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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00308-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2021-00308-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de 22 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. - Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2021-00308-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 66001-23-33-000-2021-00308-01 (7623-2023)
Demandante : Marco Antonio Adarve Giraldo
Demandada : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema : Reconocimiento de pensión de jubilación Ley 33 de
1985 maestro vinculado con anterioridad a la Ley 812
de 2003
Decisión Sentencia de segunda instancia confirma

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra
la sentencia de 22 de junio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda1.

1.1. Pretensiones.

El señor Marco Antonio Adarve Giraldo, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
solicitando la nulidad de la Resolución No. 0565 del 24 de agosto del 2021,
por medio de la cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio le negó la pensión de jubilación conforme lo establecido en la Ley
33 de 1985.

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Expediente digital de primera instancia índice 00001

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Nº Interno: 7623-2023
Demandante: Marco Antonio Adarve Giraldo
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

A título de restablecimiento del derecho, pidió que, se condene a la parte
demandada a: (i) reconocer y pagar pensión de jubilación, a partir del 14 de
octubre de 2014, con el 75% de los factores salariales devengados durante el
año inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus, sin exigir el retiro
definitivo del cargo.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El accionante nació el 14 de octubre de 1959 y prestó sus servicios mediante
órdenes de prestación de servicios desde el 15 de abril de 2002 y hasta el 19
de diciembre de 2003, con algunas interrupciones.

Posteriormente, se vinculó como docente nombrado en provisionalidad desde
el 10 de febrero de 2004 y hasta el 31 de diciembre de 2017, con algunas
interrupciones.

Tuvo vinculaciones también en la Contraloría General de la República desde
el 2 de febrero de 1984 y hasta el 1 de diciembre de 2000, con algunas
interrupciones.

Por medio de escrito de 23 de septiembre de 2019, pidió a la demandada el
reconocimiento de una pensión de jubilación conforme lo dispuesto en la ley
33 de 1985, la cual fue resuelta negativamente con el acto administrativo
demandado.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

De la Ley 812 de 2003, el artículo 81.
Ley 100 de 1993, articulo 279.
Ley 91 de 1989, articulo 15 numerales 1 y 2
Ley 33 de 1985, articulo 1, inciso 2º
Ley 60 de 1993, artículo 5.
Ley 115 de 1993, artículo 115.
Decreto 3752 de 2003, artículos 1 y 2.

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Nº Interno: 7623-2023
Demandante: Marco Antonio Adarve Giraldo
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

La parte demandante expuso que, el régimen pensional de los docentes
vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003, es el de las Leyes 33 y 62
de 1985.

Hizo énfasis en que, para el caso, también se deben tener como relevantes
los tiempos de servicios prestados a través de contratos de prestación de
servicios.

2. Contestación de la demanda.

La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio contestó la demanda, con oposición a las pretensiones
formuladas en el libelo introductorio, al considerar que, conforme a la fecha de
vinculación del demandante al FOMAG, la normatividad aplicable para el
estudio de la prestación pensional no es otra que la Ley 100 de 1993 y 797 de
2003.

Argumenta que, no es plausible reconocer estatus de docente al demandante,
en tiempos trabajados bajo la modalidad de OPS, toda vez que no existe
sentencia que reconozca la relación laboral, ni la vinculación o nombramiento del
docente oficial en calidad de empleado público adscrito a la Secretaría de
Educación del Departamento de Pereira.

Concluye que, como el docente ingresó al servicio oficial docente el “6 de mayo
de 2005”, no cumple con el requisito de la vinculación al servicio oficial docente
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 para ser beneficiario de la transición,
razón por la cual le resulta aplicable el régimen pensional de prima media
establecido en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia proferida el 22 de
junio de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda (sin condena en
costas).

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Nº Interno: 7623-2023
Demandante: Marco Antonio Adarve Giraldo
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

Consideró que, al actor le asiste el derecho a la aplicación del régimen
pensional previsto en las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, en razón a que,
acreditó encontrarse vinculado a la docencia oficial en el departamento de
Risaralda, a través de contrato de prestación de servicios, desde el 15 de abril
de 2002, es decir, con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003.

Explicó que, esta Corporación ha considerado que, los contratos u órdenes de
prestación de servicios pueden servir como tiempos computables para el
reconocimiento de la pensión de jubilación, en aplicación del principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades.

Concluyó que, el demandante cumplió el requisito de edad de 55 años el 14
de octubre de 2014 y, para dicha fecha acumuló 8.067 días de servicios que,
conforme las operaciones aritméticas correspondientes, equivale a 22.4 años,
teniendo en cuenta para ello, el lapso laborado bajo la modalidad contractual,
y mediante vinculación legal y reglamentaria como docente y como empleado
público al servicio de la Contraloría General de la República; razón por la cual,
considera que, le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación
con base en lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, por ser beneficiario del régimen
de transición de la Ley 812 de 2003.

Indicó que, al demandante le asistía el derecho a que, su pensión de jubilación
le fuera reconocida por la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los términos de la Ley 33 de 1985,
en un monto equivalente del 75% del salario mensual promedio percibido en
el último año de servicio docente anterior al status pensional (14-10-2013 al
13-10-2014), con la inclusión solo de los factores que hubieren servido de base
para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985.

En lo referente a la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el salario
como docente estableció que los docentes están exceptuados de la prohibición
de recibir doble asignación del tesoro público, por cuanto, el artículo 6º de la

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Demandante: Marco Antonio Adarve Giraldo
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

Ley 60 de 1993 estipuló la compatibilidad entre las prestaciones pensionales
y las asignaciones derivadas del ejercicio de la actividad docente.

Finalmente, declaró la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad
al 23 de septiembre de 2016 y no condenó en costas a la parte vencida.

4. El recurso de apelación:

4.1 La parte demandada formuló alzada contra la anterior decisión. Esgrimió
los siguientes argumentos:

Inició su recurso presentando argumentos para que, no se reconozca la
pensión por aportes en favor del demandante.

Sobre el debate jurídico acá planteado, señaló que, el docente no cumple con
el requisito de continuidad del servicio, por lo que, no es posible reconocer
estatus de empleado público, por los tiempos trabajados bajo la modalidad de
OPS, toda vez que, no existe sentencia que reconozca la relación laboral, ni
la vinculación o nombramiento del docente oficial en calidad de empleado
público adscrito a la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda.

Argumentó que, el demandante ingresó al servicio oficial docente el 12 de julio
de 2005, razón por la cual, no cumple con el requisito de la vinculación al
servicio oficial antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 para ser beneficiario
de la transición que consiste en la aplicación de la Ley 33 de 1985, resultando
entonces que le es aplicable el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

5. Alegatos de conclusión.

En auto del 22 de marzo de 2024, el despacho admitió el recurso de apelación
interpuesto por la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio (FOMAG) y, en virtud del numeral 5 del artículo

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Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión.
II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo de Risaralda, que accedió a las pretensiones. Para el efecto se
analizará (i) el régimen pensional de los docentes vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
y (ii) si los tiempos prestados mediante contratos u órdenes de prestación de
servicios docentes, deben ser computables para definir la vinculación al
servicio y para el reconocimiento de la pensión de jubilación docente.

Con el propósito de desatar los problemas jurídicos, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.1 Aspectos previos; 2.2. Marco normativo y
jurisprudencial; 2.3 Hechos probados; y 2.4 Caso concreto.

2.1 Aspectos previos

Antes de entrar a resolver el recurso de apelación, se considera importante
efectuar pronunciamiento frente a i.- la falta de congruencia entre el recurso
de apelación y lo decidido en la sentencia de primera instancia y ii.- la
competencia de la Sala para resolver los reparos concretos al fallo del A quo.

2.1.1 La falta de congruencia entre el recurso de apelación y lo decidido
en la sentencia de primera instancia.

Como se mencionó en los antecedentes de esta providencia, la Nación –

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Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio (FOMAG), centró gran parte de su escrito de apelación en
argumentar que la sentencia de primera instancia debe ser revocada, porque
el actor no tiene derecho a la aplicación de la Ley 71 de 1988.

Al revisar las pretensiones de la demanda, y en especial la sentencia de
primera instancia, se observa que, el Tribunal de Risaralda resolvió que el
señor Marco Antonio Adarve Giraldo tiene derecho al reconocimiento del
régimen de transición establecido en la Ley 33 de 1985 por encontrar
acreditada su vinculación al servicio docente con anterioridad a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

El Tribunal encontró que, el actor prestó sus servicios a la Contraloría General
de la República y a la Secretaría de Educación de Risaralda por más de 20
años, es decir, que la controversia jurídica no se relaciona con servicios
prestados en el sector privado.

En lo que respecta al recurso de apelación, el artículo 247 de la Ley 1437 de
2011 le impone el deber al recurrente de sustentar los reparos contra la
sentencia, y dicha actuación delimita el pronunciamiento de la segunda
instancia, tal y como lo dispone el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión
expresa del artículo 306 del CPACA.

La jurisprudencia ha establecido que, el recurso de apelación demarca la
competencia del juez de segunda instancia, sin embargo, cuando los
fundamentos de la apelación son extraños al debate por no corresponder al
caso juzgado por el A quo, se entiende como una apelación fallida, en cuanto
que, la falta de congruencia entre la sentencia recurrida y los motivos de
inconformidad no permite resolver la apelación, según lo ha sostenido esta
corporación en los siguientes términos:

“En conclusión, se observa que los argumentos esgrimidos por el recurrente
como sustentación del recurso, en verdad, no están dirigidos contra el fondo de
la sentencia apelada, por no corresponder al caso que se juzga, lo cual impide
en el fondo desatar la apelación, es decir, ésta resulta fallida porque es imposible
confrontar la sentencia con una apelación de la misma que no lo es.

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Demandante: Marco Antonio Adarve Giraldo
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Así, realmente no existe apelación de la sentencia. Y esta situación impide
conocer de fondo el caso por la vía de la apelación. (…)” 2.

De acuerdo con lo anterior, es claro que, los argumentos expuestos por el
Fomag frente a la inaplicación de la Ley 71 de 1988 no guardan congruencia
con la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal, razón por la
cual la Sala no se pronunciará respecto a los mismos.

2.1.2 La competencia de la Sala para resolver los reparos concretos al
fallo del A quo.

Como ya se dijo, el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 le impone el deber al
recurrente de sustentar los reparos contra la sentencia, y conforme lo
establecido en el artículo 328 del C.G.P3, dicha actuación delimita el
pronunciamiento de la segunda instancia.

De lo anterior se desprende que, el recurso de apelación se encuentra
limitado al aspecto indicado, por lo que, se debe resolver la impugnación en
los términos previstos en el artículo 328 del C.G.P, el cual establece:

“Artículo 328 del C.G.P. Competencia del superior. El juez de segunda instancia
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley”.

En este orden de ideas, resulta claro que, para el juez de segunda instancia
su marco fundamental de competencia lo constituyen los reparos que se
exponen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera
instancia, por lo cual, los demás aspectos, no planteados por el recurrente,
se excluyen del debate en la instancia superior, teniendo en cuenta que, en
el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la
sentencia como el principio dispositivo, y por ello, la jurisprudencia ha
sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso,
condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime

2
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Tarsicio Cáceres Toro, sentencia del 25 de mayo de
2006, proceso con radicado 15001-23-31-000-2000-02086-01 y número interno 2273-2005
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Demandante: Marco Antonio Adarve Giraldo
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad
quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”4.

Con fundamento en lo anterior, y toda vez que, otros de los argumentos del
recurso se centraron en debatir que, no es posible reconocer el estatus de
empleado público al demandante, por los tiempos trabajados bajo la modalidad
de órdenes de prestación de servicios, al no existir sentencia que reconozca
la relación laboral, ni la vinculación o nombramiento del docente oficial en
calidad de empleado público adscrito a la Secretaría de Educación del
Departamento de Pereira; la Sala sólo desarrollará dicho reparo, en aplicación
del principio de congruencia que debe existir entre la sentencia de segunda
instancia y el recurso interpuesto.

2.2 Marco normativo y jurisprudencial.

De acuerdo con los argumentos de la apelación, le corresponde a la Sala
determinar lo siguiente: ¿Cuál es el régimen pensional aplicable a los docentes
vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003? y ¿Sí los tiempos prestados a través de órdenes
de prestación de servicios se deben tener en cuenta para definir la fecha de
vinculación al servicio docente y para liquidar la pensión de jubilación?

2.3 El derecho fundamental a la seguridad social

Como es bien sabido, la seguridad social es un derecho reconocido como
fundamental. La Constitución Política de Colombia en su artículo 48 define la
seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio que debe ser
prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado a través de las
entidades dispuestas para ello, como una garantía irrenunciable de todas las
personas5.

4
Corte Constitucional C-583 de 1997.
5
Corte Constitucional Sentencia T-321 de 1999.

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Demandante: Marco Antonio Adarve Giraldo
Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

Ciertamente este derecho, guarda una estrecha relación con la dignidad
humana puesto que, permite que cualquier persona haga frente a las
circunstancias que las privan de su capacidad para ejercer plenamente sus
derechos y disfrutar de los aspectos sencillos de la vida. Se ha reconocido, por
las Naciones Unidas que la seguridad social desempeña una importante labor
en la reducción y el alivio de la pobreza y la prevención de la exclusión social.
Ahora bien, la protección que el orden constitucional le confiere al derecho a
la seguridad social también encuentra respaldo en varios instrumentos
internacionales que reconocen este derecho. Así sucede con la Declaración
Universal de Derechos Humanos la cual establece que: “Toda persona, como
miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de
la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad”.

Por su parte, el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la
Persona afirma que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le
proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la
incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.

En igual sentido, el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Sociales y
Culturales pregona que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.

De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales prescribe que: “Toda persona tiene derecho a la
seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la
incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios
para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las
prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.

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Demandante: Marco Antonio Adarve Giraldo
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Como se infiere de las normas internacionales mencionadas, el derecho a la
seguridad social busca proteger a todas las personas que, se encuentran en
imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le
permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del desempleo o de una
enfermedad o incapacidad laboral.

La Corte Constitucional, se ha pronunciado sobre la necesidad que existe de
cubrir riesgos que son propios a la condición humana que no pueden
desconocerse y requieren un alto grado de protección. Tal es el caso, de la
pensión de vejez, que es uno de los mecanismos que, en virtud del derecho a
la seguridad social, protege a las personas cuando se produce una disminución
de la producción laboral que impide o dificulta obtener los recursos para
disfrutar de una vida digna”6 .

En este sentido, la pensión de vejez ha sido definida por la jurisprudencia
constitucional como un "salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro
forzoso durante toda una vida de trabajo". Por lo tanto, "el pago de una pensión
no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que, del ahorro
constante durante largos años, es debido al trabajador"7.

Por su parte, el Convenio núm. 102 “Sobre la Seguridad Social” de la
Organización Internacional del Trabajo establece un deber de los estados
miembros de garantizar el derecho a la seguridad social.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial del régimen pensional de los
docentes vinculados al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de
jubilación prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20
años de servicio y llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión
vitalicia de jubilación liquidada con el 75% del «promedio de los sueldos

6
Sentencia T 163 de 2013
7
Sentencia C.177 de 1998.

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devengados durante el último año». Posteriormente, sus derechos
pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma que consagró el
derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que acumularan 20
años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio».

Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía
como finalidad realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes.
En estos términos, el Fondo tiene dentro de sus funciones, reconocer la
pensión gracia, de jubilación, posmortem, de retiro por vejez, de invalidez y la
sustitución pensional.

Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes
afiliados a dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los
empleados del sector público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b)
de la Ley 91 de 1989 según el cual “para los docentes vinculados a partir del
1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se
nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de
Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del
salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del
régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”. (Subrayado fuera de texto).

En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
determinó que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
corresponderá al equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año de servicios, también lo es que, no especificó los requisitos de
reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen atendiendo

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a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 8,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, o el
establecido en la Ley 71 de 1988 para los casos donde se computen aportes
al sector público y al privado, esto teniendo en cuenta que el régimen de
seguridad social en materia pensional establecido en la Ley 100 de 1993 no
se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta normativa.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que,
el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos
y llegue a la edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de
Previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma disposición,
modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que, la base de
liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los
gastos de representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las
horas extras, la bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa
que, en todo caso, “las pensiones de los empleados oficiales de cualquier
orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de
base para calcular los aportes”.

Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones
de cómo se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto
que como dicho gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las
condiciones fijadas, en las ya mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia
con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado

8
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.
Radicado 68001233100020110027601.

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comunitario", puesto que, a través del artículo 819(espacio)introdujo
importantes cambios en el régimen de los docentes oficiales, con el fin de
incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones regulado por la
Ley 100 de 1993.

En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que, el régimen de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al
servicio público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa]
ley»; sin embargo, en seguida reguló que los docentes oficiales vinculados a
partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003), deben ser afiliados al
Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres».

El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de
la Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en
relación con el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1o dispuso
que “El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido
para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de
esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley
812 de 2003”.

La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado
cambio legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25
de abril de 201910, en la cual estableció que, para definir el régimen que regula

9
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto
Nacional 3752 de 2003.

10
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.

15

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el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales,
nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de partida la
fecha de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos términos quedó
explicado en la citada sentencia:

«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen,
con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».

De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que, para
quienes se hayan vinculado al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27
de junio del mismo año11 la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación
sería la que corresponde “al mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación
para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985
o en la Ley 71 de 1988, según el caso, los factores que se deben tener en
cuenta son solo los aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no
se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo”12.

Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de
la Ley 812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley
812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 13. Esto quiere decir,
que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse
en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

11
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
12
0937-2017. MP CésarPalomino Cortés.
13
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el
artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.

16

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69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto
1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones […]».

En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les
aplicaran las leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Requisito de edad: 55 años.
Requisito de tiempo o semanas: 20 años de servicio. Monto: 75%.con un IBL
o Componente temporal: del último año anterior a la adquisición del derecho a
la pensión, en consideración de la compatibilidad del ejercicio de la docencia
con el goce de la pensión de jubilación prevista por el art. 5º de la Ley 224 de
1972; o último año de prestación de servicios, según corresponda.

En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les
aplicará la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años.
Requisito de tiempo de servicios: según corresponda de acuerdo con el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Monto: el que resulte de aplicar las reglas
previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, según corresponda en el
tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos 10 años o toda la vida
laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con
antelación a la promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley
91 de 1989 que, a su vez, remite al «[…] régimen vigente para los pensionados
del sector público nacional», contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945
y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la
Ley 33 de 1985.

Es importante destacar, aunque parezca de perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985, el
régimen de los pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley
33 de 1985, solo permite sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.

2.5 Cómputo del tiempo de servicios prestados por los docentes a
través de contratos de prestación de servicios para el reconocimiento
pensional.

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Para desarrollar este punto, se debe recordar que la Corte Constitucional en
sentencia C-555 de 1994, declaró la inconstitucionalidad del artículo 6º de
la Ley 60 de 1993 y del parágrafo tercero del artículo 105 de la Ley 115 de
1994, concluyendo que las disposiciones adoptaban unas diferencias
injustificables, a raíz de lo dispuesto en el artículo 13 superior, entre los
docentes-empleados públicos y los docentes-temporales. Sobre el
particular, la Corte explicó:

“En estricto rigor ha debido considerarse como problema a resolver la existencia
o inexistencia de diferencias relevantes entre las actividades que cumplen
ambas categorías de docentes, a fin de estimar si resulta procedente
jurídicamente mantener el trato legal distinto de que son objeto unos y otros y
que, definitivamente, es más favorable para una de las categorías. El trato
diferente debe ser justificado de manera independiente al mismo tratamiento
diferente, que es precisamente el que debe ser acreditado como correcto. En
otras palabras, el término de comparación que sirva para comparar las hipótesis
aparentemente disímiles, no puede estar constituido por el mismo tratamiento
diferenciado, que en últimas pretende justificarse o descartarse. No puede, de
otra parte, olvidarse que la calificación de " empleado público ", presupone la
aplicación de un determinado régimen legal. Por ello, deben tomarse las
actividades en sí mismas, exentas de calificaciones que prejuzguen sobre su
régimen. Sólo en estas condiciones puede efectuarse la comparación entre los
dos supuestos en juego y desde un ángulo que sea relevante. Por lo demás,
tanto el régimen contractual como el legal y reglamentario, aislada y
unilateralmente considerados son inobjetables, o a lo sumo lo serían sólo en el
plano legal.
…
Desde el punto de vista de la actividad material que ejecutan los docentes-
temporales, no parece existir diferencia respecto de la que realizan los docentes-
empleados públicos. Si no se encuentra una diferencia, entre estos dos
supuestos, edificada sobre un criterio de comparación que sea razonable,
perdería plausibilidad el régimen jurídico asimétrico que, en las condiciones ya
referidas, la ley contempla y el cual, en los aspectos principales (remuneración,
prestaciones, derechos y obligaciones), es más favorable para los docentes-
empleados públicos.
….
La diferencia originada en el menor costo económico, principalmente causada
por la falta de reconocimiento de prestaciones sociales, no obstante la naturaleza
laboral de la actividad efectivamente cumplida por los docentes-temporales,
confrontada a la luz de la Constitución, se torna irrazonable y contraria a sus
mandatos. El trabajo, así beneficie al Estado, genera derechos y obligaciones
irrenunciables. Las prestaciones sociales, corresponden a un concepto de
derecho mínimo establecido en las normas laborales, que es irrenunciable (CP
art. 53). Sin perjuicio de que el Juez ordinario, en cada caso concreto, pueda
hacer prevalecer la naturaleza laboral de una determinada relación, el legislador
carece de libertad frente a la realidad del trabajo subordinado y no puede, sin
más, desconocer su existencia y despojarla de las consecuencias y garantías
que le son inherentes.

La diferencia originada en el menor costo económico, principalmente causada
por la falta de reconocimiento de prestaciones sociales, no obstante la naturaleza
laboral de la actividad efectivamente cumplida por los docentes-temporales,
confrontada a la luz de la Constitución, se torna irrazonable y contraria a sus
mandatos. El trabajo, así beneficie al Estado, genera derechos y obligaciones

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irrenunciables. Las prestaciones sociales, corresponden a un concepto de
derecho mínimo establecido en las normas laborales, que es irrenunciable (CP
art. 53). Sin perjuicio de que el Juez ordinario, en cada caso concreto, pueda
hacer prevalecer la naturaleza laboral de una determinada relación, el legislador
carece de libertad frente a la realidad del trabajo subordinado y no puede, sin
más, desconocer su existencia y despojarla de las consecuencias y garantías
que le son inherentes.
….
A la luz de las consideraciones anteriores, La Corte estima que el cargo de
inconstitucionalidad sustentado en la violación del principio de igualdad está
llamado a prosperar y así lo declarará. En todo caso, queda entendido que las
designaciones de personal de planta, sólo se podrán llevar a cabo con estricta
sujeción a las normas constitucionales y legales

En concordancia con la anterior consideración, esta Subsección, en
sentencia del 30 de enero de 2025, radicación No 66001-23-33-000-2020-
00492-01 (0391-2022), explicó:

“Así las cosas en razón de la naturaleza de la función docente, el principio de
la primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia,
puesto que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación de
servicios conlleva una verdadera relación de trabajo sobre la formalidad que
haya querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa
modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de
planta que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y,
además, deben acreditar iguales condiciones de formación y experiencia 14.

En la sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 201615, hizo
referencia a la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de
servicios y señaló que esta modalidad de vinculación no desvirtúa el carácter
personal de su labor ni es ajena al elemento subordinación existente con el
servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes
empleados públicos i) están sometidos a las directrices, inspección y
vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de
autonomía en el ejercicio de sus funciones; ii) cumplen órdenes por parte de
sus superiores jerárquicos; y iii) desarrollan sus funciones durante una
jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los
establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual
en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e
igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte
del Estado.

Ahora bien, se ha establecido que el proceso ordinario de reconocimiento de
la pensión de jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de
contratos de prestación de servicios es viable cuando se pretende la
declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o en el evento
en que únicamente se solicite para efectos del cómputo de los periodos
laborados bajo la forma contractual16.

14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de
enero de 2017, radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).
15
Dentro del expediente con radicación 23001233300020130026001 (0088-2015).
16
En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación
de tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento
y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al
reembolso de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas
(artículo 75, numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13
de febrero del 2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).

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Lo anterior nos permite sostener que, los tiempos laborados a través de
contratos de prestación de servicios, deben ser tenidos en cuenta,
comoquiera son relevantes para el reconocimiento de la pensión de
jubilación de los docentes oficiales, en aplicación del principio de la realidad
sobre las formas17.

2.6. Pruebas obrantes en el plenario

Teniendo en cuenta que, la apelación se centró en atacar los tiempos de
servicios prestados por el señor Marco Antonio Adarve Giraldo mediante
órdenes de prestación de servicios, se relacionaran las pruebas que se
refieren a dicho aspecto.

Al expediente se allegó la siguiente prueba:

i) Constancia de cumplimiento de contratos suscrita por el director
administrativo del servicio educativo y administración de plazas docentes de la
secretaría de educación departamental de Risaralda de fecha 12 de febrero de
2021, en la que se certifica que el demandante suscribió órdenes de prestación
de servicios, para cumplir sus funciones como docente en la institución
docente Nuestra Señora del Rosario en el municipio de Santuario, por los
siguientes periodos:

Desde el 15 de abril hasta el 30 de junio del 2002.

A partir del 15 de julio hasta el 15 de noviembre de 2002.

Iniciando el 16 de noviembre hasta el 13 de diciembre del 2002.

Comenzando desde el 20 de enero hasta el 06 de julio del 2003.

Desde el 21 de julio hasta el 21 de agosto del 2003.

17
Consejo de Estado sentencia del dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), Radicado: 17001-23-33-
000-2020-00038-01 (6307-2022), Demandante: Miguel Ángel González Vélez

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Del 22 de agosto hasta el 19 de diciembre del 2003.

2.7. Caso concreto.

En el sub lite se tiene que el demandante, prestó sus servicios en la secretaría
de educación de Risaralda mediante contratos de prestación de servicios por
los períodos comprendidos desde el 15 de abril hasta el 30 de junio del 2002,
del 15 de julio hasta el 15 de noviembre de 2002, del 16 de noviembre hasta
el 13 de diciembre del 2002, desde el 20 de enero hasta el 06 de julio del 2003,
desde el 21 de julio hasta el 21 de agosto del 2003, y del 22 de agosto hasta
el 19 de diciembre del 2003.

De acuerdo con lo anotado en esta providencia, aquellos docentes cuya
vinculación sea anterior al 27 de junio de 2003 tendrán derecho a adquirir la
pensión de jubilación de que tratan las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Por su
parte, los educadores que ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán
acceder a la pensión de vejez contemplada en el artículo 33 de la Ley 100 de
1993 (modificado por el 9 de la Ley 797 de 2003).

Debe decirse que los tiempos laborados a través de contratos de prestación
de servicios celebrados con la Secretaría de educación de Risaralda, deben
ser tenidos en cuenta para definir el derecho pensional del accionante, en
aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, y,
comoquiera que esta Corporación ha establecido que el contratista docente no
es independiente, pues el servicio se presta de manera personal y subordinada
al cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público de la
educación, pero con todo eso, fue el legislador y la jurisprudencia las que
desde tiempo atrás ordenaron a las entidades territoriales corregir el yerro en
el que incurrían vinculando profesores bajo la modalidad contractual, quienes
en todo caso, ejercían una labor docente al servicio del Estado; que resultan
ser los argumentos por los cuales esta sala se ha inclinado para considerar
útiles estos tiempos; sin embargo, fue el legislador y la jurisprudencia las que
desde tiempo atrás ordenaron a las entidades territoriales corregir el yerro en

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el que incurrían vinculando profesores bajo la modalidad contractual, quienes
en todo caso, ejercían una labor docente al servicio del Estado; que resultan
ser los argumentos por los cuales esta sala se ha inclinado para considerar
útiles estos tiempos.

Adicional a lo anterior, se ha defendido que la actividad docente no se
desarrolla en virtud de la coordinación imperante en los contratos de
prestación de servicios “comoquiera que se cumple conforme a las instrucciones,
directrices y orientaciones de sus superiores en el centro escolar, la secretaría de educación
territorial y el Ministerio de Educación Nacional, es decir, no bajo su propia dirección y
gobierno33, de lo cual se infiere que la subordinación y la dependencia se encuentran
inmersas en dicha labor, esto es, connaturales al ejercicio docente sujeto a los reglamentos
propios del magisterio”18.

De acuerdo con todo lo expuesto, existen razones suficientes para confirmar
la sentencia apelada, en razón a que, de acuerdo con la postura actual de esta
Corporación, el tiempo de servicios prestados mediante contratos de
prestación de servicios, debe ser tenido en cuenta para el reconocimiento
pensional de los docentes y en el sub lite el señor Marco Antonio Adarve
Giraldo, acreditó haber prestado sus servicios a la docencia con anterioridad
al 27 de junio de 2003.

2.8. Condena en costas.

No habrá lugar a la condena en costas, teniendo en cuenta que, no se cumplen
los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues, esta Sala ha
sostenido que dichas normas otorgan al juez la facultad de valorar su
procedencia, lo cual, implica examinar la actuación procesal de la parte
vencida, verificar con certeza su causación y constatar que la conducta
desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado
adverso del proceso.

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016,
radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16.

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En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes
a lo largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se
abstendrá de imponerlas en esta sede.

III. DECISIÓN

Visto lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de
Risaralda, que accedió a las pretensiones de la demanda, comoquiera que,
con fundamento en el principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades, los tiempos de servicios prestados mediante contratos de
prestación de servicio, deben ser tenidos en cuenta para definir el
reconocimiento pensional de los docentes.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de 22 de junio de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, que accedió a las pretensiones de la
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. - Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Cfr.Rad.AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01(1251-2024)

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