir con esta labor, tal y como
se extrae de la cláusula incluida en los contratos en la que se manifestó que la
contratista no podría cederlos sin autorización previa y expresa de la Dirección de
Bienestar Social de la Policía Nacional, lo que no se probó o alegó que hubiese
ocurrido; de lo que se sigue que, respecto de los objetos contractuales relacionados,
era la demandante y no otra persona quien ejecutó las obligaciones pactadas.
47. Lo anterior, fue confirmado con las declaraciones de Nancy del Socorro Romero
Monsalve (coordinadora académica) y Rodolfo Cubillos León (rector) quienes dieron
cuenta de que fue la demandante quien, por su perfil profesional, dictaba clases en
los grados de transición o preescolar y básica primaria en el Colegio Nuestra Señora
de Fátima.
48. Ahora bien, entre el 2 de mayo y el 1° de diciembre de 2017 la demandante
suscribió el contrato de prestación de servicios 921-I-2017 con el Instituto de
Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (Idexud) Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, cuyo objeto fue «[e]n virtud del presente contrato
de prestación de servicios el contratista se obliga con la universidad por sus propios medios
y con plena autonomía a prestar sus servicios como docente en el marco del contrato
interadministrativo No. 049 de 2017 celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas».
49. Sobre el particular, la Sala considera necesario indicar que, como se expuso en
el marco normativo, la naturaleza jurídica del contrato interadministrativo responde
a una finalidad de cooperación entre entidades públicas para el cumplimiento de
funciones y fines estatales entre las que media un componente económico. En esa
medida, una de ellas se obliga a ejecutar una prestación a cambio de una
remuneración o precio. No obstante, tal instrumento puede ser desnaturalizado al
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Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
emplearse como mecanismo para encubrir una relación laboral entre una de las
entidades contratantes y un tercero.
50. En tales casos, pese a la apariencia de un contrato interadministrativo, si
concurren los elementos propios del contrato laboral [prestación personal del
servicio, subordinación y remuneración] se configura una desviación de su objeto,
lo cual conlleva su desnaturalización y la a vinculación irregular del tercero. Esta
práctica contraviene los principios que rigen la contratación estatal y la protección
del trabajo, dando lugar al desconocimiento de las garantías laborales previstas en
el ordenamiento jurídico en favor de los trabajadores.
51. Ahora bien, en el presente caso, respecto de la prestación personal del servicio
durante el período objeto de análisis, esto es el ejecutado en virtud del contrato 921-
I-2017, se tiene que la demandante se obligó a prestar sus servicios como docente,
lo que evidencia que fue ella quien ejecutó directamente la labor contratada y no
otra persona.
52. Además, se reitera que así fue manifestado por los declarantes, en especial por
Nancy del Socorro Romero Monsalve, quien manifestó que María Yasmidt Soto
Ocampo cumplió con sus obligaciones conforme a la asignación académica
correspondiente a cada grupo y grado que le fue designado, de acuerdo con su
perfil profesional, incluso durante el periodo en que estuvo vinculada a través de la
Universidad Francisco José de Caldas.
2.4.1.2. Remuneración
53. María Yasmidt Soto Ocampo percibió una remuneración por el trabajo realizado,
tal y como se evidencia de las relaciones de pagos detallados mes a mes de los
contratos de prestación de servicios 08-7-10074-2015, 08-7-10094-2016 y 08-7-
10043-2017 que suscribió con la Dirección de Bienestar Social de la Policía
Nacional, en los que se advierte que se estipuló el valor y la forma de pago, así
como de los formatos para pagos de prestación de servicios.
54. Igualmente, obran las autorizaciones de giro, órdenes de pago del contrato 921-
I de 2017 en virtud del cual se obligó con la universidad a prestar sus servicios como
docente en el marco del contrato interadministrativo 049 de 2017 celebrado entre el
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo
prestado, independientemente de su denominación (honorarios o salario).
2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia
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55. Una vez valoradas en conjunto las pruebas documentales aportadas y los
testimonios, se tiene que las funciones desempeñadas por la demandante no se
realizaron de forma autónoma e independiente, sino que estuvo sujeta a horarios,
instrucciones y órdenes que son de naturaleza subordinada pues atienden al control
de un superior (coordinador académico y rector) para ejecutar las obligaciones
contractuales, por lo que existe una sujeción de ella hacia la entidad demandada y,
en tal sentido, esta contaba en todo momento con la posibilidad de disponer de su
servicio, y aquella, a su vez, tenía la obligación correlativa de obedecerle, lo que
evidencia el ejercicio del ius variandi por parte de la Policía Nacional.
56. Precisamente los testimonios y el contenido de los contratos dan cuenta que el
empleador impuso las condiciones de ejecución de la labor para que la trabajadora
desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia,
pues María Yasmidt Soto Ocampo en ejercicio de sus funciones cumplía un horario,
seguía órdenes e instrucciones del jefe inmediato (coordinador académico), no
podía delegar sus labores de docente en otra persona, además, las tareas que
desarrollaba debían realizarse de forma continua, no podía ausentarse libremente
de su lugar de trabajo sin previamente informar a su superior.
57. En este punto, la Sala precisa que, tal y como lo expuso la entidad demandada
la contratación de sus servicios profesionales se realizaba ante la carencia de
personal de planta que atendiera la labor a ella encomendada y con la finalidad de
garantizar la oferta educativa; además, por su perfil profesional, como quedó
establecido en el acápite anterior.
58. De la valoración conjunta de los testimonios se desprende que la jornada, el
horario, el grado y la carga académica eran asignados por la coordinación
académica. De igual modo, desde la rectoría, y conforme con las directrices del área
educativa, se orientaban y asignaban las actividades que debían desarrollarse con
los estudiantes y con los padres de familia e incluso en eventos extracurriculares.
59. Igualmente, se convocaba a la demandante a las reuniones denominadas de
desarrollo institucional, cuyo objeto era, al inicio del periodo académico, organizar y
preparar las clases, socializar temas, trazar actividades de nivelación, formular
planes de refuerzo y mejoramiento individual. Al finalizar el periodo, tales reuniones
se orientaban a verificar la promoción y evaluación de los estudiantes, a fin de
identificar quiénes aprobaban o no las asignaturas o el año escolar.
60. La prestación del servicio se desarrollaba en las instalaciones de la institución
educativa y se le asignaba un aula de clases con los implementos necesarios para
el ejercicio de sus obligaciones. Para ausentarse debía informar a rectoría o a
coordinación académica para que se supliera la necesidad del servicio. En general,
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Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
para la ejecución de las obligaciones pactadas y para impartir formación se debían
seguir los principios o lineamientos fijados por la institución.
61. Además, como lo manifestó Rodolfo Cubillos León, rector de la institución entre
el 2013 y el 2016, la demandante cumplía funciones como cualquier docente y pese
a que se refirió a la autonomía de catedra, lo cierto es que reconoció que se le
efectuaban directrices y que aquella debía atender a los parámetros institucionales.
Así pues, las manifestaciones realizadas en la audiencia de pruebas dejan ver que
la actividad desplegada por María Yasmidt Soto Ocampo se realizó de conformidad
con las orientaciones emanadas del centro educativo, y no bajo su propia dirección
y gobierno.
62. Esto se advierte luego de analizadas las funciones realizadas por la demandante,
en las que se aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria
dependencia y subordinación, por lo que la Sala, al realizar una valoración bajo las
reglas de la sana crítica, encuentra que es posible determinar la existencia de una
relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad
demandada de emplear de modo permanente y continuo los servicios de la
demandante como docente, pues la labor se desarrolló más de 2 años.
63. Lo expuesto se funda en que María Yasmidt Soto Ocampo se comprometió, entre
otras, a lo siguiente:
«[p]articipar en la elaboración del planeamiento y programación de actividades del área
básica especifica; programar y organizar las actividades de enseñanza aprendizaje de
las asignaturas a su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en la
programación a nivel de área; dirigir y orientar las actividades de los estudiantes para
lograr el desarrollo de su personalidad y darles tratamiento y ejemplo formativo; participar
activamente eventos complementarios de educación; controlar y evaluar la ejecución de
actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje, aplicar oportunamente en
coordinación con el jefe de departamento o el coordinador académico, las estrategias
metodológicas a que dé lugar el análisis de resultados; presentar al jefe del
departamento escolar o coordinador académico informe del rendimiento de estudiantes
a su cargo, al término de cada uno de los periodos de evaluación, certificando las
calificaciones con su firma; participar en la administración de estudiantes conforme lo
determine el reglamento de la institución y presentar los casos especiales a los
coordinadores, al director de grupo y/o consejería para su tratamiento; presentar
periódicamente informe al jefe de departamento escolar o en su defecto al coordinador
académico, sobre el desarrollo de las actividades propias de su cargo; deberá ejercer la
dirección de grupo cuando le sean asignadas; deberá dar cumplimiento con el plan
de estudio de la asignatura asignada» (sic) [se resalta].
64. Igualmente, se le establecieron condiciones adicionales tales como «[c]uidar de
32
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
los elementos y equipos asignados para el desarrollo de las clases. Durante las jornadas
de receso escolar, en semana santa, vacaciones de junio- julio y semana de receso en
octubre los docentes deberán realizar actividades de carácter curricular específicamente lo
referente a nivelaciones, formulación de actividades de refuerzo y planes de mejoramientos
individuales a cada una de las áreas» y «las demás asignadas de acuerdo con la naturaleza
de las funciones docentes» (sic).
65. Lo anterior ponen en evidencia que no realizó sus labores en forma autónoma e
independiente, pues estas tienen relación de correspondencia con el ejercicio del
poder subordinante por parte del empleador, en la medida en que debía seguir las
directrices de la institución educativa y a su vez del área educativa de la Dirección
de Bienestar Social de la Policía Nacional, ya fuera las contenidas en los
reglamentos y el manual de convivencia vigentes o las instrucciones entregadas por
sus superiores [rector y coordinador académico], según lo prestablecido en la carga
académica y el calendario institucional.
66. Aunado a ello, obra en el expediente el proyecto educativo institucional 2017, en
el que se relaciona el personal del colegio, entre otros, se da cuenta de la existencia
en la planta el empleo de docentes [orientador de defensa] y por OPS y la carga
Académica para el año escolar 2015, «[la] cual atiende los criterios y directrices
impartidas por el Ministerio de Educación Nacional, y Área de educación de la Policía
Nacional», documentos en los que se encuentra relacionada la demandante.
67. Igualmente, se encuentra la Resolución 010 del 18 de enero de 2017 «por el cual
se establece la carga académica para el año 2017 del Colegio Nuestra Señora de Fátima-
Pereira» y que en sus consideraciones previó «[q]ue en el Decreto 1850 del 13 de agosto
2002, por la cual se reglamenta, entre otras cosas, la organización laboral de directivos
docentes y docentes y las asignaciones académicas, ordena que el horario de la jornada
escolar sea definido por el Rector o director, al comienzo de cada año lectivo, de
conformidad con las normas vigentes, el proyecto educativo institucional y el plan de
estudios y debe cumplirse durante las cuarenta (40) semanas lectivas establecidas»,
documento en el que también está relacionada la carga correspondiente a María
Yasmidt Soto Ocampo. Por todo lo anterior, resulta evidente que el empleador
impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar, en el entendido de que permitió el
cumplimiento de la misión encomendada a la institución educativa, pues es claro
que a través de las actividades contratadas aportó al desarrollo de las funciones
atribuidas a dicha institución.
68. En este punto, no puede pasarse por alto el criterio jurisprudencial de esta
corporación según el cual «la labor del docente contratista no es independiente, sino que
el servicio se presta de manera personal y subordinada al cumplimiento de los reglamentos
33
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
propios del servicio público de la educación»36.
69. Ahora bien, tal y como lo planteó el recurrente, el cumplimiento de un horario es
apenas un indicio de la subordinación, y en cada caso debe analizarse las
particularidades en que el servicio se prestó para determinar si aun cuando se
acreditó el cumplimiento del horario, este es constitutivo del ejercicio del poder
subordinante del empleador, pero como se refirió de las obligaciones y el lugar
desde donde se debió ejecutar el objeto contractual el cumplimiento de un horario
constituye, en este caso, un indicio del poder subordinante del empleador que
otorga certeza de que la demandante debía cumplir con obligaciones que
implicaban la ejecución de actividades de docencia en el Colegio Nuestra Señora
de Fátima a satisfacciones de las necesidades de la Dirección de Bienestar Social
de la Policía Nacional, y cuya función no fue de carácter temporal.
70. Incluso en el periodo comprendido entre el 2 de mayo y el 1° de diciembre de
2017 en el que estuvo vinculada a través de la Universidad Francisco José de
Caldas en virtud del contrato interadministrativo celebrado entre esta y la Dirección
de Bienestar Social de la Policía Nacional. Lo anterior, toda vez que el objeto
contractual fue prestar el servicio de docencia, las obligaciones fueron idénticas a
las prestadas en desarrollo de los contratos de prestación de servicios suscritos
directamente con la policía, según consta en los informes de cumplimiento y el
reporte de actividades expedido mes a mes por la rectora de la institución.
71. Así también lo declaró Nancy del Socorro Romero Monsalve al señalar que las
órdenes, instrucciones, y la asignación de carga académica y actividades fueron
iguales en este periodo, sin distinción alguna por haber prestado el servicio a través
de la universidad.
72. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»37.
73. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
36Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de unificación jurisprudencial CESUJ2 No. 5 del
25 de agosto de 2016
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
34
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»38.
74. Así las cosas, en el presente asunto no puede hablarse de coordinación, puesto
que el desempeño de las funciones por parte de la demandante estaba sujeto a
medidas u órdenes del Colegio Nuestra Señora de Fátima de la Dirección de
Bienestar de la Policía Nacional, a saber: la imposición de un horario y/o el
cumplimiento de políticas y lineamientos, y la sujeción a directrices de sus
superiores.
75. Ahora bien, la Sala echa de menos que pese a las disposiciones contenidas en
la Ley 909 de 2004, la entidad no haya dispuesto de la creación de plantas
temporales que atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del servicio
formativo, por lo tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las
obligaciones para las cuales fue contratada la demandante no justifica la ausencia
de planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores desarrolladas se
ejercieron bajo la subordinación de la entidad por espacio de más de 2 años.
76. De esta manera, la circunstancia de que, consciente y libremente, la demandante
haya aceptado las condiciones de contratación que le fueron planteadas en los
contratos de prestación de servicios, y que se acudiera a su celebración ante la
insuficiencia de personal de planta que desarrollara esas labores, resulta indiferente
en una situación como la expuesta pues «ni aún el consentimiento puede considerarse
como argumento válido para que el trabajador renuncie a los beneficios prestacionales que
la ley prevé en su favor»39, tal y como lo señaló el artículo 53 de la Constitución
Política.
77. Además, valga precisar que la posibilidad de contratar con terceros a que aluden
los artículos 32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede ser
entendida como una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías
laborales, pues lo cierto es que tal y como se advirtió en esta decisión, la naturaleza
contractual con la cual se revistió la vinculación de la demandante con la Dirección
de Bienestar de la Policía Nacional, a través de terceros, se desnaturalizó al
desarrollarse sin autonomía ni independencia, las cuales se constituyen en las
características propias de la referida relación contractual y, a su vez desnaturalizó
la finalidad del contrato interadministrativo.
38 Ibidem.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de septiembre de 2014,
radicado 200012331000201100503 01 (3517-2013), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
35
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
78. En este punto en particular es necesario señalar que los periodos en los que la
demandante prestó el servicio a través de la Universidad Francisco José de Caldas
sí pueden ser tenidos en cuenta a efectos de acreditar la existencia de una relación
laboral y derivar de ello el derecho a percibir salarios y prestaciones, cuya obligación
recae en la entidad que se benefició de sus servicios40.
79. Así las cosas, se encuentran demostrados los elementos constitutivos de una
relación laboral y por tanto de su existencia para los periodos comprendidos entre
el 3 de febrero de 2015 y el 1° de diciembre de 2017, afirmación que se desprende
de los testimonios, de los contratos de prestación de servicios, las certificaciones y
las demás pruebas documentales analizadas.
2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio
80. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones a que tiene derecho la demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral encubierta.
81. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta corporación
en sentencia de unificación dispuso que:
«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.
151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
40 Tal y como ocurre cuando la vinculación se hace a través de empresas de servicios temporales o
con una cooperativa de trabajo asociado Al respecto ver las siguientes providencias: i) auto del 27
de abril de 2016, radicado 66001 23 33 000 2013 00181 01 (4259-2013), M.P. Gerardo Arenas
Monsalve; ii) sentencia del 27 de noviembre de 2014, radicado 05001 23 33 000 2012 00275 01
(3222-2013), M.P. Gerardo Arenas Monsalve; auto del 3 de marzo de 2020, radicado 17001 23 33
000 2015 00925 01 (2814-2016), M.P. William Hernández Gómez.
36
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)
153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».
82. Esta decisión fue aclarada en auto del 11 de noviembre de 2021, en el que la
Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».
83. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:
«En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.
Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales». [Se resalta].
84. Así las cosas, a juicio de la Sala, «[q]uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
37
Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
contractual»41.
85. En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud
del reconocimiento de la relación laboral fue presentada ante la entidad demandada
el 10 de enero de 2019, y existieron interrupciones injustificadas superiores a 30
días hábiles entre los lapsos en que se declaró la existencia de una relación laboral,
ello implicó la solución de continuidad en la prestación del servicio y la exigencia de
presentar la reclamación administrativa dentro de los 3 años siguientes; no obstante,
se determinará que acaeció el fenómeno jurídico de la prescripción de las
prestaciones sociales a que tiene derecho antes del 2 de diciembre de 2015, esto
es el periodo laborado en virtud del contrato 08-7-10074-2015. Lo anterior se
advierte en el siguiente recuento:
Contrato Desde Hasta Interrupción en días
hábiles
08-7-10074-2015 3 de febrero de 2015 2 de octubre de 2015
Adición 3 de octubre de 2015 2 de diciembre de -
2015
08-7-10094-2016 1° de marzo de 2016 1° de noviembre de 61
2016
Adición 1° de noviembre de 30 de noviembre de -
2016 2016
08-7-10043-2017 1° de febrero de 2017 30 de abril de 2017 44
921-I-2017 2 de mayo de 2017 1° de diciembre de 0
2017
86. Es así como, la interrupción que implica el acaecimiento del fenómeno jurídico
de la prescripción extintiva es aquella que se presenta entre los contratos 08-7-
10074-2015 y 08-7-10094-2016 pues el primero terminó el 2 de diciembre de 2015
y el segundo inició el 1° de marzo de 2016, plazo que excede los 30 días hábiles,
sin que se haya alegado alguna razón que justifique tal interrupción. En tal sentido,
y ante dicha interrupción, la oportunidad para que la demandante presentara la
reclamación venció el 2 de diciembre de 2018, sin que ello ocurriera.
87. Valga precisar que, si bien entre la finalización del contrato 08-7-10094-2016 y la
fecha en la que inició el 08-7-10043-2017 transcurrieron más de 30 días, la
reclamación administrativa se presentó dentro de los 3 años siguientes, es decir, en
término, puesto que respecto de esta interrupción la oportunidad vencía el 30 de
noviembre de 2019 y se presentó el 10 de enero de ese año.
2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho
41 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el
Consejo de Estado.
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
88. Por lo dicho, la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de prestaciones legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendría que realizarse
en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con base en los honorarios
pactados en los contratos de prestación de servicios.
89. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales42 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas43.
90. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, correspondería reconocer que
la labor desempeñada por María Yasmidt Soto Ocampo debía ser remunerada
conforme con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales
funciones a las suyas.
91. Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendría que
reconocer el reajuste salarial, esto es, las diferencias entre lo devengado por un
empleado de planta y lo percibido por concepto de honorarios. Al respecto, es
importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que deberán ser
reconocidas al demandante se sostuvo en anterior providencia44 que «el
reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
42 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
43 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado
66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público (…)», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones reclamadas en virtud del aludido
principio de «a trabajo igual salario igual».
92. Esto, en aplicación de las garantías de orden constitucional que impone a las
autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales45. Con fundamento en ello, esta Sala ha señalado
que, en asuntos relativos a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el
reconocimiento y pago de las diferencias que resulten entre lo que recibió la
demandante por concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de
condiciones respecto de un empleado que ejecutara iguales funciones en la entidad.
93. Lo explicado con anterioridad, es la posición adoptada por la Sala para la
liquidación de las prestaciones laborales a la cuales tendría derecho María Yasmidt
Soto Ocampo y para el cálculo del ingreso base de cotización (IBC); sin embargo,
comoquiera que ello daría lugar a la modificación de la orden proferida por el a quo
al establecer que la entidad demandada debía reconocer las prestaciones «durante
los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir entre el
1º de marzo de 2016 hasta el 1º de diciembre de 2017, tomando como base los
honorarios contractuales derivados de los contratos de prestación de servicios
correspondientes a dichos períodos»; y al ser la entidad el apelante único en este
asunto no se modificará la providencia en este aspecto con el ánimo de no
desmejorar su situación en virtud del principio de la non reformatio in pejus.
2.4. Costas
94. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
95. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
45 Artículo 53 de la Constitución Política.
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
96. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma46.
97. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
98. En el caso concreto, como no se evidenció en esta instancia actuación temeraria
o mala fe ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite
procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
99. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que existió una relación laboral
entre María Yasmidt Soto Ocampo y la Policía Nacional entre el 3 de febrero de
2015 y el 1° de diciembre de 2017, salvo sus interrupciones y, en consecuencia,
tiene derecho al reconocimiento de las prestaciones de orden legal a que haya lugar.
Sin embargo, las prestaciones a que tiene derecho en virtud de la prestación de sus
servicios en el periodo comprendido entre el 3 de febrero de 2015 y el 2 de diciembre
de ese año, se extinguieron en virtud de la prescripción, pero será tenido en cuenta
para efectos pensionales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual
46 En igual sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 66001-23-33-000-2020-00016-01 (1238-2024)
Demandante: María Yasmidt Soto Ocampo
accedió a las pretensiones de la demanda incoada por María Yasmidt Soto Ocampo
contra la Policía Nacional.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Salvamento de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG
42
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