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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2019-00241-01

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2019-00241-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998. TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo de Santander, dejando las anotaciones de ley. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 40 Núm. único de radicación: 680012333000201900241-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2019-00241-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 680012333000201900241-01
Actor: Defensoría del Pueblo – Regional Santander
Demandados: Instituto Nacional de Vías, Municipio de Floridablanca1 y Dirección de
Tránsito y Transporte de Floridablanca

Tema: Seguridad vial; puente peatonal; derechos e intereses colectivos a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente; a la seguridad y salubridad
públicas; al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública; y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Defensoría del Pueblo –
Regional Santander, contra la sentencia de 28 de marzo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander2.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) consideraciones
de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La Defensoría del Pueblo – Regional Santander, en adelante la parte actora,
presentó3 demanda en ejercicio del respectivo medio de control contra el Instituto
Nacional de Vías – INVIAS- y el Municipio de Floridablanca, con el objeto de lograr la
protección de los derechos e intereses colectivos a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente; a la seguridad y salubridad públicas; el acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; y a la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las

1
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado: 5ED_CARATULA.
2
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
25_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA
3
La demanda fue presentada el 26 de marzo de 2019.

2

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disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Que se reconozcan, y garanticen los derechos e intereses colectivos
correspondientes a la previsión de desastres previsibles técnicamente, a la seguridad y
salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública, así como los demás que encuentren probados por el operador
judicial, de conformidad con los hechos expuestos.

SEGUNDA: En consecuencia, de lo anterior, se ordene al Instituto Nacional de Vías
(INVIAS), la construcción de los pasos peatonales, que a bien se determinen
técnicamente en el tramo comprendido entre la zona denominada “papi quiero piña” en
el Municipio de Floridablanca, y a lo largo del anillo vial hasta la nueva glorieta donde se
encuentra ubicado el supermercado MAKRO.

TERCERA: Si hubiere oposición, condénese en costas a la parte demandada, a favor
del fondo de Ley en favor de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO, en forma solidaria […]”4.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus
pretensiones:

3.1 El Municipio de Floridablanca ha tenido un desarrollo urbanístico en los últimos
años, en especial en la zona de Rio Frio, la cual comprende el eje de la calle 200,
desde el sector conocido como “Papi quiero piña” en conexión con el eje del anillo vial
de Floridablanca a Girón, en el punto donde se encuentra el Condominio Mediterrané
y desde el Anillo Vial en el sector de Ciudadela Comfenalco hasta el puente sobre el
Rio Frio en límites con Girón. Según el actor popular, la anterior situación significó un
aumento en el flujo de vehículos que se desplazan desde otros municipios y aquellos
de transporte de carga pesada que transitan desde el interior del país hacia la costa
caribe.

3.2 Según las cifras informadas por la Dirección de Tránsito de Floridablanca en el
año 2012, en ese municipio, específicamente en el tramo de la Riviera hasta el puente
Rio Frio, se presentaron 18 accidentes, en los puntos críticos: del anillo vial, en el
sector de Comfenalco y Cañaveral.

3.3 Las cifras de accidentalidad aumentaron por diferentes factores, entre ellos; el
exceso de velocidad, por ser una vía nacional; en menor escala, por la imprudencia de
los peatones y la falta de un puente peatonal. Igualmente, el aumento en la asignación
de más rutas de buses de servicio público para cubrir la demanda de transporte público
constituyó un factor relevante.

4
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado: 1ED_01FOLIOS199.

3

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3.4 El sector es de expansión urbana según el Plan de Ordenamiento Territorial de
Floridablanca -Decreto 0068 de 2016-; por lo tanto, los habitantes deben cruzar
diariamente el corredor del anillo vial entre Floridablanca y Girón, específicamente en
el sector de la zona refrescante hasta los límites con el Municipio de Girón en un
trayecto de 3 kilómetros aproximadamente; fragmento en el cual no cuentan con un
puente peatonal, teniendo en cuenta que el más cercano se localiza a unos 6
kilómetros.

Contestaciones de la demanda

4. El Instituto Nacional de Vías – Territorial Santander se opuso a todas las
pretensiones de la demanda. Se pronunció en relación con los hechos de la demanda
y fundamentó su contestación con base en los siguientes argumentos5.

4.1. Se requiere de la demostración de la violación o la amenaza real y actual de
los derechos e intereses colectivos. En efecto, de las pruebas allegadas con la
demanda no se cuenta con un dictamen técnico que dé certeza sobre las afirmaciones
del actor popular.

4.2. La Ley 1551 de 6 de julio de 20126, estableció como función de los municipios
la elaboración de los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera
específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales. Además,
la construcción de las obras que demande el progreso municipal, para lo cual se deben
tener en cuenta los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas, entre
otros.

4.3. No es competencia de la entidad la construcción de pasos peatonales sobre la
autopista y dentro del sector urbano del Municipio de Floridablanca; en ese sentido, el
Decreto 2618 de 2013 estableció el objeto de la entidad, el cual es la ejecución de
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no
concesionada de la red vial nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y
de infraestructura marítima, de acuerdo con los lineamientos indicados por el Ministerio
de Transporte; es decir, afirmó que la entidad no es la causante del hecho generador
de la vulneración de los derechos colectivos invocados.

4.4. El instituto no es responsable de la vulneración de los derechos colectivos
invocados y por el contrario dio cumplimiento a las funciones que la normativa
establece para esa entidad, mediante el mantenimiento rutinario que realizó sobre la
vía y la ejecución de acciones u obras que no son de su competencia, sino del ente

5
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado: 02. folios 100-122. Folios 2
a 10 del expediente digital del Tribunal.
6
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

4

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municipal, que es el encargado de garantizar y salvaguardar los derechos de las
personas que habitan en el sector.

4.5. La competencia frente a la regulación del tránsito vehicular sobre la vía le
corresponde a la entidad municipal y/o a la dirección de tránsito y transporte de
acuerdo con lo establecido en la Ley 769 de 6 de julio de 20027. En consecuencia,
resaltó que la competencia para regular el tránsito vehicular y velar por la seguridad
vial de los transeúntes, peatones y de la comunidad en general que transita por esa
vía, recae única y exclusivamente en el municipio o en la autoridad de tránsito
municipal.

4.6. Como argumentos de defensa propuso las siguientes excepciones que
denominó: i) “La genérica”; ii) “Improcedencia de la acción”; y “Falta de legitimación en
la causa por pasiva del INVIAS”.

5. El Municipio de Floridablanca presentó escrito en el que se opuso a las
pretensiones de la demanda. Se pronunció en relación con los hechos y argumentó su
oposición con base en los siguientes fundamentos de defensa8.

5.1. La vía hace parte de la red vial nacional de primer orden; en consecuencia,
cualquier intervención es competencia del Instituto Nacional de Vías. En relación con
la Dirección Municipal de Tránsito y Transporte de Floridablanca, esta fue creada
mediante el Acuerdo Municipal núm. 018 de 30 de noviembre de 1988, como un
establecimiento autónomo del orden municipal y que tiene como función organizar y
controlar todo lo relacionado con el tránsito dentro del territorio del municipio. Mediante
el Acuerdo Municipal núm. 025 de 22 de abril de 1995, se nombró a la mencionada
entidad como la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca.

5.2. De acuerdo con lo anterior, adujo que el municipio carece de legitimación en la
causa y en consecuencia debe ordenarse su desvinculación.

5.3. El Instituto Nacional de Vías tiene como objeto ejecutar las políticas y proyectos
relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación, de acuerdo con lo indicado
en el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del 2008, adoptado como norma
técnica para los proyectos de la Red Vial Nacional, mediante la Resolución núm. 0744
de 4 de marzo de 2009.

5.4. El anillo vial dentro del Plan de Ordenamiento Territorial -Acuerdo núm. 035 de
2018-, hace parte de una vía de carácter nacional de primer orden, la cual, para su
intervención o realización de algún proyecto, requiere de las acciones por parte del
responsable, a saber, el Instituto Nacional de Vías.

7
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
8
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado: 02. folios 100-122. Folios
17 a 28 del expediente digital del Tribunal.

5

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5.5. Por último, propuso la excepción que denominó: “Ausencia de legitimación por
pasiva del Municipio de Floridablanca”.

La audiencia de pacto de cumplimiento

6. El Tribunal, mediante auto de 27 de julio de 20219, consideró que, al no existir
fórmula de arreglo, era innecesaria la realización de la audiencia de pacto de
cumplimiento y se dispuso el decreto de pruebas.

Sentencia proferida, en primera instancia

7. El Tribunal Administrativo de Santander10 profirió sentencia el 28 de marzo de
2023, en la que resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta legitimación en la causa
por pasiva, propuesta por el Municipio de Floridablanca y por el INVIAS.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas […]”.

Consideraciones del Tribunal

8. El Tribunal consideró que el problema jurídico para resolver era: “[…] ¿Se
encuentra acreditada en este caso la vulneración de los derechos colectivos referidos
a la prevención de desastres técnicamente previsibles, a la seguridad y a la salubridad
pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, de los usuarios del corredor vial conocido como “anillo vial”, en el tramo
correspondiente al Municipio de Floridablanca ante la ausencia en él de puentes
peatonales? […]”11.

9. Luego de establecer el alcance del medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos como herramienta para evitar el daño contingente, hacer cesar
el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio de los derechos colectivos invocados
y lo relacionado con la carga de la prueba en el medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos, determinó a partir de las pruebas que: i) la vía objeto
del caso es de orden nacional y por esa razón está a cargo del Instituto Nacional de
Vías; ii) que esa entidad ha adelantado obras dentro de las cuales se encuentra la
construcción de 2 puentes peatonales en desarrollo del contrato núm. 1968 de 2020;
iii) respecto del Municipio de Floridablanca, consideró que le atañen responsabilidades

9
Cfr. Cuaderno principal del expediente digital del Tribunal, archivo denominado: 022. 2019-00241-00 auto ordena continuar con
el trámite.
10
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. En carpeta apelación auto archivo denominado:
14Anexo notificación del AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION.
11
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. En carpeta apelación auto archivo denominado:
14Anexo notificación del AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION, página 4.

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y obligaciones como organismo de tránsito y que, en ese sentido, tiene legitimación
para comparecer al proceso; iv) el incumplimiento de la carga de la prueba que le asiste
al actor popular, específicamente en lo relacionado con la valoración de los
testimonios, lo dicho se quedó en apreciaciones subjetivas; v) la ausencia de puentes
no es una circunstancia que por sí sola constituya un medio probatorio que demuestre
la trasgresión de los derechos colectivos invocados; vi) no constituye vulneración de
los derechos colectivos el hecho de que se incluyera en el contrato de obra núm. 1968
de 2020 la construcción de dos puentes peatonales denominados Natura y Zona
Franca, y ello tampoco significó que se responda a la necesidad de proteger los
derechos colectivos, ni al índice de accidentalidad del sector.

10. Finalmente, el Tribunal consideró que, el Municipio de Floridablanca probó que
ha adelantado acciones para proteger a los transeúntes que utilizan el anillo vial, dentro
de las que se destacaron; la creación de pasos peatonales, el cerramiento de cruces
vehiculares potencialmente peligrosos, la instalación de semáforos en el cruce hacía
Mediterrané con iluminación y señalización, la colocación a la altura del centro
empresarial Natura de reductores de velocidad y semáforos, las cuales no fueron ni
desvirtuadas ni controvertidas por la actora.

11. Con fundamento en todo lo anterior, el Tribunal negó las pretensiones de la
demanda.

Recurso de apelación presentado por la parte actora

12. El actor popular presentó escrito por medio del cual interpuso recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su
revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos:

12.1. Sin perjuicio de las obras realizadas para la construcción de los puentes
peatonales, es necesario que se dispongan medidas para el restablecimiento y la
cesación de la amenaza o vulneración a los derechos e intereses colectivos y la
procedencia de la condena en costas a los demandados.

12.2. Existe prueba de la amenaza y de la vulneración de los derechos colectivos
invocados. Refirió que es una carretera nacional que atraviesa zonas urbanas de los
municipios de Floridablanca y de Girón; y que se probó la ocurrencia de casi 70
accidentes de tránsito en el lugar de los hechos.

12.3. El Estado tiene una posición de garante en relación con los transeúntes,
usuarios del espacio público y específicamente de la red vial; y que las situaciones
planteadas afectan igualmente derechos particulares como la vida y la integridad
personal.

7

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12.4. En la sentencia proferida, en primera instancia, se dio validez probatoria a una
documentación aportada por el Municipio de Floridablanca -oficio núm. 3641 de julio 8 de
2019- por medio de la cual se indicaron acciones por parte del Municipio, dirigidas a
evitar la vulneración y amenaza de los derechos colectivos vulnerados.

12.5. Se allegó al proceso un informe de accidentalidad del lugar de los hechos, en
donde se consignó la dirección, fecha y gravedad de los siniestros, lo que prueba la
necesidad de medidas para garantizar en forma adecuada la seguridad vial.

12.6. Ni las obras ni los contratos existían cuando se formuló la demanda de acción
popular y que incluso fue necesario que se profiriera una medida cautelar en el
presente caso, lo que permite inferir, según el apelante, la necesidad de protección de
la seguridad vial.

12.7. Por último, manifestó que es deber de las entidades que tienen a cargo el
mantenimiento, conservación y señalización vial cumplir con sus obligaciones para
cesar la vulneración o la amenaza de los derechos colectivos invocados como
vulnerados.

12.8. Por las anteriores consideraciones, solicitó revocar en su totalidad la sentencia
apelada12.

Actuaciones en segunda instancia

12.9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 18 de mayo de 202313, admitió el
recurso de apelación presentado por la parte actora.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

13. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés
colectivo relativo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles;
v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho a la seguridad y la
salubridad pública; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública; vii) el marco normativo y jurisprudencial del derecho colectivo a la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes; y viii) el análisis del caso concreto.

12
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado: 14Anexo notificación del
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION
13
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado:
9AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION.

8

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Competencia de la Sala

14. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12
de marzo de 201914, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del Consejo
de Estado; iii) el artículo 15015 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de
Estado en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer de los
recursos de apelación que se presenten contra las sentencias proferidas en primera
instancia, por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.

15. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos expuestos
por la parte actora en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 28 de
marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad
con los artículos 32016 y 32817 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201218, norma aplicable
al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.

El problema jurídico

16. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar:

16.1. Si se encuentra o no probado que existe vulneración o amenaza de los derechos
e intereses colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente; la seguridad y salubridad públicas; el acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública; a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes,
respecto de los usuarios del corredor vial del sector conocido como “anillo vial” entre
el Municipio de Floridablanca y Girón, en el sector de “Papi quiero piña”, no obstante,
haberse probado en el trámite de primera instancia que se adelantaron acciones
tendientes a mejorar la seguridad vial e incluso la construcción de dos puentes
peatonales en el sector.

14 “[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
15 En concordancia con el artículo 86 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...] Por medio de la cual se reforma el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia de
descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción [...]”.
16
“[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá
en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo […]”.
17
“[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones […]”
18
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

9

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16.2. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 28 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander, en primera instancia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos

17. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros
de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

18. El artículo 2.° de la Ley 472, define las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a
su estado anterior cuando fuere posible […]”.

19. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda disponer
de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e intereses
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del proceso,
con miras a la procedencia del amparo pretendido.

20. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii)
un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

21. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo, “[…]
quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por diferente
persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que ésta presenta
la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la materia discutida, los
móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la parte actora quien en la
demanda, fija el litigio […]”19.

22. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de 2014; C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.

10

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protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en
la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su
objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las cosas
a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública y un
mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede ser ejercida por
“toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de control,
el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros y los
servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter
sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las pretensiones y,
eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como
mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con fundamento
en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se pretenda
impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de acudirse a las
acciones pertinentes.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
relativo a la seguridad y prevención de desastres técnicamente previsibles

23. Desde el punto de vista constitucional, este derecho colectivo tiene su
fundamento en el artículo 2.º de la Constitución Política20.

24. La relevancia de la actividad preventiva en el Estado Social de Derecho tiene
sustento en que el bienestar social debe lograse a través del despliegue de conductas
que mitiguen las trasgresiones o amenazas de los bienes jurídicos superiores de las
personas.

25. En tal escenario, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes de los
mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser
controlados de manera eficiente y eficaz.

26. Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida en
la Ley 1523 de 24 de abril de 201221, como “[…] un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito

20
“[…] Articulo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra,
bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares […]”.
21
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.

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explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y
al desarrollo sostenible […]”.

27. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación22, según la cual “[…] este
derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o humano,
busca garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la efectividad de
los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las comunidades y a
las personas y la conservación de las condiciones normales de vida en un territorio.
Por esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de las medidas,
programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados para solucionar de
manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción posterior a los
desastres, como es habitual en las actuaciones de policía administrativa) los
problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su bienestar, integridad o
tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por la simple observación de
la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas técnicas de las que hoy
dispone la Administración Pública […]”.

28. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno de
los fines del Estado, consistente en “[…] servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución […]” en el sentido que propende porque las
autoridades públicas adopten medidas, programas y proyectos de carácter preventivos
que resulten necesarios y adecuados para salvaguardar, de manera efectiva, los
derechos de la comunidad que resulten amenazados por previsibles desastres
naturales o antrópicos.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho a la seguridad y
la salubridad pública en relación con la infraestructura pública vial o de
transporte terrestre

29. Vistos los artículos 2.º, 24.º y 82. º de la Constitución Política que indican entre
otros derechos colectivos, el de circular libremente por el territorio nacional; al uso y
goce de los bienes de uso público como las carreteras, así como la correlativa
obligación del Estado de garantizar la integridad del espacio público y su destinación
al uso común.

22
Sección Primera. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Radicación número: 13001-23-
31-000-2011-00315-01(AP).

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30. La Ley 105 de 30 de diciembre de 199323 dispone como principio el de la
seguridad24 como prioridad del sistema y del sector transporte. En tal virtud, es deber
de las autoridades impulsar el desarrollo económico y el progreso social, y para ello,
ejecutarán las obras públicas correspondientes, entre estas, las relacionadas con el
servicio público de transporte, el mantenimiento y la reconstrucción de la
infraestructura vial del país. En los artículos 19.º y 20.º se establece la obligación de la
Nación y de las Entidades Territoriales en la construcción y conservación de los todos
y cada uno de los componentes de la infraestructura de transporte.

31. La Ley 769 de 6 de agosto de 200025 establece en su artículo 1. º como principios
rectores los de seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad
de acceso, plena identificación, libre circulación, educación y descentralización. El
artículo 7. º de la misma norma resalta el deber que les asiste a las autoridades de
tránsito de velar “[…] por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública
y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y
sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia
técnica y humana a los usuarios de las vías […]”. (Destacado fuera de texto)

32. Esta Sección se ha pronunciado en torno a las condiciones mínimas que debe
tener la infraestructura pública vial o de transporte terrestre a efectos de garantizar la
seguridad de los actores viales.

33. En sentencia de 26 de julio de 2007, se refirió a la importancia de que las vías
cumplan con las especificaciones técnicas de todos y cada uno de los componentes que
las integran para efectos de garantizar la seguridad de las personas, así:

“[…] Pues bien, en el anterior contexto normativo y fáctico, encuentra la Sala que se
encuentra acreditada la vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados
en la demanda, en particular del derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, en consideración a que, ciertamente, la Autopista
Oriental, en el tramo que atraviesa el municipio de Malambo (Atlántico) no cumple
con las especificaciones técnicas necesarias que garanticen la seguridad de los
usuarios de la misma.

En efecto, de acuerdo con la normativa citada en precedencia, la mencionada vía hace
parte de la red vial nacional, y dentro de ésta, a las carreteras de primera categoría,
debiendo cumplir por ende con una anchura mínima de zona utilizable, la cual no
se observa en este caso, pues en ninguno de sus puntos alcanza los 30 metros que
como mínimo debe tener, situación éste que deriva en que las calzadas de la vía (dos
en total, cada una con tres carriles) se encuentren en algunos tramos a distancias muy
próximas a las viviendas que se encuentran a lo largo de su recorrido, con el
consecuente riesgo para la seguridad de la comunidad del sector, debido a la
circulación permanente de vehículos que desarrollan altas velocidades.

La norma que establece esa medida mínima, que corresponde a la anchura mínima
utilizable para las carreteras nacionales (tanto para calzadas, como para zonas de retiro

23
“Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las
Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”.
24
Artículo 2.°, literal e.
25
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.

13

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y demás elementos integrantes de la vía), no prevé ninguna excepción en cuanto se
refiere a las carreteras que atraviesan el sector urbano.

Además, es claro que una vía que hace parte de la red nacional de carreteras
cuando pasa por un centro urbano debe cumplir con determinadas condiciones
que permitan la utilización segura de la misma tanto para los conductores de
vehículos, como para los transeúntes y la comunidad en general, condiciones
éstas que se extrañan en la Autopista Oriental en el tramo que atraviesa el
municipio de Malambo, en el que tan solo existen señales horizontales y verticales
en los que se informa sobre la proximidad del centro urbano y el deber de
disminuir la velocidad en su paso por el mismo, dispositivos éstos que resultan,
en criterio de la Sala, insuficientes, cuando se trata de una vía como la
mencionada, calificada por el INVIAS como de primera categoría debido a su
importancia, no estando acreditado debidamente, de otro lado, que haya adoptado las
medidas para la regulación del tráfico vehicular que se anuncian en el recurso de
apelación […]”26 (Destacado fuera de texto).

34. Posteriormente, la Sección Primera, mediante sentencia de 31 de enero de 2008,
destacó, en los siguientes términos, que la falta de señalización de las vías y la ausencia
del mobiliario correspondiente son factores que contribuyen con la maximización del
riesgo de accidentalidad y, por consiguiente, afectan los derechos colectivos
relacionados con la seguridad pública:

“[…] En el caso concreto el Tribunal consideró probada la vulneración efectiva a los
derechos cuya seguridad y garantía reclama el actor […].

Adujo que con posterioridad a la práctica de la diligencia señalada quedó en evidencia
la carencia de las condiciones necesarias que garanticen la segura movilidad de
los peatones a lo largo del sector, y, como agravante, resultó demostrada además
la ausencia de señalización vertical y horizontal, circunstancia que maximiza el
riesgo que corren los peatones al transitar por el sector.

Agregó que aunque en la actualidad existen los espacios necesarios para el tránsito de
los peatones, no es menos cierto que el uso de los mismos, por demás riesgoso, es
consecuencia del cotidiano uso por parte de aquellos a falta de andenes acondicionados
para tal efecto, de lo cual se colige que en efecto, el sector requiere de la señalización
horizontal y vertical pertinente y de la construcción del mobiliario que garantice la
seguridad de los derechos vulnerados. […]

[E]s a todas luces inaceptable la evidente inseguridad y el riesgo en el que ponen
sus vidas los peatones que cotidianamente transitan el sector sobre el cual se
realizaron los correspondientes estudios, tanto por la falta del mobiliario urbano que
garantice la segura movilización de los transeúntes a cada lado de la vía, como
por la carencia de la señalización horizontal y vertical que maximiza el riesgo de
quienes además, transitan por el sector en vehículos automotores.

Anota la Sala el acierto del Tribunal al señalar el riesgo inminente para los peatones
que circulan y se desplazan por la Calle 5ª entre las Carreras 41 y 43, por no estar
plenamente acondicionado el espacio para la movilidad de los transeúntes,
teniendo en cuenta además que quienes a diario circulan por el sector, en su
mayoría son niños y jóvenes estudiantes. […]”27 (Destacado fuera de texto).

35. Finalmente, la Sección, mediante sentencia de 18 de marzo de 201028, aludió a
las obligaciones que le corresponden al Invías en materia de señalización de vías del

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 26 de julio de 2007, C.P. Rafael E. Ostau
de Lafont Pianeta; NUR 080012331000199902940-01.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 31 de enero de 2008; C.P. Camilo
Arciniegas Andrade, NUR 190012331000200402748-01.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 18 de marzo de 2010, C.P. (E) María
Claudia Rojas Lasso; NUR 41001-23-31-000-2004-001364-01.

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orden nacional con el objeto de reducir los índices de accidentalidad y salvaguardar el
derecho colectivo a la seguridad pública:

“[…] De las pruebas señaladas se constata que, la vía indicada en la demanda forma
parte de la Red Nacional de Carreteras a cargo del INVIAS, razón por la cual el
mantenimiento de la misma le corresponde a dicho instituto, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 1 y 2 del Decreto 2056 de 2003 […].

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación, ha precisado que es responsabilidad
de la Nación, por medio del Instituto Nacional de Vías, acometer las obras de
señalización necesarias para prevenir o reducir, por lo menos, los índices de
accidentalidad en las vías del orden nacional. […]

Para la Sala, la negligencia del recurrente frente al cumplimiento de su deber legal
de mantenimiento y señalización de las vías a su cargo, constituye, sin lugar a
duda alguna, una seria amenaza al derecho colectivo a la seguridad pública, pues
no es necesario demostrar el grado de accidentalidad para inferir que la falta de
señalización vial en carreteras comporta un riesgo para los usuarios de la misma,
por lo tanto, en el caso examinado, basta con demostrar la negligencia de la
autoridad obligada al mantenimiento de la vía, para concluir que tal conducta
omisiva amenaza el citado derecho colectivo […]” (Destacado fuera de texto).

36. Para la Sala, la seguridad vial es una prioridad y una finalidad esencial del
Estado, como lo indica el artículo 2 de la Constitución Política. A su vez el artículo 24
ibidem establece el derecho a la libre circulación, pero ello supone que el Estado debe
intervenir y limitarlo, con miras a garantizar la seguridad y bienestar de los habitantes
del territorio. Por lo tanto, el cumplimiento de las especificaciones técnicas en los
diseños y trazados de la vía, los cuales fueron objeto de verificaciones técnicas y
socialización con la comunidad, se traducen en una medida idónea para la protección
de los derechos e intereses colectivos en la medida en que impactan en el bienestar
general, el logro de los fines sociales del Estado29.

37. La Ley 1702 define la seguridad vial como: “[…] el conjunto de acciones y
políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte o de lesión
de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados o no
motorizados. Se trata de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que intervienen
en todos los factores que contribuyen a los accidentes de tráfico en la vía, desde el
diseño de la vía y equipamiento vial, el mantenimiento de las infraestructuras viales, la
regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los elementos de protección activa y
pasiva, la inspección vehicular, la formación de conductores y los reglamentos de
conductores, la educación e información de los usuarios de las vías, la supervisión
policial y las sanciones, la gestión institucional hasta la atención a las víctimas […]”.
(Destacado fuera de texto). Se puede concluir, que la finalidad de la seguridad vial es
la prevención, el control y la disminución de accidentes que ocurran sobre las vías.

29
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 2010, NUR. 190012331000200501449-01, C.P. María
Elizabeth García González. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 29 de febrero de 2024, NUR
080012333000201900729-01; sentencia del 15 de febrero de 2024, NUR 080012333000201800844-01, C.P. Hernando Sánchez
Sánchez.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública

38. Vistos: i) el artículo 365 de la Constitución Política sobre la prestación eficiente
de los servicios públicos; y ii) el literal g del artículo 6.° y el artículo 13 de la Ley 1751
sobre la progresividad del derecho de acceso a los servicios y tecnologías de salud,
que implica la ampliación de la capacidad instalada; y las redes de servicios de salud.

39. El artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios públicos
son inherentes a la finalidad social del Estado. De allí, su deber de asegurar la
prestación eficiente a los habitantes de todo el territorio nacional.

40. La Ley estatutaria 1751 en su artículo 6.° literal g prevé el principio de
progresividad del derecho para la ampliación gradual y continua del acceso a los
servicios y tecnologías de salud. Para la mejora en su prestación, ampliación de la
capacidad instalada del sistema, el mejoramiento del talento humano, así como la
reducción gradual y continua de barreras culturales, económicas, geográficas,
administrativas y tecnológicas que impidan el goce efectivo del derecho a la salud.

41. El artículo 13 de esta misma ley dispone que el sistema de salud está
organizado en redes integrales de servicios de salud, que pueden ser públicas,
privadas o mixtas.

42. Sobre el concepto de salubridad pública, la Sección Primera ha indicado que
alude a las condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida, de la salud
e integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido en los
siguientes términos:

“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones sanitarias,
tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del espacio, necesarias
para la protección de la vida, salud e integridad física del ser humano, así como de las
especies animales y vegetales presentes en el ecosistema.

Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo
afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies
animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a la
afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de transmisión, al
reconocer la interdependencia mutua.
[…]

Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción de
ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del Estado,
por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio público necesarios
para crear condiciones adecuadas de sanidad […]30.

43. La jurisprudencia del Consejo de Estado de tiempo atrás viene considerando
que el derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la

30
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 68001-23-31-000-2012-00485-
01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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Núm. único de radicación: 680012333000201900241-01

salubridad pública consiste en una prerrogativa, según la cual, la comunidad puede
acceder a las infraestructuras que sirven para “la buena gestión de la salubridad
pública”, que integra el conjunto de elementos y servicios propicios para garantizar la
salud.

44. Así, en sentencia de 19 de abril de 200731 el Consejo de Estado se pronunció
sobre el alcance del derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública:

“[…] El derecho o interés colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública, detenta un origen constitucional, pues en el artículo
88 alusivo a las acciones populares se indica el de la ‘salubridad’ como derecho
susceptible de protección a través de esta acción constitucional. Así mismo, en la lista
enunciativa de derechos e intereses colectivos susceptibles de amparo a través de este
instrumento, contenida en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, se consagra de manera
textual en su literal h.

Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la
posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que
velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la estructura
sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.

[…]

El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del ‘acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública’. Es un servicio
público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad, es decir, la
proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado. Ahora bien, el
derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra ‘infraestructura’ la cual debe
entenderse como un conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios
para la creación y funcionamiento de una organización, en este caso, para la buena
gestión de la salubridad pública. Por lo tanto, el acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública implica, entre otros aspectos, la posibilidad que tienen
las personas de beneficiarse de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y
atención, buscando disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y
en un espacio de tiempo determinado32.

Se observa así, que este específico derecho o interés colectivo no puede confundirse
con la salud de la comunidad, toda vez que se refiere más bien a la posibilidad de esta
de acceder a infraestructuras que sirvan para protegerla. Se verifica entonces una
relación comunidad - bienes y/o comunidad - organización; de tal modo que solo se
constatará la afectación a este derecho o interés colectivo, cuando se logre demostrar la
imposibilidad de acceso a una infraestructura de servicios determinada; se insiste no es
el acceso a los servicios, sino a la infraestructura de estos.

Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho o interés
colectivo, se obtendrá a través de órdenes orientadas a acceder a infraestructuras de
servicios […]”.

45. Del mismo modo, la Sección Primera –en decisiones posteriores– ha reiterado
que la protección de “[…] este derecho o interés colectivo se obtendrá a través de
órdenes orientadas a garantizar el acceso a infraestructuras de servicios […]”33.

31
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación
número: 54001-23-31-000-2003-00266-01(AP).
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 14 de noviembre de 2002. C.P. Ligia
López Díaz, radicación número: AP- 533. En este fallo se discutía la naturaleza colectiva que podía detentar la expectativa de los
enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios.
33
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2010, radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-
01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso.

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46. Luego, la Sala en distintos pronunciamientos, ha considerado que este derecho
implica el acceso a la infraestructura (instalaciones, construcciones y edificaciones) y
servicios para garantizar la salubridad pública. Al respecto ha señalado lo siguiente:

“[…] [L]a comunidad puede acceder a instalaciones y organizaciones que procuren la
salud, esto es, que se las construcciones y edificaciones estén adaptadas de tal forma
que eviten a las personas contraer enfermedades o, que se generen focos de
contaminación o epidemias que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria,
ello también incluye los elementos y servicios que se estimen indispensables para la
creación y funcionamiento adecuado de la gestión de la salubridad pública […]”34.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de
vida de los habitantes

47. Visto el literal m) del artículo 4.º de la Ley 472 sobre el derecho a la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes.

48. En relación con el alcance de este derecho, la jurisprudencia de esta
Corporación lo ha definido como “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización,
transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes no
actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera de
su marco normativo […]”35.

49. De igual forma, la Sala mediante la sentencia proferida el 7 de abril de 2011 36,
determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando los marcos legales, de
manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes
comprende los siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función
social y ecológica de la propiedad37; ii) protección del espacio público procurando
adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio
público, el patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respeto
de los derechos ajenos y no abusar del derecho propio38; y iv) atención de los procesos
de cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización

34
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de julio de 2018, radicación número: 68001-23-33-000-2015-00848-01(AP),
C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019, radicación número: 85001-23-33-000-2014-
00034-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, Rad. No. AP-
2005-00901. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de siete (7) de abril de dos mil once
(2011), Radicación número: 63001-23-31-000-2004-00688-01(AP).
37
Inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política.
38
Artículo 95 numeral 1.° de la Constitución Política.

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racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una
función ecológica, buscando el desarrollo sostenible39.

50. Asimismo, esta Corporación ha establecido que el derecho en mención
comprende el acatamiento de los planes de ordenamiento territorial que sirven de guía
y mapa para que el desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de tal
manera que prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la
aplicación de las disposiciones político - administrativas y de organización física
contenidas en los mismos. Así, como el cumplimiento de los preceptos normativos
sobre usos del suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo;
especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad
de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para los
servicios públicos domiciliarios, entre otros40.

51. Para la Sala resulta claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º
de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las autoridades
públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos jurídicos que
rigen la materia urbanística es decir la forma como avanza y se desarrolla una
determinada población, en términos de progreso físico y material, asentada en una
determinada entidad territorial –bien sea en sus zonas urbanas o rurales– con miras a
satisfacer plenamente las necesidades de la población.

52. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación41 en
relación con la importancia de que las vías cumplan con las especificaciones técnicas
de los elementos que las componen, con la finalidad de garantizar la seguridad de las
personas, se resalta que:

“[…] Pues bien, en el anterior contexto normativo y fáctico, encuentra la Sala que se
encuentra acreditada la vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados
en la demanda, en particular del derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, en consideración a que, ciertamente, la Autopista Oriental,
en el tramo que atraviesa el municipio de Malambo (Atlántico) no cumple con las
especificaciones técnicas necesarias que garanticen la seguridad de los usuarios de la
misma.

En efecto, de acuerdo con la normativa citada en precedencia, la mencionada vía hace
parte de la red vial nacional, y dentro de ésta, a las carreteras de primera categoría,
debiendo cumplir por ende con una anchura mínima de zona utilizable, la cual no se
observa en este caso, pues en ninguno de sus puntos alcanza los 30 metros que como
mínimo debe tener, situación éste que deriva en que las calzadas de la vía (dos en
total, cada una con tres carriles) se encuentren en algunos tramos a distancias muy
próximas a las viviendas que se encuentran a lo largo de su recorrido, con el
consecuente riesgo para la seguridad de la comunidad del sector, debido a la
circulación permanente de vehículos que desarrollan altas velocidades.

39
Artículo 3.° de la Ley 388 de 1997.
40
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de 2007, radicación número: 63001-23-31-000-2004-00243-
01(AP). Reiterada por la Sección Primera, en la sentencia de 15 de noviembre de 2019, radicación número: 85001-23-33-000-
2015-00323-03(AP) y en la sentencia de 19 de junio de 2020, radicación número: 05001-23-33-000-2017-01929-01(AP).
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, providencia
de 26 de julio de 2007, NUR 080012331000199902940-01(AP).

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Núm. único de radicación: 680012333000201900241-01

La norma que establece esa medida mínima, que corresponde a la anchura mínima
utilizable para las carreteras nacionales (tanto para calzadas, como para zonas de retiro
y demás elementos integrantes de la vía), no prevé ninguna excepción en cuanto se
refiere a las carreteras que atraviesan el sector urbano.

Además, es claro que una vía que hace parte de la red nacional de carreteras
cuando pasa por un centro urbano debe cumplir con determinadas condiciones
que permitan la utilización segura de la misma tanto para los conductores de
vehículos, como para los transeúntes y la comunidad en general, condiciones
éstas que se extrañan en la Autopista Oriental en el tramo que atraviesa el municipio
de Malambo, en el que tan solo existen señales horizontales y verticales en los que se
informa sobre la proximidad del centro urbano y el deber de disminuir la velocidad en
su paso por el mismo, dispositivos éstos que resultan, en criterio de la Sala,
insuficientes, cuando se trata de una vía como la mencionada, calificada por el INVIAS
como de primera categoría debido a su importancia, no estando acreditado
debidamente, de otro lado, que haya adoptado las medidas para la regulación del tráfico
vehicular que se anuncian en el recurso de apelación. […]” (Destacado fuera de texto).

53. La jurisprudencia de esta Sección, ha considerado igualmente que:

“[…] es misión de las autoridades realizar las acciones y adoptar las medidas que
resulten indispensables para garantizar la vida e integridad de los residentes en
Colombia en su vida, honra, bienes y, en general, el conjunto de derechos de los que
son titulares; para lo cual es esencial su compromiso con la prevención de
situaciones de amenaza o vulneración de esos derechos, en especial cuando ellas
son susceptibles de ser anticipadas mediante la fiscalización permanente de la realidad
y la adopción oportuna de las medidas pertinentes para asegurar la efectividad de los
derechos, bienes e intereses de la comunidad y de sus miembros. Todo ello,
lógicamente, en un marco de razonabilidad y de proporcionalidad, pues mal puede
suponer la imposición a la Administración de obligaciones imposibles de cumplir por
razones técnicas, jurídicas, económicas o sociales [...]”42 (Destacado fuera de texto).

54. Mediante sentencia de 30 de marzo de 200643, se precisó la necesidad de
construir un puente peatonal en una vía de alto tráfico vehicular con el fin de resguardar
el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente,
de la siguiente forma:

“[…] El actor instauró la acción popular pretendiendo la construcción de un puente vehicular
y peatonal en la vía Panamericana en la entrada a la vereda San Peregrino del municipio de
Manizales, pues la falta de este genera riesgo de accidentes amenazando el derecho
colectivo contemplado en el literal l) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia,
susceptible de protección mediante el ejercicio de la acción popular.

El dictamen pericial permitió constatar que el acceso de la vía Panamericana a la vereda
San Peregrino no es el adecuado, y a causa de ello existe riesgo para la vida y la
seguridad de transeúntes y conductores, pues se trata de una vía de alto flujo
vehicular […]” (Destacado fuera de texto).

55. En sentencia de 17 de julio de 200844, se dejó claro que, en materia de seguridad
vial, la acción popular es procedente en su faceta preventiva siempre y cuando se
acredite la situación causante de la amenaza. Y precisó que, para cumplir con ese
requisito, no resulta necesario demostrar la ocurrencia de accidentes de tránsito. Así:

42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia del 26 de marzo de 2015; C.P. Guillermo
Vargas Ayala; NUR 150012331000201100031- 01. Reiterada en sentencia del 18 de mayo de 2017; C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. NUR 130012331-000201100315-01.
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 30 de marzo de 2006; C.P. Camilo
Arciniegas Andrade; NUR 170012331000200300052-01.
44
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de julio de 2008; C.P. Camilo
Arciniegas Andrade, NUR 680012315000200201460-01.

20

Núm. único de radicación: 680012333000201900241-01

“[…] En anteriores oportunidades, la Sala ha puesto de presente que tratándose de
una acción de naturaleza preventiva, procede amparar los derechos colectivos
cuando se demuestra la situación causante de amenaza. En sentencia de 27 de
septiembre de 2007[45], precisó:

«Es evidente el riesgo que corren los usuarios de la vía La Donjuana-Durania
debido a la falta de señalización y demarcación; por tanto, acertó el Tribunal al
conceder el amparo a los derechos colectivos a la seguridad y a la prevención de
desastres previsibles técnicamente, y a la utilización y defensa de los bienes de uso
público, y al afirmar que para darles protección no es necesario acreditar la
ocurrencia de accidentes».

[…]. Se reitera que las autoridades de tránsito, en todo caso, deben «velar por la
seguridad de las personas y las cosas en la vía pública» y encaminar sus acciones a
la «prevención y asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías» (artículo 7º
de la Ley 769 de 2002). […].

[…] [S]e declarará que existe amenaza para los derechos colectivos a la
seguridad pública y a la prevención de desastres previsibles técnicamente […]
pues quedó demostrado el riesgo para la seguridad. Hizo bien el Tribunal en
exhortar a la Dirección de Tránsito para que mantenga los operativos de control
sobre la zona, en este aspecto, se confirmará la sentencia apelada. […]” (Destacado
fuera de texto).

56. En ese sentido para la Sección ha sido relevante analizar aquellas medidas
implementadas por el Instituto Nacional de Vías para mejorar las condiciones de
seguridad vial. En efecto en la sentencia de 24 de septiembre de 2020 se determinó
que:

“[…] 1.3.1. En cuanto a la “cifra alarmante de los datos de accidentalidad” encontrada
por el Tribunal, debe señalarse que, tanto las notas de prensa, como los registros de la
Policía de Tránsito y Transporte datan de entre los años 2011 a 2017. Es decir que se
trata de índices de accidentalidad anteriores a la materialización de las medidas
de refuerzo de seguridad vial evidenciadas en el informe técnico de agosto de
2018.

1. En otras palabras, el Tribunal valoró, preferentemente, aquellas pruebas que aluden
a un posible “alto riesgo de accidentalidad”, sin considerar las acciones ejecutadas a
fin de mitigar dicho riesgo.

1.3.2. Desde un inicio el informe técnico concluyó que la intersección vial en cuestión
cumple con la señalización reglamentaria. No obstante, el Tribunal aseguró que “alto
riesgo de accidentalidad” se debe, en parte, a “la ausencia de señalización debida”. Es
decir, el Tribunal llegó a una conclusión completamente opuesta a lo que se evidenció
en el medio de prueba que fue valorado.

1.3.3. El Tribunal también identificó como factores determinantes del “alto riesgo de
accidentalidad” de la zona, la categoría de la vía y su alta afluencia. La Sala no
desconoce que dichos elementos, considerados en abstracto, puedan contribuir a la
generación del riesgo de accidentalidad. Sin embargo, dichos componentes, por sí
solos, no constituyen fundamento suficiente para precisar la afectación de los derechos
colectivos relacionados con la seguridad pública, y mucho menos para atribuirle a una
autoridad la responsabilidad por los siniestros que se llegaren a materializar.

2. Debe recordarse que la conducción de automotores es, en sí misma, una actividad
peligrosa. En tal virtud, una adecuada ponderación del riesgo debe comprender,
fundamentalmente, el aspecto conductual de los usuarios de la infraestructura vial,
tanto en relación con el cumplimiento de las condiciones técnico-mecánicas de sus
automóviles, como con sus maniobras en la vía.

45
“Expediente AP 54001-23-31-000-2005-00075-01. Actora: Xiomara García Rodríguez. M.P. Camilo Arciniegas Andrade”.

21

Núm. único de radicación: 680012333000201900241-01

3. Adicionalmente, a la hora de precisar los factores de riesgo o las causas de su
materialización en un siniestro específico, no solo debe indagarse acerca de algún
evento o circunstancia concreta en cuanto al estado de la infraestructura vial, o sobre
la existencia o inexistencia de señalización suficiente o la falta de mantenimiento
adecuado, sino que también debe determinarse la concurrencia del hecho de un
tercero, de un caso fortuito o de un evento de fuerza mayor.
[…]

95. La Sala, en este contexto, pone de presente que las autoridades no están
obligadas a lo imposible. En esa medida, es bastante improbable que la
infraestructura pública vial que se pone al servicio de la comunidad -incluso si
se trata de un ordenador vial tipo glorieta- pueda garantizar la eliminación total
de los siniestros o del riesgo de accidentalidad.
[…]

107. Visto lo anterior, es evidente que el informe técnico utilizado por el Tribunal
no contiene conclusiones absolutas, entre otras, porque el mismo no constituye
un estudio riguroso de necesidad sobre la construcción de un ordenador vial en
la intersección de Chagualá.

108. Toda construcción de infraestructura debe estar motivada en aspectos e
insumos técnicos, estadísticos, administrativos, estratégicos, económicos o de
planeación que demuestren, con el mayor nivel de precisión posible, la necesidad y la
magnitud de la medida. Es inadecuado que el juez de la acción popular adopte una
medida como ordenar la construcción de un ordenador vial sin contar con los
fundamentos que lo justifiquen […]”46 (Destacado fuera de texto).

57. De los anteriores recuentos normativo y jurisprudencial se puede concluir en
relación con el derecho e interés colectivo relativo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes, por un lado, que busca proteger el adecuado uso, transformación y
ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes y particulares no
actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces.

58. Por el otro, que busca garantizar las dimensiones de respeto y acatamiento del
principio de función social y ecológica de la propiedad; protección del espacio público
procurando adelantar cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el
espacio público, el patrimonio público, y la calidad de vida y derechos de los demás
habitantes; el respeto de los derechos ajenos y no abuso del derecho propio; y que los
procesos de cambio en el uso del suelo garanticen el interés común, la función social
y ecológica de la propiedad ecológica y el desarrollo sostenible.

59. Y, por último, que se trata de un derecho que se sustenta en la primacía del
interés general y que es transversal a otros derechos, como los de seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, goce del espacio público, utilización
y defensa de los bienes de uso público, seguridad y salubridad públicos, entre otros.

46
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; NUR
630013333004201700369-01.

22

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Análisis del caso concreto

60. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la
parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

61. El Tribunal consideró que el actor popular no cumplió con la carga que le asistía
dentro del proceso de demostrar la vulneración de los derechos colectivos invocados,
debido a que las intervenciones presentadas por los habitantes del sector son
apreciaciones meramente subjetivas. Consideró que, si bien, constituía un hecho
notorio la ausencia de puentes peatonales en el sector objeto de esta acción popular,
esa situación por sí sola no demostraba la vulneración o amenaza de los derechos e
intereses colectivos invocados.

62. El Tribunal explicó que no se puede predicar la vulneración de los derechos
colectivos invocados por la inclusión de “[…] la construcción de dos puentes peatonales
denominados Natura y Zona Franca, pues se desconocen cuáles fueron las razones
que llevaron a incluirlas en el marco del contrato, y solo se puede concluir que luego
de adelantar los estudios a los que se refirió el testigo Oscar Patiño se encontró la
necesidad y la viabilidad técnica para la construcción de estas estructuras, pero sin
que se pueda predicar que esto responda a la necesidad de proteger los derechos
colectivos […]”.

63. El Tribunal determinó que, por parte del Municipio de Floridablanca, se han
adelantado acciones que van encaminadas a proteger a los peatones y transeúntes
del sector que usan el anillo vial, dentro de las que se encuentran la creación de pasos
peatonales, el cerramiento de cruces vehiculares potencialmente peligrosos, la
instalación de semáforos con iluminación y señalización y, por último, la instalación de
reductores de velocidad.

64. Por lo anterior, el Tribunal consideró que no se pudo determinar si las medidas
mencionadas anteriormente fueron suficientes o no, como para ordenar la instalación
de los puentes o pasos peatonales, en los términos solicitados por el actor popular.
Por lo tanto, negó las pretensiones de la demanda.

65. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las pruebas relevantes para
resolver el caso sub examine son las siguientes47:

47
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Carpeta apelación auto. Archivo denominado:
14Anexo notificación del AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION ver Link:
https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201900241006800123.

23

Núm. único de radicación: 680012333000201900241-01

66. Copia de los Oficios de abril de 2018, con asunto: “Solicitud de gestión e
intervención de acuerdo a su competencia y funciones”48, suscritas por los habitantes
del sector de los siguientes conjuntos y residencias: Conjunto Residencial Mirador de
Versalles; Versalles Campestre; Jardín Versalles; Santa María Cañaveral; Alameda
Cañaveral; Casa Bosque Condominio; Altos Cañaveral II etapa; Altos Cañaveral
Campestre; y Altos de Cañaveral III; en la cual se indicó:

“[…] [L]a necesidad apremiante que existe frente a la AUSENCIA DE UN PUENTE
PEATONAL que permita el tránsito entre los habitantes de los sectores que comprenden
desde Papi quiero piña, Barrio La Paz, entre otros y hasta VERSALLES y CAÑAVERAL
y viceversa. Esto es una necesidad sentida, pues el anillo vial, es una ruta de alta
velocidad y peligrosidad. En ambos sectores existe esta [problemática, pues el puente
más cercano es el de la autopista frente a la UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, y el
siguiente está ubicado en Girón.

Este paso en mención es obligado para muchos habitantes por cuanto en Cañaveral se
tiene acceso a colegios, centros comerciales, estación de Metrolínea y, en general,
consideramos que, de conformidad con la Ley 472 de 1998, son derechos colectivos que
están siendo vulnerados, y que acudimos en aras de su protección y garantía […]”.

67. Copia del Oficio núm. 3641 de 8 de julio de 201949, con asunto: “ANILLO VIAL
Floridablanca – Girón” suscrito por la jefe de la oficina asesora de planeación de la
Alcaldía Municipal de Floridablanca, que determinó:

“[…] [S]egún el Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado mediante Acuerdo No. (sic)
035 de 2018, el anillo vial es una Vía de Carácter Nacional cuyo perfil es de 64 mts y
su tramo en el municipio de Floridablanca comprende desde su intersección con la
autopista hasta la Zona franca en el sector de Rio Frio, el restante tramo pertenece al
municipio de Girón.

[…]

Además de lo anterior el Municipio de Floridablanca en busca del mejoramiento de la
movilidad vehicular y peatonal del sector, puso en marcha acciones para la
disminución de accidentes creando pasos peatonales y cerrando cruces
vehiculares potencialmente peligrosos, localizados en el sector de Cotrasur,
semaforización del cruce vehicular hacia el sector de Mediterrané, con
iluminación y señalización, a la altura del centro empresarial Natura se instalaron
reductores de velocidad y semáforos a fin de disminuir el riesgo para peatones
según información de la Oficina de Tránsito, entidad competente para ejecutar
estas obras; Igualmente los proyectos contemplados en el acuerdo No 035 de 2018,
en el que se estableció el desarrollo de proyectos en estas zonas que propicia el
mejoramiento de la movilidad en el sector tanto vehicular como peatonal.

Es importante tener en cuenta que cualquier intervención en una Vía nacional debe
tener el aval del INVIAS entidad que administra las Vías nacionales […]” (Destacado
fuera de texto).

68. Copia del Informe de accidentalidad “Anillo Vial” remitido por la Dirección de
Tránsito y Transporte de Floridablanca de 22 de febrero de 202250, en el que se indica

48
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Archivo denominado: 1ED_01FOLIOS199, folios
14 a 36.
49
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Carpeta apelación auto. Archivo denominado:
14Anexo notificación del AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION Expediente electrónico del Tribunal. Archivo
denominado: 02. folios 100-122, páginas 22 a 23.
https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201900241006800123.
50
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Carpeta apelación auto. Archivo denominado:
14Anexo notificación del AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION Expediente electrónico del Tribunal. Expediente
electrónico del Tribunal. Archivo denominado: 042.1 INFORME ACCIENTALIDAD ANILLO VIAL (1).xlsx. Link:
https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201900241006800123.

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el número de siniestros registrados durante los años 2019, 2020 y 2021, la fecha de
ocurrencia y la dirección, en relación con el tramo denominado Rio Frio, que
comprende el eje de la calle 200 denominado “Papi quiero piña”, conecta con el eje del
anillo vial de Floridablanca a Girón en el punto donde se encuentra ubicado el
Condominio “Mediterrane” y desde el anillo vial en el sector de Ciudadela Comfenalco
hasta el puente sobre el Rio Frio con límites con Girón. Para el año 2019, según el
informe, ocurrieron 35 accidentes; para el año 2020, 12; y para el 2021, 18 accidentes.
Se resalta que el informe no especifica sobre las circunstancias en que se presentaron
los accidentes.

69. Testimonio del señor Oscar Patiño Bustamante51, quien ostentaba la condición
de Ingeniero de Transporte y Vías, adscrito al área técnica de la Dirección Territorial
Santander del Instituto Nacional de Vías, en el que indicó las funciones que
desarrollaba en la entidad relacionadas con la supervisión de los contratos de obra de
mejoramiento y mantenimiento. Expresó algunas consideraciones relacionadas con la
construcción de un puente peatonal en el sector de “Papi quiero piña”. En lo que tiene
que ver con las acciones que adelantó el instituto sobre el sector mencionado, señaló
la realización de la licitación pública núm. 060 de 2020 y el contrato 1968 de 2020 el
cual fue adjudicado al Consorcio Corredor San Alberto y tenía como objeto la gestión
del corredor Zipaquirá - Puente Nacional, San Gil - Palenque (Incluye el sector Papi
quiero piña) y el corredor Rio Negro - San Alberto. Indicó que, dentro del alcance del
objeto contractual, se realizaron estudios en el sector que permitieran determinar la
ubicación de los puentes peatonales. Se otorgó el uso de la palabra a las demás partes
para garantizar el derecho de contradicción de la prueba en la etapa de interrogatorio
y contrainterrogatorio. En esa oportunidad se le interrogó sobre la función de
señalización como responsabilidad del Instituto Nacional de Vías y su pertinencia para
garantizar la seguridad vial. Expresó la importancia de los estudios técnicos para
determinar la construcción de los puentes peatonales.

70. Copia del informe del estado de avance del puente peatonal del sector Natura
en el PR2+0275 de la ruta 45AST08, de 16 de septiembre de 2022, en el marco del
Contrato de Interventoría núm. 2327 de 2020; sobre el mantenimiento integral de la
carretera Zipaquirá- Ubaté – Puente Nacional – San Gil – Palenque; y Bucaramanga –
San Alberto, Ruta 45A, tramo 08, Sector Rionegro – San Alberto PR18+0000 al
PR93+0694. Se realizó la descripción general del proyecto, así:

“[…] El proyecto de la Troncal Central tiene como objetivo fundamental, la inversión en
infraestructura con destino a la construcción, mejoramiento y mantenimiento vial para
atender la creciente demanda en cuanto a la movilización del transporte de carga y de
pasajeros, y para el desarrollo de las regiones como base de la generación de

51
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Carpeta apelación auto. Archivo denominado:
14Anexo notificación del AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION Expediente electrónico del Tribunal. Expediente
electrónico del Tribunal. Archivo denominado: Audiencia de pruebas. Link:
https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201900241006800123.

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oportunidades de crecimiento económico y mejora en la calidad de vida para la
ciudadanía, adicionalmente el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado
pertinente realizar inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento
de metas físicas y fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del país, así
como también la consolidación de la Red Vial Nacional favoreciendo conexiones
estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logístico,
geográfico, social, de seguridad, soberanía y economía. El presente informe describe
el avance de la construcción del puente peatonal sector Natura en el PR2+0275 de la
ruta 45AST08.

2.1. LOCALIZACIÓN

La construcción del puente peatonal sector Natura se encuentra sobre la Vía Anillo Vial
de Bucaramanga, vía 45AST08, en el PR 2+275, como se muestra en la siguiente
figura.

[…]

5. ALCANCE CONTRATO 1968 DE 2020

Actualmente se desarrolla el contrato No 1968 de 2020 a cargo del Consorcio Corredor
San Alberto, con orden de inicio desde el 28 de abril de 2021, el cual tiene por objeto
“GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ – UBATÉ - PUENTE
NACIONAL – SAN GIL PALENQUE Y BUCARAMANGA –SAN ALBERTO, RUTA 45A,
TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694”,
durante la ejecución total del contrato 1968 de 2020, se debe realizar la gestión vial
integral del corredor, el cual incluye la ejecución de actividades mantenimiento rutinario,
mantenimiento periódico, atención de sitios críticos, señalización y seguridad vial,
servicios al usuario, prevención y atención de emergencias, así como la ejecución de
obras mayores, en los tramos que se definan para tal fin; todo lo anterior de acuerdo
con la disponibilidad de recursos asignados al proyecto y con fundamento en la gestión
del corredor vial.

6. OBRAS MAYORES CONTRATO 1968 DE 2020

Dentro de las metas físicas establecidas en el objeto del contrato de obra No. 1968 de
2020 se encuentra el desarrollo de “OBRAS MAYORES EN EL SECTOR ANILLO VIAL
GIRÓN – FLORIDABLANCA (INTERSECCIONES – PUENTES PEATONALES” (sic)
sobre la RUTA 45AST08, corredor vial conocido como el anillo vial metropolitano de
Bucaramanga dichas obras corresponden a construcción de dos puentes peatonales
denominados Natura y Zona Franca, un retorno vial denominado New Port y los
estudios y diseños de la intersección vial sector Malpaso. A continuación, se describen
las características técnicas de las obras y estudios para el puente peatonal sector
Natura.

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Puente Peatonal Natura:

Para la construcción del puente peatonal Natura el contratista Consorcio Corredor San
Alberto elaboró los estudios y diseños respectivos los cuales fueron revisados y
aprobados por la interventoría Consorcio Gestión Vial, resultando que para el sector
Natura se requiere la construcción de un puente peatonal mixto de losa y vigas
longitudinales, mediante la combinación de dos materiales diferentes, empleándose
vigas y riostras metálicas, unidas a una losa colaborante de concreto reforzado, con
cimentación bajo pilotes que permiten trasladar las cargas hasta un estrato resistente
del suelo.

Este puente peatonal se encuentra ubicado en el corredor vial sobre el PR2+200, con
un galibo de 5,39m, tendrá tres (3) luces de 8,9m, 12,74m y 14,59m, un tablero de 2,1m
el cual se mantiene a lo largo de los accesos. La distancia típica entre apoyos de la
rampa es de 10m y la pendiente de desarrollo longitudinal es del 8%. La sección
transversal del puente está compuesta por dos vigas metálicas de sección l con una
separación de 1,3m, y dos voladizos de 0.5m. Las vigas metálicas sirven de apoyo a la
losa en Steel Deck que conforma el tablero del puente. Las obras de cimentación del
puente consisten en la construcción de 10 pilotes de 6 metros de altura con un diámetro
de 1,2m que serán el soporte para apoyar la estructura metálica.

[…]

[…]”.

Respecto del avance de las obras del puente peatonal Natura, el informe menciona
que estas iniciaron el 20 de abril de 2022 “[…] con las labores de excavación manual
y fundida de los anillos para los pilotes como estructuras de fundación de 1,2 metros

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de diámetro y altura de 6 metros ubicados sobre la zona sur y norte, así mismo se
realizó la delimitación y cerramiento de las áreas de trabajo, igualmente se han
adelantado labores de fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica
alcanzando un avance de obra del 60% […]” (Destacado fuera de texto), según se
observa en las siguientes imágenes:

28

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71. Copia del informe sobre las obras de señalización ubicadas en el sector52 “[…]
comprendido entre la zona denominada Papi Quiero Piña en el Municipio de
Floridablanca y a lo largo del anillo vial hasta la nueva glorieta donde se encuentra
ubicado el supermercado MAKRO […]”, suscrito por el Director Territorial Santander.
Se indicó que la competencia del Instituto Nacional de Vías se circunscribe al
mantenimiento de la red vial nacional y a evitar los riesgos a los usuarios, por lo cual
tiene instalado a la fecha una serie de señalización en el sector entre “Papi Quiero
Piña” – retorno del almacén Makro en la ruta 45AST 08 de Floridablanca – Girón en el
anillo vial. En el informe se determinaron las siguientes señales:
“[…]

Lista 1
RUTA 45A 07 - PARALELA FLORIDABLANCA - GIRON
FECHA: AGOSTO DE 2021
TIPO SEÑAL PR COSTADO
SR 30 89+453 D - PARALELA
SR 26 89+473 D- S - PARALELA
SR 30 -30 89+464 D- S - PARALELA
SR 30 -80 89+484 D- S - PARALELA
SR 30 -30 89+540 D- S - PARALELA
SI 27 89+547 D- S - PARALELA
SP 22 89+660 D- S - PARALELA
SR 30 - 30 89+661 I-S
SR 30 - 30 I-S
SR 30 - 30 I-S
SR 30 - 30 I

Ruta 45 AST 08
PR0+0000-PR3+0000
Sector: Floridablanca – Retorno de Makro

52
Cfr. Cuaderno principal del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Índice 00002. Carpeta apelación auto. Archivo denominado:
14Anexo notificación del AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION Expediente electrónico del Tribunal. Expediente
electrónico del Tribunal. Archivo denominado: 036.1 INFORME DECLARACIÓN JURAMENTADA DT SAN. Link:
https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201900241006800123.

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Con el contrato de señalización 1954 de 2019, se ejecutaron las siguientes
obras de señalización vial según los esquemas con:

• BANDA ALERTADORA.
• LOGARÍTMICAS.
• SP-46 4 UNIDADES DE 75 CM.
• SI-05 o SI-06 4 UNIDIADES (sic) cm de alto.
• SP-24 2 UNIDADES DE 75 CM.
• SR-30(30) 2 UNIDADES DE 75 CM.
• LINEA DEMARCACION VIAL.
• TACHAS

Esquema 1. Sector de Centro empresarial Natura PR2+100 / 500 l cual se
ejecutó en ambos márgenes de la vía nacional de Floridablanca- Girón y
Girón Floridablanca.

72. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso
sub examine.

73. La Sala considera que, teniendo en cuenta el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, y conforme con el artículo 167 de la Ley 1564, “[…]
[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen […]”. Asimismo, que conforme con el artículo
30 de la Ley 472, “[…] [l]a carga de la prueba corresponderá al demandante […]”,
sin perjuicio de la posibilidad para el juez de impartir órdenes para suplir las
deficiencias probatorias y, de ser el caso, obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir sentencia de mérito.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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74. Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado53, en diferentes
pronunciamientos, ha referido y defendido la importancia de la carga probatoria en
las acciones de esta naturaleza. Por ejemplo, en sentencia proferida por esta
Sección Primera, consideró lo siguiente:

“[…] Sobre la carga de la prueba en acciones populares, el artículo 30 de la Ley
472 de 1998 dispone que:

“La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por
razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el
juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los
elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando
dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema
materia de debate y con cargo a ella.

En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de
lo establecido en el inciso anterior, en virtud de lo establecido en el inciso anterior, el
juez podrá ordenar su práctica con cargo al fondo para la defensa de los derechos e
intereses colectivos.”

En ese orden de ideas, es claro que el actor tiene la carga de probar los hechos
que expone en la demanda con el fin de que prosperen las pretensiones. Por lo
anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se vulneró el derecho
colectivo al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes
de uso público, como lo estima la actora, como quiera que no probó dicha
vulneración […] Es así, que la Sala confirmará la sentencia impugnada […]”54
(Destacado fuera de texto).

75. Así las cosas, la Sala considera que, en las acciones populares, por regla
general, la carga de la prueba corresponde al demandante o al actor popular;
obligación de la cual solo puede sustraerse por razones de orden económico o
técnico expresamente advertidas y acreditadas en el proceso, sin perjuicio de la
facultad probatoria que le asiste al juez popular, por mandato de los artículos 28 y
30 de la Ley 472 y a la regla general de índole probatorio, prevista en el artículo 167
de la Ley 1564, anteriormente indicada. En este mismo sentido, se pronunció esta
Sala de Decisión en sentencia de 23 de enero de 202055.

76. Contrario a lo afirmado por el actor popular, respecto de la existencia de
material probatorio relacionado con la vulneración de los derechos colectivos
invocados; para la Sala, por un lado, se probó que el Instituto Nacional de Vías y el
Municipio de Floridablanca implementaron acciones tendientes a garantizar la

53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2010, NUR
150012331000200501867-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2010,
NUR 250002325000200501345-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; Sección Primera, sentencia de 22 de enero
de 2009, NUR 680012315000200300521-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; Sección Tercera, sentencia de 14 de
abril de 2010, NUR 680012315000200301472-01(AP), C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, sentencia de 31 de
julio de 2008, NUR 250002326000200500240-01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, entre otras.
54
H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de julio de 2010, NUR
410012333000200401275-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de 2020 NUR
150012333000201500316-01(AP), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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seguridad de la vía; sin embargo, esas medidas no responden directamente a la
situación abstracta de seguridad vial planteada por el actor popular en la demanda,
que indique la existencia de prueba de la amenaza y vulneración de los derechos
colectivos invocados. Y, por el otro, del análisis probatorio realizado se evidencia
que la ausencia de un puente peatonal no es la causa directa de la accidentalidad
del sector, de acuerdo con la estadística de accidentalidad incorporada como
prueba en el proceso.

77. En ese entendido, el informe de accidentalidad rendido por la Dirección de
Tránsito y Transporte de Floridablanca únicamente entrega información relacionada
con la dirección de ocurrencia del accidente de tránsito, el número del informe, la
fecha, la clase, en la cual identifica por clase los siguientes tópicos: “choque,
volcamiento y atropello” y la gravedad descrita como: “solo daños, heridos y
muerto”; es decir, dicha prueba no permite inferir que los accidentes ocurrieron por
ausencia de un puente peatonal, teniendo en cuenta que pueden ser varios los
factores implicados en el acaecimiento de un siniestro vial. Por lo tanto, no es
suficiente con indicar que la clase de accidente consistió en un “atropello” o en un
“choque” sin determinar otras circunstancias que podrían definir la consecuencia
inmediata de responsabilidad a las demandadas.

78. El actor popular indicó en el recurso de apelación que, “[…] de ser necesario
[…], el Consejo de Estado deberá ordenar [,] mediante auto para mejor proveer […]”,
estudios de tráfico, con el objeto de probar la accidentalidad en el sector objeto de
esta acción popular.

79. Sea lo primero resaltar que, para la Sala, la actividad oficiosa en materia
probatoria debe ejercerse, por un lado, cuando el juez o magistrado ponente
considera la necesidad de decretar pruebas de oficio “[…] necesarias para el
esclarecimiento de la verdad […]”56; y, por el otro, cuando el juez o la sala, sección
o subsección, antes de dictar sentencia, dispone que se practiquen las pruebas “[…]
necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda […]”.

80. Se trata de una potestad que, como lo explicó el Consejo de Estado en
sentencia de 12 de febrero de 201957, “[…] no opera a solicitud o insinuación de

56 Las cuales, según el artículo 213, “[…] Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por

las partes […]”.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 12 de febrero de

2019, proceso identificado con el número único de radicación 050012333000201301534-01. C.P. doctor Julio
Roberto Piza Rodríguez.

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parte, a manera de mecanismo útil para frustrar la estricta regulación de las
oportunidades probatorias […]” (Destacado fuera de texto).

81. En efecto, el artículo 30 de la Ley 472 establece que la carga de la prueba
corresponderá al actor popular y, por ende, a este corresponde, en principio, la
obligación de demostrar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos, sin
perjuicio de la posibilidad para el juez, la sala, sección o subsección, de decretar
pruebas de oficio para obtener los elementos probatorios indispensables para
proferir sentencia de mérito, pero fundamentada en las siguientes razones: i) la
existencia de una duda probatoria o de puntos oscuros o difusos en torno a la
controversia; y ii) que no se haya aportado la prueba por razones económicas o
técnicas.

82. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que, en este caso, la
sentencia no se fundamentó en la existencia de una duda probatoria en torno a la
situación de amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos ni se
reconoció la existencia de puntos oscuros o difusos en torno a la controversia; por
el contrario, en el proceso se encontró probado que las autoridades demandadas
adelantaron acciones para la protección de los transeúntes que utilizan el anillo vial,
dentro de las que se destacaron, por ejemplo, la creación de pasos peatonales, el
cerramiento de cruces vehiculares potencialmente peligrosos, la instalación de
semáforos en el cruce hacía Mediterrané con iluminación y señalización, la
instalación de reductores de velocidad y semáforos a la altura del centro empresarial
Natura, entre otros.

83. En ese orden de ideas, para la Sala, el hecho de que con posterioridad a la
presentación de la demanda que dio origen a esta acción popular se hayan
construido dos puentes peatonales en el sector objeto de esta acción, no constituye,
como lo argumenta el actor, una prueba sobre la existencia previa de una amenaza
o vulneración de los derechos e intereses colectivos, sino, que se trata del
cumplimiento por las autoridades del postulado previsto en el inciso final del artículo
1 y el artículo 7 de la Ley 769, del cual se desprende que las autoridades deberán
garantizar la “[…] seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad,
el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, libre circulación,
educación y descentralización […]” y que las funciones y acciones de las
autoridades deberán “[…] ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica
y humana a los usuarios de las vías […]”.

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84. Para esta Sección, la seguridad vial es una prioridad y una finalidad esencial
del Estado, como lo indica el artículo 2 de la Constitución Política. A su vez el artículo
24 ibidem establece el derecho a la libre circulación, pero ello supone que el Estado
debe intervenir y limitarlo, con miras a garantizar la seguridad y bienestar de los
habitantes del territorio. Se ha determinado que: “[…] el cumplimiento de las
especificaciones técnicas en los diseños y trazados de la vía, los cuales fueron
objeto de verificaciones técnicas y socialización con la comunidad, se traducen en
una medida idónea para la protección de los derechos e intereses colectivos en la
medida en que impactan en el bienestar general, el logro de los fines sociales del
Estado y, en especial, como se probó en este caso, la mejora en los tiempos de
desplazamiento y, sobre todo, en la disminución de los accidentes viales […]”58.

85. La Ley 1702 en el artículo 5. ° define la seguridad vial como: “[…] el conjunto
de acciones y políticas dirigidas a prevenir, controlar y disminuir el riesgo de muerte
o de lesión de las personas en sus desplazamientos ya sea en medios motorizados
o no motorizados. Se trata de un enfoque multidisciplinario sobre medidas que
intervienen en todos los factores que contribuyen a los accidentes de tráfico en la
vía, desde el diseño de la vía y equipamiento vial, el mantenimiento de las
infraestructuras viales, la regulación del tráfico, el diseño de vehículos y los
elementos de protección activa y pasiva, la inspección vehicular, la formación de
conductores y los reglamentos de conductores, la educación e información de los
usuarios de las vías, la supervisión policial y las sanciones, la gestión institucional
hasta la atención a las víctimas […]”. Se puede concluir, que la finalidad de la
seguridad vial es la prevención, el control y la disminución de accidentes que
ocurran sobre las vías.

86. La ubicación donde se desarrollan los hechos de la presente acción popular
se circunscribe a la zona de Rio Frio que comprende el eje de la calle 200 desde el
sector conocido como “Papi Quiero Piña”, conectándose con el eje del anillo vial de
Floridablanca a Girón en el punto donde se encuentra el Condominio Mediterrané y
desde el anillo vial en el sector de Ciudadela Comfenalco hasta el puente sobre el
Rio Frio en límites con el Municipio de Girón59. Es de resaltar que se acreditó la
construcción de un puente peatonal en el sector Natura, el cual se encuentra
ubicado sobre la vía Anillo Vial de Bucaramanga, en la ruta 45AST08, en el
PR2+200, con un galibo de 5,39m.

58
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 15 de febrero de 2024, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, NUR.
080012333000201800844-01.
59
Información suministrada en los hechos de la demanda.

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87. En ese entendido, de las pruebas allegadas al proceso se determinó la
construcción de dos puentes peatonales en el sector; dicha situación fue acreditada
por medio del informe rendido por el interventor del contrato de obra núm. 1968 de
2020, en el que se mencionó que se elaboraron los estudios y diseños respectivos
de unos puentes peatonales al punto de tener para el año 2022 un avance de la
obra del 60% en uno de ellos, el denominado Natura ubicado en el PR2+0275 de la
ruta 45AST08. Valga resaltar que dichas obras de construcción, como se indicó en
el informe, tienen como objetivo “[…] brindar un acceso seguro e inclusivo a los
transeúntes que darán uso de los puentes […]”. Lo anterior indica el cumplimiento
por parte del Instituto Nacional de Vías de su responsabilidad de velar por la
seguridad vial de las carreteras que tiene bajo su mantenimiento y cuidado.

88. Lo anterior en consonancia con el Decreto 1292 de 14 de octubre de 202160
que, en el artículo 1.°, determina como objeto del Instituto Nacional de Vías, llevar
a cabo la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de
la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria,
con el objeto de garantizar, entre otras, la seguridad de los actores viales.

89. De igual forma, por medio del Oficio núm. 3641 suscrito por la jefe de la
oficina asesora de planeación de la Alcaldía Municipal de Floridablanca, se probó
que el municipio realizó acciones para al mejoramiento de la movilidad vehicular y
peatonal del sector, adelantando “[…] acciones para la disminución de accidentes
creando pasos peatonales y cerrando cruces vehiculares potencialmente
peligrosos, localizados en el sector de Cotrasur, semaforización del cruce vehicular
hacia el sector de Mediterrané, con iluminación y señalización, a la altura del centro
empresarial Natura se instalaron reductores de velocidad y semáforos a fin de
disminuir el riesgo para peatones según información de la Oficina de Tránsito,
entidad competente para ejecutar estas obras; Igualmente los proyectos
contemplados en el acuerdo No 035 de 2018, en el que se estableció el desarrollo
de proyectos en estas zonas que propicia el mejoramiento de la movilidad en el
sector tanto vehicular como peatonal […]”. Las anteriores medidas se realizaron en
el marco de sus competencias como organismo de tránsito.

90. Se aclara nuevamente que las medidas que tomaron las entidades
demandadas no obedecen directamente a una razón exclusiva de accidentalidad,
sino al cumplimiento de sus competencias en materia de seguridad vial, incluso el

60
“Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías – INVIAS”.

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tribunal en la sentencia de primera instancia aclaró que: “[…] [t]ampoco se puede
predicar tal vulneración del hecho de que, dentro de la ejecución del contrato de
obra No. 1968 del 2020 firmado con el CONSORCIO CORREDOR SAN ALBERTO
se incluyera la construcción de dos puentes peatonales denominados Natura y Zona
Franca, pues […] luego de adelantar los estudios a los que se refirió el testigo Oscar
Patiño se encontró la necesidad y la viabilidad técnica para la construcción de estas
estructuras, pero sin que se pueda predicar que esto responda a la necesidad de
proteger los derechos colectivos […]”, sino a la adopción de medidas preventivas
en los términos de la normativa aplicable.

91. Teniendo en cuenta lo anterior, no es procedente que el juez ordene la
ejecución de obras sin fundamentación técnica que justifique su construcción y
mucho menos cuando no se han materializado por completo las acciones que se
están adelantando para garantizar la seguridad vial del sector; en ese sentido, como
lo ha considerado la Sala en sus pronunciamientos “[…] [t]oda construcción de
infraestructura debe estar motivada en aspectos e insumos técnicos, estadísticos,
administrativos, estratégicos, económicos o de planeación que demuestren, con el
mayor nivel de precisión posible, la necesidad y la magnitud de la medida. [En ese
orden, se considera] […] inadecuado que el juez de la acción popular adopte una
medida como ordenar la construcción de un ordenador vial sin contar con los
fundamentos que lo justifiquen […]”61.

92. Las acciones adelantadas por las entidades demandadas en conjunto con la
prueba del informe de accidentalidad vial y las demás pruebas del proceso, no
determinan la certeza sobre la amenaza o vulneración de los derechos colectivos a
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; la seguridad y
salubridad públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública; a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

93. Por todo lo anterior, la Sala considera que no se probó la vulneración de los
derechos colectivos invocados por la inexistencia de unos puentes peatonales; por
el contrario, se encuentra probado: i) que se adoptaron medidas tendientes a
garantizar la seguridad vial de los transeúntes y peatones del sector con las
acciones llevadas a cabo por el Municipio de Floridablanca relacionadas con el

61
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia del 24 de septiembre de 2020;
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; NUR 630013333004201700369-01.

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mejoramiento de la movilidad vehicular y peatonal; ii) el informe de accidentalidad
no determina con certeza que la ausencia de puentes peatonales constituya la razón
de su acaecimiento; y iii) el proyecto de obras mayores que incluye la construcción
de dos puentes peatonales y el avance de uno de ellos que para el año 2022 fue
del 60% significa la modificación del entorno y tiene como finalidad brindar un
acceso seguro e inclusivo a los transeúntes del sector.

Conclusiones

94. La Sala considera que, en este caso concreto, no se encuentra probada la
existencia de vulneración o amenaza de los derechos colectivos a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente; a la seguridad y salubridad
públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública; a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes, con ocasión de la implementación
de medidas y la construcción de obras para el mejoramiento de las condiciones de
la vía en el sector denominado “Papi quiero piña” objeto del presente proceso, razón
por la cual se confirmará la sentencia de 28 de marzo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 28 de marzo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal
Administrativo de Santander, dejando las anotaciones de ley.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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