Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2010-00027-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 70001-23-31-000-2010-00027-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 70001-23-31-000-2010-00027-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
4 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)
Demandante: MARÍA MARGARITA FLÓREZ PINEDA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL
Tema: Desaparición forzada. Daños causados con armas de dotación
oficial. Ejecución extrajudicial en operativo militar – falso positivo.
Falla en el servicio. Modifica condena.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia del 21 de
noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que accedió
a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 9 de julio de 2007 resultó muerto Carlos Alberto Valeta Jiménez en San Benito
Abad (Sucre), durante un enfrentamiento armado con la fuerza de tarea conjunta
del Ejército Nacional de Sucre. La víctima fue reportada por las fuerzas militares
como NN y como presunto delincuente dado de baja en enfrentamiento armado. Los
demandantes afirman que la desaparición y posterior homicidio de Carlos Alberto
Valeta Jiménez se presentó en un contexto de ejecuciones extrajudiciales por parte
del Ejército Nacional en el marco de operaciones militares, que las unidades
militares justificaron en la presunta pertenencia de la víctima a una organización
delincuencial, lo que permite identificar el hecho como un caso de vulneración a los
derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)
Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 2 de marzo de 20101, María Margarita Flórez Pineda en nombre propio y en
representación de Carlos Eduardo Valeta Flórez, mediante apoderado judicial y en
ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la
Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional para que se le declarara
patrimonialmente responsable por la “desaparición forzada y posterior ejecución
extrajudicial” de Carlos Alberto Valeta Jiménez.
Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a la entidad
demandada a pagar, por perjuicios morales, 200 SMLMV para cada uno de los
demandantes; por “perjuicios extrapatrimoniales representados en la violación de
derechos fundamentales como la vida, integridad personal, física, emocional, la
honra, presunción de inocencia, derecho a la familia, dignidad humana, la
convivencia y la tranquilidad”, 600 SMLMV para cada uno de los demandantes; por
perjuicios materiales, aquellos que se acrediten en el proceso; y, como medidas de
satisfacción y garantías de no repetición, publicar la sentencia en periódicos
regionales y nacionales de amplía circulación “así como en las instalaciones de sus
despachos respectivos, donde se rectifique la información dada sobre la víctima”
por los mismos medios de comunicación “por donde salió la noticia de la muerte en
combate de Carlos Alberto Valeta Jiménez” y “nombrar un colegio en el municipio
de Toluviejo con el nombre de la víctima”.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que Carlos Alberto Valeta
Jiménez residía con su compañera sentimental, María Margarita Flórez Pineda en
el municipio de Toluviejo (Sucre).
Refiere que el 2 de julio de 2007, desaparecieron Carlos Alberto Valeta Jiménez “en
compañía de Luis Alberto Pérez Mercado” después de haber asegurado a sus
familias que se iban a trabajar en una finca cuidando ganado.
1 Fl. 1 a 39, C.1.
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Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)
Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
Sostiene que el 24 de enero de 2008, Gilma María Jiménez Martínez acudió a las
instalaciones del CTI de la Fiscalía General de la Nación en el municipio de Sincelejo
para realizar el reconocimiento de su hijo Carlos Alberto Valeta Jiménez, lo cual
quedó registrado en la respectiva “acta de reconocimiento de cadáver”.
Indica que por la desaparición y posterior ejecución extrajudicial de Carlos Alberto
Valeta Jiménez y de ocho jóvenes más, se adelantó una investigación penal, y que,
mediante providencia del 16 de octubre de 2009, el Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Sincelejo profirió sentencia condenatoria anticipada en contra de
José Dionisio Ramos Castillo por los delitos de homicidio en persona protegida,
concierto para delinquir agravado y desaparición forzada agravada en calidad de
coautor.
Los demandantes sostienen que el homicidio de Carlos Alberto Valeta Jiménez se
presentó en un contexto de ejecuciones extrajudiciales en la que participaron
directamente miembros de la fuerza pública, pues el condenado José Dionisio
Ramos Castillo confesó que existía una organización criminal en enlace con
miembros del Ejército Nacional para entregar y presentar personas muertas en
combate.
Textualmente señalan en la demanda: “[...] El presente caso, es la manifestación
clara de una empresa criminal, donde orgánicos de la Brigada XI, miembros de la
fuerza de tarea conjunta de Sucre, idearon, planearon y ejecutaron la desaparición
forzada, el homicidio y la posterior presentación de por lo menos 11 jóvenes de
Toluviejo (…) donde crearon una red de civiles que a manera de promesas laborales
sacaban a los jóvenes de sus poblaciones y eran entregados para que unidades
militares los asesinaran y presentaran como positivos. (…) La veracidad de los
hechos resulta contundente para demostrar la responsabilidad de la Nación
colombiana, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional por acción en la ejecución
extrajudicial de Carlos Alberto Valeta Jiménez por lo que se encuentra claramente
definida la relación de causalidad entre el hecho y el daño inferido a los
demandantes y, en consecuencia, la responsabilidad patrimonial del estado
colombiano es notoria e inexcusable (…). Los miembros del Ejército brigada No. 11
desconociendo las obligaciones emanadas de la ley y la Constitución ejecutaron
extrajudicialmente a Carlos Alberto Valeta Jiménez, desconocieron además el
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Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)
Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
principio de distinción y sin que lo anterior haya sido suficiente, miembros del
Ejército Nacional presentaron los cuerpos sin vida de los jóvenes como
‘extorsionistas dados de baja’, para simular un supuesto enfrentamiento y justificar
de esta forma su actuar ilegitimo en contra de la población civil”.
2. Contestación
El 8 de abril de 20102, el Tribunal Administrativo de Sucre admitió la demanda y
ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.
2.1. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional3 sostuvo que en el caso
de autos había una carencia absoluta de prueba que permitiera demostrar que la
muerte de Carlos Alberto Valeta Jiménez fue causada por el Ejército Nacional.
Finalmente, como excepciones formuló la que denominó “inimputabilidad del daño
por falta de material probatorio” y la falta de legitimación por activa.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 23 de agosto de 20174 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
3.1. La parte actora5 y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional6 reiteraron los
argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de esta,
respectivamente.
3.2. El Ministerio Público guardó silencio.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 21 de noviembre de 20147 el Tribunal Administrativo de
Sucre accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que la muerte de
2 Fl. 141, C.1.
3 Fl. 153 a 156, C.1.
4 Fl. 418, C.3.
5 Fl. 434 a 436, C.3.
6 Fl. 420 a 423, C.3.
7 Fl. 478 a 497, C. Ppal.
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Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)
Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
Carlos Alberto Valeta Jiménez fue producida por miembros del Ejército Nacional y
que se trató de una ejecución extrajudicial. Frente a la desaparición forzada del
señor Valeta Jiménez, el a quo no hizo pronunciamiento alguno.
Al efecto, sostuvo que: “Lo que no se encuentra demostrado es que la muerte
hubiera acaecido como consecuencia del enfrentamiento de miembros de grupos al
margen de la ley con miembros del Ejército Nacional, pues, a pesar que no se
conoce de manera concreta la forma en que los miembros de la Fuerza Pública se
encontraron con el señor Valeta Jiménez, porque no obran en el proceso
documentos como el Acta de Inspección de Cadáver, los Informes de Patrullaje de
los miembros que participaron en el operativo donde ‘dieron de baja al señor Valeta
Jiménez’, las denuncias presentadas por sus familiares y demás declaraciones de
testigos que lo vieron por última vez, lo cierto es que las decisiones proferidas en
los procesos penales que culminaron con la condena de José Dionisio Ramos, Iván
Darío Contreras, Andrés Narváez y Luis Miguel Sierra Díaz, este último miembro
del Ejército Nacional puede inferirse que el finado era un habitante del municipio de
Toluviejo, que convivía con su familia y concretamente, que fue desarraigado de su
núcleo familiar bajo una falsa promesa de empleo en una finca para ‘cuidar un
ganado’, lejos de su familia, que se fue en compañía de otros jóvenes también
conocidos en la localidad, como se desprende de la acusación efectuada por la
Fiscalía General de la Nación, contra los civiles reclutadores y el militar que
participaron en estos lamentables hechos. En estas condiciones considera la Sala
que la muerte de Carlos Alberto Valeta Jiménez, se produjo con grave violación de
los derechos humanos de miembros de la población civil, sin indicios de
participación en hostilidades, por lo que, el daño ocasionado a los demandantes es
atribuible a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por la falla en el
servicio en que incurrió, en virtud de la violación a lo establecido convencionalmente
en los Arts. 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Art. 4º de
la Convención Americana de Derechos Humanos, que prevén unánimemente que
el derecho a la vida es inviolable y la omisión del contenido obligacional inserto en
el Art. 2º de la C.P.”
El Tribunal Administrativo de Sucre condenó a la Nación - Ministerio de Defensa -
Ejército Nacional a pagar, por perjuicios morales, la suma de 100 SMLMV para
María Margarita Flórez Pineda y Carlos Eduardo Valeta Flórez y por perjuicios
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Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de $88.258.701,46 a María
Margarita Flórez Pineda y $70.851.003,14 a Carlos Eduardo Valeta Flórez.
Asimismo, ordenó a la entidad demandada pedir disculpas públicas “por escrito” a
los demandados y publicar la sentencia en la página web del Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional. Las demás pretensiones fueron negadas.
5. Grado jurisdiccional de consulta
En vista de que la sentencia de primera instancia no fue apelada por ninguna de las
partes y que el Tribunal Administrativo de Sucre profirió condena en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1848 del
Código Contencioso Administrativo, el Tribunal ordenó remitir las diligencias al
Consejo de Estado para surtir el grado jurisdiccional de consulta. En este sentido,
mediante auto del 29 de octubre de 20199 esta Corporación admitió el grado
jurisdiccional de consulta contra la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2017
por el Tribunal Administrativo de Sucre.
6. Alegatos de conclusión
El 10 de febrero de 202010 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
6.1. El Ministerio Público11 solicitó condenar a la entidad demandada alegando que
el caso de autos presentaba una violación flagrante a los derechos humanos, pues
la muerte de Carlos Alberto Valeta Jiménez ocurrió “en el campo de una ejecución
extrajudicial cometida por miembros del Ejército, al propinar la muerte a una persona
no combatiente en estado de indefensión”.
8 “Artículo 184: Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a
cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales
legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador
ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas. Las sentencias que
impongan condena en abstracto sólo serán consultables junto con el auto que las liquide, en los
eventos del inciso anterior (…)”
9 Fl. 508, C. Ppal.
10 Fl. 511, C. Ppal.
11 Fl. 513 a 523, C. Ppal.
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Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
6.2. La parte actora y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, guardaron
silencio12.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer del grado jurisdiccional de
consulta respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander el 31 de mayo de 2012, de conformidad con lo establecido en el artículo
184 del Código Contencioso Administrativo13 modificado por el artículo 57 de la Ley
446 de 1998.
En virtud de lo dispuesto en el precitado artículo 184, se entiende que el grado
jurisdiccional de consulta es un mecanismo de revisión oficioso que busca el
cumplimiento de la ley y la protección de los derechos de las entidades estatales,
en este caso, del Ministerio de Defensa – Policía Nacional que resultó condenada
en primera instancia. Esta circunstancia delimita el objeto sobre el cual se puede
pronunciar esta Sala, razón por la cual excedería tal marco adoptar una decisión
que perjudique o empeore la situación jurídica precedente del demandado al
momento de adoptar esta decisión14, de manera que la competencia de la Sala se
extiende sobre todo el asunto objeto de debate, sin que resulte viable perjudicar la
situación actual de la demandada15.
2. Acción procedente
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
12 Fl. 524, C. Ppal.
13 “Artículo 184. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia
a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales
legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador
ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apelada (…)”.
La Sala es competente para resolver el asunto sub judice, teniendo en cuenta que la decisión no fue
apelada por ninguna de las partes.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2019, Rad.
61224.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Rad. 25508.
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Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)
Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 8616 del Código Contencioso Administrativo.
En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama
la reparación de unos daños por hechos imputables a la Nación - Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional.
3. Vigencia de la acción
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se
produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto
se trata de un presupuesto procesal.
Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general17, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
16 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente
la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o
ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas
o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor
o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas
por la actuación particular o de otra entidad pública.”
17 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
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Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción18, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure19 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia20, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
18 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
19 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
20 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
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Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)
Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.
Ahora bien, el numeral 8º del artículo 136 del Decreto No. 1 de 1984, adicionado
por el artículo 8º de la Ley 589 de 2000, establece el computo del término de
caducidad derivado de delitos de desaparición forzada “a partir de la fecha en que
aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado
en el proceso penal, sin perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el
momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.
Mediante sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que para el caso de desaparición
forzada la caducidad se cuenta desde la fecha en que aparece la víctima o, en su
defecto, desde el momento en el que quedó ejecutoriado el fallo definitivo adoptado
en el proceso penal. En estos casos el conteo del plazo para acceder a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo inicia desde el momento en que los
afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial a éste,
excepto que existan situaciones objetivas que impidan materialmente el ejercicio del
derecho de acción.
No obstante, el término de caducidad no es exigible cuando se verifique la
afectación ostensible de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, lo cual ocurre en eventos en que se constate la ocurrencia
de situaciones objetivas como secuestros, enfermedades o cualquier otro supuesto
que obstaculice materialmente el ejercicio del derecho de acción, pues este término
preclusivo no puede discurrir contra quien no goza del acceso efectivo a la
administración de justicia.
Según lo expuesto, de manera excepcional, el juez de lo contencioso administrativo
debe inaplicar el plazo de los 2 años para el ejercicio oportuno del derecho de acción
o iniciar su contabilización desde un momento distinto a la ocurrencia del hecho
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Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)
Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
dañoso, cuando advierta que la no comparecencia ante la jurisdicción contenciosa
administrativa dentro del plazo previsto, es resultado de que el interesado: (i) no
sabía o no tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en
los hechos, o (ii) estaba impedido materialmente para el ejercicio del derecho de
acción21.
Descendiendo al caso concreto, se estima que el derecho de accionar se ejerció en
tiempo frente a las pretensiones derivadas de la desaparición forzada alegada en la
demanda, así como respecto de la muerte de Carlos Alberto Valeta Jiménez,
teniendo en cuenta: i) que la desaparición tuvo lugar el 7 de julio de 2007 y cesó el
24 de enero de 2008, cuando el cadáver de aquel fue reconocido por la familia,
según da cuenta copia del “acta de reconocimiento de cadáver”22, expedida por el
CTI de la Fiscalía General de la Nación; ii) que la muerte de Carlos Alberto Valeta
Jiménez tuvo lugar el 9 de julio de 2007 por causa de “choque traumático por heridas
multisistémicas de proyectil de arma de fuego”, según da cuenta copia de la
corrección del certificado de defunción No. 2131674 expedida por “medicina legal
de Sincelejo”23; iii) que la muerte de Carlos Alberto Valeta Jiménez fue inscrita en el
registro civil de defunción de la Registraduría de San Benito Abad (Sucre) el 25 de
noviembre de 2009, por orden del Fiscal 36 Especializado de la Unidad de Derechos
Humanos, según da cuenta copia del referido registro civil24; iv) que el mismo 24 de
enero de 2008, fue el día en el que los demandantes tuvieron conocimiento de la
muerte violenta de Carlos Alberto Valeta Jiménez, esto es, cuando su cadáver fue
reconocido por un familiar; v) que el 22 de diciembre de 2009 los demandantes
presentaron la solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se llevó a cabo el 1° de
marzo de 2010 y se declaró fallida ese mismo día por falta de acuerdo conciliatorio
entre las partes25; y vi) que la demanda se presentó el 2 de marzo de 2010, es decir,
dentro de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente.
21 Dicho lo anterior, la Corporación descartó la postura asumida con anterioridad por algunas
Subsecciones, según la cual la imprescriptibilidad que opera en la acción penal frente a los delitos
de lesa humanidad y crímenes de guerra, daba lugar, por control de convencionalidad, a la
inaplicación del plazo para solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado.
22 Fl. 133, C. 1.
23 Fl. 42 y 43, C. 1.
24 Fl. 241, C. 2.
25 Fl. 135 a 137, C.1.
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Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)
Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis.
4.1 Carlos Eduardo Valeta Flórez (hijo) es la persona sobre la que recae el interés
jurídico que se debate en este proceso y está legitimado en la causa por activa, en
razón a que es hijo de Carlos Alberto Valeta Jiménez (víctima), según da cuenta el
registro civil de nacimiento expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil
en virtud de la orden judicial emanada de la sentencia del 27 de enero de 2016
proferida por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Sincelejo26.
Por otro lado, María Margarita Flórez Pineda, quien acude al proceso como
compañera permanente de Carlos Alberto Valeta Jiménez, aportó los siguientes
medios probatorios para acreditar tal calidad:
• Copia del “Acta de declaración juramentada del señor Carlos Alberto Valeta
Jiménez” rendida el 2 de mayo de 2007 ante el alcalde municipal de Toluviejo, en el
que declaró: “convivo con la señora María Margarita Flórez Pineda identificada con
cédula de ciudadanía número 1.135.774.005 expedida en Toluviejo, ella está bajo
mi cargo y convivimos juntos en un mismo techo y en un mismo hogar. Esta
declaración la rindo con destino a anexarla a una documentación que se requiere
para realizar trámites legales”27.
• Copia del acta de declaración juramentada rendida el 23 de septiembre de 2009,
por Josefina Mercedes Contreras Alviz ante el alcalde de Toluviejo28, en la que
manifestó: “conozco personalmente de trato, vista y comunicación a María Margarita
Flórez Pineda (…) desde hace varios años y por dicho conocimiento que tengo me
consta que convivió en unión libre por espacio de tres años con el joven Carlos
Alberto Valeta Jiménez (…). Ella como mujer de Carlos Alberto Valeta Jiménez
quedó embarazada y ellos vivían en la calle las tres marías de esta localidad y
26 Fl. 439, C. 3.
27 Fl. 125, C. 1.
28 Fl. 126, C. 1.
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Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)
Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
dependían de él que recibía una bonificación por parte del Estado como
desmovilizado (…)”.
• Copia del acta de declaración juramentada rendida el 23 de septiembre de 2009,
por Gustavo Enrique Berrocal Fuentes ante el alcalde de Toluviejo 29, en la que
manifestó “conozco personalmente a María Margarita Flórez Pineda (…) desde
hace muchos años y por ese conocimiento que tengo de ella me consta que convivió
en unión libre con el joven Carlos Alberto Valeta Jiménez (…) a quien conocí
personalmente hasta el día en que desapareció junto con otro grupo de jóvenes de
esta localidad, dejando a su mujer embarazada (…) ellos vivían en la calle las tres
marías de esta localidad y tenían tres años de estar conviviendo juntos en casa
particular (…)”.
• Copia del proveído del 6 de noviembre de 2009, mediante la cual la Fiscalía
General de la Nación profirió resolución de acusación contra Andrés Rafael Corrales
como presunto coautor del concurso heterogéneo de homicidio en persona
protegida y desaparición forzada agravada donde fueron víctimas los señores
Carlos Alberto Valeta Jiménez y otros; y, en cuyo fundamento probatorio se expuso
que María Margarita Flórez Pineda presentó denuncia por la desaparición y
posterior homicidio de su compañero sentimental Carlos Alberto Flórez Pineda30.
• Copia de la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2015, por el Juzgado Penal
del Circuito Especializado de Sincelejo, por medio de la cual se condenó a Luis
Miguel Sierra Díaz y otros por la desaparición forzada y posterior ejecución
extrajudicial, entre otros, de Carlos Alberto Baleta, en cuyo fundamento se expuso:
“De la noticia criminal de la desaparición forzada de las dos primeras víctimas -
Carlos Alberto Valeta Jiménez y Luis Alberto Pérez Mercado- dan cuenta sus
compañeras sentimentales María Margarita Flórez Pineda y Angélica María Díaz
Garcés (…). Refiere la primera que su marido Carlos Alberto alias ‘el chamo’ se
encontraba bañando cuando llegó Robinson Barbosa a decirle que le había
conseguido un trabajo (…)”.
• Copia de la sentencia proferida el 27 de enero de 2016 por el Juzgado Primero
Promiscuo de Familia de Sincelejo en la que se resolvió “decretar la paternidad del
29 Fl. 127, C. 1.
30 Fl. 44 a 86, C. 1.
13
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Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
señor Carlos Alberto Valeta Jiménez respecto de su hijo Carlos Eduardo (…) quien
adelante llevará los apellidos Valeta Flórez”31.
• Registro civil de nacimiento de Carlos Eduardo Valeta Flórez, en el que consta que
nació el 28 de noviembre de 2007 y sus padres son María Margarita Flórez Pineda
y Carlos Alberto Valeta Jiménez32.
Conforme lo anterior, si bien las declaraciones juramentadas no fueron ratificadas
en este proceso, lo cierto es que dichas declaraciones contrastadas con las demás
pruebas, dan cuenta que María Margarita Flórez Pineda era la compañera
permanente de Carlos Alberto Valeta Jiménez (víctima), pues se constató que la
señora Flórez Pineda estaba en estado de embarazo para la fecha en que
desapareció Carlos Alberto, que fue la persona que presentó la denuncia por su
desaparición y posterior muerte; y que mediante sentencia se declaró la paternidad
de Carlos Alberto Valeta Jiménez sobre el menor Carlos Eduardo Valeta Flórez,
hecho indicador de que María Margarita Flórez Pineda y la víctima tenían una
relación sentimental para la fecha de ocurrencia de los hechos, razones suficientes
para concluir que está legitimada en la causa por activa en calidad de compañera
permanente.
4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente
representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, pues en la demanda
se alega que esta entidad es patrimonialmente responsable por la desaparición y
posterior ejecución extrajudicial de Carlos Alberto Valeta Jiménez.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la desaparición y posterior muerte de Carlos
Alberto Valeta Jiménez es atribuible a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional, por ejecución extrajudicial en operativo militar.
31 Fl. 437 a 438, C. 3.
32 Fl. 417, C. 3.
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Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
6. Solución al problema jurídico
Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre: i) la responsabilidad del Estado, ii) el régimen de responsabilidad
del Estado por desaparición forzada; iii) responsabilidad del Estado por actos de
ejecución extrajudicial – falsos positivos – reiteración jurisprudencial y iv) el régimen
de responsabilidad del Estado por daños causados con armas de dotación oficial.
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199133 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho34, que contraría el orden legal35 o que está desprovista de una
causa que la justifique36, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las
normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o
protegida37, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.
33
“Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
35 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
37 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros38.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
6.2. Responsabilidad del Estado por desaparición forzada
La desaparición forzada ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia de
la Corporación como un delito de lesa humanidad, por cuanto involucra, además de
los derechos fundamentales de la víctima, la convivencia social, la paz y la
tranquilidad del género humano. Asimismo, la Sala ha destacado que se trata de un
acto de carácter pluriofensivo, ya que se configura mediante la restricción o
cercenamiento indebido del derecho a la libertad personal y compromete de manera
directa los derechos a la vida, a la integridad y a la dignidad de las personas,
desdoblándose en sus familiares, dado el desconocimiento del derecho a la
información sobre la ubicación o condiciones en que se encuentran las víctimas,
menoscabando en este sentido la dignidad de la familia39.
Así, la desaparición forzada se encuentra definida en la legislación penal como la
privación de la libertad de la persona, cualquiera que sea la forma, seguida de su
ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre
su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley 40.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 7 de septiembre de 2015, Exp.
51.388.
40 Artículo 1º de la Ley 589 de 2000. “El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen
de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de
su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero,
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Igualmente, la normativa internacional41, en particular el artículo 2° de la Convención
Interamericana sobre la Desaparición Forzada define esta conducta como “la
privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma,
cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen
con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de falta de
información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar
sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos
legales y de las garantías procesales pertinentes”.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que
la desaparición forzada constituye un delito contra la humanidad y la violación
múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención, pues
de una parte se tiene el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los
que se ve sometida la víctima que en sí mismos representan formas de tratamiento
cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona y del derecho
de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; y de otra
parte, se tiene establecido que la práctica de desapariciones en su mayoría ha
implicado con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de
juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella
material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que
significa una brutal violación del derecho a la vida42.
Dados los presupuestos que anteceden, se tiene que la configuración de la
desaparición forzada y su imputación a la responsabilidad del Estado, deben reunir
las siguientes condiciones: i) que se haya privado a una persona de la libertad en
cualquier forma; ii) que dicha privación haya sido cometida por agentes del Estado
o por personas o grupos de personas que actúen con su autorización o
aquiescencia; iii) que haya sido seguida de la falta de información o de la negativa
sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) años,
multa de quinientos (500) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes y en interdicción de
derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años. A la misma pena quedará sometido, el
servidor público, o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquel, y realice
la conducta descrita en el inciso anterior”.
41 Entre ellos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de
Derechos Humanos, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Estatuto
de Roma, Articulo 3 común a los Convenios de Ginebra, Protocolo II adicional a los Convenios de
Ginebra entre otros.
42 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia
de 29 de julio de 1988, párrafos 155 a 157.
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a reconocer la privación de la libertad o a informar sobre el paradero de la persona;
y iv) que se impida el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales
contenidas en la ley.
Ahora bien, comoquiera que en esta clase de eventos es patente la dificultad
probatoria de las víctimas en la medida en que se trata de hechos violatorios de los
derechos humanos que vulneran gravemente el derecho internacional humanitario
y en los que participan actores del Estado en manifiesta expresión de ocultación o
alteración de la realidad para hacer ver a las víctimas directas como amenaza al
orden público y constitucional o como perpetradores de hechos violentos contra el
mismo Estado, las autoridades públicas o la población civil para justificar la
respuesta de los miembros de la fuerza pública, las pruebas sobre los hechos y
circunstancias bajo las cuales se produjeron tales violaciones no puede estar
sometido a un rigor probatorio tan estricto que impida otorgar verdadera justicia y
es por ello que la Sala ha reconocido que en este tipo de eventos la prueba indiciaria
resulta ser “idónea y única para determinar la responsabilidad”43, de manera que no
es necesario que existan pruebas directas y contundentes que incriminen a la
institución militar, pues la concurrencia de serios indicios de la acción u omisión del
Ejército son suficientes para asignarle responsabilidad a la Nación44.
6.3. Responsabilidad del Estado por actos de ejecución extrajudicial – falsos
positivos – reiteración jurisprudencial
De vieja data la Sección Tercera de la Corporación ha reprochado las conductas
desplegadas por la fuerza pública, autoridades de policía o militares, que puedan
significar actos de ejecución extrajudicial de personas en condición de indefensión,
ajenas al conflicto armado o de aquellas que hayan depuesto las armas y que por
ende ya no participan en la confrontación con el Estado.
En este sentir, se ha reiterado que los derechos a la vida y a la integridad física de
las personas, además de encontrarse expresamente consagrados en el
ordenamiento interno, tienen plena protección por virtud de los tratados
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de octubre de 2012, Exp.
21806.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de febrero de 2007, Exp. 16337.
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internacionales de derechos humanos de los que Colombia hace parte y conforman
el bloque de constitucionalidad45, pero que exigen del Estado la obligación de
fomentar y adoptar las políticas que sean necesarias y conducentes para evitar que
se presenten ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias46.
Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente
denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el
homicidio de las víctimas, la escena de los hechos es manipulada por la fuerza
pública para hacer aparecer la muerte de una persona como un acto legítimo de
defensa, ocurrida en combate o en enfrentamiento armado.
El montaje puede entrañar, entre muchas posibilidades, poner armas en manos de
las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por
indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los subversivos y con el
enfrentamiento; o calzarlas con botas de combate, entre otras.
Asimismo, es de común ocurrencia en esta clase de eventos que las víctimas sean
presentadas por los militares y anunciadas a los medios de comunicación como
insurgentes o delincuentes abatidos en combate, a menudo reportados como NN´s,
sepultados en fosas comunes sin previa identificación, pese a los medios existentes
para obtener su individualización.
Entonces, este tipo de situaciones se caracterizan porque en torno a ellas se realiza
una verdadera mise en scene encaminada a aparentar que la muerte de una
45 De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los
estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en
esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia (…)”. El Consejo de Estado –Sección Tercera- ha tenido
oportunidad de pronunciarse en relación con el carácter absoluto e inviolable del derecho a la vida
de las personas, en aplicación de las normas del derecho interno integradas al derecho internacional
de los derechos humanos. Esos criterios fueron consignados en las siguientes providencias:
sentencia del 8 de julio de 2009, radicación n.° 05001-23-26-000-1993-00134-01(16974), actor:
Fanny de J. Morales Gil y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía; sentencia del 23
de agosto de 2010, radicación n.° 05001-23-25-000-1995-00339-01(18480), actor: Pedro Saúl
Cárdenas y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército.
46 En el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se hace la siguiente
previsión: “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido
por ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. En el numeral 2º ibídem se dispone que,
en los países donde exista la pena de muerte, “…sólo podrá imponerse en sentencia definitiva
dictada por tribunal competente”.
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persona ajena al conflicto armado se produjo porque esta representaba una
amenaza contra la sociedad o contra la vida e integridad de la población o de los
integrantes de las fuerzas del orden, cuando en realidad su deceso ocurrió por
actuaciones de agentes públicos que configuran una falla en el servicio por resultar
arbitrarias, injustificadas o desproporcionadas y contrarias al mandato constitucional
de protección de la vida, la seguridad e integridad de las personas.
En estos eventos, prevalidas de su control sobre la escena donde ocurrieron los
hechos, las autoridades alteran las pruebas, las suprimen, crean o implantan unas
nuevas para enmascarar la verdad de lo sucedido y figurar que la víctima era un
actor armado ilegítimo que estaba atentando contra la población o contra los
agentes públicos, o que representaba una amenaza grave contra la vida e integridad
de estos. Así, entre las múltiples maneras de alterar la verdad, la víctima es
presentada, muchas veces, con armas o con uniformes de uso exclusivo de las
fuerzas armadas, aparentando que su muerte ocurrió en combate.
Al respecto, se reitera la jurisprudencia proferida por la Sección Tercera de la
Corporación en sentencia del 11 de septiembre de 2013, Expediente No. 20601,
ante la ejecución extrajudicial de un campesino cuyo cadáver fue reportado como el
de un guerrillero dado de baja durante un combate armado llevado a cabo en el
sector de “Piedramarcada”, en la carretera que de Tello conduce a Vegalarga, en el
departamento del Huila. En esta oportunidad la Sección consideró:
“21.4.4. […] la Sala considera que se puede hacer una definición de la conducta
antijurídica de “ejecución extrajudicial” de la siguiente forma: se trata de la acción
consiente y voluntaria desplegada por un agente estatal, o realizada por un particular
con anuencia de aquél, por medio de la cual, en forma sumaria y arbitraria, se le
quita la vida a una persona que por su condición de indefensión está protegida por
el derecho internacional. En el caso de los combatientes, su asesinato puede ser
considerado una ejecución extrajudicial cuando han depuesto las armas.
21.4.5. De conformidad con las normas pertinentes, está proscrita toda conducta
realizada por agentes del Estado que pueda poner en peligro los derechos a la vida
y a la integridad física de las personas ajenas a los enfrentamientos armados, como
lo fue la conducta cometida en el caso de autos por los militares que participaron en
la operación desplegada en la zona rural de Tello –Huila- con ocasión de la orden
n.° 44, consistente en quitarle la vida a unos campesinos no combatientes y luego
exhibirlos como guerrilleros dados de baja durante un enfrentamiento armado.
21.4.6. La Sala recuerda que los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad
personales, además de estar expresamente consagrados en el ordenamiento
interno, tienen plena protección por virtud de los tratados internacionales de
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derechos humanos en los que es parte Colombia -en un típico enlace vía bloque de
constitucionalidad47-, de acuerdo con los cuales es obligación de los Estados impedir
que se presenten situaciones de ejecuciones extrajudiciales48 y, además, fomentar
las políticas que sean necesarias y conducentes para evitar ese tipo de prácticas.
21.4.7. Dentro de dichas políticas deseables a la luz del derecho internacional, el
Estado colombiano debe propender por una administración de justicia que sea eficaz
en el juzgamiento de los eventos en los que se presentan ejecuciones
extrajudiciales, de tal manera que pueda establecerse la verdad sobre las mismas,
sea posible la imposición de sanciones y castigos a aquellas personas –servidores
públicos o particulares- que tengan responsabilidad en los hechos, y sea factible la
reparación de los derechos de los familiares de las víctimas que han padecido esas
deleznables conductas. Al respecto, en el anexo a la Resolución 1989/65 adoptada
por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, se establecieron los
“Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones
extralegales, arbitrarias o sumarias”, en los siguientes términos: […].
21.4.8. El desconocimiento de esos principios, o la falla por parte de los Estados en
la implementación de las mejoras que son necesarias para prevenir y castigar en
debida forma las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales,
implican el incumplimiento de las normas de derecho internacional que consagran
los derechos que se ven conculcados por ese tipo de conductas y, si los respectivos
casos no son debidamente estudiados y decididos por las instancias judiciales de
los respectivos países, entonces los daños que sean causados por motivo de ese
incumplimiento serán, eventualmente, materia de análisis de responsabilidad en las
instancias judiciales del sistema internacional de derechos humanos.
21.4.9. Ahora bien, en aras de concretar el papel preventivo que debe tener la
jurisprudencia contencioso administrativa en casos como el presente, es pertinente
que la Sala ponga de presente que, de conformidad con observaciones hechas
recientemente por el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias49, en algunas ocasiones se ha incurrido en la práctica de quitarle la vida
a personas ajenas al conflicto armado y que se encuentran en estado de
indefensión, para luego presentarlas a las autoridades y a los medios de
47 De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política “Los tratados y convenios internacionales
ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los
estados de excepción, prevalecerán en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en
esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia (…)”. El Consejo de Estado –Sección Tercera- ha tenido
oportunidad de pronunciarse en relación con el carácter absoluto e inviolable del derecho a la vida
de las personas, en aplicación de las normas del derecho interno integradas al derecho internacional
de los derechos humanos. Esos criterios fueron consignados en las siguientes providencias:
sentencia del 8 de julio de 2009, radicación n.° 05001-23-26-000-1993-00134-01(16974), actor:
Fanny de J. Morales Gil y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía; sentencia del 23
de agosto de 2010, radicación n.° 05001-23-25-000-1995-00339-01(18480), actor: Pedro Saúl
Cárdenas y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército.
48 En el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se hace la siguiente
previsión: “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido
por ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. En el numeral 2º ibídem se dispone que,
en los países donde exista la pena de muerte, “…sólo podrá imponerse en sentencia definitiva
dictada por tribunal competente”.
49 Informe dirigido a la Asamblea General de la ONU por el Relator Especial sobre ejecuciones
extrajudiciales, Philip Alston, presentado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 14
periodo de sesiones, Tema 3 de la agenda, “Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”, distribuido al
público el 31 de marzo de 2010.
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Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)
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comunicación como bajas ocurridas en combate, dentro de lo que eufemísticamente
ha dado en llamarse por la opinión pública “falsos positivos”. […]
21.4.10. En relación con el modus operandi de los llamados “falsos positivos”, el
relator de la ONU hizo la siguiente observación: (…) Una vez que estas víctimas son
asesinadas, las fuerzas militares organizan un montaje de la escena, con distintos
grados de habilidad, para que parezca un homicidio legítimo ocurrido en combate.
El montaje puede entrañar, entre otras cosas, poner armas en manos de las
víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por
indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los guerrilleros; o calzarlas
con botas de combate. Las víctimas son presentadas por los militares y anunciadas
a la prensa como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate. A menudo se
entierra a las víctimas sin haberlas identificado (bajo nombre desconocido), y en
algunos casos en fosas comunes50.
21.4.11. De modo que resulta de la mayor importancia para el Consejo de Estado
poner de relieve, en casos como el presente, las inapropiadas conductas cometidas
por los agentes estatales, con la finalidad de sentar un precedente que obligue a la
administración pública a eliminar de raíz este tipo de conductas, y para que el caso
reciba la reparación debida que haga innecesaria la recurrencia de los ciudadanos
ante las instancias internacionales.”
Asimismo, en reciente pronunciamiento esta Subsección reiteró los argumentos
antes citados y sostuvo que:
“Aplicados al caso particular los criterios antes señalados, la Sala considera que la
muerte de Eder Carvajal Bernal configura un evento de “falso positivo”,
consecuencia de una ejecución extrajudicial efectuada por el Ejército Nacional,
constitutiva de homicidio agravado, perpetrado deliberadamente por agentes
estatales cuando la víctima se encontraba en estado de indefensión e inferioridad,
posteriormente disfrazado por el personal militar para exhibirlo como un subversivo
legítimamente abatido, frente al cual la entidad demandada no pudo acreditar que
el hecho se produjo con ocasión de un combate o en cumplimiento legítimo y
proporcional de las funciones que correspondían al cuerpo militar.”51
Dicho esto, frente a la verificación de las circunstancias propias de cada caso, y
comoquiera que se presenta, de una parte, la versión oficial de los agentes del
Estado y, de la otra, el relato opuesto de las víctimas, el papel del juez consiste en
50 En el informe se hace un relato de las posibles causas por las que el relator de la ONU considera
que se ha propiciado la práctica de las ejecuciones judiciales en Colombia, entre los que se
encuentran: presiones ejercidas por los mandos militares para la obtención de resultados en los
combates; el régimen de recompensas estatuido en las fuerzas militares; en relación con la
responsabilidad penal de las personas involucradas en los homicidios, en el informe se considera
que la “falta de atribución de responsabilidad penal ha sido un factor clave” pues “los soldados sabían
que podían cometer tales actos y salir impunes”, y se destaca la dificultad que tienen los órganos
investigativos como el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía para llevar a cabo los
levantamientos de los cadáveres en forma apropiada; y, finalmente, la atribución de competencias a
la jurisdicción penal militar para el juzgamiento criminal de los casos relacionados con ejecuciones
extrajudiciales, cuando lo cierto es que el conocimiento de los mismos debería recaer en la
jurisdicción ordinaria.
51 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de agosto de 2022., Exp.
60452.
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Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
establecer la mayor cercanía a la verdad material a partir de los postulados de la
sana crítica, de la autonomía judicial y de la probabilidad e inferencia lógicas.
Por ello, comoquiera que por un lado los autores y partícipes de los hechos buscan
esconder la verdad ofreciendo una apariencia diferente a la realidad y las víctimas
no siempre tienen a su alcance todos los medios necesarios o las garantías para
establecer y dar a conocer lo verdaderamente ocurrido, en este escenario la prueba
indirecta cobra especial relevancia y en consecuencia las cargas probatorias
resultan aligeradas para las víctimas, de manera que quienes por su condición no
gozan de todas las garantías puedan lograr una justicia efectiva.
Entonces, estos eventos encuentran su mayor acreditación en la prueba de carácter
indiciario que, en su labor valorativa y mediante la inferencia lógica, construye el
juez partiendo de la existencia de unos hechos debidamente conocidos y
acreditados mediante prueba directa52 para, por medio de la aplicación de la sana
crítica, la lógica y las reglas de la experiencia, establecer aquellos supuestos
fácticos que no están directamente demostrados y son desconocidos en el
plenario53.
Al respecto, ante una situación de ejecución extrajudicial, en sentencia de 31 de
mayo de 2016, Exp. 38757, la Sala reiteró que una antinomia de este tipo se debe
resolver a partir de los postulados de la sana crítica, prevista en el artículo 187 del
Código de Procedimiento Civil54, y definida por la jurisprudencia de esta Corporación
como “la capacidad del juez para darle a las pruebas la mayor o menor credibilidad,
según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad de convencimiento”55
y en virtud de la cual “el juez goza de cierta libertad a la hora de apreciar el mérito
probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse, como en el sistema
52 Artículo 248, Código de Procedimiento Civil. “Para que un hecho pueda considerarse como indicio,
deberá estar debidamente probado en el proceso.”
53 Artículo 249, Código de Procedimiento Civil. “El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo
en consideración su gravedad, concordancia y convergencia y su relación con las demás pruebas
que obren en el proceso.”
54 Código de Procedimiento Civil. “Artículo 187. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades descritas en la ley
sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”.
55 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 30 de enero de 1998, Exp. 8661, C.P. Delio
Gómez Leyva.
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de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e indicadoras de la conclusión
a la que se debe arribar, en presencia o en ausencia de determinada prueba”56.
En el mismo sentido, esta Subsección ha señalado que, en virtud de los principios
de la sana crítica y la autonomía del juez en la valoración probatoria, los medios de
prueba que ofrezcan una mayor probabilidad lógica con respecto a la ocurrencia de
los hechos objeto de discusión, deben prevalecer en cada caso concreto:
“Cuando en un caso particular existen diversas pruebas que apoyan diferentes
versiones o hipótesis sobre los hechos, el juez deberá elegir entre ellas prefiriendo la
versión que esté soportada por un mayor nivel de probabilidad lógica57, labor en la
cual será necesario observar cuál de las hipótesis del caso corresponde a una mejor
inferencia lógica de las pruebas que las soportan, aplicando en este examen las
llamadas máximas de la experiencia, que no son más que generalizaciones surgidas
de los hallazgos generalmente aceptados por la ciencia o el sentido comúnmente
aceptado58.
Al decir de Taruffo, “si se dan distintas hipótesis sobre el hecho contradictorias o
incompatibles, cada una de las cuales con un grado determinado de probabilidad
lógica sobre la base de las pruebas, la elección de la hipótesis que ha de ponerse en
la base de la decisión se realiza mediante el criterio de probabilidad prevaleciente.
(...) En el contexto de la probabilidad lógica y de la relación hipótesis / elementos de
prueba, en el que es racional que hipótesis contradictorias o incompatibles adquieran
grados de confirmación independientes sobre la base de los respectivos elementos
de prueba, el único criterio racional de elección de la hipótesis que resulta más
aceptable es el que se basa en la relación entre los distintos valores de probabilidad
lógica y privilegia la hipótesis caracterizada por el valor más elevado. Debe
escogerse, en resumen, la hipótesis que reciba el apoyo relativamente mayor sobre
la base de los elementos de prueba conjuntamente disponibles. Se trata, pues, de
una elección relativa y comparativa dentro de un campo representado por algunas
hipótesis dotadas de sentido, por ser, en distintas formas, probables, y caracterizado
por un número finito de elementos de prueba favorables a una hipótesis. No obstante,
se trata también de una elección racional, precisamente por ser relativa, dado que
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2005, Exp. 27946.
57 Cita original: “En este punto se acoge la doctrina sentada por Michele Taruffo, quien afirma:
“…Pero la situación más complicada se da cuando existen diversos medios de prueba sobre el
mismo hecho, pero “discrepantes” o “contrarios” entre ellos, porque algunos de ellos tienden a probar
la verdad y otros tienen a probar la falsedad del enunciado acerca de la ocurrencia de ese hecho.
En estas circunstancias, el juzgador tiene que elegir entre, al menos, dos versiones diferentes del
hecho, una positiva y otra negativa, ambas apoyadas por una parte de los medios de prueba
presentados. El problema es elegir una de estas versiones: la elección racional indicaría que debe
elegirse la versión, positiva o negativa, que esté sustentada por pruebas preponderantes, es decir,
por el grado relativamente superior de probabilidad lógica”. La Prueba, Madrid, 2008, capítulo V: “La
adopción de la decisión final”, num. 98, página 141”.
58 Cita original: “Dice al respecto Jordi Ferrer Beltrán: “Es interesante observar que en el esquema
de razonamiento presentado, los supuestos adicionales están integrados por generalizaciones
empíricas. Estas generalizaciones son la garantía de la inferencia que va de un hecho a otro y
otorgarán mayor o menor fuerza a la inferencia en función del grado de corroboración que las propias
generalizaciones tengan (…). Éstas pueden ser de muchos tipos e integran lo que los juristas suelen
denominar “máximas de la experiencia” que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o
simples generalizaciones del sentido común”. La valoración racional de la prueba, Madrid, 2007,
num. “2.2.2.3.1. La metodología de la corroboración de hipótesis”, página 133”.
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consiste únicamente en individualizar la alternativa más fundamentada en una
situación de incertidumbre definida por la presencia de distintas hipótesis
significativas59.
De igual forma, debe señalarse que el uso de armas de fuego por parte de las
fuerzas de policía y militares únicamente puede tener lugar en los casos en que ello
sea estrictamente necesario y mediando los principios de proporcionalidad,
moderación y razonabilidad, teniendo en cuenta que sobre los agentes del Estado
recae la obligación de mitigar los daños y evitar lesiones innecesarias que se
puedan causar, garantizando la asistencia inmediata y servicio médico a las
personas que resulten heridas o afectadas, así como les corresponde procurar que
los familiares o allegados de éstas tengan conocimiento de lo sucedido en el plazo
más breve posible.
Asimismo, corresponde a los agentes estatales la obligación de informar de
inmediato a sus superiores y a las autoridades competentes del acaecimiento de los
hechos, para que se surtan las investigaciones pertinentes, dada la obligación del
Estado de iniciar ex officio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva
sobre lo sucedido60.
A la sazón, se advierte que el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse con el debido
respeto de los derechos humanos, en cuyo efecto se hallan establecidos los
mencionados principios de necesidad, proporcionalidad, moderación y
razonabilidad, cuyo contenido limita la actuación oficial. Así, el criterio de necesidad
implica que el uso de la fuerza y de armas de fuego únicamente resulta legítimo
cuando se dirige a cumplir un fin superior y no exista una forma menos lesiva para
proteger los bienes jurídicos tutelados. De modo que el principio de necesidad es la
pauta fundamental en el ejercicio y uso de la fuerza y de las armas de fuego, que
solo se legitima cuando su empleo resulta inevitable o cuando otros medios resultan
ineficaces o no garantizan el objetivo previsto de donde la respuesta a la afectación
debe resultar proporcional a esta.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 20333, C.P. Danilo
Rojas Betancourth; sentencia de 26 de julio de 2012, Exp. 23265, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
60 Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C No. 147, párrafo
143; Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie
C No. 134, párrafo 219.
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En idéntico sentido, la necesidad del uso de la fuerza y de las armas de fuego
fundamenta y justifica su ejercicio en la proporcionalidad, pues será proporcional la
actuación orientada a alcanzar un bien mayor o razonablemente equivalente a la
magnitud de los intereses sacrificados, de manera que se ajuste a la dimensión o
gravedad de la situación, en contraposición al interés legítimo perseguido.
De igual modo, en atención al principio de proporcionalidad se exige que el uso de
la fuerza y de armas de fuego debe atender criterios de moderación, de manera que
en su despliegue se evite llegar a un punto extremo, lo cual implica la búsqueda del
equilibrio entre la actuación de los agentes y el fin perseguido. Entonces, cuando
con el uso de la fuerza o de las armas de fuego se desborda el principio de
moderación y su ejercicio excede o no está debidamente equilibrado respecto del
objetivo trazado, la actuación oficial pierde justificación, tornándose ilegitima.
Ahora, de manera análoga se espera que el uso de la fuerza y de las armas de
fuego por parte de los agentes del Estado se despliegue bajo el concepto de
razonabilidad, que implica que solo se puede aplicar la fuerza o utilizar armas de
fuego cuando se satisface y se concreta el principio de proporcionalidad61, de modo
que se establezca como razonable la justificación ofrecida para legitimar la reacción
armada.
Por otra parte, conviene precisar que los pronunciamientos de la Sección Tercera
de esta Corporación en torno a los resultados de las investigaciones penales o
disciplinarias surtidas por otras autoridades frente a la actuación de los agentes
estatales involucrados en la producción de un daño antijurídico, no implican en
modo alguno, que el proceso contencioso deba llegar a las mismas conclusiones de
la justicia ordinaria.
En efecto, sobre este punto la Sala ha señalado:
“La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se
profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta
condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de
reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque,
conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio:
(i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del
ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la
61 Corte Constitucional, sentencia C-022 de 23 de enero de 1996.
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represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su
responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño
antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado
con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos
procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los
efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de
la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la
presunción de responsabilidad que por mandato constitucional ampara a todas las
personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta
los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad
estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es
la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal
manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera
dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser
condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de
responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el
hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio.
Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no
constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas
relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión
indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la
responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución,
se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la
entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una
conducta regular o irregular.
Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene
efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse
el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la
sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando
constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la
cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el
hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor
de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa
juzgada sobre la acción de reparación sino porque esa sentencia constituye una
prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso
certeza sobre los elementos de responsabilidad62.
Así las cosas, es claro que, tratándose de procesos distintos en cuanto a la
naturaleza y fines, al objeto, a la causa, a las partes y a los principios y normas que
los rigen, así como al tipo de responsabilidad que se debate, nada impide que se
presenten decisiones distintas en el ámbito penal y en el de la responsabilidad
administrativa. De tal manera, la decisión frente a la responsabilidad del Estado no
está atada a lo resuelto por la justicia penal o disciplinaria, cuyas providencias solo
constituyen parte del cúmulo probatorio con fundamento en el cual habrá de
decidirse63.
62 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, Exp. 16533; sentencia
de 29 de octubre de 2012, Exp. 19062; sentencia de 31 de mayo de 2016, Exp. 38757.
63 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 31 de mayo de 2016, Exp.
38757.
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6.4. Régimen de responsabilidad del Estado por daños causados con armas
de dotación oficial
Mediante sentencia de unificación del 19 de abril de 2012, la Sección Tercera del
Consejo de Estado determinó que el artículo 90 de la Constitución Política no
privilegió ningún régimen de responsabilidad, por lo que es deber del juez encuadrar
cuál es aplicable al caso concreto, de acuerdo con lo que encuentre probado en el
proceso33. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación también ha
establecido que cuando el daño se causa con ocasión de una actividad riesgosa,
como es el uso de armas de dotación oficial, la conducción de vehículos
automotores, la conducción de energía eléctrica o la construcción de una obra
pública34, el régimen de atribución aplicable es de carácter objetivo.
Para efectos de atribuir responsabilidad a la Administración en virtud del régimen
de responsabilidad objetivo, el extremo activo solo debe demostrar el daño, la
actividad riesgosa y el nexo entre los anteriores elementos35.
Lo anterior no obsta para que, ante la presencia de una actividad riesgosa, el juez
administrativo aplique el régimen de falla del servicio cuando esta se encuentre
acreditada pues, ante la prueba de la falla del servicio, la misma prevalecerá y, en
efecto, modificará el régimen de responsabilidad aplicable al caso en concreto.
Justamente, esta Corporación mediante sentencia del 13 de septiembre de 2009 36,
precisó que la imputación jurídica en los casos en los cuales el daño es causado
por el empleo de armas de fuego por parte de la fuerza pública, aquella debe
hacerse bajo el régimen objetivo de riesgo excepcional. Sin embargo, si el juez
advierte la concreción de una falla del servicio v.gr. por la desproporción en el uso
de la fuerza, optará por la aplicación del régimen subjetivo. Dicho proveído
textualmente refirió:
“19.1. Concerniente a la imputación jurídica de aquellos daños causados por el uso
de armas de fuego por parte de agentes estatales, se ha entendido, en principio,
que su sola utilización genera un riesgo de naturaleza excepcional que le impone a
la administración, como beneficiaria de la actividad riesgosa, la obligación de
resarcir los daños que su materialización determine, lo que permite una imputación
bajo un régimen eminentemente objetivo en el que es irrelevante la calificación de
la conducta estatal; a efectos de exonerarse de responsabilidad, corresponde a la
parte pasiva acreditar la ocurrencia de una de las causales eximentes de
responsabilidad establecidas por el ordenamiento jurídico, a saber, el hecho de un
tercero, el hecho de la víctima y la fuerza mayor. En consecuencia, cuando el daño
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es la materialización del peligro que deviene del ejercicio de actividades peligrosas,
en principio, no es necesario hacer un análisis subjetivo para estructurar el juicio de
responsabilidad del Estado, sino determinar si la actividad peligrosa implicó la
concreción de una lesión para los bienes, derechos y/o intereses de un sujeto de
derecho, de modo tal que la demandada sea la llamada a responder por ellos.
19.2. No obstante, ello no impide que, acreditada una falla o falta en la prestación
del servicio estatal, dicha falencia también pueda y deba advertirse, por ejemplo,
cuando se demuestre que se empleó la fuerza letal de manera desproporcionada,
excesiva o ilegítima, se actuó en contra de los reglamentos de la actividad o se
omitió un deber legalmente exigible, entre otros eventos, sin que ello mute el
régimen de responsabilidad a aplicar”37
Bajo el anterior contexto, es dable concluir que el artículo 90 de la Constitución
Política no privilegió ningún régimen de responsabilidad y que, en la atribución de
responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos causados con armas de
dotación oficial, el juez puede aplicar el régimen de responsabilidad objetivo o
subjetivo, dependiendo de aquello que se encuentra acreditado en el caso en
concreto.
7. El caso concreto
En el presente caso los accionantes pretenden que se declare administrativamente
responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional de los perjuicios
ocasionados como consecuencia de la desaparición forzada y posterior ejecución
extrajudicial de Carlos Alberto Valeta Jiménez.
En ese sentido, y comoquiera que se trata del grado jurisdiccional de consulta de la
sentencia proferida el 21 de noviembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de
Sucre, mediante la cual se condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional por la muerte de Carlos Alberto Valeta Jiménez, a continuación, se
analizará si la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional es
patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados con la muerte de
Carlos Alberto Valeta Jiménez, pues el Tribunal Administrativo de Sucre no se
pronunció respecto de la desaparición forzada. En ese sentido, se reitera que,
según lo dispuesto en el artículo 184 del CCA, el grado jurisdiccional de consulta es
un mecanismo de revisión oficioso que busca el cumplimiento de la ley y la
protección de los derechos de las entidades estatales, motivo por el cual la consulta
se tramitará a favor de la entidad pública condenada, de tal manera que la
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competencia de la Sala se extiende sobre todo el asunto objeto de debate sin que
sea viable perjudicar su situación actual64.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
7.1. Hechos probados
Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
proceso, es necesario poner de presente que los recortes de prensa serán
valorados según los criterios expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, servirán solo como
indicador para la Sala, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas
regular y oportunamente allegadas al proceso, podría llegar a constatar la certeza
de los hechos65.
Además, se advierte que debe darse mérito probatorio a las copias simples
aportadas al proceso conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la
Sección Tercera, que estableció que es posible apreciar las copias si las mismas
han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de
contradicción y de defensa de las partes66.
Así pues, de conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al
proceso, se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Se demostró que el 14 de julio de 2005 Carlos Alberto Valeta Jiménez se
desmovilizó del bloque héroes de Monte de María de las AUC y que, en tal virtud,
recibía ayuda humanitaria por la suma de $358.000, según da cuenta copia del oficio
No. JMSC 31050 expedido por la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración
Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas67.
64 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Rad. 25508.
65 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo
de 2012, Rad.: 11001031500020110137800
66 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp.
25022.
67 Fl. 247 a 249, C. 2.
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7.1.2. Está acreditado que en indeterminada fecha el Ministerio de Protección Social
y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) expidieron
“certificado de defunción” No. 2131674 de una persona NN, que falleció de forma
violenta el 9 de julio de 2009, según da cuenta copia del referido certificado 68.
7.1.3. Está acreditado que Carlos Alberto Valeta Jiménez falleció el 9 de julio de
2007, según da cuenta copia del registro civil de defunción expedido por la
Registraduría de San Benito Abad (Sucre)69.
7.1.4. Está probado que el 24 de enero de 2008, la señora Gilma María Jiménez
Martínez acudió a las instalaciones del CTI de la Fiscalía General de la Nación en
Sincelejo y reconoció el cadáver de su hijo Carlos Alberto Valeta Jiménez, según da
cuenta copia del “acta de reconocimiento de cadáver” suscrita por la señora Jiménez
Martínez y la funcionaria del CTI, Vanessa Paola Howard70. De hecho, el contenido
del acta es el siguiente:
“En Sincelejo, Sucre a los 24 días del mes de enero del año 2008, siendo las 2:30 PM
se hizo presente a las instalaciones del Cuerpo Técnico de investigación de la Fiscalía
General de la Nación, área de NNs y desaparecidos la señora Gilma María Jiménez
Martínez, quien se identificó con la C.C. No. 23.219.183 de Toluviejo, quien luego de
identificar indiciariamente a su hijo Carios Alberto Valeta Jiménez, identificado con la
C.C. No. 92.277.914 de Toluviejo, a través de fotografía de cadáver NN que se le
puso de presente en el instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el
cual, se determina que el día 10 de julio del año 2007, el grupo de Criminalística del
CTI, realizó inspección judicial a dos cadáveres NN de sexo masculino en el sector
Jobito, Punta Blanco, Municipio de San Benito Abad, los cuales perecieron producto
de enfrentamiento armado con la Fuerza de Tarea Conjunto de Sucre.
Luego de realizar cotejo dactiloscópico por perito experto adscrito a esta entidad,
entre necrodactilia de uno de los cadáveres y la tarjeta de preparación de la cédula
correspondiente a Carlos Alberto Valeta Jiménez, se establece la uniprocedencia.
Carlos Alberto Valeta Jiménez, C.C. No. 92.277.914 de Toluviejo, residente en el
Barrio calle tres marías de Toluviejo, hijo de Gilma María Jiménez Martínez y Luis
Alberto Valeta Navarro, nacido el día 12 de diciembre de 1982, de 25 años de edad,
unión libre, dos hijos, desmovilizado del Bloque Montes de María.”
7.1.5. Está acreditado que en fecha indeterminada el Ministerio de Salud y el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) expidieron el
68 Fl. 43, C. 1.
69 Fl. 241, C. 2.
70 Fl. 133, C. 1.
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“Documento de enmienda del certificado de defunción No. 2131674”, en el que se
indicó que Carlos Alberto Valeta Jiménez falleció el 9 de julio de 2007 por “choque
traumático por heridas multisistémicas de proyectil de arma de fuego” en San Benito
Abad (Sucre), según da cuenta copia del referido certificado de enmienda71.
7.1.6. Se demostró que el 19 de septiembre de 2008, el periódico “El Meridiano” de
Sucre, publicó la noticia denominada “Los Sonsacó”, en la que expuso que
Robinson Eustaquio Barboza Almanza reconoció que contactó a los jóvenes de
Toluviejo, entre ellos Carlos Alberto Valeta Jiménez, para trabajar en una finca,
pero, en realidad, era para entregarlos a miembros del Ejército Nacional quienes los
presentarían como muertos en combate, según da cuenta copia simple de la referida
noticia72.
7.1.7. Costa que el 16 de octubre de 2009, el Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Sincelejo profirió sentencia anticipada contra José Dionisio Ramos
Castillo y lo condenó a la pena principal de 267 meses y 15 días de prisión, al hallarlo
responsable en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida,
desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado con ocasión de
la “desaparición” y posterior muerte, entre otros, de Carlos Alberto Valeta Jiménez.
De ello, da cuenta copia del referido proveído73, de cuyo contenido se destaca lo
siguiente -in extenso-:
“Hechos
Fueron resumidos por el fiscal instructor en la diligencia de formulación de cargos
con fines de sentencia anticipada con la presencia de José Dionisio Ramos Castillo
de la siguiente manera ‘entre los meses de julio y agosto del año 2007,
desaparecieron del municipio de Toluviejo Sucre, los jóvenes que a continuación se
relacionan, quienes fueron contactados por varios particulares, entre ellos el señor
José Dionisio Ramos Castillo, para supuestamente trabajar en unas desconocidas
fincas, ofreciéndoles tentadoras sumas de dinero como remuneración salarial.
Posteriormente, los citados ciudadanos aparecieron fallecidos en medio de
supuestos enfrentamientos con el Ejército Nacional, en los departamentos de Sucre
y Córdoba. Como consecuencia de tales hechos fallecen en forma extraña Carlos
Alberto Valeta Jiménez (alias el chamo o el tripa), Luis Alberto Pérez Mercado
(alias la boa), Luis Fernando Mejía Vide (alias el mono), Frank Arley Padilla Bandera,
Jhon Jairo Colón Ayala, Deimer de Jesús Hoyos Rodríguez (alias Danchy), Cristian
Vergara Osuna, Miguel Enrique Jiménez Chamorro, Julio Rafael Julio Olivero,
Bernardo patrón Viloria y continua desaparecido el joven menor de edad Ebin David
Paternina Parra.
71 Fl. 42, C. 1.
72 Fl. 131 a 132, C. 1.
73 Fl. 87 a 123, C. 1; y Fl. 395 a 413, C. 3.
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(…) Certeza de la conducta punible y responsabilidad del procesado
Quedó demostrado en el grado de certeza la tipicidad de las conductas punibles de
homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada y concierto para
delinquir agravado, con los informes de Policía Judicial, a través de los cuales se
notician los distintos operativos en los cuales fueron dados de baja varios jóvenes
en enfrentamientos con el Ejército o Fuerza de Tarea Conjunta, las exhumaciones
y registros odontológicos; documentación fotográfica de exhumaciones en el
cementerio de Chinú, Córdoba; inspección y levantamiento de cadáveres; protocolo
de necropsia emanado del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses; registro civil de defunción; tarjeta dactiloscópica; testimonios (…);
indagatoria y ampliación de Robinson Eustaquio Barboza Almanza y denuncias
formuladas por Margarita Flórez Pineda, Angelica María Díaz Garcés y Alberto Mejía
Montes.
Asumió la responsabilidad penal José Dionisio Ramos Castillo, alias ‘Joselito
Carnaval’ frente a los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición
forzada agravada, concierto para delinquir agravado, tal como reza en el acta que
recoge la diligencia de formulación de cargos previa sentencia anticipada, suscrita
por dicho procesado ante la fiscalía 36 especializada (…).
(…) Es bastante ilustrativa la reseña que hace el fiscal instructor antes de formular
los cargos a Ramos Castillo, cuando alude que en el expediente existe suficiente
material probatorio que permite deducir o inferir que en los alrededores del municipio
de Toluviejo se creó o estructuró toda una industria criminal, en la que obtenían la
materia prima de humildes pobladores desempleados, y sin un provenir definido,
con la proclama de producir en forma urgente los mal llamados ‘falsos positivos’ para
incrementar falsamente las estadísticas operacionales de las fuerzas militares. De
allí que se predique que en dicha empresa criminal cada miembro tenía un
determinado rol en el que tenía que ofrecer su aporte y cumplir íntegramente la
misión encomendada, actos ilícitos punibles encaminados hacía un fin común, pues
unos debían encargarse de seleccionar las potenciales y seguras víctimas para
convencerlas a como hubiera lugar, otros de transportarlas y entregarlas al personal
militar, unos de amortizar o retribuir económicamente, y otros los encargados de
ejecutarla finalmente. Sin hesitación alguna se dice que la labor que cumplió Ramos
Castillo fue la de actuar como uno de los organizadores y promotores de la industria
criminal, se trataba de la persona cuya actividad no era otra que la de seleccionar y
entregar el producto, dado que en otras oportunidades ya lo había hecho con
conocimiento de causa, bajo la miseria dineraria que se le pagaba ante esa
contribución o aporte empresarial.
Lo atrás dicho no es cosa distinta que lo que se ha extraído de los segmentos más
significativos en la declaración de indagatoria de Ramos Castillo, en la cual devela
la Identidad de personajes como Julio Enrique Chávez Corrales, más conocido como
‘Julio Chávez’; Andrés Corrales, Robinson Barboza Almanza y Andrés Pacheco. El
enlace que estos hicieron con personal del Ejército y Fuerza de Tarea Conjunta,
para servir de señuelos o anzuelos ciegos de esos humildes moradores del poblado
de Toluviejo, para ofrecerles una promesa laboral que se exteriorizó en ir a cumplir
actividades propias del campo en varias dehesas ubicadas en la geógrafa de los
departamentos de Sucre y Córdoba, como contraprestación de las mismas recibirían
un salario o sueldo que se cifró en quinientos, seiscientos o setecientos mil pesos
mensuales; y ya conquistada la voluntad de esos jóvenes eran entregados a
personal de la fuerza armada, quienes en escenas dantescas y macabras los hacían
aparecer dados de baja en combate o en operaciones militares, mostrándolos ante
la opinión nacional e internacional como unos vulgares delincuentes que hacían
parte de bandas emergentes como ‘Águilas Negras’, las ‘Águilas de la muerte’,
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Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
extorsionistas, y en fin, la intensión era mostrar resultados o lo que hoy se ha
denunciado como lo mal llamados ‘falsos positivos’ a manos de los militares.
Obsérvese bien como Ramos Castillo a partir del folio 206 en donde se registra su
declaración de indagatoria, dando muestras de un arrepentimiento existencial
reconoce cual y cómo fue su participación como miembro de ese emporio criminal,
como pasamos a demostrarlo.
Como bien se advirtió, el despacho fiscal cuando lo interrogó en el sentido a si tenía
conocimiento del por qué estaba rindiendo esa declaración de indagatoria, de
entrada, respondió: ‘yo lo que se es que por la desaparición de los pelaos que se
perdieron en Toluviejo, eso fue como el año pasado (año 2007)’.
Fíjese bien que Ramos Castillo da cuenta en el epilogo de esa diligencia de que en
verdad tiene cabal conocimiento de las desapariciones que ocurrieron en los
habitantes de Toluviejo. En otro de los segmentos de su declaración ofrece las
circunstancias de tiempo, lugar y modo en que conoció a Robinson Barboza, a Julio
Enrique Chávez Corrales a Andrés Pacheco, Andrés Corrales y reconoce y afirma
que se le conoce como ‘Carnaval’.
También cuando se le interrogó para informarle que en la ampliación de indagatoria
que rindiera Robinson Eustaquio Barboza se evidenciaba que él y alias ‘el gringo’
se reunieron en presencia de aquel y conversaron con varios muchachos de
Toluviejo entre los que se cuentan a alias ‘el chamo’, ‘el boa’ o ‘el monito’, Rober
(sic) Patrón, un hermano de ‘el chamo’ y otros dos jóvenes interesados en oferta
laboral, la que se cumpliría en una finca por los lados de San Marcos, Sucre, este
respondió: ‘eso si fue verdad, pero no recuerdo los nombres de los que nos
llevamos, pero si nos reunimos’.
Reconoce que con Andrés Corrales fue dos veces a Toluviejo, que después este iba
solo, iba a buscar pelaos de esos. Que la primera vez que fue a ese municipio fue a
hablar con dos pelaos, y que en esa oportunidad se lo querían llevar a él. Identifica
los vehículos en que se movilizaba Luis Carlos Sierra que es un soldado, en
tratándose de una camioneta color gris doble cabina, Chevrolet Luv Diesel de placas
OKU-357 y el otro rodante era una camioneta color rojo de placas HOK-735, las
cuales están en el municipio de Sincé, y otro soldado que andaba en una moto que
se llama Iván Darío Contreras, que era el encargado de la inteligencia y también
reclutaba muchachos (…).
Acepta la entrega de los muchachos de Toluviejo cuando a folio 217.6 reseña: ‘yo
ya dije que los que yo entregué, se los entregué a Luis Carlos sierra, que es un
soldado adscrito al Gaula, y los de San Miguel se los entregué a Andrés Corrales y
esos los trajo Julio Chávez’.
Ofrece las circunstancias en que se puso en contacto con los miembros de la fuerza
de tarea conjunta e informa que Andrés Rafael Corrales Narváez fue la persona que
le presentó a toda esa gente, es decir, a los miembros que integraban el concierto
para delinquir agravado, encargados de desaparecer para luego dar muerte en
falsos combates a los jóvenes de Toluviejo, y precisa: ‘todo ese combo del Ejército,
y no puedo decir que son de las águilas negras ni paracos, ellos son del Ejército,
ellos llegaban de civil a la casa, de ponchos de sombreros y brindaban cerveza, yo
pensaba que ellos eran ganaderos; uno de los jefes era uno de apellido Vergara,
era el que manejaba la camioneta, según me decían que era un sargento primero,
ellos eran de la fuerza de tarea conjunta’.
En otro interrogante que le hiciera la fiscalía para conocer el descubrimiento de la
verdad real, se le dijo si sabía a cerca de lo que le había sucedido a los jóvenes
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antes mencionados, es decir, a Carlos Alberto Valeta Jiménez alias ‘el chamo o el
tripa’ (…) éste en forma fría respondió que todos estaban muertos, quienes habían
salido por los noticieros dados de baja como de las águilas negras que estaban
extorsionando, pero que él sabía que estos no eran extorsionistas como tampoco
águilas negras, empero que a ellos se los llevaban a Luis Carlos Sierra e Iván Darío
Contreras, quienes son miembros del Ejército y fueron muertos en un combate falso,
admite que esos jóvenes fueron engañados, les montaron armas y los levantaron
con fusil a bordo (…).
El remate en la declaración de indagatoria, y que hace referencia a su
responsabilidad penal, la adoba aceptando que sí participó en todos los casos que
mencionó anteriormente, y que efectivamente les ofreció el trabajo para luego
entregárselos a Luis Carlos Sierra, miembro del Gaula de la ciudad de Montería.
(…) para la justicia resulta verosímil, elocuente, espontánea, y sincera la confesión
judicial que entregó José Dionisio Ramos Castillo dado que el haz probatorio
confirma la desaparición y posterior ajusticiamiento que a manos del personal militar
padecieron los jóvenes Carlos Alberto Valeta Jiménez, alias "el chamo o el tripa";
Luis Alberto Pérez Mercado, alias "la boa" (…), los protocolos de necropsias, los
informes que dan cuenta de los abatidos en combates, las exhumaciones y registros
odontológicos; la documentación fotográficas (sic) de las exhumaciones en el
cementerio de Chinú, acta de inspección y levantamiento de cadáveres, registro
civiles de defunción, tarjetas dactiloscópicas, y testimonios de Ignacio José Tous,
Fermín Andres Tous Moreno, Carmen Edith Vergara, Julio Cesar Padilla Bandera,
Rubiana Esther Padilla Bandera, y la ampliación de indagatoria rendida por
Robinson Barboza Almanza, medios de pruebas que analizados y tamizados en
conjunto, como se dijo, le imprimen integra y cabal veracidad a la confesión y a las
circunstancias de tiempo, lugar y modo en que fueron ejecutadas esas conductas
punibles de lesa humanidad de una empresa criminal de la cual hacían parte con su
respectivo organigrama, logística, material humano y el rol que cada miembro
cumplió en el enlace que hubo con los miembros del Ejército para hacerlos aparecer
como muertos en combate o en expediciones militares consumadas por las
instituciones castrenses que hemos aludido en esta decisión.
(…) Por lo expuesto, este Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de
Sincelejo, Sucre, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: Declarar penalmente responsable a José Dionisio Ramos Castillo, alias
‘José Carnaval’ o ‘Joselito Carnaval’ (…) en calidad de coautor realizador de los
delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada y
concierto para delinquir agravado (…).
SEGUNDO: Condenar a José Dionisio Ramos Castillo, alias ‘José Carnaval’ o
‘Joselito Carnaval’ a las penas principales de 267 meses y 15 días de prisión (…)”.
7.1.8. Costa que el 6 de noviembre de 2009, la Fiscalía 36 Especializada de Medellín
calificó el mérito del sumario No. 4540D con resolución de acusación contra Andrés
Rafael Corrales Narváez y el soldado Luis Miguel Sierra Díaz como presuntos
coautores “del concurso heterogéneo de homicidio en persona protegida,
desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado, donde fueron
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víctimas los señores Carlos Alberto Valeta Jiménez, Luis Alberto Pérez Mercado,
Luis Fernando Mejía (…) por hechos ocurridos entre julio y agosto del año 2007 en
el municipio de Toluviejo”. De ello, da cuenta copia de la mencionada decisión74, de
cuyo contenido se destaca lo siguiente -in extenso-:
“I. FILIACIÓN
Luis Miguel Sierra Díaz (…) residente en la Brigada XI de Montería (…) de ocupación
soldado profesional.
Iván Darío Contreras Pérez, alias pichón o el negro (…) de ocupación soldado
profesional adscrito al Batallón Contraguerrilla 132 (…).
Andrés Rafael Corrales Narváez alias el gringo, pecueca o mono (…) desempleado,
detenido por cuenta de este proceso en la cárcel la vega de Sincelejo (…).
II. HECHOS
Entre julio y agosto del año dos mil siete (2007) comenzaron a desaparecerse varios
jóvenes en el municipio de Tolú Viejo, Sucre los cuales posteriormente aparecían
como muertos en combate por parte del Ejército Nacional. Iniciada la investigación
se pudo establecer que la mayoría de ellos abandonaron su residencia tras el
ofrecimiento de un supuesto trabajo en fincas de municipios vecinos como Sampués
y San Marcos, entre otros, donde se dedicarían a cuidar ganado o menesteres
similares, percibiendo una remuneración mensual que oscilaba entre cuatrocientos
y ochocientos mil pesos ($400.000,00 y 800.000,00), deberían viajar de inmediato,
no requerían llevar equipaje porque allá tendrían ‘todo’, los recogerían en el mismo
pueblo y regresarían pasado algún tiempo. Estas eran las garantías ofrecidas para
acceder a tan prometedora vinculación laboral, difundida por algunos individuos
ampliamente conocidos en el sector hasta lograr la aceptación de los incautos
moradores quienes en su afán de solucionar su problema de empleo hallaron la
muerte o su desaparición.
Entre las víctimas figura Carlos Alberto Valeta Jiménez (Chamo o Tripa), Luis Alberto
Pérez Mercado (Boa), Luis Fernando Mejía Vides (Mono o Calvo), Frank Bandera
Padilla, Jhon Jairo Colón Ayala (hijo de la turca), Deiner José de Hoyos Rodríguez
(Danchy), Cristian Javier Osuna Vergara (Monito), Miguel Enrique Jiménez
Chamorro (Meme), Julio Rafael Julio Olivero, Bernardo Patrón Viloria, Ebin David
Paternina apodado Tablero (desaparecido). Frank Padilla, Jhon Jairo Colón y Deiner
José salieron de sus casas el once (11) de julio y fueron reportados muertos en
combate el trece (13) de julio en un sitio denominado Carboneros, Chinú, Córdoba
(…).
María Margarita Flórez Pineda mencionó que su compañero Carlos Alberto Valeta,
conocido como Chamo estaba en su casa el siete (7) de julio de dos mil siete (2007),
hasta allí llegó Robinson Barboza informando que le había conseguido trabajo
cuidando ganado en una finca, que era por ahí mismito en Sampués, que la vaina
era legal, le pagaban setecientos mil pesos mensuales, le daban permiso para venir
a cobrar el sueldo, iba recomendado por él porque esa gente no escogía a
cualquiera, que el señor estaba ahí esperando en una camioneta y que se debería
ir a conocer la finca pero la ida definitiva era dentro de ocho días, necesitaban otros
74 Fl. 44 a 86, C. 1.
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muchachos más para estas mismas labores. El mismo Carlos Alberto le comentó a
Luis Alberto Pérez Mercado el ofrecimiento laboral de Robinson y le pareció buena
oferta. Éste aceptó ir, llamó esa misma tarde por celular a su señora madre diciendo
que no sabía en dónde estaba ni para dónde lo llevaban y nunca más regreso, al
igual que Pérez Mercado.
(…) IV. VALORACIÓN PROBATORIA
Las diversas exposiciones de familiares y amigos de las víctimas dan cuenta de la
manera como los victimarios seleccionaron a personas jóvenes desempleados de
Tolú Viejo y bajo la promesa de conseguir un empleo con remuneración atractiva
realizando labores sencillas en fincas cercanas, lograron engañarlos y sacarlos del
seno de sus hogares hacia un encuentro inevitable con la muerte, porque tal
ofrecimiento resultó ser sólo el ardid macabro para entregarlos a un grupo militar
quien luego de darles muerte los presentaría como subversivos enfrentados al
Ejército Nacional.
De los seleccionados para ejercer ese tipo de labores y que son objeto de
investigación, diez (10) personas sin explicación alguna aparecieron muertas en
simulados enfrentamientos armados con el Ejército Nacional, cuando en grupos de
dos o tres personas periódicamente eran reportadas en localidades aledañas y cuyo
deceso ocurría en la mayoría de veces al día siguiente en que partieron de su hogar,
vestidos de camuflado y portando armas y municiones, sin documentos de
identificación y tras el señalamiento de ser ‘delincuentes’, sin que a la fecha se haya
podido determinar el destino final signado para el menor de edad Ebin David
Paternina Parra, quien acudió como los anteriores sin advertir el engaño.
Todas y cada una de las pruebas practicadas hasta el momento confirman la
existencia de acuerdo previo entre diversos individuos para llevar a cabo varias
conductas prohibidas por la ley penal colombiana, constitutivas de concierto para
delinquir agravado, homicidio en persona protegida y desaparición forzada
agravada. La empresa criminal nació al parecer de la necesidad de presentar
resultados en combate por parte del Ejército Nacional, para lo cual se dieron a la
tarea de hacer contactos con individuos no pertenecientes a la tropa (civiles) que se
encargaran de ‘reclutar’ o conseguir personas para este fin, disponiendo de
incentivos económicos para quien los consiguiera.
Fue así como empezaron a desaparecerse jóvenes de varias localidades de Sucre,
entre ellas Tolú Viejo, bajo la promesa de hallar un empleo digno y bien remunerado
partieron de sus moradas y no regresaron jamás. Dichos requerimientos los hacía
un miembro del Ejército Nacional al señor Andrés Rafael Corrales Narváez, alias el
gringo o directamente Robinson, quienes a su vez acudían ante José Dionisio
Ramos Castillo, alias José Carnaval y éste a diferentes amigos, vecinos y conocidos
a ofrecerles empleo en una finca cuidando ganado. Cuando ya las víctimas estaban
seleccionadas y listas para viajar le avisaban al gringo y éste a su vez al contacto
con el ejército, quien indicaba en qué lugar y sitio las recogería, denominado por
ellos mismos como ‘embarcaderos’, de allí las transportaban hacía el supuesto lugar
donde prestarían su servicio.
(…) Aunque en sus indagatorias iniciales todos los procesados niegan cualquiera
participación en los hechos, finalmente algunos han modificado sustancialmente sus
versiones, llegando incluso a confesar su aberrante actuación al interior de la
empresa criminal. Describen de manera lógica la forma como operó la consecución
de las víctimas, qué les ofrecían a cambio de lograr su aceptación para laborar en
las fincas de sus patrones, los sitios donde se reunían para entregarlos o
embarcarlos y qué final tendrían estos jóvenes, cómo era el reparto de funciones y
qué roles asumía cada participe de la organización. Buscando lograr una
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disminución de la pena quizás se dio la confesión de uno de los partícipes de tan
abominable organización, sobre quien pesa hoy sentencia condenatoria.
(…) No merece credibilidad alguna los informes suscritos por miembros del Ejército
Nacional en cuanto a los supuestos combates donde murieron las diez personas
objeto de investigación. Todas salieron de su casa con uno, dos o tres días de
antelación a su muerte. Todas y cada una de ellas tenía una familia que bajo
juramento afirma que fueron buscados allí por quienes ofrecían una oportunidad de
trabajo, salieron con la mera ilusión de resolver su problema de ubicación laboral.
Así lo afirman sus vecinos y conocidos de toda la vida. Si la dichosa oferta de trabajo
no se hubiere dado seguramente los tendríamos hoy con vida, ellos no abandonaron
su hogar por otro motivo. Se valieron de gente humilde, desempleada, desprevenida
y fácil de engañar. Esta condición la sabían muy bien los llamados reclutadores, por
eso ellos mismos no las aceptaron pese a que también fueron invitados. ¿A qué
horas se organizaron como alzados en armas entonces?
Otro aspecto que revierte el informe militar, es el hecho que algunos occisos tenían
puesta incluso la misma ropa con que partieron de sus residencias como lo
expresaron sus familiares, ya reseñado en el capítulo de pruebas. Llama
poderosamente la atención de este servidor, el hallazgo de prendas de uso de la
policía nacional y botas pantaneras que tenían algunas víctimas, mencionadas como
verde oliva y cuyos pantalones se observaban en buen estado. Otro aspecto
relevante es que las camisas en la zona donde va inscrito el nombre (apellido)
estuviera roto como si lo hubiesen arrancado (…).
El mismo funcionario de policía judicial que practicó las diligencias de levantamiento
e inspección a cadáver de apellido Timaná, dudó del éxito militar por la similitud de
los diferentes acontecimientos, cada mes el mismo grupo adscrito al Gaula
reportaba dos o tres bajas, la misma zona geográfica, los mismos elementos de
campaña incautados, la forma como eran reclutados según informó luego la familia
de las víctimas llevadas hasta el cementerio de Chinú, Córdoba. Esa duda es
razonable y a la fecha persiste aún para quien aquí provee y es por ello que se
acepta como verídica la confesión de José Dionisio al asegurar que los muchachos
reclutados por ellos eran entregados para que el ejército les diera muerte y que esos
combates eran falsos. Todos y cada uno de los reclutados a excepción de Ebin
David murieron a manos de miembros del Ejército Nacional como si fuesen alzados
en armas, cuando el día anterior o poco antes eran habitantes de Tolú Viejo
comunes y normales, residentes de tiempo completo en su comunidad se les veía
en el seno de sus hogares, algunos tuvieron vinculación laboral hasta días antes de
su partida.
(…) Otro aspecto que reviste particular importancia en la mención que se hace en
los informes de patrullaje de los dados de baja como presuntos extorsionistas que
mantenían azotada la región o integrantes de bandas emergentes de delincuencia
organizada, denominadas BEDO. En tanto en el informe de los hechos que' debe
ser más amplio y con detalles, se mencionan pertenecientes a las FARC. No hay
claridad en cuanto al grupo al que realmente pertenecen.
Pese a que Luis Miguel Sierra niega cualquier participación suya o de militares en
los hechos, nótese que los vehículos empleados para el transporte de los jóvenes
corresponden con los conducidos por él mismo, o por lo menos adscritos a la
Brigada XI. Siempre se han mencionado camionetas color gris, blanco y roja y una
moto de alto grande blanca o negra, que el despacho entiende como de alto
cilindraje. No es gratuito entonces que este militar haya conducido una camioneta,
gris doble cabina, que otra camioneta, roja esté asignada a la Infantería de Marina
y él mismo posea motocicleta. Coincide tanto el tipo de vehículo como el color, ser
de platón y doble cabina, detalles plenamente semejantes con lo narrado por los
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testigos que dicen haber visto en qué vehículo se llevaban a las víctimas y lo
confesado por uno de los otrora procesados aquí. La propiedad de la camioneta de
placas OKU-357, color rojo Montecarlo, marca Mazda, servicio oficial, platón doble
cabina, según la Secretaría de Tránsito del Departamento de Antioquia está en
cabeza de la Brigada 11. La de placa HOK-735, marca Chevrolet, línea Luv, color
azul Córcega de servicio oficial, según el Ministerio de Transporte le fue asignada al
Ejército Nacional en cumplimiento de la Resolución 03210 de 1994.
La mención que se hace del resto de militares participes supuestamente en los
hechos guarda armonía con los testimonios y confesiones. Entre los que están el
coronel Borja, teniente Guzmán, sargento Caicedo, sargento Gamboa, mayor
Céspedes, Escalona, Vergara, Sierra y Contreras. Así mismo se menciona que otro
de los reclutadores que iba en una camioneta era de apellido Vergara y
curiosamente aparece acta de entrega del vehículo camioneta Mazda de placa
HOK-735 al SLP Vergara García Jairo.
(…) Por todo lo anteriormente expuesto la Fiscalía General de la Nación, por
intermedio del Fiscal 36 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario de Medellín,
RESUELVE
PRIMERO: Proferir resolución acusatoria en desmedro de los intereses jurídicos del
señor Andrés Rafael Corrales Narváez, como presunto coautor del concurso
heterogéneo de homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada,
donde fueron víctimas los señores Carlos Alberto Valeta Jiménez (…).
SEGUNDO: Proferir resolución acusatoria en desmedro de los intereses jurídicos
del señor Luis Miguel Sierra Díaz, como presunto coautor del concurso heterogéneo
de homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada concierto para
delinquir agravado, donde fueron víctimas los señores Carlos Alberto Valeta
Jiménez (…).
TERCERO: Proferir resolución acusatoria en desmedro de los intereses jurídicos del
señor Iván Darío Contreras Pérez, como presunto coautor del concurso heterogéneo
de desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado, donde fue
víctima Ebín David Paternina (…).”
7.1.9. Consta que a través de sentencia del 29 de abril de 2013, el Juzgado Penal
del Circuito Especializado de Sincelejo condenó a Robinson Eustaquio Barboza a
la pena principal de 32 años de prisión por el delito de desaparición forzada
agravada “del que resultaran victimas los señores Carlos Alberto Valeta Jiménez,
Luis Alberto Pérez Mercado (…)” entre otros. De ello, da cuenta copia de la referida
providencia75, cuyo fundamento fue el siguiente:
“Las pruebas recaudadas en el plenario ofrecen riqueza descriptiva y no dejan dudas
de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desenvolvieron los hechos
que condujo a la desaparición de los jóvenes Carlos Alberto Valeta Jiménez (…) con
la que emerge con claridad la participación de Barboza Almanza en estos hechos.
Además, los testimonios se muestran consistentes, pues lo vertido por los testigos
75 Fl. 373 a 393, C. 2.
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encaja con la multiplicidad de aristas probatorias que conforman el soporte
argumentativo del ente acusador.
Y es que ante tanta evidencia enrostrada al acusado no le quedo otra alternativa
que admitir su participación en la entrega de las víctimas de Toluviejo a sus
secuaces a cambio de un pago, es por eso que en su declaración de inquirir rendida
el 8 de abril del 2008 manifestó que efectivamente los señores alias José Carnaval
y alias el gringo, lo habían contactado para conseguir muchachos para trabajar en
una finca de un supuesto patrón, reconoció haber recomendado al chamo, y este
convido al monito y al boa, del resto de muchachos no sabe quién los contacto.
Agrega que a José y al gringo no les importaba si eran desmovilizados o no, o que
hubiesen prestado el servicio militar o que tuvieran experiencia en el manejo de
armas, ellos solamente les interesaba llevarse a la persona sin importarle la edad o
condición e incluso aclaro que había sido engañado por José Carnaval y el gringo
quienes le aseguraron que estaban buscando muchachos era para trabajar en una
finca.
(…) Son precisamente pruebas como las antes referidas que se logra establecer
tanto la materialidad de las conductas delictivas como la responsabilidad del aquí
acusado en lo que tiene que ver con la desaparición de los señores Frank, el chamo
y el monito, entre otros (…)”.
7.1.10. Está demostrado que mediante sentencia del 9 de febrero de 2015, el
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo condenó a Andrés Gregorio
Pacheco Hernández a la pena principal de 34 años y 6 meses de prisión, al hallarlo
penalmente responsable en calidad de autor de los delitos de concierto para
delinquir agravado en concurso con desaparición forzado agravada “del cual
resultaron víctimas los señores Carlos Alberto Valeta Jiménez, Luis Alberto Pérez
Mercado, Luis Fernando Mejía Vides (…)”, según da cuenta copia de la referida
decisión judicial76, de cuyos fundamentos se extrae lo siguiente:
“Consideraciones del Despacho
(…) En líneas subsiguientes se encuentra el Informe de la SIJIN, que da cuenta del
hallazgo de los desaparecidos Carlos Alberto Valeta Jiménez y Jhon Jairo Colón,
presentados como muertos en combate por EJERCOL (sic), según sus labores de
inteligencia, los días 11 de junio, 13 de julio y 6 de agosto, resultaron 9 personas
dadas de baja por el Gaula - Ejército de Montería.
Las pruebas recaudadas en el plenario ofrecen riqueza descriptiva y no dejan dudas
de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desenvolvieron los hechos
que condujo a la desaparición de los jóvenes Carlos Alberto Valeta Jiménez, Luis
Alberto Pérez Mercado, Deimer de Hoyos Rodríguez, Jhon Jairo Colón Ayala y
Frank Arley Padilla Bandera con la que emerge con claridad la participación de
Pacheco Hernández en estos hechos. Además, los testimonios se muestran
consistentes, pues lo vertido por los testigos encaja con la multiplicidad de aristas
probatorias que conforman el soporte argumentativo del ente acusador.
76 Fl. 288 a 315, C. 2.
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Por razones de metodología, el despacho se ocupará del análisis y valoración del
acervo probatorio respecto de la situación jurídica de Andres Gregorio Pacheco
Hernández, frente a los cargos que se le hicieran en sede de calificación, como lo
son el concierto para delinquir agravado, desaparición forzada agravada y homicidio
en persona protegida, de los cuales resultaran damnificados los señores antes
mencionados, en hechos reseñados en el acápite anterior.
Previo el análisis de la responsabilidad penal, indicaremos si se cumplen los
presupuestos facticos y jurídicos que conduzcan a establecer la existencia de las
conductas punibles investigadas.
En relación con la primera de las conductas punibles por la cual fue llamado a juicio
el acusado Andres Gregorio Pacheco Hernández, esto es el concierto para delinquir
agravado, la prueba recaudada no ofrece incertidumbre, a tal punto que el ya
condenado por haberse acogido a sentencia anticipada por los mismos hechos José
Dionisio Ramos Castillo, de manera libre, espontánea y voluntaria confesó todo el
accionar, coparticipación en estos escabrosos sucesos, narrando con lujo de
detalles como operaba esta empresa criminal.
Ramos Castillo manifiesta que él no era el único reclutador, había otros entre esos
Andres Pacheco Hernández y Robinson Barboza Almanza, cuya función era llevar
a las víctimas de Toluviejo a Sincelejo y seguidamente eran entregadas al personal
del Ejército Nacional para que estos los asesinaran dentro de ficticias operaciones
militares.
A lo anterior se suma el hecho de que Ramos Castillo, siendo un miembro importante
de esta citada sociedad, señala a Pacheco Hernández sin vacilación alguna como
una ficha más en esta empresa criminal, sabiendo el actuar de éste, es más,
afirmando que Pacheco trabajaba para Robinson Barboza Almanza, y que éste
último era el que llevaba la plata que pagaban los militares por cada víctima
entregada.
(…) Entonces no es como lo afirma el incriminado Pacheco Hernández inicialmente
que desconocía sobre el tema de reclutamiento, que no mantenía relaciones con el
señor Robinson Almanza, o desconocía de las actividades de José Dionisio Ramos
Castillo alias José Carnaval y Andrés Rafael Corrales Narváez alias el gringo, pues
la entidad de propósito, univocidad de estrategia para embaucar a los indefensos
pobladores, e interés en facilitar el trabajo de esa empresa criminal no fue resultado
de la causalidad sino de un acuerdo previo.
(…) En cuanto a la existencia del hecho punible de desaparición forzada, se
desprende de los acontecimientos narrados y sustentados en los actos de
investigación adelantados por el grupo de la policía judicial al que nos referimos en
el acápite de pruebas, así como de las denuncias de familiares que dejen claramente
establecida la ocurrencia de la conducta punible de desaparición forzada de los
señores Carlos Alberto Valeta Jiménez (…) quienes salieron de su residencia con
falsas promesas de trabajo, que debían realizar en una finca ubicada en el municipio
de Sampués o San Marcos con su consecuente ocultamiento.
(…) No cabe la menor duda que el señor Andrés Gregorio Pacheco Hernández
participó activamente en la empresa criminal que tenía como finalidad reclutar
jóvenes de escasos recursos, pobladores del municipio de Toluviejo,
preferiblemente desmovilizados de grupos armados al margen de la ley que fueron
después presentados como delincuentes dados de baja por el Ejército Nacional,
esta gestión de reclutador que fue encargada al acusado la cumplió eficientemente
por grupos y en diferentes fechas, tal y como dan cuenta los familiares de las
víctimas (…).
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(…) Por lo expuesto, este Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de
Sincelejo, Sucre, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: Declarar al señor Andrés Gregorio Pacheco Hernández penalmente
responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con
desaparición forzada agravada (…) del cual resultaron víctima Carlos Alberto
Baleta (sic) Jiménez (…)”.
7.1.11. Está demostrado que mediante sentencia del 9 de noviembre de 2015, el
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo condenó a Luis Miguel Sierra
Díaz y Andrés Rafael Corrales Narváez a la pena principal de 40 años de prisión al
hallarlos penalmente responsables de los delitos de concierto para delinquir,
desaparición forzada agravada y homicidio en persona protegida agravada “en
donde resultaron víctimas los señores Carlos Alberto Valeta Jiménez (…)”, según
da cuenta copia de la referida decisión judicial77, en cuyo fundamento expuso:
“En cuanto a la existencia del hecho punible de desaparición forzada y homicidio en
persona protegida, se desprende de los acontecimientos narrados y sustentados en
los actos de investigación adelantados por el grupo de la policía judicial al que nos
referimos anteriormente, así como de las denuncias de familiares que dejan
claramente establecida la ocurrencia de la conducta punible de Desaparición
Forzada de los señores Carlos Alberto Valeta Jiménez, Luis Alberto Pérez Mercado,
Jhon Jaro Colón Ayala (…), quienes salieron de su residencia con falsas promesas
de trabajo, que debían realizar en una finca ubicada en el municipio de Sampués o
San Marcos con su consecuente ocultamiento.
Posteriormente se conoció que el día 13 de julio de 2007 en enfrentamientos con el
Ejército en Chinú, fueron dados de baja los señores Frank Arley Padilla Bandera
(…), el día 6 de agosto, bajo similares circunstancias fueron dados de baja Miguel
Enrique Jiménez Chamorro, Cristian Javier Vergara Ozuna, Luis Fernando Mejía
Vides.
Por su parte, Luis Alberto Pérez Mercado y Carlos Alberto Valeta Jiménez, fueron
dados de baja en enfrentamientos con el Ejército el día 9 de julio de 2007 y bajo las
mismas circunstancias fallecieron Julio Rafael Julio y Juan Bernardo Patrón el día
23 de julio de 2007, el menor Ebin David Paternina Parra aún se encuentra
desaparecido. De estos decesos dan cuenta los informes de policía judicial de
fechas 6 de septiembre del 2007 y 24 de enero del 2008.
Las pruebas que obran en la foliatura son contestes en establecer que efectivamente
algunos pobladores del municipio de Toluviejo fueron incentivados a abandonar su
domicilio bajo falsas promesas de trabajo, y al unisonó identifican a los señores José
Dionisio Ramos Castillos, Andres Gregorio Pacheco Hernández y Robinson
Eustaquio Barboza como las personas que los reclutaron, sin que posteriormente
quisieran dar razón de su paradero.
77 Fl. 317 a 347, C. 2.
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No cabe la menor duda que los señores Luis Miguel Sierra Diaz, Iván Darío
Contreras Pérez y Andres Corrales Narváez, participaron activamente en la empresa
criminal que tenía como finalidad reclutar jóvenes de escasos recursos pobladores
del municipio de Toluviejo, preferiblemente desmovilizados de grupos armados al
margen de la ley para presentarlos como delincuentes dados de baja por el Ejército
Nacional, estas gestiones desplegadas por los acusados se cumplieron
eficientemente por grupos y en diferentes fechas, tal y como dan cuentan los
familiares de las víctimas (…).
(…) No encuentra este Juzgado explicación al hecho de que el combate se diera en
toda una carretera, en medio de una vía, ya que si un grupo de delincuentes va a
atentar contra un grupo de soldados fuertemente armados, el sentido común y la
experiencia lógica nos dice que ellos buscan lugares montañosos, marañosos, con
montículos, lugares donde puedan atacar, defenderse y no abrirse de frente, como
diríamos de tú a tú con un personal adiestrado para todas estas clase de eventos,
como lo son los soldados del Ejército Nacional.
De esa actividad se deriva, que el objetivo de esta empresa criminal era desaparecer
a estos muchachos, teniendo en cuenta que fueron muertos inexplicablemente en
un supuesto enfrentamiento con el Ejército y fueron enterrados como NNs, a pesar
de que se sabía de su procedencia, su arraigo.
Es necesario acotar, que muchas de las personas dadas de baja en presuntos
combates por la fuerza de tarea conjunta de Sucre, constituyen lo que hoy se ha
denominado "falsos positivos"
‘El Escándalo de los falsos positivos es como se conoce a las revelaciones hechas
a finales del año 2008 que involucran a miembros del Ejército de Colombia con el
asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en
combate dentro del marco del conflicto armado que vive el país. Estos asesinatos
tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate’. A
estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como
ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en
persona protegida.
‘Falsos positivos’ para incrementar falsamente las estadísticas operacionales de las
fuerzas militares. De allí que se predique que en dicha empresa criminal cada
miembro tenía un determinado rol en el que tenía que ofrecer su aporte y cumplir
íntegramente la misión encomendada, actos ilícitos, punibles encaminados hacia un
fin común, pues unos debían encargarse de seleccionar las potenciales y seguras
víctimas para convencerlas a como hubiere lugar, otros de transportarlas y
entregarlas al personal militar, unos de amortizar o retribuir económicamente y otros
los encargados de ejecutarla finalmente. Sin hesitación alguna se dice que la labor
que cumplieron los encartados fue la de actuar como organizadores y promotores
de la industria criminal, se trataba de personas cuya actividad no era otra que la de
comandar la organización criminal, dado que resulta execrable desde toda óptica,
puesto que nadie endiente como ser humano alguno pudo optar por la decisión de
aceptar y cohonestar de manera dolosa y no actuó como se lo imponía sus
derechos, su cargo, su formación, sino que decidió, voluntariamente, valga decir,
guardar silencio y optó por que se siguieran llevando a cabo este tipo de ejecuciones
atroces y desde todo punto de vista abominables.
Las pruebas de cargos que comprometen a los encartados son bastantes
abundantes y pululan por toda la foliatura, resultando estas sumamente precisas,
certeras, meridianamente claras apuntando con toda contundencia a su probable
compromiso penal, estos personajes al interior de la organización criminal se
encargaban de ubicar, convencer, controlar, en una palabra ‘reclutar’ a los
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interfectos y ninguno de los familiares de las víctima tuvieron la oportunidad de
observar su directa participación, tal como lo admiten en su diligencia de inquirir.
(…) Por lo expuesto, este Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de
Sincelejo, Sucre, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: Declarar al señor Luis Miguel Sierra Diaz, responsable de los delitos de
concierto para delinquir agravado (…); desaparición forzada agravada (…) y
homicidio en persona protegida (…) donde resultaron victimas los señores Carlos
Alberto Baleta (sic) Jiménez (…).
SEGUNDO: En consecuencia, condenar a Luis Miguel Sierra Diaz a las penas
principales de 40 años de prisión y multa (…).
(…) QUINTO: Declarar al señor Andrés Rafael Corrales Narváez, responsable por
los delitos de desaparición forzada agravada (…) y homicidio en persona protegida
(…) donde resultaron victimas los señores Carlos Alberto Baleta (sic) Jiménez (…).
SEXTO: En consecuencia, condenar a Andrés Rafael Corrales Narváez a las penas
principales de 40 años de prisión y multa (…).”
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver el grado jurisdiccional de consulta, la Sala analizará de forma
ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado,
ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende de la sumatoria de los
componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace necesario abordar dichos
elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y ii) su imputación frente al
Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración56-57.
7.2.1. El daño antijurídico
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
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ley o el derecho78, que contraría el orden legal79 o que está desprovista de una
causa que la justifique80, resultando que se produce sin derecho al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida
o protegida81, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre.
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la muerte de
Carlos Alberto Valeta Jiménez, la cual está debidamente acreditada con su Registro
Civil de Defunción (hecho probado 7.1.3). El daño tiene el carácter de antijurídico,
pues se trata de la afectación de un interés legítimo protegido por el ordenamiento
jurídico, cuya lesión no encuentra justificación legal.
En efecto, la vida es uno de los derechos inherentes e inalienables de la persona y
se constituye en presupuesto esencial para la realización de los demás derechos.
Se encuentra protegido en el Preámbulo de la Constitución Política, que proclama
dentro de los fines del Estado asegurar la vida de sus integrantes, y en el artículo
11 Superior, que establece que "el derecho a la vida es inviolable".
7.2.2. La imputación
Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a la Nación - Ministerio
de Defensa - Ejército Nacional, es menester establecer si este le es atribuible fáctica
y jurídicamente.
Así pues, de los medios probatorios arrimados al proceso se encuentra acreditado
que Carlos Alberto Valeta Jiménez, conocido también como alias “chamo” o “el tripa”
(hecho probado 7.1.7), era desmovilizado del bloque héroes de Monte de María de
las AUC y recibía ayuda humanitaria por la suma de $358.000 (hechos probados
7.1.1 y 7.1.4).
78 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
79 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
80 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
81 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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Está probado que en indeterminada fecha el Ministerio de Protección Social y el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) expidieron
“certificado de defunción” No. 2131674 de una persona NN, que falleció de forma
violenta el 9 de julio de 2009 (hecho probado 7.1.2).
Asimismo, se constató que el 24 de enero de 2008, la señora Gilma María Jiménez
Martínez acudió a las instalaciones del CTI de la Fiscalía General de la Nación en
Sincelejo y reconoció el cadáver de su hijo Carlos Alberto Valeta Jiménez, quien
según la inspección judicial a cadáveres NN, falleció “producto de un enfrentamiento
armado con la fuerza de tarea conjunta de Sucre” (hecho probado 7.1.4).
Como consecuencia del anterior reconocimiento, en fecha indeterminada el
Ministerio de Salud y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) expidieron el “Documento de enmienda del certificado de defunción No.
2131674”, en el que se indicó que fue Carlos Alberto Valeta Jiménez la persona
“ultimada con arma de fuego” en hechos ocurridos el 9 de julio de 2007 en San
Benito Abad (hecho probado 7.1.5).
Posteriormente, se acreditó que el 16 de octubre de 2009, el Juzgado Penal del
Circuito Especializado de Sincelejo profirió sentencia anticipada contra José
Dionisio Ramos Castillo, alias “Joselito Carnaval”, y lo condenó a la pena principal
de 267 meses y 15 días de prisión al hallarlo responsable en calidad de coautor de
los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada agravada y
concierto para delinquir agravado con ocasión de la “desaparición” y posterior
muerte, entre otros, de Carlos Alberto Valeta Jiménez (hecho probado 7.1.7).
En efecto, en esa oportunidad el Juez Penal del Circuito de Sincelejo constató que
los hechos que rodearon la muerte de Carlos Alberto Valeta Jiménez, entre otros
jóvenes, consistieron en una ejecución extrajudicial, pues se demostró que para la
fecha de los hechos en el municipio de Toluviejo y sus alrededores se había creado
una estructura criminal en la que los llamados reclutadores perfilaban jóvenes
desempleados, a veces con historial delictivo, para ofrecerles, mediante engaños,
trabajos con buena remuneración pero, sin embargo, aquellos finalmente eran
entregados a la fuerza pública, en este caso, al Ejército Nacional, para darles muerte
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y presentarlos como delincuentes dados de baja en enfrentamiento o combate y así
incrementar las estadísticas operacionales (hecho probado 7.1.7).
Justamente, es esa ocasión José Dionisio Ramos Castillo alias “Joselito Carnaval”
se acogió a sentencia anticipada y aceptó que junto a Julio Enrique Chávez
Corrales, alias “Julio Chávez”, Andrés Corrales, Robinson Barboza Almanza y
Andrés Pacheco ofrecieron promesas laborales, entre otras personas, a Carlos
Alberto Valeta Jiménez para poder sacarlo de su residencia y llevarlo o entregarlo
a la fuerza de tarea conjunta del Ejército Nacional a cambio de una contraprestación
económica, para que esta última lo presentara como un delincuente dado de baja
en combate, lo cual finalmente ocurrió como estaba previsto (hecho probado 7.1.7).
De hecho, en la referida sentencia, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Sincelejo sostuvo: “Lo atrás dicho no es cosa distinta que lo que se ha extraído de
los segmentos más significativos en la declaración de indagatoria de Ramos
Castillo, en la cual devela la identidad de personajes como Julio Enrique Chávez
Corrales, más conocido como ‘Julio Chávez’; Andrés Corrales, Robinson Barboza
Almanza y Andrés Pacheco. El enlace que estos hicieron con personal del Ejército
y Fuerza de Tarea Conjunta, para servir de señuelos o anzuelos ciegos de esos
humildes moradores del poblado de Toluviejo, para ofrecerles una promesa laboral
que se exteriorizó en ir a cumplir actividades propias del campo en varias dehesas
ubicadas en la geógrafa de los departamentos de Sucre y Córdoba, como
contraprestación de las mismas recibirían un salario o sueldo que se cifró en
quinientos, seiscientos o setecientos mil pesos mensuales; y ya conquistada la
voluntad de esos jóvenes eran entregados a personal de la fuerza armada, quienes
en escenas dantescas y macabras los hacían aparecer dados de baja en combate
o en operaciones militares, mostrándolos ante la opinión nacional e internacional
como unos vulgares delincuentes que hacían parte de bandas emergentes como
‘Águilas Negras’, las ‘Águilas de la muerte’, extorsionistas, y en fin, la intensión era
mostrar resultados o lo que hoy se ha denunciado como lo mal llamados ‘falsos
positivos’ a manos de los militares”.
Por otro lado, está acreditado que, a través de sentencia del 29 de abril de 2013, el
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo condenó a Robinson
Eustaquio Barboza a la pena principal de 32 años de prisión por el delito de
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Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
desaparición forzada, entre otros, de Carlos Alberto Valeta Jiménez, pues encontró
probado que el procesado fue una de las personas que actuó como reclutador de
las víctimas para entregarlas al Ejército Nacional a través de engaños y
ofrecimientos laborales (hecho probado 7.1.9). Al respecto, en esa oportunidad el
Juez indicó: “Y es que ante tanta evidencia enrostrada al acusado no le quedo otra
alternativa que admitir su participación en la entrega de las víctimas de Toluviejo a
sus secuaces a cambio de un pago, es por eso que en su declaración de inquirir
rendida el 8 de abril del 2008 manifestó que efectivamente los señores alias José
Carnaval y alias el gringo, lo habían contactado para conseguir muchachos para
trabajar en una finca de un supuesto patrón, reconoció haber recomendado al
chamo, y este convidó al monito y al boa (…). Agrega que a José y al gringo no les
importaba si eran desmovilizados o no, o que hubiesen prestado el servicio militar
o que tuvieran experiencia en el manejo de armas, a ellos solamente les interesaba
llevarse a la persona sin importarle la edad o condición (…). Son precisamente
pruebas como las antes referidas que se logra establecer tanto la materialidad de
las conductas delictivas como la responsabilidad del aquí acusado en lo que tiene
que ver con la desaparición de los señores Frank, el chamo y el monito, entre otros
(…)”.
En ese mismo orden de ideas, la Sala encuentra demostrado que mediante
sentencia del 9 de febrero de 2015, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de
Sincelejo condenó a Andrés Gregorio Pacheco Hernández a la pena principal de 34
años y 6 meses de prisión, al hallarlo penalmente responsable en calidad de autor
de los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con desaparición
forzado agravada “del cual resultaron víctimas los señores Carlos Alberto Valeta
Jiménez, Luis Alberto Pérez Mercado, Luis Fernando Mejía Vides (…)”, pues a
través de la investigación penal, el juez constató que el señor Pacheco Hernández
fue otro de los reclutadores de las víctimas para entregarlas al Ejército Nacional con
la finalidad de ejecutarlos extrajudicialmente y presentarlos como miembros de
grupos al margen de la ley muertos en combate.
Precisamente, en esa oportunidad el Juez Penal sostuvo: “(…) En líneas
subsiguientes se encuentra el Informe de la SIJIN, que da cuenta del hallazgo de
los desaparecidos Carlos Alberto Valeta Jiménez y Jhon Jairo Colón, presentados
como muertos en combate por EJERCOL (sic), según sus labores de inteligencia,
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Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
los días 11 de junio, 13 de julio y 6 de agosto, resultaron 9 personas dadas de baja
por el Gaula - Ejército de Montería. (…) Ramos Castillo manifiesta que él no era el
único reclutador, había otros entre esos Andres Pacheco Hernández y Robinson
Barboza Almanza, cuya función era llevar a las víctimas de Toluviejo a Sincelejo y
seguidamente eran entregadas al personal del Ejército Nacional para que estos los
asesinaran dentro de ficticias operaciones militares. (…) Entonces no es como lo
afirma el incriminado Pacheco Hernández inicialmente que desconocía sobre el
tema de reclutamiento, que no mantenía relaciones con el señor Robinson Almanza,
o desconocía de las actividades de José Dionisio Ramos Castillo alias José
Carnaval y Andrés Rafael Corrales Narváez alias el gringo, pues la entidad de
propósito, univocidad de estrategia para embaucar a los indefensos pobladores, e
interés en facilitar el trabajo de esa empresa criminal no fue resultado de la
causalidad sino de un acuerdo previo. (…) No cabe la menor duda que el señor
Andrés Gregorio Pacheco Hernández participó activamente en la empresa criminal
que tenía como finalidad reclutar jóvenes de escasos recursos, pobladores del
municipio de Toluviejo, preferiblemente desmovilizados de grupos armados al
margen de la ley que fueron después presentados como delincuentes dados de baja
por el Ejército Nacional, esta gestión de reclutador que fue encargada al acusado la
cumplió eficientemente por grupos y en diferentes fechas, tal y como dan cuenta los
familiares de las víctimas (…)” (hecho probado 7.1.10).
Bajo esa misma línea, se demostró que a través de sentencia del 9 de noviembre
de 2015, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo condenó al
soldado Luis Miguel Sierra Díaz (hecho probado 7.1.8) y al particular Andrés Rafael
Corrales Narváez a la pena principal de 40 años de prisión, al hallar al primero,
penalmente responsable de los delitos de concierto para delinquir, desaparición
forzada agravada y homicidio en persona protegida agravada y, al segundo,
penalmente responsable de los delitos de desaparición forzada agravada y
homicidio en persona protegida por la muerte de Carlos Alberto Valeta Jiménez
(hecho probado 7.1.11).
En efecto, como fundamento de su decisión, el Juez Penal del Circuito
Especializado de Sincelejo indicó “En cuanto a la existencia del hecho punible de
desaparición forzada y homicidio en persona protegida, se desprende de los
acontecimientos narrados y sustentados en los actos de investigación adelantados
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Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
por el grupo de la policía judicial al que nos referimos anteriormente, así como de
las denuncias de familiares que dejan claramente establecida la ocurrencia de la
conducta punible de Desaparición Forzada de los señores Carlos Alberto Valeta
Jiménez, Luis Alberto Pérez Mercado, Jhon Jaro Colón Ayala (…), quienes salieron
de su residencia con falsas promesas de trabajo, que debían realizar en una finca
ubicada en el municipio de Sampués o San Marcos con su consecuente
ocultamiento (…). Por su parte, Luis Alberto Pérez Mercado y Carlos Alberto Valeta
Jiménez, fueron dados de baja en enfrentamientos con el Ejército el día 9 de julio
de 2007 y bajo las mismas circunstancias fallecieron Julio Rafael Julio y Juan
Bernardo Patrón el día 23 de julio de 2007, el menor Ebin David Paternina Parra
aún se encuentra desaparecido. De estos decesos dan cuenta los informes de
policía judicial de fechas 6 de septiembre del 2007 y 24 de enero del 2008. Las
pruebas que obran en la foliatura son contestes en establecer que efectivamente
algunos pobladores del municipio de Toluviejo fueron incentivados a abandonar su
domicilio bajo falsas promesas de trabajo, y al unisonó identifican a los señores José
Dionisio Ramos Castillos, Andres Gregorio Pacheco Hernández y Robinson
Eustaquio Barboza como las personas que los reclutaron, sin que posteriormente
quisieran dar razón de su paradero. No cabe la menor duda que los señores Luis
Miguel Sierra Diaz, Iván Darío Contreras Pérez y Andres Corrales Narváez,
participaron activamente en la empresa criminal que tenía como finalidad reclutar
jóvenes de escasos recursos pobladores del municipio de Toluviejo, preferiblemente
desmovilizados de grupos armados al margen de la ley para presentarlos como
delincuentes dados de baja por el Ejército Nacional, estas gestiones desplegadas
por los acusados se cumplieron eficientemente por grupos y en diferentes fechas,
tal y como dan cuentan los familiares de las víctimas (…).”.
Ahora bien, no puede pasarse por alto lo manifestado por la parte actora en su
escrito de demanda, en el que afirmó que la muerte de Carlos Alberto Valeta
Jiménez se presentó en un contexto de ejecuciones extrajudiciales sistemáticas por
parte del Ejército Nacional, en el marco de operaciones militares, justificado a la
presunta pertenencia de la víctima a una organización guerrillera, lo que, según los
demandantes, configura un caso de vulneraciones a los derechos y al derecho
internacional humanitario.
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Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
Sobre este aspecto, la Sala se remite a las consideraciones indicadas en el punto
6.3. de esta providencia, en el sentido de precisar que esta Corporación insiste en
la prevalencia de los derechos a la vida y a la integridad física de las personas y
rechaza todo acto de ejecución extrajudicial, específicamente, repudia los
denominados “falsos positivos”, en los que la escena de los hechos es alterada
mediante un montaje que exhibe a las víctimas como insurgentes o delincuentes
abatidos en combate, reportándolos como NN´s que en muchas ocasiones son
sepultados en fosas comunes sin previa identificación, dada la escenificación de un
acto legítimo, detrás del cual se oculta una falla del servicio denegatoria de los
derechos más fundamentales del ser humano, cuya arbitrariedad afecta
directamente al conglomerado social, extendiendo y agravando los efectos del
conflicto armado.
Al respecto, en el caso concreto se tiene probado que efectivamente Carlos Alberto
Valeta Jiménez fue reclutado por una empresa criminal conformada por José
Dionisio Ramos Castillo, Andrés Rafael Corrales Narváez, Luis Miguel Sierra Díaz
y Robinson Eustaquio Barboza Almanza, quienes bajo la modalidad de engaños y
falsas promesas laborales se dedicaban a reclutar jóvenes residentes en el
municipio de Toluviejo (Sucre) para que abandonaran sus hogares con el fin de
ejercer la supuesta labor, lo que en últimas no era cierto y se trataba de una treta
para ponerlos a disposición de la fuerza de tarea conjunta del Ejército Nacional para
darles muerte y presentarlos como delincuentes dados de baja en combate a
cambio de incrementar las estadísticas de operaciones militares “exitosas” (hechos
probados 7.1.7, 7.1.8, 7.1.9, 7.1.10 y 7.1.11).
No obstante lo anterior, si bien en el plenario se desconocen las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en que la fuerza de tarea conjunta del Ejército Nacional de
Sucre dio muerte a Carlos Alberto Valeta Medina, pues no reposa la orden de
operaciones, el acta de necropsia de la víctima, testimonios u otros medios
probatorios distintos a las sentencias penales que condenaron a los reclutadores,
entre ellos un miembro del Ejército Nacional, lo cierto es que todas esas
providencias guardan coherencia, estructura y uniformidad en cuanto al relato de
los hechos y la forma en como las víctimas fueron contactadas por los reclutadores
y la identidad de quienes ejercieron dicha labor, aunado a que en el acta de
reconocimiento de cadáver se dejó constancia que “el día 10 de julio del año 2007,
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Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
el grupo de Criminalística del CTI, realizó inspección judicial a dos cadáveres NN
de sexo masculino en el sector Jobito, Punta Blanco, Municipio de San Benito Abad,
los cales perecieron producto de enfrentamiento armado con la Fuerza de Tarea
Conjunto de Sucre” (hecho probado 7.1.4), es decir, las pruebas traídas al proceso
valoradas en forma conjunta no se contraponen entre sí y, por el contrario indican,
sin asomo de duda, que el señor Valeta Jiménez fue víctima de una ejecución
extrajudicial. Antes bien, se echa de menos alguna prueba que acredite lo contrario,
pues la parte demandada no desvirtuó el contenido de las providencias judiciales ni
del acta de reconocimiento de cadáver.
Adicionalmente, no puede pasar por alto la Sala que, precisamente uno de los
condenados dentro del proceso penal por la ejecución extrajudicial de Carlos Alberto
Valeta Medina fue el soldado profesional Luis Miguel Sierra Díaz (hechos probados
7.1.8 y 7.1.11), pues el Juez Penal del Circuito Especializado de Sincelejo lo
condenó a la pena principal de 40 años de prisión al constatar que actuó como
reclutador de la víctima y que el Ejército Nacional, bajo la apariencia de un
enfrentamiento armado, dio muerte a varios jóvenes, entre ellos, Valeta Medina. De
hecho, uno de los argumentos que tuvo en cuenta el juez penal para proferir
condena, fue el siguiente:
(…) No encuentra este Juzgado explicación al hecho de que el combate se diera en
toda una carretera, en medio de una vía, ya que si un grupo de delincuentes va a
atentar contra un grupo de soldados fuertemente armados, el sentido común y la
experiencia lógica nos dice que ellos buscan lugares montañosos, marañosos, con
montículos, lugares donde puedan atacar, defenderse y no abrirse de frente, como
diríamos de tú a tú con un personal adiestrado para todas estas clase de eventos,
como lo son los soldados del Ejército Nacional.
De esa actividad se deriva, que el objetivo de esta empresa criminal era desaparecer
a estos muchachos, teniendo en cuenta que fueron muertos inexplicablemente en
un supuesto enfrentamiento con el Ejército y fueron enterrados como NNs, a pesar
de que se sabía de su procedencia, su arraigo.
Es necesario acotar, que muchas de las personas dadas de baja en presuntos
combates por la fuerza de tarea conjunta de Sucre, constituyen lo que hoy se ha
denominado "falsos positivos"
Al respecto, debe recordarse que el punto 6.4. de este proveído se indicó que el uso
de las armas de fuego por parte de las fuerzas militares únicamente puede tener
lugar en los casos en que sea estrictamente necesario y en todo caso, ello debe
hacerse con aplicación de los principios de proporcionalidad, moderación y
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Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)
Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
razonabilidad que deben acompañar la utilización de armas de fuego e igualmente
debe tenerse en cuenta la obligación, de quienes portan y accionan tales artefactos
letales, de mitigar los daños y lesiones que se puedan causar, garantizando, por
otra parte, la asistencia y la prestación de servicio y atención médica oportuna e
inmediata a las personas que resulten heridas o afectadas. Asimismo, debe
procurarse que los familiares o allegados de las víctimas tengan conocimiento de lo
sucedido en el plazo más breve posible y corresponde a los agentes estatales la
obligación de informar de inmediato a sus superiores y a las autoridades
competentes del acaecimiento de los hechos, para que se surtan las investigaciones
pertinentes, dada la obligación del Estado de iniciar ex officio y sin dilación una
investigación seria, imparcial y efectiva sobre lo sucedido82.
Así las cosas, se advierte que el deber de protección de la vida y dignidad humana
de los ciudadanos está radicado en cabeza de la fuerza pública - el Ejército y la
Policía Nacional – instituciones estas que representan la autoridad y conforme al
artículo 223 de la C.N. sus agentes son los llamados de manera exclusiva y legítima
a portar las armas para garantizar el pleno goce de esos derechos, en caso de
requerirse.
De modo que, para el cumplimiento de su función constitucional, la fuerza pública y
los agentes encargados de hacer cumplir la ley están dotados de medios coercitivos,
tales como el uso de las armas de fuego; mecanismo este subordinado a los límites
impuestos por la Constitución, la ley y los principios humanitarios.
En este orden de ideas, la actividad de la fuerza pública debe ajustarse a lo dispuesto
en el artículo 6º de la C.N., de conformidad con el cual, los agentes estatales son
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes y por
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, de lo cual se tiene que el
uso de las armas encuentra sus límites en el principio de legalidad, así como en los
de necesidad, proporcionalidad, moderación y razonabilidad.
82Caso Baldeón García Vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006, Serie C No. 147, párrafo
143; Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie
C No. 134, párrafo 219.
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Radicación: 700012331000201000027 01 (64885)
Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
Entonces, el uso de las armas de fuego no es una actividad discrecional sino reglada,
que se establece como la última ratio permitida únicamente ante una agresión
inminente y letal que represente riesgo para la vida o integridad de un tercero o para
la del propio agente estatal.
Así, de lo probado en el plenario es dable afirmar que la actuación militar fue
arbitraria e injustificada, pues, como pudo verse, la muerte de Carlos Alberto Valeta
Jiménez no se presentó como consecuencia de un verdadero enfrentamiento
armado, sino que fue puesto mediante engaños por terceras personas para que la
fuerza de tarea conjunta del Ejército Nacional de Sucre le diera muerte para
incrementar la estadística operacional.
Lo anterior configura un acto de falla del servicio consistente en el uso innecesario,
desproporcionado, injustificado, irrazonable, arbitrario y carente de moderación de
las armas oficiales, lo cual se halla proscrito por el ordenamiento interno y por los
tratados o convenciones internacionales de derechos humanos de los que es parte
Colombia, de acuerdo con los cuales es obligación de los Estados impedir que se
presenten situaciones que atenten contra el derecho a la vida de forma arbitraria83,
pues ese tipo de acciones no solo trasgreden el ordenamiento jurídico internacional
sino los artículos 2, 11 y 12 de la Constitución Política84.
Así las cosas, Carlos Alberto Valeta Jiménez vio injustamente sacrificado su
derecho a la vida por parte de las fuerzas militares, mediante un accionar
innecesario, desproporcionado, inmoderado, arbitrario, injustificado e irrazonable
que merece el repudio de la justicia y de la sociedad, y se traduce en una falla en la
83 En el artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se hace la siguiente
previsión: “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido
por ley, nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. En el numeral 2º ibídem se dispone que,
en los países donde exista la pena de muerte, “…sólo podrá imponerse en sentencia definitiva
dictada por tribunal competente”.
84 Artículo 2° de la C.N: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”
Artículo 11 de la C. N: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.
Artículo 12 de C.N: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes”.
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Demandante: María Margarita Flórez Pineda y otro
prestación del servicio a cargo de las fuerzas militares cuya razón primordial de
existencia es, precisamente, la preservación de la vida de las personas y del orden
público.
Corolario de todo lo expuesto, se encuentra acreditada la falla en el servicio como
criterio de imputación del daño antijurídico a la entidad demandada, de modo que
no resulta aplicable el régimen de responsabilidad objetiva fundamentada en el
riesgo causado con el empleo de las armas de fuego por parte de la fuerza pública,
así como tampoco se acredita la ocurrencia del hecho o culpa de la víctima como
causante del daño, pues, la parte demandada no probó que esta hubiera agredido
realmente a la tropa militar.
En síntesis, en el caso de autos se halla acreditada la responsabilidad patrimonial
del Estado, en razón a que se estableció la falla en el servicio de la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y no se demostró causal eximente de
responsabilidad alguna.
8. Liquidación de perjuicios
A continuación, se analizará si el reconocimiento de perjuicios morales realizado en
primera instancia se efectuó conforme a los parámetros unificados y decantados por
esta corporación, pues por tratarse de un grado jurisdiccional de consulta no se
puede empeorar la situación de la entidad demandada.
8.1. En la demanda se solicitó por perjuicios morales, 200 SMLMV para cada uno
de los demandantes. El Tribunal Administrativo de Sucre condenó a la Nación -
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional a pagar, este rubro, la suma de 100
SMLMV para cada uno de los accionantes.
Ahora bien, en sentencia del 28 de agosto de 201485, la Sección Tercera de esta
Corporación unificó el criterio con relación al reconocimiento de perjuicios morales
en caso de muerte. En ella indicó que había lugar a reconocer perjuicios a quienes
habían sufrido aflicción por la muerte de una persona, en atención al grado de
85 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 27709.
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relación afectiva o de consanguinidad que tenían con la víctima, según la siguiente
tabla:
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Relación Relación Relación
Relación afectiva Relación afectiva
afectiva afectiva del 4° afectiva no
del 2° de del 3er de
conyugal y de familiar
consanguinidad o consanguinidad o
paterno – consanguinidad (terceros
civil civil
filial o civil. damnificados)
Porcentaje 100%
50% 35% 25% 15%
Equivalencia
en salarios
100 50 35 25 15
mínimos
En el expediente está acreditado que María Margarita Flórez Pineda y Carlos
Eduardo Valeta Flórez, son la compañera permanente y el hijo de la víctima
respectivamente, según dan cuenta la copia del registro civil de nacimiento86 y las
declaraciones juramentadas rendidas el 2 de mayo de 2007 por Carlos Alberto
Valeta Jiménez y el 23 de septiembre de 2009 por Josefina Mercedes Contreras
Alviz y Gustavo Enrique Berrocal Fuentes quienes al unisonó manifestaron que la
víctima y la demanda tenían un relación sentimental y convivían juntos hacía tres
años87. Lo anterior da cuenta de ello al valorarlo, además, junto con el registro civil
de nacimiento de Carlos Alberto Valeta Jiménez y las sentencias condenatorias de
los reclutadores que indican que María Margarita Flórez Pineda era la compañera
permanente de Valeta Jiménez y quien presentó la denuncia por su desaparición y
posterior muerte.
En tal virtud, a cada uno de los demandantes les corresponde por concepto de
perjuicios morales la suma de 100 SMLMV.
8.2. En la demanda se solicitó condenar a la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional a pagar por perjuicios materiales “en la cuantía que resulte de
las bases demostradas en el curso del proceso”. Pues bien, por lucro cesante el a
quo reconoció la suma de $88.258.701,46 a María Margarita Flórez Pineda y
$70.851.003,14 a Carlos Eduardo Valeta Flórez. Para efectuar dicho
86 Fl. 439, C. 3.
87 Fl. 49 a 51, C.1.
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reconocimiento, el a quo sostuvo que al ser la víctima una persona en edad laboral
productiva se presumía que ejercía una actividad económica y que percibía un
salario mínimo legal mensual vigente.
En cuanto al lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata de la
ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como
consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el daño,
habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los perjudicados.
Asimismo, la Corporación ha considerado que, como todo perjuicio, para que
proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, éste
debe ser cierto y existente88, es decir, debe probarse que la víctima era laboralmente
activa, que devengaba ingresos mensuales, que con ellos otorgaba ayuda
económica a su familia y que a consecuencia del daño dejó de percibir el salario
con el cual sustentaba su propia subsistencia y la de su familia.
En este orden de ideas, de cara al reconocimiento del lucro cesante encuentra la
Sala que la parte demandante no acreditó por ningún medio de prueba que Carlos
Alberto Valeta Jiménez ejercía una actividad productiva y que por ello recibía
ingresos mensuales y ayudaba económicamente a su familia.
En efecto, echa de menos la Sala algún testimonio, certificación u otra probanza
que diera cuenta que Carlos Alberto Valeta Jiménez desarrollaba alguna labor de la
que obtuviera provecho económico, pues en este aspecto es tal la orfandad
probatoria que impide en esta instancia reconocer un monto por perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante, razón por la cual se revocará el
reconocimiento efectuado en primera instancia, pues la parte demandante no honró,
en ese sentido, la carga probatoria que le asistía.
De acuerdo con lo expuesto, se reitera que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen”, de donde el perjuicio que se alega requiere de prueba, cuya omisión por
88 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 21 de
mayo de 2007. Exp. 15989 y de 1 de marzo de 2006. Exp. 17256.
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la parte demandante, a quien corresponde tal carga procesal, impide comprobar su
causación.
8.3. Finalmente, como medida de satisfacción y garantía de no repetición, la parte
demandante solicitó que la parte demandada publicara la sentencia en periódicos
regionales y nacionales de amplía circulación “así como en las instalaciones de sus
despachos respectivos, donde se rectifique la información dada sobre la víctima” y
se rectifique por los mismos medios de comunicación “por donde salió la noticia de
la muerte en combate de Carlos Alberto Valeta Jiménez” y “nombrar un colegio en
el municipio de Toluviejo con el nombre de la víctima”.
Al respecto, el a quo dispuso: “Solo ordenará a la Nación – Ministerio de Defensa –
ejército Nacional, como medida de reparación integral no pecuniaria, que ofrezca a
los demandantes disculpas, por escrito y dentro de los tres (3) meses siguientes a
la ejecutoria de esta providencia, por haber causado la muerte de Carlos Alberto
Valeta Jiménez. Así mismo, la entidad demandada deberá establecer un link con un
encabezado apropiado, en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta
providencia, para lo cual deberá subir a su página web el archivo que contenga esta
decisión, manteniendo el acceso al público del respectivo vínculo durante un
período de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se realice la
respectiva carga de la información en la página web de esa institución”.
En atención a lo anterior, la Sala confirmará las medidas de reparación no
pecuniaria ordenadas por el Tribunal Administrativo de Sucre para restablecer la
dignidad, la honra, el buen nombre y la reputación de la víctima y de su núcleo
familiar.
En suma, se modificará la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Sucre, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, en el sentido de revocar los perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante por no estar acreditados dentro del proceso conforme lo impone la
posición reiterada de esta Corporación89.
89 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 21 de
mayo de 2007. Exp. 15989 y de 1 de marzo de 2006. Exp. 17256.
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9. Condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda y las mismas no se hallan
probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Sucre, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia, la
cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR administrativamente responsable a la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional de los perjuicios causados a los demandantes con
la muerte de Carlos Alberto Valeta Jiménez, ocurrida el 9 de julio de 2007.
SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a
pagar por perjuicios morales: la suma de 100 SMLMV para cada uno de los
demandantes, esto es, a María Margarita Flórez Pineda y Carlos Eduardo Valeta
Flórez.
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
como medida de reparación no pecuniaria dirigida a restablecer la dignidad, la
honra, el buen nombre y la reputación de la víctima y de su núcleo familiar, a ofrecer
a los demandantes disculpas por escrito y dentro de los tres (3) meses siguientes a
la ejecutoria de esta providencia, por haber causado la muerte de Carlos Alberto
Valeta Jiménez. Así mismo, la entidad demandada deberá establecer un link con un
encabezado apropiado, en el que se pueda acceder al contenido magnético de esta
providencia, para lo cual deberá subir a su página web el archivo que contenga esta
decisión, manteniendo el acceso al público del respectivo vínculo durante un período
de seis (6) meses que se contarán desde la fecha en que se realice la respectiva
carga de la información en la página web de esa institución.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Dar cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los
artículos 176 y 177 del C.C.A.
SEXTO: SIN COSTAS.”
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SEGUNDO: En firme esta providencia remítase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
VF
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