Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00512-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2021-00512-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2021-00512-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 68001-23-33-000-2021-00512-01 (4992-2023)
Demandante : Octavio Augusto Briceño Silva
Demandados : Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Medio de : Nulidad y restablecimiento del derecho
control
Tema : Reconocimiento pensión vitalicia de jubilación
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Fiduprevisora S.A. en calidad
de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del FOMAG, contra la sentencia
proferida el veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo
de Santander1, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El señor Octavio Augusto Briceño Silva, por intermedio de apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, con el objeto que se declare la nulidad
del acto ficto negativo producto del silencio de la administración frente a la solicitud de
reconocimiento pensional formulada el 14 de diciembre de 2020 encaminada a obtener
el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto en la Ley
33 de 1985.
Las pretensiones son del siguiente contenido:
1 Sala conformada por las magistradas Claudia Patricia Peñuela Arce y Francy del Pilar Pinilla Pedraza y el magistrado Iván
Hernando Prada Macías.
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Número Interno: 4992-2023
Demandante: Octavio Augusto Briceño Silva
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
“PRIMERA. - DECLARAR la NULIDAD del acto ficto negativo producido por el silencio
administrativo en el que incurrió la Secretaría de Educación de Floridablanca, quien actuando en
nombre y representación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, no resolvió de fondo la petición radicada el 14 de diciembre
de 2020, a través de la cual se pretendía obtener el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación a favor del señor OCTAVIO AUGUSTO BRICEÑO SILVA, bajo el marco de la Ley 33 de
1985.
SEGUNDA. - A título de restablecimiento del derecho, se CONDENE a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que a través
de la Secretaría de Educación Municipal de Floridablanca, RECONOZCA y PAGUE lo
correspondiente a la PENSIÓN DE JUBILACIÓN al señor OCTAVIO AUGUSTO BRICEÑO SILVA,
en el marco de la Ley 33 de 1985, en su condición de docente oficial.
TERCERA.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, CONDENAR a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para
que a partir del 08 de septiembre del 2019, fecha de constitución del derecho, RECONOZCA y
PAGUE al señor OCTAVIO AUGUSTO BRICEÑO SILVA la PENSIÓN VITALICIA DE JUBILACIÓN,
en una cuantía equivalente al 75% del I.B.L. pensional que debe ser conformado por los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha del status pensional, es decir,
asignación básica, horas extras, bonificación mensual y bonificación pedagógica, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley 33 de 1985 (modificado por Art. 1. Ley 62 de 1985),
Decretos 1566 de 2014, 1272 de 2015, 123 de 2016, 983 de 2017, 322 de 2018, 1022 de 2019 y
2354 de 2018.
CUARTA. - Que para efectos del reconocimiento de la pensión que se pretende, se tengan en
cuenta la totalidad de los periodos relacionados en el cuadro de tiempo de servicios insertado en
los hechos de esta demanda, incluido el periodo laborado como docente vinculado bajo la
modalidad de OPS entre el 16 de marzo de 1995 y el 11 de diciembre de 2001, a través de la
Secretaría de Educación Municipal de Floridablanca.
QUINTA. Se CONDENE a la parte demandada a pagar a mi poderdante todas las mesadas
pensionales dejadas de cancelar desde la fecha de constitución del derecho hasta el día en que se
haga efectivo el pago, incluidas las primas consagradas en la ley y los aumentos anuales
automáticos que ordena la Ley 71 de 1988, incluyendo la actualización de los valores objeto de la
condena de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor (IPC) y tal como lo autoriza
el artículo 187 del C.P.A.C.A. (…)”.
1.2. Hechos
La parte actora relató, en síntesis, los siguientes:
El demandante nació el 29 de junio de 1961 y prestó sus servicios como docente oficial
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 en virtud de las órdenes
de prestación de servicios que celebró de forma ininterrumpida con la Secretaría de
Educación de Floridablanca, desde el 16 de marzo de 1995 hasta el 30 de noviembre de
2002.
Mediante Resolución núm. 0173 del 15 de julio de 2005, fue nombrado docente, en
propiedad, cargo del que tomó posesión el 18 de julio de 2005.
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Número Interno: 4992-2023
Demandante: Octavio Augusto Briceño Silva
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Por considerar que adquirió el estatus de pensionado el 8 de septiembre de 2019, fecha
para la cual cumplió 20 años de servicios y tenía más de 55 años de edad, formuló
petición ante la Secretaría de Educación de Floridablanca el 14 de diciembre de 2020,
mediante la cual solicitó el reconocimiento y pago de pensión de jubilación.
La Secretaría de Educación Municipal de Floridablanca devolvió la solicitud y requirió
anexar los certificados actualizados de tiempo de servicios y factores salariales, así como
el certificado original de semanas cotizadas a Colpensiones o a la entidad a la que se
realizaron los aportes para pensión.
A pesar de haber subsanado la petición y allegado la documentación requerida, la
Secretaría de Educación informó que el 19 de marzo de 2021 procedió a elaborar y remitir
a la Fiduprevisora S.A. el proyecto de Acto Administrativo para su verificación y
aprobación. No obstante, a la fecha de presentación de la demanda no había recibido
respuesta alguna.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como normas violadas, se invocaron las siguientes:
Los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 58 y 243 de la Constitución política; la Ley 812
de 2003; el Acto legislativo 01 de 2005; la Ley 91 de 1989; la Ley 100 de 1993; la Ley 33
de 1985 y el Decreto 2277de 1979.
El demandante argumenta que la única condición para ser beneficiario del régimen
pensional establecido en la Ley 91 de 1989 consiste en haber ingresado al servicio
público educativo oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003. Por lo tanto, las normas
que lo amparan son el artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 y el artículo 15 de la Ley 91 de
1989, a fin de acceder a la pensión de jubilación.
Con base en lo anterior, pide que la mesada se liquide con los factores que sirvieron de
base para realizar los aportes a la seguridad social, es decir, todos aquellos relacionados
en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985. Igualmente, debe incluirse la bonificación mensual
y la bonificación pedagógica porque, aunque fueron creadas con posterioridad, el
Legislador expresamente indicó que constituyen factor salarial.
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Número Interno: 4992-2023
Demandante: Octavio Augusto Briceño Silva
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
2. Contestación de la demanda
El Ministerio de Educación Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda, bajo el
argumento que el demandante no es beneficiario del régimen de transición previsto en la
Ley 812 de 2003, toda vez que, su vinculación a la docencia oficial se produjo después del
27 de junio de 2003.
Señaló, además, que no es dable considerar, a efectos del régimen de transición
mencionado, el tiempo prestado a través de órdenes de prestación de servicios, pues se
trata de un vínculo civil y no laboral.
Por tanto, pidió que se denieguen las pretensiones de la demanda, en tanto el régimen
pensional aplicable al demandante es el previsto en la Ley 100 de 1993.
3. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 20 de abril de 2023
accedió a las pretensiones de la demanda e impartió las siguientes órdenes:
“PRIMERO. DECLÁRESE la nulidad del acto ficto negativo producido por el silencio administrativo
en el que incurrió la Secretaría de Educación de Floridablanca, quien actuando en nombre y
representación de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, al no resolver de fondo la petición radicada el 14 de diciembre de 2020 por
el señor OCTAVIO AUGUSTO BRICEÑO SILVA, de conformidad con las razones expuestas en la
parte considerativa de este proveído.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE al FOMAG RECONOCER
la pensión de jubilación a favor del señor OCTAVIO AUGUSTO BRICEÑO SILVA con base en el
75% del promedio de salarios devengados durante el último año a la consolidación del estatus de
pensionado, esto es, del 08 de septiembre de 2018 al 08 septiembre de 2019, y de acuerdo con los
factores enlistados en la Ley 62 de 1985, Decreto 1566 del 19 de agosto de 2014 y Decreto 2354
del 2018, a saber: asignación básica, horas extras, bonificación mensual y bonificación
pedagógica.
La entidad demandada deberá PAGAR a favor del demandante las sumas aquí reconocidas desde
el momento que se hizo efectivo el derecho, en los términos indicados en la parte motiva de esta
providencia. Por tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, dicha fórmula debe aplicarse mes por
mes, para cada mesada prestacional y para los demás emolumentos teniendo en cuenta que el
índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.
Igualmente, dará cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos 187, 189 y 192 del
CPACA.
TERCERO: CONDENAR en costas en esta instancia procesal a la parte demandada las cuales
serán liquidadas por la Secretaría de la Corporación, de conformidad con lo señalado en la parte
motiva de esta decisión”.
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Número Interno: 4992-2023
Demandante: Octavio Augusto Briceño Silva
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Al efecto, estableció que el señor Octavio Augusto Briceño Silva prestó sus servicios al
Municipio de Floridablanca, Santander, mediante órdenes de prestación de servicios, con
anterioridad al 27 de julio de 2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, los
cuales son válidos para acceder al régimen de transición previsto en dicha norma, si se
tiene en cuenta que, sin perjuicio del vínculo contractual existente en tales periodos y sin
que la providencia constituya una declaratoria de existencia de relación laboral, la
jurisprudencia ha sido clara en señalar que este tipo de contratos otorgan tiempos
computables para el reconocimiento de la pensión de jubilación.
Por lo anterior, precisó que, al tener probado con claridad el periodo de inicio y
terminación de cada contrato, su objeto, la entidad con la que se celebró y a la que se
efectuaron los aportes, es viable contabilizar el tiempo mencionado, comprendido entre
el 9 de agosto de 29 de marzo de 1995 y el 31 de diciembre de 1998; entre el 21 de mayo
y el 31 de octubre de 2001; entre el 31 de enero y el 31 de julio de 2002 y entre el 9 de
agosto y el 9 de septiembre de 2002, para un total de 4 años, 5 meses y 22 días.
Igualmente, determinó que el régimen pensional aplicable es el previsto en la Ley 33 de
1985 y que, de conformidad con las pruebas aportadas al proceso, el señor Briceño Silva
acreditó, por virtud de las órdenes de prestación de servicios, 4 años, 5 meses y 22 días,
y por virtud de su posterior vinculación en propiedad, un tiempo de 15 años, 1 mes y 28
días; tiempos que, sumados, arrojan un total de 21 años y 6 días, aproximadamente.
Asimismo, cumplió 55 años de edad el 29 de junio de 2016.
En cuanto al IBL, este comprende los factores que haya servido de base para calcular
los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, devengados en el último año de servicios,
que, para este caso, son la asignación básica y las horas extras. Igualmente, encontró
procedente incluir la bonificación mensual, por haberse creado posteriormente con
efectos de factor salarial de acuerdo con el Decreto 1566 del 19 de agosto de 2014, así
como la bonificación pedagógica creada mediante el Decreto 2354 de 2018.
Finalmente, precisó que la pensión debía ser pagada a partir del 8 de septiembre de
2019, fecha en que el demandante consolidó el estatus de pensionado, con base en el
75 % de los factores salariales percibidos durante el último año de servicios, a saber:
asignación básica, horas extras, bonificación mensual y bonificación pedagógica.
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Número Interno: 4992-2023
Demandante: Octavio Augusto Briceño Silva
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Prestaciones Sociales del Magisterio
4. El recurso de apelación
La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo
del FOMAG, apeló el fallo de primera instancia, para lo que argumentó que el régimen
prestacional de los docentes vinculados después de la entrada en vigencia de la Ley 813
de 2003 es el de prima media previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
excepción del requisito de edad que, para los docentes, será de 57 años para hombres y
mujeres.
En ese sentido, insistió en que el tiempo acreditado por el demandante no puede ser
tenido en cuenta para efectos de beneficiarlo del régimen de transición de la Ley 812 de
2003, toda vez que, fue prestado bajo órdenes de prestación de servicios, es decir, un
vínculo civil y no laboral. Además, no existe proceso judicial en el que se haya declarado
la existencia de un contrato de trabajo y no es dable presumir que el vínculo era laboral.
De otra parte, pidió, de confirmarse la decisión, declarar la prescripción trienal y revocar
la condena en costas y agencias en derecho, si se tiene en cuenta que la entidad ha
obrado de buena fe y tampoco fueron probadas.
5. Trámite de segunda instancia
Mediante auto del 16 de octubre de 20242, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3.° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y
se dispuso que, una vez ejecutoriado dicho auto, dentro de los 10 días siguientes, regresara
el expediente para fallo, salvo que las partes presenten solicitud probatoria, de conformidad
con el artículo 212 del CPACA y el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 25 de
la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, es
competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias
2 Expediente digital – SAMAI.
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Número Interno: 4992-2023
Demandante: Octavio Augusto Briceño Silva
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Prestaciones Sociales del Magisterio
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con los argumentos de la apelación, le corresponde a la Sala determinar si,
como lo determinó el Tribunal Administrativo de Santander, al demandante le asiste el
derecho beneficiarse del régimen de transición previsto en la Ley 812 de 2003 en virtud
de su vinculación a la docencia oficial antes del 23 de junio de 2003 a través de órdenes
de prestación de servicios y, en consecuencia, al reconocimiento pensional a la luz de la
Ley 33 de 1985.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. El derecho fundamental a la seguridad social
Como es bien sabido, la seguridad social es un derecho reconocido como fundamental.
La Constitución Política de Colombia en su artículo 48 define la seguridad social como un
servicio público de carácter obligatorio que debe ser prestado bajo la dirección,
coordinación y control del Estado a través de las entidades dispuestas para ello, como
una garantía irrenunciable de todas las personas3.
Ciertamente este derecho, guarda una estrecha relación con la dignidad humana puesto
que permite que cualquier persona haga frente a las circunstancias que las privan de su
capacidad para ejercer plenamente sus derechos y disfrutar de los aspectos sencillos de
la vida. Se ha reconocido, por las Naciones Unidas que la seguridad social desempeña
una importante labor en la reducción y el alivio de la pobreza y la prevención de la
exclusión social.
Ahora bien, la protección que el orden constitucional le confiere al derecho a la seguridad
social también encuentra respaldo en varios instrumentos internacionales que reconocen
este derecho. Así sucede con la Declaración Universal de Derechos Humanos la cual
establece que: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social, y obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
3 Corte Constitucional Sentencia T-321 de 1999.
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derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad”.
Por su parte, el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona
afirma que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las
consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de
cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener
los medios de subsistencia”.
En igual sentido, el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales
pregona que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.
De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prescribe
que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las
consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente
para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del
beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.
Como se infiere de las normas internacionales mencionadas, el derecho a la seguridad
social busca proteger a todas las personas que, se encuentran en imposibilidad física o
mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a
causa de la vejez, del desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral.
La Corte Constitucional, se ha pronunciado sobre la necesidad que existe de cubrir
riesgos que son propios a la condición humana que no pueden desconocerse y requieren
un alto grado de protección. Tal es el caso, de la pensión de vejez, que es uno de los
mecanismos que, en virtud del derecho a la seguridad social, protege a las personas
cuando se produce una disminución de la producción laboral que impide o dificulta
obtener los recursos para disfrutar de una vida digna”4 .
En este sentido, la pensión de vejez ha sido definida por la jurisprudencia constitucional
como un "salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida
4 Sentencia T 163 de 2013
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de trabajo". Por lo tanto, "el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación,
sino el simple reintegro que, del ahorro constante durante largos años, es debido al
trabajador"5.
Por su parte, el Convenio núm. 102 “Sobre la Seguridad Social” de la Organización
Internacional del Trabajo establece un deber de los estados miembros de garantizar el
derecho a la seguridad social.
2.3.2. Marco normativo y jurisprudencial del régimen pensional de los docentes
vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley 812 de 2003.
En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de jubilación
prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20 años de servicio y
llegara a 50 años de edad, tendría derecho a una pensión vitalicia de jubilación liquidada
con el 75 % del «promedio de los sueldos devengados durante el último año».
Posteriormente, sus derechos pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma
que consagró el derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que
acumularan 20 años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75 %
«del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio».
Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía como finalidad realizar el
pago de las prestaciones sociales de los docentes. En estos términos, el Fondo tiene
dentro de sus funciones, reconocer la pensión de jubilación, post mortem, de retiro por
vejez, de invalidez y la sustitución pensional.
Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes afiliados a
dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los empleados del sector
público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b) de la Ley 91 de 1989 según el
cual “para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando
se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación
5 Sentencia C.177 de 1998.
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equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”. (Subrayado fuera de texto).
En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 determinó
que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes corresponderá al equivalente al 75
% del salario mensual promedio del último año de servicios, también lo es que, no
especificó los requisitos de reconocimiento de la prestación y, por ello, remite al régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen,
atendiendo a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado6,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, o el establecido
en la Ley 71 de 1988 para los casos donde se computen aportes al sector público y al
privado, esto teniendo en cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional
establecido en la Ley 100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, por expreso mandato del artículo 279 de esta
normativa.
De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que el empleado
oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55
años tendrá derecho a que la respectiva Caja de Previsión le pague una pensión mensual
vitalicia de jubilación equivalente al 75 % del salario promedio que sirvió de base para los
aportes durante el último año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma
disposición, modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la base de
liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los gastos de
representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las horas extras, la
bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa que, en todo caso, “las pensiones
de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos
factores que hayan servido de base para calcular los aportes”.
Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones de cómo se
venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto que como dicho
6 Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.
Radicado 68001233100020110027601.
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gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las condiciones fijadas, en las ya
mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y
27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de
1985.
Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se aprueba el
Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario", puesto que a
través del artículo 817 introdujo importantes cambios en el régimen de los docentes
oficiales, con el fin de incorporar a este sector al sistema de seguridad en pensiones
regulado por la Ley 100 de 1993. En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el
régimen de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraban
vinculados al servicio público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa] ley»; sin
embargo, en seguida reguló que los docentes oficiales vinculados a partir de su entrada
en vigor (27 de junio de 2003), deben ser afiliados al Fomag y tendrán los derechos del
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
«con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que
será de 57 años para hombres y mujeres».
El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de la
Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en relación con
el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1o dispuso que “El régimen pensional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la
vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.
La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado cambio
legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25 de abril de 20198,
en la cual estableció que, para definir el régimen que regula el derecho a la pensión de
jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados o territoriales, es
7 Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto
Nacional 3752 de 2003.
8 Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.
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Número Interno: 4992-2023
Demandante: Octavio Augusto Briceño Silva
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
necesario tomar como punto de partida la fecha de ingreso al servicio educativo oficial
docente. En esos términos quedó explicado en la citada sentencia:
«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con
excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».
De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que para quienes se
hayan vinculado al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27 de junio del mismo año 9 la liquidación de la
pensión ordinaria de jubilación sería la que corresponde “al mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley
33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los aquellos sobre los
que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en
el mencionado artículo”10.
Vale decir que, en todo caso, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que
deben incluirse los emolumentos creados en normas especiales posteriores con carácter
salarial, y que, en consecuencia, se tengan por relevantes al momento de la liquidación
de la pensión de jubilación.
Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812
de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:
«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, son
igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y son beneficiarios
del régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797
de 2003, salvo en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812
de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 11. Esto quiere decir, que para el ingreso base
de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993
y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de pensiones y no la
regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
9 Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
10 0935-2017. MP César Palomino Cortés.
11 La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el artículo 3
del Decreto 3752 de 2003.
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liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones […]».
En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les aplicaran las
leyes 91 de 1989 y 33 de 1985. Requisito de edad: 55 años. Requisito de tiempo o
semanas: 20 años de servicio. Monto: 75 %.con un IBL o Componente temporal: del
último año anterior a la adquisición del derecho a la pensión, en consideración de la
compatibilidad del ejercicio de la docencia con el goce de la pensión de jubilación prevista
por el art. 5º de la Ley 224 de 1972; o último año de prestación de servicios, según
corresponda.
En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les aplicará
la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años. Requisito de tiempo
de servicios: según corresponda de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Monto: el que resulte de aplicar las reglas previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de
1993, según corresponda en el tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos
10 años o toda la vida laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con antelación a la
promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley 91 de 1989 que, a su vez,
remite al «[…] régimen vigente para los pensionados del sector público nacional»,
contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.
Es importante destacar, aunque parezca de perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985, solo permite
sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.
En todo caso, es oportuno precisar que, para aquellos docentes vinculados con
anterioridad a la Ley 812 de 2003, esta Subsección mediante sentencia del 30 de enero
de 2025 señaló las razones por las cuales es procedente, también, aplicar la Ley 71 de
198812.
12 Expediente 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
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2.3.3. Cómputo del tiempo de servicios prestados por los docentes a través de
contratos de prestación de servicios para el reconocimiento pensional.
Para desarrollar este punto, se debe recordar que la Corte Constitucional en sentencia
C-555 de 1994, declaró la inconstitucionalidad del artículo 6º de la Ley 60 de 1993 y del
parágrafo tercero del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, concluyendo que las
disposiciones adoptaban unas diferencias injustificables, a raíz de lo dispuesto en el
artículo 13 superior, entre los docentes-empleados públicos y los docentes-temporales.
Sobre el particular, la Corte explicó:
“En estricto rigor ha debido considerarse como problema a resolver la existencia o inexistencia de
diferencias relevantes entre las actividades que cumplen ambas categorías de docentes, a fin de
estimar si resulta procedente jurídicamente mantener el trato legal distinto de que son objeto unos y
otros y que, definitivamente, es más favorable para una de las categorías. El trato diferente debe ser
justificado de manera independiente al mismo tratamiento diferente, que es precisamente el que debe
ser acreditado como correcto. En otras palabras, el término de comparación que sirva para comparar
las hipótesis aparentemente disímiles, no puede estar constituido por el mismo tratamiento
diferenciado, que en últimas pretende justificarse o descartarse. No puede, de otra parte, olvidarse
que la calificación de " empleado público ", presupone la aplicación de un determinado régimen legal.
Por ello, deben tomarse las actividades en sí mismas, exentas de calificaciones que prejuzguen sobre
su régimen. Sólo en estas condiciones puede efectuarse la comparación entre los dos supuestos en
juego y desde un ángulo que sea relevante. Por lo demás, tanto el régimen contractual como el legal
y reglamentario, aislada y unilateralmente considerados son inobjetables, o a lo sumo lo serían sólo
en el plano legal.
…
Desde el punto de vista de la actividad material que ejecutan los docentes-temporales, no parece
existir diferencia respecto de la que realizan los docentes-empleados públicos. Si no se encuentra
una diferencia, entre estos dos supuestos, edificada sobre un criterio de comparación que sea
razonable, perdería plausibilidad el régimen jurídico asimétrico que, en las condiciones ya referidas,
la ley contempla y el cual, en los aspectos principales (remuneración, prestaciones, derechos y
obligaciones), es más favorable para los docentes-empleados públicos.
….
La diferencia originada en el menor costo económico, principalmente causada por la falta de
reconocimiento de prestaciones sociales, no obstante la naturaleza laboral de la actividad
efectivamente cumplida por los docentes-temporales, confrontada a la luz de la Constitución, se torna
irrazonable y contraria a sus mandatos. El trabajo, así beneficie al Estado, genera derechos y
obligaciones irrenunciables. Las prestaciones sociales, corresponden a un concepto de derecho
mínimo establecido en las normas laborales, que es irrenunciable (CP art. 53). Sin perjuicio de que el
Juez ordinario, en cada caso concreto, pueda hacer prevalecer la naturaleza laboral de una
determinada relación, el legislador carece de libertad frente a la realidad del trabajo subordinado y no
puede, sin más, desconocer su existencia y despojarla de las consecuencias y garantías que le son
inherentes.
La diferencia originada en el menor costo económico, principalmente causada por la falta de
reconocimiento de prestaciones sociales, no obstante la naturaleza laboral de la actividad
efectivamente cumplida por los docentes-temporales, confrontada a la luz de la Constitución, se torna
irrazonable y contraria a sus mandatos. El trabajo, así beneficie al Estado, genera derechos y
obligaciones irrenunciables. Las prestaciones sociales, corresponden a un concepto de derecho
mínimo establecido en las normas laborales, que es irrenunciable (CP art. 53). Sin perjuicio de que el
Juez ordinario, en cada caso concreto, pueda hacer prevalecer la naturaleza laboral de una
determinada relación, el legislador carece de libertad frente a la realidad del trabajo subordinado y no
puede, sin más, desconocer su existencia y despojarla de las consecuencias y garantías que le son
inherentes.
….
A la luz de las consideraciones anteriores, La Corte estima que el cargo de inconstitucionalidad
sustentado en la violación del principio de igualdad está llamado a prosperar y así lo declarará. En
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todo caso, queda entendido que las designaciones de personal de planta, sólo se podrán llevar a cabo
con estricta sujeción a las normas constitucionales y legales
En concordancia con la anterior consideración, esta Subsección, en sentencia del 30 de
enero de 2025, radicación No 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022), explicó:
“Así las cosas en razón de la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor desempeñada a
través de órdenes de prestación de servicios conlleva una verdadera relación de trabajo sobre la
formalidad que haya querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa
modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están
sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia13.
En la sentencia de unificación CE-SUJ-2-5 del 25 de agosto del 201614, hizo referencia a la
vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios y señaló que esta modalidad
de vinculación no desvirtúa el carácter personal de su labor ni es ajena al elemento subordinación
existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes empleados
públicos i) están sometidos a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades
educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones; ii) cumplen órdenes
por parte de sus superiores jerárquicos; y iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral
de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que
trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las
formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del
Estado.
Ahora bien, se ha establecido que el proceso ordinario de reconocimiento de la pensión de
jubilación con inclusión de tiempos laborados a través de contratos de prestación de servicios es
viable cuando se pretende la declaración de la existencia de una relación laboral encubierta o en
el evento en que únicamente se solicite para efectos del cómputo de los periodos laborados bajo
la forma contractual15.
Lo anterior nos permite sostener que, los tiempos laborados a través de contratos de
prestación de servicios, deben ser tenidos en cuenta, comoquiera son relevantes para
el reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales, en aplicación
del principio de la realidad sobre las formas16.
2.4. Material probatorio
La Sala destaca como documentos relevantes en este proceso, los siguientes:
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de enero
de 2017, radicación número: 54001-23-33-000-2012-00180-01(1706-15).
14 Dentro del expediente con radicación 23001233300020130026001 (0088-2015).
15 En atención a que el Decreto 1848 de 1969 «[p]or el cual se reglamenta el Decreto 3135» permite la acumulación de
tiempos de servicio (artículo 72) con la posibilidad de que la entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso
de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas (artículo 75,
numeral 3), tal como lo señaló el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero del
2020 proferida dentro del proceso con radicación 54001-23-33-000-2014-00106-01(0156-15).
16 Consejo de Estado sentencia del dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), Radicado: 17001-23-33-000-
2020-00038-01 (6307-2022), Demandante: Miguel Ángel González Vélez
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Hechos probados. El material probatorio traído al plenario17 da cuenta de la situación
respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda. En tal virtud, se
destaca:
a. Según copia de la cédula de ciudadanía, el señor Octavio Augusto Briceño Silva
nació el 29 de junio de 1961, por lo que a la fecha tiene 63 años de edad.
b. Suscribió contratos de prestación de servicios con la Alcaldía municipal de
Floridablanca, de la siguiente forma18:
CONTRATO NÚM. FECHA INICIAL FECHA FINAL DURACIÓN DEL
CONTRATO
SN 16/03/1995 9 meses 16 días
000133 02/01/1996 9 meses
3044 03/10/1996 2 meses 28 días
0476 07/01/1997 11 meses 24 días
SN 02/02/1998 30/12/1998 11 meses
SN 03/02/1999 30/12/1999 11 meses
SN 23/03/2000 23/06/2000 3 meses
SN 12/07/2000 12/10/2000 3 meses
SN 12/02/2001 12/05/2001 3 meses
SN 17/05/2001 17/08/2001 3 meses
SN 11/09/2001 11/12/2001 3 meses
Total 5 años, 10 meses y
8 días
c. Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral en el que
consta que el demandante se vinculó, en propiedad, como docente en la
Secretaría de Educación municipal de Floridablanca a través de Resolución 173
del 15 de julio de 2005, cargo del cual tomó posesión el 18 de julio de 2005.
Igualmente, figura que el demandante acreditó, al 14 de septiembre de 2020, un
total de 15 años, 1 mes y 28 días.
d. Copia de la solicitud de reconocimiento pensional formulada el 24 de marzo de
2021.
Caso concreto. De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el
demandante: (i) tuvo vinculaciones a través de contratos de prestación de servicios a la
17 Documentos obrantes en la herramienta electrónica Samai.
18 Al efecto, se aportaron copias de los contratos así como certificación expedida por el área de talento humano de la
Secretaría de Educación de Floridablanca.
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docencia oficial en el municipio de Floridablanca antes del 27 de junio de 2003 y con ellos
completó un tiempo de servicios de 5 años, 10 meses y 8 días; (iii) posteriormente a su
vinculación en propiedad como docente acreditó, hasta el 14 de septiembre de 2020, un
total de 15 años, 1 mes y 28 días de servicios; y (iv) el 29 de junio de 2016 cumplió 55
años de edad.
Ahora bien, comoquiera que el reproche manifestado por la entidad apelante en el recurso
de apelación consiste en la inviabilidad de considerar los tiempos prestados a través de
contratos u órdenes de prestación de servicios antes del 27 de junio de 2003 a efectos
de beneficiarse del régimen de transición previsto en la Ley 812 de 2003, la Sala debe
precisar que, en la providencia del 16 de mayo de 202419, se determinó que, por el
contrario, los tiempos servidos bajo estas modalidades sí son relevantes y deben ser
considerados a efectos del reconocimiento pensional de docentes oficiales, en aplicación
del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.
Además, cabe señalar que desde 1993 el legislador había previsto la incorporación a las
plantas de personal de los docentes vinculados a través de órdenes y contratos de
prestación de servicios, pues así se dispuso en los artículos 6 de la Ley 60 de 1993 y
105, parágrafo 3, de la Ley 115 de 199420.
Teniendo en cuenta, entonces, que el reproche de la demandada se dirigió a cuestionar
la decisión del Tribunal de considerar los tiempos servidos a través de órdenes de
prestación de servicios para reconocer la transición prevista en la Ley 812 de 2003, la
Sala confirmará la decisión de primera instancia, en tanto, como quedó visto, dichos
tiempos sí son computables para efectos del reconocimiento pensional.
Ahora bien, en relación con la solicitud de aplicación de la prescripción trienal formulada
por la entidad apelante, la Sala advierte que el demandante consolidó el estatus pensional
el 8 de septiembre de 201921 y formuló la solicitud de reconocimiento pensional el 24 de
marzo de 2021 (además, la demanda se radicó el 16 de julio de 2021), por lo que no
transcurrieron más de 3 años entre ambos, razón por la cual no hay prescripción de
mesadas.
19 Expediente núm. 17001-23-33-000-2020-00038-01 (6307-2022), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
20 En este sentido, se pueden consultar las sentencias del 12 de septiembre de 2024, radicado:
05001-23-33-000-2021-
00447-01 (0140-2023) y del 19 de septiembre de 2024, radicado: 15001-23-33-000-2021-00335-01 (1984-2023).
21 Hecho sobre el cual no existe controversia.
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Finalmente, en cuanto a la solicitud de revocatoria de la condena en costas en primera
instancia por cuanto la entidad manifiesta que ha obrado de buena fe, la Sala ha
considerado que, en efecto, el artículo 18 del CPACA le otorga al juez la facultad de
valorar la procedencia de las costas, lo que implica examinar que la conducta desplegada
revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado adverso del proceso
Al respecto, se considera que no hay lugar a la condena en costas, en la medida en que
no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala
de forma mayoritaria ha sostenido de manera reiterada que dicha norma otorga al juez la
facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual implica examinar la actuación
procesal de la parte vencida, verificar con certeza su causación y constatar que la
conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado
adverso del proceso22.
En relación con la condena en costas, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)
dispuso:
“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
Esta disposición fue adicionada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en los
siguientes términos:
“En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
A su vez, el artículo 79 del Código General del Proceso (C.G.P.) prevé:
ARTÍCULO 79. TEMERIDAD O MALA FE. Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los
siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso,
oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.
2. Cuando se aduzcan calidades inexistentes.
3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos
dolosos o fraudulentos.
4. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas.
5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso.
6. Cuando se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas.
22 Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, sentencia de 27 de enero de 2017. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado:
13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16), reiterada por el mismo ponente en el radicado 05001-23-33-000-2014-00767-
01(2227-16). Sentencia del 2 de octubre de 2019; Radicado: 13000-33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre
de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
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De conformidad con las normas en cita, la condena en costas es una facultad del Juez
que no opera en forma objetiva, sino que está sujeta a la valoración que se haga de la
conducta de la parte vencida. De manera que la condena en costas está sujeta a una
valoración de la conducta que permita calificarla como temeraria o constitutiva de abuso
de sus atribuciones y derechos procesales. Es por esto, que la causación de la condena
en costas debe ser comprobada y verificada dentro del respectivo proceso.
Así las cosas, si bien el ordenamiento jurídico habilita al juez para condenar en
costas, corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de
ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.
En este orden de ideas, tras revisar la actuación de las partes a lo largo del proceso, la
Sala no evidencia temeridad ni mala fe. En efecto, no se efectuaron acciones temerarias
o dilatorias que dificultaran el transcurso normal de las etapas procesales; antes bien, se
actuó de forma oportuna en cada una de las etapas procesales, permitiendo así el
desarrollo normal del proceso.
Por lo anterior, únicamente en este aspecto, se revocará el fallo de primera instancia que
condenó en costas a la parte vencida.
2.5. Condena en costas
No habrá lugar a dicha condena, ya que no se cumplen los presupuestos exigidos por el
artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que dicha norma otorga al juez la
facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual implica examinar la actuación
procesal de la parte vencida, verificar con certeza su causación y constatar que la
conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado
adverso del proceso23.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo largo
del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe.
23 Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-
33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO. – REVOCAR el ordinal tercero de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander que condenó en costas a la entidad demandada.
SEGUNDO. – CONFIRMAR, en todo lo demás, la sentencia del 20 de abril de 2023
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander accedió a las pretensiones de
la demanda.
TERCERO. - Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. - Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada
Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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