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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-01074-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2020-01074-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar la condena en costas impuesta por el Tribunal Administrativo de Santander, en la sentencia proferida el 21 de febrero de 2023, y en su lugar, no condenar en costas en primera instancia. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia proferida el 21 de febrero de 2023, en tanto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por Adriana Rincón Prada contra la Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024). JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente MAG CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. 35

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2020-01074-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de abril dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar1

Tema: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 21 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Adriana Rincón Prada presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de los oficios 202057200000006581 del 12 de febrero y
202057200000011121 del 11 de marzo de 2020, por medio de los cuales la
directora del ICBF regional Santander le negó el reconocimiento de una relación
laboral por la prestación de sus servicios y el pago de las prestaciones sociales que
se derivaban de ella.

1 En adelante ICBF.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó: i) la declaratoria de la existencia de la relación laboral por el período
reclamado; ii) el reconocimiento de los conceptos salariales y prestacionales que de
ello se derivaban, tales como salario, cesantías y sus intereses, vacaciones, primas
de servicios y de navidad, licencia de maternidad y auxilio de alimentación,
conforme con el valor pactado en los contratos de prestación de servicios; iii) la
sanción moratoria de las cesantías, así como los intereses a los que hubiere lugar
iv) la indexación de la sumas reconocidas; y v) la condena en costas a la entidad
demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Adriana Rincón Prada suscribió los siguientes contratos de prestación de
servicios con el ICBF:

Contrato No. Desde Hasta Remuneración mensual
1 68-20-2002-1155 28 de mayo de 28 de diciembre $1.212.640
2002 de 2002

2 68-20-2003-020 26 de febrero de 26 de abril de $1.308.300
2003 2003

3 68-20-2003-1087 29 de abril de 29 de junio de $1.308.300
2003 2003

4 68-20-2003-1145 2 de julio de 2003 31 de octubre $1.308.300
de 2003

Adicción 31 de diciembre
de 2003
5 68-20-2003-1333 5 de diciembre de 18 febrero de $1.308.300
2003 2004

6 68-20-2004-322 19 de febrero de 19 de enero de $1.400.000
2004 2005

7 68-20-2005-0293 21 de febrero de 21 de febrero de $1.470.000
2005 2006
22 de febrero de 30 de junio de
Adicción 2006 2006
8 68-20-2006-842 1 de agosto de febrero de 2007 $1.840.975
2006 31 de mayo de
1 de marzo de 2007
Adicción 2007
9 68-20-2007-943 1 de junio de 2007 30 de agosto de $1.840.975
2007

2

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

10 68-20-2007-1079 3 de septiembre 26 de diciembre $1.840.975
de 2007 de 2007

11 014-2017 4 de enero de 4 de abril de $4.087.000
Adicción 2017 2017
15 de mayo de
2017
12 68-0291-2017 16 de mayo de 30 de junio de $4.087.000
2017 2017

13 68-0321-2017 4 de julio de 2017 3 de agosto de $4.087.000
Adicción 2017
18 de agosto de
2017
14 68-0529-2017 20 de octubre de 30 de $3.131.000
2017 noviembre de
2017
Terminó
anticipadamente
el 1 de
diciembre de
2017
15 68-351-2018 20 de septiembre 24 de $2.507.000
de 2018 noviembre de
2018
Adición 28 de diciembre
de 2018

16 68-025-2019 4 de enero de 6 de marzo de $6.425.267
2019 2019

17 68-243-2019 8 de marzo de 31 de diciembre $3.109.000
2019 de 2019

3.2. Elobjeto de los contratos se relacionó con la prestación de servicios
profesionales de apoyo del grupo financiero del ICBF.

3.3. El 23 de enero de 2020 solicitó el pago de prestaciones sociales, recargo
dominical, primas legales y extralegales, indemnización por falta de pago, seguridad
social, auxilio de transporte, devolución de aportes efectuados a la seguridad social
y de los pagos por retención en la fuente, indemnización por despido injusto y
sanción moratoria de que tratan los artículos 64 y 65 del código sustantivo del
trabajo, así como la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 del 1993, el
reintegro al cargo que desempeñaba hasta el momento de la desvinculación y el
reconocimiento de licencia de maternidad.

3.4. La anterior petición fue negada a través de los oficios 202057200000006581 del

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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

12 de febrero y 202057200000011121 del 11 de marzo de 2020, demandados.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 6, 12, 13, 25, 53 y 311 de la Constitución
Política; 32 de la Ley 80 de 1993; 16, 23 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo; las
leyes 29 de 1989 y 50 de 1990; y los decretos 1950 de 1976 y 227 de 1979.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:

5.1. A través de los contratos de prestación de servicios se pretendió ocultar la
existencia de un trabajo desarrollado de forma permanente, subordinado o
dependiente, consistente en la actitud por parte de la administración de impartirle
órdenes en relación con la labor contratada, de manera personal y con similar
horario y funciones a las de los empleados de planta.

5.2. El ICBF desconoció principios mínimos y fundamentales como el de la primacía
de la realidad sobre las formalidades, no obstante, haberse configurado los
elementos propios de una relación laboral, esto es la prestación personal del
servicio, que le implicó la realización de la labor encomendada en el horario de 8:00
am a 1:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm, y los sábados y domingos de forma ocasional
entre las 8:00 am y la 1:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm, para lo cual tenía que registrarse
en las bitácoras dispuestas para ello y manejadas por la empresa de vigilancia.

5.3. Hubo una continuada dependencia o subordinación por parte del ICBF (Regional
Santander), cumplió con las funciones asignadas en los contratos de prestación de
servicios y en los que no se estipularon, pero se impartieron de conformidad con la
obligación que establecía «las demás que le sean asignadas y que se requieran de
acuerdo con la naturaleza del contrato», tales como elaborar los informes solicitados
por el coordinador del grupo jurídico, quien le exigía resultados derivados de los
procesos de apoyo, asistir y participar en las reuniones y comités internos y
externos, realizar inducción virtual en el primer mes de vinculación e inducción
presencial y reinducción por convocatoria del responsable del ICBF, atender
requerimientos e instrucciones impartidas durante el desarrollo del contrato a través
de la supervisión, y realizar la devolución de los elementos entregados y adquiridos
durante el plazo de la ejecución. En otras palabras, le era exigido el cumplimiento
de un horario y la realización de tareas diferentes de las establecidas en su contrato.

3 Índice 2 de Samai archivo ED_68001233300020200107(.zip) NroActua 2, carpeta
68001233300020200107400 (contrato de realidad ICBF), SUBCARPETA 01expediente digital,
archivo 01 demanda

4

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

5.4. Percibió una remuneración por la prestación de sus servicios que se pactó en
los contratos, con lo que se quiso encubrir el salario bajo la denominación de
honorarios.

5.5. Nohubo independencia en el desarrollo de su actividad pues el ICBF le
suministró los elementos de trabajo necesarios para el cumplimiento de las
funciones tales como: papelería, computador, escritorios y chalecos verdes con el
logo del instituto, que eran entregados mediante documento firmado por las partes
y debían ser devueltos al finalizar el contrato.

5.6. Las labores para las que fue contratada no fueron temporales, transitorias y
ocasionales, por el contrario, estas fueron permanentes y variaron en atención a las
instrucciones impartidas por la supervisora del contrato. Además, desarrolló
funciones similares a las de otros funcionarios del ICBF.

1.2. Contestación de la demanda

6. La entidad demandada no contestó la demanda4.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia proferida el 21 de febrero de
2023 declaró la nulidad «del oficio del 12 de febrero de 2020 con radicado número
202057200000006581 y del 11 de marzo de 2020 con radicado número
202057200000011121», la prescripción de las acreencias laborales «respecto al primer
y segundo vínculo del 28 de mayo de 2002 al 28 de diciembre de 2002 y del 26 de febrero
de 2003 al 26 de diciembre de 2007», y a título de restablecimiento del derecho ordenó:

«TERCERO. A título de restablecimiento del derecho CONDÉNASE a la entidad
demandada a pagar a la señora ADRIANA RINCÓN PRADA las sumas que por concepto
de prestaciones sociales devenga un empleado vinculado mediante relación legal y
reglamentaria al ICBF con idénticas funciones a las desarrolladas por la demandante,
liquidadas con base en el valor mensual promedio devengado a título de honorarios en
virtud de los contratos de prestación de servicios suscritos, de acuerdo con el tiempo
realmente laborado durante los periodos comprendidos entre el 4 de enero de 2017 al
18 de agosto de 2017; del 20 de octubre de 2017 al 1 de diciembre de 2017 y del 20 de
septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, sumas que serán ajustadas con
aplicación de la fórmula señalada en la parte motiva.
Además, se realizará el cómputo de tiempo para efectos pensionales, realizando los
descuentos de Ley.

4 Tal y como consta en el auto del 3 de agosto de 2022 de «excepciones previas / fija el litigio / decide

de decreto de pruebas / fija fecha para audiencia de pruebas» visible a índice 21 de Samai del
tribunal. Asimismo, obra notificación a índice 10 Samai del tribunal.

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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

CUARTO. ORDÉNASE a la entidad demandada título de restablecimiento del derecho
tomar (durante el tiempo comprendido entre el 28 de mayo de 2002 al 28 de diciembre
de 2002 y del 26 de febrero de 2003 al 26 de diciembre de 2007) el ingreso base de
cotización (IBC) pensional de la demandante (los honorarios pactados), mes a mes, y si
existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron
efectuar, COTIZAR al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de
aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para
efectos de lo anterior, la actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al
mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no
las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o
completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajadora al ser una
regla jurisprudencial instituida en la citada sentencia de unificación del 26 de agosto de
2016, conforme quedó expuesto líneas atrás.

QUINTO. Las sumas reconocidas serán actualizadas de conformidad con lo dispuesto
en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO. NIEGANSE las demás pretensiones de la demanda» (sic).

8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable al
asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente5:

8.1. En atención a los testimonios, los contratos de prestación de servicios y las
demás pruebas documentales, fue posible declarar la relación laboral entre las
partes, toda vez que se acreditaron los elementos para su configuración, esto es la
prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación o dependencia.

8.2. Lo anterior, comoquiera que Adriana Rincón Prada i) recibía directrices por parte
de la supervisora para el cumplimiento de sus labores; ii) estaba sujeta al
cumplimiento de un horario establecido por la entidad, sobre el cual no tenía libertad
alguna de escogencia y era verificado por el supervisor quien ejercía como jefe
directa de las respectivas áreas de la entidad; iii) recibía llamados verbales de
atención sobre el cumplimiento del horario; iv) las labores ejecutadas eran
desempeñadas siempre en las instalaciones de la entidad demandada; v) los
elementos de trabajo eran suministrados y proporcionados por la entidad; vi) no
existía libertad en la forma en la que ejecutaba sus labores, pues siempre se debía
acoger a las órdenes de la supervisora; y vii) ejercía labores relacionadas con una
función permanente de la entidad pública, exactamente funciones financieras.

8.3. En cuanto al restablecimiento del derecho entre el 28 de mayo de 2002 y el 28
de diciembre de 2002 y del 26 de febrero de 2003 al 26 de diciembre de 2007 la
entidad demandada deberá pagar únicamente los aportes al sistema general de
seguridad social en pensiones, por prescripción; entre el 4 de enero de 2017 al 18

5 índice 41 Samai del tribunal.

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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

de agosto de 2017; 20 de octubre de 2017 al 1 de diciembre de 2017 y del 20 de
septiembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019 a la entidad demandada le
corresponderá pagar las sumas que por concepto de prestaciones sociales
devengaba un empleado vinculado mediante relación legal y reglamentaria al ICBF
con idénticas funciones a las desarrolladas por la demandante, pero liquidadas con
base en el valor mensual promedio devengado por honorarios en virtud de los
contratos de prestación de servicios suscritos. No procedía el reconocimiento y pago
de la sanción por la mora en el pago de las prestaciones sociales, por cuanto la
demandante no contaba con la calidad de empleada pública y lo reconocido
corresponde al pago de las prestaciones sociales que devengaba un empleado de
planta sin que aquella adquiera tal calidad. Tampoco tiene derecho a la liquidación
y pago de la licencia de maternidad por igual razón a la anterior, y toda vez que
debió tramitar su liquidación y pago ante la Entidad Promotora de Salud a la que se
encontraba afiliada en el plazo que contaba para ello.

1.4. El recurso de apelación

9. ElICBF recurrió la sentencia de primera instancia con fundamento en los
siguientes argumentos6:

9.1. La relación contractual entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993 que autorizó a las entidades públicas a celebrar contratos de
prestación de servicios y respecto de los cuales no se genera un vínculo laboral ni
el derecho a percibir prestaciones sociales.

9.2. No se demostró dentro del debate probatorio la configuración de los elementos
constitutivos de una relación laboral entre las partes tales como la subordinación o
dependencia, las características «intuito personae» de un contrato de esta
naturaleza, ni la prestación del servicio de forma continua con el fin de recibir una
retribución de carácter salarial.

9.3. Elseguimiento de lineamientos mínimos no necesariamente configura la
subordinación pues, «si bien como lo determinó lo jurisprudencia del Consejo de Estado»7
los contratos de prestación de servicios llevan implícita la autonomía e
independencia en el manejo y desarrollo del objeto contratado, ello no quiere decir
que no sea sometido a controles, supervisión y seguimiento entre la entidad y el
contratista a fin de que el objeto contratado se ejecute en los términos pactados,
comoquiera que atienden recursos del estado.

6 índice 44 Samai del tribunal.
7
No citó sentencia alguna en particular.

7

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

9.4. La necesidad de la contratación ante la insuficiencia de personal pretendió una
eficaz función administrativa. Por tal motivo, se cumplió con el criterio de
excepcionalidad y temporalidad de que trata la sentencia de unificación del 9 de
septiembre de 20218 para que procediera ese tipo de contratación.

9.5. Hubo una indebida valoración de la prueba testimonial de la que se tuvo como
cierta la prestación del servicio dentro de un «horario de trabajo» sin que se tuvieran
en cuenta las circunstancias del caso particular de las que se deriva que el ICBF
tenía la responsabilidad de ejercer actividades de coordinación con la contratista
pues, por las obligaciones de aquella y la seguridad de la información al manejar
temas financieros. debía cumplirlas en aplicativos fijos de manejo institucional.
Tampoco se analizó la facultad de supervisión y coordinación contractual en los
términos de la jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual las directrices
impartidas por el contratante en la ejecución del contrato no suponen por sí solas
una subordinación.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar9.

1.6. Concepto del Ministerio Público

11. Elprocurador delegado rindió concepto en el que solicitó se confirmara la
sentencia recurrida bajo la consideración de que las pruebas aportadas al proceso
llevaban a la conclusión de la existencia de una relación laboral entre las partes, y
de que aquellas no habían sido desvirtuadas por la entidad demandada10.

12. En cuanto al argumento de la apelación según el cual no se acreditó el elemento
de la subordinación señaló que tanto el Consejo de Estado11 como la Corte
Constitucional [sin referenciar datos adicionales] habían manifestado en reiterada
jurisprudencia que los contratos de prestación de servicios suscritos entre entidades
públicas y los cargos asistenciales o auxiliares tienen el presupuesto de

8 Sentencia SUJ-025-CE-S2-2021, radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), M.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas.
9 Tal y como consta en el auto del 14 de febrero de 2014 notificado a índice 7 de Samai.
10 Índice 8 de Samai.
11 sentencias del 11 de mayo de 2020, radicado 23001-23-33-000-2013-00245-01(4398-15), CP

César Palomino Cortés; del 21 de abril de 2016, radicado 13001-23-31-000-2012-00233-01(2820-
14); del 17 de mayo de 2018, radicado 52001-23-31-000-2002- 00991-01(1425-15); del 17 de octubre
de 2018, radicado 68001-23-33-000-2014-00483-01(0265-16); del 26 de octubre de 2017, radicado
81001-23-33-000-2013-00118-01(0973-16).

8

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

subordinación y dependencia. Y que, por lo tanto, en virtud de la naturaleza de las
actividades de carácter asistencial realizadas por la demandante y las funciones
permanentes y obligatorias del ICBF se advertía una sujeción y dependencia que
no correspondía a una coordinación de la labor, puesto que se trataba de funciones
que atañen a la esencia de la institución, y que la falta de autonomía en el desarrollo
de estas, tal y como lo declararon los testigos, evidenciaron la existencia de una
relación laboral entre las partes.

13. Adicionalmente, estimó que no era procedente el ajuste salarial pretendido por la
demandante, ni el reconocimiento de todas las prestaciones y emolumentos
solicitados, toda vez que la existencia de una relación laboral no otorga la naturaleza
de empleado público al contratista y, por ende, este no tiene derecho al régimen
prestacional y salarial de aquellos.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

14. Se circunscriben a determinar ¿si entre Adriana Rincón Prada y el ICBF se
configuró una relación laboral? y si ¿aquella tiene derecho al reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

15. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de
contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el
presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o
derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable».

16. Por su parte, el Decreto 2209 de 199812 precisó que «(l)os contratos de prestación
de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

17. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales,
la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para
desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De
allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación
laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

18. La Corte Constitucional, en sentencia C-147 de 1997, al estudiar la
constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o»
y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en
el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estableció que el ejercicio
de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración
no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada
y dependiente.

19. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política
que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre
otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá
en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la
legislación interna.

12 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998».

10

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala).

20. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales
debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)13 que previó una garantía al derecho
a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».
En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 14, desarrolló el
principio anterior al establecer que «(t)odo miembro para el cual este Convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto».

21. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales»15 y
que también fue ratificado por Colombia, establece que todos los Estados parte
deben garantizar, como mínimo, «unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias»,
y, en particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

22. Estasobligaciones internacionales, encuentran vigencia en el ordenamiento
colombiano. En particular, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo señala
los elementos esenciales del contrato de trabajo de la siguiente manera:

«Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley
50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos
esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor,
la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen
al país; y

13 Aprobada el 11 de abril de 1919.
14 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
15 Adoptado en San Salvador, el 17 de noviembre de 1988.

11

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras
condiciones o modalidades que se le agreguen».

23. Aquí se debe precisar que, en materia probatoria, la presunción que se establece
en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral
ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador,
caso distinto ocurre cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o
particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de
servicios.

24. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
unificación16 del 25 de agosto de 2016, indicó lo siguiente:

«De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando
se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la
prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral,
de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con
el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas
preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales17». (Resalta la Sala).

25. Así entonces, el Consejo de Estado ha reiterado la necesidad de que se acrediten
fehacientemente los 3 elementos propios de una relación de trabajo, como son la
prestación personal del servicio, la remuneración y, en especial, la subordinación y
dependencia del trabajador respecto del empleador.

26. Ahora, sobre la prescripción del derecho reclamado en el marco de una relación

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado
230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17 «En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en

sentencia del 27 de enero de 2011, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-
000-1998-03542-01(0202-10)».

12

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

laboral encubierta, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo tanto, si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado,
se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual,
para reclamar los derechos en aplicación del principio de la “...primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo
53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de
aquella, pues dicha situación se traduciría en su desinterés, que no puede soportar el
Estado, en su condición de empleador.

Pero en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de
servicios».

27. Esta providencia aclaró que el fenómeno prescriptivo no opera respecto de los
aportes para pensión, en consideración a la condición periódica del derecho
pensional que los hace imprescriptibles.

28. Además, este mecanismo de contratación tiene un límite temporal, esto es que
solo es posible ejecutarlo por el término indispensable para el cumplimiento de la
labor contratada.

29. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en la sentencia SUJ-025-
CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 202118 estableció las siguientes reglas de
unificación frente a varios aspectos de las relaciones laborales encubiertas, como
son: i) el sentido y alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de
prestación de servicios que ocultaron la existencia de una relación laboral que se
declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos; y iii) la improcedencia
de la devolución de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud efectuados
por el contratista. Al efecto se señaló:

«(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente indispensable»,
al que alude el numeral 3.o del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, es el señalado en los

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 9 de

septiembre de 2021, expediente: 1317-2016, magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.

13

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de
planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a
favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como término de la no solución
de continuidad, el cual, en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a
las especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del expediente.

(iii) La tercera regla determina que frente a la no afiliación al sistema de la Seguridad
Social en salud, por parte de la Administración, es improcedente la devolución de los
valores que el contratista hubiese asumido de más, en tanto se recaudaron como
recursos de naturaleza parafiscal».

30. En esta providencia se sostuvo que «aun cuando se acrediten los mencionados
elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad es una
relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades, por lo que, en ningún caso, será posible darle la categoría de empleado
público a quien prestó sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo
122 de la Carta Política».

31. En línea con lo expuesto, se establece que quien demande tiene que desvirtuar
inicialmente la presunción de legalidad del contrato estatal del artículo 32 de la Ley
80 de 1993. Así que es necesario que se prueben los elementos de la relación
laboral, esto es la actividad personal del trabajador, la subordinación continuada y
dependencia de este y la remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar una relación laboral encubierta.

2.3. Caso concreto

32. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

2.3.1. Documentales

33. Durante el periodo comprendido entre el 28 de mayo de 2002 y el 31 de diciembre
de 2019, Adriana Rincón Prada estuvo vinculada con el ICBF mediante los
siguientes contratos de prestación de servicios19:

19 Índice 2 de Samai archivo ED_68001233300020200107(.zip) NroActua 2, carpeta
68001233300020200107400 (contrato de realidad ICBF), subcarpeta 01expediente digital, carpeta
02. Anexos de la demanda (contratos del 01 al 17).

14

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

Contrato No. Objeto Desde Hasta Interrupción
en días
hábiles
Primer periodo
1 68-20-2002- 28 de mayo de 28 de diciembre
1155 2002 de 2002 -

2 68-20-2003-020 26 de febrero 26 de abril de
de 2003 2003 41
Prestar el servicio
3 68-20-2003- de verificación de 28 de abril de 28 de junio de
1087 las bases de 2003 2003 1
liquidación y el
pago del 3% de las
4 68-20-2003- nóminas a favor del 2 de julio de 31 de octubre
1145 ICBF de acuerdo 2003 de 2003 2
con lo dispuesto en
Adicción las leyes 7/79 y 31 de diciembre
89/88, a efectuar el de 2003
5 68-20-2003- cobro persuasivo a 5 de diciembre 18 febrero de
1333 los empleadores de 2003 2004 0
evasores, morosos
6 68-20-2004- y elusores y 19 de febrero 19 de enero de
0322 promover la de 2004 2005 0
imagen
7 68-20-2005- institucional. 21 de febrero 21 de febrero de
0293 de 2005 2006 23
22 de febrero 30 de junio de
Adicción de 2006 2006
8 68-20-2006-842 1 de agosto de febrero de 2007
2006 21
Adicción 1 de marzo de 31 de mayo de
2007 2007
9 68-20-2007-943 Apoyar el cobro 1 de junio de 30 de agosto de
persuasivo a los 2007 2007 0
empleadores
10 68-20-2007- evasores, elusores 3 de 26 de diciembre
1079 y morosos, así septiembre de de 2007 3
como prestar el 2007
apoyo técnico
directo en la
gestión de los
procesos de
finalización y
auditoria,
determinación,
discusión y aportes
parafiscales del
3%; igualmente
promover la
imagen
institucional del
ICBF para
fortalecer los

15

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

aportes
parafiscales del
3%”

Segundo periodo20
11 014-2017 Prestar servicios 4 de enero de 4 de abril de
profesionales de 2017 2017 -
Adicción apoyo para la 15 de mayo de
asistencia técnica 2017
12 68-0291-2017 de los programas, 16 de mayo de 30 de junio de
proyectos, 2017 2017 0
procedimientos y
actividades
13 68-0321-2017 4 de julio de 3 de agosto de
administrativas del
2017 2017 0
grupo financiero
Adicción 18 de agosto de
del ICBF –
Regional 2017
Santander,
relacionados con
pagaduría,
contabilidad, de
acuerdo con la
normatividad
vigente, con el fin
de contribuir al
logro de los
objetivos
institucionales
garantizando la
efectiva operación
financiera.
14 68-0529-2017 Prestar a la 20 de octubre 30 de
Regional de 2017 noviembre de 44
Santander sus 2017
servicios como Termino
profesional para anticipadamente
dar apoyo el 1 de
financiero a la
diciembre de
supervisión de los
contratos de aporte 2017
que le sean
designados y en el
seguimiento a la
implementación de
lineamientos de
protección.
15 68-351-2018 Prestar servicios 20 de 24 de
de apoyo a la septiembre de noviembre de 195
gestión del grupo 2018 2018
Adición de asistencia 28 de diciembre
técnica de la de 2018
regional, en lo
relacionado con la

20
Entre la finalización del primer periodo y el comienzo del segundo transcurrieron 2220 días, es decir, 6
años, 1 mes y 15 días.

16

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

gestión de los
asuntos de
protección.
16 68-025-2019 Prestar servicios 4 de enero de 6 de marzo de
profesionales para 2019 2019 4
apoyar la
supervisión en las
acciones de
seguimiento,
prevención,
monitoreo y control
financiero
administrativo,
correspondiente a
los contratos de
aporte suscritos
para la atención a
la primera infancia
en todas las
modalidades y
servicios.
17 68-243-2019 Prestar servicios 8 de marzo de 31 de diciembre 0
profesionales para 2019 de 2019
apoyar la ejecución
presupuestal
asignada a la
dirección regional,
brindando
asistencia técnica-
financiera a los
centros zonales y a
las entidades
administradoras del
servicio en
desarrollo de los
procesos
financieros para la
ejecución de los
contratos y/o
convenios suscritos
para el desarrollo
de las diferentes
modalidades de
atención de
primera infancia

34. A través de escrito radicado el 22 de enero de 2020 Adriana Rincón Prada solicitó
a la entidad demandada i) una certificación relacionada con los contratos de
prestación de servicios celebrados entre las partes en la que se indicara el plazo,
las obligaciones contractuales y el «salario»; ii) copia de los contratos; iii) una
constancia sobre la existencia de procesos sancionatorios; iv) el estado de cuenta
de los contratos en el que constara el pago mensual de los honorarios; v) una
certificación sobre la razón para no contratarla en la vigencia del año 2020; vi) una
certificación de inventario expedido por el almacenista; y vii) el pago de las

17

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

prestaciones sociales que se derivaban del reconocimiento de la relación laboral por
el tiempo en que prestó sus servicios profesionales al ICBF regional Santander 21.

35. Mediante los oficios 202057200000006581 del 12 de febrero de 202022 y
2020572000000011121 del 11 de marzo de esa anualidad23 la directora regional
ICBF Santander negó el reconocimiento de una relación laboral, por cuanto
consideró que los contratos de prestación de servicios se suscribieron de
conformidad con la norma que permite acudir a ellos cuando se requiera de un
conocimiento especializado o no existiera personal suficiente para realizar las
actividades de la administración. Además, porque las instrucciones o el
cumplimiento de un horario podían derivarse del principio de coordinación entre las
partes y no necesariamente de la existencia de una subordinación. Asimismo, indicó
que, al estar ante un contrato estatal de prestación de servicios profesionales, de
carácter directo «la entidad estatal tiene libertad de escoger, sin necesidad de
convocatoria pública, la persona que requiere para la prestación del servicio, siempre y
cuando esta demuestre idoneidad para la prestación del servicio requerido. Por tanto, al no
existir una relación laboral entre el peticionario y el ICBF, la contratista no tiene a su favor
el reconocimiento de las prestaciones derivadas de un contrato de trabajo, como lo es la
renovación del contrato; y, por ende, no existe la obligación de que la entidad celebre con
ésta contrato de prestación de servicios en la vigencia 2020» (sic). Y, se expidieron los
siguientes documentos:

35.1. Certificado del 6 de marzo de 2020 a través del cual la coordinadora del grupo
jurídico regional Santander ICBF manifestó que durante la ejecución de los
contratos celebrados entre la entidad y la demandante «en contra de la contratista no
exist[iero]n procesos administrativos sancionatorios contractuales de los que trata el artículo
1150 de 2017 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, así como no se evidencia registro ni
sanciones»24 (sic).

35.2. Certificado del 6 de febrero de 2020 por medio del cual el almacenista del ICBF
Regional Santander indicó que a la demandante le fueron asignados los siguientes
elementos de trabajo25:

Vigencia Descripción
CPU
Monitor
2016 Teclado
Puesto de trabajo
Silla giratoria sin brazos

21 Ibidem, 25-DP Radicado Adriana Rincón.
22 Ibidem, 26 Respuesta petición febrero 12-2020.
23 Ibidem, 26 Respuesta petición marzo.
24 Ibidem, 20-certificación no sanciones.
25 Ibidem, 21-Certificado Almacenista.

18

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

Monitor
CPU
Teclado
Teléfono IP
Silla giratoria sin brazos
Silla giratoria sin brazos
Tablet
Silla interlocutora
2017
Silla interlocutora
Computador portátil
Puesto de trabajo
CPU
Monitor
2018
Teclado
Teléfono IP
Silla giratoria sin brazos
Monitor
Mesa para impresora
Puesto de trabajo
2019 Aire minisplit
Teclado
CPU
Teléfono IP
Silla interlocutora

35.3. El 6 de febrero de 2020 la coordinadora administrativa del ICBF Regional
Santander hizo constar los conceptos salariales a que tiene derecho un servidor de
carrera administrativa del ICBF según lo contenido en el Decreto 1042 de 1978. 26.

35.4. Informes de supervisión de los contratos 68-243-2019 y 529-201727; cuentas de
cobro presentadas entre junio y agosto de 2007 respecto del contrato 68-20-2007-
943, entre septiembre y diciembre de 2007 respecto del contrato 68-20-2007-1079,
entre enero y mayo de 2017 respecto del contrato 68-20-2017-014, entre mayo y
junio de 2017 respecto del contrato 68-20-2017-0291, entre julio y agosto de 2017
respecto del contrato 68-20-2017-0321, entre octubre y noviembre de 2017 respecto
del contrato 68-20-2017-0529, y entre septiembre y diciembre de 2018 respecto del
contrato 351 de 201828; y los estados de cuenta por iguales contratos29.

2.3.2. Testimonios, declaraciones e interrogatorio de parte

36. En la audiencia de pruebas celebrada el 24 de agosto de 202230, se recibieron
los testimonios de Viviana Andrea Vesga Benítez y de Martha Patricia Santana

26 Ibidem, 22 Certificación de coordinadora administrativa ICBF
27 Ibidem, 18 informes de supervisión
28 Ibidem, 23 cuentas de cobro
29 Ibidem, 24 estados de cuenta
30 índice 11 de Samai

19

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

Osorio quienes en particular señalaron lo siguiente:

37. Viviana Andrea Vesga Benítez es abogada de profesión. Tuvo relación
contractual con el ICBF entre los años 2011 a 2019, esto es por un periodo de 8
años y tiene una demanda en contra de dicho instituto por similares supuestos
fácticos y jurídicos a los de la demandante.

37.1. Adriana Rincón Prada trabajó en las áreas financiera y de asistencia técnica en
las que desarrolló funciones financieras las cuales eran de carácter permanente. La
institución contaba con personal de planta que ejecutaba iguales funciones como lo
eran la coordinadora o profesionales en tal área.

37.2. No tiene conocimiento si aquella cumplía con un horario o hubiese sido objeto
de llamados de atención.

37.3. Los elementos de trabajo eran proporcionados por el instituto.

37.4. La demandante recibía órdenes del coordinador que a su vez era el supervisor
de cada contrato. Eran órdenes directas porque provenían de su jefe inmediato.

37.5. Del área financiera dependía de que se realizaran los pagos a los hogares e
instituciones que hacían parte o prestaban servicios al ICBF. Además, el área de
asistencia técnica, de la cual también fue parte Adriana Rincón Prada, se encargaba
de la revisión de toda la parte financiera y la realización de estudios previos para
hacer la contratación de esos hogares, lo que permitía que los niños y adolescentes
tuvieran un cupo, razón por la que las actividades financieras tenían influencia en
los componentes misionales del instituto.

37.6. Las reuniones que hacía el instituto para dar directrices eran en conjunto con
los de planta y contratistas. En época de contratación, por ejemplo, reunían a los
grupos que hacían parte de cada etapa del proceso para dar directrices, pero,
además, cada coordinador en su área podía asignar funciones o dar órdenes que
incluso podían no estar en el contrato. Un ejemplo de aquellas funciones era hacer
los estudios previos de la contratación, propia del área jurídica, pero que le era
asignada en su caso por los supervisores de contrato. Así pues, el coordinador del
área era el encargado de la supervisión de los contratos de prestación de servicios,
pero este también impartía órdenes y asignaba funciones diferentes de las
obligaciones pactadas en los contratos de prestación de servicios.

37.7. Tenía correo institucional. La asignación de elementos se efectuaba conforme
con un procedimiento y al finalizar la contratación para liquidación de este era

20

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

necesario hacer entrega al almacén de tales elementos y suscribir un acta.

37.8. Aunque la demandante tuvo variados objetos contractuales en sus periodos de
vinculación, puesto que estuvo en grupos diferentes de la regional, lo que hacía
básicamente era prestar apoyo financiero en unos casos para el área financiera y
en otros en asistencia técnica.

37.9. Loshechos relatados le constan porque estuvo vinculada en la dirección
regional y era la encargada de hacer la programación de los contratistas y la
plataforma en la que se encontraba el perfil y toda la información de los contratistas.

38. Martha Patricia Santana Osorio es abogada. Fue contratista del ICBF entre los
años 2017 a 2019. En el momento tiene una demanda en contra de la entidad por
el tiempo en que estuvo vinculada con la regional por medio de contratos de
prestación de servicios con fallo de primera instancia a favor.

38.1. Lademandante tenía a su cargo la plataforma en la que los contratistas
pasaban las cuentas. Trabajaba en el grupo administrativo y el que supervisaba los
contratos era el coordinador administrativo, uno de ellos era Laura Rincón. La
trasladaban de oficina en asistencia técnica y ahí la coordinadora era Edilma, allí
revisaba y hacía la liquidación de las cuentas, en general, actividades financieras.

38.2. Recibíaórdenes del supervisor. Fue ella quien la capacitó cuando debió
manejar el aplicativo para subir las cuentas de los contratistas del grupo
administrativo.

38.3. El ICBF proporcionaba los elementos de trabajo.

38.4. En varias ocasiones reunieron al personal de planta y a los contratistas y en
ellas se hacían llamados de atención por incumplir el horario o por usar el celular en
la oficina. En ocasiones trabajó hasta altas horas de la noche.

38.5. Tenía correo institucional.

38.6. Era obligatorio el cumplimiento del horario.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

2.4.1. Sobre los elementos que permiten configurar una relación laboral

39. Con fundamento en lo expuesto, y en atención a los argumentos del recurso de
apelación, la Sala analizará si en el sub judice se acreditaron los elementos que

21

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

permiten configurar una relación de trabajo entre Adriana Rincón Prada y el ICBF
en los 2 periodos reclamados, esto es entre el 28 de mayo de 2002 y el 26 de
diciembre de 2007 y desde el 4 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019.

2.4.1.1. Prestación personal del servicio

40. De las pruebas relacionadas se tiene que en efecto entre el 28 de mayo de 2002
y el 26 de diciembre de 2007 y desde el 4 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre
de 2019, la demandante se vinculó y prestó sus servicios al ICBF mediante
contratos de prestación de servicios profesionales para «[p]restar el servicio de
verificación de las bases de liquidación y el pago del 3% de las nóminas a favor del ICBF»,
«[a]poyar el cobro persuasivo a los empleadores evasores, elusores y morosos» y en
general prestar los servicios profesionales de apoyo para la asistencia técnica de
los programas, proyectos, procedimientos y actividades administrativas del grupo
financiero, a los centros zonales y a las entidades administradoras del servicio, de
los asuntos de protección para el ICBF Regional Santander, lo que implica que fue
ella quien suministró el servicio en forma personal y no a través de otra persona, en
tanto fue quien ejecutó la labor contratada.

41. Así se advierte de las consideraciones de los contratos suscritos en ambos
periodos al señalar que «de conformidad con el concepto técnico emitido por el
Coordinador del Grupo Administrativo y Financiero del ICBF Regional Santander se
recomendó contratar con la persona invitada, con el fin de prestar los servicios personales
en la oficina de recaudo, teniendo en cuenta que analizada la propuesta cumple con los
requisitos jurídicos y además es idóneo para el cumplimiento del objetivo contractual»31 y
que «la idoneidad y la experiencia requerida para la ejecución del objeto contractual se
encuentra acreditada y analizada por parte del (a) Grupo Financiero que emite el concepto
técnico»32.

42. Ciertamente, de dichos contratos se advierte que ella fue contratada por razón
de su idoneidad y experiencia para cumplir con los objetos contractuales. Además,
no existía la posibilidad de que otra persona pudiera cumplir con esta labor, tal y
como se extrae de la cláusula incluida en los contratos en la que se manifestó que
la contratista no podría cederlos sin autorización previa y expresa del contratante,
lo que no se probó o alegó que hubiese ocurrido; de lo que se sigue que, respecto
de los objetos contractuales relacionados, era ella y no otra persona quien ejecutó
las obligaciones pactadas.

2.4.1.2. Remuneración

31
Contrato 68-20-2007-943
32
Contrato 68-291-2017

22

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Demandante: Adriana Rincón Prada

43. Ahora bien, Adriana Rincón Prada percibió una remuneración por el trabajo
cumplido, tal como se evidencia en las cláusulas contractuales y en las cuentas de
cobro y estados de cuenta, en los que se advierte que se estipuló el valor y la forma
de pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el
trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios o salario).

2.4.1.3. Continuada subordinación o dependencia

44. En torno a este último elemento, la Sala considera necesario realizar una
transcripción de las obligaciones contractuales pactadas entre Adriana Rincón
Prada y el ICBF, para después determinar si en el desarrollo de la ejecución
contractual hubo subordinación o dependencia del trabajador respecto de la entidad.

45. En síntesis, por una parte, las obligaciones de los contratos relacionados en el
periodo comprendido entre el 28 de mayo de 2002 y el 26 de diciembre de 2007,
entre otras, fueron las siguientes:

«1) Presentar Apoyar técnicamente la detección, identificación, canalización,
orientación, información, seguimiento a empleadores responsables del pago de aportes
parafiscales. (…) 3). Efectuar actividades de divulgación y promoción del recaudo, a los
empleadores que permitan establecer el cumplimiento real de los pagos de los aportes.
(…) 5). Elaborar los informes y análisis solicitados. 6). Apoyar la gestión de las
conciliaciones del área de recaudo con las demás áreas del Grupo Financiero e
instituciones responsables en el proceso de recaudo, así mismo, apoyar la Oficina de
Contabilidad en cuanto a los ingresos durante la vigencia para los respectivos informes
y reportes requeridos por la DIAN. 7). Periódicamente se designará un Promotor para
gestionar el trabajo de depuración, actualización, telemercadeo, y demás diligencias,
teniendo en cuenta la base de datos de los aportantes SIREC tendientes al mejoramiento
y desempeño de las labores de fiscalización y de auditoría. 9). Participar en los
espacios e instancias de coordinación y decisión relacionadas con el mejoramiento
del recaudo. 10). Realizar visitas a las diferentes Regionales o Agencias del ICBF
cuando sea necesario o así se requiera en desarrollo del objeto contractual. (…).
13). Mensualmente efectuar un promedio treinta (30) liquidaciones efectivas a los
empleadores evasores, elusores y morosos. 14). Propender por lograr la recuperación
en la totalidad de lo liquidado dentro del término de duración del contrato y/o lograr que
el empleador firme acuerdo de pago por la deuda del 3%. 15). Realizar visitas de
Auditoria Financiera, efectuando actividades de divulgación a las empresas tendientes
al cumplimiento de las metas programadas.16). Promover el cobro persuasivo durante
la realización de las visitas, informando de las políticas de financiación y de las ventajas
de encontrarse al día con el ICBF. 17). Presentar diariamente al Supervisor del
Contrato y/o Profesional encargado del área de Recaudo, las liquidaciones por aportes
del 3% para la elaboración de la Resolución de deudor moroso. 18). Practicar
telemercadeo semanal a los empleadores que no han solucionado su situación de
deuda e informar al Grupo de Recaudo quienes deben ser objeto de Cobro Coactivo.
(…) 22). Presentar mensualmente al supervisor del contrato u orden de servicio o al
Profesional responsable del área de recaudo, un informe detallado sobre las actividades
desarrolladas con los soportes correspondientes, con copia para su archivo en el fólder
del contrato u orden. 23). Responder por los formatos prenumerados asignados para la

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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

realización de las visitas. 24). Responder por los elementos y equipos asignados para la
realización de las tareas definidas por el supervisor del contrato»33 (sic).

46. Aunque en los contratos 68-20-2006-842 y 68-20-2007-943, por ejemplo, se
redactó de forma diferente el objeto contractual, las obligaciones coinciden salvo
por pequeñas diferencias, como el número de liquidaciones efectivas en uno se
pactaron 20 y en el otro 30, o que en el primer contrato se incluyó la obligación de
apoyar la gestión de las conciliaciones. Lo mismo ocurre con las obligaciones
señaladas en los demás contratos, como las previstas en el contrato 68-20-2002-
1155 las cuales fueron menos específicas, pero encaminadas a iguales
responsabilidades.

47. Por otra parte, las obligaciones de los contratos relacionados en el periodo
comprendido entre el 4 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, entre otras,
se relacionan con:

«1. Ejecutar y hacer seguimiento al desarrollo de las políticas financieras necesarias para
la operación del Instituto de acuerdo con los planes estratégicos y la normativa. 2.
Participar en el registro, consolidación, administración, seguimiento, control y
documentación de la información contable y tributaria del instituto, en el aplicativo
definido para tal fin de acuerdo con los procesos del ICBF y los lineamientos del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 3. Conciliar y depurar periódicamente las
cuentas de los Estados Financieros de acuerdo con las normas expedidas por la
Contaduría General de la Nación, generando y comunicando las alertas pertinentes. (..)
5. Desarrollar y controlar las operaciones de Tesorería relacionadas con las Direcciones
Regionales en relación con operaciones de registro y control del flujo de recursos
recaudados y pagos. 6. Brindar asesoría y acompañamiento a las Direcciones
Regionales en temas de planeación, presupuestales: contables, tributarios y de
tesorería de acuerdo con las políticas y procedimientos financieros del ICBF. 7.
Controlar la operación de las cajas menores de instituto de acuerdo con las
políticas establecidas. 8. Las demás que se le asignen y que correspondan a la
naturaleza del empleo. 9. Realizar la inducción virtual en el primer mes de vinculación e
inducción presencial y reinducción cuando sea convocado por el responsable en el
ICBF»34. «2. Realizar seguimiento mensual a la ejecución de metas sociales y
financieras de los servicios de primera infancia asignados a la Regional. (...)4. Apoyar a
la Regional, para la elaboración de los informes relacionados con las solicitudes de la
Dirección de Primera infancia. (…)6. Mantener conciliados los recursos asignados a la
Regional en el SIIF, con los recursos programados en metas sociales y financieras y de
ser necesario solicitar el contra crédito de los recursos a la dirección de Primera Infancia.
7. Prestar asistencia técnica-financiera a los centros zonales y entidades
administradores del servicio de la Regional. 8. Desplazarse a los centros zonales del
/CBF cuando se requiera por las necesidades del servicio en desarrollo del objeto
contractual previa autorización del supervisor del contrato. (…)14 Apoyar y asistir a los
comités, reuniones y proyectar las actas de las reuniones que le sean asignadas en
relación al objeto contractual y realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos
establecidos en los comités y reuniones a las que asista. 15. Asistir a las reuniones

33
Contrato 68-20-2006-842
34
Contrato 014 y 291

24

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Demandante: Adriana Rincón Prada

relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignadas por el supervisor
del contrato. 16. Presentar los informes de comisión de los desplazamientos que
se realizan, conforme a las indicaciones dadas por el área administrativa del ICBF
y cumpliendo con los tiempos de su presentación. 17. Asistir a las reuniones a las
que sea convocado por la regional, presentando la información requerida. 18. Entregar
reporte mensual al (la) ordenador (a) del gasto del estado de avance de la ejecución de
los contratos y/o convenios que celebre la Dirección Regional para la prestación de los
servicios de atención integral a la Primera Infancia y alertar las situaciones que afecten
su normal desarrollo»35; «Realizar las visitas de apoyo a la supervisión a los contratos
de aporte para la atención a la primera infancia en las sede administrativas de las
entidades administradoras de servicios, verificando las obligaciones contractuales, de
acuerdo a los lineamientos y diligenciando los instrumentos diseñados y suministrados
por la dirección de primera infancia, asegurando la transparencia en la ejecución de los
recursos y el adecuado desarrollo del proceso, en cumplimiento de lo dispuesto por el
manual operativo de cada modalidad de atención. (…) 4. Responder oportunamente a
las solicitudes relacionadas con el esquema de apoyo a la supervisión, que se realicen
desde la dirección de primera infancia y sede de la dirección General. 5. Apoyar en la
articulación con la Dirección Regional, Coordinadores de Centro Zonales y otras
dependencias del ICBF para asegurar el correcto funcionamiento del ejercicio de la
supervisión, correspondiente a las acciones de seguimiento y control financiero y
administrativo. 6. Mantener actualizada la información correspondiente a los resultados
de las visitas de apoyo a la supervisión en los formatos establecidos por el ICB y cargues
de los mismos en los tiempos establecidos por la dirección de primera infancia de
la sede de la dirección general (…)11. Realizar la georreferenciación de todas las
Unidades de Servicios: UDS y entidades administradoras de servicios EAS
visitadas, dando cumplimiento a los cronogramas de visitas y reportes
previamente establecidos por la Dirección de Primera Infancia. 12. Asistir a las
reuniones y comités que sean convocados en el marco de la implementación del
esquema de apoyo a la supervisión para la garantía en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y el mejoramiento de la calidad de atención a la primera
infancia. 13. Participar en los procesos de entrenamiento virtual y/o presencial, así como
en grupos de estudio entre pares con los equipos de asistencia técnica para el
mejoramiento de la calidad en el ejercicio de apoyo a la supervisión. 14. Desplazarse a
la sede de la dirección general del ICBF, a regionales, centros zonales, UDS o EAS
cuando se requiera, en concordancia con las necesidades del servicio para el desarrollo
del objeto contractual y presentar el informe de comisión respectivo.»36. «1. Apoyar en
la digitalización, sistematización de información, transcripción de correspondencia,
manejo de archivo y las actividades inherentes al proceso de información y
documentación de las Defensorías de Familia asignadas por la Regional Santander. 2.
Depurar el sistema de información misional, para registrar todas las actuaciones y
documentos que reposan en la historia de atención de los niños, niñas y adolescentes,
con proceso administrativo de Restablecimiento de Derechos. (…) 6. Digitar la
información que le sea solicitada para la construcción de bases de datos que se requiera
en la Defensoría de Familia. 7. Cumplir con las demás asignadas por el supervisor en
virtud del objeto contractual. Suscribir un documento de compromiso de
confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se
firme el contrato»37.

35
Contrato 243:
36
Contrato 025
37
Contrato 351

25

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Demandante: Adriana Rincón Prada

48. La Sala advierte que, aunque en los contratos de prestación de servicios se varió
el objeto contractual, y en particular, en algunos casos se refirió a actividades
específicas, lo cierto es que de la lectura de las obligaciones se puede establecer
que estuvieron encaminadas al apoyo para la asistencia técnica y financiera de
actividades administrativas, contables, y la gestión de información y documentación.
En general, se dirigieron a la supervisión y control financiero; seguimiento y
supervisión de contratos; asesoría técnica (financiera, contable, tributaria y de
tesorería) y de articulación con direcciones, centros zonales u otras dependencias
del ICBF; y, gestión documental, entre otras.

49. Asimismo, se evidencia que para el desarrollo de sus obligaciones debía cumplir
con plazos, cronogramas y procedimientos, hacer uso de las guías, formatos, bases
de datos, y plataformas, todo lo cual estaba previamente definido por la institución.
Además, tenía que asistir a reuniones y comités, y estaba sometida a la variación
de su lugar de trabajo al señalarse que de ser requerido debía desplazarse a otras
sedes como, por ejemplo, se observa de los informes de supervisión del contrato
68-243-2019 en el que se indicó que la demandante prestó asistencia técnica y
financiera a los diferentes centros zonales para lo cual debió desplazarse a sus
instalaciones, como ocurrió el 26 de abril al de Carlos Lleras, el 8 de mayo al de San
Gil; el 24 de mayo al de Antonia Santos, entre otros38.

50. En este punto, se hace necesario precisar que en los contratos se indicó que el
ICBF no contaba con el personal de planta para ejecutar las actividades
contratadas; no obstante, para la Sala es evidente que las actividades desarrolladas
si bien no estaban directamente relacionadas con la misión de la institución, esto es
«[l]iderar la protección integral de los derechos de la niñez, la adolescencia y las familias, a
través de la articulación e implementación de las políticas públicas, el fortalecimiento de la
oferta del servicio público de bienestar familiar para la promoción de su pleno desarrollo, la
consolidación de proyectos de vida y el fortalecimiento de las capacidades de las familias,
comunidades y territorios, promoviendo la equidad como expresión de justicia social y
fundamento de la paz»39 lo cierto es que eran esenciales para la ejecución de aquella,
pues, permitían establecer las metas financieras, planificar y ejecutar los recursos y
el desarrollo misional, además, resultaban en una labor de carácter permanente.

51. De acuerdo con esto, si bien la contratación de apoyo a la gestión es una
modalidad autorizada por la Ley 80 de 1993, en la medida en que se caracteriza por
ejercer actividades de ejecución, estas pueden estar mayormente encaminadas a
desarrollarse sin autonomía e independencia.

38
Índice 2 de Samai archivo ED_68001233300020200107(.zip) NroActua 2, carpeta
68001233300020200107400 (contrato de realidad ICBF), subcarpeta 01expediente digital, carpeta
02. Anexos de la demanda, (18 informe de supervisión)
39
https://www.icbf.gov.co/instituto

26

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

52. Esto es así por cuanto, luego de revisar el contenido de cada uno de los contratos
y comparados el objeto, las obligaciones contractuales, los informes de gestión
allegados al plenario, y los testimonios se tiene que las funciones desempeñadas
durante su vinculación con el ICBF regional Santander no se realizaron de forma
autónoma e independiente, sino que la demandante estuvo sujeta a las
instrucciones y órdenes que son propias de la naturaleza de una relación
subordinada, pues atienden al control de un superior a nivel profesional cualquiera
que sea su denominación (coordinador de área, líder o director) para ejecutar las
obligaciones contractuales, por lo que existe una sujeción de aquella hacia la
entidad demandada y, en tal sentido, esta contaba en todo momento con la
posibilidad de disponer de su servicio, y aquella, a su vez, tenía la obligación
correlativa de obedecerle, lo que evidencia el ejercicio del poder subordinante y del
ius variandi por parte de la entidad demandada.

53. Precisamente, los testimonios de Viviana Andrea Vesga Benítez y Martha
Patricia Santana Osorio, quienes en precisos momentos [esto es en el segundo
periodo de contratación entre los años 2017 y 2019] compartieron laboral y
personalmente con la demandante, dan buena cuenta de las condiciones bajo las
cuales la accionante prestaba sus servicios en la entidad, de las que se resalta que
en ejercicio de sus funciones cumplía con un horario; recibía órdenes directas de un
coordinador del área que a su vez era supervisor; se hacían llamados de atención
[si bien al personal en general entre ellos estaba la demandante]; desarrolló
funciones de carácter permanente en las áreas financiera y de asistencia técnica,
similares a las desempeñadas por personal de planta, las cuales eran esenciales
para el funcionamiento del ICBF, institución que también le proporcionaba los
elementos de trabajo y un correo institucional; y, entre otros, participaba en
reuniones junto con el personal de planta, donde se impartían directrices.

54. Asimismo, Viviana Andrea Vesga Benítez manifestó que en ocasiones le
asignaban funciones diferentes de las pactadas en el contrato, en efecto, en el
periodo de ejecución del contrato 68-243-2019 elaboró una matriz enviada por el
nivel central para las adiciones de los hogares comunitarios de bienestar de acuerdo
con la información de los centros zonales Carlos Lleras, Antonia Santos, Sur,
Yariguíes, Málaga, Vélez, Socorro y San Gil; se realizó proyección de desembolsos
de acuerdo con el valor adicional de cada contrato obligación que puede ser
catalogada dentro la elaboración de estudios previos o documentos
precontractuales que se alejan de las pactadas para dicho periodo.

55. En efecto, el empleador impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar,
inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que la trabajadora

27

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

desarrollara sus labores, sin que le hubiere asistido ningún tipo de independencia.

56. Esto se advierte luego de contrastado el objeto y las obligaciones que se
establecieron en los contratos de prestación de servicios suscritos entre los
extremos procesales, de los testimonios recibidos en el proceso y demás pruebas
documentales aportadas como las constancias de servicios. En ellos se aprecian
actividades que exigen para su ejecución necesaria dependencia y subordinación,
por lo que la Sala, al realizar una valoración bajo las reglas de la sana crítica,
encuentra que es posible determinar la existencia de una relación laboral
subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear
de modo permanente y continuo los servicios de la demandante.

57. Así las cosas, las obligaciones impuestas a la demandante ponen en evidencia
que no realizó sus labores en forma autónoma e independiente, pues estas tienen
relación de correspondencia con el ejercicio del poder subordinante por parte del
empleador, al tiempo que corroboran que no puede dejar de existir imposición de
órdenes en la ejecución de su objeto contractual para desempeñar esa labor, cuyas
condiciones fueron variadas por el empleador, pues, se insiste, tal y como se
evidenció de lo transcrito en líneas anteriores, se alteraron unilateralmente las
condiciones del contrato asignando otras funciones tales como la liquidación y
revisión de contratos, es decir, en últimas hizo uso del poder de dirección o
modificación de las obligaciones pactadas o ius variandi, propio de una relación de
tipo laboral, que no contractual.

58. Se aclara que la situación descrita en el sub judice no corresponde a la que es
propia del principio de coordinación, que «consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante para la
ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que exista una
concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con independencia, pero en
armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte, respecto de las
cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito»40.

59. Otra es la subordinación, «en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia
su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer
del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación correlativa de obedecerle. En efecto,
el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios
elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores, sin que a este
respecto le asista ningún tipo de independencia»41.

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de noviembre de 2022,

radicado 63001-23-33-000-2020-00365-01 (2181-2022). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
41 Ibidem.

28

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

60. En efecto, en el presente asunto, contrario a lo señalado en el recurso de
apelación, no puede hablarse de coordinación, puesto que el desempeño de las
funciones por parte de la demandante estaba sujeta a medidas u órdenes del ICBF,
a saber: la imposición de un horario, la sujeción a directrices de los coordinadores
de área y la variación de las funciones pactadas en los contratos de prestación de
servicios, lo que demuestra que la entidad, en su calidad de empleadora, contaba
con la posibilidad de disponer de su trabajo, y denota la existencia de una
indiscutible subordinación.

61. Ahora bien, en este punto echa de menos la Sala que pese a las disposiciones
contenidas en la Ley 909 de 2004, la entidad no haya hecho uso de la creación de
plantas temporales que atiendan a la oferta y la demanda en la prestación del
servicio. Por tanto, la ausencia de personal suficiente que ejecute las obligaciones
para las cuales fue contratada la demandante no puede ser argumento suficiente
que enerve las consideraciones expuestas en esta decisión, pues no justifica la
ausencia de planeación por parte de la entidad y desconoce que las labores
desarrolladas se ejercieron bajo la subordinación de la entidad.

62. Valga precisar que la posibilidad de contratar con terceros a que aluden los
artículos 32 de la Ley 80 de 1993 y 2 de la Ley 1150 de 2007, no puede ser
entendida como una carta abierta a efectos de desconocer derechos y garantías
laborales, pues lo cierto es que tal y como se advirtió en esta decisión, la naturaleza
contractual con la cual se revistió la vinculación de la demandante se desnaturalizó
al desarrollarse sin autonomía ni independencia, las cuales se constituyen en las
características propias de la referida relación contractual.

63. En consecuencia, tal y como fue determinado por el Tribunal Administrativo de
Santander, se encuentran demostrados los elementos de la relación laboral, razón
por la cual, en este punto, se confirmará la decisión apelada.

2.4.2. En torno a la prescripción de los derechos en litigio

64. Establecido lo anterior, la Sala procederá con el análisis de la prescripción de las
prestaciones a que tiene derecho el demandante, en consonancia con la
declaratoria del reconocimiento de la relación laboral.

65. Respecto del término de interrupción o solución de continuidad esta
corporación en sentencia de unificación42 dispuso que:

42Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de
septiembre de dos mil veintiuno (2021), Asunto: SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 271 DE LA LEY 1437 DE 2011, Medio de control:

29

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

«150. Como se indicó en el apartado anterior, aunque en la actualidad la Sección
Segunda aplica el criterio pacífico sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, la existencia de vinculaciones contractuales
consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin de establecer
si se presentó o no la solución de continuidad en la relación laboral declarada. En ese
sentido, la Sala considera adecuado establecer un periodo de treinta (30) días hábiles
como indicador temporal de la no solución de continuidad entre contratos
sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se itera, constituya una «camisa
de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los elementos
de juicio que obren dentro del plenario, habrá de determinar si se presentó o no la rotura
del vínculo que se reputa laboral.

151. Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

152. Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con una
misma persona natural, en los que concurran todos los elementos constitutivos de una
auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución de continuidad entre el
contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de aquél y la fecha en que inicie
la ejecución del otro, no han transcurrido más de treinta (30) días hábiles, siempre y
cuando se constate que los objetos contractuales y las obligaciones emanadas de ellos
son iguales o similares y apuntan a la satisfacción de las mismas
necesidades.(Subrayado fuera de texto)

153. Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar de
haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual. En el
evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno extintivo respecto
de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en la cual no procederá el
reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales que de aquellos hubiesen
podido generarse».

66. Esta decisión fue aclarada mediante auto del 11 de noviembre de 2021, en el que
la Sección Segunda de esta corporación precisó que «el término de treinta (30) días
hábiles, a que alude la segunda regla de unificación, tal como se dijo en la sentencia del 9
de septiembre de 2021, debe entenderse como un indicador temporal para inferir que no
hay solución de continuidad entre un contrato y otro sucedáneo, y solo para efectos de la
prescripción de derechos laborales».

67. Asimismo, en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia
SUJ2-005-16, proferida por el Consejo de Estado, se establecieron las siguientes
subreglas:

Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

30

Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

«(…)

En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es
precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será
excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de
proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios.

Pese a lo expuesto, la Sala aclara que la prescripción extintiva no se aplica frente a los
aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que
los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden
solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser
pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales (…)». (Se subraya).

68. Así las cosas, a juicio de la Sala, «(q)uien pretenda el reconocimiento de la relación
laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta,
en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su
vínculo contractual»43.

69. En consideración con lo anterior, en el sub judice, al verificarse que la solicitud
del reconocimiento de la relación laboral fue presentada ante la entidad demandada
el 22 de enero de 2020, se establece que respecto del primer periodo acaeció el
fenómeno jurídico de la prescripción, pues transcurrió un lapso superior a 3 años
para solicitar por vía administrativa el reconocimiento de la relación laboral y, por
ende, el pago de los salarios y prestaciones, toda vez que la relación culminó el 26
de diciembre de 2007.

70. Respecto del segundo periodo, tal y como se observa del cuadro visible en el
párrafo 33, si bien existió interrupción entre los contratos 68-0321-2017 y su adición
y 68-0529-2017 de 44 días hábiles; y del 68-0529-2017 al 68-351-2018 de 195 días
hábiles, lo cierto es que la demandante tenía hasta el 18 de agosto y hasta el 20 de
septiembre de 2020, respectivamente, para presentar la reclamación. Así pues,
como la presentó el 22 de enero de 2020 y cumplió con la exigencia de presentar la
reclamación administrativa dentro de los 3 años siguientes a la terminación de la
relación contractual, lo que impone concluir que aun cuando por esas interrupciones
hubo solución de continuidad en la prestación del servicio, esto no tuvo incidencia
en el fenómeno de la prescripción extintiva del derecho.

43 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, con referencia SUJ2-005-16, proferida por el

Consejo de Estado.

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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

2.4.3. Sobre los salarios y prestaciones objeto del restablecimiento del
derecho

71. Por lo dicho, la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de prestaciones legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, y el criterio de la Sala es que la liquidación tendría que realizarse
en consideración al salario de un empleado de planta que desarrollaba iguales
funciones a las que ejecutó.

72. Lo anterior, en consideración al principio de «a trabajo igual salario igual», que se
deriva del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales44 frente al cual la Corte Constitucional ha señalado que la remuneración
de los trabajadores en general debe estar acorde con los criterios de
proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo, entre quienes se encuentren en
igualdad de condiciones, sin desconocer la admisión de diversidad de reglas cuando
se trata de hipótesis distintas45.

73. En tal sentido, en atención a que con esta decisión judicial se otorga vigencia al
principio de primacía de la realidad sobre las formas, correspondería reconocer que
la labor desempeñada por Adriana Rincón Prada debía ser remunerada conforme
con lo devengado por un empleado de planta que realizara iguales funciones a las
suyas.

74. Con fundamento en iguales consideraciones, en criterio de la Sala se tendría que
reconocer el reajuste salarial, esto es, las diferencias entre lo devengado por un
empleado de planta y lo percibido por concepto de honorarios. Al respecto, es
importante aclarar que frente al reconocimiento de las prestaciones que deberán ser
reconocidas a la demandante se sostuvo en anterior providencia46 que «el

44 «Artículo 7 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al

goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual;
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del
presente Pacto;
b) La seguridad y la higiene en el trabajo;
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior que
les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad;
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». (Resalta la Sala).
45 Sentencia SU-519 de 1997, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de octubre de 2016, radicado

66001 23 33 000 2013 00091 01 (0237 2014).

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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

reconocimiento de la primacía de la realidad sobre las formalidades que conlleva a la
declaración de existencia de una relación laboral subyacente de un contrato de prestación
de servicio, no puede otorgar al accionante la calidad de empleado público (…)», lo que no
impide que se reconozcan las prestaciones reclamadas en virtud del aludido
principio de «a trabajo igual salario igual».

75. Esto, en aplicación de las garantías de orden constitucional que impone a las
autoridades proteger los principios de igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
de trabajo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; y la primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales47. Con fundamento en ello, esta Sala ha señalado
que, en asuntos relativos a las relaciones laborales encubiertas, es procedente el
reconocimiento y pago de las diferencias que resulten entre lo que recibió el
demandante por concepto de honorarios y lo que debió recibir, en igualdad de
condiciones de dicho cargo de la entidad.

76. Lo explicado con anterioridad, es la posición adoptada por la Sala para la
liquidación de las prestaciones laborales a la cuales tendría derecho la demandante
y para el cálculo del ingreso base de cotización (IBC); sin embargo, comoquiera que
ello daría lugar a la modificación de la orden proferida por el a quo al establecer que
la entidad demandada debía reconocer las prestaciones «con base en el valor mensual
promedio devengado a título de honorarios en virtud de los contratos de prestación de
servicios»; y al ser la entidad el apelante único en este asunto no se modificará la
providencia en este aspecto con el ánimo de no desmejorar su situación en virtud
del principio de la non reformatio in pejus.

2.5. Costas

77. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

78. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales

47 Artículo 53 de la Constitución Política.

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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

del procedimiento para su liquidación y ejecución.

79. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma48.

80. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

81. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

82. Ahora bien, del recurso de apelación se deriva que si lo pretendido era que se
revocara la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
también lo era la condena en costas, en tanto allí se adoptó la decisión de acuerdo
con el criterio objetivo al haber resultado vencida, pero la parte demandada insistió
en que no era procedente el reconocimiento de la relación laboral y, por lo tanto, no
debió haber quedado vencida, de manera que tampoco debió haber sido condenada
en costas. Por ende, se revocará la impuesta en primera instancia, al no
evidenciarse que el tribunal realizará el análisis de la conducta de las partes.

3. Conclusión

83. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que, durante los periodos
comprendidos entre el 28 de mayo de 2002 y el 26 de diciembre de 2007 y desde
el 4 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, salvo sus interrupciones,
entre Adriana Rincón Prada y el ICBF existió una relación laboral. Sin embargo, las
prestaciones a que tiene derecho en virtud de la prestación de sus servicios en el
periodo comprendido entre el 28 de mayo de 2002 y el 26 de diciembre de 2007 se
extinguieron en virtud de la prescripción, pero será tenido en cuenta para efectos
pensionales.

84. A diferencia de ello, por el lapso comprendido entre el 4 de enero de 2017 y el

48En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 68001-23-33-000-2020-01074-01 (7351-2023)
Demandante: Adriana Rincón Prada

31 de diciembre de 2019, la demandante tiene derecho al pago de las prestaciones
de orden legal, tal y como fue reconocido por el a quo.

85. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar la condena en costas impuesta por el Tribunal Administrativo de
Santander, en la sentencia proferida el 21 de febrero de 2023, y en su lugar, no
condenar en costas en primera instancia.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del Tribunal Administrativo de
Santander, en sentencia proferida el 21 de febrero de 2023, en tanto accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por Adriana Rincón Prada
contra la Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024).

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
MAG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

35

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